El juez imputa varios delitos a tres concejales de Orihuela y a dos empresarios

ORIHUELA.- El titular del juzgado de primera Instancia nº 3 de Orihuela, en la sesión de hoy viernes, ha imputado en el 'caso Brugal' al empresario Ángel Fenoll y a su hijo por varios delitos, y ha dejado libre con cargos a los ediles de la localidad Gines Sánchez, Antonio Rodríguez Murcia y Manuel Abadía.

El magistrado ha tomado hoy declaración a estas cinco personas, en el marco de las Diligencias Previas 851/07, abiertas por los posibles delitos de tráfico de influencias, fraude y cohecho, entre otros, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Al empresario Ángel Fenoll, el magistrado le ha imputado cinco delitos, entre los que se encuentran los de cohecho, tráfico de influencias, amenazas y fraude, según han informado fuentes cercanas al caso.

El instructor ha acordado su ingreso en prisión provisional, eludible con una fianza de 300.000 euros, por los delitos antes mencionados, mientras que a su hijo, Antonio Ángel Fenoll, le ha impuesto una fianza de 100.000 euros.

El TSJCV ha precisado que las imputaciones de Fenoll y de su hijo --ambos empresarios-- han variado con el transcurso del tiempo, en el sentido de que en la actualidad corresponden a otras infracciones penales "iguales o similares" a las que ya se informó al resto de imputados en el día de ayer.

El TSJCV ha explicado que a ambos se le ha concedido un plazo de cinco días hábiles para reunir las cantidades establecidas. Asimismo, a petición del ministerio fiscal, estos importes son adicionales a los ya acordados en el año 2007 con respecto a ambos empresarios "para garantizar su presencia en el proceso y su localización permanente".

En 2007 se les imputó, junto a otras personas, el presunto delito de extorsión con grabaciones, entre otros. La instrucción se enmarcó también dentro de la operación 'Brugal'. Contra los autos dictados este viernes por el magistrado-juez, las partes pueden interponer un recurso de reforma en el plazo de tres días, según ha apuntado el TSJCV.

Al igual que sucedió en las comparecencias de este jueves, hoy viernes se han practicado las diligencias de imputación judicial y se ha explicado a cada uno de los imputados por la investigación que "no se les podían detallar los hechos imputados" como consecuencia del secreto sumarial, según el comunicado.

No obstante, se les ha expuesto, de "forma minuciosa, las figuras penales y los preceptos legales a los cuales se pueden referir sus conductas, al igual que se hizo con el resto de imputados que declararon ayer", añade.

En la misma causa, el instructor ha tomado declaración este viernes a los tres concejales del Ayuntamiento de Orihuela implicados en el caso 'Brugal'. En este sentido, el juez ha dictado libertad provisional sin fianza para los ediles Gines Sánchez, Antonio Rodríguez Murcia y Manuel Abadía, aunque imputados por los delitos de fraude, cohecho, tráfico de influencias y actividades prohibidas a funcionarios, según han informado fuentes cercanas al caso.

El fiscal había solicitado para cada uno de los ediles oriolanos la medida cautelar de prisión eludible bajo fianza de 50.000 euros, medida que finalmente ha sido desestimada por el juez.

Los tres ediles han salido del juzgado cerca de las 12.30 horas de este viernes, acompañados de sus abogados. Gines Sánchez ha indicado a la salida de la instalación judicial que no puede decir "de qué está imputado" debido al "secreto de sumario" decretado para las diligencias previas por el juez, y sólo ha añadido que ha quedado "en libertad, sin medidas cautelares".

Tanto la defensa legal de Gines Sánchez como la de Antonio Rodríguez Murcia corre a cargo del Ayuntamiento de Orihuela, mientras que Manuel Abadía se ha proporcionado sus propios abogados.

Ginés Sánchez ha sido el primero este viernes en llegar a los juzgados de la localidad sobre las 9.00 horas de este viernes, seguido de Antonio Rodríguez Murcia, que ha acudido a las 10.00 horas. A las 11.00 horas acudió el tercero de los ediles del equipo de Gobierno del PP, Manuel Abadía.

San Martín, un magistrado joven y alineado con la derecha

VALENCIA.- Carlos San Martín, magistrado del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Orihuela, tiene 34 años, es alicantino y de ideología conservadora, revela hoy 'El País".

No está adscrito a ninguna de las asociaciones profesionales, pero sí ha defendido posiciones de derechas en algunas de las juntas de jueces, según dicen algunos de sus compañeros.

Llegó al juzgado alicantino en febrero, y allí se encontró con una causa que llevaba abierta desde 2007 y estaba bajo secreto de sumario. Se investigaban, entre otros delitos, cohecho, fraude, revelación de secretos, actividad prohibida a funcionarios y tráfico de influencias.

Para San Martín, que venía de los partidos judiciales de San Vicent del Raspeig y Villena, también de la provincia de Alicante, era con mucho la causa más compleja que había caído en sus manos.

El magistrado es reacio a hablar con los medios de comunicación, y quienes han compartido trabajo con él dudan de que fuera suya la iniciativa de explicar su actuación en este asunto.

Sin embargo, los comunicados que emitió el día 7 el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana llevan su marca, en forma y contenido, pues "es así es como él se expresa", afirman antiguos compañeros del magistrado.

Es áspero en el trato, poco comunicativo y beligerante con las posiciones que defiende, añaden estas fuentes. Y pasa por ser, según jueces que le conocen, un hombre acomodaticio y dócil con el poder institucional.

No obstante, el magistrado acusa al dirigente popular, José Joaquín Ripoll, de los supuestos delitos de cohecho, fraude, tráfico de influencias y de información privilegiada, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a funcionarios, según fuentes de la investigación. Sin embargo, ni el juez ni el tribunal ni los abogados de Ripoll confirmaron oficialmente todavía dichas imputaciones.

