Teton Capital Partners mantiene una posición corta del 1,03% en la CAM

MADRID.- Teton Capital Partners mantiene una posición corta del 1,03 por ciento en el capital social de Caja Mediterráneo (CAM), según ha informado la firma de inversión a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

   Teton Capital cuenta con un total de 512.603 cuotas participativas de la caja alicantina desde el pasado 23 de junio, antes de que el Banco de España interviniera la CAM y de que la CNMV prohibiera las posiciones cortas en agosto.

   Las cuotas participativas de la CAM cerraron ayer miércoles en la Bolsa de Madrid a 1,28 euros, lo que supone una bajada del 3,76 por ciento respecto al cierre de este martes desmarcada del comportamiento del Indice General, que sumó un 0,87 por ciento, en línea con el avance del Ibex (+0,81%).

   Desde su debut en Bolsa el 23 de julio de 2008 a 5,84 euros por unidad, las cuotas de la caja se han depreciado un 78 por ciento, camino descendente que se acentuó desde que el Banco de España tomó control de la entidad tres años después, el 22 de julio de 2011, fecha en la que sellaron la jornada bursátil en 4,56 euros (-5,39%).

   La CAM se encuentra actualmente en proceso de adjudicación. Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell, Barclays, Ibercaja y JC Flowers han presentado al Banco de España una oferta no vinculante para hacerse con la entidad. La puja final se celebrará después de las elecciones del 20 de noviembre.

   La prohibición de establecer o incrementar las apuestas bajistas sobre los valores del sector financiero español con el fin de obtener beneficios con la depreciación de éstos en Bolsa se mantiene desde el pasado 11 de agosto.

   La CNMV y otros supervisores europeos (Francia, Bélgica, Italia y Grecia) decidieron entonces prohibir cautelarmente dichas operaciones y ha prorrogado el veto a esta operativa hasta que las condiciones de los mercados permitan su levantamiento.

   Concretamente, la prohibición afecta a los títulos de Banca Cívica, BBVA, Sabadell, Banco de Valencia, Banesto, Banco Pastor, Popular, Santander, Bankia, Bankinter, Caixabank, CAM, Grupo Catalana de Occidente, Mapfre, BME y Renta 4 Servicios de Inversión.

Secretaria de CCOO en Alicante: 'Si los responsables de bancos tienen que ir a la cárcel, que vayan'

ALICANTE.- La secretaria general de CCOO en las comarcas de l'Alacantí-Les Marines, Consuelo Navarro, ha asegurado que "la ley del saqueo" ha sido la forma de trabajar en algunas de las entidades bancarias y ha añadido que si los responsables de las mismas tienen que ir a la cárcel, "que vayan".

Navarro hizo estas declaraciones a los periodistas durante la paralización de un desahucio en Alicante preguntada sobre la admisión a trámite de la demanda por un supuesto delito societario, de estafa y de falsedad documental contra la exdirectora general de Caja Mediterráneo (CAM), María Dolores Amorós.

"Pues si tienen que ir a la cárcel, que vayan", ha respondido a los periodistas.

En la misma línea, ha insistido en que se debe actuar contra los culpables de esta crisis, "los bancos y sus responsables", porque la Justicia tiene que garantizar la defensa de la ciudadanía.

La ley, ha continuado, tiene que "caer" sobre los que "han robado" y se han aprovechado de los pequeños ahorradores y los trabajadores.

Por su parte, la diputada autonómica de EU en Les Corts Valencianes Esther López ha criticado que los exdirectivos de CAM se "tomen ese lujo", en referencia a estos supuestos delitos, después de "todo lo que han robado".

López ha indicado que los responsables de la entidad alicantina han llevado a cabo una gestión donde "lo único que han querido" ha sido "lucrarse".

¿Quedarán aún fondos europeos para España? / Luis Ayllón

En medio de la crisis económica, en Europa ha comenzado ya la pelea por los fondos de cohesión en el periodo 2014-2020, un asunto en el que a España le va mucho. Se da por descontado que con las nuevas Perspectivas Financieras, es decir con el nuevo Presupuesto comunitario, para ese periodo nuestro país pasará a ser, por vez primera, contribuyente neto. Desde que entró en la UE, España ha recibido fondos europeos a un ritmo del 1 por ciento del PIB al año (unos 10.000 millones de euros anuales), algo en lo que no es superada por ningún país.

Pero esos tiempos están a punto de terminar. Y ahora, se trata ahora de evitar que algunas de las regiones que han venido siendo receptoras de fondos estructurales hasta la fecha, dejen de hacerlo porque ya superan, o habrán superado en 2014, el 75 por ciento de la renta per cápita media de la UE. Es el caso de Andalucía, Castilla-La Mancha, Galicia y Murcia. Sólo Extremadura queda por debajo de ese porcentaje y no se vería afectada.

El secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido, lleva meses empeñado en conseguir que el resto de los socios acepten la propuesta de la Comisión Europea de que se cree un nuevo grupo de “regiones en transición” para las que tienen un PIB per cápita entre el 75 y el 90 por ciento. Este grupo recibiría menos de lo que recibe hasta ahora, pero seguiría siendo beneficiario de fondos comunitarios. Andalucía, Castilla-La Mancha y Galicia, podrían obtener dos tercios de lo que reciben ahora y Murcia, que está ya en el 85 por ciento de renta, algo menos.

A López Garrido no le está quedando mucho tiempo para echar una mano a sus compañeros de candidatura del PSOE por Madrid, porque anda ocupado en recabar apoyos y en asistir a las reuniones en las que los Veintisiete comienzan a debatir este asunto. La última fue el pasado martes, día 15, y según el secretario de Estado, nadie se ha opuesto públicamente a que se establezca ese nuevo grupo de regiones, que defiende un bloque de países en el que están, además de España, Bulgaria, República Checa, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Malta, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia y Hungría.

El debate sobre las Perspectivas Financieras, será, junto el que afecta a la Política Agrícola Común, uno de los grandes asuntos que deberá afrontar el nuevo Gobierno que salga del 20-N, y ya se apunta un peligro claro para los intereses españoles: la llamada “condicionalidad macroeconómica”. Es decir, la pretensión. avanzada por la Comisión Europea el pasado mes de octubre, de congelar las ayudas regionales a los países expedientados por déficit excesivo que no apliquen las recomendaciones de la UE para corregir la situación a partir de 2014 con el objetivo de prevenir futuras crisis de deuda.

España sería uno de los más afectados por esa medida y, por ello, López Garrido, expresó su rechazo a la misma, asegurando que no es equitativa, porque “desvincula al fondo de cohesión de sus objetivos reales y lo conecta más bien con la capacidad de control de la Comisión de esos fondos".

