Cospedal: "Mandar directamente a galeras a las personas por un presunto cohecho impropio es complicado"

ALMERÍA.- La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha asegurado este martes que resulta "complicado" el "mandar directamente a galeras" a alguien porque se le impute un delito como el cohecho impropio y ha defendido la candidatura de su partido en la comunidad valenciana ya que "ellos dicen que son inocentes y el PP cree en ellos" en alusión, entre otros, al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el exsecretario general del PPCV Ricardo Costa.

   En respuesta a un pregunta formulada por los asistentes al Foro Joly Andalucía en el que ha participado en Almería, De Cospedal ha asegurado que los cargos que se imputan a los implicados en el caso 'Gürtel' son asuntos que "no están sancionados ni siquiera con penas de cárcel sino con multas" y ha hecho referencia de nuevo a su condición de "imputados, que no condenados aunque a veces se nos olvide en este país".

   Tras esgrimir de nuevo que "todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia", ha precisado que en las listas del PP en Valencia "hay tres personas imputadas" que, ha resaltado, "dicen que son inocentes y creemos en ellos" al tiempo que, pese a asegurar no querer caer en el "y tú más", ha señalado que en Andalucía existen un centenar de cargos públicos del PSOE "imputados y más de 31 son cabezas de lista".

   "En Valencia están imputados por delitos como el cohecho impropio, que es que te regalen algo por la condición que tienes pero sin que hagas nada a cambio por este regalo. Mandar por esto directamente a las personas a galeras es complicado por muy duras que sean las campañas", ha aseverado De Cospedal.

Arenas pide un pacto entre partidos para decidir la inclusión de imputados en candidaturas

ALMERÍA.- El presidente del PP-A y vicesecretario general de Política Territorial, Javier Arenas, ha abogado este martes por que las formaciones alcancen un acuerdo con respecto a la participación de cargos públicos imputados en la vida política y sobre "si se debe o no respetar la presunción de inocencia" a la hora de incluirlos en candidaturas.

   Arenas ha trasladado esta propuesta al ser interpelado por la presencia de hasta cuatro imputados en la lista con la que el PP concurre en las elecciones autonómicas en Valencia y ha expresado que los partidos políticos "deberíamos tomar todos una decisión al respecto".

   Sin entrar en consideraciones sobre la candidatura que encabeza el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, ha subrayado que el PSOE-A "tiene más de cien imputados en Andalucía" y ha personalizado en la lista del PSOE a la Alcaldía de Jerez de la Frontera (Cádiz).

El TSJCV absuelve a Luna del delito de encubrimiento por el informe que exhibió en las Corts sobre el 'caso Gürtel'

VALENCIA.- La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha absuelto al portavoz socialista en las Corts Valencianes, Ángel Luna, del delito de encubrimiento del que le acusaba la acusación particular --ejercida por el PP-- por el informe que exhibió en la cámara valenciana sobre el 'caso Gürtel' y que estaba bajo secreto de sumario. Contra esta decisión cabe la presentación de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo en el palzo de cinco días a partir de la última notificación.


   En una sentencia de 13 páginas, hecha pública este martes, una semana después de la celebración del juicio contra Luna, la sala --formada por la presidenta del TSJCV, Pilar de la Oliva y los magistrados José Flors y Juan Climent-- considera que en este caso no existen elementos probatorios que permitan afirmar la "concreta finalidad de impedir el descubrimiento del delito que el tipo penal por el que se acusa exige".
   Así, sostiene que la explicación ofrecida por Luna --que afirmó desconocer quién le hizo llegar el informe y que perdió interés en el documento en papel exhibido cuando pudo acceder a él en soporte informático cuando se personó como parte en la causa instruida en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid-- "no permite afirmar que fuera precisamente el impedimento del descubrimiento del delito de revelación de secretos la finalidad perseguida" por él y considera que también es "razonable" la explicación de que perdió interés en el documento.
   En este caso, señala que las dos versiones que se producen en este caso --del PP y del fiscal y la defensa-- "vienen razonadas y son hipótesis sostenibles, si bien no se han acreditado en la prueba practicada más allá de toda duda razonable y en términos bastantes para quebrar la presunción de inocencia". Por ello, ante estas dos hipótesis posibles, el tribunal "no puede optar por la más desfavorable, sino en todo caso por la que resulte más acorde con el principio 'pro reo'".
   El PP acusaba a Luna de un delito de encubrimiento del artículo 451,2 del Código Penal, y solicitaba una condena de inhabilitación especial para empleo o cargo público durante dos años y nueve meses y una multa de 17 meses y 15 días con una cuota diaria de 50 euros; mientras que fiscal y defensa pedían la libre absolución.
   La sala ha considerado probado que el 24 de marzo de 2010, Ángel Luna, en su condición de diputado en las Corts Valencianes, exhibió desde la tribuna durante una intervención parlamentaria un informe policial que estaba declarado secreto en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y cuyo contenido sustancial ya se había publicado con anterioridad en varios medios, y también posteriormente.
   El carácter secreto del informe se levantó el 5 de abril y el síndic socialista fue parte en el TSJM desde el 7 de mayo de 2010. El 20 de diciembre, antes de ir a declarar por primera vez por esta causa en el TSJCV, se interesó a través de su escolta sobre cómo accedían los sobres con documentos a la Cámara valenciana, una pregunta que, a su vez, el escolta la trasladó a los servicios de seguridad de la cámara.
   Asimismo, estima probado que Luna fue requerido en dos ocasiones para que aportara el documento, una cuando se le investigaba por revelación de secretos y más tarde cuando la causa se centró en encubrimiento, sin que atendiera los requerimientos ni aportara el documento exhibido. El síndic socialista alegó desconocer quién se lo hizo llegar y afirmó que perdió interés en el informe cuando pudo acceder a él en soporte informático cuando se personó en el TSJM. El tribunal también considera probado que las Corts no guarda registro de quién llega o dónde se entregan los documentos ni de su contenido.
   La sala explica en la sentencia que la modalidad del encubrimiento por el que se formula acusación abarca las conductas de aquellos que, con posterioridad a la comisión de un delito sin haber intervenido en él como autor o cómplice, intervenga "ocultando, alterando o inutilizando el cuerpo, los efectos o los instrumentos de un delito, con el objeto de impedir el descubrimiento del mismo".
   Al mismo tiempo, no exige el conocimiento o identificación del autor del hecho encubierto, sino que es "bastante" la percepción por el encubridor de la existencia de hechos delictivos, sobre cuyo cuerpo, efectos o instrumentos venga en realizar conductas de ocultamiento, alteración o destrucción, con la finalidad de impedir su descubrimiento".
   En este caso, la sala indica que un ejemplar del informe del 'caso Gürtel' llegó a manos de Luna, por lo que "alguna persona" debió realizar un delito de revelación de secretos, y lo exhibió en las Corts. Del carácter de secreto, tuvo conocimiento antes de ser llamado por la sala para que lo entregara o cuando fue parte en el TSJM.
   Según la sala, el documento en cuestión es el objeto material de un delito de relevación de secretos y el hecho de que no se aportara "tal vez podría ser reveladora de una actividad de ocultación del dicho objeto material, si así se acreditara con los oportunos medios de prueba, sin que conste si se ha alterado o destruido, ni tampoco se haya acreditado que tenga o carezca tal documento de idoneidad para el descubrimiento de dicho delito de relevación de secretos o de su autor o autores, autoría ésta cuyo conocimiento por el acusado no ha resultado acreditada de la prueba practicada".
   En esta línea, apunta que la configuración del tipo penal del delito por el que se acusa a Luna exige que la conducta "de ocultación, alteración o destrucción del cuerpo, efectos o instrumento del delito lo sea para impedir su descubrimiento".
   La acusación popular alegaba que no entregar el documento es ocultación para impedir el descubrimiento del delito y se apoyaba en las indagaciones del síndic sobre el modo en que se controla la llegada de sobres a las Corts y a las explicaciones ofrecidas por Luna. sin embargo, para la sala, esta estimación no ha quedado acreditada y se trata de una "hipótesis razonada pero no la única posible a la vista de la prueba practicada".
   Para la sala, de esta prueba practicada "no se desprende la imposibilidad ni la inconsistencia de la justificación dada por el acusado a la no aportación" del documento,, y añade que en casos como éste, la finalidad de encubrimiento "no viene determinada por la no aportación o por la manifestada pérdida de disponibilidad del documento objeto material del delito".

