El presupuesto consolidado de la Generalitat para 2011 asciende a 16.015 millones y cae un 4,2%

VALENCIA.- El vicepresidente segundo y conseller de Economía, Hacienda y Empleo, Gerardo Camps, ha anunciado este jueves que el presupuesto consolidado de la Generalitat para 2011 --incluye a la administración y empresas públicas--, asciende a 16.015 millones de euros, lo que supone un descenso del 4,2 por ciento respecto al año anterior. Además, estas cuentas prevén la venta de patrimonio público por valor de 392 millones. 

   Camps, que se ha pronunciado de esta manera en la rueda de prensa posterior a la entrega del proyecto de ley de presupuestos para 2011 en las Corts, ha asegurado que son las cuentas que, "como instrumento económico, necesita la Comunitat para salir cuanto antes de la crisis".

"Ello es complementario a que el Gobierno de España tome medidas adecuadas, que hasta ahora no lo está haciendo", ha dicho.

   En cualquier caso, ha recalcado que "todo ello se ha de hacer manteniendo los niveles de protección social", al tiempo que ha subrayado que estos presupuestos son "austeros, realistas, eficaces para luchar contra la crisis y garantes de la cohesión social".

   En el marco de las cuentas para 2011, la Generalitat prevé la venta de patrimonio público por valor de 392 millones de euros dentro de un 'Plan de optimización del patrimonio'. Al respecto, ha explicado que la subasta de aquellos bienes que no necesiten una recalificación de su uso, como los solares, se realizará en el primer semestre del año, mientras que los bienes inmuebles requieren que el Ayuntamiento de Valencia recalifique su uso --por estar todos ellos en la ciudad--, lo que se hará en el tercer trimestre.

   A preguntas de los medios, ha indicado que la Generalitat no prevé la reordenación "con carácter general" del segundo escalón de altos cargos de la administración por considerar que es "imposible reducirlas más" las secretarías autonómicas y direcciones generales.

   "Con carácter general no valía la pena hacerlo", ha sentenciado Camps, quien ha defendido que la Generalitat es la administración "más barata" de España y una de las que "menos altos cargos tiene" por habitante. Según ha apuntado, suman entre 150 y 180 personas.

   Además, ha indicado que "las reordenaciones de segundos escalones, presupuestariamente tienen poca incidencia porque desaparece el alto cargo pero no los servicios administrativos", con lo que "vimos que el poco ahorro que iba a suponer, tampoco era sustantivo a la hora de afrontar la crisis".

   Por otro lado, ha explicado que el presupuesto de 2011 se ha elaborado previendo un déficit del 1,3 por ciento del PIB y la Generalitat recurrirá al endeudamiento, limitado a 1.321 millones, frente a los 2.549 millones del presente ejercicio.

   Asimismo, la deuda de la Generalitat en estos presupuestos alcanza los 678 millones, aunque tiene previsto amortizar deuda por valor de 135 millones y llevar a cabo emisiones de deuda por un importe de 1.328 millones, con lo que la variación del endeudamiento de la Generalitat es de 1.188 millones.

Por su parte, los gastos financieros ascenderán a 512 millones, con lo que se destinarán a este concepto 3,7 de cada 100 euros del presupuesto.

   En cuanto a la inversión territorializada --corresponde al las inversiones reales del presupuesto, capítulo VI--, la Generalitat destinará a Castellón 72,3 millones, un 19,3 por ciento menos que el año pasado; 109,4 millones a Alicante (-29,2%); y 192,9 millones a Valencia (-51,5%). La inversión sin territorializar asciende a 289,4 millones.

   Camps ha destacado que el gasto social representa el 82,5% del presupuesto, 13.714 millones (-4,7%). Por departamentos, los menos afectados son Educación, con 4.273.490,67 euros (-3,6%); Sanidad, con 5.515.298,7 euros (-3,6%) y Bienestar Social, con 673.447,61 euros (+0,1%), que es la única que crece. Así, la Generalitat gastará al día 15,1 millones en sanidad y 12,2 millones en educación.

   Por orden de inversión, tras estas tres 'Conselleries', se sitúan Infraestructuras y Transporte, con 313,384 millones (-26,4%);  Justicia y Administraciones Públicas, con 310,967 millones (-4,9%); Agricultura, Pesca y Alimentación, con 288,725 millones (-13,2%); Medio Ambiente, Agua, Vivienda y Urbanismo, con 260,776 millones (-22,8%); e Industria, Comercio e Innovación, con 222,599 millones (-7,8%).

   Le siguen Economía, Hacienda y Empleo, con 177,354 millones (-7,3%); Cultura y Deporte, con 160.748 millones Gobernación, con 94,070 millones (-0,3%); Solidaridad y Ciudadanía, con 82,424 millones y Presidencia de la Generalitat, con 18,739 millones (-9,5%).

   En cuanto a los gastos e ingresos, en este último apartado descienden un 4,7 por ciento. El conseller ha destacado que la Comunitat recibirá más por tributos cedidos pero se verá compensado por la reducción de transferencias del Estado. Así, se prevé incremento en la recaudación por el IRPF del 41,8% y del 92,6 por ciento en caso del IVA. No obstante, ha destacado el descenso del 66,6 por ciento en las transferencias corrientes -por la caída de entregas a cuenta y el nuevo modelo de financiación--.

   El conseller ha resaltado también que el Gobierno valenciano no va a subir los impuestos, lo que supondrá un beneficio acumulado de 1.587 millones del que se podrán aprovechar cuatro millones de valencianos.

   Los gastos descienden un 4,7 por ciento por la aplicación del Plan de Austeridad y la rebaja de los salarios de los funcionarios. Así, los gastos de funcionamientos bajan un 3,3 por ciento, un 2,1 por ciento las transferencias corrientes y se incrementa un 16,6 por ciento los gastos financieros.

   Por lo que se refiere al sector público, supondrá a las arcas autonómicas un coste de 3.567.893,31 euros. De las sociedades mercantiles, CACSA acapara 408,9 millones, mientras que el IVF recibirá 267,1 millones, 150,4 la televisión autonómica, 128,6 Vaersa o 225,3 Ciegsa.

La Generalitat emitirá deuda por valor de 1.000 millones que adquirirá CAM y Bancaja con un interés del 4%

VALENCIA.- El conseller de Economía, Hacienda y Empleo, Gerardo Camps, ha explicado este jueves que la Generalitat "en breve" va a emitir deuda por valor de 1.000 millones de euros al 4 por ciento de interés que va a ser adquirida por Caja Mediterráneo (CAM) y Bancaja por un plazo de 18 meses.

   Camps, en la rueda de prensa de presentación del presupuesto para 2011 tras entregarlo a las Corts, ha explicado que esta emisión de deuda tendrá lugar "en breve" porque el consejo de administración de Bancaja ya lo ha aprobado y el de CAM "tendrá que hacer lo mismo".

   En este sentido, ha recordado que la Comunidad de Madrid ha realizado una operación similar con la emisión de deuda por valor de 500 millones de euros que se quedó La Caixa y dos entidades de la entidad catalana.

