miércoles, 1 de diciembre de 2010

La Generalitat emitirá deuda para pagar a proveedores

VALENCIA.- La Generalitat valenciana emitirá a partir de este jueves bonos a 12 meses por valor de 1.000 euros cada uno y por un importe global de 1.000 millones de euros, ampliables a 1.500 millones, y con una rentabilidad del 4,75 por ciento. La previsión es que este lanzamiento, de alcanzarse los 1.500 millones, permita reducir en 30 días el plazo medio con el que se está atendiendo el pago a los proveedores, de forma que pase de los 98 días actuales a unos 60 días.

   Así lo ha señalado en rueda de prensa el vicepresidente segundo y  consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Gerardo Camps, quien ha remarcado que la prioridad de la emisión es "atender" los pagos que la Generalitat tienen pendientes con sus "miles de proveedores de pequeñas y medianas empresas".
   Gerardo Camps ha especificado que la totalidad de la inversión inicial está "absolutamente asegurada" por una veintena de entidades financieras, más del 50 por ciento con domicilio social en la Comunidad Valenciana, y ha explicado que se ha optado por acudir al tramo minorista ante la previsión de que los mercados mayoristas continúen cerrados.
   El titular de Economía ha aseverado que por parte de los particulares "hay capacidad suficiente" para atender esta emisión de deuda. "No nos la estamos jugando. Ya sabemos hoy que va a ser un éxito", ha apostillado.

El PSPV de Ibi solicita la dimisión "inmediata" de la alcaldesa y el primer teniente de alcalde

ALICANTE.- El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Ibi, Antonio Martos Bueno, ha pedido la dimisión "inmediata" de la alcaldesa de la ciudad, Mayte Parra, y del primer teniente de alcalde, Miguel Ángel Agüera, porque, tal y como apuntan "informaciones aparecidas" en medios de comunicación, "podrían haberse quedado con dinero", según ha informado en un comunicado la formación política.

   "Tras las gravísimas noticias aparecidas en prensa en las que se vinculaba al edil responsable de Hacienda del Ayuntamiento de Ibi, José Antonio Onsurbe, con unas presuntas extorsiones a un empresario, y según otra la noticia aparecida, tanto el primer teniente de alcalde, Miguel Ángel Agüera como la alcaldesa de Ibi, Mayte Parra, podrían haberse quedado con dinero público", ha indicado Martos.

    Según el edil socialista, Mayte Parra "no puede cerrar el caso sólo con quitar todas las competencias al concejal Onsurbe", puesto que la alcaldesa, como máxima representante, "tiene que dar explicaciones de todo lo que está pasando en el Ayuntamiento de Ibi y poner toda la documentación sobre la mesa, sobre todo, la que hasta ahora ha preferido esconder pese a nuestras solicitudes, para que sea estudiada y se pueda clarificar cuánto de cierto hay en esas acusaciones y cuantificar, en caso confirmatorio, las consecuencias para las arcas municipales".

   Asimismo, el portavoz socialista ha solicitado "la apertura de una comisión de investigación urgente que clarifique las irregularidades contables y los métodos opacos utilizados para la contratación" en el Ayuntamiento.

   El 27 de octubre de 2010 se celebró el pleno extraordinario solicitado por el grupo municipal socialista, para tratar, entre otros temas, el estado actual de todas las ayudas, planes económicos y subvenciones recibidas desde las distintas administraciones para las obras en la fábrica Rico, fábrica Pilen y el Teatro Río. 

   "Unos días después, nuestro grupo denunció nuevamente el incumplimiento de la normativa por parte de Mayte Parra, ya que no había puesto a disposición pública y de los grupos políticos, los expedientes referentes a estas obras; hoy ya nos explicamos claramente el porqué de este ocultismo continuo", continúa Martos.
   Para el socialista, "hoy no puede terminar el día sin que Mayte Parra sea más diligente que ayer y, además de retirarle todas las competencias a Miguel Ángel Agüera como hizo con José Antonio Onsurbe, se aplique esa misma medida, para retirarse sus propias competencias, eso sí, después de ofrecer todas las explicaciones claras y pertinentes a la ciudadanía".

De la Rúa niega mantener una amistad "íntima y personal" con Camps

VALENCIA.- El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Juan Luis de la Rúa, ha negado mantener una amistad "íntima y personal" con el president de la Generalitat, Francisco Camps, aunque ha reconocido que su relación institucional ha sido "buena".

En declaraciones a los periodistas, De la Rúa ha afirmado que con Camps tan "sólo" mantiene "una buena relación institucional" pero "no amistad íntima y personal, tal y como algunos han dicho", por lo que "para nada" lamenta que la ramificación valenciana del caso Gürtel recayera en su tribunal.
 
Juan Luis de la Rúa, se distanció así del presidente Francisco Camps, imputado por cohecho pasivo impropio en una causa que se instruye en el tribunal que él presidirá hasta el próximo día 13. Según aseguró, abandonará el cargo "con la conciencia tranquila". Afirmó, además, visiblemente alterado ante un grupo de periodistas en un acto de secretarios judiciales, que la causa contra el presidente Camps fue "una más". 

