Alarte dice que Rajoy y el PP "pagarán en las urnas el colapso por corrupción de las instituciones" de la región

VALENCIA.- El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, ha asegurado que el PP y su presidente, Mariano Rajoy, "pagarán en las urnas el colapso por corrupción de las instituciones de la Comunitat Valenciana" y ha exigido al líder nacional del PP "que tome medidas urgentes hoy mismo y expulse inmediatamente a Fabra, Ripoll y Camps".

Así se ha expresado Alarte respecto a la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de pedir 15 años de cárcel y 2,3 millones de euros para el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, por presuntos delitos de cohecho, fraude fiscal y blanqueo de capitales.

El líder socialista ha declarado que Rajoy es responsable político de cuanto ocurra en la Comunitat Valenciana porque "conoce, consiente y no actúa para frenar la corrupción". Por ello, ha reclamado "la disolución anticipada de las Cortes Valencianas" y ha emplazado a Rajoy "a convocar un Congreso del PPCV para situar al frente de su partido en la Comunitat a un militante honrado".

En este sentido, el secretario general de los Socialistas Valencianos ha realizado un llamamiento público "a todos los votantes del PP para que se unan a nosotros en la imperiosa necesidad de propiciar un cambio en la Comunitat".

"Los socialistas valencianos hemos convocado una reunión de la Ejecutiva de Castellón extraordinaria para pedirle a Rajoy que deje de ver a Fabra, Ripoll y Camps como unos ciudadanos y unos políticos ejemplares", ha subrayado el máximo responsable socialista tras exigir a Rajoy que "por decencia y honradez política actúe inmediatamente".

Asimismo, ha subrayado que "detrás de Ripoll, de los Zaplana, de Camps y de Fabra lo que hay es no respetar las reglas del juego democrático" y ha lamentado que no haya "ninguna institución, ninguna por encima de los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana que no esté investigada o intervenida por el poder judicial" y ha puesto como ejemplos la Diputación de Castellón, la de Alicante, la presidenta de Les Corts, varios vicepresidentes "y otros tantos consellers".

El máximo responsable socialista ha reiterado que Rajoy "debe intervenir expulsando hoy mismo a Fabra, Ripoll y Camps para contribuir a preservar el buen nombre de la Comunitat Valenciana, porque los valencianos y las valencianas no se merecen tener el gobierno que tienen".

Además, ha retado al líder nacional del PP a que "marque distancias con la corrupción, si es que puede, porque ni Fabra, ni Ripoll, ni Camps deben permanecer ni un minuto más condicionando el buen nombre y la reputación de esta tierra".

El PSPV dice que Camps "intenta tapar" con el pleno del Consell en Bruselas "una legislatura marcada por sus ausencias"

VALENCIA.- La portavoz de Asuntos Europeos del Grupo Parlamentario Socialista en Les Corts, María José Salvador, ha asegurado este jueves que el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, "intenta tapar una legislatura marcada por sus ausencias del Comité de las Regiones (CdR)" con el en relación al Pleno del Consell que se celebrará en Bruselas el próximo mes de octubre.

Según Salvador, Camps y Rambla "se han ausentado injustificadamente y no han participado a los largo de los últimos años en los debates europeos en el único órgano en el que las regiones y municipios de los estados miembros de la UE tienen voz, voto y más competencias desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa".

En esta línea, calificó la política de Camps en Bruselas de "auténtico fraude", por "basarla de manera vergonzante en ejercer el victimismo machacón de siempre contra el Gobierno de España, o para huir de la Comunitat valenciana y del control parlamentario".

"Son casi cuatro años en los que Camps no ha sabido aprovechar ni lo órganos ni las instituciones europeas en beneficio y en defensa de los intereses de los valencianos", ha señalado Salvador, quien ha criticado que ahora "pretenden salvar la política de la silla vacía" en Bruselas con todo un Pleno del Consell, con lo que supone económicamente la celebración de este acto en tiempos de crisis", remarcó la portavoz del PSPV-PSOE en materia de Asuntos Europeos.

Por citar un ejemplo, Salvador se ha referido a la creación de un Comité Valenciano de Asuntos Europeos en cumplimiento del Estatut d' Autonomia, que derivó, en lugar de para crear un órgano de asesor creíble, en la formación de un comité formado por miembros del Consell, que, en definitiva, "se ha limitado a una función de 'autoasesoramiento' del que nada se sabe desde que en octubre de 2009 los grupos votamos su creación en sede parlamentaria".

Por lo tanto, ha lamentado que Camps se centre en celebrar un Pleno del Consell en Bruselas "para tapar su nula política europea".

"Camps ha organizado un Pleno del Consell en Bruselas para ocultar el triste balance de esta legislatura en Europa marcado por sus ausencias y las de Rambla de los plenos del Comité de Regiones y de sus comisiones, donde realmente se defienden los intereses de los valencianos en Europa", ha concluido.

Compromís lamenta el veto del PP a las comparecencias de consellers para explicar los contratos con Over Marketing

VALENCIA.- El portavoz de Compromís en las Corts Valencianes, Enric Morera, ha lamentado la decisión de Mesa de las Cortes, con los votos del PP, de no aceptar la petición hecha por este grupo parlamentario para que comparezcan en la Cámara los consellers Vicente Rambla y Serafín Castellano, como también el ex conseller González Cepeda para explicar los contratos otorgados por la Generalitat a la empresa Over Marketing, que está siendo investigada por su relación en una supuesta trama de corrupción a las Islas Baleares.

Morera, en un comunicado, se ha referido así a la decisión del PP de este miércoles, de rechazar su petición, y ha señalado que "la opacidad de un gobierno que no quiere que se sepa qué hace, con quién trabaja, de la forma como trabaja y cuánto se gasta del dinero público, es un inicio de corrupción".

"Negar comparecencias a los grupos parlamentarios de la oposición es negar información a la ciudadanía, es ocultar, es manipular y es pervertir el sistema democrático, reduciendo las cortes a su mínima expresión", ha subrayado.