   Preguntado por si la Generalitat contempla otra emisión de deuda hasta final de año, el conseller ha señalado que "en principio" no lo tienen previsto porque "con este dinero conseguiríamos perfectamente financiar el gasto hasta final de año". No obstante, "no se descarta que si se abren los mercados en diciembre, a lo mejor se pueda hacer una pequeña emisión", ha apuntado.

Alarte asegura que la nueva presidenta del TSJCV tiene una "gran tarea y responsabilidad"

VALENCIA.- El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, ha señalado que la nueva presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Pilar de la Oliva, elegida hoy en sustitución de Juan Luis de la Rúa, tiene "una gran tarea y responsabilidad entre manos" y le ha ofrecido su colaboración". 

   Alarte en una entrevista concedida a RNE  ha mostrado hoy su consideración al acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) así como su "respeto profundo" a la elección de De la Oliva a la que ha deseado "el mayor de los éxitos".  

   El secretario general del PSPV ha asegurado que la nueva presidenta del TSJCV tiene "una gran tarea entre manos, una gran responsabilidad" y desde "la cooperación, la autonomía la independencia, la absoluta libertad y el sometimiento solo a la ley del Estado del Derecho que tiene la nueva presidenta encontrará en el PSPV "ciudadanos respetables honorables y colaboradores para su tarea".

Por otra parte, jueces, abogados y procuradores de la Comunitat Valenciana han calificado a la nueva presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Pilar de la Oliva, como "sensata", "trabajadora" y "muy objetiva", y han mostrado su confianza en su proyecto "renovador".

   "Su calidad profesional y humana es extraordinaria", ha asegurado la magistrada Carolina Rius, en representación de Foro Judicial, quien ha recordado que De la Oliva ha sido la primera mujer jueza en la ciudad de Valencia. "Nos alegramos por ella, por la Administración de Justicia y por los ciudadanos", ha resaltado.

   Rius, que también ha querido destacar la calidad del resto de aspirantes a la plaza, ha definido a De la Oliva como "excelente profesional" y como una persona "sensata, objetiva, trabajadora", y "capaz de desarrollar su nuevo cargo estupendamente". Le ha recordado que tiene que enfrentarse a retos "difíciles" pero ha augurado que podrá afrontarlos "sobradamente".

   Por su parte, otro magistrado y miembro de Jueces para la Democracia, José Manuel Ortega, ha felicitado a la nueva presidenta y ha destacado --a nivel personal-- que llega al cargo "con muchos ánimos" y con un proyecto "renovador" para poder asumirlo. Por ello, confía en que haga un buen trabajo aunque le ha advertido de que el camino "se demuestra andando".

   Ortega ha resaltado que "por fin" se haya resuelto la situación de la presidencia del TSJCV, cargo que tendría que haberse renovado hace ya un año. Así, entiende que ahora se puede respirar porque el CGPJ ha resuelto una situación "muy preocupante" y ha cumplido finalmente con sus obligaciones institucionales. "Esto favorece --ha añadido-- a los ciudadanos, a las instituciones y a la Administración de Justicia".

   Por otro lado, el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (Icav), Francisco Real, ha resaltado que De la Oliva le parece una "excelente" profesional, aunque también ha matizado que el resto de aspirantes a la plaza del TSJCV "estaban plenamente capacitados" para el cargo.

   Considera que la nueva presidenta está "correctamente preparada" para afrontar el cargo "por su trayectoria profesional y por sus relaciones con la abogacía", algo que valora, según ha comentado.

   Real también ha aplaudido que De la Oliva se comprometiera en su entrevista ante el CGPJ a ser "muy firme" en la lucha contra la corrupción, porque, a su juicio, debe de encargarse de "desterrar" todo tipo de corrupción. "De su programa se desprendía que merecía la pena apostar por ella", ha subrayado.

   Asimismo, el decano del Ilustre Colegio de Procuradores de Valencia, Francisco Cerrillo, también ha felicitado a De la Oliva por su nombramiento y ha destacado que es una "buena" jueza. No obstante, ha advertido de que "parece que carece de experiencia tanto en órganos colegiados como en puestos de responsabilidad administrativos".

   Ha afirmado que le gustaría que la nueva presidenta del TSJCV, valenciana de 54 años, mantuviera una línea de colaboración con la procura, y "se siguiera con la buena relación institucional" que los procuradores mantenían con el anterior presidente, Juan Luis de la Rúa.

   También ha coincidido con Ortega en que "lo positivo" de esta decisión es que "ya se haya adoptado una resolución porque esta situación transitoria era un poco insostenible para todos", ha asegurado.

   Su elección, según ha comentado, "ha sido un cambio de cromos con los distintos presidentes de los tribunales superiores de justicia, y aquí tocaba alguien conservador y como el candidato oficial, Pedro Castellano, estaba vetado por la parte conservadora del Consejo, se ha nombrado a De la Oliva".

"Ésta era la única solución", ha dicho.

Fenoll preparó escritos "coercitivos" para influir en las listas del PP de Orihuela, según un informe policial

ALICANTE.- Un informe policial incluido en el sumario del caso 'Brugal' apunta a que el empresario oriolano Ángel Fenoll, imputado en el marco de la causa, preparó escritos "anónimos y coercitivos" con supuesta información comprometedora sobre personas del entorno del PP para influir en la confección de las listas 'populares' de Orihuela en las elecciones municipales de 2007, una táctica que, según se dice en unas conversaciones grabadas de estos escritos, ya se habría utilizado con el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el ex ministro de Trabajo y ex jefe del Consell, Eduardo Zaplana.

   Asimismo, el informe reproduce una conversación entre Fenoll y la persona que supuestamente preparaba estos escritos, Javier Bru, en la que el empresario oriolano pregunta si "se le mandó algo a Rajoy o no", a lo que su interlocutor responde: "no, creo que no".

   Según las conversaciones recogidas en la documentación, Ángel Fenoll hace referencia a que, en una ocasión anterior, estos escritos --coactivos o intimidatorios que podrían contener cintas grabadas con conversaciones comprometedoras, según apunta la Policía--, que denomina 'gaviotas', hicieron que finalmente el ex alcalde de Orihuela José Manuel Medina no repitiera como cabeza de lista por el PP de cara a las elecciones municipales, si bien en esta ocasión el objetivo perseguido sería que el ex primer edil no influyera en la confección del resto de la lista.

   "La otra vez sí que lo hice y algo daría resultado cuando Camps no puso a Medina", señala Fenoll durante una conversación intervenida por los agentes. El informe añade, además, que el empresario oriolano pone a disposición de miembros del PP de Orihuela, afines a él, el material comprometedor para que "tengan plenos poderes para confeccionar las listas".

   El objetivo de las cartas, según el propio Fenoll, es que: "usted no puede hacer la lista del mangoneo, porque si hace la lista del mangoneo yo le pego fuego al quiosco", en referencia a que no se le permita a Medina la confección de la lista electoral con gente próxima al ex alcalde.