Las cuentas que oculta Rajoy / Ignacio Escolar

Ocho datos que explican por qué el PP se refugia en ese evanescente “hacer lo que hay que hacer” y no detalla su verdadero programa.

1. España ha pactado con la Unión Europea un plan de austeridad para reducir el déficit público al 3% en 2013. Para el año que viene, el compromiso es que se quede en el 4,4%. Rajoy ya ha dicho que considera irrenunciable ese objetivo. Rubalcaba lo quiere renegociar. 

2. El Gobierno espera que el déficit de este año sea del 6%. Con la recaída de los últimos meses, es casi imposible que se vaya a cumplir: probablemente estará entre el 6,6% que espera la Comisión Europea y el 8,4% que pronostican algunos en el PP.

3. España apenas crecerá en 2012; la última previsión de Bruselas es un exiguo 0,7%. Así que la única manera de cuadrar el presupuesto público al gusto de Merkel –si no queremos un “tecnócrata” de Goldman Sachs– pasará por recortar el gasto, subir los impuestos o ambas cosas a la vez. El próximo Gobierno tendrá que ajustar entre 2 y 4 puntos del PIB: entre 20.000 y 40.000 millones de euros en un año. Por comparar, el tijeretazo que hizo Zapatero en mayo de 2010 fue de “sólo” 15.000 millones en año y medio. 

4. Más cifras para entender la poda que nos espera: toda la sanidad pública cuesta unos 65.000 millones anuales; el subsidio de desempleo, unos 30.000 millones. Subir el IVA dos puntos apenas sumaría unos 2.000 millones más. La rebaja en el sueldo de los funcionarios que aplicó Zapatero fueron 4.000 millones entre 2010 y 2011. Congelar la subida de las pensiones ahorró unos 1.500 millones.

5. No vale con privatizar. Aunque encontremos compradores para Aena, Paradores y Loterías, ese dinero sirve para reducir la deuda, pero apenas se notaría en el déficit (sólo lo que se ahorre por los intereses, pero nada más).

6. Tampoco es muy realista el discurso de que el recorte será únicamente para “el gasto superfluo”, como repite Rajoy. La propuesta de reducción de ayudas públicas para los sindicatos, los partidos y la patronal que presentó en su momento el PP sólo suponía 17 millones de euros al año. Si cerramos el Senado –como proponen algunos a los que la democracia les debe de parecer cara–, el ahorro sería de apenas 55 millones anuales. ¿Subastar coches oficiales? En Castilla La-Mancha el PP va a conseguir así menos de medio millón de euros (pero mucha publicidad populista).

7. El recorte puede ser incluso mayor porque, además, falta por arreglar el ladrillazo a la banca: más de 300.000 millones en créditos a promotores inmobiliarios, suelo y pisos que no valen lo que figura en los balances. El PP ya ha anunciado en su programa su intención de sanear esos “activos tóxicos” con dinero público, creando un banco malo. No saldría por menos de 50.000 millones de euros, tal vez más.

8. Por eso no me extraña que De Cospedal vaticine protestas “cuando Rajoy diga lo que hay que hacer”. Habrá quien se pregunte, con razón, por qué no nos explica sus planes antes de votar.

Libreros de Alicante, Valencia y Castellón estudiarán acciones legales por los "impagos" del Consell

VALENCIA.- Los gremios de libreros de Alicante, Castellón y Valencia estudiarán las acciones legales que podrían adoptar por los "impagos" del Consell, que ha "incumplido el pago a 50 días" de las cantidades correspondientes al bonolibro y les adeuda 31 millones de euros. Además, colocarán carteles en sus comercios para informar a los padres de que "si sus hijos tienen libros es gracias a que los libreros los han pagado, aunque ahora les pueda costar el cierre".

   Así lo ha señalado la presidenta del Gremi de Llibrers de València, Glòria Mañas, que ha ofrecido este miércoles una rueda de prensa acompañada de representantes de los gremios de libreros de Alicante y de Castellón, con el apoyo de distribuidores y editores.

   Según Mañas, solicitaron por escrito a la Conselleria de Educación diversas reuniones para "abordar juntos la situación y buscar fórmulas para solucionar el problema", pero sólo obtuvieron como respuesta varias llamadas telefónicas de un director general para decirles que "hacen todo lo posible para pagar cuanto antes, pero la situación de tesorería es muy difícil". "Y una llamada no sirve como respuesta a una petición cursada por registro para que convoquen un encuentro y den explicaciones a todo el sector", ha reprobado.

   La Conselleria de Educación fijó en 42,4 millones de euros su aportación en el curso 2011-12 a las medidas para favorecer la gratuidad de libros de texto del alumnado de enseñanza básica escolarizado en los centros públicos y concertados de la Comunitat, entre las que se incluye el bonolibro, con un importe máximo de 105 euros y una cuantía global de 31 millones de euros para este curso.    

   Desde el inicio de este programa en el curso 2007-2008, cada familia recibe en su colegio una cantidad por escolar en forma de un bono que debe canjear después por los libros correspondientes en los establecimientos autorizados y, hasta este momento, no habían tenido "ningún problema" para cobrar esas cantidades por parte del Consell. "Es el primer año en que no nos paga cuando debe y ni siquiera nos ha avisado con antelación para poder reaccionar", ha denunciado Mañas.

   No obstante, esos establecimientos sí que han tenido que hacer frente a los recibos de septiembre y octubre de las editoriales. Según el representante del gremio de libreros de Castellón, Pere Duch, "los más afortunados han conseguido pagar gracias a créditos o a las reservas que tenían, en el caso de los establecimientos más grandes, pero muchos ni siquiera han logrado que les aprobaran esos créditos y han tenido que devolver los recibos".

   Duch ha explicado que todas esas opciones generan "costes adicionales, ya sea gastos financieros o recargos por devolución de recibos", en un momento en el que "se estaba intentando sobrevivir a la crisis y lamentablemente, muchos no tendrán más remedio que cerrar, si no el mes que viene, dentro de tres meses", mientras que "los que puedan sobrevivir, se verán abocados a reducir plantilla e incluso a renunciar a vender libros de texto".

   Además, ha alertado de que "esos impagos pueden cargarse por completo la campaña de Navidad", ya que "a muchos de los establecimientos que han devuelto recibos de los libros de texto, las editoriales les han cancelado la cuenta y no les suministrarán ningún producto hasta que no salden sus deudas".

   "Esta situación afecta a todo el sector, en mayor o menor medida depende del tamaño del establecimiento, pero hay que tener en cuenta que la gran mayoría de las librerías de la Comunitat son de tamaño pequeño y mediano, como sucede en todos los sectores", ha zanjado.

   La presidenta del Gremi de Llibrers de València ha constatado que "habrá librerías a las que se les deberá 3.000 euros y otras a las que 60.000 e incluso 100.000 euros".

