martes, 22 de mayo de 2018

El hombre que cambió Valencia bajo la sombra de la sospecha


MADRID.- El hombre que cambió Valencia llegó, contra pronóstico, de Cartagena. De temprana vocación política, Eduardo Zaplana Hernández-Soro (1956) recaló en las filas del PP después de la desintegración de UCD, donde había dado sus primeros pasos mientras cursaba la carrera de Derecho en Alicante, tal como recuerda hoy El Español. 

Bien casado en Benidorm con Rosa Barceló, hija de un próspero empresario local con la que tuvo tres hijos, la mujer más famosa en su currículum político es sin embargo Maruja Sánchez, inventora del tamayazo avant la lettre. Sin la intervención de esta concejal socialista es probable que Zaplana no hubiera desarrollado su exitosa carrera política. No al menos a la velocidad en la que lo hizo. Es su pecado original.
Con treinta y pocos años y gracias al voto de esta tránsfuga, Zaplana llegó a la alcaldía de Benidorm, la capital turística de una Comunidad Valenciana que era feudo socialista desde las primeras elecciones democráticas, una década antes. De aquel primer Zaplana, blanquecino, tirando a rollizo y de verbo obtuso, pronto no quedó ni rastro. Su transformación es un ejemplo del poder de la voluntad.
Todo estuvo a punto de irse al traste por una grabación telefónica obtenida irregularmente en el caso Naseiro, que investigaba las finanzas de los populares. En las cintas salía Zaplana comentando de manera informal que gracias a la política podría cambiarse de coche. Sus rivales corrieron la voz de que sus palabras eran "estoy en política para forrarme", y aún hay quien así lo cree, por más que nunca pronunciase tal frase.
Meses después de suceder en el liderazgo del PP valenciano a Pedro Agramunt -famoso estos días por haber tenido que abandonar el Consejo de Europa al ser acusado de corruptelas varias- emergió un Zaplana absolutamente nuevo: moreno, fibroso, con carisma, desacomplejado, capaz de mitinear sin un solo papel y con todos los datos imprescindibles en la cabeza listos para desenfundar.

A lo grande

Los vientos, que ya soplaban en contra de un PSPV-PSOE y un Joan Lerma agotados y ninguneados continuamente por Felipe González, terminaron de impulsar a Zaplana, que ganó con autoridad las elecciones. Y ahí cambió la historia reciente de la Comunidad Valenciana, para bien y para mal.
Zaplana tuvo la audacia de pensar a lo grande y el coraje político de afrontar muchos de los problemas pendientes que tenían la sociedad y el propio PP valencianos. Sus enemigos siempre denunciaron que lo hacía en beneficio propio. Las dudas sobre su tren de vida y el supuesto incremento de su patrimonio estuvieron sobre la mesa desde los comienzos, pero sin pruebas... a expensas de lo que descubra ahora la operación que dirige el Juzgado 8 de Valencia.  
Como presidente de la Generalidad desatascó infraestructuras clave para el desarrollo regional, caso de la construcción de la autovía con Madrid (A-3); puso la primera piedra de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, aliándose con Rita Barberá en la transformación de la capital; se sumó y alentó con gusto el boom de la construcción; entró a saco en Canal 9, la televisión autonómica, convertida durante años en azote del centro-derecha; apartó de la primera línea de la contienda política el conflicto lingüístico creando una Academia de filólogos y expertos; introdujo nuevas fórmulas de administración, como la gestión privada de hospitales; fagocitó a Unión Valenciana, el partido que amenazaba la hegemonía de los populares; centró ideológicamente a un PP que todavía olía a rancio y, en definitiva, en esta España de las autonomías, puso a la Comunidad Valenciana en el mapa, convirtiéndola en pieza clave de las futuras victorias electorales de Aznar.
Dice mucho de cómo era Zaplana su determinación de organizar en Mestalla el mitin previo a las generales de 1996, en contra de las advertencias de quienes en su entorno veían con absoluto pavor la posibilidad de un pinchazo ante los mismísimos bigotes de Aznar. El mitin resultó apoteósico.
No salió victorioso, ni mucho menos, de todos sus envites. Fracasó estrepitosamente en la creación del parque temático Terra Mítica, Canal 9 implosionó como consecuencia de la mala gestión, los sobrecostes de algunos megaproyectos dispararon la deuda de las arcas autonómicas... 

La herencia de Zaplana

Su herencia la recogió Paco Camps, tras un pequeño interinaje de José Luis Olivas provocado por la llamada de Aznar al Gobierno de España, donde se estrenó como ministro de Trabajo en 2002. Ambos, Olivas y Camps, están siendo investigados en distintos sumarios por corrupción.
Zaplana aún tuvo tiempo de ser portavoz del Gobierno, y como tal vivió los atentados del 11-M. Tras la derrota de 2004 pasó a ser el portavoz del grupo popular en el Congreso. No congenió con Rajoy y en 2008 lo fichó Telefónica como representante para Europa, poniendo fin así a una carrera política de más de tres lustros plagada de luces y sombras.
Hace dos años se le detectó una grave enfermedad, por la que tuvo que ser sometido a un trasplante de médula. Precisamente ha sido detenido ahora en Valencia cuando acudía a una revisión. 
Se le investiga por tratar de repatriar dinero que habría sacado de España fruto de comisiones ilegales en su etapa de presidente valenciano. El PP le ha suspendido cautelarmente de militancia y Telefónica ha suspendido también su relación laboral con él, donde ahora se desempeñaba como adjunto al secretario general de la compañía.
Su nombre había salido en varias ocasiones relacionado con el del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González en la operación Lezo. Incluso se llegó a publicar que había sido imputado, pero el juez sólo le ha llamado a declarar como testigo. 
Sin embargo su capacidad política, su reconocimiento como fino analista, su reputación, en una palabra, seguía limpia hasta hoy. Viejos fantasmas del pasado han vuelto y amenazan con arruinar al hombre que se inventó a sí mismo y que cambió Valencia.

Las autonomías gastarán este año 2.500 millones más de lo que fija la ley


MADRID.- Las comunidades autónomas extenderán la chequera un 4% más que el año pasado y volverán a incumplir la regla de gasto, que les permitía aumentarlo un máximo del 2,4%. De esa manera, y por segundo ejercicio consecutivo, la administración autonómica se saltará la Ley de Estabilidad, pondrá en riesgo el déficit y desembolsará 2.500 millones de euros más de lo que permiten las normas. Así se desprende del Observatorio Fiscal y Financiero sobre este subsector que publica Fedea, que en esta ocasión está elaborado por Manuel Díaz y Carmen Marín, según publica hoy El Economista.

Según el citado documento, las autonomías pasarán de un gasto ejecutado de 149.924 millones de euros en 2017 a bordear los 156.000 millones en el año en curso, y ello en un momento en el que la regla de gasto les hubiera permitido alzas de hasta 153.500 millones como tope. Los proyectos presupuestarios de todas ellas exceden en esos 2.500 millones el máximo permitido. Y ello pese a que hay dos, Cataluña y Asturias, que no han sido tenidas en cuenta en el estudio porque no han podido aprobar sus propias Cuentas Públicas.
Cabe recordar que en 2019 se celebran las elecciones autonómicas, y el aumento previsto de los desembolsos puede tener mucho que ver con este hecho, tal y como apuntan los autores del informe, que aún así no describe qué administraciones se pasarán más con el gasto. 
La pista, aún así, la dio hace pocas semanas el Ministerio de Hacienda, que situó a Navarra, Castilla y León y la Comunidad de Madrid como las que más se pasaron con los desembolsos en 2017. Un total de 10, de hecho, incumplieron de largo la regla de gasto.
El mayor problema, a ojos de Fedea, es que el aumento previsto del gasto puede poner en riesgo el objetivo de déficit para el subsector, del 0,4%; y por ende, el de todas las Administraciones Públicas, del 2,2% según pactaron el Ejecutivo y Bruselas. 
Mucho más en un ejercicio en el que el Gobierno ha aprobado subir las pensiones con el IPC; elevar el mínimo exento de pago del IRPF; la rebaja de este impuesto para rentas inferiores a los 18.000 euros; o el aumento del 16,5% en la inversión para infraestructuras y obra pública.
Y ese no sería el único motivo. Manuel Díaz y Carmen Marín advierten en su trabajo de que, además del aumento de gasto previsto, de 6.000 millones, las comunidades prevén elevar ingresos en 8.000 millones en relación a lo observado en 2017. Un cálculo, a juicio del think tank, que se pasa en exceso de optimismo.
Si bien es cierto que los Presupuestos contemplan un aumento de las entregas a cuenta de 4.000 millones de euros -que, además, podría no producirse si por sorpresa las Cuentas no se aprueban-, hay otros 4.000 millones de aumento de ingresos por impuestos (un 9% más que el año anterior) sin casi justificación, porque "no se han tomado medidas adicionales".
Si bien los autores creen que tributos como el de Transmisiones Patrimoniales (ITP) como el de Actos Jurídicos Documentos (AJD) podrían incluso propiciar una sorpresa positiva "por la buena marcha del sector inmobiliario", dejando 8.800 millones en las arcas regionales, hay otras figuras que generan más dudas.
Es lo que sucede con el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, en un momento en el que varias autonomías están legislando para bajar el tributo. Así ha sucedido en Andalucía, donde gobierna el PSOE con el apoyo de Ciudadanos; y en Madrid, comunidad en la que ostenta el poder el PP también con soporte naranja. Los autores también ponen el acento en la partida Resto de transferencias de capital, que ven sobrepresupuestada.