   El encargado de la redacción de estos escritos, que se querían mandar "a Madrid" y "a la prensa" y que contendrían información sobre 16 presuntas imputaciones --según Fenoll--, indica durante otra conversación con el empresario oriolano que su contenido incluirá un aviso al destinatario en el que se le advierte de que "si no deja hacer la lista con personas que no estén manchadas con la corrupción" se dirá que conocía, "desde hace más de dos años", esa situación.

   No obstante, tal y como se refleja en las conversaciones intervenidas por la policía meses antes de los comicios locales, este segundo envío de cartas no tuvo lugar. Asimismo, el informe policial recoge que, durante un registro de la casa de Ángel Fenoll posterior a las Elecciones Municipales de 2007, se encontraron diferentes resguardos de una compañía de envíos cuyos destinatarios eran Eduardo Zaplana y Francisco Camps.

El 'hombre del maletín' socialista ofreció ayuda a Fenoll cuando le investigó Hacienda

ALICANTE.- Las investigaciones policiales en el marco del «caso Brugal» han evidenciado la estrecha relación que existía entre el empresario oriolano Ángel Fenoll —uno de los presuntos «cabecillas» de la trama con epicentro en la Diputación de Alicante— y varios responsables socialistas, según publica 'Abc'.

Especialmente fluida era su relación con el ex secretario de Finanzas del PSPV José Cataluña. Con Joan Ignasi Pla como secretario general, las peticiones de ayuda del empresario oriolano a Cataluña eran frecuentes, tal como ha venido publicando Abc.

 Una de las más sorprendentes, con todo, es la petición de auxilio que cursa Fenoll al ex dirigente socialista al saberse investigado por la Agencia Tributaria.

Corría el 17 de enero de 2008. Fenoll llamó al socialista para ponerle al corriente de que le habían citado en la Comisaría para declarar «por el tema de la Agencia Tributaria por delito fiscal». Según se recoge en el sumario del «caso Brugal», Cataluña le sugirió al empresario de las basuras que, si quería, le mandase una copia de la citación. «Son varias», aclaró el industrial.

En el transcurso de la conversación, intervenida por los investigadores, el ex secretario de Finanzas del PSPV se ofrece a ayudar a Fenoll ante su inminente declaración en sede policial. Así, le sugiere que alguien le acerque la documentación «en un sobre cerrado particular a su nombre», y que «le mirará algo». Fenoll le apremia: tiene que ser rápido porque la citación es el lunes siguiente, 21 de enero.

«Pónselo en un sobre»

El mismo día, a media tarde, un familiar de Fenoll estaba en la sede del PSPV —según concluye la Policía del análisis de las conversaciones intervenidas—, pero no encontró a Cataluña. Tras recibir instrucciones del hijo del empresario, Antonio Ángel Fenoll, optó por dejar la documentación en recepción, a su atención.

«Lo otro pónselo en un sobre», le indicó Antonio Ángel Fenoll. Para la Policía, «la documentación va acompañada, al parecer, de algo más» que no pueden especificar. Minutos más tarde, se capta otra conversación entre Fenoll y Cataluña en la que el primero le informa de que ya ha dejado la documentación en la sede del PSPV, y éste replica que «cuando lo lea, le llamará».

La investigación de la Agencia Tributaria no fue la única ocasión en que Fenoll intentó recabar la ayuda de Cataluña. Tal como ha publicado este periódico, el empresario oriolano mantuvo varias conversaciones con el ex responsable de Finanzas de los socialistas valencianos en las semanas previas a la adjudicación del Plan Zonal de residuos de la Vega Baja, para intentar que convenciese a los representantes socialistas en el Consorcio de que apoyasen su oferta.

El TSJ abre una causa por cohecho a Luna por las obras y el coche de Ortiz

VALENCIA.- El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha abierto dos causas penales al portavoz socialistas en las Cortes, Ángel Luna, por los presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos. El Alto Tribunal descarta investigar al parlamentario del PSPV por prevaricación, como pretendía el PP, según 'Abc'.

Los dos procedimientos judiciales que la Sala de lo Civil y Penal ha acordado abrir parten de sendas querellas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular: la primera, por las relaciones del síndico socialista con el empresario Enrique Ortiz, que supuestamente costeó las obras en su vivienda y le regaló un vehículo; la segunda, por exhibir en la Cámara Autonómica un informe del «caso Gürtel» cuando el juez instructor de las diligencias en Mardid, Antonio Pedreira, aún no había levantado el secreto de sumario.

Luna fue alcalde de Alicante entre 1991 y 1995. Durante esos años, las empresas de Ortiz, también implicado por presunta corrupción en los «casos Gürtel» y «Brugal», fue uno de los principales adjudicatarios del Consistorio alicantino. Nada más perder la Alcaldía, el hoy diputado autonómico realizó unas obras en la vivienda familiar. Los trabajos los habrían realizado dos empresas de ex ediles socialistas. El importe de los mismos, más de 4.200 euros, los habría pagado el empresario del que se convirtió en empleado a los tres años de dejar de ser alcalde y abandonar la política municipal.

Multa e inhabilitación

Ortiz contrató a Luna como asesor jurídico en 1998. La relación laboral se prolongó hasta 2002. Cuando se extinguió, el coche de empresa que Luna había utilizado durante esos cuatro años pasó a ser de su propiedad. Ahora está a nombre de su hijo.

Los querellantes mantienen el puesto de trabajo, el vehículo y las obras fueron un regalo de Ortiz al político como pago por los 72 contratos de obras por importe de 7,2 millones de euros que le adjudicó el político socialista mientras fue alcalde. El PP sostiene que esas adjudicaciones, el 30 por ciento de la actividad total del Consistorio, fueron irregulares; que se fraccionaron para eludir la licitación pública de esas obras. El TSJ, sin embargo, no aprecia irregularidades en las adjudicaciones susceptibles de ser perseguidas como delito.

La Sala, en el auto en el que admite la querella, considera que no hay ni «arbitrariedad» ni ilegalidad en las adjudicaciones. Por eso no investiga al querellado por prevaricación, como quería el PP. Abre, sin embargo, unas diligencias contra él por si la aceptación de las obras y el coche «pudieran ser constitutivos de un delito de cohecho» del artículo 425 del Código Penal,

Este precepto castigado con multa —el importe podría ascender al triple del valor de la dádiva— y suspensión de cargo público —de seis meses a tres años— a «la autoridad o funcionario público que solicitare dádiva o presente o admitiere ofrecimiento o promesa para realizar un acto propio de su cargo o como recompensa del ya realizado». Este último supuesto —el coche, las obras y el empleo como recompensa del favor ya realizado— sería es el que se investiga en el caso de Luna.

Este artículo sólo contempla la prisión si el acto realizado por el político para obtener la dádiva fuera constitutivo de delito, extremo que la Sala descarta al considerar que las adjudicaciones no fueron arbitrarias. No obstatnte, no rechaza que se hayan infringido «las normas administrativas de contratación», aspecto éste que es perseguible por la vía contencioso-administrativa pero no penal.

