Las hortalizas de Almería llegan a una cuarta parte del mundo

ALMERÍA.- Las hortalizas producidas en la provincia de Almería llegan a una cuarta parte del mundo, es decir, a unos 50 países, aunque las mayores cantidades corresponden a exportaciones intracomunitarias, que suponen el 97 por ciento del valor de la exportación hortofrutícola andaluza, según detalla un informe realizado por la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, que posiciona Almería como la tercera provincia exportadora de frutas y hortalizas de España, por detrás de Valencia y Murcia. 

   Según el documento, el valor de las exportaciones almerienses de estos productos suponen el 18,3 por ciento del total aportado por el conjunto español. Así, las hortalizas aportan un porcentaje importante del total de las exportaciones españolas, de forma que las más destacadas son pepinos, con el 87 por ciento; berenjenas, con el 83 por ciento; tomates, con el 53; y sandías con el 50 por ciento.

   La balanza comercial hortofrutícola de Almería campaña 2010-2011 hasta enero revela que desde septiembre Almería ha exportado más 762.400 toneladas de productos hortofrutícolas, con un valor de 750 millones de euros, lo que supone un aumento del 16 por ciento con respecto al mismo período de la campaña anterior.

   Alemania es el principal cliente, con 209 millones de euros, lo que es el 28 por ciento del total, seguido de Países Bajos con 120 millones de euros (16 por ciento), Francia con 102 millones de euros (13,6 por ciento) y Reino Unido con 86 millones de euros (11,6 por ciento). El principal producto exportado, en lo que va de campaña, es el pimiento, cuyas exportaciones alcanzaron 213 millones de euros, lo que es el 79 por ciento de las exportaciones españolas de pimiento), seguido del tomate, el pepino y el calabacín.

   Así, el informe también revela las principales organizaciones profesionales de frutas y hortalizas (OPFH) con las que cuenta Almería entre las que destaca la Cooperativa Provincial Agraria San Isidro (CASI), seguida de Murgiverde, Primaflor, Vicasol, Agroiris y Peregrín. Así, en la provincia radican ocho de los 20 primeros operadores de frutas y hortalizas frescas de España, clasificación que encabeza la valenciana Anecoop, que tiene productores almerienses.

   La producción de hortalizas en Almería suma 1.730 millones de euro, lo que supone más del 80 por ciento de toda la producción de la rama agraria en la provincia y casi el 60 por ciento de toda la producción hortícola de Andalucía.  La producción de frutas en la provincia es mucho más modesta, y llega al ocho por ciento del valor de la producción de frutas en Andalucía con algo más de 114 millones de euros. La agricultura tiene una gran importancia para la economía almeriense, pues el sector primario aporta directamente casi el diez por ciento del PIB de la provincia, siendo la media Andaluza del cuatro por ciento en 2009.

   En esta línea, el sector de frutas y hortalizas emplea en Almería entre 40.000 y 50.000 personas, dependiendo del momento de la campaña, lo que supone entre el 15 y 17 por ciento de todos los empleos de la provincia. La mayoría de estos empleos en el campo corresponden a hombres (80 por ciento) y una buena parte a extranjeros, ya que representan el 66 por ciento de la contratación en el sector agrario de Almería.

   La importante producción hortofrutícola almeriense ha favorecido la aparición de una dinámica industria agroalimentaria vinculada a las tareas de manipulación, transformación y comercialización de los productos hortofrutícolas. Por otro lado, el elevado grado de tecnificación de los cultivos intensivos requiere también de una importante tecnología y servicios auxiliares que factura anualmente 1.400 millones de euros, genera 6.000 empleos y aglutina ya cerca de 200 empresas.

   Por lo tanto, el sector hortofrutícola es la base de un importante tejido empresarial de la provincia. En Almería hay registradas unas 190 centrales hortofrutícolas y centros de manipulación, lo que supone el 47 por ciento del número total de industrias agroalimentarias en la provincia. También se registran nueve  industrias dedicadas la elaboración de zumos de frutas y hortalizas.

Un gurú indio inicia una huelga de hambre contra la corrupción

NUEVA DELHI.- El más famoso gurú de India comenzó el sábado una huelga de hambre para exigir reformas, incluida la pena de muerte para los funcionarios corruptos, en una campaña antisobornos que ha minado al primer ministro Manmohan Singh, cuyo gobierno se está viendo plagado de escándalos.

Swami Ramdev, que procede de una familia analfabeta y que hoy presenta un programa de televisión con más de 30 millones de televidentes y es dueño de una isla "de paz" en Escocia, se sentó con decenas de miles de seguidores en una tienda del tamaño de cuatro campos de fútbol en el centro de la capital.

Canalizando la irritación creciente de los votantes por la corrupción existente en la tercera mayor economía asiática, el gurú, de poblada barba y túnica color azafrán, ha pedido al Gobierno que persiga los miles de millones de dólares de fondos ilegales que hay en el extranjero y retire los billetes de gran valor.

Un periódico lo llamó "Yoguización", y otros dijeron que era una trampa publicitaria.

"No nos estamos desviando. Nuestros temas son el dinero negro y la corrupción", dijo Ramdev ante la multitud al inicio de su huelga de hambre en una tienda donde cientos de ventiladores intentaban mitigar el calor del verano. "Y tenemos que permanecer firmes".

"Nada es imposible, todo es posible y no vamos a claudicar" , añadió.

Su campaña es el último revés para la coalición encabezada por el Partido del Congreso, golpeada por escándalos de sobornos como acusaciones de comisiones en los Juegos de la Commonwealth y una estafa en el sector de telecomunicaciones que podría haber costado al Gobierno hasta 39.000 millones de dólares en ingresos.

Los sobornos son parte de la vida diaria india, desde para conseguir una conexión de electricidad a firmar acuerdos de negocios, pero los últimos escándalos - que han visto cómo se encarcelaba a un ministro y se interrogaba a millonarios - no tienen precedentes.

Tal es la popularidad de Ramdev en los estados electoralmente importantes del norte de India que cuatro ministros del Gobierno se reunieron con él en el aeropuerto de Delhi cuando descendió de su avión privado, para persuadirle sin éxito de que no iniciara la huelga de hambre.

Ramdev pareció desafiante el sábado, pidiendo a sus seguidores que continuaran ayunando y desafiando a cualquiera a intentar arrestarle.

Miles de indios también ayunaron en la tienda multicolor, mientras que seguidores del gurú en lugares como el estado de Orisa y Bangalore, la capital tecnológica del país, también comenzaron huelgas de hambre.

Aunque muchos de sus seguidores son pobres, algunos de los presentes en la tienda eran profesionales bien vestidos, mezclados con turistas extranjeros y gente del campo que había viajado centenares de kilómetros para verle.

Mayuri, de 32 años, vino junto con su marido desde el estado del Rajastán, en el oeste del país, para participar en la protesta, y tuvo que vender la bicicleta de su marido para pagar el viaje.

"Creemos que esto es una inversión", dijo, añadiendo que esperaba que los fondos ilegales depositados en el extranjero pudieran ser empleados en medidas sociales.

Pocos creen, sin embargo, que Ramdev muera por esta causa.

Muchos comentaristas esperan que se forje un acuerdo que dé al gurú del yoga lo suficiente como para proclamar una victoria moral y posiblemente le ayude a lanzar su propio partido político para las elecciones nacionales de 2014.

Equo reúne a más de 30 organizaciones para lanzar un proyecto político para las elecciones generales

MADRID.- Equo ha organizado un encuentro con más de 30 organizaciones políticas verdes y progresistas españolas con el objetivo de confluir para la puesta en marcha de un proyecto político estatal que concurra a las próximas elecciones generales. 

 

El encuentro, al que también ha asistido la presidenta del Partido Verde Europeo, Monica Frassoni, ha concluido con la aprobación de una comisión y de un manifiesto conjunto. Además, ICV, que también ha estado presente en el encuentro, ha anunciado su voluntad de firmar un acuerdo de asociación con Equo.