El Gobierno regional de Murcia destituirá este miércoles a Zaplana de la UPCT

MURCIA.- El Ejecutivo murciano llevará este miércoles a la reunión semanal del Consejo de Gobierno la destitución del expresidente valenciano y el exministro de Trabajo Eduardo Zaplana como vocal del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) «ante los acontecimientos conocidos este martes».

Con este escueto comunicado ha reaccionado el Gobierno presidido por Fernando López Miras a la detención del político cartagenero por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil junto a otras cinco personas en una operación contra el blanqueo de capitales y la malversación de caudales públicos.
El rector de la UPCT, Alejandro Díaz, había afirmado este martes que el Consejo Social de esta institución docente adoptará «las medidas que considere necesarias» sobre la continuidad de Zaplana y ha recordado que fue nombrado para esa vocalía por el Gobierno murciano en noviembre de 2016 en sustitución de Julio Álvarez, cuyo mandato expiraba.
Eduardo Zaplana entró a formar parte del Consejo Social el 24 de marzo de 2017.

De Naseiro a Lezo, Eduardo Zaplana siempre aparecía en las quinielas

VALENCIA.- Eduardo Zaplana había salido indemne hasta ahora del festival de casos de corrupción que atenaza al Partido Popular. El nombre exministro de Trabajo y expresidente de la Generalitat valenciana ha estado en las quinielas desde los años noventa, cuando las grabaciones telefónicas del caso Naserio delataron su afán de enriquecimiento, recuerda hoy El Confidencial

"Tú haces de intermediario de la venta (de un solar de Benidorm), que yo no puedo, y tú pides la comisión a Javier Sánchez Lázaro, ¿eh? Y luego nos la repartimos bajo mano", le dijo a su amigo, ya fallecido, Salvador Palop. 
Las cintas fueron anuladas judicialmente y el caso, por el que nunca llegó a ser imputado, cerrado. Han tenido que pasar casi 30 años de aquella confesión en la intimidad para que la Justicia echara el lazo al experimentado político conservador.
Como un sino en su carrera, las grabaciones han perseguido a Zaplana de forma directa o indirecta desde que comenzó su escalada política en Benidorm. Primero fue Naseiro, luego las cintas en las que unos empresarios contratistas de Terra Mítica le implicaban en el presunto cobro de comisiones. 
Nunca se les dio credibilidad y estos contratistas fueron juzgados por fraude fiscal y condenados en un juicio en el que quedaron absueltos exdirectivos del parque temático impulsado por Zaplana. Su nombre volvió aparecer en la operación Lezo, pero sus charlas reveladoras interceptadas por la Policía con el expresidente madrileño Ignacio González no fueron consideradas suficientemente incriminatorias y quedó fuera del listado de imputados de la Audiencia Nacional.
Su arresto este martes por agentes de la UCO, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción en Valencia, liquida el mito del Zaplana al que salpicaban los casos pero nadie encontraba indicios suficientes como para someterlo al escrutino judicial. Tras dos años de investigación secreta, los fiscales Vicente Torres y Pablo Ponce han dado caza al exministro con una causa que amenaza con destapar más de dos décadas de corrupción, si como apuntan fuentes de la investigación, se vincula la posible repatriación de fondos desde el extranjero (blanqueo de capitales y delito fiscal), con el cobro de comisiones durante su etapa en la Generalitat valenciana o el Gobierno de Aznar. 
Escaló a la presidencia regional en 1995 y se mudó a Madrid en 2002. De ser así, la malversación y la prevaricación estarían prescritas, pero no el intento de repatriar los fondos desde el extranjero a escondidas.
El ‘campeón’, como lo describió Julio Iglesias cuando lo contrató en la Generalitat valenciana para promocionar por el mundo la Comunidad Valenciana a cambio de un jugoso contrato del que se beneficiaron sociedades radicadas en paraísos fiscales, se ha dedicado en los últimos años a los negocios y la ‘consultoría empresarial’ a través de su mercantil Decuria Consulting, con la que ha facturado más de dos millones de euros desde que la constituyó en junio de 2008 (los mejores ejercicios fueron 2012, 2013 y 2014, con más de 400.000 euros anuales de cifra de negocio). 
En 2016 ingresó por sus servicios más de 216.000 euros. Las oficinas de su empresa, que conciden con su domicilio en Madrid, también fueron registradas por los agentes de la UCO.
Las operaciones empresariales en las que Decuria ha participado no son públicas, pero en los cenáculos siempre se ha señalado a ‘Eduardo’ como buen lobista e intermediario en no pocos negocios. 
Uno de los que siempre rondó por su cabeza en sus tiempos de barón territorial y nunca llegó a ejecutarse fue la posible y multimillonaria fusión del Canal de Isabel II con Aguas de Valencia, previa privatización del primero, la operación soñada para cualquier conseguidor.
A partir de 2008, cuando se descabalgó del cargo de portavoz del PP en el Congreso tras haber perdido la confianza de Mariano Rajoy, Eduardo Zaplana pasó a un segundo plano mediático para dedicarse ‘full time’ a sus aficiones preferidas: la conspiración política entre bastidores y los negocios. 
Excelentemente relacionado, amigo de sus amigos e implacable con sus enemigos, tuvo que echar el freno en sus actividades hace más de un año para tratarse una leucemia, de la que todavía se está recuperando, y que le ha obligado a someterse a un trasplante de médula en el Hospital La Fe de Valencia.

Tres de cuatro presidentes investigados

Doctorado en puertas giratorias, fichó por Telefónica como adjunto a la secretaría técnica de la presidencia, donde ha recibido una retribución periódica que nunca se ha hecho pública. Ha tenido desde entonces despacho en la sede de Gran Vía de la cotizada, primero con César Alierta, y ahora, también, con José María Álvarez-Pallete, con quien ha compartido rutas de ‘running’ en compañía de su gran y verdadero valedor en la empresa, su amigo Javier de Paz. 
También es consejero independiente de Logista, la filial de la privatizada Altadis, donde percibe una retribución fija anual de 60.000 euros más dietas.
En cualquier caso llueve sobre mojado en la Comunidad Valenciana. Zaplana es el tercero de los cuatro presidentes autonómicos que ha tenido el Partido Popular con problemas con la Justicia. 
José Luis Olivas ya tiene una condena por falsedad documental y delitos fiscal y Francisco Camps está investigado en causas relacionadas con el Gran Premio de Fórmula 1 de Valencia. 
Solo el actual senador Alberto Fabra se ha librado por el momento.

'El legado de Aznar': 12 de sus 14 ministros están imputados, implicados o cobraron sobresueldos

MADRID.- El expresidente de la Comunidad Valenciana y exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, ha sido detenido durante la mañana de este martes por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en Valencia. La detención se basaría en un presunto delito de blanqueo de capitales y a otro de delito fiscal. Este nuevo movimiento obliga a actualizar el legado de José María Aznar. 