"Hemos pagado religiosamente las facturas que hemos podido atender, hemos puesto el trabajo y pagado los libros, pero ahora ya no se puede resistir más", ha subrayado.

   En cuanto a las medidas anunciadas, Mañas ha precisado que, por un lado, harán las consultas jurídicas necesarias para "ver hasta qué punto el incumplimiento de pagar en un máximo de 50 días tiene repercusiones" y, por otro, realizarán distintas acciones para "hacer pública" su denuncia y "no se descarta" convocar concentraciones ante la Conselleria de Educación para protestar por su situación.

Proveedores sanitarios lamentan la "discriminación" de Rosado y anuncian medidas legales

VALENCIA.- La Plataforma de Proveedores Sanitarios ha criticado este miércoles el trato "discriminatorio" de la Conselleria de Sanidad al no establecer un plan de pagos del dinero que la administración autonómica les debe y ha anunciado a través de su portavoz, Vicente Peiró, que a partir de ahora la entidad estudiará las medidas "legales y constitucionales" a su alcance para solucionar este conflicto.

   Peiró se ha pronunciado así tras conocer las declaraciones del conseller de Sanidad, Luis Rosado, quien durante una visita a la Fundación Oftalmológica del Mediterráneo (FOM) ha reconocido que "en estos momentos" no pueden establecer un calendario de pagos "exacto" a los proveedores sanitarios como el que se ha garantizado a los farmacéuticos porque sería "comprometer algo de lo que no tenemos una certeza" y "por tanto no podemos hacerlo".

   En este sentido, Peiró ha comentado sentirse "muy disgustado" porque el conseller no les ha comunicado nada al respecto y lo han conocido por la prensa, algo que considera una "falta de respeto". Además, ha comunicado que transmitirá estas declaraciones a la junta directiva de la Plataforma y ha manifestado que, a partir de ahora, está claro que "cada uno tendrá que hacer lo que pueda".

El conseller Rosado se ríe y toma el pelo a los proveedores de la sanidad regional

VALENCIA.- El conseller de Sanidad, Luis Rosado, ha reconocido este miércoles que "en estos momentos" no pueden establecer un calendario de pagos "exacto" a los proveedoras sanitarios como el que se ha garantizado a los farmacéuticos porque sería "comprometer algo de lo que no tenemos una certeza" y "por tanto no podemos hacerlo". 

Rosado, tras el FOM, se ha referido así al plazo de una semana, que expira mañana, dado por los proveedores para que la Conselleria les presente un plan de pagos. No obstante, ha recalcado que la emisión de bonos de la Generalitat "si funciona de una manera adecuada servirá para aliviar de una manera importante las deudas correspondientes" y además ha recordado que el Presupuesto de 2012 ha crecido en gasto corriente en Sanidad entorno al 177 millones de euros, lo que ha destacado que "permitirá hacer frente a muchos de los pagos que en estos momentos estamos pendientes".  

  Al respecto, ha señalado que "sólo hay que ver las portadas de los periódicos y los inicios de los telediarios" para "saber cuál es la situación que está sufriendo Europa, España y la Comunitat valenciana".

"Hay una situación económica extremadamente severa, grave, pero desde la Generalitat estamos poniendo todos los medios posibles para evitar los daños a terceros, a los que se les debe dinero", ha garantizado.

  Así, ha apuntado a los mecanismos que ha puesto en marcha la Generalitat, entre las que ha citado las medidas de ahorro puestas en marcha por la Generalitat para reducir el gasto, y medidas de eficiencia y medidas de eficiencia en toda la Administración pública que en el caso concreto de la Conselleria de Sanidad confían que reduzcan un 10 por ciento el gasto corriente en 2012.

  Rosado ha recalcado que además con la emisión de bonos, la Generalitat "pretende precisamente alcanzar la liquidez suficiente para pode mantener el sistema no sólo sanitarios, sino de pagos de toda la Administración".

   Por otro lado, respecto a las protestas anunciados por los sindicatos ante "los recortes" sociales en las cuentas del próximo año, ha recordado que el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, reclamó que se dedique entre un 70 y un 80 por ciento a los gastos sociales cuando en la Comunitat valenciana se dedica el 84 por ciento del total del Presupuesto.

  "Es un elemento importantísimo que demuestra que en nuestra Comunitat estamos por encima de los requerimientos que en materia social otros partidos realizan", ha destacado. Es más, ha señalado que en estos momentos dedicar "casi todo el dinero de los valencianos a gasto social es hacer un gran esfuerzo por parte del Gobierno valenciano para mantener y mejorar los logros del Estado del Bienestar".

La Inspección de Trabajo visitará oficinas de la CAM para comprobar si hay aumento de la jornada

ALICANTE.- La Inspección de Trabajo visitará las oficinas de Caja Mediterráneo para comprobar si es cierto que los empleados han visto aumentada en dos horas diarias su jornada laboral, según han indicado hoy fuentes de la unidad sindical --por Sicam, UGT, CCOO, CSICA y Sindicato Vietnamita--.

   La unidad sindical de Caja Mediterráneo y responsables de la caja se han reunido este miércoles en la Inspección de Trabajo, que había citado a ambas partes. Desde la Inspección han advertido a la entidad que hay "una normativa que cumplir", tras recibir la denuncia por parte de los sindicatos, y ha anunciado que en "un plazo breve" los inspectores irán a comprobar si es cierto que los empleados se están viendo obligados a ir a trabajar por las tardes.

   La dirección de la entidad, según las mismas fuentes, ha negado que se haya dado esta instrucción a los trabajadores, aunque la unidad sindical mantiene que sí ha sido así y que se ha hecho especialmente en las direcciones territoriales de Murcia "donde a lo bestia se ha dicho: todo el mundo de cinco a siete a trabajar", así como en Madrid. En el caso de Alicante, según han indicado, la orden ha sido más leve.

   Los sindicatos aseguran que los directores territoriales han transmitido a los directores de zona y éstos, a su vez, a los directores de oficinas que los empleados tienen que ir todas las tardes de 17.00 a 19.00 horas. Esta medida, calificada como "decreto" por los sindicatos, se ha hecho "de forma verbal".

   Los sindicatos consideran que este aumento de dos horas diarias sobre la jornada laboral es "injustificado" y "vulnera todo el convenio y toda la legislación laboral", hasta el punto que podría constituir "un fraude a la Seguridad Social".

'Stop Desahucios' consigue paralizar el desahucio de un vecino de Alicante

ALICANTE.- El colectivo 'Stop Desahucios' de Alicante ha conseguido paralizar a primera hora de este miércoles el desahucio de Joel, un ciudadano camerunés que iba a ser expulsado de su vivienda en el número 43 de la calle Cánovas del Castillo, y demorar esta medida hasta el próximo 2 de febrero de 2012, según han informado fuentes de esta organización sin ánimo de lucro.

