El portavoz del grupo municipal socialista de Benidorm, Agustín Navarro, y el edil socialista Jaime Llinares comparecieron hoy ante los medios de comunicación para informar sobre la denuncia interpuesta esta mañana ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Benidorm contra "la postura de bloqueo institucional que mantiene el equipo municipal del Partido Popular y que se manifestó plenamente en la sesión plenaria de ayer".
La denuncia, presentada a mediodía de hoy, se ha interpuesto al entender que podrían ser constitutivos de "dos delitos", tanto la convocatoria de pleno ordinario, celebrado ayer, como la postura del alcalde y de los ediles del PP de oponerse a votar que "se dejara sobre la mesa para un más amplio estudio los dos recursos de reposición contra las dos mociones votadas por la mayoría municipal compuesta por los doce ediles del grupo socialista más el concejal del grupo no adscrito y presentadas en el Pleno municipal del pasado 10 de julio".
Además, los socialistas entienden que la convocatoria para ayer del pleno tenía "deliberada mala fe, al fijarlo en una fecha diferente a la de la periodicidad preestablecida en el intento de obtener la mayoría gracias sólo a la conocida ausencia de un edil del grupo socialista".
Por ello, según consta en la denuncia, dictó la convocatoria "a sabiendas de su ilegalidad e injusticia", ya que la convocatoria anticipada de dicha sesión plenaria "se realizó precisamente para impedir a un concejal socialista, quién se encontraba de vacaciones fuera del país, asistir a la sesión plenaria en cuestión, pues, dada la actual correlación de fuerzas políticas del Ayuntamiento de Benidorm, la suma de las voluntades de los concejales socialistas, (12) más la del concejal no adscrito (1), suman una mayoría absoluta frente a la minoría del PP".
Según exponen los socialistas en su denuncia, "el alcalde habría incurrido en un delito tipificado en el artículo 542 del Código Penal, por impedir el cumplimiento del artículo 92 del Reglamento de Organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades Locales (ROF), penado con hasta cuatro años de inhabilitación en el desempeño de empleo o cargo público".
Además, el portavoz socialista, Agustín Navarro, mostró su "indignación" por la "reiterada actitud de soberbia y prepotencia del gobierno local del PP" al que pidió que "busque el consenso en todos aquellos aspectos que sean positivos para Benidorm y que no vulnere las normas legales, interpretándolas a su antojo".
También exigió que "reconozca que a fecha de hoy el grupo del Partido Popular no está en mayoría y tiene que acatar lo que decida ésta, aunque no le guste".
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