Tal y como publicó El Plural,  12 de los 14 ministros que formaron el antepenúltimo Gobierno de Aznar (en julio de 2002) están imputados, encarcelados o implicados en asuntos judiciales escabrosos. La mayoría de ellos podrían haber cobrado sobresueldos de la caja B que manejaba el extesorero del partido, Luis Bárcenas, según la documentación que obró en poder del juez Pablo Ruz, cuando instruía el caso Gürtel, que ahora se juzga en la Audiencia Nacional.
Esta lista, que ya publicó elplural.com en 2015, se suman ahora las novedades relativas a Eduardo Zaplana. El juez Eloy Velasco pidió información por su vinculación a la Operación Lezo. En el auto en que el magistrado enviaba a prisión a Ignacio González, acusaba al expresidente madrileño de intentar blanquear dinero junto al exministro de Trabajo de Aznar. Ahora, la UCO le ha detenido, precisamente, por presuntos delitos de blanqueo de capitales y delito fiscal.
Alberto Garzón ya habla de un nuevo hito de la "era Aznar" y el diputado de ERC Gabriel Rufián asegura que ya está "confirmado" que "de la boda de Aznar solo quedan libres los camareros".
Jaume Matas es el ministro de Aznar que más tiempo ha pasado en prisión: un total de nueves meses por su primera condena en el caso Palma Arena. Se le concedió el tercer grado el 31 de octubre de 2014, a los tres meses de entrar en la cárcel, y finalmente salió en libertad en abril de 2015. 
En febrero de este año volvió a ser condenado a tres años y ocho meses de prisión, aunque su ingreso está pendiente del pacto con la Fiscalía para confesar sus delitos. Todavía le quedan nueve causas pendientes.
El fin del milagro
Otro de los grandes señalados de aquel gabinete es Rodrigo Rato, el que fuera considerado artífice del milagro económico y que acabó siendo detenido por la Guardia Civil. La cantidad de casos que carga a sus espaldas son difíciles de enumerar: está imputado por la gestión de Bankia, está implicado en el caso de las tarjetas Black, con la que llegó a gastar en un solo día 3.547 euros en alcohol, 1.000 euros en una zapatería y 17 retiradas en efectivo de 1.000 en cajeros de Bankia.
En 2015, la Fiscalía empezó a investigarle por supuestos delitos de fraude, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. Por ello, su casa fue registrada y él detenido por el Servicio de Vigilancia Aduanera. Con la publicación de los papeles de Panamá se conoció que había usado varias empresas pantalla para esconder dinero en paraísos fiscales.
Curiosamente, tanto Matas como Rato han sido ensalzados en numerosas ocasiones por el actual presidente del Gobierno. Así, en 2004, Mariano Rajoy afirmó que cuando llegara a la Moncloa quería “un Gobierno para España como el del presidente Matas” en Baleares. Antes, en el 2003, ya se había referido a él como “un amigo” que “tiene personalidad, coraje, determinación y valentía”. 
Respecto a Rato, han sido numerosas las ocasiones en las que Rajoy le ha descrito en público como el “mejor ministro de Economía” que ha tenido España.
El resto de miembros del Gabinete se vio salpicado por el supuesto reparto de sobresueldos sacados de la caja B de dinero negro que manejaba Luis Bárcenas, según la documentación que obraba en manos del juez Pablo Ruz durante la fase de instrucción, aunque el auto de Ruz no mencionaba específicamente los nombres de los dirigentes que habrían cobrado.
Sobresueldos que podrían oscilar desde los 1,58 millones de euros que supuestamente habría percibido Mariano Rajoy entre 1990 y 2011, hasta los 9.000 euros que presuntamente cobró en 2004 Pilar del Castillo, exministra de Educación, Cultura y Deporte. 
Federico Trillo, Miguel Arias Cañete, Ana de Palacio, Ángel Acebes, Jaume Matas, Francisco Álvarez Cascos, Rodrigo Rato, Javier Arenas y Cristóbal Montoro serían otros de los ministros del Partido Popular que según el instructor de la Gürtel habrían recibido cuantiosos sobresueldos, aún sin llegar a los 782.695 euros que por este concepto presuntamente se habría embolsado José María Aznar.

La Guardia Civil apunta a planes eólicos y concesiones de ITV en la investigación sobre Zaplana

VALENCIA.- Dos agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han personado este martes en la Conselleria de Economía donde han solicitado el expediente completo del plan eólico de la Comunitat Valenciana de 2003 y el correspondiente a la concesión de las ITV de 1997.

Según han confirmado hoy fuentes de la Conselleria, dos agentes de paisano se encuentran en las instalaciones de Economía analizando documentación relacionada con las adjudicaciones del plan eólico de la Comunitat Valenciana de 2003.
En concreto, se han interesado por la documentación relacionada con la empresa Proyectos Eólicos Valencianos SA, filial de la firma Sedesa, propiedad de Vicente Cotino, empresario detenido este martes en Xirivella (Valencia) y sobrino del exconseller, expresidente de Les Corts y ex director general de la Policía, Juan Cotino.
Además, han requerido el expediente completo de la concesión administrativa del servicio público de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) correspondiente a 1997.
Este registro está relacionado con la operación que dirige el Juzgado de Instrucción nº 8 de Valencia, en la que han sido detenidos, entre otros, el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana por un presunto delito de blanqueo de capitales y el que fuera su jefe de gabinete en el Gobierno valenciano, Juan Francisco García Gómez.

Zaplana, el político que presumía de no tener mancha

MADRID.- Negó hasta la saciedad haber dicho que entraba en política "para forrarse" y se jactaba de no haber tenido "ningún problema judicial". Eduardo Zaplana (Cartagena, 1956) había logrado escaparse de las manchas que han salpicado al Partido Popular en la Comunidad Valenciana pese a haber ocupado cargos públicos en el partido desde 1991 a 2008, pero ha sido detenido en Valencia por presunto delito de malversación y blanqueo de capitales, recuerda hoy El Mundo

La carrera política de Zaplana arrancó en 1991 en Benidorm cuando una tránsfuga socialista, Maruja Sánchez, firmó la moción de censura para convertirle en alcalde. Al instante, Sánchez pasó a ser asesora de Cultura con un sueldo de 1.760 euros mensuales. Desde la alcaldía inició su escalada que empezó por convertirse en el hombre fuerte del partido en sustitución del ahora senador Pedro Agramunt en 1993, y hasta alcanzar la presidencia de la Generalitat en los comicios de 1995. 
La habilidad de Zaplana para buscar aliados fuera de su partido quedó de manifiesto en su pacto con la extinta Unión Valenciana -el llamado 'Pacto del Pollo'- que le dio la presidencia con el apoyo del partido regionalista de Vicente González Lizondo. Poco a poco, fagocitó a su socio (en afiliados y votos) y acaparó todo el poder popular con una única excepción: Valencia, bajo el control absoluta de Rita Barberá, con quien nunca tuvo sintonía.
Fue la etapa de la transformación de la Comunidad Valenciana, de la apuesta por obras como la Ciudad de las Artes y las Ciencias, el Circuito de Motociclismo Ricardo Tormo o Terra Mítica. 
El parque temático en Benidorm le trajo algún quebradero de cabeza porque uno de los empresarios juzgados por estafa agravada, fraude fiscal y falsedad documental le señaló como beneficiario de un supuesto cobro de comisiones ilegales. Sin embargo, nunca fue llamado ni a declarar. 
Los 22 condenados por la Audiencia de Valencia suman más de 300 años de cárcel y entre ellos está Justo Valverde, entonces cuñado de Zaplana, que fue condenado a cuatro años de cárcel cada uno por delitos contra la Hacienda Pública.
Otra de las polémicas que estalló bajo su mandato fue el llamado caso IVEX, que investigó a Julio Iglesias por un posible delito relacionado con los pagos que recibió por parte del Ejecutivo de Eduardo Zaplana por su labor de promoción exterior de la región. 
En concreto, el cantante cobró seis millones por ser embajador de la Comunidad Valenciana y celebrar 14 conciertos por todo el mundo. El ex presidente ahora detenido siempre se enorgulleció de la operación.
Zaplana dejó la política valenciana el 24 de julio de 2002, cuando José María Aznar le reclamó para convertirse en Ministro de Trabajo y portavoz del Gobierno. Desde entonces, su presencia en al Comunidad Valenciana quedó orillada por sus tensiones con Francisco Camps
En el PP valenciano comenzaron las luchas entre campistas y zaplanistas que provocó que fuera relegado de las listas -tuvo que presentarse como número 5 por Madrid- y que incluso se le prohibiera la asistencia a actos oficiales. Camps quiso borrar todo su legado. 
De hecho, el ex presidente declaró el pasado mes de marzo en la Audiencia Nacional que fue Eduardo Zaplana quien introdujo a las empresas de Francisco Correa y a la trama Gürtel en la Comunidad Valenciana. 
"Sería lo único en lo que habría seguido mis directrices", le respondió con ironía el ex ministro.
En Madrid vivió una de las etapas más difíciles. Le tocó ser la voz del Ejecutivo en el 11-M y, con la derrota en las urnas, fue el portavoz popular en el Congreso de los Diputados hasta que en 2008 decidió abandonar la política.
Desde entonces, su trabajo está ligado a la multinacional Telefónica -actualmente es secretario general- y sus apariciones públicas son contadas. En Valencia se habían intensificado porque estaba siendo tratado de una enfermedad. Hace unas semanas pronunció una conferencia en el Ateneo Mercantil con motivo del 40 aniversario de la Constitución Española. 
Este pasado fin de semana se le pudo ver en el palco del estadio Cartagonova siguiendo en el partido Cartagena-Rayo Majadahonda de la fase de ascenso a Segunda División.

