El candidato de EUPV por Alicante, Lluís Torró, exigió hoy que se acaben "las complicidades, inhibiciones y silencios" de la Generalitat con el "entramado de facturas falsas y sobre costes de Terra Mítica" y consideró "prácticamente imposible" que el Gobierno valenciano "no supiera que se facturaba a empresas inexistentes".
Torró reprochó al Consell su "defensa numantina de la gestión de la antigua Sociedad Parque Temático de Alicante porque, conforme van progresando las investigaciones judiciales en torno a Terra Mítica, está cada vez más claro que el parque sirvió, además de para especular con los terrenos, para llenar los bolsillos de forma ilegal a una red de personajes sin escrúpulos vinculados al PP".
En su opinión, "si el Gobierno de Francisco Camps no levanta las alfombras y cuenta lo que sabe, será cómplice directo de todo esto". Según dijo, las últimas informaciones llevan "a pensar que es prácticamente imposible que el Gobierno valenciano no supiera que se estaba facturando a empresas inexistentes porque la gestión del parque ha estado siempre bajo control público".
"Aquí el interés no ha estado en generar un proyecto que sirviese de motor al turismo en una zona que, por otro lado, no parecía necesitarlo, sino de facilitar un marco en el que hacer negocios turbios", agregó. En todo caso, consideró que hay "unas responsabilidades políticas tan evidentes, que no parece lógico que nadie del PP, a estas alturas, haya presentado su dimisión".
"Al margen de cualquier otra consideración, y en el supuesto poco probable que el Gobierno desconociera lo que está pasando, alguien debería dar la cara por lo que ha pasado en torno al parque", manifestó.
2 comentarios:
Rambla defiende la gestión en Terra Mítica pese a los informes de la Agencia Tributaria
La Generalitat dice confiar en que los jueces y Hacienda confirmen que las decisiones que se tomaron en el complejo fueron «correctas»
E l portavoz del Consell, Vicente Rambla, mostró ayer su «confianza» en que tanto la Agencia Especial de Administración Tributaria (AEAT) como los juzgados que investigan pagos injustificados en la construcción de Terra Mítica concluyan que hubo una «correcta gestión» durante «todo el procedimiento». Rambla, de esta manerea, defendió la gestión en el complejo de ocio de Benidorm, durante la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, al ser preguntado sobre las últimas novedades de la investigación judicial y tributaria en torno a un posible fraude fiscal en las obras de construcción del parque temático.
Un informe de la Agencia Tributaria indica que empresas proveedoras de Terra Mítica pagaron al parque sobrecostes generados por errores de medición con facturas en las que figuraba el NIF de la Sociedad Parque Temático de Alicante, creada por la Generalitat para impulsar el centro de ocio. Las presuntas irregularidades en la atracción de Benidorm salpican de forma directa, entre otros, a la conselleria de Cooperación, Gema Amor, que, en su momento, fue responsable de esa mercantil, hoy Proyectos Temáticos de la Comunidad.
El informe, remitido al juzgado de Valencia que investiga un supuesto fraude fiscal de Terra Mítica y una veintena de empresas, detecta significativas desviaciones correspondientes a pagos no justificados por las tres mercantiles, que además fueron satisfechos íntegramente cuando el parque aún les debía dinero por los trabajos realizados. Rambla, quien dijo que el pleno del Gobierno valenciano no abordó esta cuestión, señaló que espera que el análisis judicial y tributario de este asunto determine la legalidad de «todo el procedimiento» relativo a la construcción del parque temático. «Hoy - añadió el conseller - tenemos un centro de ocio de referencia internacional y que ha contribuido, decisivamente, a proyectar la imagen de nuestra Comunidad».
Por otra parte, durante la rueda de prensa, el conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, incidió en la promesa electoral, lanzado el jueves por Camps en Alicante, para garantizar la gratuidad de los libros de texto para alumnos de 6 a 17 años de centros públicos y concertados de la Comunidad. La decisión afectará a unos 451.000 escolares y supondrá un gasto adicional a la Generalitat de entre 100 y 120 millones a lo largo de la próxima legislatura. El conseller Font de Mora, que apuntó que el informe estará completado en los próximos días tanto con las estimaciones del número total de alumnos beneficiados como en la inversión para el primer curso de aplicación, valoró la apuesta social de la medida anunciada por Camps para contribuir al «desahogo» de las economías familiares.
La propuesta comenzará a aplicarse en el curso 2007-2008 y recibirá la correspondiente consignación presupuestaria «desde el primer día de la próxima legislatura hasta el último», dijo. En cuanto al «esfuerzo económico» que supondrá para la Administración autonómica, Font de Mora estimó que será de entre 100 y 120 millones de euros, que se añadirán a los citados 21,2 millones anuales de ayudas y becas y que, en suma, arrojarán al final de la legislatura una cifra de unos 200 millones de euros.
El secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla, afirmó que las promesas que hacen Camps y el PP tienen «muy poca credibilidad». Y la candidata de la coalición EU-Bloc, Glòria Marcos, recordó que el PP rechazó esa propuesta en las Cortes en 1999.
Esquerra Unida ha pedido al Ayuntamiento de Alicante que declare esta ciudad “zona saturada de inmobiliarias”, adoptando una decisión similar al que ya tomó ante el aumento del número de comercios textiles al por mayor y de locales de ocio nocturnos en diversas áreas urbanas.
La delegada de la ejecutiva local de EU , Esther López, expuso que el Ayuntamiento de Alicante “no puede permitir que proliferen estos comercios”, los cuales, según dijo, “negocian insensiblemente con un derecho de los ciudadanos como es el de una vivienda digna”.
La “desmesurada e incontrolada proliferación de inmobiliarias” en zonas urbanas, como en la zona centro y en el barrio de El Pla, apuntó López, refleja “la desaparición del comercio tradicional y lo rentable y lucrativo que es el negocio de la especulación de la vivienda”.
“Desde la Administración local no se hace nada por controlar este indecente negocio, que juega y se enriquece con un derecho básico de los ciudadanos, como es el del acceso a la vivienda”, afirmó López. EU considera imprescindible la creación de una agencia pública integrada por las administraciones.
De Las Provincias
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