Morera ha apuntado que, además del veto a las comparecencias, les preocupa que las que sí que se aceptan "no se hacen" y ha recordado que el pasado 23 de junio el director general de RTVV, José López Jaraba, tenía una comparecencia en las Cortes y no vino a dar explicaciones".

Por otro lado, ha destacado que la empresa Over Marketing es una mercantil "vinculada a la trama de corrupción que afecta a la ex presidente balear Jaume Matas, a la que la Generalitat valenciana concedió contratos por un valor de 3,5 millones de euros a la sociedad que está implicada en 'la Operación Pasarela'".

El síndic de Compromís ha señalado que Serafín Castellano, en la actualidad titular de Gobernación, "en el año 2002 como conseller de Sanidad concedió una campaña de dos millones de euros a Over Marketing".

"Vicente Rambla, cuando fue titular de Sanidad el año 2005, también adjudicó trabajos por un valor de 815.649 euros a esa empresa balear y Carlos González Cepeda, adjudicó 698.000 euros en una campaña para las elecciones autonómicas y municipales de 2003", ha añadido.

Declarados como transfuguismo los casos de Benidorm y Vall de Laguart

MADRID.- La comisión de seguimiento del Pacto Antitransfuguismo ha declarado casos de transfuguismo los de 16 ayuntamientos de distintas Comunidades Autónomas, doce ellos tras ser examinados por un grupo de expertos independientes y los otros cuatro, por acuerdo hoy de los partidos políticos.

Entre ellos figuran los de las localidades alicantinas de Benidorm y Vall de Laguart.

Esta mañana se ha reunido en el Ministerio de Política Territorial esta comisión formada por todos los partidos y que cada seis meses repasa la situación de los ayuntamientos que las formaciones denuncian como casos de transfuguismo. Cuando no hay acuerdo entre ellas, una comisión de expertos se encarga de revisarlos y de decidir.

En Vall de Laguart es constitutiva de transfuguismo la conducta del ex concejal de ERPV, la del actual alcalde y los concejales del PP al haberse beneficiado del voto imprescindible de un tránsfuga para acceder al gobierno municipal.

Por decisión de los citados expertos independientes, se ha declarado como tránsfuga la actuación de algunos concejales de Benidorm.

El 80% de puertos españoles tienen EREs temporales

LAS PALMAS.- El coordinador del Consejo Internacional de Estibadores (IDC), Antolín Goya, ha asegurado que en el 80 por ciento de los puertos españoles se están produciendo expedientes de regulaciones de empleo (ERE) temporales debido a la caída de actividad.

"Estamos prácticamente en el 80 por ciento de los puertos españoles asumiendo regulaciones de empleos temporales, rotativos", afirmó.

Goya que ha asistido a Las Palmas de Gran Canaria para participar en la asamblea general del IDC, señaló que "entre todos" los estibadores se están repartiendo los efectos de la crisis.

Añadió que el "80 por ciento" del salario que cobran los estibadores va en base a la actividad, por lo que el sueldo se lo han bajado en un "25 por ciento directamente".

"Trabajamos menos, cobramos menos. Hay puertos donde el nivel ha caído mucho, el tráfico internacional ha caído y eso supone mucha menos ocupación", apuntilló.

Otro de los temas que se tratarán son los problemas que están "sufriendo en especial en todo el Mediterráneo y toda la zona europea con los efectos de la crisis, la caída de actividad y la necesidad de captar, de buscar tráfico para que los puertos pueden mantener las plantillas y sobrevivir".

Cayo Lara afirma que la reforma de la Ley de Cajas "es el mayor ataque a un sistema financiero"

MÁLAGA.- El coordinador general de IU, Cayo Lara, afirmó anoche que la aprobación en el Congreso de los Diputados, con los únicos votos a favor del PSOE y de PP, del decreto por el que se reforma la Ley de Órganos de Representación de las Cajas de Ahorro (LORCA), es "el mayor ataque que se ha hecho en España en muchos años a un sistema financiero".

Más aún, Lara advirtió de que "se ha perdido "una oportunidad histórica" de reconvertir las cajas "en la banca pública" y aseguró que "esa política neoliberal de favorecer los intereses de la banca española que han adoptado José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy va a hacer mucho daño".

En su opinión, "se ha iniciado un camino hacia la privatización que supone la puntilla al origen de las cajas de ahorro, a su función social y, en definitiva, a la función que deberían haber mantenido siempre de no invertir en economías especulativas y de invertir en economías productivas".

Marga Sanz asegura que Camps "quiere lavar su imagen con el dinero de los valencianos" con el pleno en Bruselas

VALENCIA.- La coordinadora de EUPV y diputada autonómica, Marga Sanz, ha asegurado este miércoles que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, "quiere lavar su imagen con el dinero de los valencianos" con la celebración de un pleno del Consell en Bruselas.

Sanz, en un comunicado, ha instado al presidente de la Generalitat a retirar la convocatoria del pleno del Consell para el próximo mes de octubre en Bruselas, "porque, además de que no le ve ninguna utilidad ni sentido, cree que es un derroche desorbitado de dinero público, y que forma parte de la campaña de limpieza de imagen del propio Camps y su gobierno".

En este sentido, ha cuestionado las razones dadas por el Consell para celebrar uno de los plenos en Bruselas y se ha preguntado "cuál es la verdadera intención al trasero". "Estamos cansados de la supuesta proyección de la imagen del País Valencià, más bien lo que intenta Camps es lavarse la cara ante el Parlamento Europeo".

"Izquierda Unida además sospecha que la idea de convocar un plenario en Bruselas podría esconder también otras intenciones del PP, como la de plantear al Comité de las Regiones la posibilidad de dar el visto bueno al trasvase del Ebro".

"No podemos más que llegar a esta conclusión, tras observar el camino que está siguiendo la comisión de cambio climático de las Corts Valencianes y ahora la convocatoria de este pleno del Consell", ha afirmado.