Según los responsables, este nuevo proyecto "pretende buscar respuestas y fórmulas alternativas desde la transformación ecológica, social, ética y democrática de la sociedad".

El manifiesto lleva el título de 'Por un nuevo proyecto político compartido y comprometido con la ciudadanía y nuestro Planeta. Suma y sigue... Es el momento". En el texto se expresa cuáles serán los valores y forma de funcionamiento de esta nueva fuerza política con vocación europeísta que busca "recuperar la confianza de la población en la acción política".

En cuanto a la comisión promotora, también elegida hoy, será la encargada de organizar la asamblea constituyente, que reunirá a los socios de Equo el próximo otoño, y que será la encargada de decidir cuestiones como el sistema de elección de candidatos o la marca electoral. La comisión está formada por 12 personas representativas del proyecto común.

Las organizaciones que han participado en el encuentro además de Equo y que se adhieren al manifiesto son, entre otras, Berdeak-Verdes de Euskadi, Coordinadora Verde/Ecolo-Verdes, Coordinadora Verde de Andalucía, Coordinadora Verde de Madrid, Els Verds Esquerra Ecologista, Los Verdes de Andalucía, Los Verdes de Asturias, Los Verdes de Canarias, Los Verdes de Europa, Los Verdes de Madrid o la Plataforma Melilla Verde.

Según Blanco, el PSOE será "un dique" frente a quienes "aprovechan" la crisis

SANTIAGO.- El ministro de Fomento y vicesecretario general del PSOE, José Blanco, ha advertido este sábado de que su partido será "un dique de contención" frente a "la agenda oculta" de aquellos que "aprovechan" la situación de crisis para "hacer los ajustes que responden a su ideario y pensamiento".

   En declaraciones a los medios, Blanco ha opinado que el PP "va a proponer o hacer un recorte del Estado del Bienestar echando la culpa al Gobierno socialista", basándose en las palabras del líder popular, Mariano Rajoy, quien señaló este viernes que "habrá --el bienestar-- que se pueda pagar".

   De hecho, el dirigente socialista ha observado que el PP "ya empezó a aplicar su agenda oculta" después de transcurridas las elecciones municipales y autonómicas del 22 de mayo a través de un discurso de "que todo está muy mal" para "justificar los recortes".

   Pero el PSOE, ha advertido, será "un dique de contención frente a las amenazas y frente a la agenda oculta de aquellos que quieren meter un tijeretazo de verdad al Estado del bienestar".

La protección social de los parados españoles se reduce a toda velocidad

MADRID.- La protección social de los parados se reduce a toda velocidad. Los datos más recientes del Ministerio de Trabajo muestran que durante el primer cuatrimestre del año casi 200.000 parados (199.050) perdieron su derecho a seguir cobrando el desempleo tras agotar la prestación. Si la comparación se hace respecto de abril del año pasado, el resultado es igualmente elocuente. Nada menos que 328.674 parados han dejado de percibir el desempleo. Poco más de 2,8 millones de parados cobran hoy una prestación económica, según el digital madrileño www.elconfidencial.com

Como consecuencia de ello, la tasa de cobertura ha bajado hasta representar el 72,79% de los parados (diez puntos menos que hace un año). Se trata del nivel más bajo desde el comienzo de la crisis. En concreto, desde 2007, y refleja con toda nitidez las dificultades del mercado de trabajo. La diferencia estriba en que por entonces había poco más de dos millones de parados registrados en las oficinas públicas de empleo, y hoy se ha roto la barrera de los 4,2 millones en términos desestacionalizados por el Ministerio de Economía (4.207.200).

Ese porcentaje, en todo caso, no es homogéneo. Algunas modificaciones legales introducidas durante el primer Gobierno socialista expulsaron del cómputo a la hora de calcular la cobertura a los parados sin empleo anterior. De incluirse a este colectivo, formado por 432.975 parados, el porcentaje de cobertura sería muy inferior. Se situaría, en concreto, en el entorno del 63%, el mismo nivel que en 2005, nada más llegar el presidente Zapatero a la Moncloa.

Si la cobertura se hace respecto de los datos de paro que ofrece la Encuesta de Población Activa (EPA), se estaría hablando de una cobertura que apenasalcanza al 57% de los parados… y a la baja. A medida que se agotan los dos años de desempleo, sólo los mayores de 45 años con cargas familiares tienen derecho a percibir un subsidio asistencial por seis meses.

Lo más preocupante, con todo, es que la caída de la tasa de cobertura no sólo afecta al nivel contributivo, sino que comienza a hacer mella también entre quienes perciben una prestación de carácter asistencial por haber agotado o por no haber podido hacer aportaciones al desempleo.

Subsistir con 426 euros al mes

En abril, por tercer mes consecutivo, el número de beneficiarios de alguna prestación de carácter asistencial ha vuelto a caer. Ahora hay 1.355.356 trabajadores en paro que subsisten con 426 euros al mes, lo que significa 173.467 parados menos que hace un año. El único colectivo en el que aumenta la protección es el que cobra la denominada Renta Activa de Inserción, que opera sobre los trabajadores en paro más necesitados que han agotado, incluso, el subsidio asistencial.

La causa de esta caída del nivel de cobertura de desempleo tiene que ver, lógicamente, con lo prolongado de la crisis, que hace que muchos trabajadores lleven ya más de dos años en paro.

Teniendo en cuenta que el año más duro de la crisis fue 2009 -cuando se destruyeron nada menos que 1,37 millones de puestos de trabajo-, eso significa que a medida que vayan transcurriendo los meses de 2011, más trabajadores verán agotado su derecho a cobrar una prestación económica, con lo que ello supone desde el punto de vista social. Aquél año, el número de altas de beneficiarios por desempleo (no todos los nuevos beneficiarios tienen derecho a cobrar dos años de paro) alcanzó un récord histórico de 2,55 millones.

La Renta Activa de Inserción (el 75% del SMI) es el instrumento con que cuenta el Gobierno para evitar situaciones de exclusión. Hay que tener en cuenta, en todo caso, que la cuantía media de la prestación contributiva (la más elevada) se sitúa en 28,45 euros diarios.

Por un Sistema Público de Cajas de Ahorro, hay que nacionalizar Caja Madrid-Bankia

MADRID.- Este es el resumen de un informe más extenso, que puedes consultar en esta misma página web, en el que se explica la necesidad de nacionalizar Caja Madrid-Bankia y del conjunto de Cajas de Ahorros, para convertirlos en un Sistema Público de Cajas de Ahorros, concretando toda una serie de medidas básicas, para las que te pedimos tu firma y tu apoyo activo a fin de crear una Plataforma que realice una labor de difusión y movilización en su apoyo.

La crisis económica se ha convertido en la excusa de los gobiernos estatal y autonómicos, alentados por el Banco de España, para convertir definitivamente a las Cajas de ahorros en bancos privados. La transformación de Caja Madrid en BANKIA, junto con otras seis Cajas (de Castilla León, La Rioja, Cataluña, Canarias y la Comunidad Valenciana), pondrá en manos de grandes inversores los casi 150.000 millones de euros de los ahorros de los madrileños. Las peores consecuencias de estas medidas las sufrirán las familias trabajadoras.

Estas medidas no aseguran un buen uso de nuestros ahorros. Por el contrario, al convertirse en entidades plenamente privadas y desligadas del objetivo social, susceptibles de ser vendidas al mejor postor en cualquier parte del planeta, su volatilidad se incrementa y el riesgo de que nuestros ahorros desaparezcan por una mala gestión, se multiplica. Importantes bancos han quebrado en el mundo, y muchos más lo habrían hecho si no se los hubiera sostenido con dinero público. Los gobiernos se han endeudado para salvarlos y, ahora, nos exprimen a todos a través de la deuda pública, forzando el recorte de salarios, del empleo público y de los gastos sociales. Los grandes bancos españoles han sido las entidades financieras europeas que más dinero han recibido del Banco Central Europeo (BCE). El BCE les presta el dinero a tipos en torno al 1% y, a su vez, ellos lo prestan a otro mucho más alto, por ejemplo al Gobierno español. Si no hacemos nada, también se adueñarán de las Cajas y de nuestros ahorros para utilizarlos en su beneficio.

