lunes, 22 de noviembre de 2010

Ferrmed afirma que la crisis sería más llevadera si se hubiera invertido en el Corredor Meditarráneo y no en el AVE

VALENCIA.- El secretario general de Ferrmed, Joan Amorós, ha mantenido este lunes que el Corredor Mediterráneo es un eje "tan fundamental" para la economía española que si el Gobierno en lugar de una red radial del AVE que "no tienen rentabilidad" hubiera invertido en esta infraestructura la crisis "ahora sería más llevadera". 

  De hecho, en rueda de prensa para presentar el Manifiesto sobre la Red Ferroviaria Trasn-Europea de Mercancías, que incluye el Corredor Mediterráneo, ha concretado que supondría un ahorro económico de 67.000 millones de euros para la economía española entre 2016 y 2045 en comparación con el tráfico rodado.
  En el caso de la Comunitat Valenciana este ahorro sería de 19.000 millones y si además se tiene en cuenta que esta infraestructura permitirá a los puertos de la Comunitat canalizar el tráfico asiático marítimo y crear una industria transformadora de estos productos para ser comercializados en Europa aumentaría un 1 por cieno el PIB regional, con lo que los beneficios rondarían los 55.000 millones de euros en 10 años a partir de 2016. Y puso un ejemplo: de Valencia a Tarragona sólo circulan entre 10 a 20 trenes diarios mientras si estuviera en funcionamiento este corredor serían de 150 trenes.
  Por ello, ha recalcado la necesidad de que el Ministerio de Fomento materialice sus compromisos y establezca un calendario de actuación que, en su opinión, debe comenzar con un cambio de vía o la construcción de un tercer carril hasta Cartagena, presupuestado en 2.350 millones, que esté concluido en 2013. Posteriormente para 2017 las circunvalaciones de Valencia y Barcelona para evitar el tráfico de cercanías llegar hasta Almería para poder alcanzar Algeciras en 2019-2020. "Todo debe estar terminado  para 2020", ha señalado. Además, reclama que se reabra la conexión Lorca-Granada que se cerró a principios de los 80 pero con un trazado más idóneo para las mercancías.  
   Amorós ha expuesto que "siempre se habla del triángulo de oro ferroviario" que es Valencia, Madrid, Barcelona y vuelta a Valencia,. A partir de diciembre estarán dos patas: Valencia-Barcelona y Barcelona-Madrid, pero queda por hacer Barcelona-Valencia. En su opinión, resulta "increíble" que las dos ciudades más importantes, detrás de Madrid, o estén unidas por la alta velocidad y sí lo estén otras capiteles ya que esta unión permitirán liberar la línea para "el transporte de mercancías con la misma prioridad que los pasajeros convencionales".
  En ese sentido, ha recalcado: "las inversiones se debe hacer teniendo en cuenta la cohesión social, pero sin olvidar dónde está la rentabilidad económica", que en esta infraestructura, según ha puntualizado, es de 11,1% de retorno de media aunque en determinados tramos es muy superior, como en el tercer carril. Por ello, se calcula la inversión privada podría participar en un 30 por ciento de todo el corredor hasta Estocolmo. "Si España tiene la pretensión de convertirse en una plataforma logística intercontinental de primer orden sólo lo puede lograr si invierte en el Corredor Mediterráneo", ha señalado.  
  Del mismo modo, el vicedecano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat valenciana (COIICV), Javier Rodríguez, ha agregado: "un país vale las inversiones que poseen y los conocimientos que posee y un país sin industria está condenado a vivir de la caridad de los países ricos".
   Por ello, Ferrmed ha elaborado un manifiesto que presentará el próximo 12 de enero en el Parlamento Europeo de Bruselas con tres puntos esenciales: el primero, que están de acuerdo con la concepción de la red que propone la Comisión, es decir, una red ferroviaria europea que interrelacione todas los grandes corredores de mercancías de europea y sus puertos.
   El segundo, que esta red se establezca a partir de un estándares comunes y por último que incluya todas las líneas realmente importantes , los puertos , las industrias logísticas y por supuesto el Corredor Mediterráneo tan importante para Europa y España. Al acto está confirmada la asistencia del presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, y esperan contar con el de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, así como de una representación del Gobierno español.
  La Comisión europea presentará en enero u borrador de la red prioritaria que tras su discusión con los países implicados se presentará de forma definitiva en abril para su aprobación por el Consejo de Ministros y el Parlamento europeo. En marzo o a principios de junio estará definida la red europea de transportes y, desde Ferrmed, se espera con el Corredor Mediterráneo incluido.

El Ayuntamiento de Orihuela rechaza abrir un expediente a la UTE adjudicataria de la recogida de basuras

ORIHUELA.- El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Orihuela, del PP, ha rechazado abrir un expediente a la adjudicataria del servicio de recogida de basuras. En el pleno extraordinario, celebrado este lunes por iniciativa del grupo municipal socialista, los votos mayoritarios del equipo de Gobierno han impedido la apertura de un expediente a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por 'Sufi', 'Liasur' y 'Gobancast', tal y como habían pedido los socialistas.

   La propuesta ha sido rechazada con los votos del PP, que ha contado con mayoría suficiente pese a que las concejalas 'populares' Araceli Vilella y Eva Ortiz no han acudido al pleno, mientras que sí han votado a favor de la misma los concejales del PSPV, Los Verdes y Centro Liberal Renovador (CLR). 

   El concejal de Urbanismo y primer teniente de alcalde, Antonio Rodríguez Barberá, ha defendido la incompetencia del Pleno para acordar la apertura de expediente a la empresa adjudicataria, puesto que es la Junta de Gobierno la que tiene potestad para hacerlo. 

   Asimismo, ha detallado que, según la Ley, no se pueden abrir procedimientos contenciosos-administrativos si hay un proceso penal en marcha, por lo que ha opinado que "la propuesta del PSPV supone una vulneración de la norma".

   Por su parte, el concejal del PSPV Carlos Cascuñana ha explicado que la adjudicación que se ha puesto en duda cuesta al erario una cantidad de dinero equivalente al 120 por ciento del presupuesto anual municipal de Orihuela --la adjudicación se realizó por nueve millones anuales durante 25 años--. 

   El edil ha basado la petición de su partido en los informes policiales del 'caso Brugal', operación que investiga supuestas irregularidades cometidas en los procesos de adjudicación de los servicios de recogida y tratamiento de residuos de Orihuela y de la comarca de la Vega Baja.

   A raíz de las pesquisas, el pasado 6 de julio fueron detenidos tres concejales del equipo de Gobierno de Orihuela, que este lunes han rechazado la propuesta del PSPV, así como el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, y los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll.

   Bascuñana ha recordado las declaraciones que la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, hizo el 24 de marzo en 2006 en un medio de comunicación provincial y en las que aseguraba que las grabaciones que el empresario oriolano Ángel Fenoll entregó al fiscal Anticorrupción bastaban para dejar "desierto" el procedimiento. Las grabaciones contenían una conversación entre el propio empresario, imputado en el marco de la causa, y el ex concejal por Centro Liberal Jesús Ferrández relativa al concurso de las basuras de Orihuela.

