La Generalitat ahorrará 88,6 millones con la contratación de servicios a través de la central de compras

VALENCIA.- La Generalitat valenciana creará la central de compras, con la que pretende ahorrar alrededor de un 15 por ciento de los 590,9 millones que gasta en la contratación de suministros y servicios, lo que supondrá un ahorro de unos 88,6 millones de euros.

   Así lo ha dado a conocer este viernes el vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar, quien ha presentado el decreto-ley de la Generalitat por el que se estable una redistribución de competencias en materia de contratación y se crea la Central de Compra.

   La administración de la Generalitat y todos sus centros dependientes, las entidades autónomas --como el Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ) o el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef)--, las entidades de derecho público --tal y como es el caso de Radio Televisión Valenciana (RTVV) y Teatres de la Generalitat, entre otras--, así como todas las sociedades mercantiles y fundaciones públicas tendrán que centralizar "de manera obligatoria" la contratación de suministros y servicios con caracteristicas parecidas en la Central de Compras.

   No obstante, se excluye de esta obligatoriedad a la Conselleria de Sanidad, dado que ya cuenta con su propia central de compras, dado la especificidad de sus suministros, ha señalado el vicepresidente de la Generalitat.

   Las finalidades que persigue el Consell con la nueva central de compras --a la que se pueden adherir de forma voluntaria los ayuntamientos y las universidades públicas de la Comunitat-- son, conseguir "mayor racionalización" de la contratación, obtener los mejores precios a través de economías de escala, tener un "control" de los servicios y suministros y conseguir un "ahorro importante".

Denuncia de CGT

La Confederació General del Treball (CGT) ha comenzado una campaña de denuncia del "despilfarro y desvío de fondos públicos a intereses privados" bajo el lema 'Vamos a destapar el saqueo', con el objetivo de "exigir responsabilidades jurídicas y penales a los gestores de la Generalitat".
   CGT, según ha explicado en un comunicado, se ha propuesto destapar "hasta el último caso de saqueo y lo hará en sucesivas entregas" relacionadas con la Generalitat. Además, pretende exigir la derogación inmediata del decreto de recortes del Consell sobre el que CGT "no acepta ningún recorte de los salarios de los trabajadores porque no son responsables del déficit". El sindicato también propone que se lleve a cabo "una auditoría que aclare a quién se ha destinado el dinero público".
   La primera de las entregas, hecha efectiva este viernes entre los trabajadores, se ha centrado sobre la empresa pública Vaersa, adscrita a la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.
   Tal y como señala el informe de fiscalización de la Sindicatura de Cuentas del año 2010 "al igual que en ejercicios anteriores, en 2010 se han contabilizado gastos en concepto de servicios de asesoría y defensa jurídica, por un importe conjunto de 335.135 euros, sin previa formalización contractual y, por tanto, sin atender a lo establecido en las normas generales de contratación del sector público y a los principios licitatorios previstos en el artículo 175 de la LCSP".
   Asimismo, el informe del mismo organismo del año 2009 dice "al igual que en ejercicios anteriores, se han contabilizado gastos en concepto de servicios de asesoría y defensa jurídica, por importe de 320.000 euros, sin que se haya formalizado un contrato que regule la prestación del servicio y, por tanto, sin atenerse a lo establecido en la LCSP".
   CGT ha apuntado que la entonces Conselleria de Territorio y Vivienda y Vaersa firmaron el 2 de febrero de 2006 un convenio para que los Letrados de la Generalitat realizaran funciones de asesoramiento jurídico y defensa en juicio para Vaersa, por la cantidad de 3.600 euros anuales, revisables anualmente de acuerdo con el IPC.
   El sindicato ha concluido que "Vaersa ha pagado 335.135 euros por un servicio que le podría haber costado 3.600 euros al año".
"Es evidente que con el dinero regalado se podría evitar el recorte de unos cuantos funcionarios de la Conselleria", ha añadido.
   En este sentido, CGT ha exigido que la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, como presidenta del consejo de administración de Vaersa, "diga públicamente a los funcionarios de la Generalitat afectados por los recortes y a los ciudadanos, quiénes son las personas a las que se ha adjudicado a dedo esos contratos y que se depuren responsabilidades". En el caso de que no actúe inmediatamente, "se exigirá que lo hagan los tribunales".
   Por otro lado, el sindicato ha hecho un llamamiento a la movilización de los trabajadores de la función pública para "frenar el descontrol" actual que afecta a la Generalitat y que pone en "grave riesgo" la prestación de servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación o las prestaciones sociales.

Alarte considera que Verdeguer ha conseguido su objetivo de "salir corriendo ante la quiebra"

VALENCIA.- El secretario general y portavoz del PSPV en las Corts, Jorge Alarte, ha comentado tras conocer la marcha del hasta ahora conseller de Economía, Industria y Comercio, Enrique Verdeguer, como presidente de ADIF, que ha conseguido su objetivo de "salir corriendo ante la quiebra" de la Comunitat.

   Alarte se ha pronunciado en esto términos tras anunciar que el PSPV presentará una proposición no de ley que incluye un plan alternativo de ajuste al que ha aprobado el Consell. El síndic socialista ha apuntado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "se lleva al único que vino". 

"Como decía Alfonso Rus, nadie quiere nada del PP valenciano", ha matizado.

   El portavoz del PSPV en las Corts ha recordado que Verdeguer "siempre pareció un hombre sensato y es normal que se quisiera ir".

"Siempre se quiso marchar desde que llegó. Fue el único que vino y el primero que se lleva Rajoy. Imagínese lo que habrá ahí dentro", ha indicado.

   Alarte le ha pedido a Mariano Rajoy que "depure responsabilidades y ya que se lleva al que mandó, que se lleve a unos cuantos más, pero para retirarlos de la vida pública". 

El líder de los socialistas valencianos ha apuntado que ya le propuso la ministro de Hacienda Cristóbal Montoro que "disolviera al PP valenciano" después de su propuesta de pedir acciones penales a los gestores públicos.

Opinión de EUPV

La portavoz de EUPV en las Corts Valencianes y coordinadora de la formación de izquierdas, Marga Sanz, ha señalado este viernes que "la situación económica insostenible de la Generalitat" ha hecho que el hasta ahora consellera de Economía y nuevo presidente de ADIF, Enrique Verdeguer, "salga corriendo"
   Sanz, en un comunicado, ha afirmado que la dimisión de Enrigue Verdeguer como conseller de Economía "pone en entredicho de nuevo la debilidad del Gobierno de Fabra que no es capaz de atender con tiempo, constancia, efectividad y justicia el caos en el que se encuentra la economía valenciana".
   Asimismo, ha señalado que la marcha de Verdeguer "supone otra remodelación" y, a su juicio, "lo más significativo es que toca a un pilar fundamental en estos momentos como es la Conselleria de Economía, la cual tendría que ser una de las más sólidas".
   Para Sanz, Verdeguer se deja el cargo "superado por las circunstancias". Al respecto, ha destacado que su sustituto "tendrá que lidiar con cuestiones como es la reestructuración del sector público, la cual amenaza con generar despidos de muchísimos trabajadores, así como la derrota con la que se encuentran muchas de estas empresas por el derroche del dinero público".
   La síndica de EUPV ha pedido que el sustituto de Verdeguer, Máximo Buch, "asuma que las consecuencias de la nefasta gestión del Gobierno valenciano no pueden recaer en el sector público y en sus trabajadores".

"La reestructuración del sector público no puede basarse en los despidos masivos", ha reclamado.

El ingeniero Máximo Buch, nuevo conseller de Economía, Industria y Comercio

VALENCIA.- Máximo Buch Torralva, nacido el 11 de agosto de 1959 en Valencia e ingeniero industrial en la especialidad en Organización Industrial por la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) y MBA por el IESE de la Universidad de Navarra, será el nuevo conseller de Economía, Industria y Comercio tras la salida del Consell de Enrique Verdeguer para presidir Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

   Buch tomará posesión de su nuevo cargo el próximo lunes a las 17.00 horas, tres días después de que hiciera público su nombramiento el jefe del Consell, Alberto Fabra.

   Según la información facilitada por la Generalitat, Buch trabajaba en la actualidad en Boyden Internacional Search Consultants, S.L.

   Además, ha sido director general de Tandem Capital Gestion SCR S.A., y ha ejercido su labor en otras empresas como Osborn International --grupo perteneciente al Fondo de Capital Riesgo SawMill Capital--, Astro MB y Astro Europa.

   También es miembro del comité ejecutivo de la Asociación Española de Entidades de Capital Riesgo (Ascri) y del Capítulo Español del Club de Roma desde 1987. De 1992 a 2002, fue delegado para la Comunitat Valenciana de la Cámara de Comercio Alemana para España, además de ser miembro del comité ejecutivo del Instituto Valenciano para el Estudio de la Empresa Familiar (Ivefa) y presidente de su comité de formación, desde 1999 hasta 2002.