Quién se beneficia

De la misma forma que quieren privatizar el Canal de Isabel II, y aquellos servicios públicos, como la Sanidad y la Educación, que puedan resultar rentables para las empresas privadas, las Cajas son un bocado muy apetitoso para los grandes inversores, empezando por el Banco Santander y el BBVA. Las Cajas suponen cerca del 50% del sistema financiero español. Y dieron beneficios, 3.403 millones de euros en 2010. En plena batalla entre todas las entidades financieras por obtener liquidez, la privatización de las Cajas les vendría a los bancos como anillo al dedo.

Su bancarización conllevará la destrucción de cerca de 30.000 puestos de trabajo y de uno de sus principales efectos positivos y seña de identidad, la Obra Social. Sólo en Bankia se destruirán unos 4.000 empleos, la mayoría de Caja Madrid, cuya Obra Social se verá reducida a la mitad.

No es cierto que las Cajas estén peor que los bancos. Mientras ellas están más expuestas al crédito inmobiliario, los otros tienen muchos más problemas con los créditos al consumo y a las empresas. Sin embargo, a las Cajas se les exige unos requisitos mayores, obligándolas a buscar recursos en el mercado de capitales. Para ello, se les permite emitir acciones y se abre la puerta de los consejos de administración al capital privado.

Esta operación emplea grandes cantidades de recursos públicos. Ese dinero permitiría dar los primeros pasos para su nacionalización. El Sistema Institucional de Protección (SIP), que lidera Caja Madrid, ha establecido su valor contable en 10.240 millones de euros para su futura salida a Bolsa, y ha recibido 4.465 millones de ayuda del FROB. Estas ayudas se otorgan en forma de “participaciones preferentes” que no comportan derechos políticos. Si se hubieran dado a cambio de acciones, el Estado sería propietario del 43,6% de la entidad. Sin embargo, estos recursos se están empleando para sanearlas y entregarlas, posteriormente, a manos privadas.

¿Por qué los ahorros de la sociedad deben ser gestionados por entidades privadas cuyo único objetivo es el beneficio de una minoría de multimillonarios? ¿Es que no hemos aprendido nada de la crisis? La administración de nuestros ahorros adquiere tanta importancia que debería ser considerado un servicio público, a salvo de los especuladores. Por eso necesitamos una banca pública, y el primer paso para crearla es la conversión de las Cajas en entidades públicas.

Nuestras reivindicaciones

1. Derogación de todas las medidas legislativas que abren la puerta a la conversión de las Cajas en bancos privados. Hay que promover todas las medidas jurídicas posibles para frenar su aplicación.
2. Realización de auditorías por los organismos públicos competentes, de todas las entidades financieras que nos permita saber cuál es su situación real. Sus resultados se expondría públicamente y de forma comprensible para toda la población. Queremos conocer qué se ha hecho con las decenas de miles de millones de euros que han ganado los años pasados, exigiendo responsabilidades a sus gestores y a los encargados de su supervisión. Cese inmediato de todos aquéllos responsables que hayan contravenido la finalidad social de las Cajas, sus estatutos o que han promovido prácticas lesivas para dichas entidades.
3. Conversión de las Cajas en entidades públicas mediante su nacionalización. El dinero público que se ha empleado en su apoyo no debe retirarse en el plazo de cinco años, como está previsto, sino convertirse en participaciones públicas en el capital social de la Cajas, y que se tomen las medidas necesarias para nacionalizar el resto. En la Comunidad de Madrid exigimos la nacionalización de Caja Madrid-Bankia, y promoveremos que, en todas las comunidades autónomas con entidades implicadas en la formación de Bankia, se desarrolle esta misma iniciativa.
4. Creación de un Sistema Público de Cajas de Ahorro, en sustitución de la CECA, mediante la mutualización de las diferentes Cajas, conservando la autonomía en la gestión y la operativa de las mismas, manteniendo cada una de ellas su vinculación con la actividad económica de su territorio, evitando duplicidades y solapamientos, y con una coordinación estatal fundada en el principio de la solidaridad. Instamos a los partidos de la izquierda a presentar las propuestas legislativas necesarias.
5. Fin de los sueldos millonarios de los altos directivos, estableciéndose un régimen salarial equivalente al que tienen los trabajadores de las administraciones públicas. Basta de “milloneuristas”. Revisión de los privilegios corporativos y establecimiento de condiciones dignas para todos los trabajadores de las Cajas, sus fundaciones y su Obra social, eliminando cualquier discriminación, suprimiendo la precariedad laboral y estableciendo un sistema de contratación por oposición, que sea transparente y objetivo.
6. Revisión de la actuación en los consejos de administración de empresas participadas por las Cajas, para asegurar que la actuación es correcta financiera y socialmente, sin tratos de privilegio ni respaldo a políticas regresivas en el terreno social, laboral o ecológico.
7. Garantías de un mejor trato a los impositores favoreciendo financieramente las cuentas nómina, que afectan a trabajadores y pensionistas, garantizando que sean ellos los beneficiados y no las empresas. Además, hay que asegurar una información transparente y comprensible para todos los clientes sobre la situación de sus entidades. Fin a la política de deshaucios de las familias que acrediten la imposibilidad de pagar su primera vivienda, y puesta a disposición de las administraciones públicas del stock de casas de las Cajas para contribuir a crear un parque público de vivienda en régimen de alquiler, a precios asequibles, a fin de que se cumpla el derecho constitucional a una vivienda. Las administraciones públicas utilizarán para todas sus actividades financieras a las Cajas públicas.
8. La gestión de las Cajas será democrática, pública y conocida por toda la sociedad, rindiendo cuentas de la misma periódicamente en los respectivos parlamentos autónomos.
9. Ninguna destrucción de puestos de trabajo en las Cajas, las fundaciones y la Obra Social. Ésta última será revisada en su totalidad, para garantizar que los recursos de las Cajas se empleen de la manera más útil socialmente.
10. La actuación de las Cajas formará parte integral de la política económica y social de las administraciones públicas, en particular de las comunidades autónomas, cuya prioridad será la consecución del pleno empleo y el desarrollo de unos servicios públicos acordes con las necesidades reales. Se prohibirá específicamente la actividad especulativa o la apertura de cuentas y delegaciones en paraísos fiscales, de forma directa o a través de su participación en otras empresas.

 http://nacionalizacioncajamadrid.wordpress.com

Alarte dice que Rajoy "quiere para toda España el modelo de corrupción generalizada del PP de Camps"

VALENCIA.- El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, ha manifestado que "el modelo del presidente del PP, Mariano Rajoy, para toda España es el de la corrupción generalizada del PP de Camps" y le ha exigido al presidente nacional del PP que "deje de mentir cuando habla de transparencia y buena gestión, e impida que los implicados en casos de corrupción contaminen con su presencia las Cortes". 

   Alarte, en un comunicado, ha señalado que "ya sabemos lo que haría si algún día lograra el poder. Su silencio avala el sistema implantado por Camps, Fabra, Castedo y Ripoll para la gestión política y le hace cómplice", ha añadido.

   El dirigente socialista se ha pronunciado en estos términos después de conocer las primeras revelaciones del sumario del caso Brugal. "Hemos visto estos días como Rajoy ponía de ejemplo de austeridad y transparencia a las comunidades en las que gobierna, y hoy se despierta con las gravísimas acusaciones del caso Brugal encima de la mesa y no dice nada. ¿Va a continuar consintiéndolo todo?", se ha preguntado.

