viernes, 30 de diciembre de 2011

El Gobierno Rajoy recorta en 400 millones las ayudas a la autopista de circunvalación de Alicante

MADRID.- El Consejo de Ministros ha aprobado hoy recortar en 400 millones de euros las ayudas articuladas para las concesionarias de autopistas de peaje que actualmente se encuentran en riesgo de quiebra.

   En concreto, se disminuirá en dicho importe el volumen que estaba previsto que el Estado concediera a estas vías en concepto de préstamos participativos.
   Esta reducción se enmarca en las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros para reducir el gasto en 8.900 millones de euros con el fin último de corregir la desviación del déficit público.
   Las concesionarias con desajustes en su equilibrio económico-financiero y susceptibles de recibir compensaciones y créditos participativos del Estado son las radiales de Madrid, la Cartagena-Vera, la Madrid-Toledo, la circunvalación de Alicante, la de Ocaña-La Roda y la que une la capital con el aeropuerto de Barajas.
   Estas vías se han visto afectadas por la disminución de los tráficos como consecuencia de la crisis y por los sobrecostes de expropiación que registraron cuando se construyeron.

La Comunidad Valenciana fue la región española donde más se contrajo el PIB entre 2008 y 2010

MADRID.-   La Comunidad Valenciana fue la región española donde más se contrajo el PIB entre 2008 y 2010, con una caída del 6,4%, seguida de Asturias (-5%), Murcia (-4,8%), y La Rioja y Castilla-La Mancha (-4,8% en ambos casos), según la Contabilidad Regional de España difundida este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

   Las regiones que registraron una menor contracción del PIB entre 2008 y 2010 fueron Melilla (-0,6%), Ceuta (-1,3%), Castilla y León (-2%), Navarra (-2,4%) y Madrid (-2,6%). La caída media del PIB de España fue del 3,8% entre 2008 y 2010.  
   Estas son las primeras estimaciones anuales que realiza el INE de la Contabilidad Regional con la nueva Base 2008, aunque los datos son "complementamente consistentes" con los de la Contabilidad Nacional publicados el pasado mes de octubre.
   El cambio de base ha supuesto, según el INE, revisiones en el nivel de PIB del año base de las comunidades autónomas. Aunque el nivel del PIB nacional apenas ha variado, el peso de cada comunidad autónoma sobre el total de España ha variado.
   En cualquier caso, el orden que cada una de ellas ocupa permanece prácticamente igual, salvo en el caso de Galicia y Castilla y León, que han intercambiado las posiciones que tenían con la Base 2000. Cataluña es la comunidad que presenta, con Base 2008, la mayor participación en el PIB nacional (18,5%), seguida de Madrid (17,7%) y Andalucía (13,7%).
   Atendiendo al PIB nominal por habitante en términos de paridad de poder adquisitivo España superó ligeramente en 2010 la media de la UE-27. En dicho año, siete comunidades superaron la media europea.
   La primera posición la ocupa el País Vasco, con un índice superior en un 32,5% al de la media europea, seguido de Madrid (29%), Navarra (28,3%) y Cataluña (17,3%). Extremadura, con un valor casi un 30% inferior a la media europea, es las región que cierra la lista.

UPyD le cruje al Gobierno de Rajoy por subir impuestos en vez de ahorrar en el gasto

MADRID.- Unión, Progreso y Democracia (UPyD) considera que el Gobierno de Mariano Rajoy "empieza mal" al cargar sus medidas de reducción del déficit sobre las rentas del trabajo vía IRPF y, en cambio, no ahorrar evitando duplicidades en la Administración o suprimiendo entes superfluos como las diputaciones provinciales.  

   El responsable económico de UPyD, Alvaro Anchuelo, critica las medidas del Consejo de Ministros porque "cuando uno navega en un barco con el casco agujereado, tirar a parte del pasaje por la borda no es una solución a largo plazo", sino que es necesario reformar un "Estado autonómico mal diseñado", algo que, según denuncia, el Ejecutivo de Mariano Rajoy "ni se plantea".
   Anchuelo lamenta que, aunque el núcleo de la desviación se debe al "gasto desbocado" de las comunidades autónomas, éstas "no se ven apenas involucradas" en la solución y lo que se hace es subir los impuestos para "seguir financiando esos excesos", así como recortar partidas de gasto socialmente "muy sensibles", con medidas "toscas" y de "brochazo gordo"
   "Los de siempre, los objetivos fáciles, siguen estando en el centro de la diana", incide Anchuelo, que considera que se debería actuar con una filosofía de "presupuesto base cero" que concentre los recortes "más drásticos" en las instituciones autonómicas superfluas, o los sueldos excesivos para funciones profesionales similares.
   En similares términos se pronunció el 'número dos' de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, quien recuerda que su partido ya había avisado de que "era imposible seguir gastando como proponía el PSOE y bajar los impuestos como decía el PP".
   En su opinión, el Gobierno de Rajoy hace "gran continuismo" con las medidas fiscales del PSOE apuntando a los "objetivos fáciles" pues y dos tercios del incremento de recaudación que esperan con estas medidas provendrán precisamente de las rentas del trabajo mientras "las grandes fortunas siguen protegidas por sus falsas fórmulas societarias".
    A través de Twitter, Martínez Gorriarán ha aconsejado al Gobierno empezar por "acabar con las duplicidades y el gasto superfluo suprimiendo administraciones como las diputaciones provinciales. También abogan por una reforma fiscal que equipare las rentas del trabajo con las del capital.
   Su impresión es que el PP va a "dosificar las malas noticias para salvar el tinglado" y que en marzo, cuando presenten los Presupuestos Generales, "vendrá una segunda oleada de recortes".

El Gobierno español avisa que el paquete de medidas es "el inicio del inicio"

MADRID.- La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha avisado este viernes de que el paquete de medidas aprobado este viernes por el Consejo de Ministros es "el inicio del inicio" y ha insistido en que el Ejecutivo se ha visto "obligado" a tomarlas ante una situación "extraordinaria y no prevista".

   Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha explicado que el Gobierno de Mariano Rajoy se ha encontrado con una cifra de déficit público "mucho más elevada" de la que había "comunicado y comprometido" el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero y que se ha estimado en el 8%, una desviación presupuestaria "elevada" que ha obligado a tomar "decisiones extraordinarias".
   La 'número dos' del Gobierno ha explicado que el Ejecutivo tiene el "compromiso" de "decir la verdad" y, por eso, ha asegurado que quieren afrontar "con realismo la situación económica", lo que les ha conducido a tener que "adoptar medidas extraordinarias y no previstas".
   Entre este primer paquete de medidas se encuentra el acuerdo de no disponibilidad de gasto que se ha fijado en 8.900 millones de euros que afectará a los distintos ministerios, principalmente a Fomento, Industria, Economía y Asuntos Exteriores.
   Además, se ha decidido la congelación de los sueldos de los funcionarios públicos y el aumento de su jornada laboral, hasta las 37,5 horas. También se ha establecido una tasa de reposición cero para la Administración pública, a excepción de los empleados públicos del sector de la Educación, Salud, Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
   A esto se añade que no se ha prorrogado la renta básica de emancipación, la congelación del salario mínimo interprofesional, el retraso de la introducción de nuevas categorías de beneficiarios de la ley de dependencia y la prórroga un año más de la ampliación del permiso de paternidad.
   Una vez anunciadas estas medidas, Sáenz de Santamaría ha vuelto a insistir en que la situación es "extraordinaria" por el desfase "no previsto" del déficit y ha remachado que esto ha "obligado" al Gobierno a "adoptar otras medidas que no tenía previsto adoptar y que no hubiera adoptado si se hubieran cumplido los compromisos del déficit".
   En este punto, ha anunciado que el Gobierno "se ve obligado a una subida temporal de determinados impuestos", que ha fijado para los próximos dos años. En concreto, se ha establecido un "gravamen complementario" en el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF), se ha eliminado la bonificación del gasóleo profesional y se aumentará el Impuesto de Bienes Inmuebles.
   "Son medidas extraordinarias, temporales, excepcionales e imprevistas", ha remachado Sáenz de Santamaría, quien también ha hecho hincapié en que la subida de impuestos se ha querido hacer según principios de "justicia y equidad" y, por eso, un "esfuerzo" a los ciudadanos "que más ganan o que más tienen".
   Los ministros de Hacienda, Cristóbal Montoro, y de Economía, Luis de Guindos, han explicado después que el aumento del IRPF se va hacer de manera progresiva, de modo que "la proporción de aportación por parte de los que mayor renta tienen es muy grande".
   El Partido Popular se había comprometido a modificar el IRPF en su programa electoral, pero el cambio previsto estaba destinado a "favorecer el ahorro" y crear una "nueva deducción" que redundase en este objetivo. En ningún momento habló de incrementar las cuotas de este ni de ningún otro impuesto.
   Una vez ganadas las elecciones, el presidente del Gobierno no se quiso pronunciar sobre esta cuestión cuando se le ha interrogó al respecto, con o sin micrófonos. Ha eludido la cuestión alegando que no podría anunciar sus medidas hasta conocer el "estado real" de las cuentas del Estado.
   Durante el debate de investidura en el Congreso de los Diputados, y al ser preguntado al respecto por el presidente del Grupo Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, Rajoy aseguró que su intención era "no subir los impuestos" porque no le parecía "lo más razonable".
   En la rueda de prensa, Sáenz de Santamaría ha reconocido que el PP "no es partidario de subir impuestos", pero ha insistido en que la situación es "extraordinaria y no prevista" y ha "llevado a adoptar medidas extraordinarias, no deseadas" y "obligadas por el agujero del desfase en el déficit público".
   Este desfase, ha dicho, ha hecho "necesario adoptar otro tipo de medidas que en circunstancias normales, si se hubieran cumplido el compromiso del déficit público, si se hubiera limitado a 16.500 millones de euros, no se hubieran adoptado". "Estamos hablando de otras magnitudes y magnitudes de esta naturaleza obligan. Las circunstancias obligan y son duras, difíciles", ha recalcado".
   A pesar de que la ministra de la Presidencia ha asegurado que el anterior Gobierno no les avisó de cuál iba a ser el dato de déficit de 2011, Sáenz de Santamaría no ha incidido en las críticas al PSOE y ha asegurado que al Ejecutivo de Rajoy lo que le "importa" ahora es "tomar decisiones que se han empezado a tomar y se seguirán tomando".
   Dicho esto, la vicepresidenta ha insistido en que aunque la situación es "difícil", el Gobierno está "dispuesto a tomar decisiones" y a "afrontar" la situación "como viene" y a "dar la cara ante los ciudadanos".    
   Además, ha asegurado que, en esta tarea, va a "decir la verdad" y a "procurar ser justo a la hora de exigir esfuerzo y sacrificios". "Es un momento difícil, pero con medidas y reformas, estamos seguros de que España puede salir de la crisis y se puede volver a generar empleo", ha remachado.

Banco CAM perdió 1.893 millones hasta octubre

MADRID.- Banco CAM perdió 1.893 millones de euros hasta octubre, lo que supone un deterioro de las cuentas de 162 millones de euros en un mes, según los datos remitidos por la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

   Banco CAM registró un resultado negativo de las actividades de explotación de 2.349 millones de euros, un margen de intereses de 308 millones de euros y un margen bruto de 472 millones de euros en los diez primeros meses del ejercicio.
   La entidad registra créditos a la clientela por importe de 47,59 millones de euros hasta octubre, y depósitos a la clientela por importe de 40,72 millones de euros.
   El Banco de España adjudicó el Banco Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) a Banco Sabadell el pasado 7 de diciembre por el precio simbólico de un euro, después de que la entidad fuera intervenida el pasado 22 de julio por sus graves problemas de solvencia.
   La operación lleva aparejada una ayuda procedente del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que se nutre de las aportaciones de las entidades financieras, por importe de 5.249 millones de euros.

La inversión extranjera en inmuebles en España creció un 27,8%

MADRID.- Las inversiones extranjeras en inmuebles en España repuntaron un 27,8% hasta septiembre respecto al mismo periodo del pasado año, con 3.601  millones de euros, tras crecer tan sólo un 2,6% en 2010, según datos del Banco de España.

   Además, estas inversiones superaron los 1.000 millones de euros durante tres trimestres consecutivos, algo que no se observaba desde 2008, antes del último desplome de estas compras. En el tercer trimestre, el incremento de las compras respecto al mismo periodo de 2010 fue del 19,2%, hasta 1.164 millones.
   Las inversiones extranjeras en inmuebles en España se redujeron progresivamente desde el año 2003, cuando alcanzaron los 7.072 millones de euros, hasta los 6.650 millones en 2004, los 5.495 millones en 2005 y, finalmente, los 4.716 millones en 2006.
   Sin embargo, esta tendencia se corrigió en 2007, ya que en el conjunto del ejercicio se contabilizaron 5.341 millones de euros procedentes de inversores extranjeros en viviendas, un 13,3% más respecto a 2006.
   En esta línea, se sumaron 5.331 millones de euros como consecuencia de las inversiones directas de los extranjeros en España hasta el cierre de 2008, un 1% más que en el mismo periodo de 2007. En 2009, la crisis del 'ladrillo' desincentivó estas inversiones, que cayeron un 31,5%, hasta los 3.651 millones, mientras que en 2010 volvieron a crecer un 2,6%, hasta los 3.747 millones.
   En cuanto a las inversiones españolas en inmuebles en el extranjero, descendieron un 38% hasta septiembre en comparación con el mismo periodo de 2010, con lo que ahondan en el descenso del 17,4% registrado al término del pasado año.
   Además, sólo en el tercer trimestre estas inversiones se situaron en 155 millones de euros, lo que supone un descenso del 17,5% respecto a los mismos meses de 2010.
   Desde el año 2003, las inversiones en el exterior de las administraciones públicas y otros sectores residentes, excluido el Banco de España, crecieron progresivamente en los cuatro siguientes años, pasando de 388 millones de euros en aquel año a 781 millones en 2004, 1.510 millones en 2005, 2.269 millones en 2006 y 3.365 millones en 2007.
   Sin embargo, la tendencia se truncó en 2008, en plena crisis económica, y estas inversiones cayeron hasta los 1.789 millones de euros, un 46,8% menos que un año antes, marcando una tendencia que se mantuvo en 2009, con un descenso del 44,9%, y que aún no ha cesado. En 2010, las compras de viviendas en el extranjero volvieron a caer un 17,4%, hasta los 814 millones de euros.

Eduardo Torres-Dulce, nuevo fiscal general del Estado

MADRID.- El Consejo de Ministros ha propuesto el nombramiento de Eduardo Torres-Dulce como fiscal general del Estado durante los próximos cuatro años en sustitución de Cándido Conde-Pumpido, para lo que ha acordado solicitar la audiencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que emita el preceptivo dictamente previo sobre esta designación.