   Este concurso terminó con la adjudicación del servicio el 30 de septiembre de 2008 a la mencionada UTE, detrás de la cual podría estar Fenoll, pese a haber presentado otra oferta con su mercantil 'Colsur', según apuntan los informes policiales. La doble participación, prohibida por la ley supondría la nulidad del procedimiento de adjudicación, ha explicado Bascuñana.

   De este modo, el concejal socialista ha expuesto que "bastante menos necesitó Lorente --en 2006-- para romper el equipo de Gobierno paralizar la adjudicación de las basuras y liar la que lió".

"Ahora no se puede rescindir el contrato porque al PSPV se le ponga por montera", ha señalado el edil socialista, para quien "está demostrado que Fenoll se presentó con dos ofertas al concurso", por lo que "'Colsur' y la UTE --adjudicataria del servicio-- deberían haber sido expulsadas del proceso".

   Durante su intervención, Bascuñana ha leído una conversación telefónica intervenida por la Policía Nacional que forma parte del sumario del 'caso Brugal' en abril de 2008. En uno de los diálogos, el gerente de la UTE y administrador de 'Liasur', Miguel San Andrés, le dice al hijo del empresario investigado, Antonio Ángel Fenoll, que "si no fuese porque me paga 'Proambiente' --otra empresa de Fenoll-- iba a comer yo mierda".

   Por su parte, el portavoz del grupo municipal de Los Verdes, Monserrate Guillén, ha leído un extracto del informe que el secretario municipal redactó acerca de la idoneidad del pleno y de su competencia para ejecutar la petición de los socialistas. Así, ha asegurado que el documento recoge que "el principio de prejudicialidad penal indica que la tramitación administrativa de los expedientes debe paralizarse o suspenderse cuando aparecen indicios de la comisión de actos delictivos".

   Asimismo, el portavoz de Centro Liberal Renovador, Pedro Mancebo, ha considerado que "cuando se habla de nulidad es porque hay un engaño a la Administración", a lo que ha añadido que los concejales del PP "no se sienten engañados porque ya sabían que eso era así --respecto a la doble concurrencia de Fenoll--".

   El Pleno municipal continuado con el segundo y último punto del día, referente a la asunción de las responsabilidades económicas por parte de los concejales que votaron a favor de dejar desierto el primer concurso de recogida de basuras de Orihuela y de la adjudicación del segundo en caso de que el Ayuntamiento tenga que pagar indemnizaciones a otras empresas participantes. 

   En este punto, el sentido del voto de las formaciones se ha repetido, por lo que el punto ha sido rechazado con los votos en contra del equipo de Gobierno y a favor de los ediles del PSPV, Los Verdes y CLR.

El juzgado nº 1 de Denia asume la investigación por el presunto fraude en el pesaje de basura en Calpe

DENIA.- El juzgado de instrucción número 1 de Denia ha asumido la competencia de la investigación sobre el presunto fraude en las facturaciones que la empresa Colsur --adjudicataria del servicio de tratamiento y traslado de basuras, propiedad de Ángel Fenoll, e investigada por la Fiscalía Anticorrupción en el marco de la operación 'Brugal'-- le realiza al Ayuntamiento de Calpe en el pesaje de la basura, según han informado  fuentes conocedoras del caso.

   El juzgado de primera instancia número 3 de Orihuela mandó en julio de 2010 al órgano de Denia un auto, en el que se inhibe, "por falta de competencia territorial", de lo que denomina "trama cuarta", relativa "al procedimiento de contratación de una planta de transferencia de residuos tramitado por el Ayuntamiento de Calpe".

   Durante el último Pleno municipal celebrado en Calpe, el alcalde, Ximo Tur, emitió un decreto por el que dejó sin competencias a los ediles del PP Javier Morató; Fernando Penella; y Juan Roselló, por su presunta relación con el presunto fraude cometido con el pesaje de las basuras.

   Asimismo, el primer edil anunció que solicitará el embargo de los bienes de Colsur, y que rescindirá el contrato con la compañía. Además, el Ayuntamiento calpino ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil por un presunto delito de "estafa continuada" contra Colsur.

Observatorio CAM llama a la plantilla de la caja a boicotear a CCOO por "venderles" en el SIP

ALICANTE.- El Observatorio CAM de Prejubilaciones, colectivo de empleados de Caja Mediterráneo que agrupa a 515 trabajadores mayores de 55 años, ha considerado que CCOO "vende a la plantilla CAM" con el preacuerdo alcanzado por este sindicato y CSI.F con la patronal de las cajas, y por ello ha llamado a la plantilla CAM a "boicotear" a CCOO en las elecciones sindicales del próximo miércoles, según ha informado en un comunicado el Observatorio. 

   Este colectivo ha recordado que CCOO cuenta con una "irrisoria" representatividad del 4 por ciento en CAM --y CSI.F con el 0 por ciento--, y con este peso "pretende decidir el futuro de 7.000 trabajadores, e imponer un modelo de prejubilaciones que saben que el colectivo CAM rechaza".
   El Observatorio ha propuesto a toda la plantilla de la CAM "boicotear de forma activa" las candidaturas de CCOO en las elecciones sindicales del próximo miércoles, para tratar de "poner freno al fiasco que están cocinando el SIP y CCOO".
   Al respecto, ha mostrado su "esperanza" de que un "descalabro en sus resultados les haga recapacitar", y ha instado al resto de sindicatos con representación en CAM, "que mantengan y refuercen la recién iniciada unidad sindical que agrupa a más del 90 por ciento de la representación legal".
   A estas fuerzas, les ha reclamado que empiecen a "trabajar unidos y con firmeza en defensa de un acuerdo digno", y se opongan "por todos los medios a la aplicación del asumido por CCOO".
   Así mismo, ha pedido a la dirección general que se "moje" por sus trabajadores en la presentación de una "propuesta digna" y que tome conciencia de que "no se puede estar diciendo a la sociedad que la nueva entidad ganará 1.500 millones de euros en 2015, mientras ahora racanea las condiciones de los trabajadores" que, "con sus salidas, sus movilidades geográficas o funcionales y su adaptación a la cultura de la nueva entidad, pueden hacerlo posible".
   El Observatorio de Prejubilaciones ha recordado las diferencias salariales entre las cajas del SIP, con la CAM como la entidad con  los costes salariales medios más bajos --sin incluir alta dirección-- de todo el grupo SIP, con diferencias que van desde el 9 por ciento con Caja Extremadura, hasta el 40 por ciento con Caja Cantabria, el 12 por ciento con respecto a CCM y el 16 por ciento con Cajastur.
   Así mismo, el citado colectivo ha lamentado que los esquemas propuestos en el preacuerdo suscrito por CCOO están basados en porcentajes de retribución, sin consideración alguna al paquete de beneficios sociales, que "sólo pueden satisfacer y favorecer a los colectivos con altas retribuciones y con menor gama de conceptos no salariales".
   "Sólo una falta de capacidad de análisis y de imaginación puede llevar a planteamientos tan simples como perjudiciales para los que figuran en peor situación de partida, es decir, los empleados CAM", han indicado las mismas fuentes.
   El Observatorio ha detallado que las condiciones preacordadas por CCOO contemplan unas percepciones 7 puntos porcentuales inferiores a  las de los prejubilados con anterioridad; niveles del 70 por ciento de salario neto cuando se lleve a cabo el retraso en la edad de jubilación y la imposibilidad de acceso para prejubilables con hijos en edad escolar o universitaria, o con hijos con alguna discapacidad.
   En opinión del Observatorio, CCOO debería tener en cuenta que un modelo de prejubilaciones que no alcanzara una suficiente acogida del colectivo al que va dirigido, "supondría la salida forzada y no deseada, bajo el eufemismo de "bajas incentivadas", de empleados de distinta edad y condición", según han apuntado las mismas fuentes.
   Ante esta situación, ha considerado que "el papel de CAM" en la representación de cajas es "de invitado de piedra", "como si no fuera con ella", dado que "aún no se ha visto en las propuestas de la patronal la influencia de CAM orientando hacia los modelos y planteamientos conocidos e implantados aquí".
   En este sentido, además ha estimado que "las diferencias salariales negativas en relación con cajas mucho más pequeñas y con resultados históricos más modestos que CAM debido a que no se ha hecho partícipe a la plantilla de la reiterada bonanza".