De la Rúa insistió en que "esa frase que dijo Camps de amistad íntima está sacada de contexto. Estaba hablando de relación institucional. No me he tomado con el president ni una cerveza en privado ni él ha ido al entierro de mis padres ni a la boda de mis cuatro hijos, como sí habría sido en caso de un amigo íntimo. Para mí, como juez, fue una causa más". Sin embargo, fue el propio Camps quien le señaló públicamente como "más que amigo".

De la Rúa repitió: "La causa del presidente Camps para mí era una más de las que estaba en la Sala de lo Civil y lo Penal y punto. No le di más trascendencia ni más importancia que la causa siguiente o la anterior que tuvimos en el tribunal". Y se preguntó si tras 40 años "pidiendo que se respete la justicia" debería haber incumplido la ley "y cargar el caso a otro".

Esas declaraciones las hizo antes de conocerse que la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó que, tras abandonar el cargo el próximo día 13 para dar paso a la magistrada Pilar de la Oliva, ocupe una plaza en la sala de Lo Social, que es desde donde hace más de 11 años alcanzó la presidencia. Es el paso previo a una comisión de servicios.

De la Rúa quería quedarse como adscrito a la sala de lo Civil y Penal, pero ni el CGPJ ni la sala de Gobierno tenían sensibilidad para aceptar tal petición. Más aún, no querían que la primera decisión que tomara la nueva presidenta fuera el destino de su predecesor, marcado por su papel en el caso Gürtel.

Blasco dice que el archivo de la causa contra Luna no implica su "absolución"

VALENCIA.- El portavoz del PP en las Corts, Rafael Blasco, ha manifestado que el archivo decretado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de la causa abierta contra el síndic socialista, Ángel Luna, tras la querella presentada por el PP por un presunto delito de cohecho no implica su "absolución" y ha defendido que una cosas es la prescripción de "conductas que podían ser más o menos punitivas y otra cosa es la responsabilidad pública".

   Blasco, que se ha pronunciado de esta manera en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, ha emplazado a no "confundir la situación de imputado con la de condenado, que es algo que el PSPV habitualmente ha hecho", así como "la situación de archivado con la de absuelto desde el punto de vista de la justicia". 
"Una cosa es el archivo porque desde el punto de vista legal se hayan superado los plazos de conductas que podían ser más o menos punitivas y otra cosa es la responsabilidad pública", ha apostillado.
   Ha aseverado que ante la opinión pública "ha quedado perfectamente demostrado" que el portavoz socialista "no pagó la reforma de su casa" sino que ésta fue sufragada por el empresario "con el que pasó a trabajar después de dejar sus responsabilidades al frente del Ayuntamiento de Alicante".
   Blasco ha incidido en que el PP va a recurrir el archivo al considerar que el presunto delito cometido por el portavoz socialista es el tipificado en el artículo 420 del Código Penal, que no exige que el acto sea delictivo, sino simplemente injusto.  
   Preguntado sobre las críticas realizadas por Luna sobre el "desprecio" del PP a su seguridad, el portavoz 'popular' ha indicado que no conoce "cual es el tenor" de cada una de las declaraciones de bienes y actividades de los diputados de su grupo "porque han seguido el trámite parlamentario".
   Ha tachado las explicaciones de Luna de "peregrinas", ya que si "su domicilio ha aparecido en los medios de comunicación será responsabilidad del medio de comunicación", ha remarcado, y ha añadido que no le consta que nadie del PP haya divulgado la dirección del portavoz socialista.
   Asimismo, ha asegurado que su grupo no tendrá "ningún problema" de que si "al final no se sustenta ninguna responsabilidad" hacia Luna y "se demuestra que en nuestras aseveraciones ha habido alguna inexactitud en reconocerlo públicamente y pedir disculpas".
   En un comunicado, Rafael Blasco ha asegurado que el caso Luna "no puede cerrarse aún, ya que la prescripción de un delito no implica ni mucho menos la absolución y menos cuando quedan por aclarar numerosas cuestiones sobre las que el síndic socialista ha pasado de puntillas sin aclarar nada".
   El parlamentario ha lamentado el archivo de una causa que tiene "pendientes demasiados interrogantes que permiten presumir irregularidades en la reforma de la vivienda de Luna que podrían ser constitutivas de un delito de cohecho".
   Para Rafael Blasco, "no se puede entender que se cierre este caso con un carpetazo cuando Luna no ha dado ninguna explicación, sino que ha fomentado todo lo contrario: contradicciones y ninguna prueba de que las obras las abonara él".
   Así, el portavoz 'popular' se ha referido a las declaraciones del contratista que ejecutó parte de la reforma, Javier Ponce, "que dejó muy claro que fue Ortiz quien le pagó y no Luna ni su mujer".

La juez imputa a el ex alcalde de Polop un delito de tráfico de influencias

ALICANTE.- La titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Villajoyosa, ha informado al ex alcalde de Polop, Juan Cano, este martes durante su declaración, que está imputado por un delito de tráfico de influencias en la causa que investiga presuntas irregularidades en la gestión urbanística del municipio, según han informado fuentes judiciales.