Un edil de Los Verdes en Orihuela augura que habrá alguna "imputación más" tras la ampliación del caso

ORIHUELA.- El concejal de Los Verdes en el Ayuntamiento de Orihuela, Manuel Gallud, se ha mostrado este miércoles convencido de que "habrá alguna imputación más" como resultado de la ampliación de la investigación del caso 'Brugal' a 40 personas más, entre ellos la actual alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, y los equipos de Gobierno populares de la presente y de la anterior legislatura.

En declaraciones a los medios de comunicación, el edil ha mostrado su "satisfacción" al comprobar que el proceso judicial que lleva a cabo el juzgado de primera instancia número 2 de Orihuela "sigue en marcha y a su ritmo" y que éste "puede ayudar a que se aclaren puntos oscuros de la contratación del servicios de recogida de basuras".

De este modo, ha considerado que "habrá sorpresas" en forma de nuevas imputaciones, ya que "debe haber alguna repercusión", fruto de la ampliación de la investigación.

Por su parte, la portavoz del grupo municipal socialista, Antonia Moreno, ha manifestado que espera que "todo esto sea terapéutico y sirva para algo", al tiempo que ha subrayado que este proceso judicial debe cristalizar en "cambios en los hábitos del Ayuntamiento".

Ripoll confirma que el juez ha solicitado a la alcaldesa de Orihuela que notifique un domicilio al juzgado

ALICANTE.- El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, ha confirmado este miércoles que el juez que instruye el caso 'Brugal' en su rama de Orihuela solicitó a la alcaldesa oriolana, Mónica Lorente, y a 40 personas más que pongan a disposición del juzgado un "domicilio cierto" para hacer notificaciones.

Ripoll ha realizado estas declaraciones este miércoles en Alicante, tras la presentación de la campaña de excavaciones del curso 2009-2010 en el yacimiento de Lucentum, en el Tossal de Manises.

Así, el presidente de la institución provincial ha informado de que habló personalmente con la primera edil oriolana, quien le explicó que lo único que ha solicitado el juez es un "domicilio cierto" para hacer notificaciones si en un futuro tuviera que hacerlas.

No obstante, Ripoll ha señalado que estas actuaciones corresponden a la parte del caso 'Brugal' que ha quedado en Orihuela, que no afecta al presidente provincial, según ha explicado. Asimismo, ha reiterado que no tiene "conocimiento de nada" y que el caso se encuentra "bajo secreto de sumario".

El Ayuntamiento de Dénia niega la existencia este verano de medusas peligrosas en su litoral

DENIA.- El Ayuntamiento de Dénia ha negado este miércoles en un comunicado la existencia este verano de medusas peligrosas en su litoral y ha calificado la difusión y publicación este martes de esta información de "inoportuna y malintencionada", según ha informado este miércoles en un comunicado el consistorio dianense.

La Universidad de Alicante (UA) informó este martes de un proyecto de investigación de esta institución académica denominado 'Cubomed', para averiguar las causas de la "repentina y peligrosa proliferación" de las cubomedusas --una especie tropical-- en aguas de la zona de Dénia.

En el mismo comunicado, la UA apuntó que estas medusas son impropias del Mediterráneo, y tienen una picadura dolorosa, que puede ser especialmente dañina por la acumulación de roces que pueden producir al formar enjambres de numerosos individuos.

El concejal de Turismo de Dénia, Antonio Sentí, ha indicado que la actitud de la Universidad de Alicante, autora de un estudio sobre una plaga de medusas que afectó al litoral dianense en 2008, "ha sido inapropiada" y, a su juicio, "malintencionada puesto que los estudios que ahora saca a la luz se refieren a hace dos años".

Tras las informaciones publicadas, el gobierno de Dénia ha manifestado que exigirá responsabilidades a la Universidad de Alicante por "la inoportunidad de la difusión" de una proliferación de medusas en pleno mes de julio, "lo cual no ayuda a la situación económica de municipios como Dénia, que tiene como principal aliado económico al sector turístico", ha señalado el edil de Turismo.

Además, Sentí ha comentado que en 2008 "se atendieron 4.000 picaduras de medusa, 1.800 en 2009 y este año se está atendiendo a la gente más por daños solares que por picaduras".

En este sentido, el titular de Turismo ha asegurado que el propio investigador del estudio sobre la 'medusa carybdea' ha afirmado "que este año no se han encontrado ejemplares de esta especie en la costa de Dénia".

Por todo ello, el responsable municipal de Turismo ha explicado que se puede tomar el baño en el litoral dianense, porque, en su opinión, "no existe ninguna plaga de medusas y menos de esta especie peligrosa".

En el comunicado, el Ayuntamiento de Dénia ha informado que desde la Cruz Roja se ha insistido en que, desde el rebrote de medusas de 2008, "los miembros de este equipo sanitario han hechos diversos cursos para poder ofrecer una mejor atención a los ciudadanos y conocen bien los protocolos de actuación".

En este sentido, según el consistorio dianense, el coordinador de playas de la entidad, Ximo Carrió, ha señalado que, durante este verano, los puestos de la Cruz Roja ubicados en las playas de Dénia han atendido menos de una decena de casos de picaduras "y ninguna de ellas era de 'carybdea'".

Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de cárcel para Fabra

MADRID.- La Fiscalía Anticorrupción pide que se le imponga una pena de 15 años de cárcel y una multa de 2,3 millones de euros al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, por los delitos de tráfico de influencias, cohecho y contra la Hacienda Pública.

Los otros imputados en el denominado 'caso Fabra', instruido por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1º de Nules --Maria Amparo Fernández, esposa de Fabra; el empresario Vicente Vilar y la mujer de éste, Montserrat Vives-- se enfrentan a penas de prisión de entre cuatro y ocho años.

En su escrito, la Fiscalía señala que en 1999 Vicente Vilar, administrador único de la firma de productos fitosanitarios Naranjax SA, y su esposa, Montserrat Vives, se pusieron en contacto con Carlos Fabra para que, valiéndose de su cargo como presidente de la Diputación castellonense, tratara de influir ante los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Sanidad para agilizar la tramitación y obtención de autorizaciones para la fabricación y comercialización de dichos productos.