Luna está convencido de que "saldrán a la luz" nuevos escándalos de Gürtel en campaña o precampaña

VALENCIA.- El portavoz del PSPV en las Corts, Ángel Luna, ha mostrado su "convencimiento" de que en precampaña o campaña "saldrán a la luz pública" nuevos elementos del 'caso Gürtel' "más graves" que lo que se conoce hasta ahora, que "pueda exigir la petición de convocatoria de la Junta de Portavoces y de la Diputación Permanente" de las Corts Valencianes.

   Luna se ha pronunciado de esta manera en rueda de prensa tras ser preguntado por la agenda de uno de los presuntos responsables de la trama Gürtel, Pablo Crespo, ha explicado que "no paran de salir documentos" de este caso porque las cajas de documentación incautadas se van analizando "poco a poco".

   Así, ha señalado que, "en muchos asuntos, aparece un primer informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales y aparece un segundo". Por ello, "no descarto que puedan seguir saliendo cosas y que, algunas cosas puedan tener más gravedad de lo que hemos visto hasta ahora".

   "Conociendo cómo ha funcionado la trama Gürtel en el resto de España, creo, y es un convencimiento personal, que algún tema urbanístico tiene que haber en la Comunitat Valenciana. No me extrañaría", ha apostillado.

   El síndic socialista ha afirmado que hay un "problema de connivencia estrechísima entre la trama Gürtel, el corazón del PPCV y la Generalitat", ya que "ha formado parte del núcleo duro de las decisiones estratégicas de la Comunitat".

   Así, ha argumentado que "esta manera de cerrar filas" en el PPCV, a la hora de confeccionar las listas, como en "La Nucía (Alicante), por hablar de algún sitio", tiene que ver "con que las cosas han ido más allá de los cerca de 30 millones que hasta ahora tenemos contabilizados que se ha llevado la trama en la Comunitat".

   "El nivel de cohesión de los imputados, implicados, relacionados, seguro que está relacionado proporcionalmente con el grado de gravedad de las cosas que han sucedido", ha continuado.

   Por ello, "no descartamos que pueda llegar a salir a la luz pública a lo largo de esta precampaña y campaña electoral algún elemento de gravedad todavía mucho mayor y que pueda exigir la petición de convocatoria de la Junta de Portavoces y de la Diputación Permanente", ha remarcado.

   Luna ha criticado también la confección de las listas electorales del PPCV y ha afirmado que la "acumulación de personas imputadas e implicadas en casos de corrupción ha provocado un escándalo generalizado" en los ciudadanos. Así, la ha comparado con una mezcla de productos químicos que acaba explotando.

   En opinión del síndic socialista, con estas listas, el programa político que el PP trata de "vender a los ciudadanos es el de "conseguir la impunidad a cualquier precio". Luna les ha reprochado que hayan realizado este ejercicio de "prepotencia obsceno ante el electorado", ya que han demostrado que la opinión de los ciudadanos "les importa poco".

   "Es la primera vez que se presentan con la bandera de la corrupción y que se lo dicen de una manera tan clara a los valencianos", ha agregado al respecto.

   Luna ha apuntado que el objetivo de la lista electoral del PPCV es doble: "conseguir aforamiento a cualquier precio" y "eliminar rivales internos" como el presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, cuya inclusión en la lista municipal de Alicante, ha dicho, es una muestra del "desagrado" de Rajoy a la actuación de la dirección del PPCV.

   Luna se ha preguntado por qué lo hacen y por qué se lo consienten y, en su opinión, se debe a que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, no puede desplazar a nadie en el Consell para que "no cuente lo que sabe". "Esa necesidad de meter en las listas a gente que está en el ajo se ha impuesto", ha agregado.