   'Stop Desahucios' Alicante ha movilizado esta mañana a sus abogados y a cerca de 80 personas que han acudido al edificio para acompañar al afectado.

  Alrededor de las 9.30 horas, cuando la comisión judicial ha llegado a la puerta del edificio, se ha encontrado con el afectado acompañado por los abogados del colectivo, y con los movilizados, permanecían sentados en las escaleras del inmueble, concentrados de manera pacífica, con varias pancartas contrarias a la política de desahucios de los bancos.

   La Policía Local de Alicante que ha acudido en previsión de posibles altercados, ha cortado el tráfico en esta calle, y al igual que la Policía Nacional desplazada también al acto, no ha sido necesaria su intervención en ningún momento.

   Los agentes del banco han mantenido una conversación con los abogados de 'Stop Desahucios' Alicante y han concedido una moratoria hasta el 2 de febrero, lo que ha levantado los aplausos de los presentes, que han mostrado su satisfacción por el aplazamiento del desahucio.

   Para 'Stop Desahucios' de Alicante, casos como éste "son el pan de cada día de miles de personas", que sufren "una situación injusta, derivada de una crisis mundial, en la que al final el que paga los platos rotos siempre es el mismo".

   Joel, divorciado con un hijo menor, vive sólo en su vivienda ya que la custodia del menor la tiene la madre. En 1999 llegó a España, y desde entonces ha trabajado ininterrumpidamente en distintas empresas relacionadas con el campo y la construcción.

   En el año 2006 solicitó un préstamo a una entidad bancaria para la compra de una vivienda, con pago aplazado a 40 años, pero a principios del año 2008 se quedó en el paro, y tras recibir la prestación por desempleo, llegó un momento en el que se quedó sin ingresos, aunque no continuó "pagando lo que podía" al banco, al que realizaba pagos de 200 a 300 euros, según han recordado las mismas fuentes.

   Tras agotar su prestación por desempleo a mediados del año 2009 no pudo hacer frente a las cuotas de la hipoteca, y la entidad bancaria en enero de 2010 resolvió el préstamo hipotecario y comenzó el procedimiento ejecutivo.

   En marzo de 2011 tuvo lugar la subasta, donde la entidad bancaria acreedora se adjudicó la vivienda por la mitad del valor de tasación, --por el 50 por ciento de su valor--, de modo que continua la ejecución por el resto, que asciende a más de 72.000 euros.

   Joel dice que quiere trabajar como siempre y poder pagar su casa, pero nadie le contrata, y en la actualidad, su única fuente de ingresos son 390 euros en concepto de subsidio por desempleo.

   "Esta situación es injusta porque que la entidad bancaria se adjudicó la vivienda de Joel por la mitad de su valor de mercado", una propiedad que posteriormente "puede enajenar a valor de mercado, produciéndose un enriquecimiento injusto, y saliendo redondo "el negociazo", según han destacado las mismas fuentes.

   Así mismo, "es injusta porque pone de patitas en la calle a la persona con la que antes realizó un negocio, a la que no dejó de subirle la letra cuando el mercado estaba al alza, pero que no bajó ni un céntimo en tiempo de crisis para que se pudiera hacer frente al pago", de modo que "Joel, después de quedarse sin vivienda, aún debe al banco una millonada".

De Ramón quiere ahora que se investigue a los administradores de KPMG, la auditora de la CAM

MADRID.- Que la Caja Mediterráneo (CAM) dio préstamos a interés cero a algunos de sus consejeros es un hecho recogido en el informe de gobierno corporativo de la entidad. Ahora toca el turno de saber si algunos políticos de la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia fueron también receptores de préstamos en condiciones tan ventajosas de una caja en situación económica desastrosa e intervenida por el Banco de España, según recoge hoy 'El País'. 

El abogado murciano Diego de Ramón presentó ayer en la Audiencia Nacional una ampliación de su denuncia contra la exdirectora general, Dolores Amorós y otros altos cargos en la que pide que se investigue la dejadez de ambas comunidades para fiscalizar las cuentas de la CAM y actuar en consecuencia.

Los malos resultados de la CAM no impidieron a sus consejeros autoconcederse 161 millones de euros en créditos, entre 2004 y 2010. Los préstamos que aún están vivos representan un importe de 114 millones de euros. La generosidad de la caja con sus consejeros llegó incluso a permitir algunas líneas de descuento y préstamos a cinco y seis años al 0% de tipo de interés. 

Esto sucedió sobre todo en 2008, y los agraciados fueron Modesto Crespo, que luego ocupó la presidencia, Manuel Navarro, Gregorio Fernández y Juan Ramón Avilés, según los datos del informe de gobierno corporativo de la entidad financiera alicantina. En total dispusieron de hasta 4,6 millones de euros sin intereses. En 2008 los tipos de interés oficiales estaban en torno al 4%.

Ahora, el abogado murciano Diego de Ramón, autor de la denuncia que investiga el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido que los cargos imputados en la causa expliquen "qué políticos, dentro del consejo de administración y fuera de él", tanto en la Comunidad Valenciana como en Murcia, han podido gozar de créditos similares. De Ramón quiere que se indague también en las cuentas de sus familiares "hasta la cuarta línea de consanguinidad".

El escrito plantea, además, el incumplimiento de los deberes legales de fiscalizar la entidad por parte de esas dos comunidades y recuerda que tanto la ley murciana como la valenciana sobre cajas de ahorro otorgan a sus Gobiernos las facultades de inspección, control, evaluación de cuentas e infracciones y sanciones. La normativa de ambas regiones recoge, además, la posibilidad de intervención de las cajas "en situaciones de especial gravedad".

El letrado pregunta también por las actividades de la sociedad participada CAM US Finance cuyas operaciones se realizaban en dólares y CAM Global Finance, radicada en el paraíso fiscal de las Islas Caimán. De Ramón quiere saber quiénes eran las personas que se embolsaron los beneficios generados por ambas compañías y qué comisiones pudieron cobrar. Y solicita a la Audiencia Nacional que invite a la Reserva Federal norteamericana (FED) a personarse en el proceso dado que la CAM realizó emisiones de deuda en Estados Unidos.

También pide que se investigue a los administradores de KPMG, por "las grandes contradicciones de su auditoría con la realizada por la intervención del Banco de España".

Grande-Marlaska admitió a trámite la denuncia la pasada semana. En su resolución pidió además al Banco de España que le remitiera toda la información sobre irregularidades e incumplimientos que hayan encontrado los administradores provisionales de la entidad. En la causa ya se ha personado la Fiscalía Anticorrupción.

El Banco de España sustituyó a los gestores de Caja Mediterráneo el pasado 22 de julio. Fue la tercera intervención de una caja desde el inicio de la crisis.

