viernes, 4 de febrero de 2011

La situación con Aguamarga SL no ensombrecerá el homenaje a Berlanga

ALICANTE.- El presidente de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana SA, vicepresidente segundo del Gobierno valenciano y conseller de Economía, Gerardo Camps, ha asegurado que la decisión de resolver el contrato con la empresa Aguamarga Gestión de Estudios SL para la gestión de Ciudad de la Luz y la disputa judicial originada por esta determinación no ensombrecerá la gala homenaje a Luis García Berlanga, que se celebrará este lunes en el complejo cinematográfico.

   Gerardo Camps ha realizado estas declaraciones, preguntado por los medios por las relaciones entre Ciudad de la Luz y la empresa que gestiona los estudios durante el futuro homenaje a Berlanga, tras un balance del Plan Confianza en la provincia de Alicante.
   "No se tiene que mezclar en absoluto una cosa con la otra" ha indicado Gerardo Camps, quien ha señalado que los administradores de Aguamarga Gestión de Estudios SL están invitados al acto, y que "la figura de Berlanga está muy por encima de otros tipos de cuitas".
   El presidente de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana SA ha recordado que se hizo un requerimiento a Aguamarga SL para que dejara de gestionar Ciudad de la Luz, al entender que la empresa "no cumplía con los requisitos que en su momento se establecieron" para la gestionar la actividad del complejo.
   "Ese requerimiento no fue atendido, porque no era compartido por los actuales gestores de Aguamarga" ha indicado Gerardo Camps, quien ha añadido que en ese momento se produjo "la acción judicial pertinente, porque entendíamos que sí se habían dado las causas para poder resolver el contrato".
   "La Generalitat valenciana, como administración, cuando entiende que se ha incumplido con las condiciones para poder desarrollar una actividad de la que se es concesionario, lo que tiene que hacer es, en primer lugar, requerir de forma extrajudicial, y si no se atiende este requerimiento, hacerlo con una acción judicial", ha destacado Gerardo Camps.
   En este sentido, el conseller ha indicado que en este momento es al juez "a quien le corresponde tomar la decisión que estime más conveniente".
   Por otro lado, preguntado por la situación del futuro Centro de Congresos de Alicante, Gerardo Camps ha afirmado que espera "que la ejecución de las obras se pueda llevar a cabo en 2011", puesto que "los problemas de carácter urbanístico están a punto de resolverse".
   "Desde la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana SA tenemos todo ya dispuesto para la inmediata ejecución de los proyectos" ha apuntado Gerardo Camps, quien ha señalado que "se está pendiente" de que el Ayuntamiento de Alicante y la Autoridad portuaria alicantina "delimiten exactamente el espacio" para ubicar el proyecto.
   "Si fuera necesario, la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana SA mañana mismo podría empezar a ejecutar las obras", puesto que "no hay ningún problema tanto de redacción de proyectos como de consignación presupuestaria", pero las cosas "se tienen que hacer por su orden" y primero "tiene que estar el suelo, con las características para que se pueda hacer un edificio de este tipo".

Gerardo Camps defiende la entrada de capital privado en las cajas pero descarta que se dé en todas

ALICANTE.- El vicepresidente segundo del Gobierno valenciano y conseller de Economía, Gerardo Camps, ha defendido la entrada de capital privado en las cajas, aunque descarta que se dé en todas las entidades y en la totalidad de cada una de ellas.

   Tras un balance del Plan Confianza en la provincia de Alicante, celebrado este viernes, Gerardo Camps se ha referido a las declaraciones del expresidente, José María Aznar, en las que apostaba por la privatización de las cajas. Gerardo Camps ha considerado que, en su opinión, la entrada de capital privado "no se dará en todas y no en su totalidad".
  "Aznar da su opinión, la de la Generalitat coincide con la mayor parte de los que tenemos funciones en la administración y gobierno en las comunidades autónomas y que además es coincidente también con la posición del Gobierno de España y con la posición del Banco de España", ha dicho.
   Esta opinión, según Camps, es que "sin lugar de dudas tiene que haber un proceso de capitalización que tiene que afectar a las cajas de ahorros, que tienen que aumentar su capital, y que esto tiene que ser mediante la entrada de capital privado e las cajas de ahorros"
   No obstante, según ha considerado, "de ahí a que tengan que privatizarse totalmente, bueno puede ser una discusión que se puede debatir pero desde luego no es una posición que tengamos tomada por parte de las administraciones en su conjunto".
   A su modo de ver, todos entienden como algo "positivo" la entrada de capital privado, pero "hasta dónde" será una decisión de "cada una de las propias entidades financieras". 
"A lo mejor habrá quienes lleguen a privatizarse completamente y habrá otras que no tengan necesidad, y no sea así", ha recalcado.
   Desde su punto de vista, "Aznar decía que eso es un camino que habría que recorrer, si se llega a la totalidad al final, que yo no creo que se dé".

Gerardo Camps espera que Fiscalía no pretenda alargar procesos "sin ton ni son"

ALICANTE.- El vicepresidente segundo del Gobierno valenciano, Gerardo Camps, ha asegurado que no tiene conocimiento de ningún proceso judicial del caso 'Brugal' en el que él se encuentre implicado, y ha confiado en que la Fiscalía, con el recurso presentado contra el archivo de esta causa, no pretenda "alargar procesos sin ton ni son".

   Al término de la presentación del Plan Confianza en Alicante, Gerardo Camps ha calificado como "claramente exagerado" que se pueda derivar algún tipo de responsabilidad en torno a unas "obras que no están ni siquiera licitadas".
   El fiscal decidió recientemente recurrir este archivo al entender que las escuchas al empresario Enrique Ortiz durante la investigación del caso Brugal desvelaron indicios de un presunto tráfico de influencias en los procesos de adjudicación del Palacio de Congresos de Alicante, el Parque Cultural de San Vicente del Raspeig.
   "No tengo conocimiento alguno formal de estar implicado en ningún procedimiento judicial, nadie me ha comunicado nada y no he tenido noticias de prensa que dicen que puede haber, afectando a mi persona", ha señalado el vicepresidente este viernes.
   Por ello, ha considerado que "todo hay que tomárselo con mucha prevención", porque si formalmente él no tiene conocimiento, no es  parte de ese procedimiento. "Además si fuera parte de algún procedimiento, por mi condición de aforado, sería el Tribunal Superior de Justicia el que tendría que conocer".
   Gerardo Camps también ha aclarado que "la sala lo ha vuelto a remitir al juzgado porque entiende que se tienen que justificar las diligencias".
"O que las partes, que no soy yo, hagan alguna serie de aclaraciones", ha apostillado.

El comité local del PP en Orihuela designa a Mónica Lorente como candidata

ORIHUELA.- El comité local del PP en Orihuela ha designado a la presidenta del PP oriolano y alcaldesa de la localidad, Mónica Lorente, como candidata del partido a las próximas elecciones municipales, según ha informado la formación política en un comunicado.

   La propuesta como candidata popular es la de Mónica Lorente, quien aspira a la reelección, y su candidatura ha sido elevada al Comité Electoral Regional, que es quien ha solicitado esta designación para proceder a la elección definitiva próximamente
   La decisión ha sido tomada este jueves en una reunión de la ejecutiva del PP de Orihuela para la elección del Comité Electoral Local, órgano que tiene la facultad de proponer al candidato para las elecciones municipales de 2011.
   Este comité ha sido formado por Pedro Meseguer Díez, como presidente, Pedro Costa Botella, como secretario, seis vocales, que son Laura Riquelme Franco, Sonia Rodríguez Soriano, Rosario Ferrando Grau, Juana María Montesinos Felices, Antonio Plaza Selma y Antonio Galiana Amorós, y por un miembro de nuevas generaciones que se trata de Plácido Riquelme Sánchez.