La querella del PP cayó en manos del magistrado Juan Climent, nombrado por las Cortes a propuesta del PSPV. Climent era el ponente, el encargado de estudiar si había motivos para abrir una diligencias. Ahora, después de que la Sala haya acordado proseguir la investigación, Climent se convierte en el instructor de las diligencias previas incoadas por un presunto delito de cohecho.

El instructor procederá ahora a practicar diligencias; a recabar documentación y a tomar declaración al querellado o a las personas que considere oportuno. Si Luna es llamado por el juez, declarará como imputado.

No obstante, el magistrado podría archivar la causa sin citarle. Juega a favor del investigado el tiempo transcurrido desde que se cometieron los hechos. Los delitos podrían haber prescrito.

Si el querellante, el Grupo Popular en las Cortes, quiere ser parte en la causa y ejercer la acusación, tendrá que pagar 9.000 euros de fianza.

Dimite el portavoz del PSPV en Alicante tras aparecer en un informe del 'Brugal'

ALICANTE.- El portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Alicante y presidente del grupo socialista en la Diputación alicantina, Roque Moreno, ha anunciado este jueves que renuncia a su acta de edil, deja todos sus cargos públicos y volverá a la Universidad de Alicante.

El edil ha reconocido que dimite por "decisión personal" y porque cometió el "error" de llamar por teléfono al constructor Enrique Ortiz para pedirle un "favor" para "un amigo suyo que estaba en una "situación dramática".

En concreto, tal y como revelan los informes policiales del caso 'Brugal', Moreno medió para que el empresario alicantino y máximo accionista del Hércules, Enrique Ortiz, contratara al hijo del secretario del ex concejal del Ayuntamiento de Alicante, Vicente Ronda, que era amigo suyo.

Moreno ha reconocido que lo que hizo "está mal" porque "la gente en situaciones de necesidad merece igualdad de oportunidades", pero ha subrayado que, después de reconocer su error, considera que lo mejor es dimitir para "dar ejemplo", porque según su opinión, los políticos deben asumir responsabilidades políticas, al margen de las posibles penales.

Tras declararse "honrado, honesto y honorable", ha asegurado que está "muy tranquilo" porque sobre su persona no habrá nada más en la operación "Brugal" que esa petición a Ortiz, y ha desvinculado la conversación que mantuvo con él de que en ese momento formara parte de la comisión municipal que estudiaba la remodelación del estadio Rico Pérez, de cuyo club de fútbol es dueño Ortiz.

Ha subrayado también que todas las conversaciones filtradas del informe policial, en las que existen sospechas de supuestos tratos de favor, salen a colación de planes o proyectos urbanísticos en los que el PSOE "siempre ha votado en contra".

Según ha explicado en el transcurso de la rueda de prensa, en la que ha recibido el apoyo de la práctica totalidad de la ejecutiva local, ha trasladado ya su decisión a las ejecutivas provincial y nacional del PSPV.

Moreno ha anunciado que seguirá ejerciendo como secretario general de la ejecutiva local del PSOE y ha anunciado este jueves una reunión urgente del organismo para comunicar su renuncia de forma oficial.

Flores llamó 'extraoficialmente' a Ortiz para informarle sobre la adjudicación de una contrata

ALICANTE.- Las conversaciones grabadas por la Policía a Enrique Ortiz desvelan que tenía una relación de amistad con el conseller de Infraestructuras, Mario Flores, al que considera "como un hermano", y que éste llamó al empresario "extraoficialmente" para informarle de que había sido adjudicatario de una obra de mantenimiento, según consta en un informe policial incluido en el sumario del 'caso Brugal'.

 

Así, el conseller llamó a Ortiz en julio de 2008 para comunicarle que había sido adjudicatario de las concesiones de conservación, reparación y adecuación de las carreteras de la Conselleria en Valencia Sur.

"Te llamo solamente para decirte que las sido adjudicatario de las concesiones de mantenimiento. O sea que, muérete", indica el conseller, y le pide expresamente "que no diga nada". Enrique Ortiz le corta y le dice: "ya lo sé. nada. Bueno, Te quiero", según recoge el informe policial .

Tras esta adjudicación, Ortiz mantiene en días sucesivos varias conversaciones con otras personas, en las que destaca que Flores "la verdad es que se está portando el tío conmigo de puta madre". "Me tiene encantado, sí señor", señala.

En otra comunicación, Ortiz reconoce que "al principio", Flores le había dicho en relación con esta concesión de mantenimiento, "que no podía ser, aunque le gustaría, pero no podía ser porque me había dado lo otro", en alusión al proyecto del tranvía adjudicado a la UTE de Ortiz con Fomento de Construcciones y Contratas SA (FCC), relativas a las obras de la variante ferroviaria de la Línea 1 del tranvía en el tramo de la Finca Adoc por cerca de 32 millones de euros.

Por otra parte, los agentes de la UDEF registraron una llamada telefónica entre Teodoro Velázquez, directivo del Grupo FCC y Ortiz, en la que Velázquez informa a este último empresario de que "Mario" -quien pudiera tratarse del citado conseller, según estima la Policía- le había explicado que la adjudicación del tranvía había sido "muy competido" y había tenido que soportar "muchas presiones".

Así mismo, según recoge el documento, Velázquez informa a Ortiz que el conseller le ha pedido que "le haga un favor", para ayudar al cierre de la temporada del Club Balonmano Femenino Mar Alicante con entre 60.000 y 70.000 euros.

Según el informe, Teodoro Velázquez no llega a comprometerse en nada con "Mario", pero llama a Ortiz para contárselo y le insta a que asuman el pago conjunto de esa cantidad, que concreta en 72.000 euros como UTE, porque como "FCC no puede".

No obstante, Ortiz se niega a pagar, alega que ya ha realizado "pagos anteriores a terceras personas", y recuerda que participa en diversos deportes. En este punto, Teodoro Velázquez remarca que "Mario" le ha llamado "por lo de la Finca Adoc", y con ello, según estima el informe de la Policía, "confirma la relación del favor solicitado con la concesión del trazado".

Ortiz mantiene su negativa a pagar y le comenta que es "una práctica habitual". En este sentido, el empresario alicantino le pone como ejemplo pagos solicitados a mercantiles como Acciona e Intersa-Infraestructuras Terrestres SA, y le explica que "no tendrá más remedio que pagar".

Enrique Ortiz también se pone en contacto con el presidente del citado club de balonmano, Antonio Navarro, quien está al tanto del encargo y le aclara que se ha solicitado "exclusivamente" a FCC, haciendo creer a Teodoro Velázquez que Ortiz ya había pagado una cantidad equivalente.

El informe policial recoge también que la relación existente entre Enrique Ortiz, Mario Flores y Antonio Navarro "no es nueva", y ese mismo mes de mayo Ortiz ordena a un directivo de una de sus empresas, Inusa, José Candel, que adquiera ropa de trabajo a la mercantil de Antonio Navarro.