   El nuevo conseller de Economía también ha sido profesor colaborador de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF), la Universitat de València, la Universidad Católica de Valencia y el Centro de Formación Empresarial Lluis Vives de la Cámara de Comercio de Valencia.

IU quiere saber si el Banco de España informará sobre los incentivos de su cúpula

MADRID.- El diputado de IU y portavoz parlamentario en las comisiones de Economía y Hacienda del Congreso, Alberto Garzón, ha registrado una iniciativa en la Cámara Baja en la que reclama al Gobierno aclarar si pretende recomendar al Banco de España detallar los incentivos y gratificaciones que reciben los altos cargos de la institución. 

   En concreto, la pregunta por escrito del diputado de IU señala textualmente: "¿Piensa el Gobierno recomendar al Banco de España que informe adecuadamente y con la publicidad y transparencia necesarias de dichos incentivos y gratificaciones?".

   Garzón aprovechó para recordar la "falta" de transparencia del organismos presidido por Miguel Ángel Fernández Ordóñez y lamentar "las resistencias" del Banco de España a la hora de informar sobre su política retributiva en forma de incentivos, premios o gratificaciones.

   "Esta cuestión es hoy importante simplemente considerando los escándalos retributivos que hemos conocido en distintas entidades financieras", reprochó en un comunicado.

El PPCV solicitará informes a la CAM, al Banco de España y al IVF

VALENCIA.- El portavoz del grupo popular en la Comisión de Investigación en el Parlamento valenciano sobre la CAM, David Serra, ha informado que su formación solicitará diversos informes de inspección, auditorías y viabilidad a la propia CAM, al Banco de España, al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y a la firma de auditorías KPMG.

   Así lo ha anunciado tras registrar la propuesta de su grupo, ya que este viernes culminaba el plazo para que las formaciones parlamentarias presentaran sus iniciativas, según ha informado el grupo parlamentario popular en un comunicado.

   Serra ha señalado que la documentación solicitada es "extensa", por lo que los populares van a plantear en la comisión que se habilite hasta el 29 de febrero como plazo para poder recabarla en su totalidad.

   La información requerida se divide en cuatro bloques. La que afecta al Banco de España engloba las tres últimas inspecciones realizadas sobre la CAM, el requerimiento por parte del Banco de España a la propia CAM, de julio de 2011, de presentación de un nuevo plan de recapitalización y viabilidad y los escritos dirigidos al IVF sobre la última inspección de la caja y la intervención del Banco de España.

   A la CAM se le solicitan actas del consejo de administración y la comisión de control, así como reglamentos internos, informes anuales, de Gobierno y documentación "detallada" que acredite el contenido de los contratos relativos a los miembros de los órganos de gobierno y dirección. Por su parte, en el plan de trabajo se incluye la solicitud de los informes de auditoría de las cuentas generales de 2008, 2009 y 2010 realizados por la firma KPMG.

   Por último, Serra ha explicado que al IVF se le solicitan informes semestrales, propuestas de la comisión de control y documentos de auditoría. El portavoz en la comisión ha explicado que, por el momento, no se ha incluido el nombre de personas para que comparezcan en la comisión, "a la espera de analizar todos los documentos y de que los grupos parlamentarios dispongan de ellos".

   Según se incluye en el escrito, la Mesa de la comisión abrirá el plazo, hasta el 12 de marzo, para que los grupos puedan presentar sus propuestas de comparecencias y el 15 de marzo se reunirá la comisión para acordarlas.

   Serra ha reiterado el "interés" de los 'populares' por llegar a las últimas consecuencias de lo ocurrido en la CAM y ha señalado que su formación tiene "toda la voluntad de llegar a acuerdos y de trabajar con la máxima transparencia".

Rajoy obligará a dejar el cargo público a quien tenga un procedimiento judicial

MADRID.-  El PP obligará a dejar el cargo público a quien tenga un procedimiento judicial que dañe al partido o a la institución pública a la que pertenezca. Esta es una de las condiciones que se incluyen en la "carta de compromisos" que tendrán que firmar los cargos públicos, responsables políticos y profesionales con funciones ejecutivas en el PP, tal y como consta en la Ponencia de Estatutos que los populares llevarán al XVII Congreso Nacional del partido que tendrá lugar a mediados de febrero en Sevilla.

   La citada ponencia incluye esta medida junto con otras con el objetivo de reforzar y agilizar la respuesta ante "comportamientos indeseables" de sus militantes.

   Para ello, los redactores de la ponencia --Alberto Fabra, Alicia Sánchez-Camacho e Ignacio Diego-- han añadido un nuevo Capítulo Primero a los Estatutos relativo a la los cargos de representación institucional.

   En el establecen la obligación de los cargos públicos, responsables políticos y profesionales con funciones ejecutivas en la organización de suscribir una "Carta de Compromisos", que contendrá un conjunto de obligaciones de contenido "ético y deontológico".

"La negativa a firmar esta Carta impedirá ser candidato en los procesos electorales, cargo público o tener responsabilidades ejecutivas en el PP", precisa el texto.

   La citada Carta, que deberá renovarse cada dos años establece cinco compromisos claros. El más destacado de ellos es el de "comunicar" a la dirección del PP la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional del que puedan derivarse "indicios racionales de comisión de un delito y de poner a disposición del partido el cargo público u orgánico que desempeñe cuando el Comité Nacional de Derechos y Garantías considere que su permanencia en el mismo daña a la propia organización o a la institución pública".

   En esta carta también se establece la obligación de realizar una "declaración jurada" de que no existe ninguna causa jurídica que le inhabilite para participar en un proceso electoral, ni alguna situación posible de "conflicto de intereses", en caso de resultar electo, con su persona o con los intereses privados de los que sea titular.

   En la Carta se recordará a los dirigentes populares que, en el caso de ser cargos electos, están sujetos al régimen de incompatibilidades de la legislación vigente, cuyo incumplimiento lleva parejas sanciones administrativas y también las que se deriven del Reglamento disciplinario del partido.

   También se comprometerán a actuar públicamente de acuerdo con los principios de integridad, responsabilidad, transparencia, ejemplaridad y honradez además de poner a disposición del Comité de Derechos y Garantías, cuando este lo requiera, la declaración de bienes y actividades que por razón de cargo público están obligados legalmente a depositar en la institución correspondiente.

   En el caso de no estar obligado a depositar esta declaración por razón de cargo público, deberán presentar si se les requiere, una declaración formal de bienes y actividades que incluya: los bienes, derechos y obligaciones patrimoniales que posean; los valores o activos financieros negociables; las participaciones societarias; el objeto social de las empresas en las que tengan intereses personalmente y las sociedades participadas.

   Finalmente, en la citada "Carta" está recogido el compromiso de separar claramente la actuación pública de la privada y de las del partido.

  Este nuevo Capítulo Primero establece también unos principios generales que deben observar todos los cargos públicos y dirigentes populares. Entre ellos, está la obligación de demostrar la "máxima ejemplaridad, rigor y exigencia" en el desempeño de sus funciones, velando siempre por el interés público y absteniéndose siempre de cualquier conducta que, "aún siendo plenamente legal, pueda dañar la imagen u honorabilidad de la organización a la que pertenecen".

   También deben actuar de acuerdo con los principios de transparencia, eficacia y austeridad y se abstendrán de "toda actividad privada que pueda suponer un conflicto de intereses en el ejercicio de su función". En este punto, el PP deja claro que sus cargos "no aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja".

   Además, establece que "no influirán" en la "agilización o resolución de trámite o procedimiento administrativo cuando ello comporte un privilegio en su beneficio o en el de su entorno familiar y social". Tampoco podrán dedicarse a actividades recogidas en el régimen de incompatibilidades ni por sí mismos, ni por persona interpuesta.

  Los populares también modifican en la ponencia de Estatutos la parte referida a la apertura de los expedientes disciplinarios. Añaden un nuevo punto en el que establece que se abrirá expediente disciplinario en el momento en el que el partido tenga conocimiento de una imputación judicial por "cualquier forma de corrupción" en el ejercicio de cargo público o que realice conductas que estén tipificadas como un "delito doloso" que, "por su naturaleza o por las circunstancias" en las que se haya cometido se considere "incompatible con las obligaciones y deberes éticos" a los que están sujetos los afiliados del PP.

   Una vez que se haya incoado el expediente, el Comité de Derechos y Garantías podrá determinar la suspensión de funciones o de militancia, algo que acordará en función de las circunstancias específicas de cada caso concreto.