El jefe de la Policía Judicial llamó al PP para desmarcarse de la operación de Alicante

MADRID.- Juan Antonio González, el comisario general de la Policía Judicial que compartió cacería con Baltasar Garzón y el ex ministro Mariano Fernández Bermejo en los prolegómenos del caso Gürtel, ha estado en contacto con la dirección del PP durante el confuso operativo desplegado en Alicante, y que se saldó el martes con la detención del presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll. González, que cuenta con un agudo olfato político, ha tratado de tranquilizar a los populares y desmarcarse del aparatoso despliegue por el que Mariano Rajoy exigió este jueves explicaciones a Alfredo Pérez Rubalcaba, revela hoy www.elconfidencial.com

Según fuentes de la calle Génova, el controvertido jefe policial intentó persuadir a la cúpula del PP de que la orden de lanzar una espectacular operación contra Ripoll y tres concejales populares de Orihuela no había partido de su despacho. Su objetivo era limar asperezas con el principal partido de la oposición de cara a un futuro cambio de Gobierno, ya que, tras casi cuarenta años de carrera, teme que un nuevo Ejecutivo acabe con su privilegiada posición en el Ministerio del Interior.

González no ha sido el único policía que ha tratado de demostrar su neutralidad ante dirigentes del PP. Varios agentes han llamado a Génova para recordar que se limitan a “cumplir órdenes” y que no quieren que su progresión en el Cuerpo se vea truncada si Rajoy llega a la Moncloa. De acuerdo con fuentes populares, los chivatazos recibidos por varios dirigentes de la formación, como Juan Cotino, vicepresidente de la Generaltitat valenciana, habrían tenido su origen en estas llamadas.

“Dentro de la Policía hay mandos que buscan quedar bien con el PP, porque saben que si hay un cambio de Gobierno pueden tener su oportunidad”, señalaron estas fuentes. Sin embargo, no parece que éste vaya a ser el caso de González, puesto que está en el punto de mira del PP desde la polémica montería con Garzón y Bermejo. A él se le atribuye también la autoría de algunos de los informes más polémicos del caso Gürtel, como los relativos al ex tesorero popular, Luis Bárcenas.

Además, pese a sus intentos de desmarcarse de la operación en Alicante, González es su responsable policial, ya que se hizo bajo la dirección de la Comisaría General de la Policía Judicial. “González es el jefe de esta Comisaría y estaba perfectamente al tanto de todo”, aseguraron fuentes de la Policía Nacional, que añadieron que resulta impensable que se arreste al presidente de una Diputación sin la autorización de este mando.

El currículo de González, un policía que, según sus compañeros, se siente especialmente cómodo pisando las alfombras del poder, es un auténtico repaso a los escándalos que han jalonado la historia reciente de España. Ni siquiera su presunta vinculación con el caso Malaya, nunca demostrada, ha podido frenar su ascensión.

En 2006 se supo que el juez marbellí Miguel Ángel Torres investigaba la presencia de unas iniciales, JAG, en la agenda del imputado Juan Antonio Roca, asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella. Estas iniciales escondían la identidad de la garganta profunda que, a cambio de importantes sumas de dinero, advertía de las operaciones policiales en el municipio. Pero Roca nunca reconoció que su confidente fuera este jefe de la Policía y las investigaciones se detuvieron.

Entre los éxitos de su polémica carrera destacan la detención de los miembros del GRAPO que atentaron contra la cafetería California 47, la resolución del asesinato de los abogados de Atocha, la investigación del secuestro y asesinato de Anabel Segura o el arresto en el aeropuerto de Bangkok de Luis Roldán.

Sin embargo, su nombre también ha estado implicado en denuncias de torturas, como las que en 1981 acabaron con la vida de José Ignacio Arregui, acusado de pertenecer a ETA. Casi tres décadas después, González es uno de los hombres imprescindibles de Rubalcaba.

El Consejo dice que el tribunal valenciano envió las notas porque lo pidió el juez

MADRID.- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), máximo órgano de gobierno de los jueces, responsabilizó al titular del juzgado número tres de Orihuela e instructor del caso Brugal, Carlos San Martín, del envío de las dos notas de prensa sobre la detención del presidente de la Diputación de Alicante, el popular José Joaquín Ripoll.

Los comunicados emitidos el miércoles por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) se divulgaron porque el juez San Martín "lo estimó necesario", según el Consejo. Ambas notas afirmaban que el juzgado alicantino no ordenó la detención de Ripoll ni de los otros diez implicados en el caso.

La segunda, no obstante, matizaba que la Policía puede "practicar las detenciones que considere oportunas durante el transcurso de una investigación". En estas notas, el TSJCV, presidido por Juan Luis de la Rúa, amigo del presidente valenciano Francisco Camps, respaldaba la estrategia del PP contra el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y la Fiscalía.

Sin embargo, el vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa, respaldó al juez instructor del caso, quien afirmó que no tenía comunicación oficial sobre los detenidos, su puesta en libertad o las comparecencias judiciales. De Rosa insistió en el carácter "secreto" de las actuaciones y subrayó que "quien debe dirigir las investigaciones es el propio juez".

"La posición del CGPJ es la misma que la del juez de Orihuela", añadió el vicepresidente, que participó en una jornada organizada por la Fundación Lex Forum en Dènia.

De Rosa fue nombrado vicepresidente del CGPJ a propuesta del PP y ocupó el cargo de consejero de Justicia de la Generalitat con Francisco Camps.

El PSPV solicita a Ripoll las facturas presentadas en la Diputación por 70 empresas de Ortiz y Fenoll

ALICANTE.- El PSPV-PSOE en la Diputación de Alicante ha solicitado este viernes al presidente de la institución provincial, José Joaquín Ripoll, por registro que se "les facilite una relación de las facturas presentadas en la Diputación", desde el 1 de mayo de 2007 al 7 de julio de 2010, por 70 empresas gestionadas por los empresarios imputados Enrique Ortiz y Ángel Fenoll con el fin de saber "qué es lo que a estos dos empresarios se les ha estado adjudicando a lo largo de esta legislatura", según ha informado en un comunicado el PSPV-PSOE.