   Del mismo modo, ha señalado que el presidente del PP, Mariano Rajoy, ha "consentido" esta lista porque "está en el ajo". "Era consciente de lo que pasaba en la Comunitat Valenciana con el 'caso Gürtel' y no ha tenido más remedio que aceptar lo que "con una amenaza más o menos velada le han planteado" desde el PPCV.

   Por todo ello, Luna ha anunciado que realizarán una campaña por la Comunitat Valenciana para que los ciudadanos sepan "hasta qué punto alcanza la corrupción" en las filas 'populares' y "explicando cada uno de los procedimientos" judiciales en los que se encuentran inmersos algunos de miembros y "especialmente los candidatos" del PPCV a las Corts y a los Ayuntamientos. Para ello, utilizarán el directorio sobre la corrupción que han elaborado.

   También ha asegurado que van a estar "muy atentos" a la creación de nuevos partidos "con fondos de reptiles" como se ha hecho en otros comicios, ha apuntado Luna, en relación al Partido Socialdemócrata (PSD), que aparece nombrado en la agenda de Pablo Crespo.

El aeropuerto de Manises aumenta sus pasajeros un 9,4% y el de El Altet un 1,5%

VALENCIA.- El aeropuerto de El Altet (Alicante) ha registrado un total de 1,67 millones de pasajeros hasta el mes de marzo, lo que supone un aumento del 1,5 por ciento sobre 2010. Por su parte, el aeropuerto de Manises (Valencia) ha contabilizado 1,07 millones de pasajeros en Valencia, un 9,4 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior.

   Así se desprende de la información de los aeropuertos de la red de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) que transportaron un total de 39,74 millones de pasajeros en el primer trimestre, lo que supone un 4,9 por ciento más que en el mismo periodo de 2010.

   En el mes de marzo, el aeropuerto de Manises ha registrado 421.851 pasajeros, lo que supone un 7,9 por ciento más que en el mismo mes del año anterior; y el de Alicante un total de 666.782, un descenso del 1,2 por ciento.

   Con respecto a las operaciones, el aeropuerto de Valencia ha acumulado 6.416, un aumento del 3,2 por ciento, mientras que el de El Altet un descenso del 3,8 por ciento, hasta un total de 5.316 operaciones en marzo.

   Finalmente, entre enero y marzo, con respecto a las mercancías, Valencia registró un descenso del 3,7 por ciento, hasta 2,64 millones de kilogramos; mientras que el de Alicante registró un descenso del 5,3 por ciento, hasta 738.287 kilogramos.

Flores dice que las listas autonómicas por Alicante están "muy compensadas"

ALICANTE.- El conseller de Infraestructuras, Mario Flores, ha considerado este lunes que las listas autonómicas por la provincia de Alicante están "muy compensadas", por lo que no entiende "cierto malestar, si es que lo hay".

   Tras asistir a un desayuno de trabajo con los patronos de la Fundación Puerto de Alicante, y preguntado por los medios de comunicación, ha opinado que las listas autonómicas "están bien" y son "muy acertadas" porque "tienen representantes de la mayoría de los municipios de la provincia de Alicante".

   En este sentido, ha subrayado que están "muy compensadas" por lo que no entiende "cierto malestar, si es que lo hay". A este respecto, ha indicado que ha quedado "en entredicho que lo haya" porque "parece que se había convocado a 40 alcaldes, y no 100 como se ha dicho, para otra cosa", en referencia al acto que la dirección provincial del PP alicantino organizó este sábado para mostrar su desacuerdo con las listas.

   "Parece ser que hay gente que no sabía que se firmaba un comunicado", ha dicho Flores, quien ha comentado que "nunca llueve a gusto de todos". Desde su punto de vista, "para eso está el partido, que es un gran partido, para arreglar las cosas entre nosotros si hay alguna diferencia".

Llamazares reprueba el "linchamiento" de Garzón y ve llamativo que se le juzgue antes que los de la Gürtel

MURCIA.- El diputado de IU, Gaspar Llamazares, ha criticado este lunes el enjuiciamiento del juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ya que se está "ante un linchamiento de un juez justo", siendo, a su juicio, "llamativo" el hecho de que vaya a ser juzgado "antes que los juzgados de la Gürtel".

   En una rueda de prensa que ha ofrecido en la sede de IU-Verdes Murcia, Llamazares se ha pronunciado sobre la apertura del juicio oral contra Garzón por autorizar la práctica de escuchas en prisión a los imputados por la trama Gürtel.

   Al respecto, ha considerado que "no se trata de justicia, sino de una persecución, una cacería a un juez justo de nuestro país, el único que se ha atrevido a abrir una investigación en relación a la impunidad del franquismo y a dar satisfacción a las víctimas".

   "Es un hecho lamentable, que lo lamenta toda la justicia internacional y cada vez que se abre un juicio de estos a Garzón es una vergüenza internacional para la justicia española", ha denunciado públicamente Llamazares.

   Según ha defendido, en este caso hay que plantear que "no se juzga en menor medida a los corruptos que a los que persiguen a los corruptos".

"Que un juez acabe ante la justicia y no acaben los presuntos corruptos dice poco de la justicia española", ha lamentado.

CC.OO pide al Banco de España que actúe con "determinación" en la CAM y aparte a sus gestores

MADRID.- El secretario general de Comfia-CC.OO, José María Martínez, ha pedido al Banco de España que actúe con "determinación" en la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y aparte a los gestores del consejo de administración porque son los responsables de la crisis que vive la entidad. 

   Martínez subrayó durante un desayuno organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) que "no es posible solucionar el problema de esta entidad si no se acomete una reestructuración profunda de su cúpula directiva", ya que es ésta "la responsable del fiasco y de su crisis"·

   Martínez insistió en que Banco Base es "la expresión de cómo se está levando a cabo el proceso de reestructuración", ya que cuatro cajas de ahorros acordaron crear un nuevo banco, en el que por indicación de los supervisores debía haber un consejo de administración con ejecutivos profesionales, y, sin embargo, ocultaron información y dieron al traste con la fusión.

