MADRID.-
Eduardo Zaplana, exministro del Gobierno de Aznar y expresidente de la
Comunidad Valenciana entre 1995 y 2002, ha recurrido de nuevo a decisión
de la jueza de instrucción de Valencia, Isabel Rodríguez, de
acordar su prisión incondicional por supuestos delitos de cohecho,
malversación de fondos públicos, contra la Hacienda, de blanqueo de
capitales y de asociación ilícita, entre otros, según El Español.
La instructora, que lleva investigando este caso en
secreto desde 2015, considera que existen indicios de que Zaplana cobró
en el extranjero -en concreto, en una sociedad luxemburguesa llamada
Imison International- sobornos por un importe total de 6,4
millones de euros vinculados a la adjudicación de las estaciones de ITV y
de los parques eólicos de la Comunidad Valenciana.
Las
comisiones ilegales habrían sido pagadas en 2005 y 2006 por empresas de
la familia Cotino, adjudicatarias de esos contratos. Juan y Vicente
Cotino (sobrino y hermano, respectivamente, de Juan Cotino, ex director
general de la Policía y expresidente de las Cortes valencianas) fueron
detenidos, al igual que Zaplana, el pasado martes pero, a diferencia de
éste, fueron puestos en libertad el jueves.
La instructora encarceló de forma incondicional a
Zaplana alegando la existencia de un riesgo de fuga que vincula a la
gravedad de las penas correspondientes a los delitos que son objeto de
investigación y a la existencia de riesgo de destrucción de pruebas, que
la defensa niega en consideración a que las diligencias se iniciaron en 2015.
La resolución judicial no hace alusión a la delicada situación de salud
del exministro debido a una grave enfermedad por la que debe seguir
un tratamiento médico permanente. El recurso presentado este viernes por
el letrado defensor, Santiago Milans del Bosch, se basa precisamente en
el "grave deterioro" que el estado de Zaplana puede sufrir en prisión,
donde -sostiene- resulta inviable que reciba un tratamiento adecuado por
el tipo de dolencia que padece.
El defensor subraya que la ley prevé la posibilidad
de que la prisión incondicional se verifique en el domicilio del
investigado, con las medidas de vigilancia que sean necesarias, cuando
por razón de enfermedad el internamiento en un centro penitenciario
entrañe un grave peligro para su salud.
El
letrado considera, asimismo, "impensable" la
eventualidad de una fuga no sólo debido a las condiciones físicas de su
cliente sino también por su arraigo familiar en España y porque
produciría una imagen de culpabilidad contraria a su interés de
acreditar su inocencia. Zaplana niega toda relación con cualquier
cohecho y también rechaza la imputación de haber repatriado fondos
ilícitos del extranjero.
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