Los diputados socialistas han pedido que se les facilite una relación de las facturas presentadas "exclusivamente nominación e importe, no copias de los documentos".

La portavoz adjunta del PSPV-PSOE en la Diputación, María Teresa Carbonell, ha detallado que los diputados del grupo "seguirán trabajando por los municipios y para que les lleguen las subvenciones para cubrir las necesidades de cada población, como hemos venido haciendo hasta el momento".

Además, ha indicado que desde el PSPV se "aprobarán los proyectos que sean favorables para los ciudadanos" y se "dará el voto negativo a los que no lo sean, pero siempre pensando en los ciudadanos".

Asimismo, Carbonell ha destacado que la institución provincial "no debe bajo ningún concepto paralizarse porque el presidente haya sido llamado por un juez a declarar", aunque ha considerado que "sí se ha visto mermada la confianza que teníamos depositada en su persona como presidente de la institución a raíz de su imputación por delitos muy graves y por su irresponsabilidad y poca ética democrática no dimitiendo de su cargo".

Tras la petición, la portavoz ha mostrado su deseo de "transparencia institucional y política", puesto que se "habla de un organismo público que, en definitiva, es de todos y que debe gestionar un presupuesto muy importante".

"Nosotros vamos a seguir exigiendo responsabilidades políticas y manteniendo el respeto más absoluto por la justicia", ha aseverado Carbonell.

Adicae denuncia que la nueva LORCA "dilapida a precio de saldo" el patrimonio social de las cajas

MADRID.- Adicae denunció hoy que el Real Decreto por el que se modifica la actual Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros (LORCA), "dilapida a precio de saldo" el patrimonio social de las cajas de ahorros, según informó la asociación en un comunicado.

La asociación recordó que este patrimonial "ha sido generado durante más de cien años por la sociedad española y, en particular, por los pequeños ahorradores y consumidores". Adicae recordó que las cajas de ahorros representan el 50% del sistema financiero español.

La asociación alertó de que el Real Decreto Decreto por el que se modifica la actual Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros (LORCA), aprobado hoy, "permitirá el expolio" de las cajas, "a manos de cualquier tiburón financiero, impidiendo la verdadera democratización y modernización necesaria".

Adicae consideró que las cuotas participativas con derechos políticos suponen dejar el gobierno de las cajas y su patrimonio en manos de cualquier inversor privado, especialmente la banca, pero también de los 'hedge funds' y otros "depredadores" financieros.

Además, la asociación explicó que el objetivo de capitalizar las cajas ha llevado al "absurdo" criterio de establecer un "falso" límite a la emisión de cuotas en el 50% del patrimonio de las cajas con el que se pretende mantener un equilibrio "imposible" en los consejos de administración.

Adicae presentará la semana que viene un dossier con sus propuestas a los distintos grupos parlamentarios, entre las que se encuentran limitar la emisión de cuotas a un tercio y mantener la participación de los impositores en los órganos de gobierno de las cajas en un mínimo del 30%.

Por su parte, UGT rechazó hoy el Real Decreto Ley que modifica la Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros (LORCA) al entender que supondrá "la bancarización de las cajas" y que "romperá el modelo social" que determinaba la actividad de este tipo de entidades, como son el fomento del ahorro, la atención a familias y pymes o su naturaleza social.

También el secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, ha advertido que el decreto de reforma de la Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros (LORCA) supondrá "la desnaturalización" del sistema de cajas de España, lo que a su vez provocará "un profundo plan de ajuste laboral", que contará con "un profundo rechazo sindical".

Lo cierto es "que se avanza de forma decidida hacia un proceso de desnaturalización" de las cajas y que "vayan bancarizando su función", sea a través "de la creación de Fundaciones que se desprendan del negocio financiero y lo sitúen en la órbita de un banco", sea "por la vía de la salida de los órganos de gobierno de instituciones, impositores trabajadores u otras",

Asimismo, ha argumentado que esta modificación de la naturaleza jurídica de las cajas "generará un profundo plan de ajuste laboral que además ahora tiene una referencia nueva: la reforma laboral aprobada por el Gobierno".

Toxo ha defendido que "se debe dar un mayor control a la ciudadanía" mediante "el refuerzo de la presencia de los impositores y de los trabajadores".

Por ello, ha reclamado que se despejen "las incógnitas" de "las cuotas participativas con derechos políticos, en qué límites las cajas van a repartir dividendos como hacen los bancos y si se va a mantener la obra social" y reclamó que el Gobierno "las resuelve a favor de los intereses de la ciudadanía" y "no como intuimos pactada con la dirección de las cajas y con otros sectores como el de la banca clásica que ven en la caja una oportunidad de negocio".

Finalmente, el diputado de Izquierda Unida en el Congreso, Gaspar Llamazares, rechazó la reforma de la Ley de Órganos de Representación de las Cajas de Ahorro (LORCA) que aprobó hoy el Consejo de Ministros, al considerarla el "escándalo más importante en materia económica de los últimos años", en un ejercicio "antidemocrático" que beneficia ante todo a los "especuladores" del sector privado.

En este sentido, señaló que, gracias a las cuotas participativas con derechos políticos, el capital privado podrá aprovecharse de los 13.500 millones de dinero público que ha costado el saneamiento de las entidades a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

En rueda de prensa, Llamazares denunció que el Gobierno ha actuado "al dictado" del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco de España para "volar" el último baluarte de la "economía mixta y social" que recoge la Constitución con la "privatización" de unas instituciones que desde el siglo XIX han tenido una función social y "redistributiva" de la riqueza.

Asimismo, señaló que la actuación del Gobierno ha sido "antidemocrática" porque no ha contado ni con los representantes de instituciones sociales en los consejos ni con los gobiernos autonómicos y ayuntamientos, sino que sólo se ha guiado por las directrices del FMI y del Banco de España, avaladas por los "presidentes eventuales" de algunas entidades.