Manifestación en Jordania por reformas políticas y de apoyo al pueblo egipcio

AMMAN.- Unas 1.000 personas se congregaron este viernes en la capital de Jordania para pedir reformas políticas en su país y expresar su apoyo a la movilización del pueblo egipcio contra el presidente Hosni Mubarak, indicó la policía jordana. 

La manifestación, organizada por la principal fuerza de oposición, el Frente de Acción Islámica (FAI), con el apoyo de partidos de izquierda, se inició tras la oración del viernes en las mezquitas.
"Queremos reformas", "queremos una ley electoral apropiada", "queremos vivir en libertad", "queremos un gobierno que no favorezca a los ricos, sino a los pobres", "No a Bajit" (el nuevo primer ministro jordano, Maaruf Bajit), coreaban los manifestantes.
También gritaron su "apoyo total al gran pueblo egipcio" que pide la renuncia de Mubarak, si bien el islamista FAI ya ha declarado que, contrariamente a lo que sucede en Egipto, su formación no exige un cambio de régimen en Jordania, sino reformas políticas.
Cuando la movilización en Egipto hace tambalear a Mubarak, tras la huida a Arabia Saudí el pasado 14 de enero del derrocado ex mandatario tunecino Zine el Abidine Ben Alí, el rey Abdalá de Jordania nombró el pasado martes primer ministro a Bajit, en reemplazo de Samir Rifai, cuya renuncia pedían los manifestantes.
La oposición islamista y la de izquierda ya habían organizado manifestaciones en las últimas semanas contra la carestía y para reclamar reformas, criticando la política económica de Rifai. Sin embargo, el FAI también criticó la elección de Bajit. Para Zaki Bani Rsheid, del comité ejecutivo del FAI, "Bajit tuvo a su cargo las peores elecciones legislativas de Jordania", cuando era primer ministro, en 2007.
El rey ya admitió implícitamente que hubo fraude en dichos comicios, al disolver la cámara de diputados en 2009, dos años antes de que se acabara la legislatura. Sin embargo, los islamistas boicotearon las elecciones de 2009 para protestar contra la ley electoral, que estimaban perjudicial para ellos.

Llamamiento a la convergencia y a la acción: ¡hay que hacer frente al abuso!

 
Estimado amiga y estimada amigo:

Un grupo de personas preocupadas por la situación política y por las amenazas que se ciernen sobre sectores cada vez más amplios de la población sentimos la necesidad de tomar la iniciativa. Pensamos que ha llegado el momento de impulsar un proceso de acercamiento y convergencia de todos los sectores y sensibilidades de la izquierda para ir conformando una respuesta unitaria y eficaz a la situación que vive nuestro país de países.

Nuestra pretensión es muy abierta pero muy clara. Estamos convencidos de que es imprescindible promover la más amplia confluencia de fuerzas de la izquierda social y política frente a la ofensiva neoliberal que estamos sufriendo. Esta ofensiva probablemente no va a remitir en los próximos tiempos sino todo lo contrario.

Creemos que es necesario ir construyendo consensos para definir valores y políticas que permitan defender el bienestar colectivo, la justicia social, el desarrollo sostenible y las libertades democráticas en estos momentos críticos que estamos viviendo. Es sólo un comienzo pero un comienzo necesario para empezar a articular una contraofensiva al neoliberalismo dentro del actual panorama de la izquierda en nuestro país.

Para darle el primer impulso a este proceso, aprobar el programa mínimo antineoliberal y lanzar el proceso de conformación de mesas para la convergencia ciudadana en todo el Estado, hemos convocado una Asamblea el próximo día 19 de febrero a las 11.00 horas en el Auditorio Marcelino Camacho de Madrid, Calle Lope de Vega nº 40.

Somos conscientes de que una convocatoria de este tipo no es muy frecuente. Pero existe una posibilidad real, hasta ahora tenida por imposible, de que se produzca una regresión dramática de las conquistas sociales, democráticas y culturales de los últimos treinta años. Está en juego, además, la propia existencia de la izquierda como actor político relevante. Por ello confiamos en tu responsabilidad y en tu generosidad en unos momentos tan importantes como los que estamos viviendo.

Un saludo cordial

El grupo promotor de la iniciativa
Juan Torres López, Manolo Monereo, Ricardo García Zaldívar, Carlos Martínez García, Armando Fernández Steinko, Roberto Viciano, Carlos Ruiz Escudero

 ***


Las mujeres y hombres que firmamos este llamamiento lo hacemos porque creemos que es urgente despertar la conciencia de la opinión pública, es urgente que la ciudadanía pase a la acción. Creemos imprescindible actuar cuanto antes para frenar los abusos que se están cometiendo contra los trabajadores y trabajadoras, contra los que ni siquiera han tenido la oportunidad de serlo como es el caso de millones de mujeres, contra los pensionistas o contra los pequeños y medianos empresarios que también padecen los abusos de la banca y de las grandes empresas.

Firmamos este llamamiento para denunciar las amenazas que se ciernen no solo sobre la economía, sino sobre la democracia (porque cada vez cuenta menos la opinión del pueblo), sobre la justicia (porque los financieros nunca pagan el daño que provocan), sobre el medio ambiente (porque con la excusa de la crisis dejan de aplicarse las pocas normas que lo protegen y se favorece a las industrias que más lo destrozan) y sobre el bienestar de la mayoría de la población (porque se está haciendo que la paguen quienes no tienen culpa de ella y disponen de menos recursos).

Y lo hacemos para promover la convergencia de todos los ciudadanos y ciudadanas, sean miembros o no de organizaciones políticas, sindicales, sociales, no gubernamentales o culturales para poner en marcha una respuesta unitaria que permita enfrentarse con eficacia a la manipulación informativa, a los recortes en los derechos sociales y al daño que todo esto está produciendo al ya de por sí débil Estado de Derecho en el que vivimos.
 
Las fuerzas políticas que defienden las políticas que se vienen aplicando, los gobiernos que han decidido no enfrentarse a los poderes financieros y numerosas instituciones nacionales e internacionales están haciendo recaer el principal coste de la crisis sobre sus víctimas, sobre la mayoría de la población, sobre las clases trabajadoras, los pensionistas y trabajadores autónomos. Su única receta para salir de la crisis es la reducción de sus ingresos, el recorte de sus derechos sociales y laborales, el sacrificio del Estado del Bienestar y el estrangulamiento de pequeños y medianos empresarios que no disponen de los mismos recursos que las grandes empresas para hacer frente a la crisis. Gracias a su enorme influencia política y mediática extorsionan a los gobiernos elegidos y logran hacer creer a la mayoría de la gente que su versión de la crisis y sus recetas son las únicas posibles para conseguir salir de ella.
 
Los gobiernos de derechas, y también algunos de base social progresista como el español, están capitulando frente a esos poderes que ahora llaman "los mercados" pero que en realidad son los intereses endogámicos de los propietarios de las grandes empresas y entidades financieras. Han renunciado a ser expresión de la soberanía popular y desmovilizan a la ciudadanía diciéndole que nada se puede hacer frente a ellos.
 
También queremos denunciar con este llamamiento el engañando de la ciudadanía porque lo cierto es que existen otras formas mucho más realistas de interpretar el origen de la crisis, existen políticas más eficaces para salir de ella, políticas que no provocarían otra más grande en poco tiempo y que no harían pagar sus consecuencias a los que menos tienen. Expertos y expertas de todo el mundo y la propia Asamblea General de las Naciones Unidas demuestran que esas alternativas existen y que serían viables si los gobiernos decidieran ponerlas en marcha.