   Juan Cano, que ha llegado cerca de las 10.00 horas al juzgado de Villajoyosa, antes de prestar declaración, ha asegurado a preguntas de los medios que es "inocente" de las supuestas irregularidades urbanísticas que investiga el órgano judicial.
   Así mismo, ha manifestado su intención de "colaborar siempre con la Justicia" y de que "se solucione lo antes posible esta situación para que se detenga a los culpables" de las presuntas irregularidades.
   Tras prestar declaración durante más de dos horas, --salió del juzgado sobre las 12.45 horas-- y preguntado por su comparecencia judicial, el ex edil de Polop ha subrayado que "es inocente" y que "las declaraciones las hace ante el juez".
   Las diligencias abiertas por el órgano judicial se derivan de la investigación realizada por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Villajoyosa sobre el asesinato de Alejandro Ponsoda --predecesor de Cano como alcalde polopino--, en la que Cano también aparece como imputado, y por la que estuvo recluido en prisión provisional durante ocho meses hasta el pasado mes de julio, cuando fue puesto en libertad tras pagar 20.000 euros de fianza.
   Junto a Cano, estaban citados a declarar también otros dos imputados por su presunta relación con supuestas irregularidades en la gestión urbanística.

El edil cesado en Ibi niega las acusaciones publicadas "hacia compañeros del partido"

ALICANTE.- El ex concejal de Hacienda y Promoción Económica del Ayuntamiento de Ibi  José Antonio Onsurbe, cesado este martes de sus competencias, ha reclamado "respeto" para la actuación judicial, al tiempo que ha negado de manera "absoluta y expresa" de todas las acusaciones publicadas en los medios de comunicación "hacia compañeros del partido".

   En un comunicado remitido por el consistorio ibense a petición del edil, Onsurbe, quien mantiene el acta de concejal, ha reclamado que se evite "todo juicio paralelo y mediático" que conlleva, a su juicio, "la mayor de las indefensiones y a la condena expresa".
   El edil ha agradecido "las muestras de apoyo de compañeros y vecinos a nivel local", para quienes, según ha precisado, estará "siempre a su disposición".
   La alcaldesa de Ibi, la 'popular' Mayte Parra, ha cesado de todas sus funciones al concejal de Hacienda y Promoción Económica, tras ser denunciado por un empresario en relación con un presunto delito de extorsión. La primera edil asume, así, de manera provisional las competencias de Hacienda, Promoción Económica, Recursos Humanos y Régimen Administrativo.
   Asimismo, el Comité de Derechos y Garantías del PPCV, por su parte, ha suspendido cautelarmente de militancia al edil, quien ha puesto su cargo a disposición del partido.
   En la denuncia presentada el pasado jueves, el empresario F.G.G., --dedicado al diseño gráfico e impresión-- acusa a José Antonio Onsurbe de pedir el 50 por ciento de lo facturado a cambio de ser proveedor, y aporta varias grabaciones en las que presuntamente se puede escuchar al concejal reclamando el abono de las comisiones.

Caja Mediterráneo aprueba la delegación de competencias al SIP con los votos en contra de los sindicatos

ALICANTE.- El Consejo de Administración de Caja Mediterráneo (CAM) ha dado el visto bueno este martes a la delegación de competencias al nuevo banco resultante del SIP con los votos en contra de los dos delegados sindicales de Sicam y UGT, según han informado fuentes de la entidad financiera.

   Los consejeros, en una sesión extraordinaria de aproximadamente una hora de duración, han aprobado este traspaso después de que el pasado viernes se les informara de los asuntos habituales, de los trámites necesarios y de los pasos que hay que dar y de las acciones que hay que priorizar.
   Así, con el visto bueno del Consejo de la CAM, la entidad acelera la delegación de facultades, cuyo traspaso estaba previsto a lo largo de este año y medio, ya que el banco tiene que constituirse a principios de 2011.
   Las entidades integrantes acordaron acelerar los trámites para la constitución del banco, lo cual requiere el visto bueno de los respectivos consejos, tal y como ya han hecho dos de los socios, Caja Extremadura y Cajastur.

Luna dice que espera otra querella del PP "en cualquier momento" y "por cualquier otra cosa"

VALENCIA.- El portavoz del PSPV en las Corts Valenciana, Ángel Luna, ha manifestado que, después de decretar el TSJ valenciano el archivo de la causa abierta contra él tras la denuncia del PP por un presunto delito de cohecho al considerar que había ofrecido trato de favor al constructor Enrique Ortiz a cambio de que éste se hiciera cargo de la reforma de su casa, "lo único que espero es otra querella" de los 'populares "en cualquier momento" y "por cualquier otra cosa".