   El secretario de Comfia-CC.OO recordó que desde el 18 de enero las entidades tenían constancia de los problemas económicos que podría tener la CAM, pero no se dieron a conocer hasta el momento en que se frustró la operación. A su juicio, con esta situación "no es creíble que cualquier operador quiera hacerse cargo de la CAM".

   El sindicato se mostró así de determinante en el día en que la CAM debe presentar su proyecto al Banco de España y detallar la solicitud de fondos públicos por importe de 2.800 millones, tal y como anunció tras el naufragio de Banco Base, al tiempo que busca un socio estable para el futuro. Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura también presentan este lunes la reedición de su integración a tres bandas.

   Martínez insistió en en que el Banco de España debe actuar con "determinación" y criticó la pasividad y la "falta de coraje" con que ha actuado el gobernador, Miguel Angel Fernández Ordóñez, durante la crisis. No obstante, preguntado sobre si debería dimitir Fernández Ordóñez, Martínez respondió de forma tajante que no, porque su dimisión contribuiría a sembrar más incertidumbre en el sector.

   En cuanto a la responsabilidad de los gestores en las cajas de ahorros, Martínez también subrayó que si se demuestra que algunos gestores han cometido delitos, se les debería exigir responsabilidad penal.

   Martínez también recalcó durante su intervención la necesidad de un Esquema de Protección de Activos (EPA) para todas las cajas de ahorros con el fin de facilitar su colocación y no venderlas "por debajo de un precio razonable".

   Martínez subrayó que el EPA debe aplicarse en toda las entidades que actualmente están inmersas en un proceso de integración, no sólo en la Caja de Ahorros del Mediterráneo, ya que de lo contrario, sería "discriminatorio".

    A su juicio, el sector debe buscar que todas las cajas sean integradas sin deterioro para ninguna entidad y defendió que un EPA no genera déficits, sino ingresos, y protege a los inversores en las salidas a bolsa y los precios de las operaciones.

   Martínez insistió en que si se persigue una integración rápida de las entidades sin intervención por parte del Banco de España y posterior subasta, como el caso de CCM y CajaSur, este esquema es el más acertado, ya que actúa como un aval.

   En este sentido, también puso como ejemplo Caja España y Caja Duero, ya que, según indicó, se unieron hace un año y aún no han llevado a cabo una reducción de sus consejos. Martínez subrayó que Unicaja debería presionar para que los costes de la integración no se eleven y se aclaren las dudas sobre los consejos de administración y el sistema de gobernanza.

   Por otro lado, el secretario general de CC.OO también resaltó que "no debería" haber más problemas en el resto de procesos de integración que aún quedan pendientes, pero insistió en que se debería vigilar si no se llevan a cabo por problemas con los gestores.

   Asimismo, Martínez recordó en los últimos mensajes lanzados por el Banco de España se percibe un interés por la profesionalización de los órganos de gobierno de las entidades, pero recordó que muchas entidades consejeros con un perfil más político y no tienen problemas.

Rato cree que España no puede esperar a que termine una crisis que ya se acabó

VALLADOLID.- El presidente de Bankia y de Caja Madrid, Rodrigo Rato, ha advertido este lunes de que España no puede esperar a que termine una crisis "que ya se acabó" y ha insistido en que el objetivo ahora es discutir sobre qué futuro se quiere para el país, que vive ahora en una fase de "post-crisis" o de "nueva realidad".

   "Si no nos gusta la tenemos que cambiar pero si no la cambiamos esto es lo que hay", ha sentenciado Rato, para quien el verdadero "desafío" está en atajar la pérdida del potencial de crecimiento de España, que estuvo en márgenes del 2,5% y del 3% y ahora se sitúa en torno al 1,5%, según la Comisión Europea, aunque "según la realidad que estamos viendo puede que inferior".

   Para ello, ha calificado de "esenciales" los cambios económicos pero ha apostado también por la autoconfianza "porque lo que tenemos por delante depende sólo de nosotros".

   Tras admitir la existencia de crisis en determinados sectores de la economía española, como el inmobiliario, "que está atravesando una digestión muy difícil", el presidente de Bankia ha constatado "gran dinamismo" en la exportación española y el mantenimiento de "cierto nivel de consumo" por lo que ha reiterado su mensaje de que ya no se puede hablar de una crisis mundial que terminó a finales de 2009 o a principios de 2010 sino de esa "nueva realidad" en la que hay que trabajar.

   "El problema no es salir de la crisis sino cómo salir de la crisis", ha considerado el presidente de Bankia, que ha puesto sobre la mesa "claros indicios" de que el mundo está ya en una fase de expansión, como el precio de la gasolina. "Si la realidad no se cambia es la que tienes y ahí es donde está la discusión", ha continuado Rato, para quien el sistema financiero es parte de ese potencial de crecimiento a través de una recapitalización que permita mantener al mismo tiempo los niveles de competencia y de diversidad.

   Rodrigo Rato ha considerado asimismo que España no está en estos momentos entre los países con algún riesgo de intervención, como pudo ocurrir, según sus datos, el pasado otoño. "Esto no es lo que uno percibe ni en los mercados privados ni en las instituciones públicas", ha explicado el presidente de Bankia.

   Rato, que ha participado este lunes en Valladolid en una charla-coloquio titulada 'Bankia: un nuevo banco para afrontar los retos del sistema financiero', ha considerado que lo importante para el futuro es también que el crédito esté preparado para seguir a la economía para no suponer un freno. En este sentido, ha asegurado que ese crédito está preparado y que las entidades tienen "gran interés" en concederlo ya que, entre otras cosas, sus márgenes se están reduciendo por el encarecimiento de los depósitos de los ahorradores.

   El presidente de Bankia recordado que en diciembre de 2004 el crédito concedido en España alcanzó los 945.000 millones de euros, mientras que en el mismo mes del año anterior la cifra se duplicó y superó los 1,862 billones de euros, cifra similar a la computada en enero de 2011, con 1,826 billones de euros.