Diego de Ramón solicita investigar responsabilidades políticas y también las filiales de la CAM en el extranjero

MADRID.-  El abogado murciano Diego de Ramón, que ha logrado que la Audiencia Nacional abra un procedimiento contra los antiguos gestores de la CAM, quiere que este tribunal también investigue la responsabilidad que tuvo la clase política de la Comunidad Valenciana y Murcia en la caída de la entidad; la gestión de la veintena de sociedades que la caja llegó a tener en el extranjero -algunas de ellas en paraísos fiscales-, y también las emisiones realizadas en dólares por la filial norteamericana de la CAM, para lo que reclama que se persone en la causa la Reserva Federal estadounidense. 

Así, lo asegura el letrado, tras presentarse ayer en la Audiencia para ampliar su demanda inicial.
En el escrito de denuncia original, entre otras cosas, De Ramón reclama prisión sin fianza para la exdirectora general de CAM, María Dolores Amorós, y para cuantos sean responsables de las irregularidades cometidas en la entidad por la "alarma social" generada -aunque El Economista hace incluso referencia al "riesgo de fuga"-. Además, también pide el embargo de sus bienes para cubrir el daño ocasionado.
Fue la pasada semana cuando el juez Fernando Grande-Marlaska admitió a trámite la denuncia presentada por Diego de Ramón contra Amorós por supuestos delitos societarios, de estafa y falsedad documental; y solicitó al FROB un informe sobre todas las irregularidades que pudieron cometer los anteriores gestores.
En este sentido, el autor de la denuncia señaló que su objetivo "ahora es buscar la vinculación de los políticos de Murcia, Valencia o de Madrid que tuvieran responsabilidad en la CAM obteniendo privilegios y preferencias", entre los que citó la obtención de créditos millonarios sin interés de algunos consejeros. También dejó claro que, además de los gobiernos autonómicos, quiere que se depure la responsabilidad que ha tenido el Banco de España.
Igualmente, el letrado solicita que se investiguen las 21 sociedades que la caja tenía radicadas en el extranjero, muchas de ellas vinculadas al sector inmobiliario, por si hubiese existido desvío de fondos. Igualmente, exige que se adopten medidas contra algunos directivos aún en activo en la entidad, como el exsecretario general de la misma José Pina, por su responsabilidad en la gestión económica y recuerda que aún mantiene nueve cargos en representación de la CAM en diversas sociedades.
Por su parte, tras la admisión a trámite de esta querella, el sindicato de funcionarios Manos Limpias -que en agosto había presentado su propia denuncia- solicitó su inclusión en la causa. En su escrito, esta organización denunciaba las indemnizaciones millonarias recibidas por varios exdirectivos.

Anticorrupción investiga a los exdirectivos de Novacaixagalicia

MADRID.- La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación contra los antiguos directivos de Novacaixagalicia por las indemnizaciones y prejubilaciones millonarias cobradas, así como por las presuntas irregularidades en las cuentas presentadas al Banco de España, según confirmaron hoy fuentes del Ministerio Fiscal.

   Las investigaciones están en fase preliminar a cargo de la fiscal Pilar Melero, quien ha recibido ya los informes de valoración elaborados por el Banco de España tras la inyección de 2.465 millones de euros por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que controla el 93% de la entidad gallega.

   De este modo, Anticorrupción examinará la legalidad de las indemnizaciones de más de 20 millones de euros cobradas por el exdirector general José Luis Pego, el exdirector general adjunto Javier García de Paredes, el exresponsable del grupo inmobiliario Gregorio Gorriarán y uno de los directivos al cargo de la unión de las dos cajas --Caixa Galicia y Caixanova--, Óscar Rodríguez Estrada.

   Por otro lado, la Fiscalía revisará las valoración de Novacaixagalicia presentada por los antiguos directivos, que reflejaba un valor en libros de 1.784 millones de euros como capital fundacional y que el Banco de España redujo a 181 millones de euros en su valoración.

   Novacaixagalicia (NCG Banco) está presidida actualmente por José María Castellano, y el consejero delegado es César González-Bueno. El nuevo equipo de NCG intentó negociar con los exdirectivos tras el escándalo de las indemnizaciones, pero solo García de Paredes aceptó renunciar "a la mayor parte" de su indemnización. Las negociaciones se rompieron con el que fuera director general, José Luis Pego.

   La denuncia parte del sindicato nacionalista gallego CIG, presentada el pasado 1 de octubre ante la Fiscalía General del Estado. El organismo trasladó la denuncia a Anticorrupción el pasado 2 de noviembre, según explicó el representante de CIG y del consejo general de Novacaixagalicia, Clodomino Montero, quien celebró la acción de la Fiscalía y pidió que "se depuren las responsabilidades".

   Anticorrupción mantiene así abiertas tres investigaciones contra la gestión de las cajas de ahorro que afectan a Caja Castilla la Mancha (CCM), la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y ahora Novacaixagalicia. La Audiencia Nacional mantiene abiertas dos causas penales contra los exdirectivos de CCM y la CAM.

    Según expertos jurídicos consultados, consideran que la calificación jurídica de la gestión de las indemnizaciones a directivos de las cajas de ahorro se enmarca dentro de los delitos societarios contemplados en el Código Penal (CP) entre los artículos 290 a 297.

   En concreto, los responsables de las entidades podrían haber incurrido en un delito de administración fraudulenta, contemplada en el artículo 295 del CP, que castiga con penas de prisión de seis meses a cuatro años o multa del triple del beneficio obtenido al acusado.

Caja Mediterráneo debe ser "el germen" de una banca pública, según EU-Els Verds

ALICANTE.- La coalición EU-Els Verds cree que Caja Mediterráneo (CAM) debe convertirse en el "germen" de una banca pública de la Comunitat Valenciana que "apoye" al sector industrial, como el juguete o el calzado.

Así lo ha expuesto el portavoz de Els Verds del País Valencià, Joan Francesc Peris, quien ha opinado que la entidad financiera debe tener titularidad pública puesto que ha sido rescatada con fondos estatales.

En su opinión, hay que "fomentar" la ayuda a los pequeños empresarios y a autónomos a través de la banca pública porque, según ha afirmado, los organismos financieros privados "han cerrado el grifo" de la inversión y los créditos.

También ha incidido en la necesidad de "reactivar", además de la industria, la economía agraria de la provincia, pues, a su juicio, "no se combatirá el desempleo" si no se estimulan esos sectores.

Desde la coalición proponen "un gran acuerdo de Estado" entre partidos y representantes agrícolas para defender la agricultura mediterránea y española ante la Unión Europea (UE).

Peris ha expuesto que se debe hacer frente a la "competencia desleal" de terceros países, "como Marruecos" que exportan sus productos sin que, en muchas ocasiones, pasen controles sanitarios.

