VALENCIA.- Un
acuerdo del 26 de julio de 2001 de la Generalitat aprobaba el Plan
Eólico de la Comunidad Valenciana en el que mediante convocatoria
pública se ecogerían los proyectos que instalarían parques en 15 zonas que se sacaron en bloque a concurso. El procedimiento, que ya generó polémica en ese momento, es ahora investigado en el juzgado de Instrucción número 8 de Valencia por formar parte del caso Erial, recuerda hoy Abc.
Las sospechas se centran en que el entonces jefe del Consell, Eduardo Zaplana
-para quien la juez ordenó prisión el pasado jueves-, amañó las
adjudicaciones -al igual que las de las Inspecciones Técnicas de
Vehículos (ITV) en 1997- para que recayeran en determinadas sociedades.
Una de ellas vinculada a Sedesa y al grupo empresarial de la familia Cotino (Vicente Cotino, empresario y sobrino del ex director general de la Policía Juan Cotino).
A
cambio de ello, habría recibido comisiones (los investigadores calculan
que 10,5 millones de euros), cuyo dinero ocultó posteriormente en
paraísos fiscales para después tratar de que volviera a España. Un
proceso de blanqueo para el cual se habria servido de sociedades
pantalla, testaferros y asesores fiscales -como Joaquín Barceló o Francisco Grau, ambos también en la cárcel- o despachos de abogados.
Uno de los argumentos determinantes para que la juez mandara a Zaplana a prisión fue, de hecho, el cobro de 6,5 millones de euros
por parte de la familia Cotino a través de un ingreso en una cuenta en
Luxemburgo perteneciente a la empresa Imison International SA. Según
revelaron varios medios este fin de semana, ha sido gestionada por
Beatriz García Paesa, la sobrina de espía Francisco Paesa, quien entregó al exdirector de la Guardia Civil, Luis Roldán.
Expedientes
La
Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha registrado
durante varios días las instalaciones de la Conselleria de Economía para
revisar todos los expedientes relacionados con el plan eólico.
Las preadjudicaciones fueron conocidas en 2002 y las definitivas se
produjeron en 2003. El reparto se lo llevaron en su mayoría empresas en
unión temporal y las más beneficiadas resultaron Renomar, Guadalaviar y
Proyectos Eólicos Valencianos. Junto a ellas figuraban Eólica de Levante
(formada por Elecnor, Colortex y Eléctricas Vinalopó) y Nuevas Energías
Valencianas (Nevag y Umweltkontor Renovable Energy).
Renomar
recibió 23 parques eólicos en cinco demarcaciones. En el momento de la
preadjudicación estaba integrada por Iberdrola (a través de Energía
Hidroeléctrica de Navarra), Energías Eólicas Europeas y Fernando Roig.
Posteriormente, Acciona se hace con EHN e Iberdrola -tras su separación-
deja de formar parte del consorcio. Su responsable desde julio de 2004
fue el exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas, José Manuel
Uncio.
Guadalaviar se llevó también cinco zonas.
Estaba participada igualmente por Acciona junto a Elecnor. Precisamente a
esta primera empresa fue a parar José Monzonís, director general de
Industria y responsable directo de la tramitación de la convocatoria del
plan eólico, un año después de cesar en el cargo en 2005.
Por último, se encuentra Proyectos Eólicos Valencianos,
que se quedó con tres áreas y en la que se sitúa especialmente el foco
de la investigación. La sociedad estaba participada por Endesa, Bancaja y
Sedesa (propiedad de la familia Cotino). Los dos últimos vendieron sus
participaciones unos años después. Aunque lo intentaron con Iberdrola,
finalmente lo hicieron a Endesa, obteniendo una plusvalía de 39,3
millones de euros.
Aunque tanto Vicente como José Cotino fueron
detenidos en el marco de la operación la pasada semana, ambos quedaron
en libertad. Para los investigadores, además del trozo de pastel y el
beneficio económico que supuso para ellos la adjudicación de los parques
eólicos, también habrían colaborado en el blanqueo de las comisiones
que pagaron a Zaplana.
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