Imponen una fianza de 25,8 millones de euros a cinco exdirectivos de la CAM para que no se fuguen

MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha impuesto una fianza de 25,8 millones de euros para cinco exdirectivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), a petición de la acusación particular del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), según han informado fuentes jurídicas.

   Se trata de una fianza solidaria que el magistrado ha impuesto en previsión de una posible futura condena que supondría a la antigua cúpula de la CAM la obligación de hacer frente a la responsabilidad civil por los daños económicos generados a la caja.

   Gómez Bermúdez ya había retirado el pasaporte a los exdirectores generales de la CAM María Dolores Amorós y Roberto López Abad y había ordenado que ambos comparezcan cada 15 días en los juzgados más próximos a su domicilio. Las medidas impuestas apuntan a la apreciación por parte de Gómez Bermúdez de un evidente riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.

   Los otros tres imputados en la causa que investiga las irregularidades en la gestión de la caja alicantina  --el exdirector general de Recursos Vicente Soriano Terol, el exdirector de Planificación y Control Teófilo Sogorb y el expresidente Modesto Crespo-- habían quedado libres sin la imposición de medidas cautelares.
Los inspectores del Banco de España elaboraron un informe en el mes de enero en el que denunciaban graves deficiencias en la gestión de la caja, que iban desde pérdidas millonarias en inversiones inmobiliarias arriesgadas hasta el cobro de onerosas prejubilaciones tramitadas de manera irregular.
La instrucción del caso continuará después del verano, cuando las partes pidan nuevas diligencias, aunque según indicaron hoy fuentes cercanas al caso, la Fiscalía Anticorrupción esperará a contar con toda la documentación antes de solicitarlas.

   La CAM fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de 2011 y sustituyó a sus administradores, además de aprobar una inyección de 2.800 millones de euros por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que elaboró los informes donde se describen las numerosas irregularidades cometidas por los antiguos gestores, sobre todo en la concesión de créditos al sector inmobiliario y en la concesión de pensiones vitalicias para la cúpula directiva.

   En marzo de 2011, los gestores de la caja de ahorros, actualmente propiedad del Banco Sabadell --que se la adjudicó por un euro-- comunicaron a las autoridades financieras unos beneficios de 38,9 millones de euros cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones de euros.

El Comité de Ética del PP trazará líneas de conducta "casi imperceptibles pero importantes para la ciudadanía"

ALICANTE.- El presidente del Comité de Ética del PP en la provincia de Alicante, Pascual Díaz, ha explicado que este nuevo órgano tendrá como función principal la de "asesorar y trazar líneas, que son casi imperceptibles, pero que para los ciudadanos son muy importantes", y que irán encaminadas a vigilar el buen cumplimiento del código ético de transparencia y ejemplaridad del partido.

   Junto al también diputado provincial y alcalde de Petrel, el comité de ética estará compuesto por Andrés Ferrer, en el cargo de secretario, así como por el edil de Torrevieja y diputado provincial Joaquín Albaladejo, por el alcalde de la Vall d'Alcalá, Juan José Sendra y por la edil de Elda y senadora, Virginia Romero.

   Pascual Díaz ha resaltado la apuesta de la nueva dirección provincial del PP, encabezada por José Císcar, "por la ejemplaridad de los comportamientos en una etapa en la que más que nunca, la ciudadanía reclama a los políticos que asuman responsabilidad no solamente en lo legal sino también en lo personal".

   Por ello, el Comité de Ética, que también se encuentra en fase de constitución en la provincia de Castellón, se encargará de "observar las conductas y el cumplimiento de un código ético de transparencia y ejemplaridad, además de asesorar e instruir sobre el mismo en el supuesto en el que hubiera que actuar, tanto individual como colectivamente, y elaborar informes sobre pautas de conducta de determinadas situaciones", ha indicado.

   "Esas serían las pautas generales, es como trazar la línea de comportamientos ejemplares, porque creo que es lo que los ciudadanos en este momento nos están demandando", ha reiterado, para hacer hincapié en que "esas líneas son casi imperceptibles, pero que para los ciudadanos son muy importantes".

   Esta labor de "perfilar" lo que los militantes y cargos del PP "deben hacer y hasta dónde pueden hacerlo", en ningún caso "va a chocar con la labor del Comité de Derechos y Garantías" del PP, encargado de evaluar situaciones jurídicas de los miembros del partido, sino que "va a complementar este tipo de trabajo", ha aclarado.

   Por ello, el nuevo órgano no tendrá capacidad sancionadora, ni podrá abrir expediente a ningún cargo sospechoso de vulnerar el código de buenas prácticas del partido, al que sin embargo sí pedirá explicaciones sobre su supuesta conducta "indecorosa".

   Una vez sea definida exactamente cuál será su línea de trabajo a partir de septiembre, el Comité de Ética empezará a funcionar a pleno rendimiento en los próximos meses.

Infraestructuras revisará en Alicante el Plan Bahía Norte para hacerlo más accesible y ajustarlo a la situación económica

ALICANTE.- La Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente va a estudiar una nueva solución para el paseo previsto en el Plan Bahía Norte de la ciudad de Alicante, con el fin de hacerlo "más acorde con la situación económica" actual pero sin que el proyecto "pierda calidad", según ha informado en comunicado la Generalitat valenciana. 

   Así, la administración autonómica va a replantear parte del diseño y los materiales previstos, con el fin de abaratar los presupuestos, pero sin perder el objetivo funcional del proyecto, que es "devolver a Alicante un espacio natural para que los ciudadanos puedan disfrutarlo".

   La primera fase Plan Bahía Norte que está en ejecución en la actualidad corresponde al tramo litoral comprendido entre el Real Club de Regatas y el promontorio de Finca Adoc, cuya longitud total es de aproximadamente 200 metros.

   La puesta en servicio del ramal de la Marina del tranvía de Alicante permitió liberar en su día esa sección de la costa de la infraestructura ferroviaria, lo que dio lugar a esta actuación, han indicado.

   El proyecto pretende la "máxima" integración paisajística en el lugar y la recuperación natural del borde costero, un lugar históricamente inaccesible, que ha permanecido completamente degradado por el paso de las infraestructuras.

El CJC autoriza a Calpe a rescindir el contrato de tratamiento de basuras con una empresa de Fenoll

ALICANTE.- El alcalde de Calpe, César Sánchez, ha recibido una notificación del Consell Jurídic Consultiu (CJC) en la que este órgano autoriza al Ayuntamiento a iniciar acciones legales para la rescisión del contrato con la mercantil Colsur, propiedad del empresario Ángel Fenoll, imputado en una de las ramas derivadas del caso Brugal, que se encarga del servicio municipal de tratamiento y eliminación de residuos sólidos, según ha informado en un comunicado el consistorio.

   Según el Ayuntamiento, "Sánchez pretendía contar con las máximas garantías legales para no ocasionar ninguna merma económica" al consistorio, "al emprender un procedimiento judicial para la rescisión de la relación contractual" con la mercantil.

   Por su parte, el alcalde ha afirmado que el gobierno iniciará la disolución del contrato "para defender los intereses de los ciudadanos y el destino de sus impuestos", y ha apuntado que "se han medido todos los pasos legales para actuar en interés del Ayuntamiento y de sus vecinos con las máximas garantías que ofrece la ley, para que ningún paso erróneo pueda cuestionar legalmente esta decisión", ha añadido.