Llamazares auguró que el Gobierno se encontrará con el rechazo de comunidades autónomas y ayuntamientos a la medida a través incluso de acciones legales.

Una catedrática de la UA se convierte en la primera española en recibir el premio de la Sociedad Francesa de Química

ALICANTE.- La catedrática de la Universidad de Alicante (UA) Carmen Nájera se ha convertido en la primera científica española en recibir el premio de la Sociedad Francesa de Química, por su trayectoria investigadora y su labor de internacionalización de la Química, según ha informado en un comunicado este viernes la institución académica.

Este galardón bianual franco-español que otorga la Sociedad Francesa de Química se une a los recibidos por la también directora del Departamento de Química Orgánica de la UA, como el Premio Nacional de Química Orgánica de la Real Española de la Sociedad Química, junto con el 'Rosalind Franklin International Lectureship' de la Real Sociedad Inglesa, en 2006.

La catedrática galardonada forma parte del consejo asesor de algunas de las revistas científicas europeas "más importantes" de Química Orgánica y es cofundadora de 'Medalchemy SL', empresa asociada al Parque Científico de la UA, que centra el interés de su investigación en la síntesis de aminoácidos y moléculas bioactivas aplicada a la fabricación de nuevos medicamentos.

La Sociedad Francesa de Química fue fundada en 1857 y tiene como objetivo la promoción de las ciencias químicas y de una identidad europea en este sector. El jurado del galardón que otorga esta Sociedad, está compuesto por personalidades de prestigio internacional y recompensa las trayectorias científicas que han contribuido al progreso de la investigación pura o aplicada.

Currículo de Carmen Nájera

Carmen Nájera se doctoró en la Universidad de Oviedo (Asturias) en 1979 y realizó estudios de post doctorado en el ETH de Zurich (Suiza) y en las universidades de Oxford (Reino Unido) y Uppsala (Suecia), así como en la Universidad de Harvard (Estados Unidos) con el Premio Nobel de Química Elías J. Corey.

Asimismo, la galardonada es catedrática de Química Orgánica de la Universidad de Alicante desde 1993 y ha sido profesora visitante en distintas universidades extranjeras como la Universidad de Arizona (Estados Unidos), la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca (Argentina), la Universidad Louis Pasteur en Estrasburgo (Francia) y la Escuela Nacional Superior de Química de París (Francia).

El número de pasajeros en el aeropuerto de El Altet crece un 5,8%

MADRID.- El aeropuerto de Alicante, El Altet, recibió un total de 947.150 viajeros en junio, lo que supone un aumento del 5,8 por ciento, mientras que el de Manises de Valencia recibió 451.694, lo que supone un crecimiento del 5 por ciento, informó este viernes Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena).

Así, los aeródromos de la Comunitat Valenciana, El Altet y Manises ocuparon el quinto y décimo puesto, respectivamente, en el ránking de los aeropuertos con mayor número de viajeros.

En concreto, tras Madrid-Barajas, que con 4,45 millones de viajeros encabeza el ránking, y El Prat, con 2,62 millones de pasajeros, los aeropuertos que registraron más pasajeros fueron Palma de Mallorca, con 2,52 millones de viajeros (-2,1%); Málaga, con 1,2 millones (+2,2%) y el aeródromo de Alicante. Les siguieron Ibiza, con 689.015 (+6%); Gran Canaria, con 670.802 (10,7%); Girona-Costa Brava, con 512.847 (-2,6%); Tenerife Sur, con 496.436 (+9,7%) y Valencia.

Los datos nacionales indican que los aeropuertos españoles recibieron 18,21 millones de pasajeros en junio, lo que supone un aumento del 3,2% con respecto al mismo mes del año anterior, con incrementos del 4,3% en Madrid-Barajas y del 5,1% en Barcelona-El Prat.

En los seis primeros meses del año, el número de pasajeros aumentó un 1 por ciento, aunque las operaciones se redujeron un 4,1 por ciento, cifras que AENA atribuyó a la incidencia de la nube de cenizas volcánica sobre el tráfico aéreo que lastró su evolución en los meses de abril y mayo.

En junio, se operaron cerca de 200.000 vuelos en el conjunto de la red, de los que 166.000, un 2,4% más, fueron comerciales. El tráfico de mercancías superó las 51.000 toneladas, lo que supone un crecimiento del 17,2% con respecto a hace un año.

Del total de 18,21 millones de viajeros que pasaron por los aeropuertos de Aena en junio, 18,12 millones de pasajeros corresponden a vuelos comerciales y, de ellos, 11,3 millones corresponden a vuelos internacionales, un 4,7% más, y 6,77 millones de viajeros se contabilizaron en los vuelos nacionales, un 0,8% más.

Rajoy planea un congreso extraordinario del PPCV para relevar a Camps, Fabra y Ripoll

ALICANTE.- El presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, planea un congreso extraordinario del PPCV en el mes de septiembre para relevar como líderes a los actualmente imputados en los tribunales: Francisco Camps, Carlos Fabra y José Joaquín Ripoll y sustituirlos por políticos más jóvenes y no salpicados por casos de corrupción, según fuentes de Génova 13 citadas por la Cadena SER.

Según fuentes de la sede nacional, la solución global al problema valenciano pasaría por la convocatoria de un congreso extraordinario que reordenase los equilibrios de poder. En el entorno de Rajoy se apuesta por la incorporación de caras nuevas al PP valenciano, sabedores de que el 'post zaplanismo' ha sido un fracaso que, de no solucionarse, puede complicar las aspiraciones electorales de un Rajoy que en Valencia, por el momento, sigue teniendo su principal granero de votos.

De confirmarse este extremo, parece claro que Francisco Camps no repetirá como candidato a la presidencia de la Generalitat en 2011 pese a la insistencia de los últimos días sobre la confirmación de su candidatura, que Fabra dejará la política debido a su enfermedad y situación procesal, y que Ripoll se quedará solo para enfrentarse a los eventuales cargos presentados contra él en los tribunales de justicia, susceptibles de deparar aún nuevas sorpresas hasta para el propio Eduardo Zaplana al tirar por elevación contra su lugarteniente.