Añade que las actuaciones de Fabra ante los ministerios se produjeron entre los años 1999 y 2002, constando diversas reuniones tanto con responsables políticos como administrativos de los citados Ministerios y de las Cortes Generales.

En este punto, se refiere a una reunión celebrada el 12 de julio de 1999 con Fabra, el entonces ministro Jesús Posadas, y el secretario de Hacienda y diputado por Castellón Juan Costa, entre otros, en la que se trató, entre otras cuestiones, "la situación de retraso en la tramitación de licencias para la fabricación y comercialización de productos fitosanitarios y en las que se informó sobre el estado administrativo en el que se encontraban las solicitudes" cursadas por Vilar.

Asimismo, señala que Fabra realizó una tarea de intermediación "en favor no sólo de las empresas propiedad de Vilar y Vives, sino también de su esposa, y que estuvo dirigida a conseguir una mayor agilización en la concesión de licencias para la producción de productos fitosanitarios, valiéndose para ello de sus relaciones con Miguel Vicente Prim y Vicente Sánchez Peral, que era subdelegado del Gobierno en Castellón, y llegando a mantener reuniones con el director del gabinete de Presidencia, Alfredo Timermans del Olmo, y con la ministra de Sanidad, Celia Villalobos"

Además, la Fiscalía apunta que en abril de 2000, Carlos Fabra constituyó una sociedad (Carmacas SL) de la que era administrador único y titular del 90% de participaciones sociales y que utilizó parte de su facturación para "ocultar los pagos" realizados por Vicente Vilar.

El escrito también refleja que durante el período 1999 a 2004 Carlos Fabra y María Amparo Fernández "tuvieron ingresos que fueron ocultados a la Hacienda Pública, los cuales no se corresponden ni con el patrimonio ni con la renta por ellos declarados".

De este modo, especifica que en 1999 los ingresos no declarados de Fabra fueron de 518.388 euros; de 328.520 euros en 2000; de 295.317 en 2001; de 369.876 en 2002; 358.256 en 2003 y 217.212 en 2004 (algo más de dos millones de euros en total). En el mismo período, constan ingresos no declarados de su esposa por valor de unos 1,6 millones.

Dicha "ocultación de ingresos", apunta la Fiscalía, dio lugar a que fueran "defraudados" a la Hacienda Pública diversas cantidades anuales, todas ella superiores a 120.000 euros. En el caso de Fabra estas fueron de 253.254 euros en 1999, y de 158.976, 141.302, 174.836 y 158.105 en los sucesivos ejercicios hasta 2003. Igualmente, las cifras de Fernández alcanzaron entre 1999 y 2003 los 162.295 euros, 145.835, 124.963 y 153.276 euros.

Por todo ello, el fiscal considera que Carlos Fabra es autor de los delitos continuados de tráfico de influencias y cohecho y de otros cinco contra la Hacienda Pública. Por su parte, a María Amparo Fernández se le atribuyen cuatro delitos contra la Hacienda Pública y a Vicente Vilar y Montserrat Vives, un delito de cohecho.

En concreto, el fiscal pide para Fabra un año de prisión por el delito de tráfico de influencias y cinco de inhabilitación para empleo o cargo público; por el de cohecho cuatro años de prisión, multa de 600.000 euros, 10 de inhabilitación especial para cargo público, así como comiso de las cantidades percibidas.

Por los delitos contra la Hacienda Pública demanda, por el correspondiente a 1999, dos años de prisión y multa de 500.000 euros; por el del año 2000, dos años de cárcel y 3000.000 euros de multa; por el de 2001, dos años de prisión y 350.000 euros; dos años de prisión más y 350.000 euros por el delito de 2002 y otros años de cárcel y 300.000 euros por el correspondiente a 2003.

Para María Amparo Fernández, la petición de cárcel es de ocho años y multa de 1.186.000 euros. En el caso de Vicente Vilar, solicita cuatro años de prisión y multa de 600.000 euros, lo mismo que para Montserrat Vives.

Carlos Fabra y María Amparo Fernández también deberán indemnizar a la Hacienda Pública en las mismas cantidades que supuestamente defraudaron más los intereses correspondientes devengados desde el último día de presentación voluntaria de las declaraciones fiscales.

Por último, la Fiscalía pide en su escrito que se proceda a formar pieza de responsabilidad civil para asegurar las responsabilidades pecuniarias derivadas tanto de la defraudación tributaria a la Hacienda Pública, como de la correspondiente multa e intereses de demora, como del resto de delitos imputados.

Malestar en la CAM por los acuerdos que su presidente alcanzó en el SIP con Cajastur

ALICANTE.- Caja Mediterráneo (CAM) tiene problemas fuera y dentro. El Banco de España dio el pasado viernes a la entidad alicantina una semana para sumarse sin peros a la fusión fría con Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura. Esto se produjo después de que su Consejo aprobara respaldar el SIP (Sistema Institucional de Protección) excepto en lo referente a la delegación de las facultades en el consejero delegado de la nueva entidad, cargo previsto para Manuel Menéndez, presidente de la caja asturiana.


Pero la CAM tiene otro frente interno abierto. En el Consejo de Administración hay un fuerte malestar con su presidente, Modesto Crespo, al que se considera el único beneficiado en la negociación de las condiciones del SIP, recuerda hoy 'El País'.

La CAM pactó una participación en el SIP del 40%, la misma que Cajastur, mientras que Caja Extremadura supondrá el 11% y el 9% restante Caja Cantabria. Unos porcentajes que se reflejarán en los nombramientos de los 12 miembros del futuro Consejo de Administración. El presidente de la nueva entidad sería Modesto Crespo y el consejero delegado Manuel Menéndez.