Luna asegura al juez que el coste de las obras en su casa fue sufragado por su mujer, dueña de la vivienda

VALENCIA.-El síndic del PSPV en las Corts Valencianes, Ángel Luna, ha asegurado al juez durante su comparecencia en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, --donde este lunes ha declarado como imputado por la querella que interpuso contra él el PP por un presunto delito de cohecho al considerar que había ofrecido trato de favor al constructor Enrique Ortiz a cambio de que éste se hiciera cargo de la reforma de su casa--, que el coste de los trabajos fue sufragado por su actual mujer, que es la dueña de la vivienda. 


   Además, según ha explicado a los periodistas al término de su declaración, en su comparecencia ha aportado la factura de su vehículo y ha dado al magistrado explicaciones de su actuación tanto como alcalde de Alicante como de su trabajo en la empresa del contructor alicantino.
   También ha comentado que no ha presentado la factura de la reforma porque las empresas que participaron "no guardan facturas de hace 13 años", aunque ha afirmado que, en la declaración, ha explicado "totalmente cómo se han producido los hechos".
   Luna, que llegó al TSJCV en compañía de su abogado hacia las 16.20 horas y abandonó las dependencias judiciales sobre las 18.00 horas, ha contestado a las preguntas del fiscal y del instructor, aunque no a las del abogado de la parte querellante "porque entiendo que el PP en este procedimiento no busca la verdad material sino manipular unos hechos sucedidos hace 13 o 15 años", ha dicho.
   El síndic del PSPV ha estado declarando durante una hora y el magistrado instructor no ha adoptado ninguna medida por lo que la causa sigue su curso, según han informado a Europa Press fuentes del TSJCV.
   Por su parte, el abogado de la parte querellante, Jorge Carbó, que ha abandonado las dependencias judiciales minutos antes que Luna, ha avanzado que ha efectuado la petición de declaración del constructor Enrique Ortiz y ahora está "pendiente" de que el tribunal acuerde esta práctica.
 También ha pedido el esclarecimiento de una "comisión municipal de investigación" sobre las adjudicaciones a Enrique Ortiz cuando Luna era alcalde de Alicante.
   Respecto a la declaración de Luna, el abogado ha señalado que la comparecencia, que ha sido "relativamente corta", ha transcurrido "con normalidad" y ha recordado que "el querellado se ha negado a contestar a las preguntas" formuladas por él y aunque ha admitido que Luna ha presentado documentos, "ninguno relativo a las obras de la vivienda de su mujer".
   Carbó también ha destacado que Ángel Luna, durante su declaración, ha incurrido en una "contradicción" porque ha dicho que su mujer pagó las facturas a Ortiz, excepto en un momento en el que ha comentado que las pagó él mismo.
   Respecto a este punto, Luna ha subrayado que "no ha habido ninguna contradicción" y ha tildado de "débil" la posición del abogado querellante "si lo que él interpreta como victoria de esta declaración es que ha habido alguna contradicción sobre si materialmente el dinero lo entregaba yo o mi mujer".
   "El dinero lo ha pagado la propietaria de la casa, independientemente de quien lo haya entregado físicamente en cada momento, algo que después de 13 años es muy difícil recordar", ha aclarado el síndic socialista.
   Luna ha subrayado, asimismo, que el auto de admisión a trámite de la querella --que atribuía un presunto delito de cohecho y de prevaricación-- "rechaza de plano" la acusación de prevaricación que contenía "y sorprendentemente el PP no ha recurrido la admisión a trámite", lo que, en su opinión, "da una idea de la ligereza con la que se ha planteado la querella" porque, en palabras de Luna, "si alguien piensa que ha habido prevaricación tiene que mantenerlo hasta al final".
   Para el representante socialista, esta actuación del PP se debe a que la querella "ha sido simplemente un instrumento para neutralizar a una persona que está resultando incómoda, una voz incómoda en las Corts y fuera de las Corts".
   Jorge Carbó, preguntado sobre por qué no ha recurrido la admisión a trámite de la acusación de prevaricación, ha señalado que "el auto está ajustado a derecho".
   En términos generales, Luna ha apuntado que a ha asistido a su declaración "solo y tranquilo".
"No he necesitado montar ningún numerito de presión hacia los jueces porque tengo la conciencia tranquila", ha recalcado Luna, quien ha manifestado que no se ha recurrido el auto de admisión a trámite de la querella porque "hemos preferido que la querella caminara con toda la rapidez posible para que cuanto antes los jueces determinen lo que tengan que determinar sobre este asunto".
   Ha sostenido que ha rechazado contestar al abogado del PP porque "en este procedimiento el PP no busca la verdad material sino manipular unos hechos sucedidos hace 13 o 15 años" para, en su opinión, "construir una historia que me mantega en los medios de comunicación como persona imputada, queriendo colocarme en pie de igualdad con aquellos imputados del PP que lo están después de una actividad investigadsoire de la policía, fiscales y jueces".
   Además, ha indicado que, aparte de la factura del vehículo, ha aportado la nota del registro de la vivienda, "donde se ponen de manifiesto algunas de las inexactitudes con las que se ha fabricado toda esta historia", por ejemplo "que se habían unido varios pisos o que el piso tenía 310 m2".
   Inquirido sobre la supuesta comisión municipal de investigación para aclarar las adjudicaciones a Enrique Ortiz cuando Luna fue alcalde, el síndic ha asegurado no tener constancia de esta comisión y ha aclarado que él como alcalde "no tenía ninguna facultad de contratar". 
"Todas las facultades de contratar estaban delegadas en la comisión de gobierno o en los concejales delegados. Yo personalmente jamás realicé ninguna adjudicación", ha afirmado.

El 68% de los españoles defiende que los inmigrantes mantengan sus costumbres

MADRID.- El 68 por ciento de los españoles está a favor de que la población inmigrante mantenga sus tradiciones y costumbres "siempre y cuando" no entren en conflicto con los valores propios de España, según se desprende de la encuesta 'La percepción de los españoles sobre la diversidad y la inmigración', elaborada por la Fundación Bertelsmann.