   El líder socialista ha subrayado que "el modelo de Rajoy es el modelo de la corrupción y también de la mentira". En este sentido ha señalado que cuando viene a la Comunidad "mira al cielo y dice que sólo han sido cuatro trajes, y ahora sabemos que hay delitos mucho más graves, como la presunta financiación ilegal de su partido".

   Alarte ha lamentado que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, no esté "en condiciones de pedir explicaciones a nadie" por su imputación en el 'caso Gürtel'. "El presidente del PP no está capacitado para concurrir a unas elecciones si permite que su partido lo represente en la Comunidad este tipo de gente", ha señalado.

   Por otro lado, Alarte ha destacado que "con los datos que hemos conocido se confirma que se fabricó un montaje contra nuestro portavoz en las Cortes, Ángel Luna, en el que participaron políticos y empresarios presuntamente corruptos, en perfecta connivencia y colaboración".

   "La única finalidad de aquel montaje era garantizarse, tanto unos como otros, que el negocio sucio a costa del dinero de los contribuyentes valencianos y alicantinos se mantuviera en el tiempo", ha subrayado. "La verdad se ha impuesto y hoy conocemos lo que han hecho. Estoy convencido de que la justicia pondrá a cada uno en su sitio", ha finalizado.

El fiscal considera que Enrique Ortiz pudo hacer un pago a favor de Ricardo Costa

ALICANTE.- El Ministerio Fiscal considera que el empresario Enrique Ortiz Selfa pudo realizar un pago a favor del que fuera secretario general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) hasta octubre de 2009, Ricardo Costa, así como encargar trabajos al socio de éste, Emilio Álvarez, abogado, con el que quiere trabajar "por huevos".

   El sumario de la pieza desgajada del caso 'Brugal', que investiga presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, recoge en informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el que la Policía recoge conversaciones de Ortiz en las que solicita al hermano de su mujer, Miguel Carratalá, que le de al socio de Costa "trabajos que tengáis ya, y empezar a trabajar".

   La Policía considera que los dos trabajos que Ortiz quiso que le llevara el socio de Costa para que los defendiera, podrían estar relacionados con un centro comercial de Benidorm, así como con una sanción de IVA de 300.000 euros, que se estaba recurriendo desde un despacho de abogados alicantino, y que el empresario quería que llevaran "estos", en referencia a Ricardo Costa y su socio.

   En este sentido, en un conversación intervenida por la Policía el 10 de marzo de 2009, Ortiz le dice al hermano de su mujer que "eso quiero que lo lleve éste. Y ya te diré por qué, no hace falta que te lo diga ahora", a lo que su interlocutor le responde que lo sabe "perfectamente".

   Además, en otra conversación telefónica del del 15 de junio de 2009, entre Ortiz y el empresario Vicente Llácer, el último le dice al primero que "de aquello que estaba 'peleao'", él le pagaría a Costa --al que llaman Mimosín-- "la mitad". Así mismo, Llácer le indica a Ortiz que Costa quiere que "le ayude un poco".

   El informe policial recoge también una conversación entre el padre de Ricardo Costa, Juan Costa, y Ortiz, en la que éste le solicita el pago de una factura pendiente para "poder presentar el segundo trimestre de IVA".

   Así, Ortiz habla con Miguel Carratalá, hermano de su mujer, para preguntarle si "los abogados amigos míos de Madrid, de Valencia", le habían mandado "una factura", que finalmente fue abonada por Ortiz, tal y como recoge el informe policial.

Morera dice que a quienes habría que despedir en la CAM es "a los directivos y políticos irresponsables"

VALENCIA.- El portavoz de Compromís, Enric Morera, ha lamentado este viernes que sean los trabajadores de CAM quienes vayan a pagar la "catastrófica" situación de la entidad cuando "a quienes tendrían que despedir son a los directivos y a los políticos responsables de la grave situación que atraviesa la caja alicantina". 

   Así se ha pronunciado Morera en un comunicado, en relación a la puesta en marcha del plan de prejubilaciones y bajas incentivadas  que, conforme al acuerdo laboral, afectará a 853 empleados que podrán acceder a la prejubilación, y 120 que se acogerán al sistema de bajas incentivadas.  

   Para el líder de Compromís, son los directivos de la entidad y los políticos responsables quienes deberían ser despedidos, "unos por haberse demostrado su incompetencia a la hora de dirigir la entidad y los otros, por fomentar una economía especulativa a la que han animado a participar a la caja para dejarla después agotada, sin recursos y sin dignidad".

   Asimismo, Morera ha criticado "la gran jugada de PP y PSOE" de no apoyar la fusión entre Bancaja y la CAM para crear "un gran banco valenciano", algo que, a su juicio, "tiene mucho que ver con el desastre de la CAM".

   "Ahora la caja alicantina tiene que luchar en solitario y reajustarse para sobrevivir y esto posiblemente no hubiera pasado si se hubiera producido la fusión Bancaja-CAM que nosotros siempre hemos defendido", ha apostillado.

   Por ello, ha lamentado que ahora sean los empleados de la caja quienes sufran las consecuencia cuando "no tienen nada de culpa, porque los trabajadores y trabajadoras de la CAM no dirigen la entidad ni toman las decisiones y, por lo tanto, quienes tienen que dar todas las explicaciones son los directivos que continúan aferrados a sus cargos y los responsables políticos que avalaron la fusión que ha fracasado".

El CGPJ advierte al Consell de que si no crea los 15 juzgados pendientes "no se garantizará la tutela del ciudadano"

VALENCIA.- La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, ha advertido al Gobierno valenciano de que si no crea los 15 juzgados aprobados por el Ministerio de Justicia para la Comunitat "no se garantizará la tutela judicial efectiva que el ciudadano valenciano se merece".

   Bravo se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación momentos antes de presentar un curso de formación en Valencia sobre la nueva Oficina Judicial, al ser preguntada por la decisión del Consell de no poner en marcha 15 juzgados que se había comprometido a abrir antes del 30 de junio en el marco del plan de agilización de la justicia diseñado por el Gobierno.

   Bravo ha recordado que el pasado año se aprobó un Real Decreto por el que el Ministerio de Justicia autorizaba la creación de 22 juzgados en la Comunitat Valenciana. Este órgano se encargaría de crear las plazas y dotarlas de jueces y de secretarios judiciales. Por su parte, el Gobierno valenciano, que tiene la competencia en materia de medios materiales y personales, se tenía que encargar de dotar a estos órganos con los medios necesarios.

   Seguidamente, la autonomía valenciana solicitó en su día un aplazamiento en la creación de 15 de los 22 juzgados aprobados como consecuencia de las dificultades económicas. A esta petición se adhirieron otras comunidades como Madrid o Canarias, y el Gobierno aplazó la creación de estos órganos hasta el 30 de junio de este año.

   Cuando quedan pocos días para que se cumpla esta fecha, la Conselleria de Justicia ha comunicado al ministerio la "imposibilidad" de dotar a estos órganos con los medios personales y materiales necesarios. Por tanto, ha solicitado por una parte la reconversión en plazas colegiales; o, por otra, se dejara sin efecto la creación de los mismos.

   Sobre este asunto, el CGPJ ha elaborado un informe, aprobado por la Comisión Permanente, en el que manifiesta su "honda preocupación" por la interrupción de la creación de estas plazas. Bravo ha recordado que estos juzgados iban destinados a los partidos judiciales "más afectados" por la carga de trabajo en la Comunitat, como son Orihuela, Torrevieja, Elda o Alicante, entre otros. "Basta ver las estadísticas del Consejo para darse cuenta de que la Comunitat es la segunda autonomía con más necesidades de juzgados de toda España --después de Andalucía--".

   Estos partidos judiciales, además, "tienen una carga de trabajo muy superior a los módulos fijados por el CGPJ", ha puntualizado Bravo, por lo que entiende que "no crear estos juzgados significa no priorizar en justicia, no garantizar la tutela judicial efectiva que el ciudadano valenciano se merece y, por tanto, sería una mala noticia si esto finalmente se produce".