El acuerdo incluyó que Menéndez y Crespo ocuparan sus puestos seis años prorrogables a otros tantos, salvo que el Consejo decida lo contrario por unanimidad. Esta condición, con el equilibrio de poderes previsto, blinda en la práctica la presidencia de Crespo en la que será la tercera caja de ahorros española y la quinta entidad financiera.

Pero además, el acuerdo también prevé que Menéndez tenga la potestad de nombrar al equipo directivo de la nueva entidad hasta el segundo nivel, lo que incluye al actual director general de la CAM, Roberto López, que en el proceso negociador se ha perfilado como uno de los dos futuros directores generales.

Modesto Crespo fue designado para la presidencia de la CAM en junio del año pasado y cuenta con el respaldo del presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, del PP, cuya ausencia en todo el proceso de fusiones vivido por las cajas de ahorros ha recibido numerosas críticas.

El próximo lunes, previsiblemente, se celebrará la reunión de Consejo de Administración de la CAM que debe fijar la postura definitiva de la caja sobre el SIP, según aseguraban ayer fuentes financieras.

Las mismas fuentes advierten de que aunque en este foro pueda expresarse el malestar existente con Crespo, será en la asamblea general prevista para el próximo mes de septiembre cuando las discrepancias con su gestión se materializarán.

La CAM celebrará el lunes un Consejo de Administración para "tratar" el SIP

ALICANTE.- El Consejo de Administración de Caja Mediterráneo (CAM) celebrará el próximo lunes una reunión en la que se "tratará" el Sistema Institucional de Protección (SIP) junto a Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria.

Así lo han anunciado hoy fuentes de la entidad alicantina, que han explicado que el Consejo de Administración es de carácter "ordinario" y han señalado que en el orden del día se ha incorporado, entre otras cuestiones, la propuesta de abordar el SIP junto a las otras tres instituciones financieras.

Este Consejo de Administración tendrá lugar después de que el pasado viernes el Banco de España se reuniera con CAM para tratar de salvar su alianza en el SIP liderado por Cajastur.

La mayoría del consejo de administración de la CAM no teme que el Banco de España pueda abrir un expediente sancionador a este órgano porque "no ha habido ni directrices ni notificación alguna al consejo de la CAM por parte del supervisor.

"Todo está dentro de la normalidad", añaden y confían que, finalmente, el SIP que la entidad ha decidido formar con Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria "salga adelante", a pesar de las dificultades y la fase crucial en que se encuentra en estos días por las pretensiones del que será su futuro consejero delegado y presidente de Cajastur, Manuel Menéndez.

El asturiano reclama poderes irrevocables durante los doce años que duraría su mandato, pero se ha encontrado con la oposición unánime del consejo de la CAM, que el pasado jueves rechazó aceptar estas exigencias, que no estaban en el protocolo de intenciones, y que, ahora, la entidad asturiana quiere incluirlas en el contrato definitivo del SIP, que presidirá el mandatario de la CAM, Modesto Crespo, por doce años, al igual que Menéndez, tal y como figura en el preacuerdo (seis años prorrogables a otros seis, si no hay acuerdo sobre su sustituto).

El consejo sí aprobó el documento de integración, excepto los términos referidos a la delegación de facultades al consejero delegado. La réplica de Cajastur fue manifestar que el SIP "estaba en peligro".

Las cuatro entidades mantienen esta semana intensas reuniones para desbloquear la situación y alcanzar un acuerdo. Las negociaciones se cree que se prolongarán en los próximos días para abordar el contrato del SIP.

En el seno del máximo órgano de la CAM confían en que las negociaciones se reconduzcan e insisten en que el rechazo unánime expresado por el consejo sobre las excesivas atribuciones que reclama Cajastur debe mantenerse.

"Hay que seguir adelante", subrayan varios vocales. Los consejeros repiten que las condiciones impuestas por el futuro ejecutivo del nuevo banco que se cree no sólo van en contra del código de buen gobierno, sino que rompen el equilibrio de poder establecido en el protocolo aprobado en mayo y que reparte a partes iguales la participación en el SIP entre CAM y Cajastur, que lideran la operación. Ambas tendrían un 40% en el "holding", mientras que la extremeña y la cántabra tendrían un 11% y 9%, respectivamente.

El acuerdo adoptado por Caja Mediterráneo el pasado jueves fue respaldado ampliamente por los sectores empresariales, sociales y políticos de Alicante, especialmente el PP.

La entidad alicantina no está conforme con dejar el poder del grupo resultante en la figura del consejero delegado, que no es otro que el presidente de la asturiana, Manuel Menéndez, pero reafirma su voluntad de formar un SIP junto a Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria.

A este respecto, las negociaciones para tratar de llegar a un acuerdo satisfactorio entre las partes continúan.

El Banco de España defiende la necesidad de resolver las diferencias, dada la bondad de esa operación para todas las partes implicadas, que crearía la tercera caja de España, con 135.000 millones en activos y más de 2.000 oficinas.

Buena parte de los consejeros de CAM, que preside Modesto Crespo, pensaban que el contrato del SIP que sancionaron la semana pasada todos los integrantes concedería a la caja asturiana un poder absoluto e irrevocable sobre el nuevo grupo, por lo que decidieron rechazar el punto relativo a la cesión de facultades al consejero delegado.

CAM, Grupo Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria decidieron el pasado 24 de mayo crear un SIP.

De materializarse, ello daría lugar al tercer grupo financiero de cajas de España y el quinto grupo del sector financiero español, con un volumen de activos superior a los 135.000 millones de euros y un volumen de negocio en torno a 160.000 millones de euros.

Así, cada caja mantendría su personalidad jurídica y su implantación regional de negocio minorista, así como sus órganos de gobierno y obra social independientes, si bien pondría en común las políticas de riesgos, tesorería, calificación crediticia, control interno y requerimientos regulatorios.

Caja Mediterráneo asciende nueve puestos en el ranking de entidades por fortaleza financiera y se sitúa como la 133 del mundo

LONDRES.- La prestigiosa revista ‘The Banker´, del grupo Financial Times, ha situado a Caja Mediterráneo en el puesto 133 del ranking de las 1.000 entidades financieras más solventes del mundo, según ha publicado en su edición especial de julio de 2010.

