La propuesta para la reorganización directiva del Ayuntamiento de Alicante, planteada por el gobierno municipal, se ha retomado después de que el pasado 6 de octubre el alcalde Luis Barcala se viera obligado a desconvocar el pleno extraordinario en el que se iba a abordar esta cuestión por falta de apoyos.
Esta misma mañana, una hora antes del pleno ordinario, el Partido Popular ha registrado un decreto de carácter urgente para la aprobación de las retribuciones de los doce puestos de alto cargo de nueva creación. Esta propuesta incluye dos coordinadores generales, con un sueldo bruto anual de 82.000 euros, y diez directores generales, con un salario que asciende a 75.000 euros anuales.
El acuerdo de PP y Vox incluye, según un
comunicado municipal, «que los presupuestos municipales de 2024 deben
recoger una partida suficiente para materializar un acuerdo entre el
equipo de Gobierno y los sindicatos y la rápida implantación de la
carrera profesional de los funcionarios del Ayuntamiento». Todo ello «a
instancias de Vox», apuntan.
En principio, se nombrarán los dos coordinadores generales y la dirección general de Planeamiento y del Plan de Ordenación Urbana (PGOU), cuyos candidatos ya han sido definidos.
La propuesta retributiva se ha aprobado finalmente, ante el descontento de los sindicatos presentes en el salón de plenos y la firme oposición de los grupos de la izquierda, después de que PP y Vox hayan alcanzado un acuerdo para la implantación de este nivel directivo en la estructura interna del Ayuntamiento, según han informado fuentes municipales a través de un comunicado a primera hora de este jueves.
El edil de Hacienda, Toni Gallego, ha defendido el planteamiento en el pleno como una alternativa que ya existe en varias ciudades con más de cien mil habitantes para “mejorar la eficacia de la administración y la planificación”.
La portavoz del PSPV-PSOE, Ana Barceló, se ha centrado en la figura del alcalde, Luis Barcala. Le acusa de introducir estas nuevas figuras ante la «incompetencia u otra cosa» para dirigir la ciudad. «No tiene plan ni hoja de ruta para Alicante», le ha expresado Barceló, quien entiende que la nueva estructura municipal revela la «debilidad» del regidor.
El portavoz de Compromís, Rafa Mas, apunta que
algunos de los nuevos puestos serán «para una exconcejal de Ciudadanos y
la hija de un exalcalde de Alicante», mencionando sin nombrar a Mari
Carmen Sánchez y Elisa Díaz. La segunda es funcionaria de carrera.
Detalles del pacto
En una primera fase, el acuerdo contempla el nombramiento de los dos coordinadores generales y de la dirección general de Planeamiento y del Plan de Ordenación Urbana (PGOU), cuyos candidatos “ya han sido definidos”, aunque no se han dado a conocer sus identidades.
Asimismo, desde el equipo de gobierno informan que los siguientes puestos directivos se irán cubriendo “progresivamente, conforme se evalúe a los candidatos correspondientes y se entienda pertinente su designación”.
De esta forma, el comunicado esgrime que con respecto a las direcciones generales de Servicios Centrales, Medio Ambiente, Cultura y Deportes e Innovación se supedita su nombramiento a una evaluación de la necesidad de creación de estos cargos dentro de la nueva estructura organizativa que “persigue la mejora de la eficacia en la gestión municipal y la atención a los ciudadanos”.
De la misma manera, ambas formaciones han acordado tras la reunión mantenida entre Luis Barcala y la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, consensuar todos y cada uno de los acuerdos alcanzados.
Protesta de los sindicatos
Ante el registro de urgencia de esta propuesta, los sindicatos SEP y CC.OO han convocado una protesta en el salón de plenos para exigir la implantación de la carrera profesional, que todavía sigue pendiente de resolución y que supondría el establecimiento de un sistema de ascensos en el organigrama y una mejora retributiva de los funcionarios municipales.
En varias ocasiones han interrumpido las intervenciones en la sesión plenaria para hacer constar su total desacuerdo con la creación de este “gobierno paralelo” que supondrá un gasto cercano al millón y medio de euros.
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