   Por ello, ha avanzado que cuando se constituya el Gobierno autonómico, el CGPJ pedirá las reuniones "necesarias" para encontrar la fórmula que permita que estos 15 órganos judiciales puedan entrar en funcionamiento, "porque es una prioridad tan importante que no puede depender de coyunturas económicas".

   "Es cierto que es un momento de crisis --ha agregado la portavoz--, pero entendemos que es muy preocupante que partidos tan necesitados de creación de órganos judiciales se queden a la espera de otras voluntades", ha reiterado.

La investigación del 'caso Brugal' evidencia la enemistad de Castedo con Alperi de cara a la 'generosidad' de Ortíz

ALICANTE.- Un informe policial de la pieza separada del caso Brugal, relativo al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, apunta a que el empresario Enrique Ortiz, uno de los principales investigados, podría haber tenido acceso al planeamiento durante su redacción, aunque la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, indica que el informe refleja que el constructor "no consigue lo que pretende", por lo que no hay información privilegiada.

El informe se basa en varias conversaciones y encuentros entre el empresario, el exalcalde Luis Díaz Alperi, la alcaldesa y el arquitecto redactor del plan, Jesús Quesada, entre otros, apunta a que el empresario alicantino pudo obtener información sobre el planeamiento urbano mientras se estaba redactando, incluso antes de que los propios técnicos municipales lo conocieran y posteriormente, en su exposición pública, presuntamente podría haber tenido influencia en las alegaciones y modificaciones a través del despacho Salvetti, donde trabaja el hermano de la alcaldesa.

La investigación policial comienza en mayo de 2008 cuando el juez que investiga el caso Brugal autoriza el pinchazo telefónico del móvil de Enrique Ortiz. Ahí arranca la investigación que recoge conversaciones presuntamente relativas a los intereses urbanísticos de Ortiz en la ciudad de Alicante, como el estadio Rico Pérez, APA 9, Lomas de Garbinet o Pino Ruaya, cuando aún gobernaba Luis Díaz Alperi y Castedo era edil de Urbanismo. 

De entre todas las conversaciones grabadas, el informe indica que el empresario podría haber recibido la información del nuevo planeamiento cuando aún estaba siendo redactado. "Te hemos apañado también lo que hay en el APA 9 y Lomas del Garbinet (proyectos incluidos en el desarrollo urbanístico de Vistahermosa, al norte de la ciudad de Alicante) y te hemos apañado también lo del Rico Pérez", entre otras conversaciones grabadas que desvelan la familiaridad entre el constructor y la alcaldesa.

En otra conversación entre Ortiz y Luis Díaz Alperi el exalcalde advierte al constructor que no cuente nada de sus contactos a su sucesora Castedo: "a Sonia, nada de nada (...) Sé más cosas, y sé que me..., vamos, Sonia me odia a muerte", le dice Alperi.

La Policía dice que hubo "pactos encubiertos" para beneficiar a Ortiz

El informe de la Policía Judicial sobre el PGOU incluido en el sumario del caso Brugal concluye que la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, su antecesor, Luis Díaz Alperi, y el empresario y exmáximo accionista del Hércules, Enrique Ortiz, alcanzaron varios "pactos encubiertos" para beneficiar los intereses del constructor con la reforma del estadio José Rico Pérez en el marco de la revisión del PGOU de la ciudad. 

De las múltiples conversaciones telefónicas intervenidas a Ortiz, los investigadores deducen que el empresario compró el estadio y los terrenos anexos en abril de 2007 a través de la empresa Aligestión a sabiendas de que ese suelo sería posteriormente recalificado en el nuevo PGOU y como fruto de un acuerdo alcanzado con Díaz Alperi.

Ortiz podría haber hecho regalos a Alperi, Castedo y Mario Flores, dentro de una trama de presunta corrupción, donde aparece Mercedes Alonso

ALICANTE.- El sumario de la pieza separada del caso 'Brugal', que investiga presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, revela que el empresario Enrique Ortiz podría haber regalado a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y al ex alcalde de la ciudad, Luis Díaz Alperi, viajes, y coches, durante la elaboración del documento.

En este sumario, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) llega a la conclusión, a través de las conversaciones que el empresario Enrique Ortiz Selfa mantiene con personas "de su máxima confianza", de que éste "compra, distribuye y ofrece dádivas" y "regalos" a personas "del más alto nivel", entre los que se encontraría el ex alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, la actual alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, varios de los concejales del consistorio alicantino, así como el conseller de Infraestructuras y Transportes de la Generalitat Valenciana, Mario Flores, o la actual consellera de Turismo, Belén Juste.

Según el informe policial, Ortiz se haría valer de su mujer, María Manuela Carratalá, así como de varios empleados de su confianza, para elegir, comprar y hacer llegar estos regalos a sus destinatarios, y él mismo, personalmente, elegiría y compraría los regalos "a los personajes públicos más relevantes".

Así, de las conversaciones intervenidas a Ortiz durante las Navidades de 2008, la Policía infiere que éste, "ya sea en nombre propio, o de alguna de las empresas en las que tiene participación" hizo varios regalos a distintas personalidades.

De este modo, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo habría recibido una chaqueta valorada en unos 600 euros de parte de Inusa. Así, la alcaldesa, en una conversación telefónica del 25 de diciembre de 2008, agradece a Ortiz el regalo. La Policía destaca que esta chaqueta ya la había adquirido Castedo, por lo que la cambió "por una gabardina, una camisa y un jersey de Carolina Herrera".

Así mismo, la Udef señala que Castedo agradece por teléfono a la mujer de Ortiz "el regalo del bolso", que considera "preciosos". También considera la policía que Sonia Castedo podría haber recibido por parte de Ortiz la contratación de personal en sociedades de la órbita del empresario a solicitud suya, un viaje a Ibiza con familia y amigos en las vacaciones de verano de 2009, así como un coche destinado a una persona de confianza de Castedo.

Además, incide el informe en un viaje a Andorra durante las Navidades de 2008 que realizarían Sonia Castedo y su marido, junto a Ortiz y su mujer, el hermano de Ortiz y su pareja, y al que también iría Marta García-Romeu, en un coche, marca Mercedes-Benz, propiedad del empresario alicantino.

La Policía considera que el hecho de que Ortiz realice un viaje de placer "junto a la alcaldesa de Alicante, en las circunstancias en las que se produce, con todos los asuntos en los que Ortiz tiene intereses y dependen de ella, y el que ya se produjera un viaje de esas características en 2007, no hacen más que provocar sospechas fundadas de la irregularidad manifiesta y del objeto último de dicho viaje".

También recoge el informe policial que Ortiz regaló en estas fechas un reloj "que no llega a los 2.000 euros" a Mario Flores. Así, es el propio conseller el que, en un llamada telefónica, le comunica a Ortiz que ha recibido el reloj, y le indica que le parece una "barbaridad, igual que el año pasado", y le expresa su intención de devolver el obsequio, puesto que asciende "a miles de euros".

Tras disuadirle Ortiz de que devuelva el regalo, finalmente Mario Flores accede a quedárselo, a pesar de haberle indicado que "el reloj lo ha mirado, disfrutado, pero que ese tipo de cosas las devuelve".

El informe de la policía recoge el regalo por parte de Inusa --empresa adjudicataria del servicio de limpieza y recogida de basuras en Alicante, y de la que es propietario Ortiz--, de una caja con cuatro botellas de Dom Pérignon al ex alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, como se acostumbra a regalarle "todos los años".

Además, el fiscal anticorrupción, Felipe Briones, estima que Ortiz podría haber abonado "determinadas viviendas" a los hijos de Alperi, y que habría pagado a Alperi un viaje en jet privado a Creta.