   La duración del citado expediente se extenderá hasta que transcurran dos meses de la firmeza de la sentencia o auto de sobreseimiento que ponga fin al proceso penal correspondiente y, en caso de sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento, aunque no sean firmes, se revocará inmediatamente cualquier medida cautelar o sanción que hubiera podido acordarse y el partido reparará al afiliado, con los medios a su alcance, los "perjuicios" que hubiera podido sufrir.

   Además, los Comités de Derechos y Garantías pueden acordar la apertura de una información reservada, que podrá dar lugar a un expediente disciplinario, cuando tengan conocimiento "por cualquier medio" de la falta de ejemplaridad en el comportamiento o conducta de un afiliado o cargo de representación institucional del PP.

   El PP también dos comportamientos que considera como infracciones muy graves. Se trata de la realización de conductas que estén tipificadas como delito doloso que, por su naturaleza o por las circunstancias en las que se haya cometido se considere incompatible con las obligaciones y deberes éticos establecidos en los Estatutos.

   También añade como falta grave la "deslealtad manifiesta al Partido, entendida ésta como toda acción u omisión voluntaria encaminada a perjudicar el interés general del PP".

   En este capítulo precisa mejor la pena de expulsión del partido, dejando claro que se podrá imponer "en todo caso, cuando exista sentencia firme que condene al afiliado a penas de prisión o inhabilitación, cualquiera que fuese su duración".

  No obstante, en otro apartado, deja claro que el Comité Nacional de Derechos y Garantías podrá "suspender el cumplimiento de la sanción firme, impuesta a un afiliado, siempre que se den circunstancias especiales".

   En el preámbulo de la ponencia explican que los Estatutos son "algo más que un Código de funcionamiento interno" y para ello incorporan el Código de Buenas Prácticas, con el fin de que sea norma de obligado cumplimiento.

El Gobierno fijará "obligaciones legales"

  La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado este viernes que el Ejecutivo quiere "fijar con precisión" un conjunto de "obligaciones legales" que deberán cumplir gestores públicos y altos cargos de la Administración en materia económica y después revisará el sistema sancionador para "intensificar y fortalecer" la respuesta penal a los casos "más graves".

   En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la 'número dos' del Gobierno ha explicado que en el control de la responsabilidad de los gestores públicos lo primero es "determinar" por ley las obligaciones legales de exigido cumplimiento. Esto se hará, por un lado, a través de la futura Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria, pero también en una ley de transparencia, acceso a los documentos y buen gobierno en la que se está trabajando y que es competencia del Ministerio de la Presidencia.

   En esta segunda ley, ha precisado, se va a "concretar una serie de obligaciones legales que tienen en materia de buen gobierno los gestores públicos" en lo que se refiere a "la gestión económica que tienen encomendada".

   Además, la ley también determinará qué incumplimientos deben ser objeto de "un reproche administrativo o contable" y cuáles otros "por su gravedad" tienen que ser objeto de una sanción penal. Entre estos últimos, ha dicho, "indudablemente" estarán los incumplimientos "más graves y que además puedan tener un carácter doloso, de ocultación". Sáenz de Santamaría ha recordado que ya "existe" un reproche penal ante determinados comportamientos de gestores públicos, pero ha indicado que el Gobierno de Mariano Rajoy está "trabajando para intensificar y fortalecer" esta respuesta.

   Por ello, según ha explicado, una vez se establezca la "base amplia" de obligaciones legales, se va a "revisar" el régimen de sanciones e infracciones ya existente. El objetivo, ha dicho, es "establecer, para los casos más graves, de dolo acreditado o gran culpa" una respuesta penal, mediante las reformas correspondientes, que, en el caso del Código Penal, necesitarán de una ley orgánica, ha recordado.

   Dicho esto, la vicepresidenta también ha puntualizado que esta reacción penal no debe identificarse automáticamente con la cárcel, ya que "hay gran variedad de penas", entre ellas "algunas muy adecuadas" para este tipo de delitos, como es la inhabilitación para el desempeño de un cargo público, ha indicado.

   Además, también ha descartado que las nuevas sanciones que se establezcan se puedan aplicar con carácter "retroactivo", como había planteado el presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago. En cualquier caso, ha incidido en que lo primero es fijar el "conjunto de obligaciones legales", 'porque "no se puede sancionar una conducta si no hay una ley que dice que esa obligación existe para los gestores".

La Generalitat Valenciana reitera su "tolerancia cero con la corrupción"

VALENCIA.- El vicepresidente y portavoz de la Generalitat, José Císcar, ha reiterado este viernes la "tolerancia cero con la corrupción" que lleva a cabo la Generalitat, pero ha hecho hincapié en la necesidad de respetar la presunción de inocencia.

   Císcar ha realizado estas declaraciones en la rueda de prensa posterior al pleno del Consejo valenciano, preguntado por las últimas informaciones sobre el 'caso Emarsa' que afectan al vicepresidente de la Diputación Enrique Crespo y por si considera que las personas imputadas deben permanecer en su cargo público.

   Al respecto, el jefe del Consejo ha subrayado que no se ha conocido "nada nuevo que suponga una decisión judicial". 

"No conocemos un auto judicial, por ejemplo, imponiendo medidas cautelares", ha puntualizado. Así, ha señalado que "las peticiones que puedan hacer las partes es otra cosa, pero lo que es importante es lo que los jueces decidan en cada momento"

   Asimismo, ha recordado que desde la Generalitat "hemos propiciado en el caso de Emarsa una comisión de investigación y nos hemos personado en el procedimiento como acusación particular".

   José Císcar ha destacado que hay que tener "tolerancia cero con la corrupción" y dejar que los jueces "hagan su trabajo, lleguen hasta el final y se depuren todas las responsabilidades", pero también ha indicado que hay que respetar la presunción de inocencia.

   "Como es tan difícil a veces moverse en estos campos en los que los jueces no han decidido pero puede haber 'indicios de' apelamos a la equidad, lo que implica, aunque es muy difícil ser ecuánime con todo el mundo porque no hay dos casos que sean iguales, que valoremos cada caso concreto y que las decisiones se tomen, cada una de ellas, en un momento concreto para no perjudicar a nadie", ha subrayado.

   Al respecto, ha indicado que ha habido personas "que han sido detenidas, imputadas y luego han sido absueltas", entre las que ha citado a , por ejemplo a la atleta Marta Domínguez y el actual ministro de Industria, José Manuel Soria, "que fue detenido por cohecho y se archivó el caso".

   En su opinión, "tenemos que ir con muchísimo cuidado con estas cosas, porque al final estamos hablando de personas y estamos tratando con personas". En esta línea, ha señalado que "la equidad en estos casos es lo que mejor funciona".

   Del mismo modo, ha recordado que el PP celebrará pronto un Congreso Nacional "muy importante", donde se presentaran unas ponencias sobre unos estatutos "que también pueden marcar la pauta --sobre la corrupción-- para el futuro en lo que es a nivel orgánico, que es donde nosotros realmente podamos decidir".

   Respecto a las informaciones que el juez habría detectado otra fuente de financiación ilegal del PPCV, Císcar ha vuelto a insistir en la "tolerancia cero con la corrupción" y en que "los juzgados, los jueces y los tribunales investiguen todo, absolutamente todo".

   No obstante, ha dicho que, en este caso, "tampoco conocemos ninguna nueva decisión de ningún juez o tribunal".

"Esto no está plasmado ni en ninguna providencia, ni en ningún auto judicial, ni por su puesto tampoco en ninguna sentencia, no teneos una nueva reslución judicial que nos aporte nada nuevo", ha subrayado.

El Gobierno buscará un pacto por la austeridad para evitar duplicidades

MADRID.- El Gobierno trabajará para sacar adelante un "pacto por la austeridad" entre todas las administraciones públicas para revisar las competencias con el fin de evitar duplicidades determinando a qué administración corresponde más la gestión.

   Así lo ha señalado la vicepresidenta del Gobierno y portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha dicho que por otro lado se está procediendo a la simplificación de estructuras tanto del Estado como de las comunidades autónomas.

   "Es necesario reducir toda la estructura administrativa que supone la multiplicidad de organismos y presupuestos", ha dicho la portavoz, quien ha explicado que el Gobierno va a dar un "nuevo impulso" al compromiso que ya habían adquirido las administraciones en el pasado para reducir el sector público.

   Para lograrlo, el Gobierno acordó con las comunidades en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Finanicera (CPFF) la creación de un grupo de trabajo para actualizar los anteriores compromisos y realizar un seguimiento "exhaustivo" de la reducción del sector público.

   En este sentido, Sáenz de Santamaría ha valorado la importancia de los acuerdos alcanzados en el CPFF, los primeros "grandes acuerdos" del Gobierno, que incluyen además la implementación de medidas para mejorar la liquidez de las comunidades autónomas, supeditadas al cumplimiento de los objetivos de déficit, los planes de saneamiento y las reformas estructurales.