   El documento, presentado este lunes en Madrid en el marco del V Congreso Diálogo y Acción, bajo la dirección de Fernando Vallespín, ex presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), también refleja que la crisis "no ha acentuado las percepciones negativas de los españoles hacia la inmigración que llega a España".
   En opinión de Vallespín, España vive "un momento de estancamiento" con respecto al fenómeno de la inmigración ya que "no se percibe un cambio sustantivo en la opinión de los españoles" relativo a este tema. "Los españoles ven la inmigración como algo normal. Se ha integrado la inmigración como un fenómeno globalizado y habitual", ha asegurado.
   Así, mientras que el 63 por ciento de los españoles decía tener contacto con los inmigrantes en el año 2005, el porcentaje se eleva hasta el 85 por ciento en la encuesta de este año. Además, un 89 por ciento de los encuestados se muestra a favor de la inmigración al suscribir que "toda persona debería tener la libertad de vivir y trabajar en cualquier país, aunque no fuera el suyo".
   "Los derechos cívicos son los que mejor van a integrar a los inmigrantes", ha subrayado Vallespín que ha reiterado que "el mejor mecanismo de integración pasa por tratar a los inmigrantes en igualdad de condiciones".
   A modo de ejemplo, el experto ha destacado el apoyo mayoritario que suscitan aspectos como el acceso a la educación pública (97%), la asistencia sanitaria gratuita (91%), obtener un puesto de trabajo en igualdad de condiciones (92%), cobrar un subsidio (93,5%), obtener la nacionalidad española (86%) o votar en las elecciones municipales (83,2%).
   En el capítulo de la educación, los encuestados afirman que les importa poco (83%) o nada (66%) que sus hijos compartan clases con alumnos de origen extranjero. En la misma línea, un 73 por ciento señala que la presencia de hijos de inmigrantes en la escuela "es enriquecedora para el conjunto de los alumnos y no empeora la calidad de la educación".
   Los encuestados consideran que las diferencias de rendimiento entre alumnos españoles e inmigrantes son fruto del desconocimiento de la lengua (66%), del apoyo que reciben de sus padres (71%) o del hecho de que los profesores no puedan prestarles una atención diferenciada (72,5%).
   En cuanto a los aspectos negativos que refleja el estudio, el 67 por ciento de la población considera "elevado" el número actual de inmigrantes censados en España --la población inmigrante supone el 12,2 por ciento de la población, un total de 5,7 millones de personas-- y un 72 por ciento de los ciudadanos ve con "preocupación" el tema de la inmigración. Además, un 31 por ciento es partidario de la expulsión de aquellos inmigrantes que se han quedado sin trabajo y permanecen "en el paro durante mucho tiempo".
   Por otro lado, un 65 por ciento de los encuestados tiene "muy en cuenta" las propuestas de los partidos sobre "cómo actuar con los inmigrantes legales", mientras que un 58 por ciento se interesa "mucho" por las propuestas "en relación con los inmigrantes ilegales". Vallespin ha subrayado que "estos porcentajes no alcanzan el nivel de otros asuntos más decisivos en la intención de voto, como las políticas de sanidad (81%), educación (78%) o económica (72%)".
   El estudio también constata diferentes opiniones en función de la ideología política ya que el 68 por ciento de los votantes de los partidos del PP se muestran contrarios a que los inmigrantes puedan votar en las elecciones generales frente a un 96 por ciento de los votantes de Izquierda Unida que sí concederían este derecho.
   En cualquier caso, Vallespín cree que la utilización de la inmigración como un asunto político es "un error" y ha aclarado que las opiniones de la encuesta no se pueden extrapolar a localidades específicas. "El resultado sería diferente según la comunidad autónoma en la que se realizara el estudio. De todos modos, los problemas específicos de localidades concretas no se pueden trasladar a nivel general", ha insistido.
   En la presentación del estudio, la presidenta de la Fundación Bertelsmann, Liz Mohn,  ha asegurado que "el siglo que viene, no será europeo ni americano, será una siglo global, y eso no tiene parangón en la historia". 
"Una mayor diversidad cultural significa nuevas oportunidades para la sociedad", ha indicado.

35 años de Monarquía y fin de la Transición / Pablo Sebastián

Podría ser que la declaración Atlántica de Lisboa, donde se extienden las responsabilidades de Seguridad y Defensa de los países de la OTAN a todo el Planeta -con el argumento de la lucha contra el terrorismo- suponga entre otras cosas que Ceuta y Melilla ya están bajo el paraguas de la Alianza Atlántica, cosa que no ocurría hasta ahora. De ahí que la situación de ambas plazas españolas constituyera el “talón de Aquiles” del chantaje de Marruecos sobre España, como se ve con frecuencia y ha reaparecido con nitidez durante la reciente crisis del Sáhara donde la monarquía alauita de Mohamed VI ha vuelto a aprovechar -como en la muerte de Franco- la actual inestabilidad política, económica y social de España para avanzar en su política expansionista. Naturalmente, imaginar que la troika diplomática que representó España -Zapatero, Jiménez y Chacón- en la reciente cumbre atlántica de Lisboa se haya percatado de la importancia y alcance de esta interpretación de la nueva definición atlántica es demasiado pedir, por más que sobre el papel no deja de ser una novedad e interesante realidad que debe inquietar a Marruecos.

Sobre todo en este convulso tiempo español, donde las barbas financieras de Irlanda -y pronto las de Portugal- están siendo peladas por el barbero del rescate financiero de la Unión Europea, mientras en Cataluña estamos al borde de una renacer del nacionalismo pro independentista de la mano de un taimado Artur Mas que con su minoría “decisiva” pretenderá someter la soberanía nacional como recientemente lo hizo, con solo siete diputados, el PNV a cambio de aprobar a Zapatero los Presupuestos de 2011, con lo que se completa y escenifica el deterioro de España en la cohesión nacional, así como en la dramática situación económica y social y en la política Exterior, como se aprecia en la crisis del Sáhara.

Ofreciendo todo ello y coincidiendo con el 35 aniversario de la instauración por el general Franco de la Monarquía de don Juan Carlos I un escenario de final del Régimen de la transición de la dictadura franquista a favor de la pretendida Democracia española -más bien una partitocracia-, que si bien consiguió el objetivo de la reconciliación nacional de “las dos Españas” enfrentadas en la Guerra Civil, la recuperación de las libertades y nuestra integración en las instituciones democráticas europeas, lo que constituye un excelente balance, aún tiene pendiente en España el logro de la verdadera y moderna democracia y la primacía de la identidad y cohesión nacional, hoy a la deriva entre el caótico modelo autonómico del Estado y la insaciable sed independentista de los políticos nacionalistas, que viven del discurso de la ruptura al margen del sentimiento ciudadano, como se aprecia ahora en Cataluña con el hundimiento electoral de los radicales de Esquerra (ERC).

El paso de la Transición a la Democracia bien podría ser la misión o tiempo del Príncipe de Asturias, don Felipe de Borbón si las cosas se hacen bien -o en su defecto de la III República- una vez que las grandes fuerzas políticas nacionales, hoy encarnadas por el PSOE y el PP, estén en condiciones de liderar y de sellar un pacto nacional de reforma democrática y del modelo político, económico y social de España, al margen de los chantajes de las minorías nacionalistas, separando de una vez por todas los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, cambiando la ley electoral hacia un modelo representativo justo, y poniendo fin al imperio y al dominio del poder por los aparatos de los partidos políticos. Los que están dominados por una clase política sin prestigio social, donde la mediocridad, la falta de formación y la incapacidad de los gobernantes alcanzó cotas insufribles y está en el origen de los graves problemas que inundan la vida española y enturbian el horizonte de nuestro país en un mundo convulso y globalizado.