Candel se muestra contrario, porque ya existe un contrato con otro proveedor, pero Enrique Ortiz justifica su decisión en que "Mario Flores es como un hermano suyo".

Las conversaciones entre Ortiz y Flores también recogen "charlas amistosas", en las que plantean la posibilidad de organizar una cena con sus respectivas mujeres.

La jueza independiente Pilar de la Oliva presidirá el TSJ de Valencia por su firmeza contra la corrupción

MADRID.- La titular del juzgado de instrucción número 10 de Valencia, Pilar de la Oliva, será designada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en sustitución de Juan Luis de la Rúa.

El Consejo General del Poder Judicial ha desbloqueado en el pleno celebrado este jueves las presidencias de los TSJ que todavía estaban pendientes, entre ellas la de la Comunidad Valenciana.

De la Oliva, que ha contado con el respaldo del grupo conservador, se ha impuesto en la votación a los otros dos magistrados que optaban a este cargo: el a priori favorito Pedro Castellano, y Javier Lluch Correl.

Durante la fase de entrevistas a los aspirantes, De la Oliva demostró su firmeza contra la corrupción en la Comunidad Valenciana, cuyo origen situó en el urbanismo.

La designación sobre el sustituto de De la Rúa ha sido hasta hoy una decisión espinosa, ya que el TSJ de Valencia es el órgano encargado de investigar la rama valenciana del caso 'Gürtel' y de decidir si juzga al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, por los trajes supuestamente obsequiados por Álvaro Pérez 'El Bigotes', socio del líder de la trama, Francisco Correa, en Valencia.

Hasta en tres ocasiones el CGPJ ha intentado sin éxito encontrar un recambio de garantías para el tribunal valenciano. En la último pleno, que tuvo lugar el pasado mes de septiembre, se optó por no someter a votación las candidaturas ante la certeza de que ninguna de ellas reuniría los apoyos suficientes.

El acuerdo, en esta ocasión, también se ha hecho esperar. Se ha cerrado esta misma mañana antes del pleno, después de que los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reunieran el miércoles sin obtener resultados.

De la Rúa, que desde hace más de un año ejercía en funciones de presidente del TSJ de Valencia, tuvo un papel decisivo en el archivo de la causa contra Camps y otros dirigentes del PP por un presunto delito de cohecho impropio. No obstante, la investigación fue reactivada por el Tribunal Supremo.

'Flamenquito', mojitos y 'marisquito' en el yate de Ortiz

ALICANTE.- El yate del poderoso empresario Enrique Ortiz fue escenario de fiestas, celebraciones y ágapes de lujo, regados con el mejor vino y champán, para que los dirigentes del PP de Alicante se reunieran y celebraran alguno de sus logros políticos. Ya lo admitía, el 28 de agosto de 2009, la esposa del presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll: "Con amigos como tú, qué suerte tengo, qué afortunada soy", dijo Margarita de la Vega, tras disfrutar de unas vacaciones en Mallorca a bordo del yate Elena, propiedad del empresario, principal imputado en el caso Brugal, según recoge hoy 'El País'.

En la cubierta del barco, según se desprende de la investigación policial, al parecer también se brindó por la aprobación provisional del Plan Rabassa, el plan urbanístico de Alicante o el archivo del caso de los aparcamientos.

En la noche del 26 de junio de 2008 el entonces alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, del PP, y su sucesora en el cargo, Sonia Castedo, junto a otros ediles populares, se enrolaron en el yate para festejar, según el sumario, el archivo por el Tribunal Supremo del llamado caso de los aparcamientos, que precisamente investigaba un supuesto trato de favor del Ayuntamiento a Ortiz por la modificación de tres aparcamientos municipales, y en cuya causa estaban imputados Ortiz, Alperi y Castedo. El plan era cenar en el barco, ver el partido de las semifinales de Europa (España-Rusia) y luego contemplar, desde el mar, el castillo de fuegos artificiales desde la playa del Postiguet, con motivo de las fiestas de San Juan. La policía identificó en el barco a Ortiz, Alperi, Castedo y a los ediles, Marta García Romeu, Sonia Alegría y Virgilio Ortiz, hermano del empresario.

La policía intervino una conversación del 25 de junio de 2008 entre el alcalde y el empresario, en la que quedó registrado cómo el alcalde confiesa: "Mañana va a salir ese tema, no sé si será buena idea, pero me la suda, podemos hacer una fiestecilla, invitar a los concejales que yo estime conveniente". "Preparemos un pequeño lunch", dice el empresario, a lo que el alcalde, contesta: "Nos tomamos unas cervezas y marisquito, yo te digo cuántos vamos, y lo hacemos en la cubierta de arriba". En otra conversación, interceptada por la policía, el empresario advertía a su hermano de que no le dijera a nadie que iba "a venir Luis", en referencia al alcalde. En esas fechas también se acababa de aprobar provisionalmente el plan urbanístico y el Plan Rabassa de Alicante. En agosto del año pasado la esposa de Ripoll narraba cómo estaban en el yate "bailando flamenquito, con los mojitos y el champán", y agregó que durmieron "maravillosamente bien, nos bebimos cinco botellas de champán y caímos pumba".

El sumario del 'caso Brugal' destapa un sinfín de corruptelas de cargos del PP

ALICANTE.- Los 40 tomos o 20.000 folios del caso Brugal, una investigación judicial que arrancó con la supuesta adjudicación irregular de un contrato de basura por parte de la Diputación Provincial de Alicante, salpican a varias decenas de dirigentes políticos, mayoritariamente del PP, que tiene en su poder los principales Gobiernos en la comunidad valenciana, pero también a alguno del PSOE, según 'El País'.

La lectura de miles de folios de la investigación judicial muestra un sinfín de corruptelas que afectan a concejales, alcaldes, diputados provinciales y hasta consejeros autonómicos valencianos.

La mecánica era siempre la misma: los empresarios que pretendían algún trato de favor de las instituciones valencianas, o bien pagaban comisiones ilegales a los cargos públicos o intermediarios que les favorecían, o bien colocaban a parientes de esos cargos públicos en sus empresas; o ponían a disposición de los dirigentes políticos un yate con el capitán incluido; o hacían regalos especialmente caros a sus benefactores. Lo que sigue es solo una muestra de lo que aparece probado en el sumario por documentos oficiales o grabaciones telefónicas a sus protagonistas.

- Concurso de basuras. La investigación destapa que en el concurso convocado para adjudicar el Plan Zona de Gestión de Residuos de la Zona XVII, hubo pactos encubiertos para que el empresario Ángel Fenoll, cuya oferta perdió, se quedara con una parte del negocio que le facilitó uno de los ganadores, Enrique Ortiz.

El sumario apunta a las gestiones del presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll (PP), para conseguir este objetivo. A cambio, Fenoll compró una televisión local en quiebra por orden del propio Ripoll. A su vez, el adjudicatario del negocio de las basuras, Enrique Ortiz, premió con regalos al presidente de la Diputación Provincial por esta concesión.