   De hecho, ha resaltado el "apoyo total" que ofrecieron las comunidades durante la reunión a las bases que presentó el Gobierno sobre la Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria, que se aprobará en los próximas semanas. "Sale un compromiso firme y unánime con la estabilidad presupuestaria", ha dicho.

   La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha resaltado la "voluntad y determinación" del Gobierno para cumplir sus objetivos en materia de consolidación fiscal y reducir el déficit al 4,4% comprometido con Bruselas.

   En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría respondía así al ser preguntada por las palabras del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, que en una entrevista a un diario alemán mostró dudas sobre el cumplimiento de esta cifra.

   Sáenz de Santamaría ha recordado que la reducción del déficit es una medida "clave e imprescindible" para volver a crear empleo. "Toda la tarea del Gobierno está encaminada a crear empleo. Para eso hay que cumplir los objetivos", ha dicho.

   En este sentido, ha asegurado que el Gobierno tomará más medidas si las circunstancias económicas hacen que tenga que trabajar "más y con más reformas". "Lo vamos a hacer", ha señalado la vicepresidenta, tras asegurar que el Ejecutivo intentará "consejo tras consejo" cumplir objetivos y luchar contra los "malos datos" con más "rigor y esfuerzo".

   Esta labor, según Sáenz de Santamaría, se tendrá que complementar con las correspondientes reformas estructurales, "fundamentales" para dinamizar la economía y ayudar a la creación de empleo. En este sentido, ha recordado que en los Consejos de Ministros de las próximas semanas se aprobarán la reforma del sistema bancario y la del sistema laboral.

   Con todo, Sáenz de Santamaría ha asegurado que uno de los principales objetivos del Gobierno es trabajar para no defraudar la confianza de los españoles, para lo que el propio Rajoy está cumpliendo en "plazos y calendario" las reformas que planteó en el Debate de Investidura.   

Con las previsiones de la CE

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha indicado que al margen de la previsión de crecimiento para España del Fondo Monetario Internacional (FMI), que prevé una caída del PIB del 1,7% para este año, el Ejecutivo atenderá "especialmente" las estimaciones de la Comisión Europea (CE) para, "de acuerdo con ellas", establecer el cuadro macro y el techo de gasto para este año.

   Al término de la rueda de prensa del Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría apuntó que aunque el Gobierno está "atento" a las distintas previsiones que realizan los diferentes organismos, los Presupuestos de 2012, que pretende aprobar antes del 31 de marzo, recogerán la previsión de crecimiento y el techo de gasto de acuerdo con la estimación que realice Bruselas sobre la economía española.

   No obstante, añadió que previsiones como las del FMI renuevan el compromiso del Ejecutivo de trabajar "todavía más y con mayor esfuerzo" para luchar contra el cumplimiento de las mismas y para que no afecten "de un modo tan grave" a España.

   "Contra ello estamos trabajando desde el primer momento, haremos todos los esfuerzos y todas las reformas que sean necesarios", reiteró la portavoz del Gobierno.

El PSPV exige al Consell un plan de tesorería para abonar las nóminas y un calendario de pago

VALENCIA.- El grupo parlamentario socialista ha registrado un total de 340 iniciativas en las Corts Valencianes. Entre ellas, destacan las exigen a la Generalitat que ponga en marcha de forma "urgente" un plan de tesorería "que garantice liquidez" para abonar las nóminas y un calendario de pago a proveedores. Asimismo, pide que se den a conocer los criterios que se van a tener en cuenta "para pagar a unos antes que a otros".

   Así lo han explicado en rueda de prensa las portavoces adjuntas del PSPV en las Corts, Cristina Moreno y Carmen Ninet, quienes han hecho hincapié en que la forma de pagar a los proveedores debe ser "clara, transparente y no depender de que sean amigos". Además, Moreno ha destacado que los 420 millones que el Gobierno anticipará a la Comunitat para hacer frente a las deudas con los proveedores "no son nada para todo lo que debe la Generalitat".

   El grupo socialista, ante la decisión del Consell de que los empleados públicos no cobrarán el cien por cien de sus retribuciones a partir de los 15 días de baja por enfermedad, ha presentado una proposición no de ley en la que insta al Consell a elaborar un catálogo de enfermedades excluyentes de este medida. "Una embarazada con riesgo de pérdida -del bebé- o los enfermos oncológicos no tienen por qué sufrir la quiebra de la Generalitat", ha resaltado Moreno.

   El PSPV también ha pedido la suspensión "inmediata" de la compra de Valmor Sports por parte de la Generalitat y que el Consell "desista" de celebrar la Fórmula 1, de modo que "se resuelvan todos y cada uno de los contratos que se tienen relativos" a la celebración del Gran Premio de Europa. Además, solicita al Gobierno valenciano que inicie los trámites para vender la Ciudad de la Luz de Alicante.

   En materia de sanidad, han reclamado la comparecencia del conseller del área, Luis Rosado, para que explique en las Corts "en qué consisten los recortes que no ponen por escrito" y que, según Carmen Ninet, ascienden a 400 millones de euros.

   Para Ninet, el "ataque" a la sanidad "es la prueba palpable del fracaso del modelo del PP, entendiendo la sanidad como un negocio, pero ha sido un elemento más para la ruina de las arcas valencianas".

   En el área de bienestar social, el PSPV quiere saber "qué va a pasar con los valencianos que tienen reconocidas las prestaciones de la Ley de Dependencia pero que están en lista de espera" y "por qué se paga un euro más por residente y día a las residencias del Grupo Savia".

   En materia de educación, Ninet ha indicado que, entre otras iniciativas, han planteado una pregunta para conocer cuándo se van a hacer efectivos los gastos de funcionamiento de los colegios y una proposición no de ley sobre el pago a las universidades valencianas, por considerar que el Consell "hace daño al futuro de los jóvenes".

   Asimismo, el PSPV ha urgido al Consell a que inste a la dirección de Radio Televisión Valenciana (RTVV) a entregar a las Corts y a los grupos de la oposición el informe de auditoría de PwC "que se paga con los impuestos de los valencianos".

   Por otro lado, Cristina Moreno ha anunciado que la primera pregunta de control que hará el PSPV al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, en el primer pleno del nuevo periodo de sesiones será cómo hará frente "a los más de 3.000 millones de euros de déficit que tiene". La diputada también ha señalado que el "seguimiento exhaustivo" que los socialistas valencianos van a hacer "incluye también el seguimiento de los futuros ajustes del Consell".

   Preguntada por si saben a quién debe la Generalitat y a cuánto asciende la deuda total, ha respondido que los socialistas llevan "mucho tiempo" pidiendo una lista con esa información. "Hasta hace muy poco decían que éramos los que más cumplíamos el pago", ha destacado la parlamentaria, quien ha asegurado que desde el Consell llegaron a decir que "todo estaba solucionado y que no se debía nada a nadie".

   Por su parte, Ninet ha recordado que el PSPV pondrá en marcha un observatorio de seguimiento de los recortes para explicar a los ciudadanos las medidas de ajuste que aplica la Generalitat y hacerles ver que los socialistas "no nos resignamos ante el mayor recorte de los servicios básicos de la democracia de la Comunitat Valenciana".

   En su opinión, esa situación "tiene que tener una respuesta en la sociedad y los socialistas valencianos no nos vamos a quedar al margen de esa respuesta". "Vamos a estar a la cabeza de todas las iniciativas posibles contra los recortes", ha subrayado.

   El grupo socialista dará a conocer el viernes su "alternativa a los recortes", ya que considera que éstos no deben afectar los empleados públicos ni a los servicios sociales básicos.

El abogado Latorre dice que "cuadran" las piezas del puzzle del 'caso Gürtel'

VALENCIA.- "Cuadran las piezas del puzzle". Así de contundente se ha mostrado Virgilio Latorre, abogado de la acusación popular (PSPV), en la exposición de su informe de conclusiones en la conocida como 'causa de los trajes' dentro del 'caso Gürtel', y ha sostenido que el expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps y el ex secretario general del PPCV y diputado en las Corts, Ricardo Costa, recibieron regalos de la trama. Por este motivo, ha mantenido su petición de multa para los acusados, que asciende a 49.500 euros. La multa requerida por la Fiscalía para ambos es más baja, un total de 41.250 euros para cada uno. 

   Latorre ha introducido una "nota de color" al juicio y ha mantenido durante su intervención un power point para facilitar su explicación al jurado, a quien le ha dicho, en sus primeras palabras: "vosotros sois igual de importantes" --que los acusados--; y a lo largo de su exposición ha reiterado la siguiente frase: "existieron los regalos en tanto en cuanto autoridades y cargos públicos". También ha sido muy contundente con esta afirmación: "la gran conspiración para perjudicar a los acusados es un disparate que repugna al sentido común".

