ALICANTE.- El alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, considera “normal” que la Fiscalía Anticorrupción haya archivado la denuncia presentada contra él por Vecinos por Alicante (VA) por haber dado supuestamente sin contrato la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) a dos arquitectos. “Cuando las denuncias están hechas con intereses partidistas y en campaña electoral y no tienen ningún sentido, es normal que la Justicia” actúe de este modo.La denuncia fue presentada el pasado 27 de abril por el entonces cabeza de lista municipal de VA, José Luis Valdés, quien extendía la acusación a la concejala de Urbanismo, Sonia Castedo, y al gerente de este área, Enrique Sanus. En su escrito, Valdés expuso que Díaz Alperi anunció públicamente la contratación de dos arquitectos alcoyanos para redactar el PGOU de Alicante.
Sin embargo, en un pleno municipal Castedo informó de que estos dos técnicos no habían sido contratados ni trabajaban en el PGOU, sino en una tarea previa para saber cómo se debía adaptar este documento a la Ley Urbanística Valenciana (LUV). A juicio de Valdés, “lo más grave” era que “un Plan que contiene información privilegiada y confidencial” hubiera estado en manos de dos técnicos que no eran funcionarios ni tenían ninguna relación contractual con el Ayuntamiento.
No obstante, la Fiscalía determinó que estos hechos “no son constitutivos de delito” por entender que la información de la que disponían ambos arquitectos era “pública”.
“Yo confío en la Justicia e igual que ha pasado con esto, creo que pasará con otras cosas”, afirmó Alperi, quien sigue imputado en las investigaciones judiciales de Mercalicante y en la adjudicación de tres aparcamientos a Ortiz.
Alperi recordó que ha trasladado a su abogado que presente un escrito en el Juzgado para renunciar a cualquier derecho que pudiera tener como aforado al convertirse en diputado de Les Corts. Además, aseguró que no tiene “ningún interés” en que se “dilate ningún proceso” judicial, y que desea que “acaben cuanto antes”.
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El fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, tendrá que mojarse en el caso Mercalicante. Según fuentes judiciales, una vez que las Cortes comuniquen de forma oficial la condición de aforado de Luis Díaz Alperi, el asunto se remitirá al Ministerio Público para que lo estudie y diga si imputa o no al alcalde de Alicante en la causa. Sólo si la acusación pública opta por implicar al primer edil, el caso se trasladará al Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Según fuentes próximas al caso, la ley obliga a que los casos en los que hay personas aforadas implicadas se vean en un tribunal superior. No obstante, el TSJ sólo puede hacerse cargo del asunto si la persona aforada ha sido imputada por el fiscal.
Si bien en el caso de los aparcamientos, en el que se investiga las presuntas irregularidades en la adjudicación de tres parkings públicos Alperi ha sido imputado por el fiscal, en las diligencias de Mercalicante no ocurre lo mismo. De hecho, el Ministerio Público nunca ha implicado al alcalde en la investigación abierta por el fraude de seis millones de euros detectado en la empresa mixta durante la gerencia de Emilio Clavero.
Aunque el alcalde declaró como imputado por el caso Mercalicante en mayo del 2005, su comparecencia judicial se llevó a cabo a raíz de una querella presentada por el PSOE. La querella había sido archivada por la titular del Juzgado de Instrucción Número 1, Cristina Costa, después de que la Fiscalía no encontrara responsabilidades políticas en el fraude. Once meses después de sobreseerla, la Audiencia obligaba a reabrirla. El partido socialista obligó también a tomar declaración en calidad de imputado al edil Juan Zaragoza.
Según fuentes judiciales, el juzgado de Instrucción Número 1 de Alicante ya ha remitido un oficio a las Cortes para que le informe sobre la condición de aforado de Díaz Alperi. Una vez obtenida la respuesta, el caso se llevará al fiscal. En caso de que el Ministerio Público rechace imputar al alcalde, la instrucción continuará en Alicante.
Las mismas fuentes indicaron que la ley no contempla que se haga prevalecer la condición de aforado en caso de que la imputación sólo provenga de una acusación particular, sin contar con el respaldo de la Fiscalía.
Sigue la instrucción
Por el momento, el juzgado continúa con los trámites propios de la instrucción. Tras el informe de la Policía, en el que no se daban datos sobre gran parte de los movimientos bancarios de las cuentas de Mercalicante entre 1998 y el 2002, por ser demasiado antiguos los apuntes y haber desaparecido, el fiscal solicitó la colaboración de los directores de banco donde se realizaron las transacciones.
De "La Verdad"
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