Telefónica "suspende" su relación con Eduardo Zaplana tras su detención por blanqueo

MADRID.- Telefónica ha decidido suspender "con carácter inmediato" su relación con el exministro Eduardo Zaplana, asesor de la compañía desde 2008, tras su  detención este martes  por efectivos de la Guardia Civil en una operación dirigida por un juzgado de Valencia y la Fiscalía Anticorrupción. Zaplana está acusado de un presunto delito de blanqueo de capitales, entre otros, según informa www.eldiario.es

Según fuentes oficiales de Telefónica, "se suspende con carácter inmediato su relación laboral, en el área de asuntos públicos, con la compañía a la espera de conocer más detalles sobre su situación". 
El PP también se ha apresurado a anunciar esta mañana la  suspensión de militancia de Zaplana por este asunto. En un primer momento, fuentes de Telefónica se habían limitado a señalar que estaban recabando información sobre Zaplana.
Por su parte, Logista, otro monopolio privatizados por el Gobierno de José María Aznar que desde hace años tiene a Zaplana como consejero, todavía está analizando la situación del ex ministro, al que renovó recientemente como vocal.
En septiembre de 2016, el exministro se definía en su Linkedin como "adjunto al secretario general" de Telefónica, aunque entonces él mismo matizó, en una conversación con eldiario.es, que su función era la de mero "asesor" en la multinacional, " un puesto funcionarial", según sus propias palabras. 
En ese momento, fuentes de la empresa le definían todavía como "adjunto a la presidencia", que ya entonces ocupaba José María Álvarez Pallete.
Telefónica anunció hace ahora diez años, con César Alierta al frente de la empresa, el fichaje de Zaplana (que acababa de dejar su escaño en el Congreso) como "Delegado de la Compañía para Europa", con un retribución que nunca ha sido pública. Hasta enero pasado, la Secretaría General y el área de Asuntos Públicos de Telefónica estaban bajo la dirección, respectivamente, de los abogados del Estado Ramiro Sánchez de Lerín  y Carlos López Blanco.
El primero está imputado en el 'caso Rato' por haber sido la persona que firmó el contrato entre la Telefónica de Alierta y Kradonara, una sociedad del expresidente de Bankia, por tareas de asesoramiento, mientras que López Blanco fue secretario de Estado con Aznar. 
En la distribuidora de tabaco Logista, donde la retribución de Zaplana como consejero "independiente" sí es pública (99.000 euros en 2017), se limitan a señalar a preguntas sobre este asunto que "aún no tenemos conocimiento de las circunstancias de las actuaciones". Añaden que "Logista continuará cumpliendo escrupulosamente con los Reglamentos y normativas para el buen gobierno de la sociedad".
El reglamento del consejo de administración Logista obliga a dimitir a sus vocales "cuando su permanencia en el Consejo pueda poner en riesgo los intereses de Grupo Logista o puedan perjudicar al crédito y reputación de la misma. En particular, deberán informar al Consejo de las causas penales en las que aparezcan como imputados, así como de sus posteriores vicisitudes procesales". 
Es la fórmula habitual en estos casos.
Zaplana es consejero de esta empresa desde 2012 y en la junta de accionistas de marzo pasado, cuando Zaplana ya se había visto salpicado por el caso Lezo tras diversas grabaciones de sus conversaciones con el expresidente madrileño Ignacio González, la filial de la tabaquera británica Imperial Tobacco renovó el mandato del exministro por otros cuatro años.
Para respaldar su reelección, el consejo de Logista valoró su "conocimiento, experiencia profesional, reconocida solvencia y competencia, responsabilidad para el ejercicio del cargo y ausencia de conflicto de interés", tras considerar que "ha desempeñado el cargo de consejero de la sociedad, con la dedicación adecuada y de una forma eficiente, en cuanto a la calidad del trabajo".
Zaplana compatibiliza sus funciones en estas dos grandes empresas con su actividad en una consultora que administra junto a su hija, Decuria Consulting, que fue constituida unas semanas después de su fichaje por Telefónica y desde entonces hasta 2016 (último ejercicio del que ha presentado cuentas) ha facturado más de 2,3 millones de euros. 
La esposa de Zaplana y sus hijas también gestionan varias empresas del sector inmobiliario y hotelero, algunas  de la órbita del suegro del exministro, el empresario y ex senador del PP Miguel Barceló, fallecido en marzo pasado.

Eduardo Zaplana, un personaje escurridizo en el cieno de la corrupción

MADRID.- Eduardo Zaplana siempre ha sido un personaje escurridizo en el cieno de las turbulentas aguas de la corrupción asociada a los 20 años de gobierno del PP en la Comunidad Valenciana. Las sospechas que levantó su gestión como alcalde de Benidorm y como presidente de la Generalitat han sido tan relevantes como su habilidad para escabullirse del epicentro de los escándalos. Incluso para lograr la retirada de las denuncias en aquellos casos en los que alguien se ha atrevido a llevarle a los tribunales, como ocurrió con los empresarios de la trama de las comisiones de Terra Mítica, recuerda hoy El País.

Esa capacidad de bordear el cepo sin pillarse nunca los dedos ha engrandecido su mito en la Comunidad Valenciana, donde la mayoría de sus colaboradores, lejos de seguir su estela, están imputados, procesados o, simplemente, condenados y encarcelados. Como José Luis Olivas, que fue su mano derecha en la Generalitat y, antes de llevar Bancaja al precipicio, fue su relevo al frente del Gobierno valenciano en 2002, cuando Zaplana dio el salto a Madrid como ministro de Trabajo de José María Aznar. O como el exconsejero Rafael Blasco, que, tras ser expulsado del PSOE por supuestos cohechos y antes de ser recluido por varios delitos, fue su lazarillo en el laberinto administrativo de la Generalitat cuando logró la presidencia en 1995.
La investigación del caso Lezo puso de nuevo a prueba su pericia para escurrirse. Una conversación telefónica entre Zaplana e Ignacio González despertó la curiosidad del juez que inició la investigación, Eloy Velasco, que fue director general de Justicia en el Gobierno del expresidente valenciano. No es la primera conversación telefónica que despierta interés judicial en su trayectoria.
Zaplana irrumpió en la alcaldía del Ayuntamiento de Benidorm en 1991 de la mano de una tránsfuga socialista, Maruja Sánchez, que estuvo escondida en el hotel de un casino hasta que se materializó la operación. El arreglo benefició a todos. Hasta entonces Zaplana solo había hecho algunos pinitos como abogado. El matrimonio con la hija de un hombre fuerte del PP local le abrió grandes oportunidades.
En esos días, en los que se gestionó su primer contrato de concesión de la playa de Benidorm, Zaplana fue grabado en las pesquisas del caso Naseiro, la primera investigación judicial originada por las sospechas de corrupción en la financiación del PP, luego frustrada por la anulación de las escuchas. 
En una conversación telefónica con el concejal de Valencia Salvador Palop, el alcalde de Benidorm aseguraba que estaba “arruinado” y trataba de indagar “cómo podría rascar” para comprarse “un Opel Vectra de 16 válvulas”. Lejos de afectarle, esas grabaciones fertilizaron su carrera.
Como años después diría de él Julio Iglesias, Zaplana corría muy rápido. Su pragmatismo engrandeció su cartel de político kennedyano litoral en unos momentos bajos para el PP. Su momento llegó tras el asesinato de Manuel Broseta por los pistoleros de ETA, quien estaba llamado a liderar el partido en Valencia. 
Con el apoyo de Rita Barberá y el órgano mediático de la derecha valenciana se puso al frente del PP. Otro arreglo auspiciado por la patronal valenciana, el Pacto del Pollo (llamado así por celebrarse en el despacho del empresario avícola Federico Félix) fue su vehículo hasta el Palau de la Generalitat al allanar las diferencias entre Unión Valenciana y su partido para desalojar al PSOE. Hubo para todos.
La de Zaplana al frente de la Generalitat fue una gestión burbujeante. Con Aznar en la oposición, la Comunidad Valenciana se convirtió en el conejillo de indias de España. Todo ocurriría antes allí: la concertación de servicios públicos, la telebasura y los grandes eventos y contenedores, como la Ciudad de la Luz o Terra Mítica, en los que involucró para su desgracia a las cajas de ahorro valencianas. Y lo que ello llevaba implícito. 
Terra Mítica costó a la Generalitat más de 300 millones de euros y se vendió por 65. Su empeño personal en el parque temático de Benidorm, con cuentas investigadas en Suiza, se ha saldado, además, con 22 condenados por estafa agravada, fraude fiscal y falsedad documental.
Pero la Comunidad Valenciana era poco recipiente para su envergadura. Para ensanchar su imagen, Zaplana realizó una gira por varios países de Asia con Julio Iglesias como embajador de la Comunidad Valenciana. El cantante cobró seis millones de euros por ello (3,7 millones más de lo que admitió el presidente valenciano). Luego incluso intentó, sin éxito, presidir el Comité Europeo de las Regiones. 
Y convirtió en colaboradores habituales de Canal 9 a varios periodistas de Madrid que luego amplificaban su eco de político cruzado de Lincoln y Pericles en la Meseta. En 2002, la llamada de Aznar lo elevó a Madrid. Años después, la UDEF concluiría que la financiación ilegal del PP valenciano había empezado ese mismo año. Él no dejaría hasta dos años después la presidencia del partido en Valencia.
Zaplana saltó del tren antes de la explosión que despedazó a su heredero, Francisco Camps, y a Rita Barberá, dañando las partes esenciales de la organización. Sano y salvo, le permitió durante la descomposición del PP valenciano afirmar que se sentía orgulloso de no haber tenido “ningún problema jamás de índole judicial” y reivindicar su gestión frente a quienes le precedieron.
Telefónica le abrió la puerta a su salida de la política, tras los batacazos del PP en 2004 y 2008. Para la memoria dejaba sus intervenciones como portavoz del Gobierno de Aznar durante los atentados yihadistas del 11 de marzo, que en unas memorias inéditas todavía vincula una conspiración ibérica para apartar al PP del poder.
Desde entonces Zaplana ha alternado su función de delegado de Telefónica para Europa con los negocios privados, aunque la sombra de las sospechas le ha acompañado con una fidelidad inquebrantable. 
Un mes después de ocupar el despacho de Telefónica en la Gran Vía fundó la consultora Decuria Consulting, SL, dedicada a la promoción inmobiliaria, organización de eventos y “explotaciones deportivas y de ocio de todo tipo”.
El juez Santiago Pedraz ya puso bajo su lupa a la administradora solidaria de esta consultora, su hija Rosa María, por la presunta comisión de delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública en la trama del hijo menor del expresidente de la Generalitat catalana, Oleguer Pujol.
Las escuchas de su conversación con el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González revelaban intenciones de participar en negocios de manera opaca para blanquear fondos ocultos en el extranjero, con el Canal de Isabel II como escenario. Zaplana no es nuevo en el sector hídrico ni en sus tejemanejes. Se empleó a fondo en el pulso por el control de Aguas de Valencia, que proyectó fusionar con el Canal de Isabel II en los tiempos de Alberto Ruiz Gallardón, y hasta trató que le pagara un medio de comunicación afín. Mucha agua y mucho lodo en el fondo por el que escurrirse.
Ahora la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil lo ha detenido por un presunto blanqueo de capitales y delito fiscal por aflorar dinero negro procedente del extranjero. ¿Volverá a escurrirse?