La dirección nacional del Partido Popular es consciente de que tiene que tomar una decisión sobre José Joaquín Ripoll. Dentro de la dirección, en el entorno de la secretaría general, se apuesta por su suspensión de militancia. Sin embargo, el equipo de Rajoy está analizando la decisión judicial sobre el presidente de la Diputación Provincial de Alicante

Dicen que Rajoy pretende un nuevo reparto de poder a nivel provincial y regional en la Comunidad Valenciana dentro de su partido y que serán muchos los políticos dudosos que tendrán que abandonar a continuación sus actuales situaciones de poder y privilegio en la administración autonómica, por otra parte fuertemente endeudada y hasta 'gripada'.

Al parecer, tiene toda la pinta de ser firme la decisión de Rajoy de afrontar esta inaplazable cirugía política de urgencia porque la situación ya amenaza con dinamitar su propia candidatura a La Moncloa en los comicios de 2012 de seguir pudriéndose la situación de su partido en la Comunidad Valenciana a cuenta de secuenciales casos de probada corrupción, que pueden no haber terminado.

Entre los políticos que ya se barajan para sustituir a Camps, estaría el propio Esteban González Pons, ahora fiel escudero de Rajoy y político alejado de las intrigas de Valencia, el inefable Gerardo Camps, y hasta el castellonense Juan Costa (hermano de Ricardo), quien llegó a competir con Rajoy por el liderazgo nacional del PP. Se descarta absolutamente a Rita Barberá, incluso es más que probable que tampoco opte a su reelección como alcaldesa de Valencia.

El detonante de la imputación de Ripoll, presumiblemente por varios presuntos y graves delitos, ha convulsionado a todo el PP desde Madrid a Valencia y muestra como algo inaplazable una acción decidida de líder y aparato central frente a la recurrente corrupción en Madrid, Comunidad Valenciana, Baleares y, ahora, al parecer, la Región de Murcia como trueno gordo de esta corrosiva entrega por capítulos que todavía dicen aguarda muchas sorpresas para la gran militancia honesta del partido conservador fundado por Manuel Fraga.

Las pesquisas apuntan a blanqueo de dinero y financiación de partidos por la trama de Alicante

ALICANTE.- La investigación judicial para esclarecer una supuesta trama de corrupción político-empresarial en la comarca de la Vega Baja va más allá de una "mera contrata de basuras", señalaron fuentes del caso. Las diligencias judiciales se extienden a otras dos supuestas actividades ilícitas de relevancia: presunta financiación irregular de partidos políticos en la comarca y blanqueo de dinero, según las mismas fuentes recogidas por 'El País'.

La investigación considera clave en el apartado del blanqueo de dinero la participación de uno de los arrestados en la operación del martes, en concreto, del empresario de compraventa de vehículos Rafael Gregori. Este empresario, además, posee un concesionario de vehículos pesados, entre ellos camiones utilizados para la recogida de basuras. Gregori, que a su vez es presidente de la Fundación del Hércules, fue arrestado por una presunta estafa de más de siete millones de euros a una financiera. El caso se sigue investigando en los juzgados.

La implicación de los detenidos en operaciones vinculadas con blanqueo de capitales se deduce de una de las constantes de los interrogatorios a los que fueron sometidos en las dependencias de la Comisaría de Alicante los 11 detenidos el martes. En todos los casos, la policía repitió tres cuestiones de un cuestionario que apenas superó la decena de preguntas: ¿tiene dinero en paraísos fiscales?, ¿cuánto gana? y ¿ha ofrecido dinero a cambio de algún favor?

Estas dos ramas colaterales de la investigación para destapar la supuesta trama corrupta completan el eje central de la investigación: la adjudicación de la planta de basuras del plan zonal número XVII, que corresponde a la Vega Baja, contrato dependiente directamente de la Diputación de Alicante, que presidía y sigue presidiendo el popular José Joaquín Ripoll. Esta investigación por la contrata de basuras comenzó en marzo de 2007 y arrojó los primeros arrestos una semana después de las elecciones municipales celebradas en mayo de ese mismo año. En esa fecha y por orden de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, los agentes arrestaron a Ángel Fenoll, industrial afín al PP y a su cúpula empresarial. En total, seis personas.

Al trascender a la opinión pública la posible vinculación de esta contrata con la operación judicial en curso, Ripoll paralizó el concurso. En enero de 2008, el presidente de la Diputación retomó el expediente y adjudicó la contrata a una UTE integrada por Cespa y el grupo Ortiz e Hijos, del contratista Enrique Ortiz. El contrato era por 20 años y estaba valorado en unos 250 millones de euros.

La planta dará servicio a 27 municipios de la comarca. Inicialmente, la adjudicación preveía que la planta se ubicaría en la planta denominada Lo Cartagena, ubicada en el término de la pedanía de Orihuela de Torremendo. Sin embargo, unos meses después, el adjudicatario cambia este emplazamiento por el de la finca aledaña denominada La Pistola. Este terreno es propiedad de Fenoll.

El supuesto trato de favor en la adjudicación de esta contrata está recogido en uno de los centenares de grabaciones que la policía incautó al industrial Fenoll en su domicilio y sede de sus empresas durante los registros efectuados con motivo de los arrestos de 2007. La investigación judicial se completó con nuevas pruebas incluidas en grabaciones telefónicas.

El Gobierno Zapatero acaba con la naturaleza genuina de las cajas de ahorro para entregarlas a los bancos

MADRID.- El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado que la nueva Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros (LORCA) permitirá a estas entidades emitir cuotas participativas con derechos políticos, similares a las acciones de las sociedades anónimas, por un importe no superior al 50% de su patrimonio para "evitar su desnaturalización".