Ortiz también habría regalado, según la policía, bien por parte de Inusa, bien de forma personal, distintos obsequios a la concejal de Turismo y Fiestas en el Ayuntamiento de Alicante, Marta García-Romeu, concejal de Acción Social y Medio Ambiente, Asunción Sánchez Zaplana, a la concejal de Deportes, Isabel Fernández Gutiérrez, a la concejal de Educación, Sanidad, Consumo y Playas, María del Carmen Román Ortega, a la concejal de Juventud, Laura Chorro, a la concejal de participación Ciudadana, María de los Ángeles Goitia, a la concejal de Imagen Urbana, María Otilia García Pertusa, y a la responsable de Presidencia, María Sonia Alegría, quienes habrían recibido esas navidades un bolso de Purificación García.

También resalta el informe un regalo "que él decida" al concejal de Servicios y Mantenimiento y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Alicante, Andrés Llorens, así como un bolso para la candidata del PP a la alcaldía de Elche, Mercedes Alonso.

En este sentido, el sumario transcribe una conversación entre María Manuela Carratalá y Ortiz en la que ésta le indica que le parece "excesivo" hacer un regalo a todas las concejales del PP de Alicante, a lo que el propio empresario responde que "por regalarles un detalle, posteriormente las tiene a su disposición", y continúa diciendo que a los del Ayuntamiento de Alicante "tenemos que tenerlos contentos, porque hay un huevo de cosas y de intereses".

El informe policial destaca también posibles obsequios por parte de Ortiz al presidente de la Diputación Provincial de Alicante, Joaquín Ripoll, así como al que fuera alcalde de Benidorm, Manuel Pérez Fenoll, a quien le habría regalado un reloj valorado en 20.000 euros.

El fiscal considera que Castedo reveló información privilegiada y cometió un supuesto tráfico de influencias y cohecho

ALICANTE.- El fiscal Anticorrupción de la provincia de Alicante, Felipe Briones, considera que la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, presuntamente ha cometido hechos dentro del caso Brugal que pueden ser "constitutivos, al menos, de los delitos de revelación de información privilegiada facilitada por autoridad y funcionario, de tráfico de influencias y de cohecho, así como "en relación concursal y en continuidad delictiva".

   En el sumario de la pieza separada del caso Brugal, cuyo secreto ha sido levantado este viernes, el fiscal considera que la actual alcaldesa y diputada electa de las Corts Valencianes, Sonia Castedo, presuntamente ha facilitado "información privilegiada" al constructor Enrique Ortiz, y la acusa de "diseñar y resolver a la medida" del empresario el plan general, con la supuesta ayuda del equipo redactor del plan.

   A este respecto, hace referencia a una llamada en la que presuntamente informa a Ortiz del "apaño" de la zona existente entre el AP-9, Lomas de Garbinet y la zona del Rico Pérez.

   Así mismo, considera también que es presuntamente responsable de "pactar veladamente con Enrique Ortiz un acuerdo lucrativo para el empresario relacionado con la remodelación del estadio 'José Rico Pérez'.

   También consta en el sumario que la alcaldesa ha recibido "dádivas de distinta índole" por parte de Enrique Ortiz "coincidentes en el tiempo con las distintas gestiones efectuadas a favor suyo, relativas a la redacción del nuevo plan general".

   Igualmente, aduce que la alcaldesa decidió "desposeer de competencias a Pablo Suárez, delegado no concejal miembro de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante y responsable de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Transportes en el momento de los hechos, en razón a amenaza efectuada hacia él por el exalcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi.

   Respecto al constructor Enrique Ortiz, según se desprende del sumario, el fiscal le atribuye la presunta comisión de hechos que pueden ser "constitutivos, al menos, de los delitos de aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad y funcionario, de tráfico de influencias y de cohecho, así como "en relación concursal y en contunuidad delictiva".

   El fiscal apunta que Ortiz podría haber sido presunta responsable de la comisión de varias infracciones penales, entre ellas, la de ser "solicitante y receptor de información privilegiada relacionada con la nueva redacción del PGOU, de manera repetida" y que por "norma general los que le proporcionan la información Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi".

   También considera que presuntamente podría haber "influenciado, diseñado y conseguido resolver a su medida aspectos relevantes de la redacción del plan general" y comprado terrenos valiosos por su futura recalificación y revalorización dentro del plan general, en base a la información privilegiada recibida". A este respecto, se precisa en el sumario que estas zonas serían las de Aguamarga, Foncalent y La Condomina, entre otras.

   Igualmente, lo señala como presunto responsable de "pactar veladamente con Sonia Castedo un acuerdo lucrativo para él relacionado con la remodelación del estadio 'José Rico Pérez', así como de realizar "dádivas coincidentes en el tiempo con las gestiones irregulares relacionadas con el Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, a favor de varias personas", entre ellas a la propia Castedo; a Luis Díaz Alperi, al hijo de éste, Otto Luis Díaz González, entre otros.

   Además, el fiscal considera que Ortiz ha cooperado en "la pérdida de competencias a Pablo Suárez (...) en razón de amenaza efectuada por Díaz Alperi, por no favorecer determinado negocio relacionado con la contratación de una sociedad de su hijo". Hace constar el fiscal que esta "amenaza es finalmente cumplida por Sonia Castedo mediante decreto".

   En cuanto a Díaz Alperi, el fiscal lo acusa de "asesorar y facilitar información privilegiada a Enrique Ortiz Selfa sobre la tramitación del nuevo plan general" y apunta que de "ello queda constancia en distintas reuniones y conversaciones intervenidas". En la misma línea, considera que con su actuación "diseñaba y resolvía a la medida de Enrique Ortiz el plan general", con la supuesta ayuda del equipo redactor del plan.

   Supuestamente también intercedió en "la gestión de compra y venta de terrenos a favor de los intereses de Enrique Ortiz y conocidos suyos, como Bernardo Campos y Aurelio González Villarejo".

   Según el fiscal, Díaz Alperi y Sonia Castedo son responsables de "diseñar un plan, en el cual, tras abandonar la alcaldía", el exalcalde pudiera "permanecer controlando veladamente la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante".

   Otros hechos destacados por el fiscal son la "solicitud de favores a Enrique Ortiz y la obtención de los mismos, de distinta índole, coincidentes en el tiempo a las diferentes gestiones efectuadas por Díaz Alperi para que consiga el empresario sus objetivos en cuanto a la nueva redacción del plan general".

   Así, cita la gestión y posible pago de un viaje a Grecia en jet privado, la creación de una sociedad a nombre del hijo de Alperi, con aportación de la cuota de constitución societaria; la finalización de forma gratuita de viviendas iniciadas por Otto Luis Díaz González;  contratación de personas a su solicitud ; y pago en palco para seis personas en el estadio.

   Díaz Alperi presuntamente recibió "pagos de distinta índole coincidentes en el tiempo con la labor consistente en aportarle todas las facilidades para materializar sus intereses respecto a la nueva redacción del PGOU de Alicante". 

Entre ellos, "el posible pago de determinadas viviendas de los hijos del exalcalde, en connivencia y con la gestión de Aurelio González Villarejo y Vicente Pérez Cañas", así como "la posible entrega por parte de la esposa de Enrique Ortiz, Maleles Carratalá, de una cantidad grande de dinero no determinada".

   Lo acusa también de "amenazar con desposeer de competencias a Pablo Suárez por no favorecer determinado negocio relacionado con la contratación de una sociedad de su hijo".

  Por ello, lo considera autor de "al menos de los delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias u de cohecho". Todos ellos pueden serlo, además, "en relación concursal y en continuidad delictiva".

   La mujer de Ortiz, Maleles Carratalá, también figura en el sumario por "apoyar a su esposo en la gestión de la obtención de dinero necesario para posterior reparto de presunto pagos; reparto de documentación con información privilegiada referida a la nueva redacción del plan general". Estos hechos "pueden ser constitutivos, al menos, de un delito de aprovechamiento de información privilegiada".