   Luna, que se ha pronunciado de esta manera en la rueda de prensa posterior a la Junta de Síndics, ha indicado que muchos compañeros suyos abogados le habían aconsejado presentar "algún tipo de querella por denuncia falsa" cuando todo el proceso judicial concluya, algo que, sin embargo, ha asegurado que no va a hacer.
   Preguntado sobre si esperaba que el PP se disculpara o asumiera algún tipo de responsabilidad si finalmente se demostraba que habían presentado una querella basada en datos inexactos, Luna ha remarcado que conociendo al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, "lo único que espero es otra querella en cualquier momento por cualquier otra cosa, porque no han parado de sacar historias".
   Luna también ha aprovechado la rueda de prensa para criticar el "desprecio absoluto" mostrado por los 'populares' hacia su seguridad al haber ofrecido "detalles con pelos y señales" sobre la ubicación de su vivienda, los planes y datos catastrales.
   Al respecto, ha lamentado la falta de "coherencia" de los diputados del PP que se negaron a detallar sus propiedades en el registro de bienes y actividades de las Corts "apelando a razones de seguridad", según ha aseverado, y, al respecto, se ha preguntado "por qué entienden que su seguridad es más valiosas que la mía".
   En concreto, ha citado el caso de la parlamentaria del PP Alicia de Miguel, que no especificó en la declaración de bienes su domicilio particular pero sí mostró en un programa de televisión fotografías de la casa de Luna, ha aseverado.
   Asimismo, ha especificado que las denuncias del PSPV por el 'caso Gürtel' no tienen "absolutamente nada que ver con la fabricación  artificiosa y malintencionada de una querella" por parte del PP, ya que los socialistas "acudimos al TSJ después de preguntar muchas veces por expedientes de contratación y de utilización del dinero público sin obtener ninguna respuesta".

El Ayuntamiento aprueba la subida del agua y desestima una comisión de investigación del PGOU

ALICANTE.- El Pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado, con los votos mayoritarios del PP, una subida de la tarifa del agua por vía de urgencia y ha rechazado la creación de una comisión de investigación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), pedido por el grupo socialista.

   La sesión ordinaria del pleno aprobó por vía de urgencia la subida de la tarifa del agua a partir del 1 de enero de 2011, tal y como se aprobó previamente por el Consejo de Administración de Aguas de Alicante, empresa mixta, donde ambos partidos tienen representación.
   La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ha recordado que esta subida de la tarifa fue aprobada en el consejo de Aguas Municipalizadas de Alicante y que contó con el voto favorable de la representante socialista, Carmen Sánchez Brufal, quien pedía en el pleno que se retirara el punto, con el fin de saber si la subida era adecuada.
   Según Castedo, "el PSOE forma parte del consejo de administración y aprobó las tarifas exactamente igual que el representante del PP". "El Ayuntamiento aprobó en el consejo las tarifas del agua. A partir de ahí, denle las vueltas de la manera que quieran", ha dicho.
   Por su parte, la portavoz municipal socialista, Carmen Sánchez Brufal, ha insistido en pedir "discutir despacio" este asunto porque, según ha dicho, ya hizo que constara en acta que "una cosa es el informe económico" de la empresa y otra "si es lo que el ayuntamiento y los ciudadanos de Alicante necesitan".
   En este sentido, ha apostado por "no aprobar la subida sin que nos sentemos" porque "ya hay suficientes problemas en Alicante". A su juicio, "si tras la aprobación en el consejo, este tema no es discutido en pleno, el Ayuntamiento estaría de más y no está de más".
   Además, en la sesión de este martes también se trató la moción presentada por los socialistas para la creación de una comisión de investigación sobre el PGOU, después de que se hiciera pública la investigación de la Policía Judicial sobre posible tráfico de influencias, información privilegiada, entre otros delitos. La moción no salió adelante por la oposición del PP, que animó a los socialistas a crear ellos mismos una moción, contratando a expertos ajenos a la institución.
   Así, la portavoz del PP, Marta García-Romeu, ha animado a los socialistas a crear esta comisión. "Háganla, tienen los medios económicos suficientes para, a través de su grupo, contratar todos los expertos que consideren y necesiten", ha dicho.
   A su juicio, esta petición despierta la "duda de si quieren realmente una comisión que revise el PGOU o hacer un gesto de cara a la galería o para rasgarse las vestiduras". Según ha dicho, "no hace falta" porque el PP está "totalmente de acuerdo en que el PSOE cree su comisión que les ayude a esclarecer todas las dudas que tengan".
   La portavoz ha subrayado que, en cambio, el PP no tiene "ninguna duda" sobre el nuevo planeamiento, que ya fue aprobado y que ahora "sigue su curso". Desde su punto de vista, "este plan representa el desarrollo adecuado y sostenido de la ciudad de Alicante al futuro".
   Por el contrario, la portavoz socialista ha destacado que el PSOE pide "una comisión municipal, no socialista" para despejar unas "dudas que no las pone" su partido, sino "la Brigada de la Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía". "Lo que sí sabemos es que hay que dar seguridad a los ciudadanos" y no "pasar de largo ante la incertidumbre".
   Sánchez Brufal ha dicho que es "triste confundir valor y precio" --citando al poeta Antonio Machado-- porque los miembros que asesorarían a la comisión que el PSOE proponía eran "entidades y corporaciones de derecho público" como el Colegio de Abogados y el Colegio de Arquitectos, entre otros, que "darían un valor sin precio alguno".
  El pleno también dio el visto bueno a una moción socialista para que la Generalitat abone el dinero que el Ayuntamiento destinará a la reforma y ampliación del IES Virgen del Remedio, ya que se trata de competencias autonómicas y no locales.
  Tras una discusión entre el edil socialista, Manuel de Barros, y la concejal de Educación, María del Carmen Román, finalmente, ambos grupos han aprobado esta exigencia al Consell.
  También ha salido adelante una moción de apoyo al pueblo Saharaui, por unanimidad, así como otra, de Turismo, igualmente por unanimidad.