Preguntado por los resultados de las encuestas que dan un escaño a la coalición en la provincia de Alicante, Peris ha manifestado que el votante de izquierdas entiende el "momento histórico de emergencia" que se vive en el país.

"Ya no se conforma con que España esté condenada a políticas neoliberales del PP y el PSOE", ha añadido.

También ha resaltado que el voto útil "real" del electorado de izquierdas debe dirigirse a EU-Els Verds, tras considerar que existe una "amplia indignación" del votante del PSOE.

El IPC sube ocho décimas en octubre y la tasa interanual se sitúa en el 2,8%

VALENCIA.- El Índice de Precios de Consumo (IPC) de la Comunitat Valenciana subió ocho décimas el pasado mes de octubre y la tasa interanual se situó en el 2,8 por ciento, según los dato hechos públicos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

  En la Comunitat Valenciana, la rúbrica que más subió fue Vestido y calzado con 10,7 por ciento por la nueva temporada de invierno, seguida de Enseñanza, un 2 por ciento, Bebidas alcohólicas y tabaco, un 1,2 por ciento, Menaje, 0,7 por ciento y Vivienda y otros con un 0,3 por ciento.

   Por su parte, se mantuvieron invariables Alimentos y bebidas no alcohólicas, Medicina, mientras que Ocio y cultura fue la que más descendió con un 0,8 por ciento, seguida de Comunicaciones 0,6 por ciento, Hoteles, cafés y restaurantes 0,5 por ciento, y Tranpsorte 0,2 por ciento.

Un joven ilicitano se niega a participar en la mesa electoral "por motivos de conciencia"

ELCHE.- Un joven ilicitano, de 27 años de edad, ha presentado este martes un escrito en el juzgado de guardia de Elche en el que comunica que no acudirá a la mesa electoral en la que le ha tocado participar el próximo domingo por "motivos de conciencia". 

   Este joven, Andrés Vaíllo, ha acudido al juzgado ilicitano, acompañado por otras cinco personas, que se han autoinculpado de ser los instigadores de la iniciativa. Entre ellos se encuentra el artista ilicitano Andreu Castillejos.

  Adrián Vaíllo, miembro del colectivo antimilitarista Grupo Tortuga, ha sido elegido para ser primer vocal en una mesa electoral del colegio Mariano Benlliure. Tras comunicarle su designación, presentó un recurso contra su designación ante la junta electoral, que ha denegado su petición.

   En el escrito presentado por Adrián Vaíllo en el juzgado afirma que "hay que dar la espalda" a lo que considera una "ficción de democracia, que han montado para tenernos enganchados y seguir gobernando nuestras vidas".

   El joven insiste en que no cree en el sistema democrático, al que no considera "una democracia real", por lo que no votado nunca y cree que no tiene que participar en las elecciones generales.

   Asímismo, ha asegurado tener asumidas las posibles consecuencias que puede acarrear su acción, ya que la participación en el proceso electoral es una obligación legal, por lo que las sanciones, según ha explicado el propio Adrián Vaíllo, pueden ir de los tres meses al año de prisión o de los 6 a los 24 meses de multa.

AEFA cree que la economía "empezará a moverse hacia lo positivo" en la segunda mitad de 2012

ALICANTE.- El presidente de la Asociación de la Empresa Familiar de Alicante, Francisco Gómez, ha afirmado que "la primera mitad del año 2012 va a ser muy dura, pero a partir de ahí la cuestión va a mejorar, se va poner un poco más de orden, Europa se va a regularizar mejor", y la economía, según ha indicado, va "a empezar a moverse hacia lo positivo, que es la creación de puestos de trabajo, y la reactivación económica de las empresas".

   En un encuentro informativo ofrecido esta junto al director de Programación y Planificación Comercial de la Dirección de Negocia de Bankia en Alicante y Murcia, Julio José Rodríguez-Acha, para presentar las empresas galardonas en la presente edición de los premios anuales de la AEFA, Francisco Gómez ha reconocido que "el que el 2012 va a ser un año duro, está en el sentir popular, empresarial" y lo llevan "todos ahí como inyectado".

   Sin embargo, se ha mostrado convencido de que "no todo el 2012 va a ser igual de duro", sino que se producirá "una primera parte muy dura", pero a continuación, "en Europa se tiene que clarificar la situación con Grecia e Italia, y España tiene que ir detrás haciendo los deberes".

   "Hay unas elecciones ahí que pueden crear, según las encuestas, un gobierno fuerte, y pueden generar ilusión", ha explicado, al tiempo que ha recordado que "el consumo necesita ilusión, y los empresarios necesitan ilusión además de otras cosas, como financiación".

   "Creo que con ilusión y ganas, la primera parte de 2012 va a ser muy dura, pero a partir de ahí creo que la cuestión va a mejorar, se va poner un poco más de orden, Europa se va a regularizar mejor, y vamos a empezar a movernos hacia lo positivo, que es la creación de puestos de trabajo, y la reactivación económica de las empresas", ha augurado.

   En cuanto a los posibles nuevos ajustes que deberán aplicarse a la economía española en los próximos meses, Francisco Gómez se ha mostrado conforme "siempre que sean ajustes nada traumáticos para nadie, ni para trabajadores ni para empresarios, y que tiendan a la mejora de la situación y a reactivar la economía e incentivar a la empresa, para que pierda ese miedo que algunas empresas tienen con respecto a la contrata de trabajadores".

   "Con esa legislación que tenemos ahora, si eso se regula y se ajusta de una forma lógica y efectiva, pienso que todo el mundo se va a animar un poco", ha añadido.

   Asimismo, ha remarcado que España tiene "un potencial", y la provincia de Alicante "mucho más que el resto de la nación", que, según ha dicho, "hay que impulsar y reactivar para que empiece a moverse y a generar riqueza", ha insistido.

   Las empresas galardonadas en la XVI edición de los premios AEFA, que serán entregados el 29 de noviembre en la Universidad Miguel Hernández de Elche (Alicante), son la Asesoría Fuster Torres SL, --distinguida con el Premio Bancaja 2011--; 'Mármoles Artísticos FJ Pardo SL' --distinguida con el Premio Diputación Provincial--, y Grupo Antón Comunicación --distinguida con el Premio Generalitat Valenciana al I+D+i--.

El Ayuntamiento de Orihuela aprueba el expediente para declarar la Cruz de la Muela como Bien de Relevancia Local

ORIHUELA.- La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Orihuela ha aprobado este martes el expediente para declarar la Cruz de la Muela como Bien de Relevancia Local, según ha informado en un comunicado el consistorio oriolano. 

   Esta declaración supone la inclusión de la Cruz de la Muela en el catálogo de bienes de este tipo en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Así lo ha anunciado el portavoz municipal, Pedro Mancebo hoy, quien ha destacado que "esta construcción que es objeto de la modificación aprobada hoy no cuenta en la actualidad con ningún grado de protección".