Esto supone una mejora de nueve posiciones respecto al ranking publicado en 2009, en el que CAM ocupó el puesto 142, tras haber mejorado también su posición en 15 puestos, lo que cobra especial relevancia teniendo en cuenta el actual contexto de crisis financiera internacional.

Asimismo, Caja Mediterráneo se mantiene como octava entidad financiera a nivel nacional, según el ranking de ‘The Banker´.

El aumento de un 28% hasta casi 7.000 millones de $USA, con los que Caja Mediterráneo cuenta en el "capital Tier 1", base sobre la que la revista elabora anualmente el ranking, es el que justifica el avance del Grupo CAM en el ranking.

La revista financiera ‘The Banker´ publica este ranking hace más de 40 años, tomando como base los activos fijos, rentabilidad, solidez, solvencia y fortaleza financiera de las entidades financieras a nivel global.

El estudio sirve de guía para inversores, analistas e instituciones financieras en todo el mundo.

http://www.thebanker.com/news/categoryfront.php/id/961/Top_1000_World_Banks.html

El PSPV tilda de "despilfarro" la celebración del Pleno en Bruselas y recuerda "el problema de endeudamiento" del Consell

VALENCIA.- El portavoz del grupo socialista en las Corts, Ángel Luna, ha considerado este martes un "despilfarro" celebrar un Pleno del Consell en Bruselas pues, en su opinión, se trata de "un anuncio propagandístico que sólo sirve para generar gasto". Además, ha recordado el "grave problema de endeudamiento" que sufre la Generalitat.

Luna se ha referido así, en un comunicado, al anuncio del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, quien ha aceptado la propuesta del Comité de Regiones (CdR) para que la Comunitat Valenciana sea la primera región europea en celebrar una reunión de su Gobierno en la sede administrativa de la Unión Europea (UE) el próximo mes de octubre.

El dirigente socialista, que ha calificado de "insólita" esta iniciativa, ha asegurado que "no hay nada que el Consell tenga que decidir en Bruselas que no pueda hacerse en la Comunitat".

"Parece que Camps no se ha dado cuenta del grave problema de endeudamiento de la Generalitat valenciana, del grave problema que está generando a las empresas valencianas y a la sociedad en general con el impago de las deudas del contraídas", ha señalado Luna.

El síndic ha recordado que "mientras cortan la luz en determinadas paradas del Tram de Alicante y mientras existen multitud de facturas por abonar a decenas de empresarios, Camps se permite el lujo de organizar una reunión del Consell que sólo sirve para generar gastos de los que sólo se beneficiarán los hoteles de Bruselas".

Asimismo, ha subrayado la necesidad de implantar "una política de austeridad que se olvide de los fuegos de artificio y que sirva de verdad para resolver los problemas gravísimos que tienen los valencianos y las valencianas".

En este sentido, Luna ha reiterado que "esta iniciativa no sirve absolutamente para nada" y ha insistido en que "no hay nada que el Consell tenga que decidir en Bruselas que no pueda realizarse en la Comunitat Valenciana".

Por último, el portavoz socialista ha matizado que la celebración del pleno en la capital belga sirve para "satisfacer el ego de Camps a costa del bolsillo de los valencianos y las valencianas".

"Sus políticas se resumen en espectáculo y caro", ha finalizado.

El PSPV considera que el comportamiento de Ripoll en estos momentos "desprestigia" a la Diputación de Alicante

ALICANTE.- El portavoz socialista en la Diputación de Alicante, Antonio Amorós, ha asegurado este martes en un comunicado que el comportamiento, "en estos momentos bajo sospecha", del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, "desprestigia" a la institución provincial y ha acusado al PP de romper "la confianza que la sociedad tiene depositada en las instituciones que presiden, superando la barrera de lo ilícito".

Antonio Amorós ha realizado estas declaraciones este martes, cuando el grupo socialista en la Diputación de Alicante ha exigido a Ripoll la convocatoria de un pleno extraordinario para que éste "dé explicaciones sobre el plan zonal de la Vega Baja" o "presente su dimisión", al considerar insuficientes las respuestas del presidente en el pleno celebrado este martes.

Para Amorós, las respuestas de Ripoll ha sido insuficientes ante la "anómala situación que vive la institución provincial". En este sentido, el PSPV ha solicitado la convocatoria de un pleno extraordinario a través de un ruego formulado en la sesión plenaria de la Diputación.

Según Amorós, en la celebración de esta sesión extraordinaria se debería facilitar "toda la información" y dar "todas las explicaciones sobre los acontecimientos que han sucedido desde el pasado 6 de julio con la presencia de agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el despacho de Presidencia".

En caso contrario, Ripoll debería presentar "su dimisión", ha apuntado el portavoz socialista, quien ha exigido al presidente provincial "explicaciones, claridad, transparencia y aunque no debería ser necesario, porque su condición de político al servicio del ciudadano así ya se lo exige, honestidad y honradez".

"Desde su partido han puesto a todas las instituciones de nuestra Comunidad en peligro y ahora nuestra Diputación y su gestión está bajo sospecha", ha añadido.

Para Amorós existe una "situación anómala" en la institución provincial y Ripoll "ha tirado balones fuera contestando que la Diputación está al margen de actuaciones judiciales".

"Si esto no fuera así, los agentes de la Policía Nacional no hubieran irrumpido durante doce horas en la institución provincial. De todas formas, el presidente del consorcio de la zona XVII es el propio presidente de la Diputación", ha señalado.

Con todo, el portavoz del PSPV ha indicado que el grupo socialista "va a continuar alerta y esperando cómo transcurren los acontecimientos para mantener una actitud política coherente y responsable con los ciudadanos de esta provincia".