Los 35 años del Rey don Juan Carlos ofrecen un buen balance global para la Historia de este país, por más que permanecen zonas oscuras relativas al golpe de Estado del 23-F, la corrupción política, los crímenes del GAL, etc. Pero tiempo es de avanzar en la reforma democrática y cohesión nacional de España y ello sólo será posible con un pacto político de las dos fuerzas nacionales más representativas y las minorías que se quieran sumar, que ha de comenzar con un primer pacto de batalla frontal a la crisis económica y social que nos invade, dejando de lado y en su función de minorías a los insaciables del nacionalismo, y buscando una zona de confianza dentro y fuera de España que permita un esperanzado horizonte de recuperación de la economía y de estabilidad financiera.

Un camino sin duda difícil y escabroso pero obligado e imprescindible, y desde luego muy difícil de imaginar bajo el liderazgo de Zapatero una vez que este presidente ha negado a España la crisis económica, y ha probado su incapacidad y la de su gobierno para hacer frente a los problemas de nuestro tiempo y de la sociedad. Al final de este camino habrá que llegar a un verdadero periodo constituyente español -que se nos negó en el difícil inicio de la transición por la presión del franquismo saliente-, sin miedo a las reformas democráticas y de cohesión nacional. Porque los problemas que sufre España en estos momentos no sólo dependen de la crisis general, o si se quiere internacional, ni tampoco y en exclusiva de los malos gobernantes sino de un cúmulo de elementos entre los que destacan las pésimas reglas del actual juego político español que consienten todo esto y que, agotada la transición, nos han conducido a la vigente situación.

Los 35 años de la Monarquía
Las crónicas celeste y rosa que en estas efemérides y aniversarios nos presentan los canales de las televisiones oficiales y oficiosas no se corresponden en muchos aspectos fundamentales de la transición con la verdad. Por ejemplo, en España no hubo periodo constituyente para pasar de la dictadura a la democracia, como exige todo proceso democrático –o como ocurrió en la Suráfrica de Nelson Mandela-, ni hubo debate constitucional sino conversaciones secretas y a puerta cerrada de los llamados “siete padres constitucionales” cuyo texto final, debatido de espaldas al conjunto de los españoles, se aprobó por casi unanimidad en 1978.

No hubo, por ejemplo, referéndum sobre Monarquía o República, y la Corona se camufló en el texto general de la Constitución de 1978. En definitiva, no hubo una ruptura democrática con el régimen del general y dictador Franco, y además otros países como los Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Alemania ejercieron su influencia sobre el futuro español, promoviendo en nuestro país un modelo de parlamentarismo con sistema electoral de corte proporcional porque temían los liderazgos populistas en un modelo más democrático y mayoritario –o la elección del presidente del Gobierno por sufragio universal directo- como el que impera en sus países. Aquí todo se dejó al control del aparato de los partidos, incluida la soberanía nacional disuelta en las listas cerradas de la partitocracia a la española.

Y todo eso se prolongó por el sendero de la acumulación, en las manos del partido ganador de las elecciones, de todos los poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial, mas la prensa, la banca, las grandes empresas reguladas por el Estado, los servicios de información, etc. Todo un inmenso poder propicio para la impunidad, el abuso o la corrupción y con gran capacidad para evitar el control democrático, judicial o periodístico, aunque en algunos y sonados casos no se pudo evitar porque algunos jueces, fiscales, periodistas o incluso políticos denunciaron a tiempo los abusos y se pudieron condenar. Pero falta mucho por aclarar.

¿Por qué el Parlamento no investigó la dimisión de Adolfo Suárez, el golpe de Estado 23-F, la corrupción general de los partidos, los GAL- de los que ahora presume Felipe González-, las privatizaciones de empresas públicas, las concesiones audiovisuales, etc? El golpe de Estado, los atentados islamistas de 11-M de 2004 en Madrid y los cerca de mil asesinatos de ETA han sido los momentos más duros de la transición. Así como el ingreso en la OTAN (en tiempos de Calvo Sotelo y luego ratificado por González), y el apoyo de España a la guerra de Irak (bajo el mandato de Aznar) o al Rey Mohamed VI de Marruecos en la reciente crisis del Sáhara (ahora con Zapatero) fueron decisiones de los gobiernos de España que chocaron frontalmente con el sentimiento mayoritario del pueblo español. Y lo mismo ha ocurrido con el estatuto catalán, burlando la legalidad constitucional por la vía de leyes orgánicas bajo el férreo mando de los partidos implicados, y luego rectificado –solo en parte- por el Tribunal Constitucional. ¿Dónde estaba en todos estos casos la soberanía nacional?

Siempre se nos dijo como excusa o argumento que la Democracia española era joven y pecaba de inexperiencia, pero la Democracia no tiene edad, es o no es, y parece llegada la hora de una profunda reflexión y de una reforma moderna, representativa y en profundidad, por más que los beneficiarios –la clase política, que vive de la política y no para la política- del vigente y ya demasiado largo régimen partitocrático español se resista a hacer la reforma aunque pierdan sus privilegios en beneficio de la ciudadanía y de la soberanía nacional. Sabemos que en estos 35 años de transición hubo progreso, libertades y muchas cosas buenas y elogiables pero todo debe mejorar y la actual crisis institucional y de cohesión e identidad nacional, sumada a la no menos importante crisis económica y social deben provocar el cambio definitivo y completar el largo viaje de la transición hacia la libertad con el viaje final hacia la Democracia. Y ese debe ser el objetivo y desafío de las nuevas generaciones, ajenas a la Guerra Civil –que algunos han querido desempolvar- e incluso al tiempo de la transición por más que las clases dirigentes de los partidos, los poderes públicos y fácticos prefieran que todo siga como está.

domingo, 21 de noviembre de 2010

Toda la información económica mundial, cada día en 'Economía Avanzada'

El PSPV denuncia que la deuda de la Generalitat "arrastra a sus empresas públicas a incumplir sus compromisos"

VALENCIA.- El portavoz de Infraestructuras y Transportes del grupo socialista en las Corts, Francesc Signes, ha denunciado este domingo que la deuda de la Generalitat "está arrastrando a las empresas públicas más inversoras de esta Comunitat al incumplimiento sistemático de sus compromisos, al ver sustancialmente reducida para 2011 su capacidad de actuación sobre todo en transportes". 

   El diputado socialista, en un comunicado, ha destacado que ni Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ni el Ente Gestor de la Red de Transporte y de Puertos (GTP) "podrán cumplir con sus compromisos en ferrocarril, metro, tranvia o puertos, debido a la disminución de la aportación económica del Consell a las mismas" que, según ha detallado Signes, "será de 90 millones menos a FGV y 80 menos a GTP".
   "Si a estas disminuciones se le añaden los recortes presupuestarios de la propia Conselleria del 35 por ciento en 2010 y un 36 por ciento en 2011 es evidente", tal y como ha explicado el diputado, "Camps, el PP y su Consell han firmado el certificado de defunción del recién nacido Plan de Infraestructuras Estratégicas de la Comunitat Valenciana".
"Por lo que quedará demostrado que éste solo era humo y un anuncio electoral que no iba a poder cumplirse, como casi todos lo que hace el PP y Camps", ha señalado.
   Francesc Signes ha expresado también "serias dudas" de que con esta situación la Generalitat "tampoco pueda cumplir con los compromisos adquiridos en el plan de Cercanías de la Comunitat Valenciana, ni con el protocolo de Carreteras el primero ya acordado con Fomento y el segundo en fase de negociación".
   Finalmente de diputado del PSPV ha lamentado que mientras las infraestructuras "estratégicas" de la Comunitat Valenciana "sufren un panorama tan desolador, en un claro ejercicio de irresponsabilidad y megalomanía se siguen planteando proyectos como la Esfera Armilar, el Museo de la Fifa, aunque para ello tengan que recurrir a la venta de patrimonio o la emisión de deuda para conseguir ingresos", ha concluido.