Lo que está ocurriendo es una inmoralidad flagrante y contraria a los principios más elementales de la democracia y de la justicia social. Pero si se quiere evitar no se puede hacer frente a esta situación con el silencio, con la desunión entre las personas que se sienten comprometidas con la justicia social y con la dignidad de todos los seres humanos. No es posible hacer frente a esta situación sin un consenso amplio, coordinado y sin exclusiones entre quienes se oponen a ella y sufren sus consecuencias.
 
Por eso hacemos este llamamiento urgente a todas las personas, organizaciones, movimientos y grupos comprometidos con la justicia, la democracia y la transformación social, a todos aquellos y aquellas víctimas de esta situación para que converjan en un espacio unitario de lucha y de denuncia alrededor de un programa inicial de mínimos. Este programa es un comienzo y podrá ser desarrollado en los próximos meses. Proponemos el siguiente.
 
a) Inmediata elaboración y dotación presupuestaria de un plan de urgencia por la igualdad como base de lucha contra la crisis y basado en la lucha contra la exclusión, el desempleo, la pobreza extrema y la violencia de género. En concreto, inmediata puesta en marcha de normas ya aprobadas y no aplicadas y otras de nueva creación para garantizar la plena integración de las mujeres en el empleo de calidad y en la sociedad, así como la de los hombres en el ámbito del  espacio privado: permisos por nacimiento y adopción iguales e intransferibles para ambos progenitores; universalización del derecho a la educación infantil pública y asequible desde los cero años; implantación general de la semana laboral de 35 horas y racionalización de horarios, prestaciones especiales para las familias monoparentales; eliminación de las barreras para el acceso al crédito de las mujeres y supresión de todos los incentivos para la permanencia de las mujeres en el hogar o en la economía sumergida (declaración conjunta en el IRPF, incentivos al tiempo parcial, excedencias no pagadas, prestación por cuidadoras en el entorno familiar, pensión de viudedad vitalicia, etc…).
 
b) Inmediata puesta en marcha de medidas para evitar que cientos de miles de familias pierdan definitivamente sus viviendas, se queden sin servicios básicos de luz o de agua o sean desahuciadas por las entidades financieras que han provocado la crisis. Revisión de las operaciones abusivas cometidas por la banca en los últimos años e indemnización a los clientes por los daños y pérdidas ocasionados.
 
c) Puesta en marcha de un plan de financiación urgente y extraordinaria de trabajadoras y trabajadores autónomos y de pequeñas y medianas empresas para garantizarles recursos suficientes que les permitan seguir desarrollando su actividad y vuelvan a crear empleo. Para ello es imprescindible la paralización o derogación de todos los proyectos o medidas adoptadas para entregar las cajas de ahorros al capital bancario privado; nacionalizar aquellos bancos y cajas de ahorros que no cumplan con la función de financiar la actividad productiva así como la creación de una banca pública de nuevo tipo sometida a principios éticos y de servicio público.
 
d) Anulación de las reformas emprendidas para debilitar el sistema público de pensiones y apertura de una negociación sobre el futuro del sistema que no ponga sobre la mesa los recortes en el gasto sino estrategias para aumentar los ingresos del sistema de la seguridad social mediante la creación de empleo y especialmente del femenino, el incremento de la productividad y, sobre todo, mediante la recuperación del peso que han perdido los salarios en el renta nacional en los últimos quince años.
 
e) Puesta en marcha de una reforma fiscal basada en la tributación sobre las grandes fortunas y patrimonios, sobre los beneficios de los bancos, de las grandes empresas, y sobre las transacciones financieras especulativas.
 
f) Adopción de un plan urgente contra la economía sumergida, contra el fraude y la evasión fiscal así como prohibición inmediata de la actividad de los bancos y cajas de ahorros españoles en paraísos fiscales.
 
g) Renegociación del pago de la deuda pública generada por la crisis bancaria primando los intereses generales del Estado y de la sociedad.
 
h) Impulso inmediato de los programas de gasto social imprescindibles para lograr que se reactive la economía española equiparándolo en todo el territorio nacional a la media europea en educación, sanidad, pensiones, servicios de dependencia e igualdad. Puesta en marcha de un plan de austeridad orientado a la reducción de gastos superfluos en la administración que no son precisamente, como afirman la derecha y los grandes grupos empresariales, los que merman el autogobierno, la defensa de los trabajadores y trabajadoras o el funcionamiento de las instituciones en las que se basa la democracia moderna.
 
i) Rechazo claro del gobierno de las actuaciones antidemocráticas de la burocracia europea, de su connivencia con los intereses financieros y de sus continuos ataques contra la soberanía de los estados y de los pueblos. Exigencia de un mayor peso del Parlamento europeo en la toma de decisiones, de un funcionamiento verdaderamente democrático de las instituciones europeas y la supeditación del Banco Central Europeo a los objetivos de creación de empleo y bienestar en Europa.
 
Pero los buenos argumentos no bastan, hay que poner los medios para difundirlos y para que transformen en actos. Para ello, para crear un nuevo estado de opinión en todo el país y poder pasar a la acción de forma efectiva y coordinada, también hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que se agrupe y organice sobre bases unitarias.
 
Para ello llamamos a la creación inmediata de Mesas de Convergencia Ciudadana en todos los barrios, en todos los pueblos y localidades y en todos los centros de trabajo. Estas mesas tienen tres objetivos. El primero es que los ciudadanos de buena voluntad se sienten a deliberar desde la pluralidad, pacífica y democráticamente, sean o no miembros de partidos, de sindicatos o de cualquier otra organización, que lleguen a acuerdos y consensúen posturas y argumentos erradicando el sectarismo. 

El segundo objetivo es informar al resto de la ciudadanía sobre la verdadera naturaleza de la crisis,  desenmascarar a sus verdaderos culpables y difundir las propuestas alternativas. 

El tercer objetivo es impulsar acciones conjuntas para exigirle a los poderes públicos locales, autonómicos y estatales soluciones justas y democráticas a la situación creada, soluciones que no estén basadas, como está ocurriendo, en el recorte de derechos y recursos de los débiles, sino en los principios elementales de responsabilidad, de equidad, de igualdad y de respeto a los derechos humanos.
 
La iniciativa de convergencia unitaria y democrática a la que llamamos no pretende ni debe suplantar las iniciativas de partidos y organizaciones políticas, culturales y sindicales contra el neoliberalismo que ya están en marcha. Todo lo contrario. Quiere potenciarlas y hacerlas más eficaces poniéndolas en común, fomentando la comunicación entre todas ellas, generando un clima para el entendimiento, para la discusión constructiva y para las iniciativas conjuntas. 
 
Para poner todo esto en marcha, para divulgar nuestra invitación a la acción y para organizarla, convocamos a toda la ciudadanía a un encuentro estatal el próximo día 19 de febrero de 2011 a partir de las 11 horas en el Auditorio Marcelino Camacho de CCOO de Madrid sito en la Calle Lope de Vega nº 40 e invitamos a quienes estén de acuerdo con nuestros propósitos y compartan nuestro compromiso, a suscribir este llamamiento en el espacio de la red que figura a continuación, espacio en el que iremos informando sobre el desarrollo de la iniciativa.  

El gran asalto a las cajas / Albert Recio Andreu *

En mi infancia me enseñaron que las Cajas de Ahorros eran una institución distinta a los bancos. En mi ciudad aún estaba vivo el recuerdo de la quiebra del Banco de Barcelona que había arruinado a personas modestas. Las cajas, en cambio, eran vistas como instituciones no especulativas, defensoras del ahorro de los menos ricos, instituciones amigas del entorno (en las escuelas de mi barrio eran habituales los premios en forma de pequeños depósitos: los escolares ahorrábamos sumas modestas mediante la compra de unos sellos pensados para alentar una cultura de la responsabilidad). 
 
