ALICANTE.- «En caso de que el Tribunal Europeo de Luxemburgo admita a trámite la denuncia contra la Ley Urbanística Valenciana (LUV), no va a afectar para nada al sector de la construcción de la Comunidad Valenciana».
Así de contundente se manifestó un portavoz autorizado de la Conselleria de Territorio y Vivienda, que dirige Esteban González Pons. Este departamento vela por el cumplimiento de la legislación urbanística y de ordenación del territorio, ahora severamente cuestionada por las autoridades comunitarias.
No se muestran tan tranquilos los empresarios del sector. Como ya explicaron hace dos días, la polémica urbanística, tras el segundo cuestionamiento serio del Parlamento Europeo a la LUV, «desviará» clientes a otros puntos emergentes de la antigua Europa del Este.
Si se cumple el anuncio de la CE y del comisario del Mercado Interior, Charlie McCreevy, el próximo miércoles se denunciará la Ley Urbanística Valenciana (LUV) ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TUE) por infringir la normativa comunitaria en materia de contratación pública. No por otras cuestiones censuradas por los europarlamentarios hasta ahora, como medio ambiente y ordenación del territorio. Su portavoz, Oliver Drewes, explicó que la denuncia se presentará el próximo miércoles, 27 de junio.
Contratación pública
En una comparecencia ante el Pleno de la Eurocámara, McCreevy explicó que la LUV no remedia las infracciones detectadas en la polémica Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), a la que sustituyó en diciembre del 2005, y sigue sin respetar las exigencias de publicidad y transparencia que marca la normativa europea de contratación pública. «La nueva ley no corrige algunas de estas infracciones, que se refieren a avisos de licitaciones, información requerida en los avisos de licitaciones y a la confusa definición del objeto de los contratos», destacó el comisario de Mercado Interior.
Pese a este anuncio y al contundente dictamen, no vinculante, del Parlamento de Estrasburgo (por 327 votos a favor, 222 en contra y 35 abstenciones), el departamento que dirige González Pons se manifestó ayer totalmente «tranquilo».
En la misma línea, que también resta hierro al segundo varapalo serio del PE a la política urbanística del Consell y al tercer cuestionamiento de una institución europea, el portavoz del Consell, Vicente Rambla. Tras el Pleno del Consell de ayer, afirmó que el Gobierno central «se ha convertido en un tamiz que ha impedido que muchos de los argumentos de la Generalitat en defensa del urbanismo valenciano hayan llegado a la Unión Europea».
El conseller Vicente Rambla insistió en que el Gobierno central debería ser un «aliado de la Generalitat y no de quienes intentan dañar la imagen de la Comunidad Valenciana». A la vez que pidió que se deje a esta autonomía seguir desarrollándose como hacen otros territorios, «de forma sostenible y dentro del marco de la legalidad», añade el portavoz del Consell.
Criticó «los reiterados intentos de los socialistas europeos, en connivencia con los socialistas valencianos, por dañar la imagen» de esta Comunidad y defendió que la realidad es que en esta autonomía «se cumple escrupulosamente con una legislación estatal, que ha tenido su desarrollo en distintas leyes autonómicas».
Mucho menos tranquilos que el Consell que cambió la legislación urbanística a finales del año 2005 y que, pese a ello, no ha impedido frenar la polémica, los empresarios de la promoción alicantinos reiteran que «se desviarán» clientes hacia otros destinos residenciales y vacacionales de Europa del Este. Turquía, Croacia y Albania son los lugares alternativos que utilizan ahora los agentes inmobiliarios y comerciales ingleses y alemanes, que publicitan la Costa Blanca «en clave negativa», según denunció hace dos días en este diario la patronal Provia y mantiene tras conocer el segundo dictamen del PE. Provia se muestra «indignada» con el caso.
www.laverdad.es
Así de contundente se manifestó un portavoz autorizado de la Conselleria de Territorio y Vivienda, que dirige Esteban González Pons. Este departamento vela por el cumplimiento de la legislación urbanística y de ordenación del territorio, ahora severamente cuestionada por las autoridades comunitarias.
No se muestran tan tranquilos los empresarios del sector. Como ya explicaron hace dos días, la polémica urbanística, tras el segundo cuestionamiento serio del Parlamento Europeo a la LUV, «desviará» clientes a otros puntos emergentes de la antigua Europa del Este.
Si se cumple el anuncio de la CE y del comisario del Mercado Interior, Charlie McCreevy, el próximo miércoles se denunciará la Ley Urbanística Valenciana (LUV) ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TUE) por infringir la normativa comunitaria en materia de contratación pública. No por otras cuestiones censuradas por los europarlamentarios hasta ahora, como medio ambiente y ordenación del territorio. Su portavoz, Oliver Drewes, explicó que la denuncia se presentará el próximo miércoles, 27 de junio.
Contratación pública
En una comparecencia ante el Pleno de la Eurocámara, McCreevy explicó que la LUV no remedia las infracciones detectadas en la polémica Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), a la que sustituyó en diciembre del 2005, y sigue sin respetar las exigencias de publicidad y transparencia que marca la normativa europea de contratación pública. «La nueva ley no corrige algunas de estas infracciones, que se refieren a avisos de licitaciones, información requerida en los avisos de licitaciones y a la confusa definición del objeto de los contratos», destacó el comisario de Mercado Interior.
Pese a este anuncio y al contundente dictamen, no vinculante, del Parlamento de Estrasburgo (por 327 votos a favor, 222 en contra y 35 abstenciones), el departamento que dirige González Pons se manifestó ayer totalmente «tranquilo».
En la misma línea, que también resta hierro al segundo varapalo serio del PE a la política urbanística del Consell y al tercer cuestionamiento de una institución europea, el portavoz del Consell, Vicente Rambla. Tras el Pleno del Consell de ayer, afirmó que el Gobierno central «se ha convertido en un tamiz que ha impedido que muchos de los argumentos de la Generalitat en defensa del urbanismo valenciano hayan llegado a la Unión Europea».
El conseller Vicente Rambla insistió en que el Gobierno central debería ser un «aliado de la Generalitat y no de quienes intentan dañar la imagen de la Comunidad Valenciana». A la vez que pidió que se deje a esta autonomía seguir desarrollándose como hacen otros territorios, «de forma sostenible y dentro del marco de la legalidad», añade el portavoz del Consell.
Criticó «los reiterados intentos de los socialistas europeos, en connivencia con los socialistas valencianos, por dañar la imagen» de esta Comunidad y defendió que la realidad es que en esta autonomía «se cumple escrupulosamente con una legislación estatal, que ha tenido su desarrollo en distintas leyes autonómicas».
Mucho menos tranquilos que el Consell que cambió la legislación urbanística a finales del año 2005 y que, pese a ello, no ha impedido frenar la polémica, los empresarios de la promoción alicantinos reiteran que «se desviarán» clientes hacia otros destinos residenciales y vacacionales de Europa del Este. Turquía, Croacia y Albania son los lugares alternativos que utilizan ahora los agentes inmobiliarios y comerciales ingleses y alemanes, que publicitan la Costa Blanca «en clave negativa», según denunció hace dos días en este diario la patronal Provia y mantiene tras conocer el segundo dictamen del PE. Provia se muestra «indignada» con el caso.
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