   Así, ha defendido que el crédito no ha sufrido una caída drástica si bien ha admitido que se está afectado por el menor crecimiento del PIB, por el encarecimiento del riesgo, que "ha cambiado" y ha beneficiado a los ahorradores, y por el encarecimiento de la financiación de la economía por el diferencial con Alemania, tres cuestiones que "entran de lleno en la economía española".

Unnim achaca al Banco de España "parte de culpa" en la crisis financiera

MADRID.- El presidente de Unnim, Jaume Ribera, ha achacado al Banco de España "parte de culpa" en la crisis financiera en el país, porque el organismo regulador contaba con toda la información respecto a la situación que atravesaban bancos y cajas de ahorros, si bien consideró que cada entidad financiera es responsable de su gestión.

   "El Banco de España tenía la visión completa de las cajas de ahorros, tendrá parte de culpa en lo que ha pasado, pero no me quito parte de culpa de mi institución", dijo Ribera en respuesta a una pregunta formulada respecto a la asunción de responsabilidades en el sector financiero ante los errores cometidos.

   Durante su intervención en las jornadas del IESE sobre 'El futuro de las cajas de ahorros', Ribera indicó que los mayores requisitos de capital establecidos en España "no van en la línea de favorecer el crédito", aunque a largo plazo puedan incrementar la confianza de los mercados internacionales en el país.

   A su parecer, el problema de algunas entidades financieras es que no logran liquidez en los mercados internacionales "como en la época dorada" de la expansión del crédito, a lo que se suman las presiones regulatorias para contar con mayores niveles de solvencia.

   En este escenario, el presidente de Unnim pronosticó que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) "entrará en el capital de bastantes instituciones españolas", y defendió esta alternativa porque permitirá a las cajas "ganar tiempo" para mejorar su situación. "Nosotros hemos tenido que sacar cosas del armario, confiamos en que en los próximos dos o tres años volveremos a posicionarnos", afirmó.

   "El FROB es una alternativa que a primera vista para la mayoría de las entidades suena mal porque parece que no has podido llegar a levantar el capital por otras vías, pero si lo piensas, es lo normal, lo extraordinario es que algunas entidades logren la capitalización", argumentó el presidente de Unnim.

   El objetivo de Unnim es ser una caja mediana, por lo que buscará nuevos socios con el objetivo de "quedarse en la parte media de la tabla" del ranking de entidades por tamaño una vez culmine la reestructuración del sector financiero, explicó Ribera.

   Asimismo, reconoció que el momento actual no es bueno para salir a Bolsa, pero que se trata de una vía que no ha descartado la integración de cajas catalanas, que también contempla reforzar su capital a través de inversores privados.

Caja Cantabria, Cajastur y Caja Extremadura presentan su fusión al Banco de España

MADRID.- Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura presentaron este lunes al Banco de España la reedición de su integración a tres bandas, tras  rechazar en el proyecto a la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) la semana pasada, informaron fuentes financieras.

   Los órganos de gobierno de las tres entidades se reunieron el viernes para aprobar, previsiblemente, un nuevo proyecto de Sistema Institucional de Protección (SIP) para cumplir con las nuevas exigencias de capitalización establecidas por el Gobierno y por las que vela el instituto emisor español.

   Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura no pedirán recursos públicos al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para cumplir con los requisitos de solvencia establecidos por el Decreto de Reforzamiento del Sistema Financiero.

   La nueva integración contará con un volumen de activos de 56.000 millones de euros, de los que Cajastur aportará las dos terceras partes (38.000 millones), Caja Cantabria aportará 11.000 millones (19%), y Caja Extremadura, 9.000 millones (16%).

   Por su parte, la CAM también debe presentar su proyecto al Banco de España y detallar la solicitud de fondos públicos por importe de 2.800 millones, tal y como anunció tras el naufragio de Banco Base, al tiempo que busca un socio estable para el futuro.

   Por el momento, la CAM ha adquirido a sus ex socios la totalidad del capital social de Banco Base, de modo que se ha quedado con la ficha bancaria, lo que facilita la entrada de fondos públicos para reforzar su solvencia en caso de que se quede en solitario.

   A instancias del Banco de España, la CAM busca un comprador para evitar su nacionalización total y ha contactado con Santander, BBVA, Popular, La Caixa y Sabadell, así como con otras entidades de menor tamaño, mientras que el regulador tantea por su cuenta el interés del sector.

   Los potenciales compradores de la CAM estudian los números de la entidad murciano-alicantina, pero prefieren esperar a que el FROB refuerce la caja antes de invertir, o un plan que garantice cobertura ante eventuales pérdidas, entre el que podría figurar un Esquema de Protección de Activos (EPA).

   Por su parte, el Banco de España quiere reducir al máximo el uso de recursos públicos para mejorar la situación de la caja, y sólo contempla la intervención como último recurso.

Las asambleas de estas tres cajas rechazaron el miércoles de la semana pasada integrarse con la CAM para dar fruto a Banco Base debido a los problemas de solvencia de la entidad murciano-alicantina, que horas antes había dado su visto bueno a la fusión a cuatro.

   Las cajas asturiana, cántabra y extremeña decidieron abortar la creación del tercer mayor grupo de cajas porque no estaban dispuestas a emprender un proyecto abocado a la nacionalización desde su nacimiento por culpa de la morosidad y exposición al ladrillo de la CAM, que habían disparado la solicitud de recursos públicos.

   Banco Base había solicitado al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) 2.784 millones de euros para cumplir con las nuevas exigencias de capital, lo que suponía casi duplicar las necesidades de 1.447 millones de euros identificadas por el Banco de España.

   Esta solicitud de fondos elevaba el recurso global al dinero público de Banco Base hasta 4.231 millones de euros, cifra que convertiría al Estado en el mayor y principal accionista de dicho Sistema Institucional de Protección (SIP).

Rajoy elude pronunciarse sobre las listas valencianas

BERLÍN.- El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha eludido este lunes pronunciarse sobre las listas valencianas para las elecciones del 22 de mayo, que incluyen a varios cargos del PP implicados en casos de corrupción. Ante las preguntas de los periodistas, ha respondido diciendo "no tengo nada que decir" o "sobre ese asunto no voy a hablar hoy".