Agricultura elabora un estudio que delimita las zonas más adecuadas para el cultivo del aguacate

VALENCIA.- La Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), ha elaborado un estudio para delimitar las zonas agrícolas más adecuadas para el cultivo del aguacate en nuestro territorio, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

   Según este proyecto, la Comunitat Valenciana podría llegar a tener una superficie dedicada a la producción de esta fruta tropical superior a las 21.000 hectáreas. Por zonas, destacan la franja del centro y sur de la provincia de Valencia y norte de Alicante, así como el norte de Valencia y sur de Castellón.
   Esta concreción se ha realizado considerando únicamente las bajas temperaturas como factor restrictivo para la producción de este fruto de origen centroamericano. Así, las áreas más óptimas para el cultivo del aguacate son todas aquellas más resguardadas del frío donde la presencia de daños por heladas es prácticamente nula o muy escasa.  
   La Comunitat Valenciana produce actualmente 500 toneladas al año de aguacates, en una superficie de alrededor de 125 hectáreas aproximadamente en diversas poblaciones de la Marina Baixa, la Safor, la Ribera y el Camp de Morvedre, con unos resultados tanto de calidad como de rentabilidad "muy positivos", según el Consell.
   Estos datos convierten al aguacate en un cultivo "viable" y en toda una alternativa a otros cultivos de la Comunitat Valenciana. Además, se trata de un producto que tiene las mismas técnicas de cultivo que los cítricos.
   Por ello, desde la Generalitat se han realizando diferentes cursos donde se divulgan las experiencias realizadas en torno del cultivo del aguacate para dotar al sector agroalimentario de los conocimientos básicos para establecer la plantación y la comercialización de esta fruta tropical.
   Asimismo, también se está llevando a cabo un  proyecto de cultivo de aguacates sin productos fitosanitarios. Esta iniciativa se enmarca en el 'Proyecto Cero' de investigación y experimentación que promueve la Conselleria con el objetivo de reducir el uso de productos fitosanitarios en los cultivos agrícolas de la Comunitat Valenciana garantizando, al mismo tiempo, el mantenimiento de los resultados productivos y los niveles de calidad del producto final.

Clemente exige a Alarte que "aclare" si apoya o no "la campaña de fomento del catalán" en Elche

ALICANTE.- El secretario general del PPCV, Antonio Clemente, ha exigido hoy al secretario general del PSPV, Jorge Alarte, que "aclare" si apoya o no "la campaña de fomento del catalán" en Elche "con fondos del Gobierno tripartito", ya que "hasta el momento los ciudadanos de la Comunitat no sabemos qué piensa al respecto el responsable del socialismo valenciano". 

   Clemente, en un comunicado, ha asegurado que el Gobierno municipal de Elche, encabezado por el socialista Alejandro Soler, ha puesto en marcha una campaña "para el fomento del catalán, con fondos públicos del Gobierno de Montilla". En esta línea, ha lamentado que "ha sido el departamento del independentista Carod-Rovira el que ha subvencionado esta campaña que atenta gravemente contra las señas de identidad de la Comunitat".
   Asimismo, el secretario general del PPCV ha criticado que "Alarte haya silenciado una campaña iniciada por su número dos y alcalde de Elche cuando es un desprecio a nuestras señas de identidad y la cultura valenciana". En esta línea ha destacado que el PSPV "ha demostrado con su indiferencia que poco le interesa la defensa de nuestra lengua y nuestra identidad como pueblo".
   Antonio Clemente se ha preguntado "si Alarte está allanándose el camino para ganarse un futuro en el Partido Socialista de Cataluña (PSC) porque sabe que tras el próximo 22 de mayo ya no tendrá sitio en el PSPV" y ha lamentado que "Alarte y Soler antepongan sus intereses partidistas y electoralistas a los de los intereses de la Comunitat, ya que ante la proximidad de las elecciones catalanas también están haciendo campaña a los independentistas desde nuestro territorio".
   Por último, el dirigente 'popular' ha criticado la "farsa" de Alarte, por ello, le ha exigido que "hable con claridad ante los valencianos, alicantinos y castellonenses" porque, a su juicio, "no es de recibo que mientras consiente atropellos a nuestras señas de identidad en Elche, se presente ante los ciudadanos de la Comunitat como el mejor defensor de nuestro territorio, pues desde que relevó a Pla su sumisión a Ferraz nos ha costado muy caro a los ciudadanos por lo que no se merece representar a nuestro territorio".

Compromís volverá a preguntar al Consell sobre el alquiler de Terra Mítica

VALENCIA.- El portavoz de Compromís en las Corts Valencianes y secretario general del Bloc, Enric Morera, ha anunciado este domingo en un comunicado que su grupo parlamentario volverá a pedir información al Consell sobre los "detalles" del alquiler de Terra Mítica. 

   El parlamentario de Compromís recientemente ha recibido una contestación del conseller de Economía, Gerardo Camps, en la que le indica que no le puede dar ningún detalle de ese contrato porque es "privado" entre la empresa Terra Mítica Parc Temàtic de Benidorm, SA y Aqualandia, SA. Sin embargo, Morera ha denunciado que, a pesar de ello, el pasado septiembre, "dio vía libre para un despido masivo de trabajadores del parque".
   Según ha recordado Morera, "la Generalitat tiene que conocer los términos del contrato porque forma parte de la sociedad, siendo accionista de Terra Mítica, mediante la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana". Por lo tanto, "nos tiene que dar lo que pedimos", ha reclamado.
   El diputado autonómico ha advertido de que si la respuesta de la Conselleria vuelve a ser negativa, "se reafirmará que los únicos frutos que nos han dejado los grandes proyectos del gobierno de Camps son la oscuridad, el fracaso y la desinformación".
   "Un fracaso repetido con Mundo Ilusión, que más que un proyecto temático ha supuesto un proyecto ficticio, una excusa para gastar dinero y dar a ganar a algunos pero al final, otra mentira temática del PP", ha denunciado.

sábado, 20 de noviembre de 2010

Toda la información económica mundial, cada día en 'Economía Avanzada'

"Reformas Luna, no pagues ni una", frase de ataque del PP al PSPV

VALENCIA.- El presidente del Partido Popular de la provincia de Valencia, Alfonso Rus, ha denunciado este sábado la "doble moral" de los socialistas, quienes, mientras "castigan" al PP y a sus dirigentes, "premian" al portavoz del PSPV en las Corts, Ángel Luna, y "lo colocan" como cabeza de lista por Alicante. 