- Plan General de Alicante. Los crecimientos urbanísticos de Alicante destaparon la influencia del empresario Enrique Ortiz sobre las decisiones del Gobierno municipal, presidido por la alcaldesa Sonia Castedo, del PP. Así, en la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana, Ortiz mantuvo contactos con las principales autoridades responsables del plan y presumió ante sus empleados de que era "la mano negra" en ese proyecto.

- Estadio Rico Pérez. Miguel Ángel Fuster, amigo del vicepresidente autonómico, Gerardo Camps, intermedió, según la investigación, para que la Comunidad Valenciana avalara por 16 millones de euros al club de fútbol del Hércules, cuyo principal accionista era Enrique Ortiz. Este empresario pagó al intermediario al menos 12.000 euros por sus gestiones, según el sumario del caso.

- Empresa del hijo del alcalde. Como favor al hijo de Luis Díaz Alperi, ex alcalde de Alicante que facilitó a Enrique Ortiz las operaciones urbanísticas más importantes de la ciudad, el empresario le crea una sociedad de publicidad llamada Verass Operadores Publicitarios.

- Enchufismo. La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo Ramos, logró que Enrique Ortiz colocara en sus empresas a dos personas que había recomendado. Castedo mantenía con Ortiz una estrecha relación sobre los negocios del empresario, destapada por los pinchazos telefónicos.

- Entradas gratis. Enrique Ortiz regaló cuatro entradas por 600 euros a un concejal de Alicante cuyo voto era importante para alguno de los negocios del empresario.

Son solo algunos de los ejemplos de las innumerables corruptelas que ha descubierto una larguísima investigación judicial que dura varios años y que ha destapado en distintas instituciones de la Comunidad Valenciana una serie de adjudicaciones irregulares basadas en el trato de favor al poderoso Enrique Ortiz. Este empresario hablaba también con parientes de los principales miembros del Gobierno de Francisco Camps, como el consejero Juan Cotino o el ex consejero Fernando de Rosa y trataba sobre negocios multimillonarios (el concurso eólico o la construcción de Palacios de Justicia) que adjudicaba el Ejecutivo de la Comunidad Valenciana.

El PSPV cree que la alcaldesa viajó en el yate de Ortiz para celebrar el PGOU

ALICANTE.- El PSPV-PSOE cree que la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, viajó en el verano de 2009 a Ibiza en el yate del constructor Enrique Ortiz para celebrar que poco antes se había aprobado provisionalmente el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). 

La candidata a la alcaldía y secretaria de Organización del PSPV-PSOE, Elena Martín, se ha referido a los informes policiales y de la fiscalía Anticorrupción donde se señala que Castedo podría haber cometido tres delitos por beneficiar a Enrique Ortiz, y que éste le habría dado "dádivas", entre ellas un viaje en yate a Ibiza, lo cual fue admitido por la alcaldesa el pasado lunes.

En rueda de prensa, Martín ha preguntado públicamente a la alcaldesa quienes viajaban en el yate y "qué se celebraba" para, a continuación, opinar que la explicación está en lo que acababa de ocurrir en el ayuntamiento, con la aprobación provisional del PGOU (sólo queda pendiente el visto bueno de la Generalitat Valenciana).

Según Martín, con el nuevo planeamiento el constructor Ortiz es, en solitario o con otros socios, el propietario del 70 por ciento del suelo de la ciudad, por lo que ha pasado a "controlar" el futuro inmobiliario en un régimen "casi de monopolio".

Ha acusado a Castedo y al antecesor de ésta en el cargo, el popular Luis Díaz Alperi, de haber convertido el ayuntamiento en "un colador para la corrupción" y, aunque explícitamente no ha exigido la dimisión de la alcaldesa, sí ha observado que no se entiende que un dirigente público "se mantenga en el poder" con todo lo conocido.

Ha proseguido que la alcaldesa ha "pervertido" el mandato de los ciudadanos, como lo refleja que el fiscal crea que ha cometido los delitos de cohecho, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada facilitada por autoridad.

La candidata del PSPV-PSOE ha calificado los últimos acontecimientos como "de suma gravedad" y ha sostenido que el PP tiene "paralizado" el ayuntamiento, lo que provoca una situación de abandono en la ciudad y de pérdida de oportunidades.

Ha criticado que Castedo reconozca que Ortiz tiene un contacto directo con ella y que le pide cosas, cuando "el resto" de alicantinos deben pasar por el registro municipal o por las alegaciones para plantear sus propuestas.

También que la alcaldesa admita que usa sus influencias para que Ortiz dé trabajo a algunas personas y, tras señalar que así vulnera el principio de igualdad, ha sospechado que los beneficiados deben ser "amiguitos o militantes del PP".

Tras el contenido de los informes policiales y de la fiscalía, Martín ha apuntado que ahora se descubren "las claves de la sucesión", en referencia a la precipitada dimisión de Díaz Alperi y su sustitución por Castedo en septiembre de 2008, y ha comentado que ambos "comparten intereses".

Según la socialista, el ayuntamiento y la ciudad atraviesan una crisis institucional en valores y en modelo, y en este punto ha recordado que las posibles acusaciones a Castedo y Díaz Alperi se suman las imputaciones de otros tres concejales populares por distintos casos: José Joaquín Ripoll, Andrés Llorens y Francisco "Kiko" Sánchez Luna.

Sobre la inclusión en los informes del nombre de José María Pajín, padre de la ministra de Sanidad, Leire Pajín, ha recordado la presunción de inocencia y se ha remitido a las declaraciones de su entorno mientras que sobre el ex concejal socialista Javier Gutiérrez, también citado en los documentos, ha indicado que su partido es contundente con casos de personas involucradas con la corrupción.

Martín ha hecho una viva defensa de la actuación de la policía, fiscales y jueces, y ha solicitado "respeto" a los dirigentes del PP y a que eviten poner en cuestión a estas instituciones.

EUPV se personará en la parte que afecta al PGOU de Alicante y pide la paralización de dicho plan

VALENCIA.- La diputada de la Agrupación de Diputados No Adscritos y coordinadora general de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), Marga Sanz, ha anunciado que su formación se personará en el 'caso Brugal' "en lo que afecta al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)  de Alicante, para estudiar qué está sucediendo, si ha habido tratos de favor y conocer y denunciar, en la medida de nuestras posibilidades y de nuestra información, los hechos que están pasando". Asimismo, pide la paralización del planeamiento.

   Sanz, que se ha pronunciado de esta manera en lo pasillos de las Corts, ha exigido al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que dé explicaciones sobre las últimas informaciones publicadas con conversaciones de implicados en el 'caso Brugal', ya que, en su opinión, "ha llegado a extremos que exigen una explicación inmediata de lo que está sucediendo".

   En opinión de la dirigente de EUPV, se trata de "hechos gravísimos donde se implica a la cúpula del PP en Alicante". "Esto está salpicando al conjunto del PP y al conjunto de las instituciones y exige una respuesta", ha remarcado.