Zapatero señaló que el Consejo de Ministros aprobará el viernes un Real Decreto para articular esta reforma, que definió como "fundamental, urgente y necesaria", y como "la más importante del sistema bancario español de la historia".

El presidente compareció este jueves tras reunirse con el comité ejecutivo de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) para abordar la reforma de la Lorca e insistió en que, a pesar de que el sistema financiero ha demostrado solvencia, las cajas de ahorros mostraban debilidades y carencias que había que fortalecer para su estabilidad en el futuro.

No obstante, matizó que el cambio legislativo se hace preservando la función social, los intereses generales de las cajas y su obra fundacional, y que se plantea con dos objetivos fundamentales: la capitalización de las cajas para facilitar el acceso a recursos de "máxima categoría" en iguales condiciones que otras entidades de crédito, y "la profesionalización y democratización de las cajas de ahorro".

Respecto a la capitalización, Zapatero explicó que la reforma del régimen de cuotas permitirá la entrada de inversores privados en las entidades, a los que se reconocerán derechos políticos de manera directamente proporcional a su participación en el patrimonio de la caja.

No obstante, se suprimen los límites a la tenencia de cuotas por un único partícipe y se establecen los principios de libertad de emisión y retribución de dichas cuotas. Estos títulos podrán ser emitidos desde el mismo momento en que entre vigor la nueva norma.

En relación a la profesionalización, Zapatero precisó que se limita la presencia de representación política de las cajas porque se establece "la incompatibilidad de los cargos electos a ser miembros de los órganos de gobierno de las cajas", y se "impide" la participación de representates de la administración ejecutiva en los órganos de gobierno de las entidades.

Asimismo, se refuerzan los requisitos de profesionalidad de los órganos de gobierno a través de exigencias especiales de cualificación y experiencia para al menos la mitad de los miembros del consejo de administración, y se refuerza el gobierno corporativo, extendiendo la obligación de informe anual a todas las cajas de ahorros.

La nueva ley también establece mayorías reforzadas en los órganos de gobierno para las decisiones fundamentales de la caja. De este modos, se establece la necesidad de una mayoría de dos tercios de los presentes para pasar a cualquiera de los otros modelos de funcionamiento y orden jurídico de las cajas, la integración, el ejercicio indirecto a través de un banco y la transformación en fundación cediendo patrimonio a un banco.

Zapatero recalcó que tras la reforma legal las cajas van a poder disponer de un "abanico extenso" de posibilidades para acceder a las mejoras alternativas de capitalización y que podrán integrarse en un Sistema Institucional de Protección (SIP), cuya entidad central tendrá la naturaleza de sociedad autonómica, permitiéndoles el acceso directo a los mercados.

Asimismo, insisitiò en que las entidades también podrán ejercer su actividad indirectamente a través de un banco y podrán optar por traspasarle el patrimonio sujeto a la actividad financiera, así como transformarse en una fundación renunciado a su condición de caja.

El presidente expresó su deseo de que la reforma, "fruto en gran medida del proceso de diálogo con el PP", consiga un amplio apoyo parlamentario y de las comunidades autónomas, dado el "relevante papel" de las cajas en el sistema financiero español y de la importancia que la reforma tiene no sólo para la solvencia del sistema financiero, sino también para la capacidad del crecimiento económico del país.

"Las cajas van a tener la palabra decisiva sobre su futuro y sobre su posición en el sistema financiero, pero el cambio debe contar, para que sea lo más fuerte posible, con el mayor número de apoyos parlamentarios. Por ello trabajará el Gobierno", añadió.

Zapatero también agradeció la colaboración del PP y de las cajas de ahorros, con quien se ha mantenido "un intenso diálogo", para sacar adelante esta reforma, y avanzó que seguirá profundizando este diálogo con los representantes sindicales y con las comunidades autónomas.

En este sentido, subrayó que el Decreto Ley va a tener un carácter de "largo alcance y de reforma en profundidad" y que ha tenido espacios de encuentros "bastante considerables", que se han intensificado en las últimas semanas entre el responsable económico del PP, Cristóbal Montoro, y la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado.

El presidente insistió que el diálogo ha sido "satisfactorio" y en que existe un marco de entendimiento, a expensas de que van a seguir seguir trabajando hasta que el Consejo de Ministros aborde mañana la reforma.

Asimismo, recordó que la reforma se produce tras concluir "con éxito" el proceso de reestructuración financiera mediante fusiones e integraciones, que comenzó hace un año con el Decreto Ley que regula el FROB, que también acordó con el Partido Popular.

En este sentido, consideró que para que esta reestructuración de las cajas de ahorros mantenga la eficiencia, la solvencia y las entidades se adapten al tamaño del mercado actual, exigía una reforma de "más calado" que afectase a su legislación.

El PSPV suspende su apoyo a la reforma del Rico Pérez por la imputación de Ortíz

ALICANTE.- La comisión ejecutiva municipal del PSPV-PSOE de Alicante ha acordado dejar en suspenso su apoyo al principio de acuerdo alcanzado para la reforma del Estadio Rico Pérez al estar imputado el empresario Enrique Ortiz -máximo accionista del Hércules- en relación con el caso "Brugal".

Fuentes socialistas han indicado que también "suspende" la participación de sus concejales en la citada comisión, "en tanto no se aclaren las circunstancias que vinculan a Enrique Ortiz y a representantes políticos del PP en este caso de corrupción".

El PSPV-PSOE exige, "en tanto se llega el final del proceso judicial, una solución rápida para que el Hércules disponga para finales de agosto de un estadio con las mínimas condiciones exigibles para la disputa de partidos de competición en Primera División".

Según fuentes socialistas, "dicha solución debería pasar de forma inexcusable por la agilización de las obras por un valor de 4.250.000 euros que, exigidas en el contrato de compraventa del estadio entre la mercantil Aligestión y el Ayuntamiento de Alicante, estaban destinadas a remozar dignamente el estadio".