El PSRM-PSOE y Podemos piden que Zaplana sea expulsado del Consejo Social de la UPCT

CARTAGENA.- El vicesecretario general del PSRM-PSOE y portavoz parlamentario en la Asamblea Regional de Murcia, Joaquín López Pagán, ha exigido este martes la remoción (o cese) del político cartagenero Eduardo Zaplana como miembro del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.

En su opinión, la detención del ex ministro de la época de José María Aznar, por un presunto delito fiscal y de blanqueo de capitales, "le inhabilita, en tanto se aclare su situación judicial, a representar a una institución honorable como es la Universidad Politécnica.
"La corrupción del Partido Popular tiene raíces profundas y los tentáculos muy grandes y este es un episodio más que nos salpica de manera directa. Por ello, y en aras de la transparencia y para preservar la imagen de la institución, exigimos que Eduardo Zaplana abandone de inmediato el Consejo Social de la UPCT".
Por su parte, el portavoz parlamentario y secretario general de Podemos Región de Murcia, Óscar Urralburu, ha reclamado que el excargo público del PP sea expulsado inmediatamente del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), ya que "no podemos permitirnos a personas como Zaplana ensuciando la imagen de la universidad pública".
"El gobierno del PP fue quien lo puso ahí para intentar ayudar a un político acorralado por sus prácticas corruptas. Eso nos da la medida de la consideración que tiene este partido hacia lo que representa la UCPT", ha advertido.
Urralburu ha recordado que fue el gobierno del "plurimputado" Pedro Antonio Sánchez el que nombró a Zaplana representante del Consejo Social de la Politécnica.
Su objetivo era, según palabras del propio gobierno, "difundir fuera y dentro de la Región todo lo que en la UPCT se hace. Es decir, el PP escoge a alguien que ahora está detenido por blanqueo de capitales para darle 'brio' a la UPCT. Lamentable y vergonzoso, made in Partido Popular".
El rector de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), Alejandro Díaz, ha afirmado hoy que el Consejo Social de esta institución docente adoptará "las medidas que considere necesarias" sobre la continuidad de Eduardo Zaplana como miembro de este órgano.
 
Díaz ha recordado que Zaplana fue nombrado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en noviembre de 2016, al tiempo que ha agregado que el Consejo Social es un órgano colegiado de participación de la sociedad en la gestión y supervisión de la UPCT.
"Como órgano colegiado, estoy seguro que adoptará las medidas que considere necesarias en su próxima reunión", ha apuntado el rector, quien ha añadido que, "hasta ahora, sólo se conoce que ha habido una detención".

El PP suspenderá hoy de militancia a Eduardo Zaplana

MADRID.- El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha anunciado que su partido suspenderá este martes mismo de militancia de forma cautelar al expresidente de la Generalitat valenciana y exministro Eduardo Zaplana, detenido junto a otras cinco personas en una operación contra el blanqueo de capitales.

Asimismo, ha confirmado que serán suspendidos de militancia los demás detenidos en esta operación que sean afiliados del PP.
En los pasillos del Congreso, Maillo ha explicado que el Comité de Derechos y Garantías del PP se reunirá esta tarde para acordar la suspensión cautelar, a instancias del partido en la Comunidad Valenciana, que es el que ha elevado esta petición a Génova.
El "número tres" del PP ha reconocido que la suspensión es una decisión "drástica y difícil" pero ha subrayado que la detención es una causa suficientemente "grave" como para tomarla.
Maíllo ha admitido que Eduardo Zaplana ha sido una persona "muy importante" en el partido en otro tiempo, pero ha añadido que "cada uno tiene que responder de sus propios actos" y, por tanto, "tendrá que responder ante la justicia".
Y aunque ha recordado que el exministro lleva diez años alejado de la política y sin ocupar ningún cargo público ha insistido en que la gravedad del asunto obliga a suspenderlo cautelarmente de militancia, tanto a él como al resto de detenidos que estén en el PP.
El coordinador general del PP no ha querido poner calificativos a la detención del exministro y ha señalado que "simplemente es un hecho objetivo", para añadir después que "nadie es detenido por casualidad".
Ha añadido que hay que confiar en las fuerzas y cuerpos de seguridad, en la justicia, así como en el derecho de defensa, pero ha insistido en justificar la decisión del PP "ante un hecho que reviste suficiente gravedad".
Fernando Martínez-Maillo ha recalcado también que el PP "no acepta ningún tipo de comportamientos de esta naturaleza" y "se comporta de forma enérgica" contra quienes utilicen "las siglas del PP en su beneficio".
Ha aclarado que no sabe si se da este caso con Zaplana, pero ha insistido en que en el PP tienen que ser "tajantes y claros" en la lucha contra la corrupción.
Por su parte, el expresidente del Congreso y exministro Jesús Posada ha reconocido que se encuentra "profundamente sorprendido" por la detención de Zaplana, con quien ha mantenido una "excelente relación".
"Lo siento mucho", ha asegurado Posada en los pasillos del Congreso.


Los cargos públicos de Eduardo Zaplana

  • 1991-1994. Alcalde de Benidorm.
  • 1991-2002. Diputado de las Cortes Valencianas.
  • 1995-2010. Presidente de la Generalitat Valenciana.
  • 2002-2004. Senador en las Cortes Generales.
  • 2002-2004. Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de España.
  • 2003-2004. Portavoz del Gobierno de España.
  • 2004-2008. Diputado en las Cortes Generales.
  • 2004-2008. Portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados.
 

El político cartagenero Eduardo Zaplana, detenido por blanqueo y cohecho


VALENCIA.- El político cartagenero Eduardo Zaplana, expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro de Trabajo del PP en el Gobierno de José María Aznar, ha sido arrestado este martes a la salida de su domicilio en la calle Pascual y Genís 12, de Valencia, por la Guardia Civil por al menos los presuntos delitos de blanqueo de capitales, cohecho y contra Hacienda.

La detención la han practicado agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en una operación que continúa abierta y en la que se prevén más arrestos.
Zaplana ha sido detenido junto a otras cinco personas en una operación contra el blanqueo de capitales y la malversación de caudales públicos. Entre ellos estaría el empresario Vicente Cotino, sobrino del exconseller y director general de Policía, Juan Cotino.
La Guardia Civil acusa al exministro de aflorar dinero negro procedente del extranjero. Al parecer, este dinero podía proceder de paraísos fiscales y tener su origen en comisiones por adjudicaciones de contratos.
En nombre de Zaplana ha aparecido también vinculado a la operación Púnica y en
conversaciones del caso Lezo.
La detención del expresidente valenciano se enmarca dentro de una macrooperación contra la corrupción dirigida por el Juzgado de Instrucción nº 8 de Valencia y la Fiscalía Anticorrupción. Las fuentes consultadas aseguran que en las próximas se producirán más detenciones, al menos cinco.