   El letrado ha realizado una exposición lineal de los hechos para recordar al jurado que el caso se reduce a una "estructura piramidal con prácticas mafiosas" con Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez al mando. De la misma estructura se derivaron varias sociedades, entre ellas Orange Market, Servimadrid Integral y Diseño Asimétrico, las cuales "fueron adjudicatarias de contratos menores o negociados con la Generalitat valenciana" por valor de 7,2 millones de euros. De esta manera, Latorre se ha pasado casi una hora de su intervención explicando el sistema de contratación del Consell con estas entidades.

   Luego ha desglosado la cantidad de prendas, tickets, facturas y confirmaciones de pedido a nombre de los acusados. El primero de ellos ha sido Costa, a quien ha relacionado con un ticket, confirmaciones de pedido y una factura de Sastgor por la confección de diversas prendas. Y esta relación de prendas-tickets-facturas se ha podido establecer en base a un número de ticket, relacionado al acusado, y que se mantenía tanto en el inventario como en las facturas.

   Asimismo, Latorre ha mostrado las declaraciones de distintos testigos que han pasado por la sala y que han señalado que puede que no hayan hojas de confección a nombre de Costa porque se trabajase en ese momento con otro fabricante diferente a Sastgor. Respecto a la existencia de confirmaciones de pedido y de facturas pero no de tickets en Milano, testigos señalaron que podía deberse a que el pago de las prendas se hiciera entre los inventarios semestrales; o porque las prendas se englobaran bajo el nombre de 'Comunidad Valenciana'.

   A raíz de estas afirmaciones, el magistrado presidente del tribunal, Juan Climent, ha tenido que llamar la atención a Camps: "Señor Camps, señor Camps... ¿vamos a tener que acabar este juicio expulsándole de la sala al final?", en ese momento, el exjefe del Consell ha llamado a la secretaria de la sala y cuando le estaba dando una explicación, el juez le ha vuelto a interrumpir y le ha pedido que guardara silencio. "Guarde silencio, estamos en mitad de un informe, si no le interesa piense en otra cosa", le ha espetado.

   Tras esta intervención, el letrado ha seguido con su informe y ha mantenido, pese a la versión que ofreció Costa de que solo encargó un traje, que le vino "fatal", y que luego pagó a través de su secretaria, que el acusado "miente". "Ha mentido cuando ha dicho que no ha comprado más prendas y que pagó el traje que se llevó". Asimismo, ha cuestionado el argumento aportado por el letrado de Costa acerca de que las medidas de su cliente que figuraban en hojas de pedido de Sastgor no correspondían a él, y para corroborar este extremo vino a declarar su "sastre de toda la vida". Ante ello, Latorre ha dicho: "¿Estamos todos locos? Una cosa así no es de recibo, es absurdo".

   "A nadie se le ocurre que estas prendas --las asociadas a Costa-- no respondan a datos reales ciertos", y "se pagaron por empresas de la trama", ha continuado. Así, ha insistido en que "diga lo que diga" este acusado, "los datos dicen lo contrario". Ante ello, se ha preguntado "¿por qué se iba a pagar algo de la cuenta de Costa que no se hubiera comprado? Salvo que inventemos cualquier teoría...", ha dicho.

   Y luego ha llegado el turno de Camps. Sobre este acusado, Latorre ha señalado: "la imputación de Camps es siete-siete: En Milano siete trajes y en Forever siete trajes", aunque después ha matizado que se devolvieron cuatro de ellos en la primera de las tiendas. "Nos cabían serias dudas de que se habían devuelto, pero precisamente por eso lo hemos quitado del informe y damos por válida la devolución", ha aseverado.

   Asimismo, ha recordado que existen dos tickets a nombre de Camps, uno por valor de 3.300 euros y otro por 1.400. Y estos tickets coinciden "al milímetro" con los tres trajes y las tres americanas en Milano, ha dicho. También ha reproducido los testimonios de varios testigos que aseveraron que cuando en algún inventario ponía el nombre de 'Cams' o 'Campo' se refería al cliente 'Francisco Camps'.

   El letrado ha calificado de "disparate" la imagen que Javier Boix ha presentado de Camps ante el jurado, respecto a que era un "racanillo", a que no llevaba nunca dinero en metálico y a que sus trajes los pagaba tras pedirle dinero a su mujer. Así, sobre el pago de 3.300 euros en metálico atribuido al exjefe del Consell, se ha preguntado: "¿pueden imaginar por un momento al señor Camps con 3.300 euros en el bolsillo, en metálico, para ir a pagar estos trajes?".

"Tenemos el apunte de la Caja B, así que esto es blanco y en botella", ha comentado.

   "Camps nos ha mentido en muchas ocasiones", ha reiterado el letrado, y ha apostillado "Camps no ha pagado ni un céntimo". Tras pronunciar esta frase ha reproducido la declaración de varios testigos que "de forma radical" ponen de manifiesto que "ninguno de los acusados pagó absolutamente nada de las prendas que les fueron confeccionadas, así que no cabe otra conclusión más que fueron regaladas". Latorre también ha mantenido que las facturas falsas en las que se basa la defensa para demostrar la escasa fiabilidad del sistema "no eran tal", puesto que los testigos "han relatado" que se hacían facturas con conceptos falsos pero que sí correspondían a ventas reales "sin excepción".

Bruselas insiste en que no hay pruebas de que Marruecos vulnere el acuerdo agrícola con la entrada de tomate

BRUSELAS.- La Comisión Europea insiste en que "no tiene ninguna prueba" de que Marruecos no esté cumpliendo las normas que estipula el acuerdo comercial agrícola con la Unión Europea respecto a la entrada de tomate marroquí en el mercado comunitario, pese a las críticas del sector europeo y de las quejas de España.

   "Siendo consciente de la relevancia de las importaciones de tomates en el mercado de la UE, la Comisión sigue con atención las cantidades que se importan. En este contexto, no tiene ninguna prueba de que se haya infringido el acuerdo", según ha respondido el comisario responsable de Aduanas, Algirdas Semeta, a una pregunta parlamentaria presentada por el eurodiputado Ramon Tremosa (CiU).

   Tremosa interpela a la Comisión para preguntarle se ha reforzado los controles sobre la entrada de producto marroquí al mercado comunitario, si Marruecos ha vulnerado el pacto con la UE y si esa situación ha repercutido en el "hundimiento" de los precios.

   En diciembre, España envió una carta al comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, para reclamar medidas urgentes, porque aseguraba que esta campaña ha entrado al mercado comunitario tomate marroquí a un precio inferior a los 46,1 euros por 100 kilos que la Unión Europea tiene pactado con el país magrebí.

   Ciolos dijo entonces que no había datos que apoyaran esa tesis y recordó a España que compete a los Estados miembros supervisar la entrada de las exportaciones.

   Por su parte, el comisario Semete explica en su respuesta a Tremosa que para el Ejecutivo comunitaria este caso es de "enorme importancia" y pide al eurodiputado que aporte "cualquier información que obre en su poder en relación con la posible infracción".

   También apunta el comisario de Aduanas que se han corregido algunas deficiencias para mejorar el contacto regular con los países de la UE afectados para evitar "discordancias" registradas en el pasado, al tiempo que se han simplificado los mecanismos de declaración en aduana, que han permitido una "sensible mejora".

Escuelas concertadas no descartan "medidas de fuerza" si el Consell no les paga

VALENCIA.- Los centros de educación concertada de la Comunitat Valenciana continúan proponiendo medidas para paliar la situación provocada por el impago de los gastos de funcionamiento por parte del Consell, al tiempo que confían en que, tal y como anunció la consellera del ramo, María José Catalá, este viernes se haga efectivo el pago de una parte de al deuda.    

   Así, Escuelas Católicas Comunidad Valenciana (ESCACV), que agrupa a más de 450 centros concertados en la Comunitat, ha advertido de que no descarta tomar "medidas de fuerza" en el caso de que no se lleve a cabo este primer pago por parte de la administración autonómica, ya que los centros están "muy decepcionados y con graves dificultades de funcionamiento".

   La organización celebró este miércoles tres asambleas simultáneas en sus sedes de Castellón, Valencia y Alicante con el objetivo de analizar la situación con la administración y la deuda pendiente de cobro por parte de los centros educativos y de la que Conselleria se ha comprometido a abonar una parte antes del día 20 de este mes.

   El encuentro "puso en evidencia las dificultades de los centros por el retraso, en este caso, de la partida de gastos de funcionamiento correspondientes al tercer trimestre del año pasado, que contempla los sueldos del personal de administración y servicios, así como los gastos de mantenimiento, la luz o el agua y cuya cantidad asciende, según la Conselleria, a unos 35 millones de euros", han recordado fuentes de la entidad en un comunicado.