   Del mismo modo, el consistorio ha recordado que la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente señaló que desde el 12 de noviembre de 2001, Calpe pertenece al ámbito territorial del Plan Zonal XV, por lo que procedería que la totalidad de los residuos de la localidad fueran tratados en dicho plan, "como lo hacen los demás municipios de la zona quince".

   Con la rescisión de este contrato, el Ayuntamiento ha anunciado que llevará las basuras a El Campello, lo que, según ha explicado, ha obligado a dejar sobre la mesa la modificación del contrato con Acciona, responsable de la recogida viaria de residuos sólidos, "para contemplar la posibilidad del traslado, ya que, en principio, la planta del Barranc Salat --una partida de Calpe-- dejará de prestar el servicio de tratamiento de residuos".

   Por otra parte, el pleno municipal ha aprobado el presupuesto para 2012, unas cuentas de las que el primer edil ha indicado que "es un presupuesto realista, obligado por las circunstancias municipales; social, para atender las necesidades de quienes más lo necesitan; justo, porque intenta repartir el sacrificio necesario ante la situación heredada, y coherente, porque pretende alcanzar una administración sencilla, eficiente, diáfana y transparente".

   El Ayuntamiento ha expuesto que el presupuesto, "el más austero de los últimos 12 años", es inferior al fijado en 2001, y que, al mismo tiempo, rebaja en más de 10 millones de euros el presupuesto prorrogado de 2007, lo que supone un 29 por ciento de bajada.

   Igualmente, las cuentas para el presente año son inferiores en cuatro millones a las aprobadas en septiembre de 2011 por el actual gobierno "para encauzar la ficción financiera en la que ha vivido el consistorio", en opinión de Sánchez.

   Por último, la sesión plenaria ha aprobado "por unanimidad" que los concejales no cobren por asistir a comisiones informativas, juntas de gobierno y sesiones plenarias con carácter extraordinario.

El Grupo Popular de Jávea expulsa a su portavoz y cabeza de lista en las últimas elecciones municipales

JÁVEA.- Los concejales del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Jávea han expulsado al hasta ahora portavoz municipal y candidato a la alcaldía en las últimas elecciones, José Juan Castelló, con el que mantenían "importantes discrepancias", según ha explicado uno de los ediles populares, José Luis Genovés.

   Las desavenencias dentro del grupo del PP llevaron a los ediles populares a registrar, a las 14.00 horas de este jueves, un escrito en la secretaría del Ayuntamiento, en la que daban conocimiento de su decisión de expulsar a su portavoz del grupo municipal. Con ello, el Grupo Popular, que se encuentra en la oposición, pasa a quedarse con cuatro ediles.

   Así, en el pleno ordinario celebrado a las 20.00 horas del jueves, el hasta ahora portavoz adjunto y nuevo síndic del grupo, José Luis Genovés, aprovechó el turno de ruegos y preguntas para hacer pública la decisión por la que Castelló pasará a ser un concejal 'no adscrito'.

    Genovés ha recordado que los problemas con el portavoz "venían ya de largo", y se había pedido reiteradamente "que la situación se recondujera" para mejorar la coordinación y la comunicación dentro del grupo.

   Además, ha asegurado que la dirección provincial del PP "tenía conocimiento pleno de todo, porque esto era un clamor", pero ante la ausencia de soluciones, los componentes del Grupo Popular ha optado por la esta solución, la "más fácil" en términos burocráticos.

Cuanto más ganan las cajas de ahorro, menos invierten en obra social / Manuel Ansede

MADRID.- Uno de los pilares de las cajas de ahorros españolas, la obra social, está corrompido. Entre 1996 y 2006, cuando el llamado milagro económico español asombraba al mundo y las cajas amasaban dinero, cuanto mayor fue la rentabilidad económica y financiera de las cajas, menor fue su inversión en obra social. Al contrario de lo que sucede en otros países, en España se cumplió al dedillo la llamada “hipótesis del oportunismo de los directivos”, según explican en un nuevo estudio investigadores de la Universidad de León.

Esta hipótesis sostiene que los directivos de las empresas pueden perseguir sus intereses privados al margen de los del resto de accionistas de la compañía. En el caso de las cajas de ahorros, el sueldo de los altos cargos está vinculado a los beneficios a corto plazo, por lo que “los directivos podrían reducir las actividades de responsabilidad social corporativa para maximizar sus ingresos personales a corto plazo”, sostiene el trabajo, firmado por los economistas Almudena Martínez, Laura Cabeza y Federico Marbella.

Los recursos económicos destinados a obra social por el conjunto de cajas de ahorros españolas pasaron de 515 millones de euros en 1996 a casi 1.693 millones en 2006, un 229% de crecimiento acumulado. Sin embargo, estas cifras son un espejismo. En términos relativos sobre el beneficio neto de las cajas, la inversión en obra social cayó un 7,4% en plena época de vacas gordas.

Más recortes

Los autores creen que con la crisis y el actual proceso de reestructuración de las cajas siguen los recortes en la dotación a obra social, como constata el último informe de la Fundación Empresa y Sociedad, y “parece razonable esperar que tales recortes se potencien todavía más” en el futuro inmediato.

Los economistas de la Universidad de León hacen un llamamiento a “la adopción de medidas oportunas por parte de las instituciones públicas a fin de evitar o, al menos, controlar el posible oportunismo directivo en este sector”. Las cajas de ahorros se definen a sí mismas como “fundaciones de carácter privado que combinan dos funciones, una financiera y otra social”. No tienen obligación legal de invertir en obra social, pero es una tradición y su marketing se basa en proclamar que “el carácter social orienta cualquier actividad de las cajas”. Además, obtienen beneficios fiscales por ello.

La primera autora del trabajo, Almudena Martínez, subraya que ese descenso del 7,4% en la inversión en pleno boom económico “no es una caída sutil, porque aplicando la técnica estadística a las bases de datos hemos visto que las relaciones negativas entre obra social y rentabilidad económica y financiera son relevantes y se sostienen en el tiempo”. Martínez cree que la evolución del porcentaje de los beneficios dedicados a obra social “ha ido a peor desde 2006″, a medida que el pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha dejado a las cajas con menos ingresos. Ayer,  la Confederación Española de Cajas de Ahorros reconoció que invirtieron un 23% menos en obra social en 2011, solo 1.125 millones de euros, sin hablar de términos relativos sobre su beneficio neto. Esta cifra tan baja de inversión no se veía desde 2003.

Los investigadores han manejado datos del periodo entre 1996 y 2006, año en el que en España había 47 cajas de ahorros. Ahora, tras las fusiones, son 15 grupos. “El panorama ya no tiene nada que ver, pero nuestros resultados sirven para ayudar a explicar cómo hemos llegado a la situación económica actual”, añade Martínez. El saneamiento de la banca española puede generar unas pérdidas de 41.000 millones de euros para los ciudadanos, unos 868 euros por persona, según un reciente estudio de la Fundación Ideas.

Dinero para el ladrillo

Martínez recuerda que la teoría más aceptada dice que la responsabilidad social corporativa mejora el resultado financiero de una empresa. La sorpresa saltó al aplicar este marco teórico general al marco concreto de las cajas de ahorros españolas. “Pensábamos que nos íbamos a encontrar una relación positiva, pero salió todo lo contrario. Luego, indagando en la peculiaridad del sector, tiene sentido”, explica Martínez.

