El conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, desde cuyo departamento se ha decidido las acciones judiciales contra estos acuerdos del Ayuntamiento benidormense, que señaló en un comunicado que lo ocurrido en Benidorm con la moción de censura que quitó de la alcaldía al 'popular' Manuel Pérez Fenoll, es "una flagrante violación de la legalidad vigente donde no hay acatamiento de la Ley, por lo que la Generalitat se ve en la obligación de hacer cumplir la legalidad vigente".
La Generalitat, por tanto, impugna los acuerdos del Ayuntamiento de Benidorm en los que "los tránsfugas se otorgan mayores retribuciones y más funciones políticas, como la pertenencia a un mayor número de comisiones y, por lo tanto, mayores retribuciones, vulnerando así el artículo 73 de la Ley de Bases de Régimen Local que prohíbe que los tránsfugas tengan mayores derechos políticos y económicos".
La Generalitat "ha actuado en defensa de la legalidad vigente y de los intereses de los ciudadanos de Benidorm", manifestó, y añadió que los "tránsfugas han de pasar a la situación de no adscritos y no pueden pertenecer a ningún grupo municipal, tal como marca la Ley", algo que "no se ha producido al permanecer en el grupo municipal socialista".
No hay comentarios:
Publicar un comentario