   Durante el encuentro, la presidenta de ESCACV, Vicenta Rodríguez, comunicó el compromiso de la nueva consellera, confirmando que se trata de "una situación puntual", aunque también recordó que este es el tercer plazo propuesto desde Conselleria. "El compromiso de la Conselleria es pagar el tercer trimestre antes del 20 de enero y la consellera nos ha emplazado para, en reuniones posteriores, solucionar las demás deudas pendientes", explicó Rodríguez.

   Y es que, además de los gastos de funcionamiento del tercer y cuarto trimestres, la Conselleria tiene pendiente el pago de otras partidas a los centros concertados como las derivadas de los bonolibros, el bono infantil o módulos de formación profesional.

   La presidenta destacó la "fuerza" de los centros educativos de ESCACV, su amplio respaldo social y la necesidad de mantener informados a las familias y al profesorado de la situación de cada centro.

   Por su parte, la Federación de sindicatos independientes de enseñanza de la Comunitat Valenciana (Fsie) mantuvo ayer una entrevista con la consellera de Educación, Mª José Catalá, en la que le manifestó su rechazo al Decreto Ley de medidas de ajuste del Consell al entender que "no es la administración con quien se mantienen las relaciones laborales, sino con las empresas contratantes y que las relaciones entre trabajadores y empresas vienen legisladas por medio de un convenio colectivo en el que no participa la administración, siendo tan solo los sindicatos y las patronales firmantes del mismo quienes lo hacen".

   El sindicato destaca que el convenio colectivo tiene ámbito nacional y que con estas medidas vería reducida su eficacia, produciéndose un "ataque a la negociación colectiva".

   Al mismo tiempo, Fsie recalca que este Decreto Ley sólo podría tener efectos sobre el personal propio de la administración y no sobre quienes tienen pago delegado por parte de ella. Los motivos del rechazo al Decreto Ley en general "residen en la recesión que se produce en las condiciones económicas de los trabajadores para pagar una deuda que en ningún caso han generado los propios trabajadores", explican.

   El colectivo también propone la creación de una mesa general de centros sostenidos con fondos públicos, en los que participe tanto la educación pública como concertada.

   En la reunión también se planteó la necesidad de mantener reuniones periódicas y calendarizadas de los distintos foros en los que participa la enseñanza privada: mesa sindical, mesa de la enseñanza concertada y mesas técnicas.

CC.OO. calcula que uno de cada cuatro funcionarios puede perder su trabajo

ÁVILA.- La secretaria de Empleo y Migraciones de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, Paloma López Bermejo, ha estimado que el 25% de los empleados públicos son temporales e interinos, y que con los recortes "irán a la calle", por lo que ha pedido el reparto del trabajo.

   En una jornada sobre cambios en la legislación laboral, formación y empleo, López Bermejo ha propuesto "calibrar" lo que se hace para hacer "justamente lo contrario", que es "reducir los tiempos de trabajo para repartir el trabajo existente".

   López Bermejo ha dicho que la situación de recesión y la destrucción de empleo "van a continuar a lo largo del primer semestre de 2012", ante lo que ha propuesto "una apuesta firme por el mantenimiento del empleo y no por la destrucción".

   Por ello, ha instado al Gobierno a manifestar su postura sobre la reforma laboral porque "habla siempre de ella pero no concreta qué es exactamente lo que quiere", de manera que "debería apuntar ya en la dirección que quiere ir".

   El sindicato, ha dicho López Bermejo, ha propuesto cambios en el sistema financiero para favorecer la liquidez de las empresas, medidas para contener los precios evitando la subida del IVA, y no congelar los salarios.

   Al congelar los sueldos "no habrá capacidad de consumo", por lo que "quien tenga dinero ahorrará en previsión de lo que pueda ocurrir en un futuro y no consumirá", situación que puede generar "un problema de demanda".

Los impagos podrían provocar el cierre de colegios concertados en Alicante

MADRID.- La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) alerta de que los retrasos en los pagos a colegios concertados por parte de algunas administraciones autonómicas pueden provocar el cierre temporal de varios centros.

   El secretario general de FSIE, Jesús Pueyo, denuncia en un escrito la "delicada situación" que atraviesan los centros concertados en la Comunidad Valenciana, Baleares y Cataluña, que acumulan "varios meses" de impagos que afectan al funcionamiento de los centros y ocasionan un "grave perjuicio" al personal de administración y servicios "cuyo salario depende de esta partida económica".

   Asimismo, incide en que los centros empiezan a "no tener capacidad" para seguir funcionando por lo que su cierre "podría producirse de forma inminente, dejando a los alumnos sin clase y a los profesores sin empleo". Pueyo denuncia también que "prácticamente" solo se cubren con sustitutos las bajas por maternidad de profesores y las de especialistas en este tipo de centros.

   El secretario general de FSIE afirma que Navarra ha recortado un 3,6 por ciento el presupuesto para la enseñanza concertada que si bien no afectará directamente al profesorado sí lo hará en el funcionamiento de los centros. Sobre Extremadura, señala que el Gobierno de esta comunidad prevé en su Proyecto de Presupuesto un recorte de más de 17 millones de euros.

   En Galicia, subraya que hay un "claro incumplimiento" por parte de la Xunta de los acuerdos suscritos con los sindicatos en materia de equiparación retributiva con los funcionarios docentes y añade que en Asturias y Comunidad Valenciana hay "graves problemas" para que la administración abone a los docentes la paga extraordinaria por antigüedad reconocida en su convenio colectivo.

   "De forma generalizada la enseñanza concertada es discriminada en el acceso a los programas de apoyo o educativos como el bilingüismo o nuevas tecnologías", asevera Pueyo, que advierte de que son "muy pocos" los centros que pueden obtener de las administraciones las autorizaciones y financiación correspondiente a estas planes. "Tampoco las familias que eligen la enseñanza concertada se pueden acoger a las becas de comedor y transporte", añade.

   Respecto las declaraciones este jueves del ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, en las que aseguraba que hay "voluntad" de las comunidades autónomas del PP de conseguir recursos financieros para solucionar los retrasos en los pagos a los concertados, desde FSIE afirman que esta afirmación "no es suficiente".

   "Lo que deben hacer las administraciones es cumplir con la obligación marcada en la ley de garantizar la gratuidad de la enseñanza a coste real en los centros concertados", aseveran. Por eso,

exigen a los responsables políticos que "cesen ya los recortes" en educación y "cumplan su compromiso de invertir en educación para asegurar el futuro del país".

La fiscal al jurado: "¿Por qué es siempre 'El Bigotes' el que regala?"

VALENCIA.- La fiscal Míriam Segura ha destinado la parte final de su informe en la vista contra el expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps y el exsecretario general del PPCV y diputado, Ricardo Costa, por un delito de cohecho impropio pasivo en la 'causa de los trajes' derivada del 'caso Gürtel'-- a apelar directamente al jurado al que ha expuesto una serie de interrogantes que cree que se plantean en este caso, como la pregunta de "por qué es siempre Álvaro Pérez --considerado uno de los presuntos cabecillas de la trama-- el que regala y no recibe regalos?".

   "Hemos llegado hasta aquí y es su turno. Son los jueces de la causa y cada uno de ustedes es fundamental. Les pedimos que viendo las pruebas, sin odio ni afecto, como dice la ley, lleguen a su conclusión y valoren según su conciencia", ha manifestado la fiscal, en la parte de su informe, que se ha prolongado durante unas dos horas, en la que se ha dirigido directamente al jurado, a quien ha pedido que encaje las "piezas del puzzle".

   "¿Creen que es posible que una persona que supervisa los actos de su partido no sepa quién lo hace cuando son actos de la Generalitat?; ¿creen que se puede hacer una compra de encargo a medida y que en la tienda no se sepa quién la ha comprado y a quién deben llamar para recogerla?; Si era una relación meramente cordial, ¿por qué se hacen regalos tan personales que recogen tallas y medidas?; ¿Les regala algo alguien que no es de su círculo familiar?; ¿Por qué Álvaro Pérez dice que a ver si se jubila y deja de aguantar a políticos?", ha interrogado.

   Asimismo, ha dejado al aire las preguntas: "¿hacen regalos a las parejas o los hijos de sus amigos?; Si fueran a devolver regalos valiosos... ¿se pondrían a hablar de si les vale la talla y el tamaño?; Si hubieran hecho algo tan importante como mandar una circular interna para tratar el tema de los regalos en 2003, no la hubieran aportado a la causa?; Si estuvieran en una situación delicada y la secretaria hubiera pagado de la forma alegada el regalo, no la hubieran hecho venir?".