   Así lo ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, ministra de Presidencia y portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al segundo Consejo de Ministros del Gobierno de Mariano Rajoy.
   Eduardo Torres-Dulce Lifante (Madrid, 1950) tiene desde marzo de 2000 la categoría de fiscal de Sala del Tribunal Supremo aunque en la actualidad está destinado en el Tribunal Constitucional. De tendencia moderada y conservadora, es considerado el número dos del escalafón del Ministerio Público, sólo superado por el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín Casallo.
   Torres-Dulce ingresó por oposición en la Escuela Judicial en mayo de 1975 y se decantó al año siguiente por la carrera fiscal. Ha representado al Ministerio Público en la Fiscalía de Sevilla y Madrid y ha ocupado la plaza de teniente fiscal en la Audiencia Provincial de Guadalajara. Desde 1985 estuvo destinado como Fiscal en la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional.
   En octubre de 1996, fue ascendido a la categoría de fiscal de Sala y nombrado fiscal de Sala Jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. En marzo de 2000 fue nombrado fiscal de Sala del Tribunal Supremo y jefe de la Sección de lo Penal hasta junio de 2005.
   Miembro de la conservadora Asociación de Fiscales desde 1980 y vocal del Consejo Fiscal, ha ejercido también como profesor de Derecho Penal en varios centros universitarios, entre ellos ICADE, el CEU y la Universidad Pontificia de Salamanca, y de Derecho Constitucional en el Centro de Estudios Jurídicos.
   Reconocido cinéfilo, ha colaborado en varios programas de radio y televisión junto al cineasta José Luis Garci. Actualmente colabora con este último y Luis Herrero en el espacio 'Cowboys de medianoche', en esRadio.
   El proceso de nombramiento comienza con la aprobación de la propuesta de nombramiento por parte del Consejo de Ministros, que se produce a iniciativa del titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, tal y como establece el artículo 29 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
   La designación requiere del dictamen previo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Después, el Gobierno la comunicará al Congreso de los Diputados a fin de que la persona elegida comparezca ante la Comisión de Justicia a fin de valorar "los méritos e idoneidad del candidato propuesto".
   El Estatuto establece como requisitos para el fiscal general del Estado que se trate de un jurista español "de reconocido prestigio" y con más de 15 años de "ejercicio efectivo de su profesión". Una vez nombrado, el designado prestará ante el Rey el juramento o promesa de su cargo y tomará posesión del mismo ante el Pleno del Tribunal Supremo.
   En su último Consejo de Ministros, celebrado el pasado 16 de diciembre, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó el cese de Cándido Conde-Pumpido, que había cumplido su segundo mandato no renovable de cuatro años.

El Consejo de Ministros nombra a Paula Sánchez de León delegada del Gobierno

MADRID.- El Consejo de Ministros ha aprobado el nombramiento de los delegados del Gobierno en siete comunidades autónomas y en las ciudades de Ceuta y Melilla, los primeros relevos en estas instituciones.

   Así, ha sido nombrada delegada en Cataluña a María de los Llanos García Tobarra; en Cantabria, Samuel Ruiz Fuertes (primer teniente de alcalde de Santander); en La Rioja, Alberto Bretón Rodríguez (senador y exconsejero del Gobierno riojano); en Murcia, Joaquín Bascuñana García (senador y exconsejero del Gobierno murciano).
    En la Comunidad Valenciana ha sido nombrada delegada Paula Sánchez de León Guardiola (vicepresidenta de la Generalitat valenciana); en Canarias, María del Carmen Hernández Bento (secretaria de Organización del PP en las islas); en las Islas Baleares, José María Rodríguez Barberá (senador).
   Además, han sido nombrados los delegados de las dos ciudades autónomas; en Ceuta, Francisco Antonio González Pérez (exdiputado y exconcejal en la ciudad) y en Melilla; Abdelmalik El Barkani (consejero de Presidencia del Gobierno local).

El año 2011 termina con más de cinco millones de inmigrantes en España y un nuevo Reglamento de Extranjería

MADRID.- La esperada aprobación del Reglamento de la Ley de Extranjería, que llegó con más de año y medio de retraso, ha sido la medida más destacada en la materia en un año en el que si bien la inmigración se ha mantenido en progresivo descenso, la población extranjera con permiso de residencia en España ha superado por primera vez los cinco millones de personas. 

   La barrera se cruzó en el primer trimestre del año, y el último dato facilitado por la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, actualizado a 31 de septiembre, fija en 5,2 millones de personas el número de extranjeros que viven en España con un permiso de residencia tras un incremento interanual del 9,2%, en general, y del 11,7% entre los procedentes de países no miembros de la UE.
   Con todo, según la estimación de la evolución demográfica actual del Instituto Nacional de Estadística (INE), desde enero están saliendo del país más personas de las que entran. Así, hasta septiembre, la comparación entre ambos recuentos (saldo migratorio neto) revela 55.625 bajas, cuando 2009 y 2010 se habían cerrado con saldos positivos.
   En materia de inmigración irregular, el balance es desigual, pues si bien la cifra de llegadas en pateras y cayucos sigue muy por debajo de la registrada en años anteriores, durante 2011 las costas andaluzas han presenciado un incremento del 55 por ciento respecto de 2010, con 3.100 personas. Además, en otoño comenzaron a registrarse intentos de entrar a nado en Ceuta y Melilla, con más de un centenar de personas interceptadas, según datos recopilados.
   En las Islas Canarias, las llegadas han aumentado un 60 por ciento hasta al menos 294 personas a bordo de 19 embarcaciones clandestinas. No obstante, Tenerife no recibe pateras desde septiembre de 2009, cuando además, el número de inmigrantes llegados al archipiélago fue superior a 2.400 personas.
   El año 2011 ha sido el de la aprobación del Reglamento de desarrollo de la Ley de Extranjería, que llegó con más de año y medio de retraso para poner en blanco sobre negro, entre otras medidas, que las extranjeras víctimas de violencia de género con sentencia favorable no podrían ser expulsadas del país y que quienes denunciaran estos delitos estando sin papeles no tendrían que afrontar una orden de expulsión.
   Además, creó la figura del arraigo familiar, por la que los padres extranjeros de niños españoles pueden regularizar su situación; restringió la reagrupación familiar de los ascendentes y dio a las comunidades autónomas la responsabilidad de realizar informes sobre el esfuerzo de integración, la adecuación de la vivienda o la integración social de los inmigrantes para trámites como renovaciones de permisos o residencia por arraigo.
   No obstante, el año termina sin que se aprueben los reglamentos de la nueva Ley de Asilo y de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), que acumulan en torno a dos años de retraso. Sobre el primero, ACNUR ya ha advertido de que tiene una importancia "vital" para garantizar derechos humanos. Sobre el segundo, distintas ONG han venido denunciando irregularidades, deficiencias e incluso malos tratos y vejaciones dentro de los CIE, reclamando una norma que los impida.
   También en materia de medidas, este año se ha aprobado el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración, al que el nuevo Gobierno deberá dar continuidad, ya que su vigencia prevista llega a 2014. En paralelo, se ha sancionado la Estrategia Nacional de Lucha contra el Racismo y se han puesto en marcha protocolos para el tratamiento de los menores extranjeros no acompañados y las víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual.
   Al igual que en otros departamentos, la crisis ha dejado recortes en las áreas de inmigración, especialmente en el Fondo para la Acogida, Integración y Refuerzo Educativo, que tras haber contado con 200 millones de euros de presupuesto, en 2011 se ha quedado reducido a 66,6, un mínimo histórico.
   Con las elecciones generales y el cambio de gobierno, el área de inmigración ha perdido además, peso político. Si bien antes encabezaba el nombre del Ministerio de Trabajo y contaba con su propia Secretaría de Estado, en el gabinete de la nueva titular de esta cartera, Fátima Bláñez, los asuntos de extranjería han quedado relegados a un nivel administrativo inferior.
   No obstante, hay reformas en perspectiva que podrían devolver a la palestra los asuntos que atañen directamente al 12 por ciento de la población de España, ya que tanto en campaña como a posteriori, el Partido Popular ha difundido su intención de modificar la normativa para, entre otras medidas, eliminar la figura del arraigo y crear un visado de búsqueda de empleo que garantice el retorno a su país de quienes no encuentren trabajo.