El trabajo, que se publica en Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa, asegura que “ante unos buenos resultados económicos, los órganos de gobierno de las cajas optarán por reducir los gastos en obra social a fin de optimizar su función de utilidad particular”, sin dar muchos más detalles. Por teléfono, Martínez es más clara. “A los directivos les compensaba más invertir en otro tipo de actividades, como el sector inmobiliario, con más beneficios a corto plazo y réditos políticos”, explica.

Así ocurrió, por ejemplo, con la Caja de Ahorros del Mediterráneo, que financió los megaproyectos del Gobierno de la Comunidad Valenciana de Francisco Camps, como la Ciudad de las Artes, Terra Mítica y la Ciudad de la Luz. Ahora la Comunidad Valenciana ha sido la primera autonomía en pedir el rescate al Gobierno central y la Caja de Ahorros del Mediterráneo ha sido intervenida y cinco de sus directivos están imputados por estafa. En Madrid, 33 directivos de Bankia, tanto del PP como del PSOE e IU, están imputados en el juicio a la entidad. Entre todos, ganaron 14 millones de euros en 2011.

Una “madeja de relaciones”

El economista Félix López Iturriaga, de la Universidad de Valladolid, da la bienvenida al trabajo de sus colegas. “Este análisis muestra que se puede llegar a una situación en la que los directivos gestionan una entidad en beneficio personal”, señala. López Iturriaga, autor de un análisis sobre la obra social de las cajas de ahorros, recuerda la “madeja de relaciones” que aparece en los órganos de gobierno de estas entidades financieras.

Estos órganos rectores funcionan como un “coto cerrado de intereses políticos y económicos” dejando de lado a las personas que ingresan dinero en las cajas, según llevan años denunciando grupos como la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros. Así ocurrió por ejemplo en Caja Madrid, donde el exvicepresidente económico de Aznar, Rodrigo Rato, alcanzó la presidencia en 2010 tras una guerra interna en el PP. En el caso de Caja Castilla-La Mancha, primera caja intervenida por el Banco de España, su presidente, Juan Pedro Hernández Moltó, era un exdiputado del PSOE. Ahora es investigado por la Fiscalía Anticorrupción.

Francisco Abad, uno de los padres de la Fundación Empresa y Sociedad, admite que los nuevos datos son “bastante lamentables”, pero llama a “no generalizar”. A su juicio, La Caixa y Kutxabank son ejemplos de entidades que sí lo han hecho bien. “Otras cajas de ahorros prefirieron dedicar menos a obra social y más al sector inmobiliario o a grandes eventos con mucho retorno político. Hay que hacer borrón y cuenta nueva”, propone.

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Un círculo vicioso

Los economistas de la Universidad de León no sólo culpan a los directivos de las cajas. En España, un país con poca tradición en el consumo responsable, un mayor gasto en obra social no se tradujo en un mayor número de clientes para las cajas de ahorros, así que se produjo un círculo vicioso. “Un menor gasto en obra social conduce a un mejor resultado financiero de las cajas, lo que a su vez incentiva a sus directivos a abordar una menor inversión en obra social en pro de la función financiera”, resumen los autores.

Los estudios internacionales muestran que debería ocurrir al revés.  La mayor parte de estos trabajos concluye que la responsabilidad social corporativa y el resultado financiero se relacionan en un círculo virtuoso: más obra social, mejor imagen, más dinero y así sucesivamente. Un metaanálisis de investigadores de las universidades de Iowa (EEUU) y Sídney (Australia) ya sugería este círculo virtuoso en 2003.

http://esmateria.com/2012/07/26/cuanto-mas-ganan-las-cajas-de-ahorros-menos-invierten-en-obra-social

Castedo dice que no va a dar "explicaciones de lo que va a hacer" o va a "dejar de hacer" en la causa del PGOU

ALICANTE.-   La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ha manifestado este jueves que no va a "estar continuamente dando explicaciones" de lo que va a hacer o va a dejar de hacer en relación a la causa derivada del caso Brugal que investiga posibles irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, por la que el juez instructor ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) su imputación.

   Castedo se ha expresado en estos términos a los periodistas tras asistir a las celebraciones del Día de la ciudad, y al ser preguntada sobre la posibilidad de que se esté planteando abandonar su escaño de diputada autonómica en las Corts Valencianes, lo que dejaría la causa en Alicante y podría agilizar el proceso judicial.

   "Ni lo voy a afirmar ni lo voy a desmentir, porque no tengo que estar continuamente dando explicaciones de lo que voy a hacer o voy a dejar de hacer. Si tomo la decisión la tomaré, y si no la tomo, no la tomaré, pero no voy a dar ningún tipo de explicaciones", ha subrayado la primera edil.

   "No voy a dar explicaciones de si me lo estoy planteando o no, porque entonces tendríamos noticias durante un mes y medio más y, sinceramente, creo que hay cosas mucho más importantes y que preocupan más a la ciudad que si yo sigo en Valencia o no, que creo que no es importante, y si en algún momento tomara alguna decisión sobre eso, evidentemente, los primeros en enterarse sería mi partido", ha enfatizado.

   Al ser preguntada sobre si se personará en la causa, ha señalado que "en el momento en que lo tenga que hacer" lo hará, y sobre la presentación de un posible recurso por su parte ha indicado que "todavía" no es parte de la causa.

Fabra asegura estar "muy satisfecho" con sus consellers

MADRID.- El presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, ha asegurado este jueves estar "muy satisfecho" con todos los consellers que forman su equipo de gobierno y ha afirmado que "por ahora" seguirán siendo sus compañeros de viaje.

  Fabra ha salido al paso de los rumores sobre una próxima crisis de gobierno en la Comunitat Valenciana, de los que ha asegurado que incluso le provocan risa porque todos los días tiene que responder a ellos a través de Twitter.

   "En estos momentos, más que apostar por quinielas, toca ser ejemplares, serios y centrarnos en trabajo. Estoy muy satisfecho con los consellers, con su trabajo, y por ahora van a ser mis compañeros de viaje", ha dejado claro Fabra.

La Diputación pedirá al Gobierno que cambie la regulación hipotecaria para hacer efectiva la dación en pago

ALICANTE.- El pleno de la Diputación Provincial de Alicante ha aprobado este jueves por unanimidad una moción conjunta del PP y del PSPV para pedir al Gobierno central, que apruebe una modificación de la regulación hipotecaria o promueva una nueva norma para hacer efectiva la dación en pago.

   Con esta iniciativa, se pretende que en el futuro, en los casos de residencia habitual, si el banco ejecuta la hipoteca y se queda con la vivienda, la totalidad de la deuda quede liquidada, tal y como sucede en otros países de la Unión Europea y en EEUU.

   Además, a través de este acuerdo, la Diputación de Alicante se ha comprometido a instar al Gobierno para que busque mayores implicaciones en las entidades financieras que han suscrito el llamado Código de Buenas Prácticas propuesta por el Ejecutivo central, que permita reducir el impacto que tiene en las familias los desahucios y embargos de su vivienda habitual cuando se producen situaciones de insolvencia sobrevenida.

   En este sentido, hace especial hincapié en que las medidas de reubicación de las familias afectadas en riesgo de exclusión social y la utilización de los miles de pisos vacíos que están acumulando las entidades financieras como consecuencia de estos embargos, de modo que sean puestos inmediatamente a disposición de las familias desahuciadas y sin recursos en régimen de alquiler social o cualquier otra formulación alternativa.