Ripoll está sorprendido por las peticiones de dimisión y dice que lo justo es esperar a que se levante el sumario

ALICANTE.- El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, ha mostrado su "sorpresa" por la petición del Grupo Socialista de que dimita si no da explicaciones en un pleno extraordinario sobre su actuación en la adjudicacion del plan zonal de residuos de la Vega Baja que investiga la fiscalía Anticorrupción en el caso 'Brugal'.

En este punto, ha resaltado que a la corporación provincial "no se le acusa de nada y al presidente, tampoco", ya que su imputación en el caso se debe a su condición de presidente del citado Consorcio de residuos y ha manifestado que "lo justo" es esperar a que se levante el secreto de sumario como está pidiendo "insistentemente".

Al término del pleno celebrado este martes, en que el Grupo Socialista ha pedido su renuncia y ha requerido estas explicaciones, Ripoll ha asegurado que esta reclamación le ha "sorprendido en el contexto en el que lo dicen, cuando todo está bajo secreto de sumario y no se sabe nada, y en ese momento determinado, dicen que si no sería mejor que dimitiera".

En su opinión, "lo normal, lo justo y lo razonable es que primero se abra el secreto de sumario", tal y como sus abogados "están pidiendo insistentemente, y lo van a volver a pedir", dado que el fiscal Anticorrupción se opone a que se levante el secreto de sumario, ha comentado.

Ripoll ha considerado que en el transcurso de la sesión plenaria, el Grupo Socialista "ha mezclado" la Diputación con el Consorcio zonal de residuos, para "hacerlo todo una bola", algo que, a su parecer, es "todo ridículo".

En este sentido, ha aclarado que, "en estos momentos, a la Diputación de Alicante no se le acusa de nada y al presidente de la Diputación, tampoco", y su imputación en el caso se produce según han publicado los medios de comunicación, por su condición de presidente del citado Consorcio zonal de residuos.

"Cada uno puede pedir las dimisiones, si es habitual, en esta institución el clima que ha imperado es no pedir las dimisión del presidente y buscar el máximo acuerdo".

No obstante, ha remarcado que "todos los acuerdos de los planes de obras se han aprobado por unanimidad, de modo que si ha habido una actuación sectaria serán "todos, los diputados del PP y los del PSOE".

Ripoll ha insistido en que "nada se ha hecho al margen de la comisión de gobierno ni de la junta de gobierno, en la que participan todos los ayuntamientos que componen el consorcio".

La adjudicación de la gestión del citado plan fue "debatido y consensuado", y se adoptó una decisión "por unanimidad de los 27 ayuntamientos, incluidos nueve socialistas, de la Generalitat y de la Diputación, que representa exclusivamente el 15 por ciento", ha recordado.

No obstante, ha mostrado su disposición de "contestar inmediatamente" a "cualquier cosa que pregunte" el Grupo Socialista en la Diputación sobre este asunto.

"Yo estoy deseando y haciendo todos los trámites jurídicos para que se levante el secreto de sumario y para poder defenderme, y he puesto a disposición del Grupo Socialista toda la documentación que me ha solicitado sobre el plan zonal", ha señalado.

En este sentido, ha confirmado que ya les ha remitido toda la documentación, pese a que, según ha recordado, el Grupo Socialista ya tenía acceso a ella a través de sus alcaldes representados en el consorcio de residuos de la Vega Baja.

Ripoll ha defendido que "el expediente es correcto, y no hay nada irregular".

"Estoy absolutamente convencido de que todas las gestiones que he hecho como presidente del plan zonal, han sido las correctas: las que he hecho yo, las que ha hecho la junta de gobierno y las que han hecho todos los miembros de la comisión técnica", ha declarado.

Preguntado sobre el curso de la investigación judicial, y el envío de parte del sumario a juzgados de Alicante, ha señalado que "todo eso retrasará un poco el proceso", aunque ha reconocido que él es "un ciudadano como otro".

Además, ha subrayado que las autoridades judiciales son "un poder independiente y así deben de seguir siéndolo", y ha indicado que entiende que "no se puede alterar los tiempos judiciales" porque él "tenga mayor o menor interés en que se abra el sumario".

Por otra parte, ha aclarado que las declaraciones de la vicepresidenta de la Diputación, Mónica Lorente, --quien este lunes consideró que el 'caso Brugal' responde a actuaciones "más o menos dirigidas"-- fueron realizadas en su condición de secretaria provincial del PP, y cuentan con su "respaldo".

De igual modo, preguntado sobre su relación con el empresario adjudicatario de la contrata, Enrique Ortiz, Ripoll ha explicado que "como empresario, es la relación que tengo con todo el resto de los empresarios que trabajan para esta Diputación".

"El señor Ortiz tiene algunos contratos con esta Diputación, no es el mayor ni el menor contratista de esta Diputación, y cuando se ha presentado a los concursos, cuando ha tenido el dictamen de la comisión técnica a favor se lo ha adjudicado, y cuando lo ha tenido en contra, no se lo ha adjudicado".

En cuanto a su relación con "el señor Ortiz, presidente del Hércules", ha dicho que es "correcta y la que corresponde a dirigentes que son importantes en esta ciudad".

El PP asegura que Pajín es responsable de hacer añicos el Pacto Antitransfuguismo "sólo por salvar a su madre"

ALICANTE.- La presidenta del PP local de Benidorm y vicesecretaria de Comunicación de los 'populares alicantinos', Gema Amor, ha asegurado este martes en un comunicado que la secretaria de Organización del PSOE federal, Leire Pajín, es "la responsable de hace añicos el Pacto Antitransfuguismo sólo por salvar a su madre", la edil benidormí, Mayte Iraola.

Así, según Amor, "resulta vergonzoso ver en democracia" que los ex ediles socialistas de Benidorm "sin ruborizarse y cumpliendo órdenes de Leire Pajín" manifiestan, a su juicio, que "los tránsfugas nunca deberían haberse marchado del PSOE".

La presidente del PP benidormí ha acusado a la secretaria de Organización socialista de ser la responsables "de hacer añicos el Pacto Antitransfuguismo por sólo salvar a su madre".