Leguina cree que sería un "suicidio" elegir a Chacón secretaria general

MADRID.- El expresidente socialista de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, ha asegurado que elegir a la exministra de Defensa Carme Chacón secretaria general del PSOE sería "directamente un suicidio" porque antes el partido debe "arreglar bien" su relación con el PSC, a quien ha acusado de haber puesto "de chupa de dómine" a instituciones como el Tribunal Constitucional.

   "O el PSOE arregla bien con el PSC cuáles son las relaciones o gente del PSC no se puede presentar todavía, después de lo que ha pasado con el Estatuto de Cataluña", ha aseverado en una entrevista en ABC Punto Radio, en la que ha añadido que los socialistas catalanes "se han salido sistemáticamente de las líneas generales que había antes de la llegada de Zapatero".
"No se sabe si son nacionalistas o qué coño son", ha criticado.
   En este sentido, ha manifestado que, a su juicio, la elección entre Alfredo Pérez Rubalcaba, quien ya ha anunciado oficialmente su candidatura, y Chacón, "no es dudosa" porque el primero "da tranquilidad". 
"Con Rubalcaba, hemos perdido estrepitosamente las elecciones pero no nos vamos a suicidar", ha señalado, para criticar, no obstante, que el exvicepresiente se ha rodeado "del más puro zapaterismo".
   "Yo puestos a elegir entre Rubalcaba y Chacón no tengo ninguna duda pero Rubalcaba se ha vuelto a rodear del mas puro zapaterismo" ha sentenciado, para reconocer, no obstante, que tanto el que ya fuera candidato en las pasadas elecciones generales como la diputada catalana "son corresponsables de muchísimas políticas" desarrolladas por el expresidente del Gobierno José Luis Rodrgíguez Zapatero que han llevado "al hoyo" al PSOE.
   La política territorial "impuesta" por Zapatero es, según Leguina, una de las causas que han provocado la debacle en el PSOE, la cual ha calificado de "desastre autentico".
"Zapatero no tenía una visión de la sociedad española como no un conjunto articulado de personas y grupos, sino como la suma desarticulada de grupos: por un lado las feministas, por otro los homosexuales, por otro los sindicatos...", ha explicado.
   "Así no se construye un proyecto nacional ni un proyecto socialmente visible. No es nada de extrañar que las capas medias urbanas se hayan ido del PSOE en masa", ha continuado, para señalar que dicho "proyecto nacional" hay que recuperarlo "con otro discurso y otro proyecto político que no se puede parecer en casi en nada al que ha puesto en marcha Zapatero".
   Dicho esto, ha confesado que no cree que 38 Congreso Federal que tendrá lugar en febrero vaya a servir para arreglar el PSOE porque ha sido convocado "a todo correr en función de las elecciones en Andalucía".
"Es una locura" ha denunciado, para añadir que la única forma de avanzar sería que el próximo secretario general sea una persona ajena a la "cuadra del zapaterismo" y "capaz de asumir que esto es una transición".
   Preguntado sobre la posibilidad de que surjan candidaturas alternativas, Leguina ha apuntado que podría ocurrir, al tiempo que ha destacado que en el PSOE "hay una cantera mucho más grande de lo que pueda parecer", para criticar, no obstante, que en estos momentos el partido tiene "un problema de selección y de calidad del personal".

España eleva la jornada de los funcionarios a 37,5 horas semanales y congela su sueldo

MADRID.- El Gobierno ha elevado la jornada laboral de los empleados públicos a 37,5 horas semanales, se mantiene la congelación salarial y ha recortado la oferta pública de empleo al reducir a cero la tasa de reposición, salvo en las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, los servicios básicos como la Sanidad y la Educación y el personal dedicado a la lucha contra el fraude fiscal. 

   Así lo ha señalado la portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros en la que se han aprobado las primeras medidas para reducir el déficit al 4,4% en 2012 y cumplir así con el mandato de Bruselas, después de que haya anunciado que el déficit previsto para 2011 alcanzará el 8%.
   De esta forma, el Ejecutivo 'popular' da continuidad a la medida aprobada por el Gobierno socialista, que en mayo de 2010 redujo en un 5% de media las retribuciones del personal del sector público y consolidó esta la rebaja en 2011 con la congelación de los salarios.
   El Gobierno ha puesto en marcha esta medida al prorrogar el Presupuesto de 2011, que estará vigente durante el primer trimestre del año. En marzo, el nuevo Ejecutivo presentará las nuevas cuentas del 2012.

El Gobierno recorta un 20% la subvención a partidos, patronal y sindicatos

MADRID.- La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado este viernes la supresión de 30 direcciones generales del Ejecutivo, un 18,9 por ciento del total, y un recorte del 20 por ciento en la subvención con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicatos.

   En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha cuantificado el recorte de subvenciones en 55 millones de euros en el caso de patronales y sindicatos y en 29,68 millones en el caso de los partidos políticos.
   Para ello, ha adelantado que el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos, que fijaba su cuantía base para 2008 y su actualización mínima de IPC año a año.

jueves, 29 de diciembre de 2011

Piden a la Fiscalía que investigue la pensión vitalicia de antigua cúpula CAM

ALICANTE.- La Plataforma Unidad Sindical de Caja Mediterráneo (CAM) ha presentado ante la Fiscalía Anticorrupción de Alicante un recurso para que investigue la legalidad de la concesión de una supuesta póliza de pensión vitalicia a favor del antiguo comité de dirección de la entidad.
 
Fuentes de plataforma sindical han explicado que la denuncia se ha interpuesto contra el expresidente de CAM Modesto Crespo, la exdirectora general de la entidad María Dolores Amorós y su antecesor en el cargo Roberto López Abad.
Dicho recurso se fundamenta, según las mismas fuentes, en que la supuesta póliza de previsión social complementaria habría sido contratada sin la aprobación ni el conocimiento del Consejo de Administración de CAM.
"Si se demostrase que todo ello es cierto y que esta información hubiera sido manipulada por parte de la anterior dirección en su propio beneficio", que afectó a "los estados financieros y contables de CAM, entendemos que podría dar lugar a los supuestos delitos de apropiación indebida, estafa y deslealtad profesional", han indicado.
Todo ello se ha producido "independientemente" de una gestión por parte de los antiguos dirigentes que provocó "la intervención de la entidad y que ha puesto en peligro el empleo de sus más de 6.000 trabajadores", han dicho fuentes de esta plataforma sindical que integran CCOO, UGT, CSICA y SICAM, entre otros.
Según las mismas fuentes, el antiguo comité de dirección de CAM habría suscrito en mayo de 2007 una póliza para garantizar pensiones vitalicias a sus propios miembros por valor de 57 millones de euros con una compañía de seguros.
"El pago efectivo de la prima se aplazó, en su contratación, hasta 2013", pero en 2010, según los sindicatos, se hizo efectiva ante los acontecimientos que se sucedían en CAM en aquel momento.