   Rus ha hecho estas declaraciones en un almuerzo de trabajo que ha mantenido este sábado en Puçol con alcaldes y portavoces del PP de l' Horta Nord, y el conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, así como un grupo de miembros de Nuevas Generaciones.
   El presidente del PP provincial ha ironizado sobre la imputación de Luna, del que ha dicho que "se ha montado la empresa 'Reformas Luna, no pagues ni una'".
   En esta línea, ha lamentado que para los socialistas existan "dos tipos de imputados: los del Partido Popular y los demás". Asimismo, ha acusado al portavoz de "tirar la piedra y esconder la mano", en referencia a la piedra que Luna tiró en las Corts "haciendo creer que estaba libre de culpa y que al final ha caído sobre su propio tejado".
   Por otra parte, Rus ha señalado que la entrevista que el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, concedió esta semana a una televisión nacional ha arrastrado "unos pésimos índices de audiencia".
   En este punto, ha recalcado que el dirigente socialista "se quedó sin palabras" al ser preguntado "por qué el Partido Socialista no puede ganar en la Comunitat si el Gobierno está tan mal como dicen".
"Llegados a este punto y con Luna en los juzgados, el PSPV ya no puede creerse ni sus propias mentiras", ha aseverado el dirigente 'popular'.

Ninet (PSPV) dice que los socialistas se pueden concentrar "contra la corrupción" porque son "gente decente"

VALENCIA.- La portavoz del Comité Electoral Nacional del PSPV, Carmen Ninet, ha asegurado este sábado que los socialistas se pueden concentrar "contra la corrupción" porque son "gente decente". Ninet ha respondido de este modo, en un comunicado, al secretario general del PPCV, Antonio Clemente, que ha criticado que el portavoz del PSPV en las Corts, Ángel Luna, se manifestara ayer viernes en Alicante contra la corrupción cuando tiene que comparecer el lunes ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

   Ninet ha señalado que los socialistas valencianos pueden "asistir a las concentraciones ciudadanas contra la corrupción porque el único delito" que han cometido "es el único" que el presidente de la Generalitat y del PPCV, Francisco Camps, "no perdona".
   Ha indicado que éste es "perseguir la corrupción que recorre de norte a sur las tres provincias --de la Comunitat-- gracias a un PPCV que ha asociado los muy honorables términos de prevaricación, cohecho, malversación, tráfico de influencias y blanqueo de capitales a todas nuestras instituciones".
   "Luna asistió a la concentración junto al secretario general del PSPV, Jorge Alarte, porque nosotros no tenemos nada que esconder y porque estamos firmemente comprometidos en la lucha contra la corrupción que el PPCV y Camps han extendido a todas las instituciones valencianas", ha manifestado Carmen Ninet.
   La también portavoz adjunta del grupo socialista en las Corts Valencianes ha agregado que quienes conocen a Ángel Luna saben "que es una persona decente, honrada y de principios". Ha afirmado que el portavoz socialista en las Corts "sabe que debe explicarse ante los jueces pero no ante un PP que no ha tenido problemas en inventar una campaña-montaje contra él".
   "A Clemente deberían preocuparle más los motivos por los que los cargos públicos de su partido ni asisten ni pueden asistir a estas concentraciones que reivindican la honradez en la política, que las personas que asisten porque están legitimadas, como en el caso de Ángel Luna", ha indicado Ninet.  
   Asimismo, ha defendido que "al PP ya no le sirve la estrategia que Camps quiere desplegar contra" los socialistas. "Ya nadie se cree su discurso de que toda la clase política es igual porque son ellos los investigados por la justicia y los poderes del Estado", ha dicho la representante socialista.
   Ha añadido que "Clemente está tan acostumbrado a hacer declaraciones a Canal 9, donde el PP tiene copado y controlado el espacio informativo, que con estas manifestaciones realizadas hoy falta al respeto a los valencianos y valencianas porque al menos debería ceñirse a la realidad de los hechos".
   "Hay una clara diferencia entre Ángel Luna y los imputados del PP, su acusación es parte de una estrategia diseñada por el PPCV para intentar acallarnos mientras que las imputaciones de su partido las realizan fiscales, jueces y policía, como en la causa abierta contra el vicepresidente segundo de la Diputación de Castellón, Vicent Aparici, acusado por la Fiscalía de un supuesto delito de prevaricación por autorizar el vertido de residuos en un vertedero no autorizado", ha comentado Ninet.
   "Sin mencionar los Jaguar que tanto le gustan, Clemente debería tener claro que nosotros asumimos responsabilidades políticas cuando quién acusa son los fiscales, la policía, cuando son los poderes públicos del Estado", ha manifestado, al tiempo que ha señalado que "no podemos más que tomar como una broma pesada y con poca gracia que el PP nos pida responsabilidades cuando tiene más de 200 cargos imputados o implicados sin que nadie haya cesado".
   Carmen Ninet ha pedido a Clemente que "deje de confundir a los valencianos porque no todos somos iguales".
 "Los socialistas valencianos asumimos responsabilidades políticas, pero no cuando se nos acusa de forma indiscriminada como parte de una estrategia orquestada desde el PP para intentar amedrentarnos en nuestra lucha contra la corrupción", ha manifestado.

Barceló asegura que los alicantinos no aceptarán ser "el vertedero de la Comunitat"

ALICANTE.- La secretaria general del PSPV de la provincia de Alicante, Ana Barceló, ha asegurado este sábado que los alicantinos "no aceptaremos convertirnos en el vertedero de la Comunitat, por culpa de la 'alicantinofobia' que sufre Francisco Camps".

   Barceló ha lamentado las previsiones de la Generalitat Valenciana que, de hacerse realidad, supondría "el envío de toneladas de basura a la provincia de Alicante procedente de Castellón, ante la inoperancia del Consell que no ha ejecutado los planes zonales de residuos ni ha construido las plantas de tratamiento comprometidas", ha manifestado.
   La líder de los socialistas alicantino, en un comunicado, ha criticado la "doble vara de medir" que, a su juicio, aplica el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que "año tras año baja el ratio de inversión por habitante en Alicante y lo aumenta por tonelada de basura que nos envía".
   "Los alicantinos no vamos a consentir esta situación mucho más y exigiremos en todos los ámbitos que la provincia decida su futura en condiciones de igualdad a las del resto de la Comunitat Valenciana", ha apostillado la dirigente del PSPV.
   Ana Barceló ha señalado que Alicante "ha mantenido y mantendrá una posición de solidaridad con el resto de la Comunitat Valenciana y con el resto del país", pero, según ha dicho, "los alicantinos no vamos a aceptar convertirnos en el vertedero de la Comunidad por culpa de la 'alicantinofobia' que sufre Camps y los conselleres alicantinos".
   No obstante, la secretaria general ha señalado que "los socialistas alicantinos somos muy prácticos, tenemos un plan de gobierno muy claro y sabemos cuáles son nuestras prioridades".
"Una hoja de ruta que beneficia a la provincia de Alicante, porque deja de recibir basura de otras provincias; y beneficia a Castellón porque tendrá las instalaciones para tratar sus residuos, con menor coste y mayor eficacia", ha recalcado.
   La propuesta de Barceló consiste en reducir los "megaproyectos ruinosos" que plantea el PP en la Comunidad Valenciana, tanto en Castellón como en la provincia de Valencia, y destine este dinero en "acelerar la construcción de las plantas que requieren estas provincias". De esta manera, según ha asegurado, "se crea empleo, se genera riqueza y se acaba con un problema que el PP lleva arrastrando desde hace más de una década".
   Barceló se ha referido también a los planes de la Camps que "responde a sus propios caprichos de niño bien, que tiene que ver con los coches de lujo y que acabamos pagando todos para disfrute y beneficio de unos pocos".
   Al respecto, ha asegurado que "todos estos millones evitarían otros millones de kilos de basura circulando por las carreteras de la Comunidad Valenciana en recorridos de más de 300 kilómetros". La dirigente socialista ha reclamado que desde la Generalitat se establezcan pactos de compensación económicos para los municipios afectados por la "desidia" de la Generalitat.
   Ana Barceló ha apelado también al PP alicantino que, en su opinión, "no puede seguir siendo cómplice de la política del Consell que arrincona y reduce las expectativas de nuestra provincia, castigada sin sentido, margina sin piedad y olvida cuando se habla de generar riqueza para los alicantinos y las alicantinas".
   La secretaria general de los socialistas ha reclamado que "Alicante tenga el peso que merece en las decisiones del Consell, que sean los alicantinos los que decidamos nuestro futuro y que nuestra tierra no sirva como moneda de cambio a los intereses de Camps, ante el silencio de los conselleres de nuestra provincia, que no están defendiendo su tierra de origen".