   Así mismo, esta propuesta plantea que en la subcomisión de transparencia de los productos financieros e hipotecarios creada en abril de 2012 en el Congreso de los Diputados se aborden las situaciones de sobreendeudamiento y garantice unos verdaderos procedimientos concursales y de mediación para permitir un reparto equilibrado de riesgos entre deudos y acreedor.

   Por último, la moción establece que se dará traslado de estos acuerdos al Consejo de Ministros, así como a los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado, a las Corts Valencianes, a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y a los ayuntamientos de la provincia de Alicante.

   Así mismo, PP y PSOE en la Diputación han apoyado otra propuesta conjunta para instar al Gobierno central a no aplicar el recorte de 283 millones de euros para la financiación de la Ley de la Dependencia en toda España.

   En esta línea, la corporación, "sensible a la preocupación de los ciudadanos y de los colectivos de dependientes", además propone solicitar a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que analice la repercusión de los recortes en la aplicación de la Ley de Dependencia y proponga al Gobierno central que en un plazo máximo de un año revise su financiación.  

   Además, remarca la "preocupación" de los municipios alicantinos por mantener la atención a las personas dependientes y la necesidad de que se redoblen los esfuerzos técnicos y económicos con esta finalidad, por considerarla una prioridad de todos los gobiernos y de la sociedad.

Castellano anuncia la constitución del Comité de Derechos y Garantías del PPCV y subraya la "unión" del partido

VALENCIA.-   El secretario general del PPCV, Serafín Castellano, ha anunciado este jueves la constitución del Comité de Derechos y Garantías del PPCV, que decidirá sobre los imputados 'populares' y sobre presuntas implicaciones de dirigentes del PPCV en casos de corrupción. Asimismo, ha subrayado la la "fuerza y unión" del partido tras los congresos regionales.

   Castellano ha comparecido en rueda de prensa tras la Junta Directiva Regional, a la que también han acudido la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, el presidente del PPCV y de la Generalitat, Alberto Fabra, el vicesecretario general de Organización y Electoral del PP, Carlos Floriano, el vicesecretario de estudios y Programas, Esteban González Pons, el exportavoz del grupo popular en las Corts, Rafael Blasco, y el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, entre otros.

   Alfonso Rus ha salido de la reunión veinte minutos antes de su conclusión para presentar el nuevo plan de eco-ahorro en alumbrado público a los alcaldes de los municipios de menos de 20.000 habitantes en La Beneficència.

   El Comité de Derechos y Garantías estará presidido por Alfredo Castelló Sáez, el secretario será Juan Rodríguez Marín, y los vocales, Tania Ortiz, Felipe del Baño, José Joaquín Segarra, Paula Sánchez de León, Juan Bautista Roselló, José Antonio Peral, Rubén Ibáñez, Enriqie Vilart, Araceli Peris y Francisco Salavert.

   También se ha acordado el nombramiento de los 15 vocales de Nuevas Generaciones del PP para que formen parte de la Junta Directiva Regional de Nuevas Generaciones. Los vocales de la organización juvenil son Paula Garrido, Raquel Espinosa, Vicente Pla, Ignacio Carratala, Antonino Muñoz, Joaquín de la Morena Mendiola, Edgar Hidalgo, Luisma Pizana, Adrian Santos, Carla Ruiz, Pablo Roig, José Vicente Adsuara, Beatriz Giménez, Alberto Sanfelix, Gonzalo Bautista.

   Además se ha aprobado el nombramiento de José Juan Zaplana como secretario general de los 'populares' alicantinos, que dejará su actual cargo de responsable de Nuevas Tecnologías y Redes Sociales en el PP de la Comunitat Valenciana. Este puesto lo desempeñará Raul Dalmau.

   Castellano ha valorado los congresos y ha destacado la "cohesión" del PPCV y que el partido "tiene mucho músculo y va a trabajar al 100% para que la Comunitat salga adelante y genere empleo".

   Durante su comparecencia, ha indicado que la Junta Directiva ha adoptado el compromiso de "explicar" todas las medidas que se están llevando a cabo desde el Gobierno y la Generalitat y hacerlo "desde la humildad, la solidaridad y la comprensión de los sacrificios que se está pidiendo a todos los ciudadanos", ya que entiende que se puedan sentir "molestos con algunas de las medidas", pero que ha dicho que son "necesarias" para salir de la crisis tras la "herencia envenenada del anterior Ejecutivo socialista".

   Para Castellano, son "momentos de mucha dificultad y sencillez y pese a que son medidas difíciles son absolutamente necesarias", por lo que ha subrayado que los populares van a seguir trabajando "con el mayor esfuerzo posible y estando al lado de la gente, porque es tarea de todos sacar la situación adelante".

 "Somos una gran comunidad y un gran partido y en momentos difíciles hay que demostrarlo", ha aseverado.

   En este sentido, ha apuntado que se ha marcado un periodo para la celebración de los congresos comarcales y locales, que deberán realizarse entre el próximo octubre y el mes de marzo de 2013. También se ha establecisdo la fecha del Congreso Regional de Nuevas Generaciones para el próximo 30 de septiembre y que la Escola Nacional d'Estiu se celebrará el 13, 14 y 15 de septiembre.

Ferrmed prevé una inversión de 10.000 millones para tramo sur del Corredor Mediterráneo

MURCIA.-   La Asociación Ferrmed prevé una inversión de 10.000 millones de euros para la ejecución del sector sur del Corredor Mediterráneo, esto es, desde Algeciras hasta Alicante, con una rentabilidad de 677 millones que podría llegar a elevarse a 750 en función del tráfico ferroviario, lo que haría amortizar el capital invertido en un plazo de 15 años.

   Así lo ha hecho saber el secretario general de la asociación empresarial Ferrmed, Joan Amorós, tras mantener una reunión con el presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, a quien han presentado las conclusiones del estudio argumental y provisional sobre el sector sur del gran eje Ferrmed, es decir, el que transcurre desde Alicante a Algeciras.

   Amorós ha recordado que la parte sur del trayecto es una zona "estratégica" que, por no tener unas buenas conexiones ferroviarias, no puede explotar todo su potencial.

   Este estudio ha analizado los trazados de tres líneas nuevas, una primera que va de Monforte (Alicante) a Murcia y continúa hasta Lorca (Murcia) y Almendricos (Almería); una segunda línea que va desde Almendricos a Baza, Guadix y Granada, y una última que ya está en marcha, de alta velocidad y que va desde Alicante hasta Almería pasando por Murcia y que se da por estudiada.

   Asimismo, la asociación Ferrmed ha estudiado la línea de la costa en Andalucía, es decir, tener una alternativa a la línea del interior, por la costa, desde Almería a Motril y Málaga, entre otras localizaciones.

   Al ser preguntado por la posibilidad de que la Comisión Europea introduzca alguno de los tramos propuestos por Ferrmed, Amorós ha señalado que es una "historia que nunca acaba", pero ha manifestado que lo importante es tener en cuenta que se trata de un proyecto "rentable".

   En cualquier caso, ha señalado que la decisión final "depende mucho del Gobierno de España y, por eso, Ferrmed envió hace un mes a el documento a la ministra de Fomento, Ana Pastor, y ha pedido también a Valcárcel que apoye la inclusión del proyecto en el Plan de Infraestructuras de Transporte y Vivienda que prepara el Ministerio".

