Las diligencias afectan al ex alcalde de Valencia Joan Ribó (Compromís), al actual primer edil de Puerto de Sagunto, Darío Moreno (PSOE), a Jorge Iván Castañón (Compromís), secretario autonómico de Vicepresidencia del Gobierno de Ximo Puig; a la eurodiputada y ex secretaria general de Infraestructuras Inmaculada Rodríguez-Piñero (PSOE); al presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana, Salvador Navarro, y al presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, José Vicente Morata, entre otros.
Todos ellos formaban parte del Consejo de Administración que autorizó la concesión ahora investigada.
El propio Boluda y su hijo, Ignacio Boluda Ceballos, también figuran como imputados y han sido citados a declarar este próximo lunes a las 10 y 12 horas de la mañana, respectivamente.
Las presuntas irregularidades están relacionadas con el "concurso público para la construcción y explotación en régimen de concesión administrativa de una terminal pública polivalente en el Muelle Centro 2 del Puerto de Sagunto".
La concesión contemplaba una duración máxima de 40 años y la ejecución de un muelle de 509 metros de longitud y una profundidad de 16 metros, con una superficie anexa de 226.000 metros cuadrados y una explanada en las inmediaciones para una terminal ferroviaria. Los pliegos fueron aprobados por el Consejo del Puerto de Valencia el 21 de julio de 2021 y en noviembre de 2022 se produjo la valoración de las ofertas económicas.
Dos empresas se presentaron a la licitación. Por un lado, una UTE integrada por las sociedades Boluda Lines, Noatum Terminals e Inversiones Algeposa y, por otro, la compañía que ha presentado la querella que ha provocado la apertura de este procedimiento, Intersagunto Terminales SA.
Esta mercantil denuncia que su oferta fue descartada en los primeros compases del proceso por supuestas razones técnicas, a pesar de que su propuesta suponía unos ingresos para el Estado, entre inversión inicial y tasas por tráfico comprometido, de 113,9 millones de euros en total, casi el doble de los 59,9 millones que prometía el grupo de Boluda.
Intersagunto Terminales SA recuerda que presentó alegaciones a las supuestas deficiencias técnicas pero, el 23 de noviembre de 2022, la Mesa de Calificación la excluyó del concurso sin ni siquiera pronunciarse sobre sus explicaciones.
En la querella, la empresa asegura que en las semanas posteriores se produjo una manipulación documental de su oferta y que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia le impidió el acceso al expediente del concurso, así como a las actas que revelaban el nombre de los asistentes a sus reuniones y el sentido del voto de cada uno de ellos.
"La resistencia denunciada tenía por objeto ocultar la concurrencia en el proceso de reiteradas irregularidades por parte de los miembros del mismo [Consejo de Administración] que son constitutivas de responsabilidad penal", relata Intersagunto Terminales SA.
Pese a esas resistencias, la empresa expulsada afirma que ha conseguido acreditar que el propio Boluda, que también ocupaba un asiento en el Consejo de Administración del Puerto, participó en tres sesiones relacionadas con la concesión y votó.
En una de esas reuniones, destaca la supuesta perjudicada, se produjo una modificación de los pliegos que fue definitiva para que la UTE integrada por la compañía del naviero -con una participación del 40%- se llevara finalmente la adjudicación, una práctica que incumpliría los propios estatutos del Consejo de la Autoridad Portuaria y la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público.
Para la querrellante, Ribó, Moreno y el resto de los representantes políticos y empresarios que formaban parte del Consejo también habrían participado en el fraude porque "debieron impedir la eficacia de la actuación individual del señor Vicente Boluda Fos, bien denunciando la concurrencia de la irregularidad que les era conocida, bien mediante su abstención en la votación o mediante su voto negativo".
La implicación de todos estos consejeros fue "indispensable" para adulterar el proceso, según Intersagunto Terminales SA.
El titular del Juzgado de Instrucción nº 17 de Valencia considera que los indicios denunciados son suficientes para la apertura de una investigación y ha acordado la imputación de todos los administradores de las compañías de la UTE ganadora y de los consejeros del Puerto.
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