Ripoll dice que "ojalá" todos los juzgados "fueran tan rápidos como el TSJCV"

ALICANTE.- El presidente de la Diputación y presidente provincial del PP en Alicante, José Joaquín Ripoll, ha destacado la "rapidez" con la que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha resuelto el caso del portavoz socialista en las Corts, Ángel Luna, y ha afirmado que "ojalá todos (los juzgados) fueran tan rápidos como el TSJCV".

    A preguntas de los medios de comunicación, Ripoll ha declinado "hacer ninguna manifestación" sobre la decisión de archivar la querella contra Luna, ya que, según ha indicado "es un caso que hay que conocer a fondo para poder opinar a fondo".

   No obstante, sí se ha referido a la celeridad del proceso judicial, para señalar que "el TSJCV es muy rápido", mientras que "el resto de los tribunales son más lentos". Esta situación, a su parecer, se debe a "la dotación de medios, y porque al TSJCV van muchos menos casos que a los tribunales ordinarios".

El exalcalde de Polop defiende su inocencia tras declarar por presuntas irregularidades urbanísticas

ALICANTE.- El ex alcalde de Polop de la Marina Juan Cano ha prestado declaración este martes ante el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Villajoyosa en calidad de imputado por presuntas irregularidades en la gestión urbanística del municipio, sobre las que ha asegurado que es "inocente".

   Las diligencias abiertas por el órgano judicial se derivan de la investigación realizada por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Villajoyosa del asesinato de Alejandro Ponsoda --predecesor de Cano como alcalde polopino--, en la que Cano también aparece como imputado, y por la que estuvo recluido en prisión provisional durante ocho meses hasta el pasado mes de julio, cuando fue puesto en libertad tras pagar 20.000 euros de fianza.
   Juan Cano ha realizado estas afirmaciones tras prestar declaración durante más de dos horas ante el titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Villajoyosa.
   En este sentido, a la salida del juzgado, preguntado por su comparecencia judicial, el ex edil de Polop ha señalado que es inocente" y que las declaraciones las hace "ante el juez". Asimismo, Cano ha afirmado que no sabe "todavía" qué delitos se le imputan.
   A su llegada a los juzgados destacó su intención de "colaborar siempre con la Justicia" y de que "se solucione lo antes posible esta situación para que se detenga a los culpables" de las presuntas irregularidades urbanísticas.
   Junto a Cano, estaban citados a declarar también otros dos imputados por su presunta relación con supuestas irregularidades en la gestión urbanística.

Ripoll cree que en el caso de Ibi "ha faltado un criterio más claro" para "actuar todos conjuntamente"

ALICANTE.- El presidente provincial del PP y presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, ha considerado que, en el caso del concejal de Hacienda de Ibi, José Antonio Onsurbe, cesado tras ser denunciado por su presunta relación con la extorsión a un empresario, "ha faltado un criterio un poco más claro", y ha opinado que la alcaldesa, Mayte Parra, "quizá debería haber dado mayores explicaciones para actuar todos conjuntamente". 

   A preguntas de los medios de comunicación, Ripoll se ha referido a la situación registrada en el Ayuntamiento de Ibi por la denuncia contra el citado edil.
   "En los acontecimientos de Ibi ha faltado un criterio un poco más claro a la hora de actuar, y una parte de culpa quizá la tengamos también nosotros desde la Ejecutiva Provincial", ha comentado.
   Al respecto, Ripoll ha aclarado que el PP provincial ha "querido siempre contemporizar y buscar soluciones de consenso, con reuniones con la alcaldesa y con su teniente de alcalde y con sus concejales".
   "Al final no hemos sabido resolverlo bien, porque que una concejala sea expulsada del grupo, que otra tenga que dimitir (...), quizá teníamos que haber actuado de manera más contundente, y la alcaldesa quizá debería haber dado mayores explicaciones para actuar todos conjuntamente", ha subrayado.
   "Espero que se solucione cuanto antes, porque en Ibi tenemos una mayoría muy sólida, y tenemos el respaldo y la confianza del electorado y lo que es cierto es que estas cosas no ayudan", ha reconocido.
   En este sentido, ha lamentado que se esté "permanentemente con grabaciones para arriba y para abajo, en un clima enrarecido en el que nadie sabe si puede hablar", ha indicado, en alusión a las grabaciones aportadas en su denuncia por el empresario presuntamente extorsionado.
   De igual modo, ha mostrado su "preocupación" porque "se esté haciendo una política irrespirable, lo que no quiere decir que no se investiguen las cuestiones, que se vea, y cuando haya alguna responsabilidad que se pongan las medidas adecuadas, escuchando a todo el mundo e intentando esclarecer hasta el fondo las cuestiones".
   En cuanto a la decisión del Comité de Garantías y Derechos del PPCV, de suspender cautelarmente de militancia al edil de Hacienda José Antonio Onsurbe, Ripoll se ha mostrado "contrario a todas las suspensiones de militancia, sobre todo porque en el caso de Alicante nunca se resuelven".
   "A veces es muy fácil salir en los medios de comunicación, pero sería mejor que el Comité de Derechos y Garantías hubiera escuchado a las partes, como se suele hacer en estos casos, y que hubiera podido tomar alguna decisión, no para salir en los medios de comunicación, sino para intentar arreglar entre todos el problema", ha afirmado.