   Rajoy ha hecho estas manifestaciones en Berlín, tras mantener un encuentro en la sede de la CDU con la canciller alemana, Angela Merkel, con la que durante 40 minutos ha hablado sobre la situación económica de Europa y de España.

   El Comité Electoral Nacional del PP ratificó el pasado viernes, sin ningún cambio, las listas a Las Cortes valencianas aprobadas por el PPCV y en las que figuran cargos imputados en distintos procesos judiciales, como es el caso del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el exsecretario general del partido, Ricardo Costa, ambos imputados en el llamado caso de los trajes presuntamente regalados por la trama Gürtel.

   En la lista del PPCV al Parlamento regional también está el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia, Jorge Bellver, imputado por un presunto delito de prevaricación en la construcción del aparcamiento en los Jardines de Monforte. En esas listas se incluyen también nombres relacionados con distintos procesos judiciales abiertos como Sonia Castedo, Luiz Diaz Alperi, Milagrosa Martínez, Vicente Rambla, David Serra, o Yolanda Garcia.

   Antes de que comenzara el turno de preguntas, Rajoy ha asegurado a los periodistas que ha viajado a Berlín para hablar de Europa y de la situación económica. Sin embargo, hasta en tres ocasiones se le ha preguntado sin éxito por los cargos del PP que van en listas electorales pese a estar implicados en los casos de corrupción.

   En primer lugar, se le ha preguntado si en España no se estaba muy lejos de lo que ocurría en Alemania, donde dimitió el ministro de Defensa alemán, Karl Theodor zu Guttenberg, por plagiar su tesis electoral. "Sobre ese tema, no tengo nada que decir", ha respondido lacónico.

   Después se le ha recordado las declaraciones que él mismo realizó hace un año, cuando afirmó que el PP sería implacable contra la corrupción y, sin embargo, las candidaturas valencianas incluyen a varios cargos implicados en casos de corrupción. "Sobre ese asunto no voy a hablar hoy", se ha limitado a decir Rajoy.

   En tercer lugar, y ante los datos de la reciente encuesta del CIS, que refleja un aumento de la preocupación de los ciudadanos por la clase política y la corrupción, se le ha preguntado si no teme que este asunto le pueda perjudicar en las elecciones del 22 de mayo. El presidente del PP no ha contestado a esta cuestión.

Ecologistas en Acción pide la "dimisión inmediata" de un concejal de Albatera por el vertedero clandestino de Abanilla

MURCIA.- Ecologistas en Acción ha pedido "justicia rápida y efectiva" para los presuntos responsables del vertedero clandestino del municipio murciano de Abanilla, y ha considerado "particularmente grave" la presencia entre los detenidos de un concejal del Partido Popular de Albatera, Javier Bru, y exige su "inmediata dimisión", según informaron fuentes de la asociación en un comunicado. 

   Para Ecologistas en Acción la operación 'Subterráneo', desarrollada durante los últimos meses, y que ha llevado a la detención de cinco personas por su relación en la creación de un vertedero ilegal de residuos en una finca agrícola de Abanilla, "pone de relieve la gravedad del problema de los vertederos ilegales en la Región de Murcia".

   El coordinador regional de la organización, Pedro Luengo, ha explicado que "este nuevo caso pone en evidencia también la permisividad social y política que existe con una actividad que está generando un importante perjuicio al conjunto de la sociedad". En este sentido ha criticado la "pasividad" del ayuntamiento de Abanilla por "no actuar ante la creación y proliferación de vertederos ilegales en el municipio".

   Ecologistas en Acción recuerda que "en los últimos meses hemos denunciado hasta cinco vertederos ilegales en diferentes parajes de Abanilla, algunos con afección directa a zonas de gran valor medioambiental, como el LIC del Río Chícamo".

   Ecologistas en Acción señala que entre los detenidos se encuentra el concejal Javier Bru, también imputado en la Operación Brugal desde 2007, y lamenta "que este tipo de actos delictivos estén presuntamente protagonizados por personas que deben defender el interés general de los ciudadanos y respetar las leyes", por lo que han exigido su inmediata dimisión.

   La actividad de vertederos ilegales, según Ecologistas en Acción, es "un grave problema que se extiende por toda la Región de Murcia", y ha recordado que, en marzo de 2010, presentó un informe en que incluían "hasta un total de 16 vertederos en 9 municipios de la Región, en concreto, Blanca, Calasparra, Moratalla, Ricote, Puerto Lumbreras, Lorca, Murcia, Cartagena y Yecla".

   Desde esa fecha, Luengo añade que "hemos denunciado nuevos casos de vertederos clandestinos en Molina de Segura, Villanueva del Segura, Murcia, Fortuna y Abanilla". Para la organización ecologista se trata "de un grave problema, creado principalmente por la escasa responsabilidad social de las empresas que los utilizan y la indiferencia de las administraciones públicas que deben atajar este problema".

   Ecologistas en Acción considera "imprescindible" el desarrollo de un Plan Regional de Control de Vertederos Ilegales, mejorar la coordinación entre administraciones públicas y aumentar las sanciones, que en ocasiones son irrisorias, por este tipo de actividades.

El enlace de Defensa con la OTAN declara que no hubo comisiones ilegales en la subcontratación del Yak-42

MADRID.- El teniente coronel Abraham Ruiz López, enlace del Ministerio de Defensa con la OTAN para la subcontratación del avión Yak-42, en cuyo accidente en 2003 fallecieron 62 militares españoles, ha declarado en la Audiencia Nacional que no hubo cobro de comisiones ilegales en la subcontratación del aparato, que se estrelló el 26 de mayo de 2003 provocando la muerte de 62 militares españoles que regresaban de una misión en Afganistán, informaron fuentes jurídicas.

Ruiz López, que ocupó entre los años 2002 y 2003 el cargo de enlace de la División de Planes del Estado Mayor Conjunto (EMACON) ante NAMSA, la agencia de la OTAN que subcontrató el vuelo siniestrado, ha declarado durante casi dos horas como imputado ante el juez Fernando Grande-Marlaska.