   Otros de los investigados es el jefe redactor de la nueva tramitación y confección del plan, Jesús Quesada; al exconcejal socialista, Javier Gutiérrez, y su socio, hermano de Sonia Castedo, José Luis Castedo;  Vicente Sala, expresidente de Caja Mediterráneo; Javier Llorens Alentado y José Gregorio Bernabé, empleados de Ortiz; José Cortina, José Zurita y  Aurelio Izquierdo, de Bancaja y  Daniel Gil, de Caja Mediterráneo.

   Figuran como investigados Carlos Parodi, empleado de Ortiz e hijo de la edil Oti García-Pertusa; los empresarios y amigos de Díaz Alperi, Bernardo Campos y Aurelio González Villarejo; el consejero delegado del Grupo Inmobiliario GV, Vicente Pérez Cañas; Ramón Salvador Águeda, propietario de multitud de empresas relacionadas con la construcción y promoción de viviendas; y Jorge Yacobi Strasser, letrado de inversores armenios; y los empresarios mancomunados de Dreamview SL, José Juan Climent y José Francisco Javier León Barahona.

Castedo y Ortiz trataron de "compartir información" contra Ángel Luna

ALICANTE.- La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y el constructor, Enrique Ortiz, supuestamente trataron de "compartir información" contra el síndico del Grupo Socialista en las Corts Valencianes, Ángel Luna, relativa a la época en la que éste era alcalde.

   Según consta en uno de los informes policiales dentro del sumario de la pieza separada del caso Brugal, cuyo secreto ha sido levantado este viernes, la alcaldesa y Ortiz mantuvieron una conversación telefónica el 20 de octubre de 2009, en la que buscan "compartir información" contra Luna sobre su actividad en la alcaldía.

   En concreto, Castedo le dice a Ortiz que ella dispone de información relativa a una "recalificación de suelo de Hansa Urbana y la adjudicación después a Hansa Urbana. Según Ortiz, "lo más gordo que él tiene" en el PAU-4 porque en "le aprueba un huevo de... primero... luego la CAM se lo vende regalado a Hansa, luego lo recalifican y hace chalet para todo quisqui" y después "se va a trabajar" allí.

"Ese es el lío que más se le puede complicar a Ángel", dice Ortiz.

   Además, la alcaldesa le insta "a ver si puedes conseguir algo, cualquier cosita" sobre Luna, y Ortiz muestra su acuerdo, aunque le advierte de que Luna "siempre ha sido muy acojonado en esas cosas" y "si ha hecho cuatro tabiques se ha buscado a alguien que no tenga nada que ver".

Gema Amor asegura que la última propuesta del PP para formar gobierno es "una imposición"

BENIDORM.- La candidata a la alcaldía de Benidorm por el Centro Democrático Liberal (CDL), Gema Amor, ha asegurado que el gobierno de coalición propuesto por el PP, en el que ofrece a la formación tres tenencias de alcaldía y tres concejalías, es "un imposición".

   Gema Amor ha indicado que cuando formó parte del gobierno municipal junto al ex alcalde de Benidorm, Manuel Pérez Fenoll, fue una edil "sin competencias", lo que demostró que a Fenoll "lo que le importaba y de lo que quería presumir era de los cargos que tenía, y no ejercerlos".

   En este sentido, Amor ha destacado que tanto ella como otros militantes del PP se fueron de este partido "por no tragar con la imposición", de modo que, ha insistido, "no van a tragar" ahora.

   "No hablamos de tenencias de alcaldía, puesto que yo he estado en el gobierno sin competencias", ha señalado Amor, quien ha indicado que ahora se vuelve de nuevo "a la imposición", y ha remarcado que "queda mucho tiempo por delante", y que si el PP no es capaz, "por su obcecación", de alcanzar un acuerdo, "el día 11 no se acaba el mundo, ya que hay por delante cuatro años para hacer un gran proyecto para esta ciudad".

   "En este momento no toca hablar de competencias, y no a través de un papel que se remite a los medios de comunicación, o que se presenta ante notario", ha apuntado Amor, quien ha destacado que "hasta el día 11 todo es posible, pero hay que tener voluntad, cordura, madurez y sensatez, y parece que esto no es algo que acompaña a las filas del PP, cuando un día nos llaman chantajistas y nos acusan de tener pactos ocultos con el PSOE, y al siguiente presentan ante notario propuestas que no conocemos".

   Así mismo, Amor ha mostrado su deseo de que en las negociaciones "impere la razón" y que el PP "no vuelva a intentar ejercer el sectarismo y la imposición".

   Por otro lado, preguntada por los medios sobre si CDL ha negociado con el PSPV-PSOE de Benidorm, Amor ha asegurado que "todas las puertas están abiertas", aunque ha afirmado que no ha mantenido con esta formación ninguna reunión todavía, pero sí "conversaciones telefónicas".

Castedo y Ripoll no saben qué decir, fuera de conveniencias, ante el sumario 'Brugal'

ALICANTE.- La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ha considerado este viernes que se ha enterado de las investigaciones contenidas en el sumario del caso Brugal "por los medios de comunicación" y ha afirmado que se defenderá de "supuestos delitos que no han sido cometidos".

  Preguntada por los medios de comunicación por el levantamiento del secreto de sumario de la pieza separada del caso Brugal, relativa al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, ha asegurado que no tiene "nada que esconder".

   Ha lamentado las filtraciones del sumario porque, según ha dicho, "aunque después se demuestre que no ha existido nada, da igual, tu imagen ya ha quedado tocada", que es lo que "se pretende conseguir".

Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial de Alicante, y presidente del PP alicantino, Joaquín Ripoll, tampoco ha querido realizar  valoración alguna sobre el levantamiento del secreto de sumario de la pieza separada del caso 'Brugal' que investiga presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, al señalar que no participa "en el conocimiento de esos hechos" por lo que no puede hacer "ningún comentario".

   Ripoll, preguntado por los medios sobre el levantamiento del secreto sumarial de esta pieza del caso 'Brugal', ha destacado que desconoce "si se ha levantado el secreto de sumario o no", pero sí que sabe "que se han ido filtrando informaciones".

   "No puedo hacer ninguna valoración porque no sé si son ciertas esas filtraciones" y porque "no participo en el conocimiento de esos hechos, y por tanto, no puedo hacer ningún comentario", ha destacado Ripoll.

El Banco de España limitará el sueldo de directivos de entidades con dinero público

MADRID.- El Banco de España podrá limitar las retribuciones de los directivos de entidades financieras que hayan recibido dinero público, entre las que figuran algunas cajas de ahorros, según figura en el real decreto aprobado por el Gobierno sobre la gestión de los recursos propios de las entidades, que también penaliza los depósitos de excesiva remuneración.

   "En las entidades que reciban apoyo financiero público, la remuneración variable de los directivos sólo será posible si a juicio del Banco de España está adecuadamente justificada, y la remuneración total podrá estar limitada por el propio supervisor", indicó Economía en una nota de prensa.

   Esta es una de las medidas contenidas en la norma cuyo objetivo es evitar que las políticas de remuneración de los directivos de la banca socaven la liquidez de las entidades financieras y desestabilicen el sistema bancario a través de incentivos perversos a la asunción de riesgos cortoplacistas.

   La norma exige también que entre el 40% y el 60% de la remuneración se difiera en tres años y que parte sustancial de la retribución variable, al menos la mitad, se pague en acciones o instrumentos similares que relacionen los pagos con los resultados a largo plazo de la entidad, sea diferido o no.

   Dentro de la definición de remuneración se incluyen beneficios discrecionales de pensión, aquellos pagos efectuados con referencia a la jubilación.

   El decreto establece que las entidades deben mantener políticas de remuneración y prácticas coherentes con una gestión eficaz del riesgo y que, en función de su tamaño y las características de su modelo de negocio, deberán contar con un comité de remuneraciones.

   El portavoz del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, indicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se han introducido cambios en las remuneraciones de los directivos de la banca para desalentar comportamientos especulativos como los que provocaron la crisis internacional.