lunes, 29 de noviembre de 2010

El juez Pedreira levanta el secreto total del sumario del caso Gürtel

MADRID.- El juez Antonio Pedreira, que instruye el 'caso Gürtel' en Madrid, ha dictado un auto en el que acuerda levantar la práctica totalidad del secreto del sumario que pesa en las actuaciones del proceso penal que implica a varias administraciones del PP, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

   No obstante, no será hasta el próximo día 5 de diciembre cuando las partes tengan acceso a la documentación por el procedimiento actualmente establecido. Fuentes jurídicas han indicado que previsiblemente el acceso se haga efectivo el primer día laboral, que sería el próximo 7 de diciembre.

   En un auto el magistrado acuerda el levantamiento de la prórroga del secreto con efectos de 29 de noviembre, "alzándose el secreto de las piezas que hasta la fecha permanecían secretas acordándose solamente la prórroga del secreto del auto de 21 de octubre de 2010 por el plazo de un mes.

   En la resolución, contra la que cabe recurso de apelación, el magistrado esgrime que el mantenimiento del secreto en este caso estuvo justificado por "el trabajo ingente, que supuso escanear los documentos, investigar los posibles delitos, tomar declaración a los numerosos imputados y practicar numerosísimas diligencias".

   Recalca que "no sólo el magistrado-instructor, sino también la Sala de lo Civil y Penal del TSJM y la Sala segunda del Tribunal Supremo estimaron justificado el mantenimiento del secreto".

   Asimismo, insiste en que "se ha tratado de garantizar el éxito de la investigación sumarial evitando la destrucción o manipulación de fuentes de prueba". "La investigación no solamente ha servido para imputar, sino también para levantar la imputación de varias personas", añade el juez.

   Precisa que "la jurisprudencia del Tribunal Supremo estima que el derecho de la defensa a la publicidad relativa del sumario no es subsumible en el derecho fundamental a un proceso público del artículo 24.2 de la Constitución Española".

   Además, pone de relieve que el Tribunal Constitucional ha establecido que "la concesión de la prórroga al secreto instructorio no infringe el derecho a la defensa".

   Entre las piezas se encuentra la que investiga los contratos de la Comunidad de Madrid con las empresas implicadas en la trama de corrupción y la supuesta financiación del PP a través de la fundación Fundescam.
   Otra de las piezas se refiere a las intervenciones de las comunicaciones en la prisión de Soto del Real entre los imputados encarcelados, Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez, y sus abogados.

   El pasado 25 de marzo, la Sala de lo Civil y Penal del TSJM acordó anular todas las escuchas ordenadas por el juez Baltasar Garzón entre los abogados y sus clientes. Esto dio lugar a un incidente de nulidad que forma parte de una pieza separada en el que los abogados vienen reclamando la nulidad parcial o total de la causa al estar muchas partes contaminadas por las escuchas anuladas.

   Otra de las piezas separadas se refiere a la que investiga la supuesta financiación irregular del PP a través de la fundación Fundescam en los años 2003 y 2004. En aquellos años, Pío García Escudero estaba al frente de la formación, siendo sustituido el 30 de noviembre de 2004 por la actual presidenta, Esperanza Aguirre.

   Fuentes jurídicas indicaron que esta pieza se desgajó a raíz de tres denuncias interpuestas por la Fiscalía Anticorrupción, el abogado del PSM y la defensa de una diputada de IU.

   Otra de las piezas abiertas trata lo relativo a los contratos de la Comunidad de Madrid con empresas relacionadas con la red Gürtel, así como la facturación del Gobierno regional y otras administraciones municipales gobernadas por el PP con las empresas del Grupo Rafael..

Alarte hace "responsable político" a Rajoy por "asentimiento" y a Camps por "acción" de la querella de Luna

VALENCIA.- El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, ha hecho "responsable político" --de la querella contra Ángel Luna por la reforma de su piso-- al presidente del PP, Mariano Rajoy, por "asentimiento" y al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, por "acción", porque "él es el único responsable de este ataque antidemocrático".