Antonio Tavira: "En Elzaburu siempre hemos sido grandes defensores de la marca comunitaria"


MADRID.- La historia de Elzaburu comenzó en 1865, cuando Julio Bizcarrondo, un español de Puerto Rico, mecenas y periodista, contrató a su sobrino, Francisco Elzaburu, abuelo del actual presidente ejecutivo del bufete, para que le ayudara en el despacho. En estos 145 años, la firma ha acompañado a la empresa española en la creación de marcas, patentes y validaciones. Líderes indiscutibles en patentes europeas, con el 20% de cuota de mercado, la crisis les ha azotado como nadie. "El modelo tradicional ha cambiado y ha sido necesario adaptarse", aclara Antonio Tavira, consejero-delegado de la firma, en 'Cinco Días' .

Elzaburu es un despacho atípico, integrado por múltiples profesionales.
Sí, es un despacho multidisciplinar. No solo está integrado por abogados, sino que cuenta con perfiles diferentes, como agentes de la propiedad industrial, ingenieros, químicos, biólogos o traductores, pero esto se debe a su actividad especializada en propiedad industrial.

¿Cuál es la proporción de letrados y técnicos?
Actualmente, el despacho se compone de 165 personas. 50 son profesionales, de los que 35 son letrados, experimentados en el campo registral y litigios, y otros 15, componen el personal técnico, ingenieros, químicos o biólogos. El resto lo forman un perfil que nosotros llamamos paralegales, que cuenta con un alto nivel administrativo, muy cualificado, y con un conocimiento profundo que les permite dar un servicio con menor valor añadido. Con esta composición, se consigue aumentar la productividad de la plantilla y reducir los gastos para el cliente, a fin de ser más competitivos. También contamos con un equipo de siete traductores nativos, internos.

¿Cuáles son sus áreas de especialización?
La actividad de Elzaburu está centrada en varias divisiones en torno a la propiedad industrial. Por un lado tenemos Marcas y Nombres Comerciales, dedicada a la actividad registral y de asesoramiento de marcas y signos distintivos. Validaciones Profesionales, donde somos líderes europeos en patentes con el 20% de cuota de mercado, y el área de Innovación, en la que se desarrolla todo el asesoramiento técnico y diseño industrial. Además, contamos con la división de Litigios y Antipiratería, en la que llevamos los asuntos penales, civiles y contencioso-administrativos en cualquier tipo de jurisdicción, y, por último, el área de Negociación y Contratos, asesoramiento en cualquier tipo de contratos, transferencias de tecnología o licencias.

¿Cómo es su cliente-tipo?
Somos una firma europea. Nuestros clientes son españoles, pero también internacionales, fundamentalmente americanos y asiáticos, a quienes les gestionamos los derechos de marca o patentes en Europa. Nosotros competimos con firmas españolas, pero también con europeas. De hecho, el 21% de todas las marcas extranjeras que se solicitan en España lo hace Elzaburu. Desde el punto de vista industrial, el Viejo Continente se ha convertido en un mercado único. Pero además, España se ha erigido como puerta de entrada para todo el mercado de habla hispana.

¿Son grandes corporaciones o pequeñas empresas?
Actualmente tenemos una cartera de 3.500 clientes vivos y responden a todo tipo de negocios, desde multinacionales hasta medianas y pequeñas empresas. Cada uno de ellos está atendido y dirigido por un equipo en el que hay un socio de Elzaburu a la cabeza, con el objetivo de ofrecer un interlocutor único, pero todo el equipo domina y conoce todas las actividades del cliente. El 60% de nuestro trabajo es de la gran empresa y el 40% es de pymes. La segmentación nos permite llegar a cualquier cliente, incluso a las personas físicas. Hay que tener en cuenta que hay titulares que solo solicitan la tramitación de una marca, que no tiene que renovar hasta transcurridos diez años. Para esos casos, lo que se necesita es volumen, porque la competencia es feroz.

¿Se ha resentido mucho su negocio con la mala situación económica?
La crisis nos ha afectado a todos. Si la crisis hace que se vendan menos productos, las compañías invierten menos en esos productos. La caída de ingresos la estamos sustituyendo con un aumento de clientes en varias áreas y aumentando la productividad en la firma.

¿Cuál ha sido la actividad del despacho que ha sufrido menos?
Las áreas que menos están sufriendo han sido Innovación y Validación Profesional. Esto es así porque la curva de esta actividad es anticíclica, aunque la actividad económica no sea muy boyante siempre se solicitan patentes. El problema en España es que el nivel de peticiones resulta muy bajo comparado con otros países europeos; así, mientras que en Alemania se reclaman unas 25.000 patentes al año, en España únicamente se solicitan 1.300.

¿Qué perspectivas tiene para el próximo año?
Somos bastante optimistas respecto al futuro y esperamos seguir creciendo. En estos momentos, el 25% de nuestro negocio proviene de Estados Unidos y el 50% de Europa, donde está incluida España. Nuestro reto está en conquistar Asia, y de ahí que hayamos puesto en marcha nuestra web en chino. Acabo de volver de China, donde he estado 15 días, y hemos diseñado una estrategia a tres años vista, en la que estamos evaluando inversión y presencia en el mercado. No descartamos abrir una oficina con el objetivo de crecimiento, pero teniendo los pies muy en la tierra para sopesar bien el retorno de la inversión.

¿Por qué tanto interés por el mercado chino?
China está solicitando más de un millón de marcas nacionales para Europa. Entre todos los derechos relativos a patentes está por encima de 1.300.000. Elzaburu está entre los cinco primeros solicitantes de marcas europeas.

En España tienen oficina en Alicante, ¿pero se han planteado nuevas aperturas nacionales?
De momento, no. Alicante surgió porque siempre hemos sido grandes defensores de la marca comunitaria y nuestro objetivo fue ofrecer asesoramiento de calidad a la oficina europea. Pero en ese plan estratégico estamos evaluando el establecimiento en diferentes lugares, tanto nacionales como internacionales. Por el momento, hemos decidido apostar por nuestra presencia internacional, bien con socios locales o nosotros mismos.

Pero eso va a requerir mucha inversión y contrataciones...
En estos momentos es muy complicado cualquier tema estratégico de crecimiento por la situación económica. Sin embargo, tenemos que hacer aquellas políticas que creamos que puedan ser acertadas, porque lo que sí es cierto es que si no hacemos nada es donde de verdad nos equivocamos. Dicho esto, estamos en un enorme proceso de contención de costes, que nos lleva a revisar uno a uno nuestros procesos, eficiencia y productividad. Entre otras cosas, porque nuestros márgenes se han reducido.

¿Cuánto se han reducido los márgenes?
En algunos casos, se han reducido del orden del 6% y el 8%, pero lo hemos compensado con volúmenes y reducción de costes.

¿Están exigiendo los clientes otros modelos de facturación?
Desde hace dos años, el cliente nos reclama de una forma insistente la congelación de tarifas. Cada vez miden más sus costes y hacen concursos (RFP) o subastas donde solo miran precios. Estamos asistiendo a un incremento exacerbado de estas de concursos internacionales y ahí competimos nosotros con firmas alemanas, inglesas, italianas, consiguiendo ganar en muchas ocasiones gracias a nuestra calidad de servicio y de competitividad.