   La fiscal también ha preguntado, ante las afirmaciones de Camps de que no pagaba con tarjeta, si no es "más fácil que los ciudadanos piensen que se carga a protocolo restaurantes antes que prendas de vestir". Otra de las cuestiones planteadas al jurado es si algún amigo les ha recogido trajes, los ha pagado o les ha llevado a alguien para medidas".

   "¿Cuántos mensajes han recibido del tipo con las medidas del señor Camps?", ha insistido y ha incidido en preguntas como: "si uno no ha hecho nada irregular, ¿por qué muestra tanta preocupación por el hecho de que pudiera haber una investigación?", o del estilo de si todas las conversaciones grabadas y reproducidas en la sala sobre "regalos circunstanciales, no nos llevan a la otra consideración".

   Asimismo, ha recordado las palabras de Álvaro Pérez indicando a Camps "fíjate si te debo". "¿Tiene algún tipo de lógica que quien hace los regalos diga 'fíjate si te debo'?", plantea y concluye: "¿es posible que sea una conspiración donde han participado jueces, policías, interventor del Estado y personas que han trabajado en tiendas?".

La fiscal expone 18 motivos que cree probados para condenar a Camps y Costa y niega que sea un "juicio político"

VALENCIA.- La fiscal Míriam Segura, encargada de exponer el informe final de la acusación pública en el juicio contra el expresidente de la Generalitat Francisco Camps y el ex secretario general del PPCV y diputado, Ricardo Costa, por un delito de cohecho impropio pasivo en la 'causa de los trajes' derivada del 'caso Gürtel', ha expuesto hasta 18 motivos que considera que han quedado probados para condenar a ambos acusados en un juicio que ha negado que sea "político" y en el que ha recalcado que esta parte no ha recibido "ninguna indicación" para sostener su acusación.

   "¿Alguien les ha preguntado a quién votan?", ha preguntado al jurado, para, a continuación, incidir en que la referencia al juicio político solo la ha realizado Camps en sus declaraciones cuando aseguró que "había venido aquí a demostrar que los valencianos no votaron por un presidente inocente". Por contra, ha hecho hincapié en que la Fiscalía "solo ha hablado de trajes, de tickets y todas las cosas que tienen que ver con hechos descritos" en su calificación, al tiempo que ha subrayado que el Código Penal es "para todos los funcionarios públicos" y "nadie está por encima de la ley".

   En una exposición en la que ha ido detallando al jurado los folios en los que sustenta sus acusaciones, ha destacado al tribunal popular que en este caso no se debe hacer "actos de fe", ya que va a poder tener a su alcance toda la información, por lo que pide que usen el sentido común. "No solo es que se hicieron los regalos, sino que fueron en función de cargo público", ha manifestado, para señalar que es "muy difícil" desligar cuándo se ve a una persona de su faceta pública y de la privada y para concluir con que existe prueba "suficiente y abundante" de que ambos recibieron regalos en consideración a su cargo público.

   Al tiempo, ha cuestionado las alegaciones aducidas sobre que es un proceso "absurdo", que se han "ocultado pruebas" por parte del fiscal y por que la causa haya procedido de Madrid "como si esto fuera una cuestión territorial". Asimismo, ha rechazado la "teoría del montaje" en el caso de la versión del 'director de moda' José Tomás, y que la intervención de los peritos de Hacienda, en especial la de los que analizaron los pagos a través de la caja B del grupo Correa, y la Policía pueda suscitar dudas.

   En todo caso, ha incidido en que en esta causa han visto la existencia de delito, no solamente la Fiscalía, sino también jueces de la Audiencia Nacional, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el instructor en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. En esta línea, ha añadido que la única resolución que existe en este proceso decidida por el Tribunal Supremo acordó en mayo de 2010 que siguiera adelante el procedimiento.

   Así, ha alegado que existe prueba documental del encargo de prendas para los dos acusados en Milano y Forever Young --cuyo cruce de documentos acredita que 'Camps nuevo cliente' es Francisco Camps, como dijo la mayoría de testigos--; de la confección y del envío de las prendas a Valencia.

   Como cuarto punto, sostiene que existe prueba documental del pago de las prendas de vestir por personas distintas a los acusados, no solo por declaraciones sino también por la documentación proporcionada por cuatro bancos. En relación con Forever Young, ha destacado que, además de cheques bancarios, hubo "tres grandes pagos": uno en 2007 que se corresponde con el "famoso documento 71" por 30.678,9 euros; otro por 36.000 y un tercero por 4.040.

   En el quinto apartado, recalca la existencia de prueba documental de que las compras se disfrazaron con facturas que recogían conceptos falsos y que existen numerosos testigos que confirman los hechos que sostiene la acusación, y que son "creíbles" porque concuerdan testimonios y "no tienen motivos para mentir".

   De ellos, ha señalado empleados de Cortefiel, Milano y Forever Young, testigos que confirmaron la versión de José Tomás, del que ha destacado que fue la primera persona que habló en un juzgado de las compras para cargos públicos por parte de empresas de la trama y del que ha rechazado que su declaración pudiera estar influida por la "animadversión" hacia el dueño de Forever, Eduardo Hinojosa, al que está enfrentado laboralmente.

   Respecto a las declaraciones de los considerados presuntos cabecillas de la trama --Francisco Correa, Álvaro Pérez y Pablo Crespo-- ha señalado que no declararon porque están procesados en otras causas lo que les presenta un "conflicto que les dificulta para poder decir la verdad".

   En relación con la contable de Forever Young, Raquel Vázquez, y del propio Hinojosa, ha resaltado que sus versiones no concuerdan con el resto de testimonios, pero en el caso de la primera, ha subrayado que mantiene una posición "comprometida" por su relación laboral, mientras que el segundo contestó con "ambigüedades e imprecisiones". Por ello, ha avanzado que, cuando haya veredicto, esta parte valorará si se puede haber producido falsedad en este juicio en relación con estos testigos.

   En el punto nueve, ha situado la declaración de los peritos de la Agencia Tributaria que confirmaron que hubo confección y pagos mediante cheque y transferencia. En el mismo sentido se ha pronunciado sobre la pericial realizada sobre los pagos en metálico, el apartado diez, que confirma que hubo pagos en efectivo de prendas.

   En esta línea, ha fijado como eslabones once y doce las declaraciones de auditores de Milano, que confirmó que el establecimiento vendió las prendas y cobró el importe, y el de Forever Young, confirmó la existencia de pagos. La fiscal ha contabilizado en decimotercer lugar la declaración de los inspectores de Policía que llegaron a la conclusión en sus informes periciales que el grupo tenía como estrategia hacer regalos y que, dentro de ella, estaban los que hicieron a Camps y Costa.

   Para la fiscal, el punto 14 es la pericial que confirmó la voz de Álvaro Pérez en las llamadas grabadas por la Policía. Dentro de ella, sitúa en decimoquinto lugar, las conversaciones que reflejan regalos circunstanciales que ayudan a comprobar si existe "complacencia" o no en la recepción de los presentes y que las actuaciones llevadas a cabo por 'El Bigotes' también se centraron en cuestiones que no tenían que ver con el partido sino con actos institucionales así como la preocupación que había en el grupo Correa por una posible investigación en relación con Milano.

   Asimismo, ha destacado como punto 16 la documentación intervenida en los registros que pone "blanco sobre negro" la existencia de la caja B, con coincidencias en apuntes entre la del grupo Correa y Orange Market, con una salida de esta última coincidente con un pago de prendas a Camps en Milano.

   En penúltimo lugar, ha destacado las condenas por conformidad del exvicepresidente del Consell Víctor Campos y del exjefe de Gabinete de la Conselleria de Turisme Rafael Betoret por hechos similares y ha concluido, como último punto, con las declaraciones de ambos acusados, que negaron los hechos, aunque para la fiscal se trata de una prueba de descargo "escasa e inconsistente".

   Según ha sostenido, "Camps habló del montaje terrible y muchas cosas", aunque también ha dicho que contestó "muchas" que no tenían que ver con lo preguntado. "Lo cierto es que habló poco de los trajes y muchas sobre aspectos personales y profesionales", ha estimado, al tiempo que cree que ejerció su derecho a no declarar la verdad.

   Sobre Costa, ha destacado que su testimonio se contradice con la información que obra en el procedimiento y ha señalado que hubiera sido deseable poder conocer la versión de su secretaria --que no ha sido llamada a declarar-- en relación con el pago de unas prendas como así declaró.

Bonig dice que la venta de viviendas a extranjeros juega un papel "fundamental" en la recuperación

VALENCIA.- La consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, ha destacado este jueves la apuesta del Consell por la venta de viviendas de segunda residencia a extranjeros, un sector que supone un volumen de exportación "similar en cuanto a cifras a la automoción y la agricultura" y que es "fundamental" para la recuperación económica de la Comunitat.