Esta figura de las cajas como instituciones sociales empezó a quebrar con la liberalización financiera de principios de los ochenta y la transformación de estas instituciones en operadores financieros normales de la mano de una camada de dirigentes formados en las escuelas de negocios. 
 
Aunque resulta evidente que se ha ido difuminando su diferencia con los bancos, ésta ha persistido en ciertos aspectos: las condiciones laborales, los retornos a la comunidad (pese a que hay mucho de criticable en las obras sociales de las cajas, sobre todo de exceso de acciones publicitarias, salen bien paradas cuando se las compara con los bancos privados) e incluso la implicación en la financiación del tejido productivo local. (No era impensable que una mayor democratización de sus órganos directivos las hubiera podido convertir en impulsoras a gran escala de la economía social). Por ello, con todos sus aspectos criticables, seguían apareciendo, a ojos neoliberales, como una “peligrosa anomalía económica”.

Por tanto, hacía tiempo que las cajas españolas estaban en el punto de mira de los funcionarios del gran capital financiero. Ellas mismas han contribuido a su desmatelamiento con errores propios, especialmente el de subirse al carro de la especulación inmobiliaria a gran escala. Si la gran banca española está saliendo mejor parada de la crisis que las cajas no es tanto por su “eficiencia” como porque su internacionalización previa (explotando chollos financieros como el de las pensiones privadas latinoamericanas) les ha permitido compensar los problemas locales.
 
La crisis actual esta siendo, para los intereses dominantes, como el cerdo: todo resulta aprovechable. Y tras el mercado laboral y las pensiones ahora toca que las cajas sean “reformadas” (seguramente con el caluroso apoyo de algunos de sus directivos formados en cualquier “Business School” local o yanki y esperanzados con que con la transformación podrán obtener los generosos “bonus” que reciben las cúpulas bancarias). 
 
La secuencia del proceso constituye en sí misma una maniobra clásica de golpe de estado: primero se dice que deberán alcanzar un determinado grado de solidez financiera, después se anuncia que ésta deberá ser superior a la de los bancos (ya se sabe: la economía social es menos fiable y hay que asegurarse) y finalmente se afirma que las entidades que no alcancen dicha solidez serán “nacionalizadas” (o sea que pasarán por un programa de saneamiento financiado por la colectividad) como paso previo a su venta total o parcial a inversores privados. También pueden acortar el camino y optar de entrada por la venta al capital privado (es lo que ya ha anunciado la Caixa, una de las instituciones más sólidas). 
 
Vistas en perspectiva, las tormentas financieras recientes que asolaron al país parecen ser el mismo tipo de maniobras de amedrentamiento que realizan los “señores de la guerra” o las mafias cuando quieren conseguir que alguien les ceda un activo o les “solicite” protección.

Si la rendición final se produce —en estos tiempos casi todo lo indeseable acaba por ser inevitable— estaremos expuestos a nuevos problemas. De una parte, toda la experiencia anterior de liberalizacion financiera y de privatización en lugar de redundar en la pretendida competencia creativa se ha traducido en un mero proceso de oligopolización económica. Esto ha ocurrido claramente en el sector bancario, donde hemos acabado, como en la liga de fútbol, con sólo dos grandes grupos. 
 
Y también ha pasado en el resto de sectores privatizados. No hay ninguna razón para que esto no vuelva a ocurrir con las antiguas cajas. Quizás lo único que ganaremos es que a todo el mundo le queden más claros quiénes son los “amos” del país. La otra posibilidad es que, al menos en un plazo inmediato, la privatización sea una puerta de entrada de los fondos financieros, siempre ávidos de entrar en aventuras cortoplacistas. 
 
Y sus efectos especulativos se pueden dejar sentir en muchos campos: nuevas operaciones especulativas en el campo financiero, tratamiento más duro de la clientela e incluso impactos negativos en las redes de empresas locales que aún dependen de las cajas. Teóricamente las cajas preservaran su obra social mediante el cobro de dividendos de sus bancos participados, pero la pérdida de control de la gestión directa refuerza la posibilidad de que estos ingresos disminuyan por cambios en las políticas de gestión (retribuciones a los altos directivos y a los inversores privados, desvíos de fondos mediante operaciones financieras “ad hoc”, etc.)

Aunque el final parece inevitable hay que seguir insistiendo en que la participación pública en las entidades debería ser el embrión de una nueva banca pública y no una mera etapa hacia la privatización. Y deberíamos plantear directamente la cuestión a “nuestros” teóricos representantes en los consejos de las cajas (representantes de sindicatos, impositores, corporaciones locales) para que reviertan el proceso. Porque el triunfo de los mercados es en gran parte el producto de la dejación de responsabilidades de los presuntos representantes de los intereses colectivos.
 
(*) Doctor en Economía y profesor titular del Departamento de Economia Aplicada en la Universidad Autónoma de Barcelona

jueves, 3 de febrero de 2011

El fiscal anticorrupción aporta un documento con más pruebas de los trajes de Camps

MADRID.- La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez instructor del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, que ordene la remisión al Tribunal Superior de Justicia de Valencia de un archivo de Excel (orangeisabel.xls -Alicia/ALICIA/ORANGE MARKET-) que probaría que la trama Gürtel abonó 30.000 euros a la tienda Forever Young de Madrid para pagar trajes destinados al presidente de Valencia, Francisco Camps, y a otros altos cargos de su Ejecutivo.

La fiscalía quiere que ese archivo sea aportado "al procedimiento del Tribunal del Jurado 1/09", que es el que tramita el magistrado del Tribunal Superior de Valencia José Flors contra Camps, el ex vicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos, el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret, y el ex secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa.

El juez Flors ha terminado ya la investigación sobre la causa de los trajes y decidirá en breve si abre juicio contra Camps y los otros imputados por un posible delito de cohecho impropio del artículo 426 del Código Penal, que castiga al funcionario público que acepta regalos en función de su cargo. El archivo cuya remisión a Valencia pide Anticorrupción está incluido en un disco duro que en su día aportó ante notario Isabel Jordán, administradora de Easy Concept, una de las principales empresas del entramado de la red Gürtel que dirigía Francisco Correa. 

En el disco duro había carpetas de contabilidad elaboradas por diferentes empleados de Correa; entre ellos, uno confeccionado por Alicia Mínguez en el que consta un pago de 30.000 euros a la tienda Forever Young, donde la trama pagó supuestamente trajes para Camps y para otros altos cargos del PP a instancias del gerente de Orange Market, la firma valenciana de la red Gürtel que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes.

Jordán tiene declarado que ella recibió ese disco duro, con el citado archivo dentro, de manos de Javier Nombela, imputado en Gürtel y ex asesor del concejal del PP de la Junta Municipal de Moncloa, en Madrid. Jordán llegó a ver personalmente el archivo y la anotación de los 30.000 euros de Forever Young. Esta ex directiva de Gürtel declaró ante un juez de Móstoles que, cuando vio esa anotación, preguntó a Nombela sobre ella y éste le dijo que era de los trajes de Camps.

El PSPV asegura que Camps "huye a Alemania" para "no tener que dar ningún tipo de explicaciones" sobre candidaturas

VALENCIA.-   La portavoz del Comité Electoral del PSPV, Carmen Ninet, ha asegurado que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, "huye" a Alemania para "no tener que dar ningún tipo de explicaciones" sobre candidaturas y ha asegurado que "por mucho que intente forzar y presionar" al presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, Camps es la "incógnita de Gürtel". 