El compareciente no ha responsabilizado a ningún mando militar de la cadena de subcontrataciones y ha explicado que la adjudicación de los vuelos se hizo "a precio cerrado", por lo que no existieron comisiones entre el broker Chapman Freeborn, que se hizo con el contrato de Namsa, y las compañías intermediarias que pagaron los servicios de la aerolínea Ukranian Mediterranean Air, propietaria del Yak-42.

El teniente coronel Ruiz López, que ha explicado que entre los mediadores también se encontraba un comercial de la propia UM Air, realizó una investigación interna sobre la cadena de subcontrataciones del aparato siniestrado que se plasmó en un informe de conclusiones que fue aportado al juez por el ex ministro de Defensa, José Bono, que declaró como testigo.

A preguntas del juez Marlaska, del fiscal Fernando Burgos y de dos abogados de los familiares de los fallecidos que ejercen la acusación particular, ha explicado que se trató de una investigación "muy laboriosa", ya que tuvo dirigirse a todas las partes interesadas para obtener los contratos y precios con que se realizó la operación.

La petición de imputación de Ruiz López fue reclamada por un grupo de familiares de los fallecidos, que le atribuye la responsabilidad, en aplicación de una directiva conjunta de 1987, de efectuar el seguimiento de las peticiones de apoyo logísticas españolas y de conocer de forma directa que el Gobierno noruego había suspendido la contratación del avión Yak-42 "por motivos de seguridad".

En su escrito dirigido al magistrado las familias aseguraban que el teniente coronel fue comisionado por el entonces ministro de Defensa, José Bono, para investigar la cadena de subcontrataciones y añadían que "su participación fue esencial" para aceptar a la empresa Chapman and Freeborn como contratista del vuelo.

Del procedimiento, en el que están imputados otros cinco mandos del Ministerio de Defensa, se ha retirado un grupo de 61 familiares de 13 de los 62 militares que fallecieron en el accidente.

El juez Grande-Marlaska está a la espera de recibir las últimas comisiones rogatorias que cursó en junio de 2008 a un total de 15 países: Luxemburgo, Alemania, Irlanda, Turquía, Líbano, Ucrania, Noruega, Egipto, Yibuti, Kuwait, Turkmenistán, Afganistán, Kirguizistán, Canadá y Estados Unidos.

Los dos principales imputados son el ex jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Antonio Moreno Barberá, a quien la Fiscalía atribuye "todas las competencias en cuanto al desarrollo de las misiones internacionales de las Fuerzas Armadas"; y el jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), general de División Juan Luis Ibarreta, al que considera "responsable de la contratación" del aparato.

La acción penal también recae sobre el jefe de la División de Operaciones del Estado Mayor Conjunto (EMACON) y del Grupo de Control del Contrato, el contra almirante José Antonio Martínez; el coronel jefe de la Sección de Logística de la División de Operaciones de EMACON, Joaquín Yáñez; y el comandante de la Sección Logística de este departamento, Alfonso Elías Lorenzo.

El Supremo abre juicio oral a Garzón por ordenar las escuchas del «caso Gürtel»

MADRID.- El juez del Tribunal Supremo (TS), Alberto Jorge Barreiro, que instruye la causa contra Baltasar Garzón por ordenar las escuchas en prisión entre los imputados en el "caso Gürtel" y sus abogados ha dictado hoy el auto de apertura de juicio oral contra el magistrado. 

En el auto, Barreiro indica que la orden de Garzón para que fueran grabadas las conversaciones que mantuvieron en prisión los principales imputados con sus letrados constituye indiciariamente un delito continuado de prevaricación judicial y otro de uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales. 

«El magistrado decidió acceder indebidamente a las conversaciones confidenciales» y «le resultó indiferente que el contenido de las conversaciones (...) no tuviera otro contenido que aspectos nucleares sobre las estrategias de defensa», señala.

El PSPV dice que Rajoy "aún puede evitar un bochorno histórico" cesando a los imputados que Camps "quiere aforar"

VALENCIA.- La portavoz del Comité Electoral Nacional del PSPV, Carmen Ninet, ha afirmado este domingo que el presidente del PP, Mariano Rajoy, "aún puede evitar un bochorno histórico cesando a la multitud de imputados que Camps quiere aforar" y ha destacado que "aún hay plazo" para realizar cambios en las listas a la cámara autonómica.

   Así se ha expresado Ninet en una comparecencia ante los medios, en la que ha subrayado que Rajoy "es consciente de que con su silencio está poniendo en peligro y amenazando su propio liderazgo y de que con su actitud ha provocado una grave crisis interna y una reacción de gente del propio PP que le recrimina que haya consentido tal bochorno".

   La socialista ha lamentado que la "corrupción" del PPCV "atenace la Comunitat de norte a sur" y ha señalado que "esta estrategia de acoger y tapar a los imputados" quiere garantizar "la impunidad de esa ristra de implicados en casos de corrupción que buscan el cobijo en ese aforamiento, no para defender los intereses de los valencianos, sino para defenderse ellos mismos de la acción lícita de la justicia y el estado de derecho".

   Ante esta situación, Ninet ha lamentado la estrategia seguida por el PP, "basada en la calumnia y la bazofia de proclamar que todos los políticos somos iguales" y ha hecho un llamamiento "a la gente decente que milita en el PP y a quienes les han votado en alguna ocasión" para asegurar que "otro camino es posible" y que "el proyecto de los socialistas valencianos también es el suyo".

   Por otra parte, la portavoz del Comité Electoral Nacional ha anunciado también que solicitará un 'cara a cara' entre los candidatos autonómicos de los dos partidos mayoritarios que concurren a las elecciones "en todos los medios de comunicación privados de la Comunitat Valenciana".

   Así, ha adelantado el "inminente" envío de cartas a los directores y directoras de dichos medios con la petición de los citados debates, ya que, a su juicio, "los ciudadanos y ciudadanas valencianos merecen disfrutar de la oportunidad de poder contrastar propuestas".