   Asimismo, con la inclusión en el catálogo, se obliga en cierta medida a la "recuperación y mantenimiento de la estructura". "Además, hay que tener en cuenta que la ley de patrimonio cultural valenciano introduce esta categoría para inmuebles que posean valores históricos, artísticos, paleontológicos o etnológicos relevantes en el ámbito local o comarcal", ha dicho.

   Este inicio de los trámites de protección coincide con la decisión de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que ha decidido desestimar el recurso presentado por la Asociación Preeminencia del Derecho, contra la decisión de la Conselleria de Medio Ambiente de retirar la Cruz de la Muela.

   La asociación había pedido que este monumento fuera retirado y, al obtener respuesta negativa por parte de la Generalitat, recurrió judicialmente esta decisión. Según argumenta el TSJCV, "neutralidad e imparcialidad del Estado exigida por la Constitución no es en forma alguna incompatible con la presencia de símbolos religiosos en lugares públicos que, como el presente, no son sino expresión de la historia y de la cultura".

Aena pide al Ayuntamiento de Alicante que controle a particulares que apuntan a los aviones con punteros láser

ALICANTE.- Aena ha enviado una comunicación al Ayuntamiento de Alicante en la que le pide que controle las inmediaciones del Aeropuerto de Alicante y que traslade una serie de recomendaciones a las discotecas a la zona, tras la detección de "un aumento considerable en el número de sucesos registrados en relación con el alumbramiento de aeronaves y pilotos con rayos láser provenientes de discotecas y de particulares que apuntan a las aeronaves que operan con nocturnidad con 'punteros láser'".

   En un comunicado del director de Seguridad de Aena, Juan Rosas, enviado a la Gerencia Municipal de Urbanismo, Fomento comunica al Ayuntamiento "la gravedad" de "aumento considerable en el número de sucesos registrados en el Aeropuerto de Alicante en relación con el alumbramiento de aeronaves y pilotos con rayos láser provenientes de discotecas y de particulares que apuntan a las aeronaves que operan con nocturnidad con 'punteros láser' u objetos análogos".

   Igualmente, el ministerio "le conmina a que ponga todos los medios a su alcance para impedir la realización de tales prácticas sin control aeronáutico alguno, habida cuenta de la incidencia que los haces de luz tienen en el desarrollo de las operaciones aéreas y, por ende, en su seguridad".

   Por ello, establece recomendaciones, entre las que piden, que se "vigile en entorno adyacente al aeropuerto", dentro del término municipal alicantino, ante posibles casos de particulares que apuntan a las aeronaves que operan con nocturnidad con 'punteros láser' u objetos análogos, pese a su menor potencia con respecto a los focos de las discotecas".

   Igualmente, en el caso de las discotecas que emiten haces de luz con fines publicitarios, "deben dar instrucciones para que éstas se pongan en contacto con el Departamento de Coordinación operativa del Espacio Aéreo" de Aena, con la finalidad de que se "les informe de las condiciones exactas en las que pueden usarse tales fuentes de luz diariamente, a fin de compaginar adecuadamente su actividad lúdica con el normal desarrollo de las operaciones aéreas".

   En este sentido, y para el caso de nuevas licencias de actividad,  se pide que recoja las recomendaciones y que se pide que aquellas que estén sobre suelo afecto a las servidumbres aeronáuticas tengan que "condicionar la validez de la licencia en cuestión al cumplimiento continuo de las directrices que en todo momento le sean facilitadas al respecto a la discoteca por el Departamento de Coordinación operativa del Espacio Aéreo".

Diego de Ramón pide investigar la veintena de sociedades inmobiliarias de la CAM en el extranjero

MADRID.- El abogado responsable de la denuncia contra la antigua cúpula de la CAM, Diego de Ramón, ha solicitado a la Audiencia Nacional que investigue a las 21 sociedades dedicadas al sector inmobiliario radicadas en el extranjero que controlaba la entidad para averiguar el destino de los más de 4.000 millones de euros de 'agujero' patrimonial, según la ampliación de denuncia presentada este martes.

   En concreto, la entidad tenía en 2010 un total de 1.700 millones de euros en participaciones directas e indirectas en 119 empresas o sociedades, de las que 52, el 43%, estaban vinculadas al sector inmobiliario.

   Una decena de estas últimas eran sociedades vinculadas a la promoción de viviendas, complejos turísticos y hoteles en México, Costa Rica, Polonia y Marruecos. La CAM también tenía varias sociedades radicadas en el paraíso fiscal de las Islas Caimán y otras inscritas en Holanda, vehículo para acceder al territorio 'off-shore' de las Antillas holandesas.

   El abogado denuncia que el Banco de España no ha destituido al antiguo secretario general de la CAM José Pina Galiana, que era responsable de la gestión económica, y llegó a ocupar 49 cargos en 27 de estas sociedades. Actualmente mantiene nueve puestos en ocho de estas empresas.

   El Banco de España impuso un despido disciplinario a la exdirectora general María Dolores Amorós el pasado mes septiembre por haber pactado con el expresidente de la caja Modesto Crespo una pensión vitalicia de 369.497 euros por ejercicio, con una revalorización del 2% anual desde su jubilación, y un sueldo de 593.040 euros.

   En concreto, Pina era consejero delegado de la promotora inmobiliaria Hansa Urbana, participada al 30% por la CAM y radicada en México, que percibió un crédito de 114 millones de euros de la entidad que todavía no ha devuelto.

   Por otro lado, De Ramón pide a la Audiencia Nacional que requiera a la Reserva Federal estadounidense (FED) que se persone en el proceso penal para que explique las emisiones de deuda ordinaria en dólares americanos de cerca de cuatro millones de euros realizadas por la filial de la entidad CAM US Inance entre 2007 y 2008, cuando todavía no había estallado la crisis económica.

   El denunciante pide que se investiguen las sociedades, bancos e instituciones financieras norteamericanas que compraron esas emisiones, si las garantías eran suficientes y qué comisiones se pagaron a los gestores. La sociedad CAM Global Finance, radicada en las Islas Caimán, también emitió deuda de la entidad.

   El abogado pide al juez que determine si los gestores de la CAM se excedieron en emitir deuda, ya que este año cuenta con vencimientos de deuda de 225 millones de euros, en 2012 le vencen otros 827 millones de euros y en 2013 tendrá que hacer frente a 1.196 millones de euros.

   Por otro lado, el denunciante pide que se investigue si los antiguos gestores de la CAM incluyeron en las cuentas anuales de 2010 un total de 199 millones de euros de beneficio procedentes de las comisiones cobradas a los clientes para alcanzar un beneficio de 223 millones de euros cuando habían ganado 24 millones.