   Ninet ha lamentado en un comunicado que, "como cada vez que se ve acorralado, de nuevo el presidente de la Generalitat emprende una de sus huidas hacia ninguna parte, esta vez a Alemania", en referencia al viaje que inicia este viernes a Nuremberg junto con una delegación de empresarios y representantes del juguete.
   Según Ninet, los compañeros de partido del jefe del Consell "saben que el PP está a la espera de que haya novedades en Gurtel para nombrarlo, por lo que asumen que las proclamaciones de sus candidaturas están paralizadas por el susto que tiene Camps".
"Por eso ayer se tuvo que autorizar rápidamente a que fueran nombrados los candidatos de municipios de más de 20.000 habitantes, entre otros, Alfonso Rus, que es uno de los que más nervioso está", ha asegurado.
   En opinión de Rus, el presidente de la Diputación está "alterado porque, tanto él como sus compañeros de partido, y todos los valencianos y valencianas, saben a estas alturas que lo de Camps son cuatro trajes y también 30 millones de euros del bolsillo de todos los valencianos". "Unos millones que han ido a parar a una pandilla de delincuentes que está viéndoselas con la justicia", ha añadido, al tiempo que ha apuntado que "como saben eso, saben que Camps no podrá ser candidato del PPCV".
   La portavoz del Comité Electoral del PSPV ha considerado que "para no tener que dar ningún tipo de explicaciones, una vez más, Camps huye y se va de la Comunitat" y ha sostenido que "no consigue absolutamente nada de esta manera, porque a él lo único que le preocupa es conocer las novedades de sus múltiples problemas con la justicia".
   "Mientras tanto, los socialistas valencianos, que ya tenemos elegidos a nuestros candidatos municipales y al que será el próximo presidente de la Generalitat, Jorge Alarte, iniciamos la senda en ese largo trabajo que precisamente ha emprendido nuestro secretario general y candidato autonómico, porque son muchas cosas las que le tenemos que contar a los valencianos, un nuevo futuro de prosperidad, de limpieza, de honestidad, de esfuerzo y de esperanza", ha dicho, y ha subrayado: "cuando ellos van, nosotros venimos, ya que mientras ellos no se atreven a designar candidatos, nosotros ya los tenemos y ya estamos recorriendo la Comunitat".

Ex alcaldes pedáneos del PP en Orihuela rechazan a Lorente como candidata a la Alcaldía por el 'caso Brugal'

ORIHUELA.- Ex alcaldes pedáneos del PP en Orihuela han mostrado en un comunicado su rechazo a que la alcaldesa oriolana, Mónica Lorente, encabece la candidatura de esta formación en las próximas elecciones municipales, ante, a su juicio, "la actual situación de desconfianza hacia el equipo de Gobierno como consecuencia de los supuestos casos de corrupción", como el 'caso Brugal'.

   El comunicado de prensa está firmado por un total de 15 ex alcaldes pedáneos de Orihuela, en gran parte de la época del exalcalde 'popular' José Manuel Medina, quienes han decidido hacer pública su decisión de no apoyar a Lorente por "haber sido excluidos de todos los órganos de decisión del partido en Orihuela, por el mero hecho de no apoyar, en su día, a la actual presidenta local".
   "Nuestro único objetivo es impedir que los supuestos casos de corrupción que tanto daño han hecho a la imagen de nuestro partido junto con la impopularidad del actual equipo de gobierno, dilapiden todo el trabajo que hemos desarrollado a lo largo de tantos años", han apuntado.
   Asimismo, los exalcaldes pedáneos han considerado que la actual alcaldesa de Orihuela no es "la mejor candidata" por el "descontento" que le transmiten los oriolanos, así como porque la candidatura de Lorente en las elecciones municipales de 2007 "obtuvo los peores resultados electorales del PP de Orihuela desde que en 1987 alcanzara la primera mayoría absoluta".
   En concreto, han señalado que el PP obtuvo un 45,3 por ciento, si bien en 2003 el porcentaje fue del 52 por ciento. Asimismo, en los comicios autonómicos de 2007, celebrados el mismo día que los locales, la lista de los 'populares' valencianos obtuvo un 58,9 por ciento. "Una diferencia cercana a los 14 puntos, cuando en 2003 y en 2009 esta diferencia era de tan solo de 3 puntos", han precisado.
   "Esta discrepancia entre los resultados del PP autonómico y local, son un claro reflejo de que a pesar de ser el PP la fuerza política preferida por los oriolanos, la lista encabezada por Mónica Lorente hizo decrecer esta simpatía de forma considerable", han comentado.
   Además, los 15 exalcaldes pedáneos han indicado que "la apertura del 'caso Brugal' ha sacado a la luz ciertos diálogos que han generado un enorme malestar en la ciudadanía", por lo que han considerado que es necesario "un cambio radical en las listas del PP" oriolanas en las próximas elecciones municipales del 22 de mayo de 2011.
   El comunicado está firmado por los exalcaldes pedáneos de La Aparecida, Antonio Martínez Aragón; del Camino Viejo de Callos, Manuel Coll; de Mudamiento, Francisco Guillén; del Camino de Enmedio, Asensio López González; de San Bartolomé, José María Ortiz; de La Media Legua, José Ferrando Trigueros; de Arneva, Joaquín Portugués; y de Correntías Altas, Rosario Rodríguez Franco.
   La lista se completa con los ex primeros ediles pedáneos de La Murada, José Sigüenza; de La Matanza, Juan Valverde; de La Campaneta, Francisco Vicente Rodríguez; de San Francisco, Juan Antonio Sánchez López; de San Isidro, Ana Lizón; de Capuchinos, Carmelo Soñer; y de El Badén, Antonio Bernabeu.
   No obstante, los firmantes han apuntado que "faltan algunos compañeros que, a pesar de mostrarnos su apoyo, han preferido mantenerse en el anonimato ante el temor de posibles represalias que puedan perjudicar sus intereses particulares".

El pleno de la Diputación declara diputado no adscrito a Domingo Soler

ALICANTE.- El pleno de la Diputación de Alicante ha declarado como diputado no adscrito al ex popular Domingo Soler, quien hasta ahora ocupaba la vicepresidencia quinta de la corporación provincial, y en adelante participará en las comisiones informativas "con voz y voto".

   En la sesión ordinaria, el propio Domingo Soler ha tomado la palabra para pedir disculpas a sus ex compañeros del Grupo Popular y al presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, al que se ha referido como "un amigo que se graba en el corazón y así será siempre".
   Domingo Soler, quien ocupa también acta de concejal en el Ayuntamiento de Torrevieja, decidió hace unos días abandonar el PP a causa de sus diferencias con el alcalde de la localidad, el popular Pedro Hernández Mateo.
   Junto a su marcha, Domingo Soler anunció recientemente su intención de crear una nueva formación política, con la que aspira a conseguir hasta siete concejales, lo que, según ha dicho, le permitiría negociar con el PP de Torrevieja su elección como alcalde.
   En su intervención este jueves en el salón de plenos, Domingo Soler ha reconocido que su tiempo en la Diputación "ha acabado", aunque ha prometido que volverá a la institución provincial como alcalde de Torrevieja.
   El presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, ha explicado que Soler "ha tomado una decisión que acarreaba unas consecuencias", ya que "si una persona decide abandonar el PP no puede estar en el grupo popular, ni puede estar representando al grupo del PP en ninguna institución ni organismo".

Ripoll confía en "llegar a todos los consensos posibles" en las listas municipales

ALICANTE.- El presidente provincial del PP y presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, ha mostrado su disposición de "intentar, de común acuerdo, llegar a todos los consensos posibles" en los "dos o tres municipios", en los que aún el PP no tiene definida su candidatura a las respectivas alcaldías, como en Benidorm, donde ha reconocido que "hay más complicaciones".