   Si este Plan recoge la petición de Ferrmed, Amorós dice que "será mucho más fácil que la Comisión Europea apruebe el proyecto", probablemente, antes del final de año. No obstante, ha señalado que la Comisión "está muy a favor del Corredor Mediterráneo".

   Amorós ha señalado que el informe presentado a Valcárcel es un estudio previo que no examina todos los pormenores, pero que sí analiza los túneles que habría que hacer o los viaductos, por lo que las inversiones reflejadas son, a su juicio, "bastante fidedignas".

   En lo que respecta a la inversión prevista, Ferrmed no ha considerado los puestos de trabajo que se crearían ni el impacto en términos de PIB, porque sería más difícil de evaluar.

   La rentabilidad socioeconómica, evaluada en base al cambio de la carretera al ferrocarril y por tanto, el ahorro en energía y en mano de obra. Asimismo, ha tenido en cuenta el ahorro en tiempo y en costo al tener unas líneas y conexiones más cortas y eficientes, así como las consecuencias medioambientales.

   Las líneas, que están pensadas tanto para pasajeros como para pasajeros, arrojan en base a estos cálculos, una rentabilidad de 677 millones de euros al año, frente a una inversión de más de 10.000 euros, lo que considera que es "bastante bueno".

   Amorós ha señalado que Ferrmed también ha sido conservadora a la hora de calcular el tráfico ferroviario, que en España se sitúa actualmente en el cuatro por ciento. En el estudio se prevé el ocho por ciento, es decir, el doble, mientras que la media europea en el tráfico ferroviario de mercancías se sitúa en el 15 por ciento.

   El objetivo de este cálculo "conservador" es que la gente no pensara que esto no es una entelequia. De todas formas, si la cuota alcanzara la media europea, Amorós ha previsto que los 677 millones de retorno se elevarían a los 750 millones de euros.

   En todo caso, Amorós ha señalado que este estudio demuestra que el trazad sur del Corredor Mediterráneo "es rentable" y hay que ponerla en el mapa, así como la conexión del puerto de Cartagena con el centro de España pasando por Albacete de la forma más directamente posible.

   Y es que, según Amorós, el puerto de El Gorguel ofrece unas posibilidades de desarrollo "increíbles", porque será probablemente el puerto de mayor calado del Mediterráneo y admitirá portacontenedores enormes que no podrían acceder a otros puertos, y aunque muchas de las mercancías vayan a Europa, Cartagena "puede convertirse en un puerto significativo para Madrid".

   En este sentido, el estudio recoge la construcción de un tercer entre Murcia y Cartagena, para utilizar la línea de alta velocidad, aunque sea "de una forma precaria" para trasladar las mercancías hasta Alicante, utilizando a lo mejor dos locomotoras.

   Ha admitido que se puede discutir a Ferrmed las fechas y que, donde la asociación dice que la saturación tendrá lugar en 2015, a la hora de la verdad sea en 2017. En todo caso, el objetivo es que "esto se pinte en el mapa y se tenga en cuenta en las previsiones", ha añadido.

   Ferrmed está traduciendo el documento al inglés, y lo presentará en Bruselas en el que prevé contar con la presencia de Valcárcel como presidente del Comité de las Regiones (CDR), y también prevé presentarlo al Comité de Transportes del Parlamento Europeo y a la Comisión Europea.

   Sevilla ha señalado que este plan "recoge 10.000 millones de euros de inversión, lo que es una cantidad respetable pero muy adecuada al mundo ferroviario", mientras que la rentabilidad, calculada con patrones "conservadores", haría recuperar esa inversión "en 15 años".

   Sin embargo, el consejero manifiesta que estos cálculos no han tenido en cuenta "ni los avances que supondrían para el transporte, el sector agroalimentario e industrial", al tiempo que ha puesto en valor que esta infraestructura "daría servicio a 11 millones de residentes".

Más de 200 organizaciones rechazarán el sábado la reforma de la Ley de Costas con acciones en playas de toda España

MADRID.- La plataforma 'No a nuestra costa', integrada por más de 200 organizaciones, realizará distintas actividades en playas de toda España para reivindicar la defensa del litoral y manifestar su rechazo a la modificación de la Ley de Costas, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 13 de julio.

   Así, convocan el 'Día de Acción Global en defensa del litoral y contra la reforma de la Ley de Costas', durante el que realizarán embarques con ciudadanos, limpiezas de playas, performances y paseos en kayak para conocer los valores de la costa.

   Concretamente, las actividades se desarrollarán en playas como la del Palmeral (Almería), el Saler y la Malvarrosa (Valencia), Valdevaqueros, Tarifa (Cádiz), Cala Blanca, Andratx (Mallorca), Marina de Cope (Murcia), El Médano (Tenerife), la Concha (San Sebastián); Barceloneta (Barcelona), Matalascañas (Huelva), Mataleñas (Santander), entre otras. Las actividades y playas donde se organizarán pueden consultarse en la página de Internet http://www.noanuestracosta.org/mapa

   La plataforma 'No a nuestra costa' se presentó el pasado mes de abril ante la reforma de la Ley de Costas anunciada por el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, a principios de año. La iniciativa surgió de las ONG Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, GOB, SEO/BirdLife y WWF. Hasta la fecha, más de 200 organizaciones ecologistas, asociaciones de vecinos, abogados, sindicatos, empresarios y cofradías de pescadores se han unido para reivindicar la protección del litoral, la vigencia de la actual Ley de Costas y que retroceda lo que pretende la norma.

El déficit valenciano sube al 1,09% en el segundo trimestre del año

MADRID.- El presidente de la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra, ha adelantado que el déficit de la región en el segundo trimestre del año se sitúa en el 1,09 por ciento, un 0,39 por ciento más del valor que registró en los tres primeros meses de 2012 y que, según ha afirmado, indica que la Comunidad "va por el buen camino" para cumplir con el 1,5 por ciento total acordado con el Estado.

   "Si el primer trimestre nuestro déficit era del 0,7 por ciento, en estos momentos es del 1,09 por ciento", ha detallado Fabra durante su intervención en los Desayunos Autonómicos de Abc, donde ha explicado que la subida durante los últimos tres meses no ha sido muy elevada por las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo que preside en la comunidad.

   Durante su intervención, el presidente valenciano ha reconocido la dificultad de la situación económica y ha enmarcado dentro de la normalidad la decisión de la Comunidad Valenciana de acudir al fondo de liquidez puesto en marcha por el Gobierno para comunidades autónomas, aunque no ha querido detallar la cifra que solicitará hasta conocer cuántas autonomías pedirán acogerse a este mecanismo de financiación.

   "Con el mismo realismo con el que fuimos los que más dinero pedimos en el plan de pago a proveedores, acudimos fondo liquidez. No tenemos nada que esconder", ha sostenido el presidente de la Generalitat antes de recordar que ahora más comunidades están avanzando su intención de pedir esta ayuda al Gobierno, que sin embargo ha rechazado calificar de rescate.

   La Comunidad Valenciana es la única que, junto a Murcia, tiene una renta per cápita inferior a la media española, está por debajo de la media de financiación y tiene una balanza fiscal negativa, según ha denunciado su presidente.