   Así se ha pronunciado Bonig en una rueda de prensa momentos antes de asistir a un almuerzo de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) junto al presidente de la misma, Vicente Boluda. La consellera ha detallado que este será uno de los puntos sobre los que informará a los miembros de la entidad, dado que sus datos son "espectaculares".

   En este sentido, ha informado de que en 2006, el "año dorado de la venta de viviendas a extranjeros", entraron por medio de estas transacciones un total de 4.400 millones de euros a la Comunitat, mientras que en 2010 se llegó casi a los 1.346 millones, como consecuencia de la crisis y "también de la imagen catastrófica que del urbanismo de la Comunidad Valenciana se dio por parte de algunos grupos políticos y de presión, interesados en destruir la imagen y el potencial" de la región, ha apuntado Bonig.

   Según los datos notariales y registrales del segundo semestre de 2011, se produjo en este periodo un "ligero repunte", con la venta de 2.887 viviendas de segunda residencia a ciudadanos extranjeros, el 30 por ciento de las vendidas a este sector en el conjunto del país.

   Por ello, ha insistido en que la intención de la Conselleria es "contar con todos los sectores implicados", mejorar la seguridad jurídica en todo tipo de promociones en compraventa --"que la hay", ha apostillado--, y contar con el Instituto Valenciano de Exportación (IVEX) para que se contemple esta área con "como un motor ce crecimiento.

   Asimismo, ha hecho especial hincapié en la necesidad de transmitir una visión positiva del urbanismo valenciano tras esa "campaña brutal" en su contra realizada por "algunos partidos políticos y lobbys de presión" que, ha lamentado, "hicieron muchísimo daño".

   No obstante, ha subrayado que la Justicia europea ha puesto "las cosas en su sitio" al respecto al avalar la Ley de Urbanismo valenciana. "Hay cosas que se han hecho mal, pero para eso están los tribunales", ha apuntado Bonig. A su juicio, aquellos que en su día denunciaron el "urbanismo atroz" del Gobierno autonómico deberían realizar ahora "una reflexión profunda".

   Otro de los temas que Bonig ha destacado ante los miembros de AVE es la necesidad de mantener la apuesta por el Corredor Mediterráneo, un reto que ha calificado de "fundamental" y que supone "la infraestructura más importante y que más beneficio aportará" tanto a la economía valenciana como al conjunto del país.

   "O nos subimos a este carro o perderemos muchísimas posibilidades", ha insistido la consellera, que ha apuntado que las dificultades económicas no pueden ser un "obstáculo" para ejecutar este proyecto.

   Al respecto, ha asegurado que su departamento reclamará al Consell que se prioricen las infraestructuras, como ésta, necesarias, y que se reivindicará también ante el Gobierno central su puesta en marcha "con igual firmeza" con la que se hizo al anterior Ejecutivo socialista, aunque se ha mostrado convencida de que ahora "se conseguirá más eco, más cariño y más comprensión".

   "No podemos parar en una infraestructura en la que nos va nuestro desarrollo", ha recalcado Bonig, que ha subrayado nuevamente la importancia de esta infraestructura ferroviaria para el liderazgo de los puertos valencianos y el incremento de la competitividad de la región.

   En este sentido, ha señalado que el Consell está elaborando el proyecto de viabilidad del tercer carril para efectuar esta conexión de los puertos valencianos por tren a Europa, aunque se ha mostrado "cauta" sobre esta actuación.

   No obstante, sí ha lamentado que la Comunitat no disponga de este ancho europeo mientras el anterior Ejecutivo asumió la inversión para realizar esa conexión con Europa del puerto de Barcelona, sin necesidad de inversión autonómica.

   Asimismo, también ha señalado que los grandes proyectos ferroviarios y logísticos son en estos momentos los más proclives a realizarse mediante la colaboración público-privada y, entre ellos, destaca el Corredor Mediterráneo.

   "Desgraciadamente o afortunadamente el escenario ha cambiado", ha indicado Bonig, que ha señalado que ahora este modelo se plantea "para grandes inversiones en cuestiones ferroviarias y de logística más que en las clásicas concesiones de peajes en sombra".

   No obstante, ha apuntado que al final, los actores principales en este contexto son las entidades financieras, "que son las que dan crédito", ha concluido.

EUPV pide la comparecencia de Camps, Zaplana y Olivas en la comisión de investigación de la CAM en las Corts

VALENCIA.- El grupo parlamentario EUPV en las Corts ha pedido que comparezcan en la comisión de investigación sobre Caja Mediterráneo (CAM) creada en la cámara autonómica los expresidentes de la Generalitat Francisco Camps, Eduardo Zaplana y José Luis Olivas, por considerar que "tienen mucho que decir sobre su responsabilidad respecto de las decisiones políticas y no políticas sobre la caja de ahorros".

   Así lo ha explicado en rueda de prensa el portavoz adjunto de EUPV, Lluís Torró, que, junto a la diputada Esther López Barceló, ha explicado la propuesta de este grupo para la comisión de investigación de la CAM. El plazo para presentar estos planes de trabajos finaliza este viernes. Ese mismo día, la Mesa de las Corts se reunirá y decidirá el plan a seguir.

   Torró ha criticado que ni EUPV ni Compromís estén representados en la Mesa y teme que el PP "utilice su mayoría absoluta para que no se produzca lo que debería de producirse" en este tema. "El PP tiene una responsabilidad política muy importante y eso la comisión de investigación lo debe de aclarar", ha subrayado.

   La propuesta de EUPV también reclama las comparecencias de los exvicepresidentes del Consell Vicente Rambla y Gerardo Camps; del actual conseller de Hacienda y Administracion Pública, José Manuel Vela; y de los exdirectores generales del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) José Manuel Uncio y Enrique Pérez Boada, así como del actual responsable de esta entidad, Jorge Vela. Al respecto, Torró ha argumentado que el IVF "es igual de responsable, si no más, que el Banco de España" de la situación de la CAM.

    Asimismo, solicita que comparezcan los dos últimos gobernadores del Banco de España, Jaime Caruana y Miguel Ángel Fernández Ordoñez, y el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Julio Segura.

   Además, el grupo parlamentario propone que expliquen su función en las Corts los directivos de la cúpula de la CAM, especialmente los que han ostentado esta responsabilidad en los últimos años, así como representantes de los trabajadores, el abogado Diego de Ramón que ha presentado varias querellas sobre la caja y un integrante de la Plataforma de Afectados por el Engaño de la CAM y del Banco de España.

   Respecto a la documentación, el portavoz adjunto de EUPV ha explicado que pedirán los balances de la empresa CAM Capital SA y de Tenedora de Inversiones y Participaciones SL. También solicitarán informes de viabilidad en poder de la CAM sobre los proyectos Terra Mítica, Cabo Cortés, Novo Carthago, Puntas de Calnegre, Polaris World, Residencial Francisco Hernando y sobre la adquisición de la sociedad mexicana Crédito Inmobiliario, entre otras.

   Lluís Torró considera que en la comisión de investigación se debe analizar la gestión de la caja alicantina para conocer todo el proceso que ha llevado a su "quiebra", así como aclarar su estrategia empresarial y el proceso que ha conducido a la adquisición de Banco CAM por parte del Banco Sabadell. Del mismo modo, considera que se deberán depurar las responsabilidades personales que se hayan podido derivar de la gestión de la entidad.

   Preguntado por si la comisión en las Corts puede verse afectada por las investigaciones que lleva a cabo la Justicia, Torró considera que "no deberían de generarse interferencias" dado que "son dos vías diferentes". Así, ha precisado que "una comisión de investigación no va a juzgar penal ni civilmente a nadie", sino que "se trata de establecer una valoración política sobre unos hechos determinados".

   Por su parte, Esther López Barceló ha denunciado que las cajas se han convertido "en instrumentos para alimentar financieramente la especulación urbanística y los despropósitos megalómanos de algunas administraciones", a lo que ha añadido que las cajas valencianas "han sido los exponentes más destacados".

   Según la diputada, en marzo de 2011 el "agujero" en las cuentas de la CAM era de 4.587 millones de euros, "la morosidad más alta del sistema financiero español". Al respecto, ha dicho que algunos problemas financieros de la caja son de "naturaleza partidista" mientras que otros se derivan "de una mala gestión comercial, especialmente de su implicación en el sector inmobiliario".

   Asimismo, López Barceló ha denunciado que la cúpula de la CAM "se haya dedicado a prestar dinero en condiciones privilegiadas a los consejeros, cosa prohibida por la Ley de Cajas Valencianas" y que, además, "se han querido asegurar prejubilaciones o indeminizaciones millonarias". Por este motivo, considera que existen "claros indicios de corrupción en la gestión que deberían ser clarificados".