"Debería salir y asumir la responsabilidad democrática y de paso irse. Pero en eso no tenemos ninguna confianza" ha lamentado Alarte, que ha añadido que Camps "se irá sólo cuando la gente lo saque democráticamente el 22 de mayo".
   Alarte se ha pronunciado de esta manera en rueda de prensa, en la que ha comparecido también el portavoz del PSPV en las Corts, Ángel Luna, en relación al archivo de la querella de los 'populares' contra el síndic socialista por un presunto delito de cohecho al considerar que había ofrecido trato de favor al constructor Enrique Ortiz a cambio de que éste se hiciera cargo de la reforma de su casa. El PP "lo único que quería era calumniarnos y, en este caso atacar a Luna"
   El líder socialista ha valorado que el juez "con elegancia" les diga "mentirosos varias veces" a los 'populares" porque señala en su escrito la "inexactitud" de las acusaciones. Por ello, considera que "alguien tiene que asumir que se haya perseguido" a Luna.
   En esta línea, Ángel Luna, se ha mostrado "satisfecho" porque el auto es "concluyente", ya que "desmonta" la versión de la querella al considerar que los delitos que se le imputaban "no pueden ser constitutivos de delito".
"Han intentado callar una de las voces del socialismo y han fracasado", ha apostillado.
    Según Luna, el auto "rebate punto por punto" los argumentos de la querella del PP y "hasta cuatro veces les dice que indiciariamente no se pueden considerar como dádivas los hechos que el PP relata en su querella".
   Por su parte, Alarte ha insistido en que "alguien debe explicar a la gente que se hace responsable de perseguir a Luna". "No es de recibo, en una sociedad democrática, que se persiga por parte del poder y del presidente de la Generalitat a los líderes de la oposición para callarlos y para buscar la impunidad".
   El secretario general ha felicitado a Luna "por la tranquilidad" que supone el archivo y ha remarcado la "confianza más absoluta de todo el PSOE" en Luna y en su "tarea".
   Del mismo modo, Ángel Luna, ha insistido en que la querella del PP "no tenía más finalidad que amedrentarnos" y hacer llegar a los ciudadanos el mensaje de que "todos somos iguales, todos estamos igualmente imputados y todos tenemos problemas con la Justicia".
   Luna ha recordado que el TSJCV rechazó de inicio la acusación de prevaricación, que en el PP "no fueron capaces de defender", pero quedó la acusación de cohecho. Según Luna, el PP le atribuyó este delito "con la secreta intención de que el magistrado, o finalmente la sala, establecieran que había prescripción,  algo que era más que evidente, y no se pudiera entrar en el fondo del asunto" para que le quedara el "sambenito de que había un delito que no se podía investigar".
   Luna ha hecho referencia en este sentido al monólogo que el autor de 'Gomorra' Roberto Saviano, realizó en la televisión italiana bajo el título 'La máquina del fango', en el que "se pone de manifiesto como el poder político pone en marcha una máquina para destruir la imagen de los que preguntan y quienes defienden la democracia". A su juicio, "alguien en la Comunitat Valenciana decidió poner en marcha la máquina del fango pero no les va a servir", ha advertido.

El edil de Hacienda de Ibi afirma que no ha cometido "ningún delito"

IBI.- El concejal de Hacienda, José Antonio Onsurbe, ha asegurado que no ha cometido "ningún delito" en relación a la denuncia presentada por un empresario local por un presunto delito de extorsión, denuncia de la que se ha enterado "por la prensa", por lo que "no conoce sus detalles".

    En la denuncia, un empresario dedicado al diseño gráfico acusa a José Antonio Onsurbe de pedir el 50 por ciento de lo facturado a cambio de ser proveedor, y aporta varias grabaciones en las que supuestamente se puede escuchar al concejal reclamando el abono de las comisiones.
   En este sentido, Onsurbe ha negado "haber cometido ningún delito" y ha lamentado la situación de "indefensión" que le produce haber conocido de la existencia de esta denuncia "por los medios de comunicación".
   "No conozco los detalles de la denuncia ni de lo que me acusa" ha apuntado Onsurbe, quien ha añadido que cuando tenga esos datos "dará explicaciones" para "aclarar cuanto antes" la situación.
   Además, el concejal ha asegurado que en Ibi "parece que hay alguien que orquesta reuniones de carácter privado para grabarlas y realizar denuncias" con el fin de establecer un "juicio mediático" de cara a las próximas elecciones.

El Ayuntamiento de Alicante pide por tercera vez al Gobierno dedicar a gasto corriente lo obtenido en venta de patrimonio

ALICANTE.- La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ha asegurado que ha vuelto a solicitar al Gobierno, por tercera vez, que se permita al Ayuntamiento alicantino destinar parte del dinero obtenido de la venta de suelo patrimonial, no a inversiones, como dice la Ley, sino "a gasto corriente" del consistorio, después de que la administración denegara la solicitud al considerar que "la Ley no contempla esa posibilidad". 

   Castedo ha realizado estas declaraciones este lunes en Alicante, tras un acto en el que ha entregado a los vecinos del edificio municipal de Plaza América el premio que la Asociación de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS) ha entregado al Ayuntamiento por las 72 viviendas intergeneracionales que alberga el inmueble.
   La alcaldesa ha destacado que se ha hecho esta petición al Ministerio de Economía, al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y al Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, con la intención de que "una parte de la cantidad económica" obtenida a través de la venta de patrimonio "se pueda invertir en gasto corriente", dada "la situación económica tan grave" que viven "las administraciones locales".
   Lo que se le pide al Gobierno es "que haga una excepción temporal" en la que se marque desde la administración central "el porcentaje que se pueda destinar y a qué tipo de gasto corriente", ha dicho. 
En esta ocasión, "hemos indicado que sabemos que la Ley no contempla" lo que solicitamos, "pero precisamente por eso pedimos que sea algo temporal y que se marque incluso el porcentaje que se tenga que destinar y a qué tipo de gasto corriente".
   Si el Gobierno lo autorizara, esta medida "supondría un desahogo importantísimo par las arcas municipales", ha señalado la alcaldesa, quien ha indicado que "la administración local tiene la responsabilidad de no permitir que el funcionamiento del gasto corriente no se vea afectado".
   Según la primer edil, "la gran mayoría de los ayuntamientos están de acuerdo con esta petición, porque se han puesto en contacto con nosotros y apoyan esta petición".