   Tras el pleno ordinario celebrado este jueves, a preguntas de los medios de comunicación, Ripoll se ha referido al requerimiento de la dirección regional para que los municipios de más de 20.000 habitantes remitan sus correspondientes propuestas de candidatura antes de la medianoche de este viernes.
   "Esto es un proceso que evidentemente teníamos que poner en marcha lo más rápidamente posible y así se ha considerado, y vamos a intentar de común acuerdo llegar a todos los consensos posibles, que desde mi punto de vista, serían todos", ha comentado. Al respecto, ha defendido que "la mejor solución siempre es un mal acuerdo, antes que un buen pleito".
   En el caso de los municipios de más de 20.000 habitantes, ha asegurado que, "quitando 2 o 3, prácticamente están todos más o menos claros, así que hay que intentar que en esos 2 o 3 se pueda llegar a los acuerdos correspondientes, y que el próximo lunes se puedan nombrar a 25 candidatos de esos municipios".
   "Cuando gobernamos en un municipio, no hay ninguna duda", --ha comentado, en alusión a la directriz general del PP que establece que los alcaldes repitan candidatura--. En este sentido, ha subrayado que en la ciudad de Alicante "no cabe ninguna duda de que la candidata va a ser Sonia Castedo".
   "Cuando no gobernamos en algunos municipios, lo que vamos a plantear es un candidato ganador y que aúne el consenso de todos, estoy hablando de 2 o 3 municipios, desde mi punto de vista yo creo que seremos capaces de llegar a acuerdo total", ha insistido.

No son revoluciones / Yasmina Khadra *

Si los levantamientos que se encadenan en determinados países árabes tienen en común una misma motivación, a saber, la expresión ultrajada de un hartazgo y de una necesidad vital de emancipación y de libertad, los regímenes totalitarios contestados son muy diferentes los unos de los otros. En Yemen se trata de una dictadura estática, esclerotizada, sin proyecto real de sociedad y sin dinámica, basada exclusivamente en las alianzas tribales. Una dictadura virtual, sorda, opiácea, que ha instalado al pueblo en el estoicismo y la renuncia.

En Túnez, el régimen, nacido a partir de una esperanza de renovación y de progreso, cayó en la trampa de una espantosa estrechez de miras que condujo a Ben Ali a perder de vista la oportunidad de poder inscribir su nombre con letras de oro en la historia de su país. Ben Ali era, sin duda alguna, el más convincente de los presidentes árabes. Disponía de un pueblo magnífico, instruido, moderno, emancipado y no violento. Su reino era pan bendito. 

Pero, al no hacer la gloria estremecerse más que a las almas que son dignas de ella (Gogol dixit), el soberano de Cartago optó por la depredación bulímica y por una represión policial que no tenían ninguna razón de ser. Privilegió el reino de sus allegados y de su familia política en detrimento de su propio reino y acabó por verse superado por el giro de los acontecimientos. Podríamos decir que la dictadura de Túnez era sobre todo un poder crapuloso sobre el país, basado en el nepotismo, la corrupción y el tráfico de influencias.

En Egipto se trata de un régimen fantoche, deseado y alimentado por los intereses estadounidenses e israelíes. Considerado como la punta de lanza del mundo árabe, se ha convertido en su eslabón débil. Su incondicional alianza con los norteamericanos ha perjudicado mucho al destino de Palestina y dispersado considerablemente a la unidad árabe. Al concentrar en su seno a las principales instituciones árabe-africanas (políticas, económicas, culturales y deportivas), Occidente ha hecho de él su único interlocutor y su principal peón en la región. 

Valiéndose de ese privilegio, el régimen de Mubarak trocó deliberadamente su estatuto de hermano mayor por el poco brillante papel de cómplice y de traidor, actitud que el pueblo egipcio, considerado como el más intelectualizado del mundo árabe, no ha acabado de digerir. En la dictadura egipcia se da el ejercicio flagrante de una creciente injerencia de los intereses geoestratégicos occidentales, en particular los de Estados Unidos e Israel. Su vocación consiste esencialmente en amordazar el orgullo y la dignidad nacionales en beneficio de ambiciones vampirizantes exteriores.

Los levantamientos que tienen lugar en esos tres países responden también a una urgencia capital. En Yemen, como en Túnez y en Egipto, los pueblos reclaman la libertad, el honor y la posibilidad de acceder a una vida decente. Los regímenes denostados han sido, para nuestros pueblos, la causa principal del marasmo y de la descomposición socioeconómica que nos deniegan el derecho a poder ascender en el concierto de las naciones. Pero de ningún modo se trata de revoluciones. Se trata de una reacción espontánea, incoherente y sin orientación precisa, cuyo objetivo es el de expulsar al tirano sin prever ni preocuparse por lo que vendrá después. Una revolución es un acto pensado, maduramente articulado en torno a una hoja de ruta, de una estrategia, y conducido por actores identificados y determinados. 

No vemos a cabecillas titulares designados en las calles de El Cairo, de Túnez o de Adén. Privados de catalizadores eficaces, estos vastos movimientos de protesta van a tener que seguir hasta el final y desbaratar todos los ardides que los Gobiernos amenazados van a multiplicar para cambiar la situación a su favor. Nos hallamos ante la duda sideral, de ahí que se haga imperativo el recurso inmediato a conciencias intelectuales o políticas capaces de encarnar la cólera popular y la saludable alternancia exigida por el pueblo. Sería desastroso seguir sitiando las plazas públicas sin erigir en ellas tribunas y sin hallar para ellas una voz fuerte y creíble que desbanque los discursos falaces y las llamadas a la calma de los regímenes acorralados. 

Como sería desastroso aceptar un compromiso, que, con toda evidencia, no sería sino una trampa inesperada y una tentativa de ganar tiempo para los Mubarak y sus esbirros. Cometimos esa torpeza en Argelia con ocasión de la formidable insurrección de octubre de 1988. Al no contar con guías prevenidos que nos evitaran las trampas de la recuperación y nos precavieran de los fallos de nuestra inadvertencia, aplaudimos la proclamación de la democracia y del multipartidismo para desengañarnos algunos años más tarde bajo el tsunami islamista. No quisiera que esta catástrofe se operara en Túnez y en Egipto.

Esa es la razón por la que resulta de extrema importancia, para esos dos países, escoger a hombres y mujeres aguerridos, vigilantes y dispuestos a erradicar toda traza de los antiguos aparatos represivos del Estado y a impedir las tentativas de instrumentalización y desviación ideológicas que reducirían a cenizas la instauración de una auténtica democracia laica y republicana.

Sin embargo, si el caso tunecino suscita la simpatía de Occidente, el de Egipto le quita el sueño. Porque en Egipto no se trata del porvenir del pueblo egipcio, sino de una nueva configuración de las relaciones de fuerza en la región. Si el régimen de Mubarak se hundiera, la "paz" de Oriente Próximo ya no estaría garantizada. Entendiendo por "paz" la estabilidad de Israel y su impunidad. Estados Unidos va a emplear todo su peso para mantener el régimen, a riesgo de sacrificar a Mubarak. Y los egipcios están viviendo las horas más peligrosas de su historia republicana. O aceptar la "transición" o la guerra civil. 

Personalmente, no soy nada optimista. Cada día que pasa lo hace en beneficio del régimen, que ha elegido la guerra de desgaste. Ya no es la calle la que gestiona el asedio. La economía está parada, la gente no percibe sus salarios y los estómagos empiezan a acusar el hambre. El régimen lo sabe y va a tratar de prolongar las manifestaciones pacíficas para volver a desplegarse, restablecer sus redes de propaganda y de disuasión y sembrar la duda en los ánimos. En el momento en que escribo, Mubarak habría confiado ya el destino de Egipto a los expertos del Pentágono. Esa "transición" que reclama Washington es la trampa mortal que destruirá toda oportunidad de recuperar su honor y su salvación al pueblo egipcio.