¿Pero esos clientes no son fieles?
La fidelidad histórica no garantiza el futuro. El mercado asiático, sobre todo el chino, se mueve solo por precio, puro y duro, y ahí nos batimos el cobre con todas las firmas europeas. El japonés es un mercado maduro y tradicional nuestro, pero últimamente también va a precio, aunque con algo más de fidelidad. El americano se conquista por servicio, pero en estos momentos tenemos una presión fuerte en costes y esto nos exige una relación personal con nuestros clientes. Tenemos acuerdos preferenciales con firmas de primera línea, lo que nos permite dar esos servicios a toda la base de clientela española.

Para ustedes la lengua española es un valor...
El español es una joya y lo defendemos como lengua tecnológica. Apoyamos al Gobierno español en la postura que están manteniendo de defensa de la lengua por la discriminación que está sufriendo por la patente unitaria, que en estos momentos está apoyada por la cooperación reforzada de los 25 países.

"El ERE del 20% de la plantilla fue doloroso"

En un año tan crítico, ¿han tenido que realizar despidos?
Hemos llevado a cabo un programa de reducción de empleo, mediante un expediente de regulación (ERE) que afectó al 20% de la plantilla en el último año. Incluyó a personal no productivo. Ha sido una decisión complicada y dolorosa, pero necesaria por varios motivos. Ha cambiado la tipología de cliente y el marco regulatorio actual es diferente al que era hace años. El concepto del asesoramiento al cliente es hoy más ágil y eso requiere una mayor cualificación y formación de todo el personal.

¿Cómo se ha ejecutado?
La salida del personal se realizó con bastantes buenas condiciones, lo que originó que más de la mitad de las 40 personas que se marcharon lo hicieran de forma voluntaria y hubo quien se acogió a jubilaciones incentivadas.

¿Qué conclusión saca de esa experiencia?
Hemos hecho los deberes en un momento complicado, pero con ello hemos apuntalado las bases de este despacho, que cuenta con 145 años de existencia. Está claro que el modelo tradicional ha cambiado y nosotros nos hemos tenido que adaptar. Las dos partidas que han tenido unos crecimientos a pesar de la crisis han sido la formación y la innovación.

viernes, 23 de diciembre de 2011

La Sindicatura detecta 758 millones pendientes de cobro provenientes de los ejercicios 1990 a 2005

VALENCIA.- La Sindicatura de Comptes, en su informe de fiscalización del sector público de la Generalitat del ejercicio 2010, ha señalado que la administración autonómica contempla un total de 757,9 millones de euros pendientes de cobro provenientes de los ejercicios 1990 a 2005, de los que 633,1 son 'derechos definidos' y 235,8 --provenientes de los ejercicios 2006 a 2009-- suscitan "incertidumbre" en cuanto a su expectativa de cobro ya sea por su "antigüedad, bajo grado de realización de cobro y otras circunstancias".

En este sentido, la provisión por insolvencias asciende a 388,4 millones pero "debería incrementarse hasta cubrir la totalidad de los derechos dudosos", señala el documento.
   El informe apunta que la evolución de los ingresos en 2010 ha estado marcada por la crisis, al tiempo que señala que los derechos reconocidos han disminuido un 10,6 por ciento respecto a 2009 (excluida la variación de pasivos financieros). En este punto, detecta que la Generalitat no ha cobrado el fondo de competitividad --635,7 millones-- y destaca que la liquidación definitiva del sistema de financiación autonómico supone para la Comunitat un saldo negativo de 1.707,2 millones.
   En el apartado de  gastos, el informe detecta además que la deuda sanitaria --sin incluir farmacia-- contempla un total de 1.343, millones por contabilizar --conocidas como facturas en el cajón--, a lo que habría que añadir otra cuenta de 1.398,3 millones de deuda de pagos aplazados a otros ejercicios. Asimismo, indica que en 2010 el gasto de la administración valenciana ascendió a 18.073,7 millones y su endeudamiento financiero fue de 12.577,5 millones --9.333,7 en 2009--.
   En este sentido, el Síndic Major, Rafael Vicente Queralt, en declaraciones a los medios tras entregar el informe al presidente de las Corts, Juan Cotino, ha dicho que si la financiación es deficiente, los gastos superan a los ingresos, por lo que, en un "elemento fundamental de cualquier presupuesto público como es la sanidad, se produce un desfase y hay facturas en el cajón".
   Por ello, Queralt considera necesaria la "revisión" del sistema de financiación de las comunidades autónomas, especialmente para la Comunitat Valenciana porque ocupa la penúltima plaza por ingresos en este apartado.
   En cuanto a los gastos, el informe indica que la asistencia sanitaria sigue siendo el mayor peso en el presupuesto de la Generalitat ya que supone el 41,5 por ciento de las obligaciones reconocidas, seguido de educación --28,3 por ciento--.
   Del mismo modo, apunta que, de los compromisos de gasto con cargo a ejercicios posteriores, el informe no recoge los derivados de algunos contratos, acuerdos, convenios y acuerdos por un importe conjunto de, al menos, 2.042,9 millones.
   En cuanto a los gastos de farmacia, el informe detalla que hubo 290,5 millones correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2009 que fueron imputados al presupuesto de 2010, pero a final de ese año todavía quedaban por pagar 259,2 millones. No obstante, dicho importe se satisfizo en el primer trimestre de 2011. La disminución del saldo pendiente de farmacia se debe, según indica el informe, a la reducción del gasto anual en recetas, "rompiendo la tendencia histórica creciente de este gasto".
   Por otro lado, el documento del Síndic de Comptes insiste en la necesidad de que la Generalitat realice un inventario de su inmovilizado para poder actualizar la valoración del mismo. En consecuencia, como en ejercicios anteriores, "no se ha podido verificar la razonabilidad" de los saldos de esos epígrafes a 31 de diciembre de 2010, que en conjunto ascienden a 15.281,6 millones de euros, "ni de su impacto en la cuenta del resultado económico-patrimonial".
   Por lo que se refiere a la fiscalización de la contratación, el total de adjudicaciones fiscalizadas ha ascendido a 1.137,2 millones; de los que 822,9 --712 contratos-- han sido por procedimiento abierto; 2,1 millones -un contrato- por procedimiento cerrado; 311,1 millones --592 contratos-- por procedimiento negociado; y un millón de euros --cinco contratos-- por procedimiento de emergencia.
   Según el informe, en el proceso de fiscalización "no se han encontrado situaciones en las que pudieran concurrir características básicas de responsabilidad contable". En este ejercicio, además, la Sindicatura ha realizado dos auditorías de eficacia de la gestión de la nómina del personal sanitario de la Generalitat y otra sobre las Ciudad de las Artes y las Ciencias. Asimismo, se han entregado los informes de fiscalización de las Cámaras de Comercio y de las Universidades.
   El Síndic Major ha aseverado que la "radiografía de las cuentas" es una "confirmación de la situación crítica existente" actual aunque en 2010 "ya era muy evidente que la situación era muy compleja" por la disminución de los ingresos de un 10,6 por ciento, que con la ejecución del 95 por ciento de los gastos, requiere la revisión de la financiación autonómica y del sistema de financiación de las comunidades autónomas.

La Generalitat crea una viceintervención general para mejorar el control del gasto

VALENCIA.- El pleno del Consell ha aprobado este viernes el proyecto de decreto que incluye la nueva Viceintervención General de Control Financiero de la Generalitat en el reglamento del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores. El objetivo es "mejorar el control del gasto en toda la administración".