La tardía caída de Zaplana / Pablo Sebastián *

No por esperada desde hace tiempo la detención por corrupción (cohecho y blanqueo de capitales) de Eduardo Zaplana ha pasado como otra más en el seno del PP, donde se espera con pavor la sentencia del caso Gürtel que se hará pública este viernes.

Porque Zaplana lo ha sido casi todo en el PP de ‘los principios y los valores’ y hoy en notable decadencia camino de su auto destrucción. El cartagenero es todo un personaje, al que se atribuye la frase de ‘yo me tengo que hacer rico’, y un político fundamental en el entorno de Mariano Rajoy, del que fue portavoz en el Congreso como de José María Aznar quien lo nombró  ministro de Trabajo y Portavoz del Gobierno en el trance de los atentados yihadistas de Atocha de 2004.

Y por supuesto Zaplana fue alcalde de Benidorm y ahí empezó todo en la compañía de su íntimo José Antonio Sánchez (RTVE), hasta que llegó a la Presidencia de la Comunidad de Valencia (1995/2002) donde hizo mangas y capirotes antes de alcanzar el Gobierno de España (2002/2004) para luego ser el portavoz del PP en el Congreso (2004/2008) con la colaboración de Cayetana Álvarez de Toledo.

Y todo ese tiempo en estrecha amistad con el preso y también ex ministro de Aznar (como Rato y Cascos) Jaume Matas en el club aznarista de papel de Pula (Palma de Mallorca). Amén de otras notorias relaciones de casas en Altea y paseos en los yates (El 'Clara') de ‘El Pocero’ de Seseña en compañía de amigotes y en cercanía del aún misterioso José Bono.

Y de otros ‘artistas’ de la política como Gallardón, Aguirre y su compinche Ignacio González, o de famosos de la comunicación (el llamado clan de los ‘Federicos’) y empresarios de postín como Alejandro Agag o Juan Villalonga con quien compartió ‘amigo íntimo’ en Telefónica donde luego ‘trabajó’ en la etapa de César Alierta. Y de donde ha sido despedido por el presidente José María Álvarez Pallete a pesar de la estrecha amistad de Zaplana con el consejero Javier de Paz.

Zaplana, hábil y encantador para la política, acababa de superar una muy grave enfermedad, cuando apareció en grabaciones de la Operación Lezo con el golfo de Ignacio González. Y así, cuando parecía que la Justicia no le daría alcance la cosa se complicó con el presunto blanqueo de capitales ocultos en paraísos fiscales. Y así su castillo famoso de naipes, riqueza y  poder, que él escenificó en el ruinoso parque de Terra Mítica, se derrumbó.

Y fue detenido como un Camborio por la Guardia Civil y llevado a los registros de sus despachos y viviendas, con lamentable aspecto y la mirada perdida del campeón tumbado en la lona ante el enjambre de fotógrafos que, como en la detención y ‘cogotazo’ de Rodrigo Rato, estaban al acecho del que parece haber sido pionero de la gran corrupción valenciana. La que creció bajo el mandato de Francisco Camps como lo confiesa Ricardo Costa con la bendición papal de la familia de los Cotino, la que detenida también está.


(*) Periodista


lunes, 21 de mayo de 2018

'Mercadona' lanza su nueva web y app de compra online en Valencia

VALENCIA.- La nueva compra online de Mercadona en Valencia se posiciona como el Amazon de los frescos. Comprar por Internet en Mercadona Valencia será más fácil, más intuitivo y con una gráfica renovada de estilo sencillo y minimalista. Se puede acceder si su código postal coincide con cualquiera de los de Valencia ciudad.

No es ningún secreto que el dueño de los supermercados, así como su hija -encargada del desarrollo digital de la compañía- no estaban satisfechos con la compra online que ofrecía hasta la fecha Mercadona. De hecho, pese a que desde muchos puntos de la geografía se podía recurrir a ella, el proceso para llevarla a cabo era bastante tradicional.
Un usuario que accediese a la plataforma y encargase su pedido debía esperar a que un empleado del supermercado cogiese un carrito e hiciese por él la compra. A partir de ahí, según la disponibilidad del reparto del centro más cercano al domicilio del usuario se establecía un margen de horas de entrega. 
Es decir, pese a que se hacía online, el proceso tenía mucho más de offline de lo que la compañía deseaba. Esto complicaba la competencia con grandes del retail como Amazon que cada vez quieren hacerse un mayor hueco en el sector de la alimentación.
El nuevo servicio de la compra online en Valencia lo cambiará todo. No solo la web, sino todo el proceso de gestión de pedidos y la logística de la empresa. De hecho, la compañía de Roig operará desde una nave situada en Vara de Quart. 
Este centro, de unos 13.300 metros cuadrados, será el laboratorio de la empresa para poner en marcha una iniciativa de gestión directa de la venta online en la que todos los pedidos de la ciudad de Valencia se gestionarán desde allí. 
Esto pretende ser solo el principio, una fórmula para testar el nuevo negocio y desarrollarlo luego en otros lugares de España con la pretensión de ser en un futuro próximo el rey del mercado retail.
Renovarse ahora o morir después. Parece que Mercadona tiene claro que la tesis es más bien la de adaptarse al nuevo cliente y presentarse a sí misma como una empresa innovadora, comprometida con los nuevos tiempos y las nuevas tecnologías. Y, bajo ese perfil no será difícil ser percibida como el Amazon 100% español que puede conquistar a todos los consumidores en el sector del retail.

Canarias también prohíbe el alquiler vacacional en zonas turísticas

SANTA CRUZ DE TENERIFE.- El Gobierno de Canarias ha presentado este lunes el borrador del nuevo decreto que regula el alquiler vacacional en el archipiélago que impide su desarrollo en suelo residencial en zonas turísticas, aunque admite la posibilidad de que cabildos y ayuntamientos fijen excepciones.

El texto, que se somete ahora a un periodo de información pública de un mes, deberá contar también con los informes favorables de distintos departamentos del Ejecutivo y del Consejo Consultivo para ser aprobado definitivamente en Consejo de Gobierno a final de año.
En rueda de prensa, el consejero regional de Turismo, Isaac Castellano, ha comentado que el objetivo del Gobierno es “actualizar” la normativa, ayudar a garantizar el acceso a la vivienda de los residentes, apostar por la “sostenibilidad y calidad” y evitar el “crecimiento desordenado” sobre el territorio.
Castellano ha comentado que se abre la puerta a que las corporaciones locales establezcan “excepciones” o fijen “marcos flexibles”, dejando claro que por jerarquía urbanística, primará el criterio de los cabildos en caso de disparidad de criterios con los ayuntamientos.
Las viviendas de alquiler vacacional tendrán seis meses para adaptarse a la nueva normativa cuando se apruebe, y quedan fuera de la regulación las islas verdes, tal y como quedaba recogido en su propia ley.
El borrador de decreto establece también diferencias entre los propietarios, ya que los que posean tres o más viviendas tendrán categoría de actividad profesional y deberán contar con trabajadores y un equipamiento mínimo, al igual que las casas rurales. Además, se establece que debe haber operativo un teléfono 24 horas para registrar incidencias.
En cuanto a las plataformas digitales, el borrador de decreto establece que las viviendas en oferta deben contar con el número de registro y si se detecta alguna plaza irregular, deberán ser eliminadas en un plazo máximo de seis meses.
Para llevar a cabo la aplicación del decreto, la Comunidad Autónoma cuenta con una plantilla de 14 inspectores, que se apoyarán en un futuro plan de inspección turística que atenderá “de forma “destacada” al alquiler vacacional, ha detallado Castellano.
El consejero ha incidido también en que el decreto no toma medidas sobre las comunidades de propietarios porque la ley de propiedad horizontal es competencia del Estado, y ha resaltado la intención de la Comunidad de convocar una mesa de trabajo entre Comunidades y el Estado.
Según el último estudio de la Comunidad Autónoma con respecto a 2017,Canarias dispone de un total de 31.975 casas en régimen de alquiler vacacional, un 5,8% más que el año anterior y un total de 131.032 camas, un 1% más. De ellas, unas 6.600 casas están autorizadas por los cabildos.

Confrontación entre Bankia y los sindicatos por los cursos de MiFID II

MADRID.- Los cursos que acreditan que los trabajadores de Bankia disponen de los conocimientos necesarios en materia de asesoramiento financiero para cumplir con la directiva MiFID II han despertado un nuevo episodio de tensión entre la dirección de la entidad y los sindicatos, según publica hoy www.vozpopuli.com.