"Fue la propia secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, quien manifestaba en torno a la moción de censura de Benidorm que con independencia de cómo se llamen y de dónde vivan recaería en ellos todo el peso de los Estatutos", ha indicado Amor, quien ha añadido que a esta afirmación se unieron el presidente del PSOE, Manuel Chaves, y el vicesecretario general de los socialistas, José Blanco.

En este sentido, Amor ha asegurado que el PSPV de Benidorm prepara "la vuelta de los concejales tránsfugas desde la organización local y provincial", en su opinión, "siguiendo las pautas de Pajín", mientras que al secretario general del PSPV, Jorge Alarte, "ni está ni se le espera".

La vicesecretaria de Comunicación del PP en la provincia de Alicante ha instado al PSPV a asumir responsabilidades y a Leire Pajín a pronunciarse al respecto, puesto que, a su juicio, "es la persona que se está burlando del pacto antitransfuguismo".

El PSPV critica el "plan mentira" de Camps que "paga tarde y refleja la parálisis del Consell"

VALENCIA.- El secretario de Política Municipal de los Socialistas Valencianos, José María Ángel, ha criticado "el plan mentira --Plan Confianza-- de Camps, que paga tarde y mal", y que no hace sino "reflejar la parálisis" del Consell, que "está más preocupado por temas personales que por resolver los problemas de los valencianos".

Ángel en un comunicado, se ha pronunciado en estos términos tras conocer el balance del Plan Confianza realizado hoy por el conseller de Infraestructuras y Transporte, Mario Flores, al que ha instado a contestar "cuándo y cómo la Generalitat va a pagar el Plan Camps".

Para el dirigente socialista, el Plan Confianza es un "programa-mentira que refleja el fracaso de las políticas del PP", ya que, tal y como ha apuntado, "sólo se han adjudicado el 20 por ciento de la mayoría de las obras, que además sufren retrasos por culpa de la tesorería de la Generalitat".

"Son muchos los empresarios que se preguntan cuándo y cómo van a cobrar", ha lamentado el secretario de Política Municipal del PSPV que, en la misma línea, ha destacado que, a fecha de hoy, "se han pagado a los ayuntamientos menos de 200 millones, cuando a final de año se deberían haber costeado más de 1.000". Unos datos que, en su opinión, evidencian que "ese plan de desconfianza es un gran fracaso y una gran mentira".

Asimismo, Ángel, que ha señalado que el ritmo de ejecución de las obras es "peor" debido a "la nefasta gestión de la Generalitat", ha considerado que, "ni siquiera Mario Flores, que sabe mentir tan bien como el presidente del Consell, es capaz de aportar una valoración consistente del que es un plan insostenible e ineficaz".

Además, el responsable socialista ha destacado que, "a diferencia del Plan Camps, el Plan ZP sí cumple con los ayuntamientos y los pagos convenidos a los municipios".

De esta manera, ha valorado que los ayuntamientos "han sido capaces de presentar los proyectos en el tiempo y forma debidos, dando una respuesta a la oportunidad brindada por el Gobierno de España con el Plan E".

Según ha remarcado José María Ángel, el Ejecutivo central ha pagado a todos los ayuntamientos de la Comunitat los 864 millones de euros del primer 'Plan E' y ha adelantado ya 148 millones de euros del segundo 'Plan E' de un total de 543 millones de euros previstos.

"Los datos y el estado de las obras del Plan ZP, que avalan la exitosa consecución de estos proyectos, reflejan una realidad que bien se aleja de la ineficacia permanente del Plan Camps", al que Ángel ha calificado de "ineficaz e insuficiente programa que representa la desconfianza permanente del municipalismo valenciano, en el que se incluyen hasta los mismísimos ayuntamientos en los que gobierna el PP".

El PSPV pide a FGV gestos de reducción en la plantilla de cargos directivos y en las retribuciones de la alta dirección

VALENCIA.- El diputado socialista en Les Corts Valencianes y portavoz de Infraestructuras y Transporte, Francesc Signes, ha solicitado al el conseller Mario Flores, así como a la gerente de FGV, Marisa Gracia, "gestos de reducción en la hinchada plantilla de cargos directivos", así como en las retribuciones de los 18 miembros de la alta dirección de FGV, que les permita "tener fuerza moral en su negociación con los representantes de los trabajadores".

Signes ha realizado estas declaraciones en un comunicado respecto al anuncio de nuevos paros llevado a cabo por los sindicatos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) para los próximos días 27 y 30 de julio y 9 de septiembre. Al respecto, ha solicitado al presidente de la empresa,

En este sentido, el portavoz socialista ha recordado que estos 18 altos directivos "están cobrando lo mismo que todo el Gobierno de España, incluido el presidente, a pesar de la mala situación económica de la empresa, fruto de la pésima gestión", que ha llevado a FGV, según Signes, "a tener impagados que generan grandes intereses de demora y a una previsión de deuda para este año 2010 que ascenderá a 1.130 millones de euros".

Así, considera que esta "grave" situación financiera "sólo es achacable a la mala gestión y no a una disminución del número de usuarios", por lo que "no tiene ninguna justificación, ni política, ni económica, ni ética, que se pretenda una reducción de plantillas y una disminución de los servicios prestados por la empresa, como ya se está haciendo con el servicio nocturno trasnochador en la provincia de Alicante".

Signes ha señalado al respecto que este servicio está puesto en marcha desde el pasado 1 de julio y del cual se ha excluido la línea 9 que conecta Benidorm con Dénia, dejando fuera zonas tan importantes como Disco Benidorm, Alfaz del Pí, el Albir, Altea, Calpe, Teulada, Gata y Dénia", ha aseverado.

Asimismo, considera "totalmente inadmisible" que, a punto de finalizar 2010, todavía FGV no haya puesto en marcha los servicios de Metroribera, anunciados por Camps en 2006, y que han de permitir unas mejores conexiones de Villanueva de Castellón y l'Alcudia, así como del resto de estaciones de la línea 1 de Metrovalencia con la ciudad de Valencia.