   Además, recuerdan que la entidad cuenta aún con 114 millones de euros de créditos vivos concedidos a los miembros del consejo de administración y de la comisión de control a intereses muy bajo o, incluso, al 0%. Por último, piden que se determine el destino de más de 60 millones de euros que tenían que ser dedicados a la obra social.

   El pasado viernes, el Grande-Marlaska admitió a trámite la denuncia presentada contra la exdirectora general de la CAM, María Dolores Amorós, y otros altos cargos por presunta estafa, delito societarios y falsedad documental en la gestión de la entidad, intervenida por el Banco de España el pasado 22 de julio.

Un promotor imputado reconoce que Ortiz le dijo que tenía el PGOU antes de su publicación

ALICANTE.- El promotor Ramón Salvador Águeda, imputado en la ramificación del caso Brugal que investiga presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Alicante, ha admitido ante el juez que mantuvo una conversación telefónica con el empresario Enrique Ortiz, en agosto de 2008, en la que éste reconocía tener los documentos del nuevo PGOU antes de que fueran públicos, según ha explicado el abogado de EU, José Luis Romero.

   Ramón Salvador Águeda ha prestado declaración este lunes ante el magistrado del Juzgado de Instrucción nº 5 de Alicante durante 45 minutos, en los que Águeda ha atendido a las preguntas del fiscal Anticorrupción, y se ha negado a contestar a las formuladas por los abogados de las acusaciones particulares, representadas por José Luis Romero, por parte de EU, y Fernando Montalvo, por parte del PSPV.

   El Fiscal Anticorrupción  atribuye a Águeda  un presunto delito  de aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad o funcionario, por la supuesta recepción y aprovechamiento de información privilegiada relacionada con la nueva redacción del PGOU a través de Javier Gutiérrez, el cual, según recoge el ministerio público en su escrito, presuntamente habría diseñado a la medida del empresario un cambio de calificación de determinados terrenos de su propiedad que forman parte del nuevo PGOU, como se desprende de conversación intervenida a Enrique Ortiz el 25 de agosto de 2008.

   El imputado ha reconocido ante el juez que conocía a Enrique Ortiz porque ambos tienen sus respectivos yates en el mismo punto del puerto. "Sobre la conversación en la que aparece Ortiz hablando con el señor Salvador, ha dicho que ésta se produjo, y ha confirmado que efectivamente Ortiz en esa conversación tenía planos del PGOU  antes de la exposición pública", ha indicado José Luis Romero, tras la cita.

   En su declaración ante el juez, según ha comentado también José Luis Romero, Águeda ha detallado que en el momento en el que se produjo la conversación telefónica con Ortiz, él desconocía que Javier Gutiérrez, uno de los socios de Salvetti, trabajaba en el PGOU.

   El propio Águeda, a su salida de los juzgados, ha confirmado a los medios de comunicación que ha prestado declaración porque no tiene "nada que ocultar", y  ha defendido su derecho de reclamar que dejen la calificación del Plan Parcial Xirao, de su propiedad, "como estaba" en el año 1986.  

    "Conozco al despacho Salvetti desde 10 años antes, me lleva muchos cosas, para nada tiene que ver una cosa con la otra. Si ese señor ha hecho algo, que lo pague, pero conmigo es un amigo desde hace 10 años antes y no tiene nada que ver", ha señalado.

   Al respecto, ha recordado que, en su día, tras conocer su imputación en el caso, acudió a la Comisaría para hacer una declaración, y este lunes se ha ratificado en lo que dijo entonces, ha remarcado. "Yo digo que en todo caso puedo ser víctima, pero no autor de someterme a un chantaje si lo hubiere, que en este caso yo no lo considero", ha apuntado.

   "Ha admitido que sí sabía que Gutiérrez trabajaba en el PGOU cuando le encargó hacer una alegación sobre el plan de Xirao, alegación que después fue estimada. Y que Gutiérrez jamás le dijo que era colaborador del PGOU, sino que se le comentó Enrique Ortiz", ha añadido el letrado de EU.

   Durante su intervención ante el titular del juzgado, Manrique Tejada, el fiscal Anticorrupción además le ha enseñado las facturas y el borrador de contrato con Salvetti, --halladas por los investigadores en el registro de este despacho--, que recoge una mayor edificabilidad de metros cuadrados en el plan de Xirao.

   "Le ha enseñado ese contrato y él ha dicho que no lo ha firmado, ha dicho que estas cosas se hablaron", ha indicado Romero, quien además ha recordado que el imputado también ha reconocido que le pagó por la alegación del plan de Xirao y por otras cuestiones anteriores que no tenían nada que ver con el PGOU", ha detallado Romero.

Durante este lunes, Manrique Tejada también había citado a declarar a otros dos imputados en la causa, José Gregorio Bernabé Martínez y Aurelio González Villarejo, quienes se han negado a prestar declaración en relación con los hechos que se les imputan, ambos por los presuntos delitos de aprovechamiento de secreto o información privilegiada facilitada por autoridad o funcionario. Villarejo además por supuesta participación en cohecho.

   El primero en acudir ha sido José Gregorio Bernabé Martínez, quien  ha entrado a las 9.40 horas y ha salido pocos minutos después, acompañado por su abogado. Bernabé Martínez está considerado un hombre de confianza de Ortiz, a quien el fiscal le atribuye la recepción de información privilegiada relacionada con la nueva redacción del PGOU, especialmente en lo referido a la zona de Aguamarga --en un proyecto conocido como 'Ciudad de la Economía'--.

  Alrededor de las 11.15 horas, Aurelio González Villarejo ha entrado en las mismas dependencias, y apenas ha estado ante el juez diez minutos, en los que, además de negarse a declarar, ha presentado un escrito en el que mantiene que no ha "recepcionado ni aprovechado información privilegiada alguna relacionada con la nueva redacción del PGOU, y por tanto, no ha vendido terrenos incluidos en el sector 'La Condomina' en base o a merced a aquella" -en la zona de las llamadas 'Torres de la Huerta'--.

   Villarejo es un empresario que preside el Grupo Inmobiliario GV, considerado por el fiscal como un amigo manifiesto del exalcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi. En el documento presentado este lunes,  Villarejo además ha negado "haber realizado gestión fraudulenta, ni sólo ni junto a Vicente Pérez Cañas, respecto al posible pago relacionado con familiares de Luis Díaz Alperi, y mucho menos con falseamiento contable alguno".

  El juez continuará con la ronda de declaraciones el próximo 21 de noviembre, en que están llamados a declarar Vicente Pérez Cañas; Juan José Climent Ivars; José Francisco Javier León Barahona y Juan Zurita Marqués, todos ellos considerados por el fiscal como "supuestamente responsables" de aprovechamiento de secreto, y en el caso de Vicente Pérez, también de participación den cohecho.