Hay dos preguntas que hacerse:
1. ¿Podrían extenderse estos levantamientos a Libia, Argelia, Marruecos y Jordania? Para Libia, la cuestión ni se plantea. Para los libios, Gadafi no es un dictador sino un líder iluminado. Tardaremos en ver sumidas en la cólera a las calles de Trípoli. Respecto a los otros tres países, a pesar de la corrupción generalizada, el desempleo, el empobrecimiento galopante y la falta de perspectivas para la juventud y los nuevos diplomados, no habrá insurrecciones en ellos. Los Gobiernos actuales prometerán la introducción de vastas y urgentes reformas para satisfacer las reivindicaciones de sus pueblos y seguirán sin comprender que es la alternancia lo que la nación exige. El brazo de hierro será flexible, pero nadie podrá prever la reacción popular a corto plazo. Una cosa es cierta, gracias a lo que ocurre en Túnez y en Egipto, los pueblos saben ya dónde están sus verdaderas fuerzas. Nada será ya como antes.

2. ¿Van a cambiar algo estos levantamientos? En Yemen, nada concluyente. Al régimen le bastaría con hacer algunas concesiones para dispersar a las multitudes. Las alianzas tribales están demasiado corrompidas como para renunciar a sus conquistas en beneficio de sus comunidades. Túnez podría arreglárselas. Tiene bazas reales de salir bien parado de la transición, pero los excluidos del aparato del poder no renunciarán a su parte del pastel. En cuanto a Egipto, se velan las armas, o, por seguir con la tradición musulmana, es "la noche de la duda". Se juega todo a una carta. Y todo lleva a creer que se va a armar una buena. Los envites geoestratégicos son de tal calibre que gustosamente aceptarían el sacrificio de algunas decenas de miles de muertos.

(*) Yasmina Khadra es escritor argelino.

La nueva legitimidad árabe / José María Ridao (*)

Las revueltas populares que comenzaron con el gesto desesperado de Mohamed Buazizi, el humilde vendedor de fruta tunecino que se inmoló en protesta por la brutalidad de la policía, han logrado en breves semanas lo que las bombas y los atentados de los yihadistas no consiguieron en largos años de barbarie: un cambio radical en el panorama político árabe, con el dictador de Túnez derribado, el de Egipto convertido en un cadáver político y unas apresuradas reformas democráticas emprendidas por Gobiernos que, hasta la víspera, se declaraban cínicamente comprometidos en transiciones que, sin embargo, no avanzaban jamás en el reconocimiento de las libertades.

Esta formidable sacudida política llevada a cabo sin un solo disparo por parte de los manifestantes, sin una sola acción que pudiera empañar su causa, exige corregir la diplomacia hacia la región de las principales potencias mundiales, incluido Israel. Como también exige mandar al lugar que merece esa infame literatura de expertos y seudoexpertos que, tras los atentados del 11 de septiembre, colocaron bajo sospecha a millones de personas con el razonamiento, a la vez siniestro y estúpido, de que, por ser árabes, tenían que ser musulmanes; y de que, por ser musulmanes, tenían que ser islamistas; y de que, por ser islamistas, tenían que ser, cómo no, terroristas. 

¡Tanta perspicacia intelectual para descubrir enemigos emboscados de Occidente entre hombres y mujeres que solo aspiraban a lo mismo que aspiran los hombres y mujeres de cualquier parte del mundo, al pan y a la libertad, y tanta ceguera para no ver que, en realidad, se trataba de víctimas de unos dictadores con los que Occidente había concluido el negocio de sostenerlos a cambio de protección contra un enemigo que esa literatura agigantaba!

Cuando, tras la huida del tunecino Ben Ali y de la defenestración de Mubarak, que caerá o no como caen de la higuera los higos secos, se vuelve a agitar el fantasma de los islamistas y de su posible ganancia en el río de la revuelta, lo único que se está haciendo es salvar la cara de aquel repulsivo negocio, cuando no prorrogar por miedo o por interés la vigencia de su cláusula principal. Pero no solo porque si, llegado el caso, los islamistas triunfasen en unas elecciones democráticas no se podría cuestionar su triunfo sin cuestionar al mismo tiempo la democracia, sino porque la hipótesis misma de la victoria de los islamistas es, sin duda, prematura, y, tal vez, equivocada.

Si los islamistas hubieran tenido capacidad para sacar tantos hombres y mujeres a las calles como las protestas de Túnez y Egipto -que podrían repetirse contra otras dictaduras de la región-, no habrían esperado a la inmolación del humilde vendedor de fruta Mohamed Bouazizi para convocarlas. Como tampoco los yihadistas hubieran construido el núcleo de su estrategia en torno a las bombas y los asesinatos; si lo han hecho es porque saben que forman una exigua minoría fanática, y que ni en sus más aventurados sueños serían capaces de movilizar a las multitudes que han derrocado a Ben Ali, y que amenazan con hacerlo con Mubarak, al grito de libertad y elecciones libres.

El bochornoso titubeo de la Unión Europea ante las revueltas, así como la impúdica posición de Israel, que no ha dudado en considerar sinónimos la estabilidad y la seguridad de la región con el mantenimiento de sus feroces dictaduras, demuestran que, ni en un caso ni en otro, han comprendido la auténtica dimensión de lo que está sucediendo. Sí la han comprendido, en cambio, las dictaduras vecinas de Túnez y Egipto que se sienten amenazadas, y que por eso se aferran al mantenimiento del statu quo, que por eso invocan el repulsivo negocio que concluyeron con Occidente, llegando así, por el camino opuesto, a la misma conclusión que Israel y a las mismas razones por las que la Unión Europea ha titubeado. 

Porque lo que está sucediendo es que las revueltas están colocando, por fin, en manos de los ciudadanos árabes la soberanía que les usurparon las élites del anticolonialismo, después de haberlo hecho las del colonialismo. Aquellas se limitaron a copiar los métodos de gobierno que estas aplicaban en los territorios sometidos, y que nada tenían que ver con los vigentes en las metrópolis. Con la independencia, las poblaciones que ahora se han levantado cambiaron de tiranos pero no se libraron de la tiranía, con el agravante de que la guerra fría, primero, y la guerra contra el terror, a continuación, establecieron el juego maniqueo en el que ha fraguado, hasta esclerotizarse, la situación política que está saltando por los aires.

Una nueva legitimidad está surgiendo en la región, una legitimidad que solo cabe calificar de revolucionaria. El momento crítico de traducirla en medidas políticas ha sonado en Túnez y Egipto, y puede que siga sonado en la región a lo largo de los próximos días y semanas. En estos dos países se ha empezado a abrir paso, poco a poco, un proceso constituyente que las principales potencias mundiales, incluido Israel, no pueden ignorar, y menos entorpecer, sin arruinar la primera gran esperanza que ha ofrecido el siglo XXI, iniciado bajo el signo de funestos presagios.

(*) Diplomático

miércoles, 2 de febrero de 2011

e-Línea, digital continuo de pensamiento y cambio para suscitar debate

e-Línea

Digital continuo de pensamiento y cambio con selección de Francisco Poveda y otros profesores/periodistas universitarios/españoles asociados para suscitar debate


Bruselas baraja una prórroga temporal del acuerdo de pesca con Marruecos que dé tiempo a negociar uno nuevo

BRUSELAS.- La Comisión Europea baraja una prórroga interina del actual acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos como la opción "más fácil" para superar las dificultades que existen para renovar este convenio, que expira el próximo 27 de febrero, después de que los servicios jurídicos del Parlamento Europeo mostraran sus dudas sobre el respeto de los derechos de la población del Sáhara occidental.

