VALENCIA.- Salvador Piles, exmiembro del consejo de
administración y de la comisión ejecutiva de Caja Mediterráneo (CAM) en
representación de UGT, ha asegurado este lunes que "no se leían nunca
las actas" de las sesiones de estos organismos, sino que éstas se
"comentaban" y después "las aprobaban el presidente y el secretario".
"No las aprobamos ningún consejero, no sé por qué", ha admitido.
Así lo ha señalado durante su comparecencia en las Corts ante la
comisión de investigación sobre el proceso que ha llevado a la
intervención de la CAM por parte del Banco de España, en la que ha
insistido en que "quien manda es la Dirección General, que ha mandado en
esta caja siempre" y que, como consejero, todo lo que le llegaba
"estaba validado y hecho". Ahora, asegura sentirse "engañado" por esos
hechos y también "desprotegido y abandonado" porque confiaba en las
estructuras de control y "han fallado".
Ante la insistencia de los portavoces acerca de las supuestas
actas falseadas, y en concreto la que recoge que en la sesión del 21 de
diciembre de 2010 se leyó el requerimiento del Banco de España que
alertaba de la situación de la caja, ha subrayado que "el acta no se ha
leído, se ha comentado", a lo que ha agregado que "si eso es falsear,
pues se ha falseado".
Tanto la representante de Compromís Mireia Mollà como el
socialista Ángel Luna le han advertido de la trascendencia de que
efectivamente se falsearan actas y le han pedido claridad. "Si hay un
acta falseada, díganlo, no esperen de nosotros palabras que ustedes no
están diciendo". "O vienen con valentia o pagarán como cobardes", le ha
espetado la parlamentaria, mientras que Luna ha lamentado las "milongas"
que cuentan los comparecientes y ha recordado que deberán responder "en
sede penal y administrativa" por sus responsabilidades.
Por su parte, Lluís Torró (EUPV) ha reprobado que entrar al
consejo se considerase "un premio" en forma de "dietas a veces no
justificadas", que Piles ha dicho que entregaba a UGT.
Piles, que también ostentó responsabilidades en el Consejo
Territorial de Valencia y en el Centro Hipotecario de la caja , ha
argumentado que la normativa estatal, la autonómica, la específica de
las cajas y la de CAM "históricamente han querido que los representantes
en los órganos de gobierno no fueran tecnócratas, tampoco los 'burros
del poble', pero que fueran un reflejo más o menos aceptado de la
sociedad de la caja", de modo que "la figura del director y del equipo
directivo adquiere una preponderancia exagerada" y los consejeros
delegan facultades de control en los estudios realizados por
profesionales de reconocido prestigio.
Además, ha aseverado que la comisión ejecutiva "no existe en la
CAM". Según el representante sindical, "si servía para algo, era para
ver la Obra Social de los territorios no históricos", pero "aparte de la
Obra Social no se hace nada" pese a que "tendría que estar todas las
semanas haciendo la labor ejecutiva, con una especialización y un
consejo en miniatura, pero entrando a saco en cuestiones diarias".
"Y
eso no se ha hecho, pero ni ahora ni recuerdo que se haya hecho en otras
épocas", ha sentenciado.
Entre otras funciones, de acuerdo con el informe de gobierno,
compete a este organismo cumplir y hacer cumplir las disposiciones de
los Estatutos y los acuerdos del consejo, estudiar e informar las
propuestas que no sean de su competencia resolutiva y que el director
general someta a su consideración para elevarlas al consejo de
administración, así como conceder o denegar los préstamos, créditos,
avales o garantías de todo orden solicitados a la entidad.
Según Piles, la "falta de información" sobre las fusiones fue la
causante del "malestar" surgido en el consejo, especialmente sobre el
frustrado proceso de integración en Banco Base que, a su juicio, no
salió adelante "por el requerimiento de capital del Banco de España" y
por el rechazo de sus socios a "las dichosas cuotas participativas, que
no hay quien las quiera", cuestión sobre la que reivindica que "nadie"
les dijo que "no pudieran estar en un banco".
El representante de UGT asegura que las retribuciones de la cúpula
directiva competían a la Comisión de Retribución, "asesorada por
expertos externos" y siempre "dentro de la legalidad" e "incluso por
debajo" del baremo para las cajas, y eran asumidas por el consejo "sin
detalles específicos de nada --con fórmulas como 'tema A resuelto'--".
Es más, ha asegurado que "lo que gana el presidente o el director
general, en la vida lo ha sabido un delegado sindical, y menos un
consejero".
Sobre los consejos celebrados en lugares como Nueva Delhi o
Shanghai, ha indicado que él nunca fue al extranjero, que solo viajó a
San Sebastián por coincidir con el proceso del SIP y entender que había
que "relacionarse con todo el mundo", aunque ha confirmado que viajaban
los consejeros, sus cónyuges y una "infraestructura mínima" de
organización, con lo que la comitiva estaba compuesta por "cerca de cien
personas, o si no, cerca" de esa cifra.
En la segunda comparecencia de la mañana, el delegado de SICAM
Enrique Puig Mora ha indicado que no recuerda que se leyera
"textualmente el contenido" del requerimiento del Banco de España. "La
lectura no se hizo, pero no tengo pruebas", ha agregado el exconsejero,
quien ha reconocido que el acta es "una prueba diabólica" en contra de
sus afirmaciones.
Según Puig, que se autodefine como "una víctima más" de las "malas
prácticas" del director general, "nunca se hacía una lectura íntegra de
las actas" que aprobaban presidente y secretario, sino "una mera reseña
a viva voz". De hecho, asegura que fue en varias ocasiones a consultar
la documentación en el lugar habilitado a tal efecto, pero "nunca" vio
esas actas.
El representante de SICAM ha confirmado que, antes del consejo,
siempre se reunía el comité de dirección, al igual que sucedió el 20 de
diciembre de 2010, un día antes de la sesión en la que supuestamente se
trasladó al consejo esa alerta del Banco de España.
En su caso, también entregó al sindicato las dietas, nunca asistió
a los consejos fuera ni ve "necesidad de irse de viaje" y considera
"inválido" el acuerdo sobre retribuciones de directivos aprobado durante
el proceso del SIP porque "estaba condicionado" a esa integración, que
finalmente "se liquidó".
Sobre las cuotas participativas, ha recordado que el propio fondo
de pensiones de los empleados adquirió dos millones de euros, y que él
estaba en la comisión de control de ese organismo cuando lo aprobaron, y
corrieron "el mismo riesgo que el resto".
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