   De esta manera, Marga Sanz ha explicado que esta mañana han tomado la decisión de personarse en el 'caso Brugal' porque entiende que el PGOU de Alicante "se debe paralizar y debe haber muchas explicaciones sobre lo que está pasando y las posibles implicaciones de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo y otros concejales".

   "Ante todo, exige una explicación del presidente por la dimensión que está tomando este caso y que excede lo que en estos momentos podría ser contestado por un conseller, alcaldesa u otra persona de la administración valenciana", ha subrayado.

Alarte afirma que 13 de los 54 diputados 'populares' en las Corts están vinculados con casos de corrupción

VALENCIA.- El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, ha destacado que 13 de los 54 diputados 'populares' en las Corts Valencianes están "vinculados con casos de corrupción", por lo que "si se aplicara la ética política y democrática más básica" y "se quitarán a los 13 diputados", "el PP no sólo no tendría mayoría democrática" en el Parlamento valenciano, "sino que tendría que haber disuelto la Cámara".

   Alarte ha hecho estas declaraciones antes de asistir al inicio de la Escola de UGT-PV, celebrada en el Parque Tecnológico de Paterna, un evento que presentó el secretario general de la UGT, Cándido Méndez. Durante la comparecencia, el líder valenciano ha mostrado una foto del hemiciclo valenciano y 13 marcas en cada uno de los diputados "relacionados con casos de corrupción a lo largo y ancho de la Comunitat".  

   El representante socialista ha asegurado que "la situación de la Comunitat Valenciana en términos de funcionamiento democrático es cada vez más grave y alarmante".

"Cada vez que los tribunales, la Fiscalía o la Policía investiga cualquier hecho tiene que ver con un responsable del PP", ha criticado.

   En este sentido, ha detallado que "de las tres capitales de provincia, tres están relacionadas con casos de corrupción; de las tres diputaciones, dos implicadas en casos de corrupción; el presidente de la Generalitat y todos los vicepresidentes, vinculados a casos de corrupción, así como la alcaldesa de Valencia y la de en Alicante".  

   Ante esta situación, Jorge Alarte ha asegurado que su formación está "dispuesta, libre y decidida a marcar la diferencia" con el objetivo de que "se vea con nitidez una posible alternativa, un instrumento de cambio y una posibilidad de una política y vida pública distinta".

Leire Pajín asegura no tener "nada que ver" con la trama y pide que se expliquen los que citan a su padre

MADRID.- La nueva ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, ha asegurado este miércoles que no tiene "nada que ver" en el 'caso Brugal', tras la publicación de unas conversaciones grabadas por la Policía y en las que se cita a su padre, y ha subrayado que quienes tienen que explicarse son aquellos que le citan en las conversaciones. "No tenemos nada que ver", ha subrayado. 

   En declaraciones en la Cámara Baja, Pajín fue preguntada por una conversación de 2008 entre el promotor Enrique Ortiz, presuntamente implicado en los casos de corrupción 'Gürtel' y 'Brugal', y el entonces alcalde de Alicante, el 'popular' Luís Díaz Alperi, en la que aparece el nombre de su padre, que entonces trabajaba como asesor en la Subdelegación del Gobierno.

   La ex secretaria de Organización del PSOE ha dicho que se ha enterado de ese dato por la prensa, que este miércoles transcribe la charla, y aconsejó preguntar a los protagonistas de esa conversación telefónica. "Así de paso nos enteramos los demás", ha agregado.

   Eso sí, Pajín, que entonces era secretaria de Estado de Cooperación Internacional, se ha querido desmarcar de esta trama, que hasta ahora se enfoca hacia el PP. "Les puedo asegurar con toda tranquilidad que no tenemos nada que ver en esa trama", ha remarcado la ministra, antes de insistir en que quienes "deben responder" sobre esta cuestión son quienes han hablado en esa charla telefónica.

Blanco descarta el peaje a camiones esta Legislatura y trabajará para que no "lastre" la economía

MADRID.- El ministro de Fomento, José Blanco, descartó la implantación en España, al menos dentro de la presente Legislatura, del cobro de un peaje a los camiones que circulen por las autovías europeas, la denominada 'Euroviñeta'.

   Blanco explicó que este peaje no será aprobado definitivamente en la UE en el marco temporal de la presente Legislatura de Gobierno en España. "Y si no está aprobada, malamente se podrá aplicar", apuntó el ministro durante su intervención en el pleno de control del Congreso.

   El titular de Fomento detalló que, tras su reciente paso por el Consejo de Transportes Europeo, la directiva europea que regulará esta tasa debe pasar ahora por el Parlamento Europeo y volver después al Consejo de ministros de Transportes.

   Blanco rechazó que España esté bloqueando esta norma en la UE. Según explicó, "trabaja para que introduzcan cambios para que su aplicación en un país periférico como España mejore y no suponga un lastre para su desarrollo económico", dado que, en su opinión, los avances conseguidos hasta ahora "son importantes, pero no suficientes desde punto de vista español".

   "España, junto con otros países europeos, trata de construir en positivo para no perjudicar los intereses de su economía en general y el sector del transporte de mercancías por carretera", aseguró ante la Cámara Baja.

   Entre los avances conseguidos, relató que "se ha conseguido" reorientar los costes de congestión relacionados con el peaje, reducir el numero máximo de horas de congestión y que los camiones denominados 'Euro 5' sean eximidos de pagar por emisiones hasta que paguen los 'Euro 6'.

   El diputado del grupo parlamentario vasco José Ramón Beloki Guerra demandó al ministro que explique las razones del Gobierno español para no aplicar este peaje a camiones, y le instó a que, con 'Euroviñeta' o sin ella, aborde en esta Legislatura el "problema de la financiación de infraestructuras".

La Comunidad Valenciana, entre las siete regiones europeas con más paro

BRUSELAS.- Canarias, Andalucía, Comunidad Valencia, Murcia, Extremadura, Castilla-La Mancha y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla figuran entre las 12 regiones europeas con más paro con una tasa que oscila entre el 26,2% y el 18,8% de la población activa. Estas comunidades autónomas copan también la lista de regiones con más desempleo juvenil y femenino, según un informe de Eurostat hecho público con datos correspondientes a 2009. 

   El departamento francés de ultramar Reunión es la región de la UE con más paro (27,1%). Le siguen Canarias (26,2%), Andalucía (25,4%), Melilla (24,2%), Guadalupe (23,4%), Martinica (21,8%), Comunidad Valenciana (21,2%), Murcia (20,7%), Extremadura (20,5%), la Guayana francesa (20,2%), Ceuta (18,9%) y Castilla-La Mancha (18,8%).

   En el extremo contrario de la clasificación, con una tasa de desempleo inferior al 3%, se encuentran regiones como Zelanda, Gelderland, y Utrecht (Países Bajos), Bolzano (Italia) o Tirol (Austria).