   A pesar de esta situación, ha explicado que la Comunidad no se quiso "conformar" e hizo una "sobreaportación" para financiar muchos servicios para atender a los ciudadanos, como colegios, hospitales, órganos judiciales o infraestructuras.

   En este contexto, Fabra ha repasado las medidas que está aplicando la Comunidad Valenciana para reducir gastos de la administración, como la reducción de empresas públicas, altos cargos o gastos supérfluos, y ha remarcado la necesidad de tomar medidas para fomentar la actividad privada, eliminando trabas a los empresarios.

   Además, se ha erigido como defensor del Estado autonómico, que sin embargo necesita "una reorganización" para adecuarlo a la situación actual y "saber estar a la altura de las circunstancias y lo que exige la sociedad".

 "Ya no vale el manual tradicional, tenemos que ser imaginativos, decididos y firmemente convencidos de nuestra potencia, capacidad y esfuerzo", ha animado.

   Fabra ha defendido que los últimos treinta años han sido los de "más prosperidad" para los ciudadanos gracias a las autonomías y por ello ha rechazado que se ponga en duda este sistema ni que se tengan que devolver competencias al Estado. "Queremos tener los ingresos adecuados del Estado y luego que nos dejen hacer, lo único que pedimos es igualdad de trato y que nos dejen hacer", ha reclamado.

  Sin embargo, no ha querido culpar a la Comunidad Valenciana del anterior Ejecutivo autonómico, liderado por Francisco Camps, y ha insistido en que el problema de la región se debe a la mala financiación que sufre del Estado.

El juez desestima los recursos de Ortiz, Castedo y Gutiérrez contra el envío de la causa del PGOU al TSJ

ALICANTE.- El titular del juzgado nº 5 de Alicante, que investiga presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante en una pieza separada del caso Brugal, ha desestimado los recursos presentados por el empresario Enrique Ortiz, el hermano de la alcaldesa, José Luis Castedo, y su socio Javier Gutiérrez --imputados en el proceso-- contra el envío de la causa al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), según han confirmado fuentes judiciales.

   El magistrado Manrique Tejada envió el pasado 5 de julio el sumario al TSJCV debido a la condición de aforados de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo y de su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, quienes son diputados autonómicos, para los que Tejada pedía la imputación en el caso.

   El sumario, además, imputaba a un total de 16 personas, entre ellos el promotor Enrique Ortiz, que a cambio de dádivas habría resultado favorecido con la tramitación del PGOU, así como el propio hermano de la alcaldesa, José Luis Castedo y su socio de Salvetti Abogados y Consultores SL Javier Gutiérrez.

   Tanto Enrique Ortiz, como José Luis Castedo y Javier Gutiérrez están imputados por los presuntos delitos de aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad o funcionario, tráfico de influencias y cohecho.

   En el caso de Enrique Ortiz, su defensa presentó el pasado 6 de julio un recurso de reforma contra el auto de inhibición en el que exponía que "la remisión de la causa en el actual estado procesal supone, entre otras infracciones de orden legal y constitucional, dar por concluida esta parte de la instrucción sin practicar las diligencias acordadas mediante resoluciones judiciales firmes".

   Este punto hacía referencia a la petición, aún por atender, del magistrado, para que le fuera entregado el material intervenido en los registros practicados en la vivienda, oficinas y en el yate del empresario.

   Por su parte, el hermano de la alcaldesa y su socio alegaron en su recurso que, antes de dar traslado al TSJCV, el magistrado debería pronunciarse sobre la petición de sobreseimiento libre elevada por estos dos imputados, según han señalado fuentes cercanas al caso.

   No obstante, en una resolución emitida hace unos días, el magistrado Manrique Tejada ha rechazado los distintos argumentos planteados por los imputados, al considerar que todos los trámites realizados en la instrucción se han producido en el momento procesal "oportuno".

   Además, indica que el TSJCV continuará con la instrucción de la causa y se pronunciará sobre los trámites pendientes, según han explicado fuentes judiciales cercanas al caso.

Escrivá calcula que en Navidad puede haber un nuevo gestor para los estudios de Ciudad de la Luz

ALICANTE.- El director general de los estudios cinematográficos de Ciudad de la Luz, José Antonio Escrivá, ha estimado que para la próxima Navidad los platós alicantinos podrían tener un nuevo gestor que "atraiga producciones y consiga que tengan un impacto" tanto en la ciudad como en el tejido industrial, si bien ha subrayado que se trata de un "proceso laborioso".

   Escrivá ha realizado estas declaraciones a los periodistas tras la presentación este miércoles de los nuevos logotipos de las oficinas de captación de rodajes en la provincia, denominadas 'film offices', donde ha estado acompañado por el gerente del Patronato Municipal de Turismo, Agustín Grau, y al ser preguntado sobre el proceso de venta del complejo audiovisual, ubicado en terrenos de la zona de Agua Amarga.

   Así, ha señalado que el proceso de venta de los platós se encuentra "bajo los acuerdos de Bruselas" y se está intentando "solucionar lo antes posible".

 "Me he puesto Navidad para estar con la nueva velocidad de crucero", ha apuntado.

   Igualmente, al ser cuestionado sobre los recursos que tanto el Gobierno central como la Generalitat Valenciana presentaron contra la resolución de la Unión Europea en la que determinaba que las ayudas públicas concedidas a los estudios eran "ilegales" y que, por tanto, tenían que ser devueltas, ha manifestado que continúan su trámite.

   Además, y en referencia nuevamente a la venta del complejo, ha incidido en que para finales de este año o comienzos de 2013, "en Navidad", habrá un nuevo gestor de los platós.

   "Para entonces se habrá encontrado un comprador para Ciudad de la Luz que vuelva a atraer producciones y conseguir que tengan impacto en Alicante y que dejen un gasto local espléndido para la ciudad, los trabajadores y el tejido industrial. Es un proceso laborioso", ha resaltado.

El TSJCV condena a Novelda a pagar 3,1 millones a FCC por la deuda de las basuras

ALICANTE.- El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha condenado al Ayuntamiento de Novelda a pagar 2,5 millones de euros, más 622.883 euros en concepto de intereses de demora, por la deuda que el consistorio mantenía desde febrero de 2008 con la empresa FCC por el servicio del recogida de basuras.

   En un auto fechado en abril de 2012, la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV ha estimado así el recurso de apelación interpuesto por FCC contra la anterior resolución de septiembre de 2011, en la que también se daba la razón a la compañía pero se cifraba la deuda en 2,1 millones de euros.

   Con este último fallo, el TSJCV eleva de 2,1 a 2,5 millones el total a pagar, más los intereses de demora, que a 31 de diciembre de 2007 ascienden a 622.883 euros, con lo cual el Ayuntamiento de Novelda deberá pagar a la anterior concesionaria del servicio de recogida de basuras un total de más de 3,1 millones de euros.

   Esta segunda sentencia, que es firme y no deja posibilidad de recurso, eleva la cantidad cifrada en la dictada en septiembre de 2011 al entender que el juez de instancia "yerra claramente" al valorar la prueba aportada por el Ayuntamiento, en referencia a un listado de tesorería "sin fecha ni firma alguna" que cifraba la deuda pendiente en 1,5 millones de euros.

   En los fundamentos jurídicos del fallo, el tribunal considera que "la cuestión debatida" pretende determinar "si la reclamación del actor es la señalada en su escrito de demanda --que solicitaba el cobro de 2,5 millones-- o es la señalada por la sentencia de instancia --que lo cifraba en 2,1 millones--".