Aquellos empleados del banco que preside José Ignacio Goirigolzarri que hayan suspendido tres veces la formación de la nueva normativa comunitaria tendrán que pagar de su bolsillo unos 158 euros correspondientes a las tasas de la próxima convocatoria del examen.
Así se lo ha comunicado Bankia a los trabajadores que se encuentran en esta situación, unos 150, según fuentes sindicales. Vía correo electrónico, la entidad les ha avisado de que no serán incluidos en las próximas convocatorias que organiza y les ha informado de que disponen de un plazo de un año para presentar la certificación.
Si los empleados no obtienen el título, Bankia hará constar tal eventualidad en su expediente, por lo que desde UGT entienden que podría tratarse de una amenaza velada de despido. No obstante, los empleados que carezcan de la certificación podrán seguir asesorando y comercializandoproductos financieros, aunque el proceso deberá ser supervisado por un trabajador que sí disponga de tal homologación.
En los últimos doce meses, unos 7.500 trabajadores de Bankia se han presentado a las pruebas de certificación de conocimientos con un 95% de aprobados. El banco dispone de un acuerdo de formación con la Fundación de Estudios Financieros (FEF) para la obtención del título de Asesor Financiero, certificado por la CNMV.
El precio del curso se sitúa en el entorno de los 1.000 euros, a los que se deben sumar 158 euros correspondientes a los derechos de examen. La entidad, de la que el Estado es el principal accionista con una participación del 60% a través del Frob, costea este importe a sus empleados.
Para los que ya hayan suspendido tres veces la prueba, Bankia les permite acceder durante seis meses a la plataforma del curso, pero tendrán que pagar las tasas de la próxima convocatoria a un "precio reducido", en el marco del acuerdo con FEF.
Al aprobar este examen, los empleados de banca acreditan que cumplen con los conocimientos que MiFID II, que regula, entre otros aspectos, la comercialización de productos de inversión, la prestación de servicios de asesoramiento y la gestión de carteras.
Desde UGT exigen a Bankia que los empleados no tengan que abonar nada por la certificación, pues lamentan que sean los propios trabajadores, aunque sean pocos, los que tienen que pagar por su formación.
Por su parte, CCOO critica que no se haya avisado hasta ahora de que el número máximo de convocatorias costeadas por la entidad iba a ser de tres. "Una vez más, la previsión y programación de Bankia brilla por su ausencia", denuncia el sindicato.
Este nuevo episodio de confrontación se produce después de que la entidad y los sindicatos alcanzasen un acuerdo para la salida de 2.000 empleados en el marco del ERE para la integración de BMN. Según informó el consejero delegado de Bankia, José Sevilla, durante la presentación de las cuentas correspondientes al primer trimestre, está previsto que el proceso se complete este 2018, antes de la fecha prevista inicialmente.
"Cuando diseñamos el plan de integración pensábamos que parte de de las salidas se extenderían a 2019, pero la idea es que esté cerrado, en términos de personas, antes de 2018, lo que permitirá acelerar la reducción de costes”, indicó Sevilla entonces.
Hasta abril, un total de 1.180 empleados abandonaron la entidad, mientras que entre mayo y junio está previsto que salgan cerca de medio millar de trabajadores. Según los sindicatos, el ajuste, movilizaciones incluidas, podría cerrarse después de verano, en septiembre u octubre, un año antes de la fecha inicialmente prevista.

La banca gana en comisiones el triple de lo que timó con las cláusulas suelo

MADRID.- Las comisiones bancarias están ganando tal peso en el negocio bancario español que su aumento en los cuatro últimos años supera con creces lo que el sector timó a sus clientes con las cláusulas suelo durante la burbuja inmobiliaria: los 9.637 millones de euros ingresados entre 2014 y 2017 sobre el registro de 2013, cuando el Supremo marcó la doctrina sobre el fraude hipotecario que la justicia comunitaria corregiría a favor de los consumidores, triplican los 3.170 que consignaron las principales entidades para hacer frente a las demandas, según Público.

En esos cuatro años, los bancos que operan en España ingresaron por comisiones cobradas a sus clientes 94.891 millones de euros, con un aumento de 9.704 sobre los 21.572 de 2013, a los que se suman otros 13.430 recaudados por las cajas entre 2014 y 2016 (no hay datos de 2017 todavía), en este caso con una pérdida de 67 sobre el nivel del ejercicio de referencia.
El pago de esas comisiones por servicios financieros, cuya creciente cuantía se sitúa ya en el entorno de los 29.000 millones anuales, está resultando clave para un saneamiento, reestructuración y cambio de modelo de negocio del sector financiero cuyos costes soporta el ciudadano tanto de manera directa como indirecta: a los 42.590 millones de euros en dinero público del rescate iniciado en 2012 que el Banco de España ya da por perdidos se les suman los alrededor de 50.000 millones que las entidades financieras han obtenido en intereses de la monumental deuda pública del Estado, consecuencia del desbocado déficit generado por el Gobierno pese al notable incremento de la recaudación tributaria.
En el caso de los bancos, la partida de ingresos por comisiones ha aumentado en más de 5.000 millones de euros al año si se toma como referencia 2010, el ejercicio en el que el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero comenzó a intervenir en el sector de las cajas de ahorros, cuando la anotación por ese concepto era de 20.207 millones, y 2017, cuando se había disparado hasta 25.361, según indican las cuentas consolidadas de la Asociación Española de la Banca (AEB). La horquilla baja hasta los 3.681 si se toma como punto de partida el 2011, el último ejercicio previo al rescate.
En esos siete años, los bancos españoles ingresaron 160.008 millones de euros por comisiones; 138.328 si el contador se pone a cero en las vísperas del rescate.
Los ingresos por ese concepto se han reducido en las cajas de ahorro, aunque en una cuantía muy inferior al crecimiento que han experimentado en la banca: 803 millones entre 2010 y 2016 (último ejercicio con datos), cuando cayeron de 5.127 a 4.324, y menos de 500 en los dos años anteriores, ya que la recaudación alcanzó los 4.520 en 2014 y los 4.586 en 2015.
A pesar de ese desplome, que coincide con una etapa en la que los bancos han arrebatado a las cajas 100.000 millones de euros en depósitos y casi cinco puntos del pastel del crédito, estas últimas ingresaron 28.476 millones de euros en los seis primeros años de esta década, lo que situará la recaudación conjunta por comisiones en el sector financiero por encima de los 190.000 millones entre 2011 y 2017.
Llama la atención cómo en el caso de los bancos los ingresos por comisiones se dispararon a partir de comienzo de la recuperación de las variables macroeconómicas en 2014. La partida, que ese año creció en 345 millones, lo haría en 1.646, 527 y 1.311 en los siguientes en los bancos. En las cajas, 2014 fue el primer ejercicio en el que se frenó la caída, con un aumento de 21 millones al que le seguirían otro de 66 antes de pinchar con 262 en 2016.
De hecho, las comisiones son hoy uno de los puntales del negocio bancario español tras ganar tres puntos y medio de peso en los ingresos de origen comercial: suponían el 17,74% antes del rescate, con 21.680 millones de 122.162, y ya representan el 21,2%, con 25.361 de 119.619.
El margen que dejan en las cuentas de los bancos se ha incrementado en más de 1.500 millones de euros desde 2011, al pasar de 17.558 a 19.107, mientras el de la otra para principal del negocio, los intereses de los créditos, crecía en más de 8.000 (de 50.726 a 59.009) pese a que el volumen se reducía en más de 6.000 al caer de 100.482 a 93.988.
En ese periodo, el margen bruto de explotación de las entidades bancarias crecía de 75.553 millones de euros a 84.930, mientras las ganancias netas aumentaban de 9.808 a 15.264 y los impuestos pagados por esos beneficios lo hacían de 1.628 a 6.530.
Ese aumento de casi 5.000 millones de euros en la factura fiscal del sector financiero tiene dos causas: la mejora del negocio, por una parte, y, por otra, el progresivo consumo de los descuentos fiscales que las entidades arrastran desde el inicio de la crisis, conocidos como TDA (Activos Fiscales Diferidos, por sus siglas en inglés) y cuya reducción ralentizó el Gobierno al librar a la banca de la rebaja de cinco puntos del impuesto de Sociedades de 2015.

Aumentan un 60% los menores extranjeros que han llegado solos a España

MADRID.- Los menores extranjeros no acompañados que se encuentran en España bajo tutela del Estado son 6.414, un 60 por ciento más que los registrados en 2016, que fueron 3.997, la mayoría marroquíes y argelinos. Son datos recogidos por la ONG Save the Children en su informe “Los más solos”, en el que advierte de que ese número es superior porque hay niños migrantes que no han sido reconocidos como tales y otros han huido de los centros donde han sido ingresados.