El PSPV-PSOE demanda que "tanto en las citadas obras obligadas por contrato como en cualquier otra futura que se financie -sea por medio de inversión directa o diferida a través de cualquier otra fórmula de financiación con cargo al erario público- se efectúe por parte del consistorio un escrupuloso control político y técnico del alcance, coste y necesidad de las mismas".

Para ello, los socialistas proponen buscar "el asesoramiento de técnicos municipales especializados junto con técnicos externos".

Ripoll reconoce ahora que está imputado por el juez

ALICANTE.- El presidente de la Diputación y del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, ha anunciado que ha sido "imputado formalmente" en la investigación de la adjudicación de un plan de residuos, aunque el juez ha denegado las medidas pedidas por el fiscal, como una fianza de 500.000 euros para eludir la prisión y que se personara de forma periódica en el juzgado nº 3, en base a lo que estimase el juez, como medida cautelar.

Ripoll ha hecho una declaración sin preguntas en la Diputación menos de dos horas después de terminar su personación ante el titular del juzgado número 3 de Orihuela, Carlos Sanmartín, de quien ha comentado que no le ha aclarado "ni los hechos ni el por qué" de su imputación en el denominado caso "Brugal". Ripoll, que ha comparecido con la presencia de sus abogados, no ha querido especificar los delitos que se le imputan.

El dirigente del PP ha indicado que ha prestado declaración "voluntariamente" y que durante la primera media hora de su comparecencia el juez le ha explicado que "no había una citación judicial" y que, por lo tanto, podía hacer una declaración o negarse.

Al responder que deseaba declarar, ha proseguido, el juez le ha "imputado formalmente" y le ha leido "todos los derechos" que le asisten, y durante los siguientes 30 minutos le ha trasladado que no le podían contar "ninguno de los hechos recogidos en las diligencias previas" en su contra, a causa del secreto sumarial.

Ripoll ha recordado que la instrucción y el secreto de las actuaciones duran ya más de tres años, y ha agregado que el juez le ha explicado que los delitos de los que se le podría acusar podrían mantenerse o variar en el futuro.

Según el presidente de la Diputación y del PP alicantino, las preguntas que le han efectuado tanto el instructor como el fiscal han sido "genéricas" y tras las realizadas por sus propios abogados, se ha acabado su comparecencia.

Al terminar la declaración, el juez ha emitido un auto en el que adopta la decisión de mantener su libertad sin fianza y sin ninguna medida cautelar, rechazando de esta forma la petición del fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, del medio millón de euros para eludir la cárcel o, si no, una personación periódica en el juzgado.

"No sé nada de las diligencias, ni de los hechos, ni del por qué. Comprenderán que no puedo contestar sus posibles preguntas y les pido disculpas, pero en cuanto se levante el secreto (sumarial) ejerceré acciones legales de mi defensa", ha adelantado.

Compromís: "La imputación de Ripoll es una mala noticia a la que nos tiene acostumbrados el PP"

VALENCIA.- El portavoz de Compromís en las Corts Valencianes, Enric Morera, ha considerado este jueves que la imputación del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, en el marco del llamado 'caso Brugal' es "una mala noticia a la que ya nos tiene acostumbrados el PP".

"Y es también una mala noticia y una imagen fatídica y mala para el País Valenciano, porque al resto del estado y en Europa nos ven como un nido de gobernantes corruptos", ha lamentado.

En opinión de Morera, el líder del PP, Mariano Rajoy, "no tiene más remedio ahora que tomar medidas y pedir responsabilidades o esta espiral de corrupción acabará arrastrándolo a él hacia el fracaso político".

El PSPV valorará el 'caso Brugal' en la puerta de la Diputación de Alicante

ALICANTE.- El secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, comparecerá esta noche ante los medios para hacer una valoración de la imputación del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, por el denominado 'caso Brugal'. Desde el PSPV han denunciado que la comparecencia se hará a las puertas de la corporación provincial tras ser "expulsados los diputados provinciales socialistas de la sede del grupo".

Alarte, junto al portavoz Antonio Amorós, la secretaria provincial del PSPV-PSOE, Ana Barceló y la secretaria de Organización del PSPV-PSOE, Elena Martín, comparecerán fuera del edificio "después de que los servicios de Presidencia de la Diputación Provincial hayan expulsado esta tarde a los diputados provinciales socialistas", según las mismas fuentes.

Los socialistas han calificado lo ocurrido de "atentado en toda regla contra el derecho a informar y a declarar sobre este asunto cuando se trata de un hecho muy grave para esta institución, que se ha visto manchada por la imputación de su presidente".

"Es la primera vez que ocurre esta situación y lo que no entendemos es por qué nos echan de nuestro lugar de trabajo", ha apuntado Amorós

Ripoll queda en libertad tras prestar declaración durante cerca de cuatro horas

ORIHUELA.- El presidente de la Diputación Provincial de Alicante, José Joaquín Ripoll, ha quedado en libertad tras prestar declaración durante cerca de cuatro horas ante el titular del juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela, que instruye el llamado caso 'Brugal', y ha convocado una rueda de prensa a las 21.30 horas en la sede de la corporación provincial.

José Joaquín Ripoll no hizo ningún tipo de declaración a la salida del juzgado, que abandonó acompañado por sus letrados, después de permanecer en las instalaciones judiciales desde las 16.00 horas.

El presidente de la Diputación de Alicante, ha entrado a las 16.00 horas en los juzgados oriolanos para prestar declaración ante el titular del juzgado de primera instancia número 3, que instruye el llamado caso 'Brugal' por presuntas irregularidades en la contrata de los servicios de tratamiento de basuras en la Vega Baja, dos horas después de lo previsto.

Ripoll ha llegado sobre las 13.55 horas a los juzgados de Orihuela, donde estaba citado a declarar a las 14.00 horas, y tras el receso previsto por el juez en la toma de declaraciones, ha vuelto a las dependencias judiciales a las 16.00 horas para prestar declaración.