   Al respecto, la sentencia de instancia de septiembre de 2011 debía establecer si, en base al convenio de febrero de 2008, la deuda existente era de 4,5 millones de euros más los intereses --que a 31 de diciembre de 2007 ascendían a 622.883 euros--. El listado de tesorería del Ayuntamiento, por otra parte, cifraba la deuda en 1,5 millones.

   Al respecto, el tribunal concluyó en el fallo de septiembre de 2011 que "la deuda real es el resultado de restar" a los 4,5 millones de euros los 622.883 de los intereses y los 1,5 millones del listado de tesorería. Esta operación da como resultado 2,35 millones y no los 2,1 millones de la sentencia de septiembre de 2011, hecho que esta resolución se atribuye a "un error aritmético al realizar la resta".

   Por tanto, este fallo no pretende "realizar un nuevo examen de la cuestión litigiosa", y afirma que "sentado lo anterior, es obvio que el juez de instancia yerra claramente al valorar la prueba aportada por el Ayuntamiento", en referencia al listado de tesorería sin firma ni fecha.

   En ese sentido, el tribunal entiende que "la cantidad reclamada asciende a los plazos impagados más los intereses devengados, según las propias cláusulas del convenio", por lo que "la apelación debe ser estimada, y como consecuencia estimada la demanda", de modo que FCC cobrará los 2,5 millones que solicitaba en un principio.

El nivel B2 de lengua extranjera será obligatorio para los docentes de la Comunitat en el curso 2013-14

VALENCIA.- La Conselleria de Educación exigirá, a partir del curso 2013-14, un nivel de conocimiento equivalente al B2 del Marco Común Europeo de las Lenguas, tanto a los docentes de Infantil y Primaria como a los de Secundaria, para impartir materias en otros idiomas como el inglés. 

   Esta es una de las principales novedades del proyecto de orden elaborado por la Conselleria de Educación por la cual se regulan las nuevas condiciones que un docente de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional tiene que cumplir para obtener la capacitación para impartir clases en cualquier lengua extranjera.

   El objetivo --han explicado el departamento de Campanar en un comunicado-- es ajustar la normativa al nuevo decreto de Plurilingüísmo, por el cual todos los centros docentes dependientes de la Generalitat tendrán que comenzar a vehicular contenidos en inglés en Educación Infantil durante el próximo curso, e ir avanzando en las distintas etapas de escolarización hasta el curso 2020-21.

   En el curso 2020-21 el plurilingüismo estará presente todos los niveles y se impartirá como mínimo, un área, materia o módulo no lingüístico en una lengua extranjera

   En la nueva orden, Educación modifica los requisitos lingüísticos que un docente necesita para impartir una materia o módulo no lingüístico en una lengua extranjera de cara al próximo curso.

   Además, incorpora un calendario de planificación con el objetivo de que, en tan solo cuatro años, el profesorado haya adquirido las competencias necesarias como para garantizar el funcionamiento y la continuidad del modelo plurilingüe.

   La primera novedad de la orden es que, con la entrada en vigor del nuevo decreto de Plurilingüismo, en el curso 2012-13, Educación flexibilizará los requisitos que tiene que tener el profesorado de todas las etapas para impartir clase en una lengua extranjera, como el inglés.  

   En este sentido, se exigirá al docente de Infantil y Primaria acreditar un nivel B1 de conocimiento del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas y no un certificado de capacitación como hasta ahora.  

   El objetivo de esta medida es facilitar la implantación progresiva del plurilingüismo en la Comunitat y dar facilidades a los profesores para formarse paulatinamente en el conocimiento de lenguas extranjeras, de cara a los próximos cursos escolares.

   El segundo aspecto novedoso es que, a partir del curso 2013-14, Educación exigirá un nivel de conocimiento equivalente al B2 del Marco Común Europeo de las Lenguas, tanto a los docentes de Infantil y Primaria como a los de Secundaria. Sin embargo, no necesitarán el certificado de capacitación expedido por la universidad o por el Servicio de Formación del Profesorado de la Conselleria.  

   Hasta el momento, los docentes de Infantil y Primaria solo tenían que acreditar un nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas para impartir docencia en lengua extranjera y el cambio implica que, a partir de dicho curso, tendrán que haber obtenido un nivel B2.

   Finalmente, en el curso 2016-17 todos los docentes que impartan clases en lenguas extranjeras, en cualquier etapa, tengan también, además del B2, un certificado de capacitación, que obtendrán tras la superación de una prueba específica.

   Educación pretende así conceder tiempo a los  docentes para que se formen para presentarse a esta prueba organizada por el Servicio de Formación del Profesorado de la Conselleria, que les otorgará la capacitación lingüística y que tendrán que tener todos en el curso 2016-17, además del título de conocimiento de B2.

   En este sentido, la Conselleria formará a cerca de 3.000 docentes cada año en las Escuelas Oficiales de Idiomas y será la responsable de certificar que los docentes tengan los conocimientos suficientes como para garantizar la calidad y la continuidad del sistema de enseñanza plurilingüe.

   El modelo plurilingüe que la Conselleria tiene previsto poner en marcha durante el próximo curso escolar, supondrá un importante salto de calidad en los planes de estudio de los alumnos de la Comunidad Valenciana.

   El objetivo del Consell es "preparar a los alumnos para afrontar los retos de un futuro global, donde deberán ser competitivos y versátiles para incorporarse al mercado laboral europeo", han explicado.

Los municipios valencianos limítrofes podrán mancomunar los servicios de Policía Local

VALENCIA.- Los municipios de la Comunitat Valenciana limítrofes y que no sumen más de 40.000 habitantes podrán mancomunar servicios de Policía Local para mejorar la seguridad que ofrecen a los ciudadanos, según se contempla en un convenio suscrito este miércoles por el conseller de Gobernación, Serafín Castellano, y la presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Elena Bastidas.

   Castellano ha explicado que entre los requisitos que deberán cumplir los municipios que deseen asociarse se encuentran ser localidades limítrofes, sumar sus poblaciones menos de 40.000 habitantes y carecer separadamente de recursos suficientes para la prestación de servicios de Policía Local o no tenerlos.

   El convenio también contempla la elaboración de un manual para responsables políticos municipales como guía y orientación para mantener la calidad del servicio público y establecer protocolos y dispositivos de actuación para los Cuerpos de Policía Local para mejorar la protección y la seguridad de los ciudadanos.

   Asimismo, a través del Centro de Investigación de Seguridad y Emergencias (CISE) ubicado en el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (Ivaspe) se difundirá información jurídico-legal para que los agentes estén al día en este aspecto.

   El acuerdo, además, recoge actividades de formación, especialización y profesionalización para los policías locales puesto que, según ha subrayado el conseller de Gobernación, "lo que distingue un servicio público es la profesionalización de sus integrantes".

   Serafín Castellano, en una rueda de prensa tras la firma del convenio, ha comentado que la Generalitat propone nuevas fórmulas y nuevas vías para colaborar y ayudar en la seguridad de todos los ciudadanos de la Comunitat Valenciana sin que ello suponga un coste económico para los ayuntamientos, "optimizando los recursos existentes debido a la delicada y difícil situación económica que atraviesa el país".

   "En los tiempos que corren desde el punto de vista económico y de afrontar los servicios públicos de cara a la población, la colaboración entre las diferentes administraciones es absolutamente básica", ha destacado.