   Melilla encabeza la clasificación de regiones europeas con más paro femenino (33,6%), seguida de Reunión (29%), Ceuta (28,2%), Andalucía (27,1%), Canarias (27%), Guadalupe (26,3%), la Guayana francesa (26,3%), Extremadura (25,3%), Martinica (23%), Castilla-La Mancha (21,4%), Comunidad Valenciana (21%) y Murcia (18,8%). En contraste, Zelanda, Utrecht y Tirol tienen también una tasa inferior al 3%.

   Por lo que se refiere a los jóvenes entre 15 y 24 años, las tasas más altas de paro corresponden a Guadalupe (59,3%), Martinica (57,6%), Reunión (49,6%), Canarias (47,9%), Andalucía (45%), Cerdeña (44,7%), Extremadura (41,2%), Melilla (39,7%) y Comunidad Valenciana (39,5%).

   Mientras tanto, las regiones holandesas de Zelanda, Gelderland, Overijssel y Utrecht registran un desempleo juvenil inferior al 6% de la población activa.

Eduardo Zaplana, mejor ministro de Trabajo de la última década

MADRID.- Eduardo Zaplana, que fue ministro de Trabajo con el PP desde julio de 2002 hasta marzo de 2004, ha sido elegido mejor ministro de Trabajo de la última década, según una encuesta del periódico 'online' de recursos humanos RRHH Digital.

   Zaplana, que abandonó la política en abril de 2008 para trabajar en el Grupo Telefónica, consiguió el 32,87% de los votos de los lectores de RRHH, frente al 26,98% cosechado por Manuel Pimentel (PP), el 18,2% de Jesús Caldera (PSOE), el 14,26% de Celestino Corbacho (PSOE), el 7,31% de Juan Carlos Aparicio (PP) y el 0,37% de Javier Arenas (PP).

   Eduardo Zaplana, que actualmente es adjunto al secretario general de Telefónica, recibirá este premio, del que ha dicho que es una "gran sorpresa", teniendo en cuenta que hace casi tres años que dejó la política, y una "gran satisfacción".

Luna asegura que "no hay nada que incrimine" ni a Leire Pajín ni a su padre

VALENCIA.- El portavoz del PSPV en las Corts Valencianes, Ángel Luna, considera que en las conversaciones entre el promotor Enrique Ortiz, presuntamente implicado en los casos de corrupción 'Gürtel' y 'Brugal', y el ex alcalde de Alicante, el 'popular' Luis Díaz Alperi, en las que aparece el nombre del padre de la ministra de Sanidad, Leire Pajín, y ella misma, "no hay nada que incrimine ni a uno ni a otra".

   Luna, en los pasillos de las Corts, ha apuntado que no puede "añadir nada más" porque se trata de "conversaciones de terceras personas que dicen que van a hablar con", por lo que "no hay nada que incrimine ni a uno ni a otra". Asimismo, ha señalado que "no son comparables ese tipo de conversaciones en las que un tercero alude a otro tercero, con conversaciones directas y personales" que, según lo publicado, "implican gravemente a consellers del Gobierno valenciano, a familiares de consellers y ha adjudicaciones y contratos muy determinados".

   Luna ha destacado también que lo que se conoce hasta ahora es una "pequeña cata de lo que puede haber" y "si esto ha sido la cata, imagínense lo que puede salir cuando se haga un examen exhaustivo" de las piezas del sumario. "La verdad es que es para estar seriamente preocupados", ha apostillado.

   Por otro lado, ha advertido de que la "situación de corrupción es difícilmente ocultable en cualquier institución" de la Comunitat, donde, "en lugar de hablar de determinadas instituciones y de determinada cúpula del PP" implicadas en supuestos casos de corrupción, "estamos hablando de una asociación delictiva, extendida en todo el ámbito de la Comunitat". Por ello, ha exigido al presidente de la Generalitat y del PPCV, Francisco Camps, que dé explicaciones.

   "Los indicios que apuntan a las relaciones entre algunos empresarios, la manera de obtener contratos públicos, la manera de repartirse las cosas y de incitar a la comisión de este tipo de actuaciones, invitan a -decir- que estamos ante una auténtica asociación delictiva gravísima". Por ello, ha exigido a quien está "al frente tanto del partido como de la Generalitat en esta comunidad salga a explicar algo".

   El síndic socialista ha agregado que "esta vez ya no hablamos de tres trajes", sino de algo "serio, grave y que pone en cuestión el funcionamiento de las más importantes instituciones de esta comunidad", ha dicho Luna, que ha comentado que esta situación, para los ciudadanos es un "auténtico escándalo lo que está pasando". De esta manera, ha insistido en que "alguien con un sentido de estado tendría que salir a dar explicaciones".

   Luna, al respecto, ha advertido de que no le vale que digan que "todos somos iguales" porque "algunos hemos tenido algún problema con alguno de nuestros dirigentes o algún alcalde y están en la calle y fuera de las instituciones". En este sentido, ha recordado al alcalde de Bigastro o al de Santa Coloma de Gramanet, "o a quien sea".

   "No hay comportamiento igual en este tema. No hay más comportamiento admisible que dar explicaciones que poner en la calle a quien haya tenido comportamientos que no se ajusten al mínimo ético exigible a un político o a la legalidad vigente", ha dicho.

   Por otro lado, ha declarado que "ante la avalancha de noticias, uno se podría imaginar que habría cola de diputados del PP para dar explicaciones por los gravísimos casos de corrupción de que se les acusa. Sin embargo, nadie sale a decir nada que no sea atacar a las instituciones del Estado".

Sami Naïr alerta sobre "declaraciones alarmantes" en España sobre inmigración

MADRID.- El sociólogo y filósofo francés Sami Naïr advirtió hoy de que en España se están produciendo "declaraciones alarmantes" respecto a la inmigración, principalmente en Cataluña. 

Naïr hizo estas manifestaciones durante la presentación en Madrid de su libro "La Europa mestiza. Inmigración, ciudadanía, codesarrollo" (Galaxia Gutenberg. Círculo de Lectores).

Opinó que el tema migratorio se ha planteado "muy rápido" en España, concretamente en los últimos diez años.

No obstante, el catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad de París VIII señaló que en España "se portaron bastante bien" en los últimos seis años en este asunto.

Pese a todo, alertó de que en los últimos tiempos se están produciendo "declaraciones alarmantes", principalmente en la región de Cataluña.

Naïr, que ha sido asesor del ministro del Interior francés en integración de los inmigrantes (1997-1998), apuntó que el ex ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, "está al límite de lo aceptable en su discurso sobre la inmigración ilegal".

También se refirió a la expulsión de gitanos rumanos en Francia por parte del Gobierno y lo volvió a calificar de "vergonzoso".

Lamentó que la Unión Europea (UE) no condenara la actitud del presidente francés, Nicolás Sarkozy, y lo achacó a que Europa "no existe como conjunto político".

Respecto a las palabras del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de no prejuzgar las expulsiones de gitanos rumanos realizadas por Francia hasta que la Comisión Europea lo investigará, Naïr dijo que, a su juicio, fue "por solidaridad dentro del marco europeo".

"España necesita el apoyo de Francia, de Europa", matizó.