MADRID.- El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
ha respondido a los regantes de Almería, Murcia y Alicante, que
autorizar un trasvase excepcional de agua en la actual situación de
sequía sería ir contra la Ley y el Reglamento, aunque les recuerda que
se permite la cesión de derechos intercuencas y niega que se haya
acometido ningún tasazo.
Ante la manifestación que se celebró este
miércoles en Madrid y que se concentró frente al Palacio de Fomento,
en Atocha, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente respondió respecto a las reclamaciones de los manifestantes:
regantes, agricultores y organizaciones sindicales.
Al mismo
tiempo, fuentes ministeriales indicaron que los manifestantes no han
solicitado ninguna reunión y añaden que no hay ninguna petición
realizada por los regantes que no se haya atendido hasta la fecha.
En
respuesta a la exigencia de un riego de socorro, el departamento de
Isabel García Tejerina dijo que autorizar en las circunstancias actuales
un trasvase excepcional desde el Tajo al Segura supondría "ir contra la
Ley y el Reglamento que rigen las normas de la explotación del
acueducto Tajo Segura y recuerda que la sequía dura ya más de cuatro
años. De hecho, añade que va ya para cinco años en el Levante y que la
sequía se ha ido extendiendo por el Duero, Guadalquivir y Tajo.
En
concreto, apunta que los embalses de cabecera del Tajo, Entrepeñas y
Buendía, de los que parte el trasvase, albergan 274 hectómetros cúbicos,
un valor muy por debajo de los 400 hm3 mínimos para poder realizar un
trasvase.
En cuanto a la solicitud para favorecer la cesión de
derechos intercuencas, asegura que la Ley de Aguas contempla la cesión
de derechos y recuerda que el MAPAMA autorizó y seguirá autorizando
todas aquellas cesiones de derechos intercuencas que sean conformes a
derecho.
En ese contexto, apunta que la Ley de Aguas establece
para los contratos de cesión de derechos intercuencas, que el volumen
susceptible de cesión sea el realmente por el cedente y no el que figura
en el título concesional.
Sobre la flexibilización de las
condiciones aplicadas en el Júcar y Segura, con situación de sequía
declarada desde 2015, señala que esta flexibilización es solo para
usuarios de una misma cuenca. Así, expone que eliminar esta condición en
el caso de cesiones entre distintas cuencas podría dar lugar a una
mercantilización del uso del agua, al propiciar la venta del derecho y
no del volumen del recurso realmente utilizado.
Otra de las
reivindicaciones de los manifestantes pide poner en marcha todos los
pozos de sequía posibles y en especial los del Campo de Cartagena,
defiende que el Gobierno puso en marcha medidas excepcionales como la
movilización de 350 hectómetros cúbicos adicionales para atender las
demandas de los usuarios del acueducto Tajo-Segura.
Inversiones y exenciones
Asimismo,
destaca que prorrogó tres veces el Real Decreto de Sequía, al tiempo
que ejecutó desde mayo de 2015 hasta diciembre de 2017, un total de 18
actuaciones de emergencia y ha invertido más de 51,1 millones de euros y
otorgado 17,3 millones de euros para la producción de agua desalada y
añade que aprobó un Real Decreto que eximirá a los regantes del pago de
las tasas y cánones de disponibilidad de agua que supondrá una ayuda de
35 millones de euros a los usuarios del trasvase si se cumplen las
condiciones de pérdida de producción.
Al mismo tiempo, añade que
ha puesto en marcha 40 pozos de sequía y asegura que en 2018 pondrán en
marcha todas las baterías de pozos de sequía disponibles y que con los
dos nuevos previstos se podrá extraer hasta 80 hectómetros cúbicos para
abastecimiento, regadío y caudales ambientales.
Por otro lado, los
usuarios reclaman al Ejecutivo que lleve a todas las desaladoras a su
máxima producción a lo que el Gobierno responde que las de Águilas,
Valdelentisco y Torrevieja están produciendo al 100 por cien de su
capacidad técnica.
En concreto, indica que el objetivo en la de
Torrevieja es duplicar su capacidad actual y advierte de que para
triplicar este volumen los usuarios deberán suscribir un convenio de
ejecución y financiación según el coste real de producción.
En
esta línea, el Ministerio defiende que entre 2015 y 2017 se concedieron
ayudas de agua desalada por un valor de 17,3 millones de euros.
Otra
de las reclamaciones de los usuarios insta Tejerina a que declare obra
de emergencia la construcción de la red de colectores, planta de
tratamiento y emisario para la conducción y evacuación del rechazo de
las desalobradoras particulares.
A ese respecto, en la respuesta
del Gobierno asegura que todas las soluciones
al Vertido cero del Mar Menor han de abordarse en el marco de la
solución integral, cuyo impacto ambiental se está elaborando.
De
este modo, señala que se construirá una red de colectores, una planta de
tratamiento y emisario que guarda relación con la red de salmueroductos
que se han tenido que cerrar por el requerimiento del Gobierno de Murcia
para cesar los vertidos al Mar Menor. En ese contexto añade que se debe
analizar cuidadosamente para que no se produzcan los mismos errores,
también contratando una obra de emergencia.
De hecho, avisa de que
mientras no se realice y extraigan las conclusiones de la necesaria
comparación de las posibles soluciones, cualquier acción puntual no
estará respaldada, y menos con un procedimiento de obra de emergencia,
que ni siquiera contaría con un proyecto y que requerirá la excepción de
la tramitación ambiental y que en caso de realizarla el Estado, debería
ser el Consejo de Ministros quien autorizase que la macro-actuación no
requiere trámite ambiental alguno.
El Ministerio afirma que no
puede apoyar la construcción y menos por emergencia de las
infraestructuras que se solicitan, en tanto no cuenten con la viabilidad
ambiental de la solución integral de vertido cero al Mar Menor.
Finalmente,
ante la reclamación de los regantes para que se elimine "el tasazo del
Trasvase" y que la tarifa se aplique al volumen suministrado, el
Ministerio niega que haya habido tasazo y asegura que las tarifas
actuales no se revisaban desde 2014, al tiempo que defiende que las
actuales son muy similares a las del periodo 2012-2013 y un 25 por
ciento inferiores a las de 2009-2011.
En ese sentido, añade que
modificar las tarifas del trasvase se deben a la Ley de Regulación del
Régimen Económico de la Explotación ATS y a la sentencia del Tribunal
Supremo, lo que impide acceder a lo demandado.
El departamento de
García Tejerina considera que se trasvase o no se trasvase agua existen
unos gastos fijos de conservación y mantenimiento del acueducto TS a los
que hacer frente y cuya inclusión en las tarifas es obligatoria, igual
que con la parte correspondiente a la amortización anual de las obras.
Por
otro lado, recuerda que en tema tarifario el Gobierno, teniendo en
cuenta la situación especial de sequía autorizó en 2017 exenciones de
cánones y tarifas a las cuencas del Duero, Júcar y Segura que
representarán una ayuda de 35 millones de euros.