   Por otro lado, y a través de la penalización de los depósitos de excesiva remuneración, la norma trata de poner fin a los efectos perjudiciales ocasionados por la creciente guerra de depósitos en el sistema financiero español, entre los que Rubalcaba citó el encarecimiento del crédito.

   El ministro defendió la limitación de las rentabilidades que bancos y cajas de ahorros ofrecen en los depósitos porque éstos "acaban siendo créditos mas caros para todo el mundo". Según ilustró, "el banco tiene que cobrar de alguien lo que está dando".

   Concretamente, el nuevo decreto exige contribuciones adicionales a los Fondos de Garantía de Depósitos (FGD) de las entidades financieras que remuneren excesivamente sus depósitos tanto a plazo como a la vista, por encima de determinadas referencias.

   Conforme los datos más actuales del Banco de España, el límite para el depósito a plazo a tres meses o inferior es del 2,934%, mientras que para uno a plazo de más de tres meses y menos de un año el umbral es el 3,214%.

   En el caso de los depósitos a plazo igual o superior a un año, el limite es 3,137%, mientras que para el depósito a la vista la remuneración máxima es del 2,223%.

   Las entidades comunicarán trimestralmente el importe total de sus depósitos cuya remuneración exceda de los límites e ingresarán los importes que correspondan.

   Adicionalmente, la ministra de Economía y Hacienda, teniendo en cuenta la evolución del precio del dinero y del coste medio del pasivo de las entidades, podrá modificar los límites a la remuneración y reducir o elevar la sobreponderación de las atribuciones a los FGD.

   Por otro lado, la norma concreta la definición de activos que podrán ser admitidos como recursos propios y ha desarrollado un nuevo régimen de participaciones preferentes.

La CAM inicia su plan de prejubilaciones y bajas incentivadas

ALICANTE.- Caja Mediterráneo (CAM) comenzará de inmediato la puesta en marcha de su plan de prejubilaciones y bajas incentivadas, que, conforme al acuerdo laboral, afectará a 853 empleados que podrán acceder a la prejubilación, y 120 que se acogerán al sistema de bajas incentivadas, según ha informado en un comunicado la entidad financiera.

   La Dirección General de Trabajo ha decidido mantener la vigencia del acuerdo laboral --aprobado en su día con el visto bueno de la mayoría sindical con representación en la Caja, según las mismas fuentes--, y ha incluido la aprobación de un ERE que afectará a un total de 973 empleados de Caja Mediterráneo.

   Este expediente de regulación tiene por objetivo el "adaptar la capacidad instalada de CAM a la nueva realidad del negocio financiero", de manera que se garantice "la capacidad presente y futura de la entidad para competir, en cumplimiento del Real Decreto 2/2011 para el reforzamiento del sistema financiero".

   Caja Mediterráneo ha contemplado la provisión de alrededor de 200 millones de euros para cubrir la salida de empleados a través de este acuerdo laboral. De esta cantidad, CAM ya dotó el pasado año 147 millones.

   La mayoría de los trabajadores, exactamente 853, podrán acogerse al Plan de Prejubilaciones, previsto para los mayores de 55 años y con al menos 10 años de antigüedad en CAM, con las mismas condiciones que el acuerdo que se aprobó a principios de año cuando la Caja estaba inmersa en un proceso de integración.

   Además, el 98 por ciento del colectivo de empleados en esta situación ya dieron, en su momento, su conformidad para adherirse al anterior acuerdo. Los 120 empleados restantes podrán acogerse al sistema de bajas incentivadas contemplado también en el acuerdo, según las mismas fuentes.

   La mayor parte de las bajas de empleados, 591, están previstas dentro la red de oficinas CAM, mientras que 201 trabajadores abandonarán los Servicios Centrales de la entidad y otros 61 procederán de las direcciones de apoyo a la red.

   La aplicación del acuerdo laboral en Caja Mediterráneo será inmediata, de manera que este mismo mes de junio puedan acogerse de forma efectiva los primeros 250 empleados y su conclusión está prevista a lo largo de 2011 y 2012, de manera escalonada para asegurar la normal actividad de la Caja.

   La directora general de Caja Mediterráneo, María Dolores Amorós, ha asegurado que con la puesta en marcha de este plan, la entidad da "un paso más en el proyecto sobre el que se sustenta un Plan de Recapitalización" que le "garantiza un futuro en términos de eficiencia, rentabilidad y solvencia, en línea con las mejores prácticas del sector".

  Amorós ha agradecido a los representantes de los trabajadores "el ejercicio de responsabilidad demostrada en el desarrollo de este proceso".

  Así mismo, Caja Mediterráneo tiene previsto continuar con el cumplimiento del Plan de Racionalización de su red comercial, que se suma al objetivo de contención de costes y mejora de eficiencia, y contempla cambios en el 25 por ciento de la red comercial desde 2007 a 2012, así como en los servicios centralizados, con el objetivo puesto en la mejora de la productividad.

   Para el año 2011 está previsto el cierre de 107 oficinas, la mayoría situadas en las zonas de expansión de la Caja. De este modo, se prevé el cierre de 57 sucursales pertenecientes a la Dirección Territorial Centro Sur; otras 27 oficinas situadas en la Dirección Territorial Norte; 14 en la Territorial de Murcia --nueve de ellas en la provincia de Almería--; ocho en la Territorial de Valencia y una en la Territorial de Alicante.

   CAM se ha anticipado a las necesidades del mercado y desde junio de 2008 hasta marzo de 2011, ha reducido su número de sucursales en un 18 por ciento. A junio de 2008, la red de CAM estaba formada por 1.161 oficinas.

   En marzo de 2011 su red estaba compuesta por 948 oficinas, un 18 por ciento menos, según las mismas fuentes, quienes han recordado que durante el mismo periodo, el sector cajas ha pasado de 25.000 oficinas a 23.300, un 7,25 por ciento.

Barclays se debate entre comprar alguna caja o irse de España

LONDRES.- Barclays se enfrenta a una encrucijada sobre su negocio en España, donde puede optar por emprender una "arriesgada adquisición" de alguna caja de ahorros para espolear su actividad, o por abandonar el país, que se ha demostrado "como un punto especialmente problemático" para le entidad.

   Así lo asegura un artículo de análisis del diario 'Financial Times' (FT), que considera que la estrategia de Barclays en España se presenta como una prueba para el consejero delegado del banco, Bob Diamond, dadas "las importantes pérdidas" registradas en la cartera de créditos y su pequeña cuota de mercado.

   La ola de fichajes de alto perfil en Barclays España, con el ex ministro de Economía Pedro Solbes como asesor, y con el ex consejero delegado de Bankinter Jaime Echegoyen como consejero delegado en el país, han alimentado las especulaciones sobre las intenciones del banco de expandirse en el mercado español, considera.

   Los analistas afirman que una vez limpiada la cartera crediticia, Diamond se enfrenta al dilema de "crecer o irse" de España. "Una vez superadas las dificultades, o duplica o se va", dice el analista de Nomura Robert Law, citado por el diario.

   El diario afirma que Diamond ha expresado con anterioridad su interés de adquirir "alguna de las cajas de ahorros en problemas" y que, aunque los compradores más obvios serían los grandes bancos Santander y BBVA, y La Caixa, entidades extranjeras como "Barclays y Deutsche Bank podrían participar en la pugna".

   'FT' cita además a los analistas de Evolution Securities, para los que la compra de una caja por parte de Barclays es cada vez más probable como fórmula de reequilibrarse en detrimento de la banca corporativa y de inversión, y como palanca para espolear un aumento de capital.

   Por contra, el rotativo británico indica que otros expertos cuestionan la lógica de dicha operación de compra de "un activo arriesgado como una caja" pese a que podría negociar algún tipo de esquema de protección de activos, cuando puede haber otras oportunidades en mercados de crecimiento más rápido.

En ciertos medios se especula conque esa caja de ahorros podría ser la del Mediterráneo.