Controles, confinamientos y expulsiones en las fronteras de Europa

PARÍS.- En su segundo informe anual sobre las fronteras de Europa, la red Migreurop se centra en tres cuestiones claves del combate que llevan las autoridades contra las personas candidatas a la migración : los obstáculos a su desplazamiento, el confinamiento y la expulsión.

Sobre la base de encuestas propias en los lugares investigados, el informe proporciona ejemplos dramáticos de las consecuencias de la puesta en práctica de esta guerra contra las personas migrantes, que implica un retroceso generalizado de los derechos que protegen las libertades y la integridad de las personas.

Denunciando el proceso de “externalización” por la Unión Europea de su política migratoria, Migreurop muestra cómo los países terceros se ven obligados, bajo la amenaza del cuestionamiento de los acuerdos de cooperación y de ayuda al desarrollo, a readmitir en su territorio a las personas migrantes expulsadas de Europa y a impedirles reemprender el viaje hacia sus fronteras.

De la región de Calais, en Francia, a las fronteras de Turquía y del mar Adriático, de los parajes de Gibraltar al desierto sahelo-sahariano y a los nuevos países miembros al este de la Unión Europea, la subcontratación de los controles migratorios se efectúa en cadena, a veces muy lejos de la Unión pero también en su interior, muy en particular cuando se trata de reenviar de país en país a solicitantes de asilo considerados indeseables.

Toda una población de exilados se encuentra así sometida, desde ambos lados de las fronteras de Europa, sea al encarcelamiento arbitrario, sea a un continuo vagar y a las vejaciones permanentes de un entorno hostil.
 
En el momento en que, por primera vez desde su creación, la agencia Frontex despliega sus equipos militarizados de intervención rápida para enfrentar la “afluencia masiva” de migrantes en la frontera griega como si se tratara de enemigos peligrosos, el informe de Migreurop insiste en que el derecho, reconocido en los tratados internacionales, a abandonar todo país y a buscar protección en otro lugar, queda sin sentido si las personas candidatas a la emigración o al asilo son confinadas o retenidas en el camino.

Las exportaciones de bienes de equipo de la Comunitat se incrementan un 48% entre enero y agosto

VALENCIA.- Las exportaciones de bienes de equipo de la Comunitat Valenciana se han incrementado un 48% entre enero y agosto de este año, según ha informado este sábado la Generalitat en un comunicado. Asimismo, ha destacado que esta autonomía "ha consolidado la recuperación de su dinamismo exportador en 2010", con un ascenso que alcanza el 14,3 por ciento en los primeros ocho meses del año.

   A este respecto, la directora general de Internacionalización, Mar Casanova, ha destacado "la influencia del comportamiento de las exportaciones de los bienes de equipo en esta recuperación y dinamismo".
"Este sector empezó a mostrar aumentos en el mes de enero y en el periodo enero-agosto ha experimentado un crecimiento del 48 por ciento", ha comentado.
   Casanova ha considerado que "este dato es un reflejo del diversificado patrón de las exportaciones de la Comunitat, un elemento clave para afrontar y superar la crisis" ya que su potencial en varios sectores le hace ser capaz "de satisfacer las demandas tanto de mercados maduros como los de la UE como de mercados emergentes", ha indicado.
   En el periodo enero-agosto las exportaciones de la Comunitat de bienes de equipo han alcanzado los 1.404 millones de euros lo que representa un peso del 11,8 por ciento sobre la exportación total. Se trata de un porcentaje muy similar al de las manufacturas de consumo, que tienen un peso relativo del 12 por ciento, según la Generalitat.
   La directora general ha señalado que "este aumento del peso relativo de este sector demuestra que la Comunitat Valenciana no es solo exportadora de producto final sino también de bienes de equipo y bienes intermedios que implican una mayor tecnificación, mayor componente tecnológico y la exportación de conocimiento".
   Por áreas geográficas, el principal destino de las exportaciones de bienes de equipo es la Unión Europea con el 54 por ciento del total exportado por la Comunitat, seguido de África con un 12 por ciento del total, ha comentado la Generalitat, que ha precisado que. por su dinamismo destaca América Latina, con un crecimiento del 155 por ciento.
   En este sentido, Mar Casanova ha señalado que las exportaciones valencianas "son capaces de competir en tecnología, innovación y valor añadido en cualquier mercado". "Es muy importante la exportación de bienes de equipo a mercados consolidados como la UE y también a mercados emergentes, cuyo crecimiento está situando el alza de estas exportaciones en tasas muy elevadas", ha manifestado.
   Concretamente, dos de los países BRIC han experimentado un aumento superior al 100 por ciento en las exportaciones de bienes de equipo. Concretamente, las exportaciones con destino a Brasil se han incrementado un 314 por ciento y a China un 116 por ciento, según la Generalitat.

Clemente denuncia que Luna se manifieste contra la corrupción cuando tiene que comparecer ante el TSJCV

VALENCIA.- El secretario general del PPCV, Antonio Clemente, ha denunciado este sábado que el portavoz del grupo parlamentarios socialista en las Corts, Ángel Luna, se manifestara el viernes en Alicante contra la corrupción cuando "tiene que comparecer el lunes ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV)".

   Clemente ha destacado que los valencianos "no entendemos la doble vara de medir de los socialistas".

   Así, ha criticado que el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, y el síndic socialista, Ángel Luna, encabezaron el viernes una manifestación en Alicante "sobre la supuesta corrupción de otros partidos políticos" y, sin embargo, Luna "tiene que comparecer el lunes ante el TSJCV para explicar cómo es posible que un constructor le pagara la reforma de su casa y cómo le regaló un Audi".

   Del mismo modo, el dirigente del PPCV ha hecho hincapié en que "aún" están esperando que Ángel Luna explique "cómo tiene un documento que es secreto de sumario".

   Respecto a la comparecencia de Luna ante el TSJCV, Clemente ha señalado que "si había algun problema para que se realizara el lunes a las 10.30, podía haber sido el martes a las 10.30, no por la tarde", porque, según ha dicho, "parece ser que las comparecencias por la tarde suelen dedicarse a cuestiones diferentes".