   Así lo ha explicado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell la portavoz del Gobierno valenciano, Lola Johnson, quien ha explicado que la nueva Viceintervención General de Control Financiero de la Generalitat, dependiente de la Intervención General de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, iniciará sus actuaciones en el mes de enero.
   Para ello, la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat para 2012 ha incluido también una modificación en la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat que posibilitará la programación, a través de esta unidad de nueva creación, de controles especiales de carácter financiero sobre áreas específicas de la actividad de los órganos de la administración de la Generalitat, así como sobre las entidades, empresas y fundaciones dependientes.
   De esta forma "se amplia el alcance de las funciones de control interno de la Intervención General, permitiéndole efectuar controles específicos en aquellas áreas de gestión donde se hayan podido constatar desajustes importantes de orden presupuestario no suficientemente justificados o debilidades de gestión que precisen de un pronunciamiento sobre la eficacia, eficiencia y economía de la misma".
   Johnson, preguntada por el motivo de crear este nuevo órgano y por si responde a que no existen suficientes mecanismos de control, lo ha negado, ya que ha resaltado que existen "muchos mecanismos de control". Respecto a la nueva viceintervención, ha destacado que "reforzará y mejorará el control del gasto" en la administración autonómica.
   La estructura de los servicios centrales de la Intervención General se ve reforzada con esta nueva unidad de control, que incluye cinco viceintervenciones generales, en concreto, de Función Interventora, de Control Financiero, de Auditorías, de Contabilidad Pública y para la Administración Sanitaria.
   El anteproyecto de decreto cuenta con el dictamen conforme del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunitat, al haberse adecuado el texto finalmente aprobado por el Consell, a las observaciones y sugerencias realizadas por el citado organismo.
   La nueva unidad tendrá capacidad para evaluar determinados programas o áreas de la Generalitat, especialmente aquellas en que se detecten desviaciones o ineficiencias. Ejercerá, a su vez, las funciones de planificación, programación y ejecución tanto del control financiero permanente como de estos nuevos controles de carácter especial.
   Personal técnico cualificado de la Intervención General ya está trabajando en la tarea previa de análisis y detección de las áreas de gestión de la Generalitat que actualmente resultan "más sensibles", diseñando las líneas de actuación a seguir en este tipo de controles financieros a partir del mes de enero.
   En concreto, ya se están preparando controles financieros especiales en las áreas de Sanidad; Educación, Formación y Empleo; Economía, Industria y Comercio; y Medio Ambiente. El objetivo inmediato es emitir un pronunciamiento sobre la adecuación de su gestión a la "racionalidad económica-financiera".
   Por otra parte, el decreto reconoce rango de secretario autonómico a la persona titular de la Intervención General, con el objetivo de equiparar dos órganos superiores de la Generalitat que tienen un marcado perfil técnico, como son la Abogacía General y la Intervención General de la Generalitat.
   En el pleno del Consell, desde la Conselleria de Hacienda han indicado que la Intervención General cuenta con un presupuesto de 14,3 millones de euros para 2012, dotación que contribuirá a "intensificar el control del gasto, tal y como recoge el Plan de Ajuste aprobado recientemente por el Consell".

La alcaldesa Castedo nos cruje el bolsillo a los alicantinos para mayor gloria de Masatusa y Aguas de Alicante

ALICANTE.- El Pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este viernes, con los votos mayoritarios del equipo de Gobierno del PP, la subida para 2012 de las tarifas del Transporte Alicante Metropolitano (TAM) y del agua, incrementos que la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ha lamentado tener que aplicar en los momentos actuales de crisis económica. 

   Durante la sesión plenaria, que ha contado con numeroso público presente en la sala, la primera edil ha explicado que la subida del transporte público permitirá que la empresa que presta este servicio, Vectalia, no registre recortes en sus beneficios, porque, según ha indicado, esto conllevaría ajustes en la plantilla, y se traduciría en una huelga de trabajadores que finalmente perjudicaría al usuario.
   Así, a partir del 1 de enero, el billete simple --utilizado por el 17 por ciento de los viajeros-- pasa de 1,25 a 1,40 euros; la tarjeta Móbilis pasará de 0,725 a 0,785 por viaje, lo que representa un aumento del 8,28 por ciento; la jove, de 0,58 euros por viaje a 0,7067, y la escolar de 0,508 a 0,550 euros.
   Las recargas de la tarjeta Móbilis estándar, con 10 viajes, costará 7,85 euros; la de Bono Jove, con 30 viajes 21,20 euros; la del bono escolar, de 30 viajes, 16,50 euros. Para los viajes ya pagados, se da de plazo hasta el 31 de mayo, sin perder los viajes ni realizar la tarjeta adicional.
   El aumento "más significativo" del precio se ha aplicado en el billete sencillo, que es usado por un 17 por ciento de los usuarios del transporte público, mientras que el precio de los bonos experimentará subidas menores, dentro de la política de fomento del transporte público, por lo que, igualmente, se mantiene la gratuidad de los trasbordos realizados en tiempos menores a una hora.
   En cuanto al Bono Oro, que era un sistema de gratuidad universal para mayores de 65 años de hasta 90 viajes al mes, ha sido modificado porque exige una aportación de 4 millones de euros que el Ayuntamiento no puede asumir.
   Con los cambios aprobados este viernes, en lugar de ofrecer 90 viajes gratis al mes se ofrecerán 12, para personas de 65 años que sean pensionistas, ante el retraso de la edad de jubilación. Además, en la recarga de viajes adicionales, se aplicará un descuento del 30 por ciento respecto al bono normal, siempre y cuando los jubilados tengan un nivel de renta determinado.
   Al respecto, el equipo de gobierno del PP ha presentado y aprobado una enmienda con sus votos mayoritarios y con el apoyo de UPyD, --y el rechazo de PSOE y EU--, para que los beneficiarios del Bono Oro que necesiten más de 12 viajes al mes, puedan adquirir bonos de 10 viajes a cinco euros.
   Además, también se impone el requisito de estar empadronado en Alicante un año antes de la solicitud del Bono Oro, en lugar de los seis meses requeridos anteriormente, ya que se ha detectado una itinerancia en el empadronamiento de personas mayores de localidades del área metropolitana, que se empadronaban en Alicante para poder beneficiarse del servicio.
   Por otra parte, el Pleno ha dado luz verde este viernes a la subida media del 4,5 por ciento de la tarifa del agua, que ya fue aprobada "por unanimidad" en el Consejo de Aguas de Alicante.
   El concejal de Empleo y Fomento, Carlos Castillo, ha aclarado que esta medida, que ha contado con los votos a favor del PP y de UPyD, supondrá una subida de 1,84 euros más al trimestre para cada unidad familiar.
   Los grupos del PSOE y EU en la oposición han votado en contra de esta subida, que han considerado que "responde más a los intereses empresariales de la empresa", que a la situación real de la compañía, según ha explicado el concejal socialista, Gabriel Moreno.
   Miguel Ángel Pavón, portavoz de EU, ha considerado "innecesaria" esta medida, y ha recordado que Aguas de Alicante obtuvo unos beneficios de 4,5 millones de euros en 2010.

ASAJA destaca que en 2011 se ha perdido el 9% de la superficie cultivada de la provincia

ALICANTE.- El presidente de Jóvenes Agricultores-ASAJA en Alicante, Eladio Aniorte, ha denunciado que en 2012 se ha producido la pérdida del 9 por ciento de la superficie cultivada de la provincia debido a la crisis del E.Coli, en un año agrícola que ha calificado como "nefasto", según ha indicado en un comunicado esta organización.