   El conseller considera que con el convenio firmado este miércoles "hacemos un ejercicio de responsabilidad, de sensatez para aunar esfuerzos entre todos los ayuntamientos y la Generalitat para seguir mejorando y colaborando en la seguridad ciudadana a través de los Cuerpos de Policía Local".

   El titular de Gobernación ha recordado que la Comunitat Valenciana cuenta con 280 Cuerpos de Policía Local, más de 10.400 agentes de los que el 46 por ciento corresponde a municipios de menos de 5.000 habitantes que no están obligados a contar con Policía Local, lo que, a su juicio, "pone de manifiesto el esfuerzo y el compromiso de los pequeños municipios de la Comunitat con la seguridad ciudadana".

   Por su parte, Elena Bastidas ha destacado que este año se cumplen cinco años del actual equipo directivo de la FVMP y ha valorado que sea ahora cuando "nos hacemos eco del sentir mayoritario de los alcaldes de tender lazos entre la Generalitat y el municipalismo valenciano".

   La presidenta de la FVMP ha hecho hincapié en la importancia de "optimizar recursos" dado el "contexto complicado" actual. Al respecto, ha asegurado que las administraciones locales están viviendo "momentos extraordinariamente complicados" y, por ello, "todo lo que sea optimizar, mejorar lo que se tiene es muy bien venido".

Císcar advierte de que habrá "bastantes más" ERE en empresas públicas

VALENCIA.- El vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar, ha advertido de que "desgraciadamente" se van a producir "bastantes más" Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en empresas del sector público de la Generalitat y, en este sentido, ha asegurado que algunos podrían iniciarse este mes de julio.

   Císcar ha explicado que el Consell está ultimando los estudios de viabilidad y de saneamiento referentes a cada una de las empresa públicas. "Lo único que podemos avanzar es que desgraciadamente van a venir bastantes más ERE", ha manifestado.

   El vicepresidente ha indicado que la mayoría de ERE del sector público empresarial comenzarán a concretarse a partir de septiembre u octubre, aunque "no descartamos que en el mes de julio pueda llegar ya algún ERE". Así, ha señalado que dado "lo avanzados" que están los trabajos puede haber alguna empresa que inicie el ERE este mismo mes.

   El también conseller de Presidencia ha incidido en que el Gobierno valenciano está llevando a cabo un proceso de ajuste de la administración, "fundamentalmente en lo que es el sector publico empresarial", y ha precisado que este proceso finalizará el próximo 31 de diciembre.

   "Ya hemos presentado y aprobado la reducción de nuestro sector público empresarial a seis áreas de actividad y, a partir de ahí, en lo que estamos trabajando es en un proceso que jurídicamente es muy complejo, porque comporta liquidaciones, fusiones, absorciones de empresas y reducciones de plantillas a través de ERE", ha explicado.

   José Císcar ha destacado que "desgraciadamente una parte importante de la reestructuración son los ERE", algunos de los cuales ya están en marcha "y otros se van a hacer antes de que acabe el año". Al respecto, ha subrayado que "las circunstancias nos imponen tener que reducir las plantillas de ese sector público empresarial entre el 40 y el 50 por ciento".

   Preguntado por si cree que dirección y sindicatos de Radio Televisión Valenciana (RTVV) llegarán a acuerdos sobre el ERE en el ente, Císcar ha resaltado que esto sería "lo deseable".

 "En este momento lo único que podemos hacer es dejar que esa negociación se realice, que las partes hagan un esfuerzo por llegar algún tipo de acuerdo", ha apostillado.

Piden al juez que el CNI averigüe quién cobró 7,8 millones de CAM en Suiza

ALICANTE.- El abogado Diego de Ramón, que ejerce la acusación particular contra la antigua cúpula de Caja Mediterráneo (CAM), ha solicitado oficialmente al juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez que requiera la colaboración del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para averiguar quién cobró una comisión de 10,3 millones de dólares -alrededor 7,8 millones de euros- abonada en Suiza por Valfensal, el grupo hotelero participado por la caja de ahorros alicantina, según 'Abc'.

El informe encargado por el FROB a la auditora Deloitte acreditó este pago, que se hizo efectivo en marzo de 2005 mediante dos transferencias bancarias: una de un millón de dólares en la cuenta número CH0408661395025010000 del Rothschind Bank AG de Zurich (Suiza) y otro de 9,3 millones de dólares en la cuenta CH0408661395025090000 de la misma entidad.

Siempre según el informe de Deloitte, la titular de ambas cuentas es la empresa Caribbean Holiday Investment Corp, con sede en Panamá, si bien se desconocen quiénes fueron los beneficiarios finales de la transacción.

Caja Mediterráneo, dirigida en aquellos momentos por Roberto López Abad, aprobó en septiembre de 2004 la concesión de un crédito de 16,5 millones de dólares a Valfensal -grupo en el que poseía una participación del 30% de su accionariado- para construir un complejo turístico de 5 estrellas, con 700 habitaciones, en Playa Bávaro, en Punta Cana (República Dominicana).

Valfensal formalizó la compra de los terrenos cinco meses después, el 30 de marzo de 2005, por un precio de 5,2 millones de dólares. Pero tan sólo 24 horas antes, una de las filiales de Valfensal, JacksonPort Corporation, con sede en las Antillas Holandesas, había abonado otros 10,3 millones de dólares en concepto de «opción de compra» sobre los mismos terrenos, a través de las dos cuentas de Suiza.

Aunque este pago se declaró como «opción de compra», Deloitte lo define en su informe como una «comisión por intermediación en la compra de los terrenos». En consecuencia, Valfensal pagó 15,5 millones de dólares por unos terrenos cuyo precio oficial había sido fijado en la tercera parte, 5,2 millones.

Como ha informado este periódico, el apoderado de Valfensal, Juan Ferri, opuso numerosos reparos a la petición de los auditores para llevar al régimen de transparencia fiscal la mercantil JacksonPort Corporation, que fue precisamente la sociedad instrumental utilizada para efectuar el pago en Suiza. En un correo electrónico dirigido el 3 de octubre de 2007 al director general Roberto López Abad, el director de inversiones inmobiliarias de CAM, Daniel Gil afirmaba: «He hablado con Juan Ferri, que está en México, y dice que no puede poner en transparencia la sociedad porque podría hasta ir a la cárcel (han sido sus palabras)». 

 Dicho correo electrónico está recogido en el informe de Deloitte.

En su escrito dirigido al titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, el abogado Diego de Ramón solicita al magistrado que requiera la colaboración del CNI y de las agencias estatales de Suiza y de Panamá para averiguar quien retiró los 10,3 millones ingresados en Rothschind Bank AG de Zurich y para identificar a los responsables legales de la sociedad instrumental Caribbean Holiday Investment Corp, teórica destinataria de esta transacción.

El letrado, que representa los intereses de cerca de 500 inversores que perdieron sus ahorros en las cuotas participativas de la CAM, también solicita al juez Gómez Bermúdez que investigue otras operaciones financiadas por la caja, como los créditos otorgados por valor de 450 millones de euros al constructor Enrique Ortiz -imputado en los casos Brugal y Gürtel- pocas semanas antes de la intervención del Banco de España, o el crédito sindicado por valor de 1.200 millones de euros otorgado al grupo Polaris World.