   "No vamos a consentir que Camps se esconda detrás de ninguna cámara y le vamos a exigir que se ponga delante de ella, porque los cinco millones de valencianos y valencianas tienen derecho a disfrutar de la oportunidad que les da la democracia, porque tienen derecho a saber qué propuestas y proyectos ofrece cada candidatura", ha aseverado.

   Asimismo, ha indicado que, en el caso de que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, decline su asistencia, solicitarán a los medios públicos que "mantengan el programa los primeros 5 minutos para que la silla del candidato del PPCV se quede vacía" y ha instado a Camps a que "urgentemente dé una respuesta formal acerca de si acepta o no el debate en Canal 9 y TVE".

Madrid y la Comunitat Valenciana son las regiones que más quejas acumulan por la aplicación de ley de Dependencia

MADRID.- El Defensor del Pueblo afirma que las comunidades autónomas de Madrid y la Comunidad Valenciana son las que más quejas acumulan por la aplicación de la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, referidas, sobre todo, a las demoras en recibir las prestaciones o servicios correspondientes.

   En la Memoria 2010, la institución dirigida por María Luis Cava de Llano vuelve a poner de relieve las reclamaciones de los ciudadanos sobre el desarrollo de esta norma que fue aprobada en 2007. "Las quejas se focalizan, también este año, en las demoras y, consecuentemente, en la fecha de efectos que se concede al reconocimiento de las prestaciones, cuestión sobre la que se observan diferencias considerables", señala el informe.

   Insiste en que, como en años anteriores, del retraso "considerable" con el que se tramitan las solicitudes de valoración del grado de dependencia y posterior Programa Individual de Atención (PIA), en la conveniencia de reconocer las prestaciones económicas con efectos al menos desde la fecha de solicitud.

   Asimismo, alerta de que ante la negativa de las administraciones autonómicas a dicho reconocimiento, los ciudadanos se han visto obligados a acudir a los tribunales, sometiéndose a un procedimiento "largo y costoso", para que les sean reconocidos dichos derechos.

   Explica, además, que cuando resulta "necesario" acceder a una plaza de atención residencial por ser insostenible la situación de una persona en su domicilio, "parece inadecuado que necesite esperar, en muchos casos, más de un año a que se valore su grado de dependencia y, a continuación se inicie el programa individual de atención, con lo que el acceso al centro se demora aún más".

   Así, pone como ejemplo el caso de un anciano de 86 años enfermo de Alzheimer que fue valorado como 'gran dependiente' en 2008 y cuya única cuidadora era su mujer de 79 años, también valorada como 'dependiente severa'. Ante la demora en aprobar la atención o el servicio que el hombre requería, le concedieron de forma temporal una plaza residencial, pero finalmente tuvo que volver al domicilio, donde falleció sin recibir la llamada oportuna.

   Sobre la incorporación al sistema los 'dependientes moderados' (grado I, nivel 2) a principios de 2011, el Defensor pone de manifiesto que al finalizar 2010, "no se había aprobado el Real Decreto en el que se detallan las ayudas que estas personas pueden percibir", si bien en la reunión del Consejo Interterritorial de 22 de diciembre de 2010 se acordó el nivel mínimo de protección. "Esta falta de previsión permite suponer que a los retrasos puestos de manifiesto y que se vienen arrastrando de años anteriores, se añadirán las nuevas incorporaciones", alega.

   Como ya recogía en el informe del pasado año, el Defensor del Pueblo indica que "no puede compartir" el criterio de algunas administraciones que al tener conocimiento del fallecimiento de la persona en situación de dependencia, antes de la firma e incluso de la efectividad del Programa Individual de Atención (PIA), proceden al archivo del expediente sin siquiera notificarlo al interesado, por considerar que "se ha producido la desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento".

   "Preocupa" también a esta institución la interpretación de algunas administraciones sobre la necesidad de que la valoración de la dependencia se realice cuando la persona se encuentra en una situación estabilizada, negando la posibilidad de proceder a una valoración cuando el beneficiario está hospitalizado por sufrir alguna dolencia diagnosticada como de carácter irreversible.

La Comunitat pagará a los partidos 0,64 por cada voto que obtengan en las autonómicas

MADRID.- La Comunitat Valenciana subvencionará a los partidos políticos con 0,64 euros por voto y 12.786 euros por diputado conseguido en las próximas elecciones autonómicas del 22 de mayo, una cifra que se sitúa bastante por debajo de la ofrecida por la Comunidad de Madrid, con 1,01 euro por papeleta y 19.981 euros por escaño y que coloca a la región en la mitad de la tabla por autonomías.

   Así se desprende del cotejo de las órdenes publicadas en los distintos boletines autonómicos sobre las cuantías de las subvenciones por concejal y voto que las comunidades abonen a los partidos políticos como compensación sus gastos electorales.

   En las elecciones municipales, el Ministerio de Economía es el organismo encargado de cuantificar estas subvenciones. Para este caño, el Gobierno central subvencionará con 55 céntimos cada voto obtenido, siempre que se traduzcan en ediles, y con 276,86 euros cada acta de concejal.

   Pero en el caso de las autonómicas son las distintas comunidades quienes lo determinan ya que son ellas las convocantes. Ello hace que exista gran disparidad de cifras entre unas y otras comunidades, con una horquilla que va de los 40 céntimos al euro por voto y de los 10.000 hasta los 20.000 euros por escaño. En las últimas elecciones generales, el Estado pagó 21.167,64 euros por diputado y 79 céntimos por cada voto al Congreso.  

   En mayo, quien más abonará por voto será la Comunidad de Madrid (1,01 euros), seguida de Navarra (92 céntimos) y La Rioja (88 céntimos). Madrid, cuya asamblea legislativa pasará a tener 129 diputados tras los comicios de mayo, también es una de las que más paga por escaño conseguido (19.981,18 euros), sólo superada por Canarias, que ha previsto una compensación de 20.456,28 euros (3.000 más que hace cuatro años).

En el lado contrario de la balanza figura Castilla y León (10.205,62 euros por escaño y 40 céntimos por voto).