Ripoll ofrece una rueda de prensa desde las 22.00 horas en la Diputación Provincial de Alicante donde informa sobre su paso por el juzgado de Orihuela.

Enrique Ortiz queda en libertad, imputado por un delito de cohecho y fraude

ORIHUELA.- El empresario alicantino y máximo accionista del Hércules CF, Enrique Ortiz, ha quedado en libertad, imputado por un delito de fraude y otro de cohecho, tras prestar declaración durante cerca de dos horas ante el titular del juzgado de Primera Instancia número 3 oriolano, que instruye el llamado caso 'Brugal', según ha señalado el letrado de Ortiz, Alejandro Bas.

El abogado hizo estas declaraciones cerca de las 18.00 horas de este jueves, acompañado por Enrique Ortiz, a la salida del juzgado número 3 de Orihuela, encargado del caso 'Brugal', donde acudió a las 16.00 horas para prestar declaración.

Bas ha señalado que el fiscal "pedía una medida cautelar de prisión eludible bajo fianza de 800.000 euros" que ha sido "desestimada", por lo que el juzgado no ha tomado "ninguna medida cautelar" contra Ortiz.

El propio empresario ha afirmado que "respeta a los jueces" y ha señalado que el titular del juzgado "no ha tomado ninguna medida cautelar" en su contra.

El juez imputa a Ripoll diversos cargos y decreta libertad provisional

ORIHUELA.- El titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela ha acordado mantener la situación de libertad provisional para cinco de las personas que han comparecido este jueves a declarar de forma voluntaria dentro de la denominada 'operación Brugal', entre ellas el presidente de la Diputación Provincial de Alicante, José Joaquín Ripoll, a quien ha imputado diversos cargos.

De esta manera el magistrado ha desestimado la petición del fiscal de fijar una fianza de 500.000 euros para el también presidente del PP en Alicante por lo que ha quedado en libertad sin fianza.

Asimismo, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en un comunicado, el juez ha ordenado el ingreso en prisión, eludible con una fianza de 100.000 euros, para el empresario Rafael Gregory, al que se le ha concedido un plazo para reunir dicha cantidad.

El juez ha tomado declaración, en calidad de imputadas, a estas seis personas --entre las que también se encuentra el empresario y el máximo accionista Hércules, Enrique Ortiz, un empleado de su empresa Inusa y otro de la firma Sufi y un empresario valenciano-- que debían comparecer en el marco de las Diligencias Previas 851/07, abiertas por los posibles delitos de tráfico de influencias, fraude y cohecho, entre otros.

En cada comparecencia se han practicado las diligencias de imputación judicial y se ha explicado a cada uno de los afectados por la investigación que no se les podían detallar los hechos imputados como consecuencia del secreto que afecta a las actuaciones, aunque sí que se les ha expuesto, de forma minuciosa, las figuras penales y los preceptos legales a los cuales se pueden referir sus conductas, ha detallado el TSJCV en un comunicado.

El Juzgado tiene previsto que mañana comparezcan para diligencia de imputación judicial y posterior declaración en calidad de imputadas, otras cinco personas, tres concejales del Ayuntamiento de Orihuela y dos empresarios de la localidad.

Contra los autos dictados por el magistrado-juez cabe interponer recurso de reforma en el plazo de tres días, según se les ha notificado a las partes en el día de hoy.

El juez de Orihuela impone una fianza de 100.000 euros al empresario Rafael Gregory, detenido en la operación policial del martes

ALICANTE.- El juzgado de primera instancia número 3 de Orihuela, que instruye el llamado caso 'Brugal' por presuntas irregularidades en la contrata de los servicios de tratamiento de basuras en la Vega Baja, ha impuesto una fianza de 100.000 euros al empresario de la automoción Rafael Gregory por los presuntos delitos de fraude, tráfico de influencias y cohecho, han informado fuentes cercanas al caso.

El empresario y ex presidente de la Fundación del Hércules, que ha prestado declaración en la mañana de este jueves, ha salido de los juzgados sobre las 14.30 horas, hora en la que el magistrado ha ordenado un receso en los interrogatorios, que se reanudarán a las 16.00 horas.

La toma de declaraciones arrastra un retraso de varias horas, ya que a la hora de comer continuaba pendiente la declaración de varios de los citados, entre ellos el empresario alicantino Enrique Ortiz y el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll.

El director de la Policía defiende que en Alicante se ha actuado "en el marco de la legalidad y el Estado de Derecho"

GRANADA.- El director general de la Policía y de la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, defendió este jueves la labor de la Policía en las detenciones que efectuó el pasado martes en Alicante en la denominada 'Operación Brugal', entre ellas la del presidente de la Diputación alicantina, José Joaquín Ripoll, y aseguró que los agentes actuaron "en el marco de la legalidad establecida en el Estado de Derecho de España".

En declaraciones a los periodistas en Granada, donde presidió la inauguración del Laboratorio de Biología y ADN de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental, Velázquez abogó por hacer uso en este asunto del "sentido común y las leyes", después de las críticas realizadas por miembros del PP al Ministerio de Interior y en concreto a su titular, Alfredo Pérez Rubalcaba.

"La Policía realiza investigaciones, y tras las investigaciones descubre presuntos delincuentes. Se efectúan declaraciones en la sede policial, se ponen a disposición del juez, y en los casos en que haya que efectuar registros son siempre con autorización judicial. Eso es exactamente lo que ha hecho la Policía", explicó.

En consecuencia, afirmó, todo se hizo "dentro de la legalidad y por lo tanto era lo que le correspondía a la Policía realizar", manifestó el director general, que en su discurso de inauguración del Laboratorio también se refirió a este asunto.

"La Policía actúa siempre en el marco del Estado de Derecho: cuando asegura la eficacia probatoria y cuando detiene y toma declaración a presuntos delincuentes. Es su trabajo incluso en los momentos en que esas detenciones se realizan sobre personas de relevancia pública", dijo.