   En la presentación del balance realizado por el presidente de ASAJA Alicante, Eladio Aniorte, y por el secretario técnico de la organización, Ramón Espinosa, ambos han mostrado su "gran preocupación" por el estado actual del sector, que ha registrado unos datos "especialmente negativos".
   Así, Aniorte ha destacado "el descenso del 9 por ciento que se ha producido en la superficie cultivada en un sólo año", propiciado por "los múltiples problemas que sufren los 23.400 alicantinos que encuentran en este sector su actividad económica principal". No obstante, este descenso se contrapone "a la subida alcanzada en el año 2010 gracias a las abundantes precipitaciones, entre otros factores".
   Este descenso de la superficie cultivada se debe a la crisis del E.Coli, cuyos efectos "todavía perjudican a los productores", motivo por el que Aniorte ha solicitado al nuevo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que "defienda la agricultura española en la Unión Europea para que también tenga en cuenta los intereses de este país y no sólo los de Alemania y Francia".
   Esta disminución también se ve reflejada en la producción, que ha bajado un 26 por ciento desde 2002, y en el valor económico, que ha perdido un 15 por ciento, según ha dicho Aniorte.
   Además, "la bajada del valor es menor que la de la producción", lo que demuestra la capacidad de adaptación de los productores que recurren a la reconversión de variedades y cultivos para dedicarse a los productos más rentables y poder conseguir los necesarios beneficios", según ha explicado el presidente.
   "Rajoy nos ha dicho que va a defender y conceder el protagonismo que se merece a la agricultura, sumida por años en el olvido por parte de los anteriores gobernantes. Sólo hay que mirar de aquí en adelante y lo que esperamos para el futuro son medidas que permitan a los agricultores poder dedicarse a este digno trabajo", ha explicado Aniorte.
   Para ello, ASAJA ha reclamado "actuaciones legislativas que contribuyan a frenar los abusos que se producen en la cadena alimenticia, que permiten a cuatro grandes lucrarse, mientras quieren matar de hambre a los demás", ha considerado.
   Frente a la crisis de E. Coli, Aniorte ha considerado necesario que la Unión Europea lleve a cabo un protocolo de actuación para "impedir que un país pueda acusar a otro sin prueba alguna".
   En cuanto a la seguridad, ha explicado que las distintas administraciones han reforzado en 2011 la presencia policial en las zonas rurales tras el asesinato de un agricultor en Elche y los continuos robos registrados. No obstante, la legislación debe ser "menos permisiva" con los delincuentes para que "no salgan de los calabozos tan fácilmente".
   Para ello, la organización exigirá en 2012 al Parlamento español que tenga en cuenta en la ley de hurtos "no sólo el valor de lo sustraído, sino también de los daños ocasionados y que sea un agravante mayor la reincidencia".
   ASAJA Alicante exigirá también al Gobierno que medie en Castilla-La Mancha para que acaben de una vez por todas las continuas amenazas del agua. En este sentido, la organización reclamará "lo que siempre ha pedido, pese a que voces minoritarias y nada representativas se esfuercen en mentir diciendo lo contrario".
   "Al presidente Rajoy le exigimos que el Trasvase Tajo-Segura continúe funcionando como hasta ahora. No dejaremos que se reduzca ni un solo hectómetro. Del Trasvase Júcar-Vinalopó debe retomarse la toma de Cortes de Pallás, porque es la única que garantiza agua para regar y beber y nada se sabe oficialmente de la potabilizadora prometida por Narbona", ha concluido.

Consell y sindicatos valencianos negocian que funcionarios tengan horario europeo

VALENCIA.- El Consell valenciano y los sindicatos negocian modificar el horario laboral de los funcionarios autonómicos para adaptarlo al europeo y, de hecho, "sea cual sea finalmente la solución que se adopte, ésta será siempre con anterioridad al 31 de marzo", en palabras del consejero de Hacienda y Administración Pública, José Manuel Vela.   
  
   Así lo ha señalado a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa convocada para analizar los resultados del informe de la Cuenta General de la Generalitat de la Sindicatura de Cuentas correspondiente al ejercicio 2010.
   Al respecto, ha indicado que están "trabajando con los sindicatos para modificar ese horario" por considerar que "puede servir para racionalizar más el trabajo de los funcionarios", para "mejorar la conciliación entre vida familiar y vida laboral" y para lograr "un ahorro muy significativo en gastos, sobre todo gastos de energía eléctrica y todos aquellos asociados a la ocupación de edificios".
   "De momento, es algo en lo que estamos trabajando, nos hemos sentado con los sindicatos y nos vamos a seguir sentando", ha apuntado Vela, quien ha comentado que "las negociaciones no son fáciles" porque "cada uno manifiesta y defiende su postura".
   En cualquier caso, Vela ha aseverado que "sea cual sea finalmente la solución que se adopte, ésta será siempre con anterioridad al 31 de marzo" dado que "de nada sirve adoptar medidas que tengas que aplicar en el mes de julio porque el presupuesto ya ha corrido siete meses". "Y si puede ser en febrero, mejor todavía", ha sentenciado.
   Por su parte, la portavoz del Consejo valenciano, Lola Johnson, ha explicado que es "una de las muchas medidas en las que se está trabajando" aunque, por el momento, "no hay ninguna propuesta".
   La consejera ha señalado que el "punto de partida" --que todavía se está estudiando y, por tanto, puede variar-- es ampliar los horarios por la mañana --entrando media hora antes y saliendo una hora más tarde--, es decir hacer jornadas intensivas, lo que permitiría que algunas tardes "no haya actividad" y, por lo tanto, se podrían "cerrar centros y ahorrar en todos los sentidos".
   Lola Johnson ha indicado que se trata de "aprovechar al máximo todos los recursos, también los humanos", y utilizarlos "de la mejor manera posible".

Holcim plantea cerrar la mitad de sus plantas de hormigón en España y el despido de 151 empleados

MADRID.- Holcim España ha planteado a los sindicatos el cierre de entre el 50% y el 60% de las plantas de hormigón con que cuenta en España y un expediente de regulación de empleo (ERE) para 151 empleados, el 43% del total, según informaron hoy fuentes sindicales.

   La filial española del grupo suizo Holcim atribuye esta decisión al descenso de la demanda de hormigón como consecuencia del parón constructor y a la competencia desleal que presentan "empresas piratas" que operan en el sector.
   Holcim España acaba de presentar la propuesta a los sindicatos con representación en la compañía para iniciar el periodo de consultas y comenzar el periodo de negociaciones.
   El ajuste sólo afecta a la actividad de hormigones, con lo que queda fuera el resto de actividades que la compañía realiza en España (áridos, cemento y mortero).
   En concreto, en la propuesta remitida a los sindicatos, la compañía propone el cierre de entre el 50% y el 60% de las 56 plantas de hormigón con que cuenta en el territorio español.
   En consecuencia, Holcin España plantea un ERE extintivo para un total de 151 trabajadores, el 43% de la plantilla total de 352 empleados de esta división.
   Entre las plantas sobre las que está prevista el cierre se encuentran las jienenses de Bailén, Úbeda y Torredonjimeno, según publica el diario 'Ideal'.
   El director de desarrollo sostenible de Holcim, Manuel Soriano, explicó que "el mercado de la construcción se encuentra bajo mínimos y, a pesar de los ajustes que la empresa venía realizando, el deterioro del mercado sigue siendo mayor".
No obstante, el director de desarrollo sostenible de Holcim "espera y desea" que la situación se estabilice y se pueda restablecer progresivamente.
   De su lado, fuentes sindicales manifestaron su voluntad de reducir el impacto del ajuste en el periodo de negociaciones que abrirán ahora con la empresa, así como limitar al máximo el número de despidos mediante recolocaciones y abordando medidas de flexibilidad en alguna de las plantas que prevé cerrar.