El TSJCV archiva la causa de la reforma de Luna al declarar que el presunto delito de cohecho ha prescrito

VALENCIA.- El magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que instruye la causa abierta contra el portavoz del PSPV en las Corts, Ángel Luna, en base a la querella presentada por seis diputados autonómicos del PP, ha declarado la prescripción del presunto delito de cohecho, y por lo tanto ha acordado el sobreseimiento libre y el archivo de la causa, según ha informado el tribunal en un comunicado. 

   Los 'populares' presentaron una querella contra el síndic socialista al considerar que había cometido un delito de cohecho al dar un supuesto trato de favor, cuando ocupaba la Alcaldía de Alicante, al constructor Enrique Ortiz a cambio de que éste se hiciera cargo de las obras de reforma de su casa.   

   Según ha explicado el TSJCV, una vez planteada por el Ministerio Fiscal la prescripción del presunto delito de cohecho, el único por el que fue admitida la querella de los diputados del PP, esta cuestión debía ser examinada y resuelta por el magistrado instructor con carácter preferente y previo a cualquier otra, ya que la prescripción de los delitos extingue la responsabilidad penal (art. 130.5 del Código Penal), lo que impide cualquier otra investigación acerca de la existencia y calificación de los delitos y personas a las que afecta.

   Asimismo, ha señalado que contra esta decisión del magistrado instructor caben recursos de reforma y de apelación.

Habrá recurso del PP
El PP ha anunciado que recurrirá la decisión del magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) Juan Climent de archivar la causa abierta contra el síndic del PSPV en las Corts Valencianes, Ánegl Luna, tras la querella interpuesta por seis diputados del grupo 'popular' contra él por un presunto delito de cohecho al considerar que había ofrecido trato de favor al constructor Enrique Ortiz a cambio de que éste se hiciera cargo de la reforma de su casa. 

   El grupo parlamentario 'popular' ha considerado en un comunicado que es "sorprendente, por inusual, la prisa que se han dado el fiscal y el magistrado instructor en pedir el archivo por prescripción y en acordarlo" y ha señalado que ninguno de ellos ha pedido a la acusación su opinión "sobre la eventual prescripción". 

   El PP, que ha subrayado que "ni siquiera" conoce el escrito del fiscal, ha indicado que el auto "cierra la investigación y, por ende, impide conocer la verdad de las relaciones entre Luna y el empresario Enrique Ortiz".

"Hay que recordar que Luna, en su etapa como alcalde de Alicante, adjudicó a Ortiz contratos por valor de 1.200 millones de pesetas, y que una vez dejó la alcaldía pasó a trabajar para este empresario, que realizó diversos actos patrimonialmente beneficiosos para Luna y su familia. Es un hecho insólito", ha añadido el grupo parlamentario en el comunicado.

   Para el PP, "Luna debería ser el primer interesado en que no se archive el caso con el fin de que se esclarezcan los hechos" y ha recalcado que actualmente, el síndic socialista "no ha aclarado las contradicciones en que incurrió durante su declaración y en las semanas previas" ya que, según el PP, el portavoz del PSPV en las Corts "ha pasado de decir que pagaba sus facturas, a que las pagaba directa o indirectamente, que las abonó con su mujer y finalmente que fue sólo ella quien pagó la reforma. Todo ello sin una sola prueba".

   En esta línea, según el PP, "si bien el fiscal y el magistrado instructor consideran que el delito que habría podido cometer Luna es el previsto por el artículo 425.1 del Código Penal", que prescribe a los tres años, los querellantes entienden que el delito cometido es el del artículo 420, "que no exige que el acto por el que se recibe el regalo o la promesa sea delictivo, sino simplemente injusto. Y este delito prescribe a los diez años".

   Asimismo, han añadido que el fiscal y el magistrado instructor "dan relieve al hecho de que la vivienda no sea propiedad de Luna y a la factura relativa al coche". Para la acusación, "el delito de cohecho existe aunque se beneficie del mismo una persona distinta del corrupto, como su cónyuge, en tanto que la factura no demuestra nada sin ser corroborada por otros medios de prueba, como los documentos relativos a su pago o a su contabilización y declaración a la Agencia Tributaria por Enrique Ortiz".

   El PP subraya que si el magistrado instructor y el fiscal "tenían tan claro cuál era el delito cometido y que éste estaba prescrito", "¿por qué acordaron y permitieron, respectivamente, la declaración de Luna?", se pregunta, ya que afirma que la prescripción se podía haber apreciado sin necesidad de que el síndic del PSPV declarara ante el TSJCV.

   El magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que instruye la causa contra Luna ha declarado la prescripción del presunto delito de cohecho, y por lo tanto ha acordado el sobreseimiento libre y el archivo de la causa.