En 2017 España registró 2.417 nuevos menores extranjeros no acompañados, de los que 2.177 llegaron en pateras.
De los tutelados en 2016 por las administraciones, 825 abandonaron los servicios de protección y aparecen “en fuga” porque se desconoce su paradero, ha explicado el director de Save the Children, Andrés Conde.
“Muchos esconden su condición de menor para evitar ser tutelados por una comunidad en la que no desean quedarse” y otros viven en desamparo, como el centenar de niños que se concentran en la zona de los puertos de Melilla y Ceuta con la intención de llegar a la península escondidos en transbordadores.
Más de la mitad de esos menores tutelados por las administraciones se encuentran en Andalucía y Melilla, ha añadido Conde, quien ha reclamado que se impulse el sistema de acogida familiar para estos jóvenes.
“Nuestro país no está preparado para garantizar los derechos de estos niños migrantes”, muchos de ellos acaban en centros de adultos y muchos menores huyen de “un sistema que sienten que no les están protegiendo”, ha explicado Ana Sastre, directora de Sensibilización de Save The Children en la presentación del informe.
A lo largo del documento se exponen testimonios de 65 jóvenes que han pasado por el sistema de protección para menores migrantes, pero también de los que nunca llegaron a ser tutelados.
Como Omar Sylla, un joven senegalés que ha explicado en la presentación del informe, que salió de su país con 17 años y llegó en patera a Tenerife, donde nadie le preguntó si era menor, por lo que fue ingresado en un centro de internamiento de extranjeros, como un adulto más y posteriormente trasladado a Madrid.
“Me preguntan los amigos que quieren venir y les digo que si tengo que volver a mi país en patera para ver a mi familia nunca volvería”, ha dicho este joven, que explica que en Senegal “solo se ve el lado positivo de ese viaje, no que algunas pateras no llegan”.
Omar sigue viviendo en España, gracias al apoyo que recibió en su día de particulares. “Nunca tuve ni formación, ni talleres para integrarme y tener un trabajo, estuve muchos años sin saber por dónde empezar porque las leyes nos impiden entrar en el mercado de trabajo”, ha señalado.
Save the Children reclama que el primer permiso de residencia sea de al menos cinco años y propone establecer criterios iguales que garanticen las condiciones mínimas de acceso y ejercicio a los derechos que deben garantizarles los sistemas de protección.
“La legislación permite que los menores migrantes sean rechazados cuando llegan a los puestos fronterizos, sin conocer su situación particular y su vulnerabilidad”, denuncia la ONG.
Además, la ley permite declarar adultos a los niños “que logran entrar al territorio desafiando todas las adversidades, sin ni siquiera hablar con ellos”, unos niños que han realizado un viaje que puede ser de meses e incluso años.
El informe lamenta que dos de cada tres peticiones de asilo tramitadas por menores sean rechazadas.
La ONG reclama además la reforma de la ley para que ningún niño con un documento que acredite la edad sea sometido a pruebas y que se fije en el futuro reglamento de asilo que los niños puedan pedir protección internacional sin depender de su familia.
Tras la mayoría de edad, propone un plan individualizado de seguimiento y acompañamiento hasta al menos los 25 años.

La Conferencia Episcopal española rechaza la eutanasia por ser un «mal moral»

MADRID.- La Iglesia Católica española considera la eutanasia como un «mal moral y un atentado a la dignidad de la persona, que »nadie es dueño absoluto de su vida« y que »no existe un derecho a disponer arbitrariamente de la propia vida«. 

Los obispos españoles lo han recalcado después de que el Congreso de los Diputados aprobase hace unos días -con los votos en contra de PP y UPN y la abstención de Ciudadanos- la admisión a trámite de la proposición de ley del Parlamento de Cataluña, que pide una reforma del Código Penal para despenalizar la eutanasia y la ayuda al suicidio.
Esta propuesta pide exonerar de responsabilidad penal a quien ayude a morir a una persona con una enfermedad terminal o incurable que le provoca sufrimiento físico o psíquico grave.
En un comunicado emitido este lunes, la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha reiterado que «el Estado tiene la obligación de proteger la vida de todos los ciudadanos» y han subrayado que la eutanasia es ajena al ejercicio de la medicina. 
«Ya el juramento hipocrático afirma: 'no daré ninguna droga letal a nadie, aunque me la pidan, ni sugeriré un tal uso'. (...) Las profesiones sanitarias siempre se rigen por el axioma de curar, al menos aliviar y siempre acompañar y consolar», han sostenido los obispos.
La CEE ha asegurado que lo que demandan los enfermos y sus familias es ayuda para asumir los problemas que se suelen presentar en los últimos momentos de la vida, en concreto con los «cuidados paliativos». 
En este sentido, ha precisado que la sociedad española demanda ampliamente los cuidados paliativos y ha lamentado que «se quiera proponer una ley de eutanasia cuando no se ha legislado a nivel estatal sobre la instauración» de estos cuidados.
La Subcomisión Episcopal para la familia y la defensa de la vida ha criticado que se presenten la eutanasia y el suicidio asistido como respuestas viables y aceptables al problema del dolor y el sufrimiento. 
Han destacado que la eutanasia no se refiere en exclusiva a la autonomía del individuo, ya que requiere la participación del personal sanitario.
En ese sentido, los obispos han recordado que el Código de Ética y Deontología Médica de la Organización Médica Colegial establece que «el médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente, ni siquiera en caso de petición expresa por parte de éste». 
«El mandamiento de 'no matarás' se encuentra en el fundamento de toda ética verdaderamente humana, y de modo particular, en la tradición cristiana», han defendido.

La demanda de viviendas en alquiler sigue descendiendo en España

MADRID.- La demanda de vivienda de alquiler ha caído en España un 36% en 2018, dado que actualmente sólo el 9% de las personas mayores de 18 años ha alquilado o está buscando alquilar una vivienda, frente al porcentaje del 14% de 2017, debido a la menor demanda por parte de los jóvenes ante el alza de los precios de alquiler, según el estudio ‘Radiografía del mercado de la vivienda 2017-2018’ realizado por el portal inmobiliario fotocasa con el objetivo de dimensionar y analizar la situación del mercado inmobiliario en el último año.

De acuerdo con este informe, el principal motivo de esta caída de demanda reside en la existencia de una menor proporción de jóvenes entre 18 y 34 años activos en el mercado del alquiler por el lado de la demanda. Los datos expuestos reflejan que entre los 18 y los 24 años hay un descenso de 14 puntos respecto al año anterior y entre los 25 y los 34 años la caída es de 9 puntos.
La directora de Estudios y Asuntos Públicos de fotocasa, Beatriz Toribio, ha explicado que el estudio refleja también que las “fuertes subidas” de precios en los alquileres “han hecho mella” sobre todo en los jóvenes reduciendo “de forma notable” su demanda y, no menos importante, su visión sobre esta forma de vida.
El estudio destaca que pierde apoyo la idea de un cambio de tendencia a favor del alquiler a causa del incremento de precios. En el caso de Cataluña, los datos revelan que el precio de alquiler de la vivienda ha subido más del 40%, mientras que en Madrid la subida ha sido del 30%. Toribio ha afirmado que, respecto a 2017, “gana fuerza la opción de la compra frente al alquiler, sobre todo en el segmento de 25 a 34 años”.
Por comunidades autónomas, la mayor caída del alquiler se observa en Madrid y Cataluña. En Madrid el mercado del alquiler ha caído del 21% al 15% respecto al año pasado, mientras que el mercado compraventa se ha mantenido en el 14%. De igual forma, en Cataluña el porcentaje correspondiente al total del mercado del alquiler ha caído del 15% al 14%.
Además, se observa que en casi todos los rangos de edad hay menos proporción de aspirantes a inquilinos que en 2017. Por el contrario, en el tramo de edad de 25 a 34 años se registra este año una subida de tres puntos entre los que han comprado una vivienda: pasa del 6% de 2017 al 9% en 2018.
En cuanto al mercado de la compra, se mantienen los mismos patrones que en el año 2017 en cuanto al porcentaje de población española interactuando con él. De esta manera, existe un 13% de la población española que ha participado en el mercado de la compraventa este año, respecto al 14% del año anterior. Esta pequeña caída reside principalmente en la subida del precio de la vivienda en un 5%, recuperando niveles de los años del ‘boom’.
De acuerdo al informe, el 66% de los españoles es propietario de, al menos, una vivienda. Analizando los datos al detalle, se observa que el 51% de los españoles mayores de 18 años es propietario de una vivienda, el 12% de dos y un 3% de más de dos. Esto lleva a concluir que un 34% de la población mayor de edad no dispone de vivienda en propiedad frente a un 15% que dispone de dos o más viviendas.
En cuanto a las expectativas sobre el mercado inmobiliario, el estudio determina que hay un 54% de los españoles que piensa que, a causa de las subidas en los precios del alquiler, compensa más pagar una hipoteca que alquilar una vivienda, frente a un 11% que está en desacuerdo sobre esta afirmación. Por otra parte, ha aumentado el respaldo social de que España se aproxima a otra burbuja inmobiliaria, un 36% de la población encuestada lo cree, frente al 23% de 2017.