La profesora del Departamento de Análisis Económico Aplicado de la Universidad de Alicante y coordinadora del informe Estudio socioeconómico del sector pesquero de la Comunidad Valenciana, Adelaida Lillo Bañuls, ha señalado que este sector, que en la autonomía valenciana se concentra principalmente en Alicante, se enfrenta actualmente a "un presente y un futuro incierto", según ha indicado la institución académica en un comunicado.
Para la realización de este informe, los investigadores se han puesto en contacto con las 21 cofradías de la Comunitat Valenciana para conocer de primera mano sus preocupaciones y las dificultades a las que se enfrentan.
El sector pesquero de la Comunitat Valenciana ocupa el quinto puesto en el ranking nacional, representa el 6,02 por ciento de la flota española (según datos de 2022) y sus embarcaciones tienen un promedio de eslora superior a la media española, solo superada por la flota cántabra y vasca.
Los puertos más relevantes por volumen de pesca son las alicantinas Torrevieja y Santa Pola y Castellón, que acumulan el 43,4% de las toneladas capturadas en la Comunitat Valenciana.
El estudio
señala que toda esta actividad está "en clara regresión", entre otras
causas por el inicio de la aplicación, en 2020, del Plan demersal para
la pesca en el Mediterráneo Occidental, propuesto por la UE, que "ha
supuesto una reducción de las capturas y, por consiguiente, de los
ingresos".
"Ha afectado principalmente a la flota de arrastre,
que representa el 39,3% de la flota pesquera valenciana. Por
provincias, el sector pesquero alicantino ha sido el más afectado, con
un 45% de su flota dedicada a esta modalidad de pesca, que supone el 63%
de la facturación pesquera de la Comunitat Valenciana", ha matizado
Lillo.
De acuerdo con el Plan demersal, exigido por la UE, la
flota de arrastre del Mediterráneo --salmonete, merluza, gamba roja y
blanca-- ha tenido que reducir los días de pesca anuales un 10% en 2020,
un 7% en 2021, un 6% en 2022 y un 7% en 2023, lo que "ha implicado una
reducción del esfuerzo pesquero del 30%". Para 2024, la UE ha
establecido una reducción adicional del 9,5%, por lo que se roza el
límite máximo fijado en el Plan plurianual (40%).
"Esta
situación supone una amenaza para la rentabilidad y supervivencia del
sector pesquero de la Comunitat Valenciana, ya que en esta modalidad
pesquera solo van a poder salir a faenar 125 jornadas cuando hace 5 años
eran 240", ha alertado Lillo, que ha apuntado que esta situación "puede
implicar serias dificultades para la supervivencia" de la flota de
arrastre.
Asimismo, el informe recoge otras "dificultades
añadidas" a las que se enfrenta el sector pesquero valenciano, como son
la falta de relevo generacional y las dificultades para encontrar
capital humano para trabajar en el sector.
"El problema de los
días de paro obligatorio para la flota de arrastre ha generado mucha
incertidumbre entre su personal, con el agotamiento de los periodos de
paro para sus trabajadores sin ninguna compensación laboral por esta
circunstancia", ha explicado la investigadora.
A todo ello, se
suman, por una parte, las dificultades para conseguir las titulaciones
náutico pesqueras exigidas a los trabajadores y, por otra, el elevado
grado de concentración de la demanda en la comercialización de productos
pesqueros en primera venta en las lonjas.
"Una gran parte de
las compras se realiza por parte de grandes mayoristas (entorno a un
72% del volumen de capturas), seguido de grandes distribuidores (entorno
al 12,2%). Esto supone un oligopolio que reduce el precio de esta
venta y, por tanto, la rentabilidad del sector sin signifique ventajas
para los consumidores y sí mayores márgenes para los grandes
compradores", ha afirmado Lillo.
Otros "problemas importantes"
a los que se enfrenta la flota de la Comunitat Valenciana es que ha
experimentado una "notable reducción", tanto en número de buques como en
capacidad de bodega y potencia; la transición energética hacia la
descarbonización de la flota; o la competencia por las importaciones de
pescado fresco de otros países, "de menor calidad y frescura y con menor
control".
Igualmente, también deben hacer frente a la
excesiva carga burocrática y las dificultades para solicitar ayudas o
subvenciones; la reducción en los últimos años de la demanda de pescado;
la competencia con la pesca deportiva o recreativa que "detrae
importantes cantidades de pescado, muchas veces comercializada de forma
sumergida"; la prohibición de la pesca del atún, pez que ha proliferado
en el Mediterráneo y es un gran depredador; y la preocupación por la
sostenibilidad de los recursos marinos y, concretamente, el futuro de
los caladeros.
Por
todo ello, los autores del informe consideran que es necesaria la
investigación biológica marina, "pero también un seguimiento económico
del sector para conseguir, la sostenibilidad de los recursos marinos
conjuntamente con la sostenibilidad económica del sector".
Además, el estudio señala la necesidad de coordinación entre las
cofradías y las instituciones públicas pesqueras, en este caso, con la
Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca y también con los centros
de investigación y universidades.
"La pesca no es solo un
sector económico, forma parte de nuestro paisaje costero, de nuestra
tradición alimentaria y gastronómica, de la economía azul de la
Comunitat", ha sostenido Lillo.
El estudio lo ha llevado a
cabo el Instituto de Economía Internacional de la UA, con la
financiación de la Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Generalitat Valenciana. Además de por Lillo, el equipo autor del informe
está formado por los investigadores Begoña Fuster García, Fernando
Merino de Lucas, Jorge Mora Salinas y Samuel Ortiz Pérez.