   La comisaria de Pesca, Maria Damanaki, trabaja contrarreloj para presentar una propuesta que cuente con el apoyo del colegio de comisarios y satisfaga a las partes, incluida la Eurocámara y Rabat. El acuerdo actual concede 119 licencias a la flota comunitaria --de las que un centenar son para España-- a cambio de una compensación de 36,1 millones de euros anuales, pero el Sáhara occidental reclama que sus recursos sean excluidos.
   En una comparecencia a puerta cerrada ante la comisión de Pesca del Parlamento Europeo, Damanaki explicó el lunes a los eurodiputados que estudia dos opciones posibles. La primera responde a las dudas de la Eurocámara y a las aspiraciones de la población saharaui que exige que los recursos de la ex colonia española se  excluyan del acuerdo. La comisaria no logró el apoyo de sus colegas de Ejecutivo para esta opción en un primer intento a finales de 2010, pero la mantiene sobre la mesa.
   La segunda posibilidad, y la "más fácil" según fuentes europeas, consiste en prorrogar de manera interina el actual convenio, con el objetivo de contar con "más tiempo" para negociar un nuevo pacto que satisfaga las aspiraciones tan divergentes de las partes interesadas.
   Según fuentes comunitarias, esto daría un plazo de al menos un año para pedir más garantías a las autoridades marroquíes sobre los beneficios que reciben los saharauis y otras cuestiones que preocupan como el respeto del medio ambiente y la sostenibilidad, sin que por ello se produzca un vacío legal que obligue a los buques comunitarios a retirarse de los caladeros.
   En cualquier caso, Bruselas aún debe decidir cuál será su propuesta a los 27 y continúa estudiando los últimos datos remitidos por las autoridades marroquíes. Tras más de un año pidiendo a Rabat información y aclaraciones sobre el impacto regional del acuerdo, el pasado diciembre Damanaki recibió "por primera vez" documentación que responde a las cuestiones específicas planteadas y cuyo examen llevará todavía "varios días" a los servicios de la comisaria.

Alicante es la provincia de la Comunidad Valenciana donde menos creció el paro (1,6%) en enero

 VALENCIA.- El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) se situó al finalizar enero en más de 513.800 millones de personas, tras subir en 12.485 desempleados, lo que supone un aumento porcentual del 2,49% respecto al mes de diciembre. La Comunitat Valenciana es así la tercera autonomía donde más subió el paro tras Cataluña y Andalucía, según informó este miércoles el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

 De los 513.800 parados, 262.429 son hombres y 251.371 mujeres. Por edades, 53.912 son menores de 25 años, 30.517 hombres y 23.395 mujeres.
  El desempleo subió especialmente en el sector Servicios con 10.860 nuevos parados, seguido de Agricultura con 1.039 e Industria, con 963. Por contra, descendió en el colectivo de el colectivo sin empleo anterior, con 288 desempleados menos, y en construcción, que experimentó una bajada en 89 personas.  
  Por provincias, en Valencia 7.369 personas se quedaron sin trabajo, un 3,07 por ciento más, con lo que los parados se sitúan 247.018 personas.
 En Castellón se registraron 1.847 nuevos parados, un 3,21 por ciento con lo que el paro se sitúa en 59.342 personas.
 Por último, en Alicante se contabilizaron 3.269 desempleados, un 1,60 por ciento más, con lo que el paro alcanza los 207.440 desempleados.
   En cuanto a la contratación, en enero se registraron un total de 93.141 contratos, un 11,59% menos que en igual mes de 2010. De ellos,  9.204 fueron de carácter indefinido y 83.937 temporales.
 La Seguridad Social ha cerrado, por su parte, el mes de enero con un total de 1.683.740 afiliados en la Comunitat Valenciana, lo que supone un descenso del 1,62 por ciento, lo que se traduce en una reducción de 27.745 afiliados.
   Así se desprende de los datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración, que además indican que por Regímenes, el General fue el más numeroso del sistema, con un total de 1.249.958 afiliados.
  Por detrás, se ha situado el Régimen de Autónomos (RETA) registró 324.997 afiliados. Por su parte, el Régimen agrario registró 79.930 afiliados, el del Hogar un total de 24.093 afiliados y en el Régimen del Mar, un total de 4.763 afiliados a cierre del mes de enero.

Jiménez Villarejo cree que existe "un sesgo ideológico franquista" en algunos sectores de la magistratura

VALENCIA.- El ex fiscal Jefe Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo considera que, en la actualidad, todavía existe "un sesgo ideológico franquista", en algunos sectores de la magistratura y en otros ámbitos de la sociedad española, donde predomina "un afán de no tocar el franquismo y sus consecuencias delictiva y penales". 

   Jiménez Villarejo, que ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación en Valencia, antes de presentar en esta ciudad el libro 'La solidaridad con el juez Garzón', que él mismo coordina, ha criticado que el magistrado "ha hecho lo que no ha sido capaz de hacer el Tribunal Supremo respecto al franquismo" y que es "aplicar la legalidad, teniendo en cuenta los tratados internacionales".
"El juez Garzón hizo lo que estaba obligado a hacer", ha apostillado.
   Respecto al juicio contra el juez Garzón por investigar los crímenes del franquismo, el ex fiscal Jefe Anticorrupción ha señalado que "la única salida digna que tiene el Tribunal Supremo ante ese juicio es absolver" al juez "para que quede proclamar pública y totalmente su inocencia". A su juicio, se trata de un juez "honrado, honesto, justo y, además, inocente".
   Preguntado por si considera que el juicio contra el juez Garzón afectará al prestigio de la judicatura, ha asegurado que el "prestigio" de la magistratura española "ya está bastante herido y socavado". En esta línea, ha indicado que "el simple hecho de abrir ese proceso contra Garzón ya ha significado un golpe durísimo contra el prestigio nacional e internacional de la magistratura española".
   Para Carlos Jiménez Villarejo, "el solo hecho de ir a sentar a Garzón en el banquillo es un peso tan insoportable que crea un clima de desconfianza y de rebeldía".
   Asimismo, se ha mostrado convencido de que existe "un sesgo ideológico franquista presente en ciertos sectores de la magistratura", porque, a su juicio, de lo contrario "no se explica que una Tribunal Supremo que ha estado dando posibilidades a la persecución de las dictaduras latinoamericanas", no lo haya hecho en España "cuando ha tenido delante la oportunidad de perseguir esos y muchos más crímenes".
"No se ha atrevido a respaldar las investigaciones y las decisiones que estaba tomando el juez Garzón", ha criticado.
   En su opinión, es "profundamente injusto que en España, el único juez que ha querido dar una respuesta positiva de amparo a los familiares de la víctimas del franquismo, esté tan injustamente perseguido por un delito de prevaricación que no ha existido ni podrá nunca existir".
   Respecto al libro 'La solidaridad con el juez Garzón', publicado por la editorial El Páramo', ha subrayado que se trata de una obra "fundamentalmente colectiva" que recoge "las voces airadas y críticas contra la persecución que sufre Garzón".
"Es una reflexión en voz alta", ha indicado, en la confluyen voces de los ámbitos judicial, académico, cultural y de las instituciones públicas, así como entidades sindicales y asociaciones defensores de derechos humanos, entre otras.
   En la presentación, en la que han dejado una silla vacía de modo simbólico para hacer referencia a la ausencia de Garzón, han participado, además de Jiménez Villarejo, el magistrado y presidente de la Sala Segunda de la Audiencia Provincia de Valencia, José María Tomás i Tio; el portavoz de la Plataforma Cívica Valenciana de Apoyo al Juez Garzón, Matías Alonso, y el conejero delegado de Editorial El Páramo, Ricardo González.