Munilla evita valorar que se haya apartado a un cura acusado de abusos en Alicante y alude al comunicado de los jesuitas

 ALICANTE.- El obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, ha evitado hacer una valoración sobre que la Compañía de Jesús haya apartado provisionalmente de su puesto a un sacerdote jesuita --que en la actualidad ocupaba un cargo en la Conferencia Episcopal Española (CEE)-- acusado de abusos sexuales a un menor, presuntamente ocurridos en la primera década del siglo XXI en Alicante y Zaragoza. 

Así, se ha remitido al comunicado que la orden religiosa ha difundido al respecto y cuya redacción ha calificado como "muy bien aquilatada".

De esta manera lo ha indicado este miércoles el prelado en declaraciones a los medios de comunicación durante la presentación de un informe de libertad religiosa en la sede del Obispado en la capital alicantina.

Sobre este asunto, ha apuntado: "La verdad es que no tengo noticia de ello, porque, dentro de lo que es el proceder jurídico de la Iglesia, las congregaciones religiosas tienen una independencia y no es el  Obispado el que tramita las cuestiones referidas a los religiosos".

"Ha sido la propia Compañía de Jesús la que lo ha tramitado y, de hecho, yo lo he conocido como vosotros por la nota de prensa que ayer sacaron los jesuitas y la Conferencia Episcopal", ha manifestado Munilla a los medios de comunicación que le han preguntado por esta cuestión.

Consumo abre expediente sancionador a 'Alquiler Seguro' por posibles prácticas abusivas

 MADRID.- El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un expediente sancionador a la agencia inmobiliaria "Alquiler Seguro" que opera en todo el territorio nacional por posibles prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler, y está investigando, además, a otras compañías similares por cobrar comisiones ilegales y obligar a los inquilinos a contratar servicios no solicitados, ha informado este jueves el Departamento que dirige Pablo Bustinduy.

El procedimiento de sanción a esa gran agencia inmobiliaria, de la que el Ministerio no ha facilitado su nombre, parte de la investigación que Consumo puso en marcha el pasado mes de octubre y que continúa abierta respecto a otras inmobiliarias que también podrían haber cometido éstas u otras prácticas.

La Dirección General de Consumo ha requerido información a estas agencias tras recibir denuncias sobre este tipo de acciones por parte del Sindicato de Inquilinas-CECU, Facua y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

La OCU denunció hace un año a Alquiler Seguro ante Consumo por el cobro irregular de servicios a los arrendatarios, por lo que solicita que se le sancione con celeridad y de forma ejemplar, acorde con los beneficios ilícitos obtenidos.

Estas denuncias apuntan a infracciones como el pago de una comisión por la gestión del arrendamiento, imponer la contratación de un seguro o la obligación de contratar servicios no solicitados por el inquilino.

En este sentido, Consumo recuerda que la Ley de Vivienda prohíbe expresamente trasladar a los inquilinos los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato. 

 Asimismo, indica que estas cláusulas o prácticas podrían ser constitutivas de infracciones que, según la Ley de Defensa de los Consumidores, podrían calificarse como graves o muy graves.

En caso de ser consideradas infracciones graves, las multas podrían ser de hasta 100.000 euros, pudiéndose sobrepasar esas cantidades hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido. 

Si se calificaran como muy graves, las multas podrían llegar hasta el millón de euros, pudiéndose superar esa cantidad hasta alcanzar entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido.

Este nuevo procedimiento de sanción por parte de Consumo se une al expediente sancionador que el Ministerio abrió hace tres meses, también en el ámbito de la vivienda, a una plataforma dedicada al alquiler de viviendas turísticas.

En este caso, el expediente se puso en marcha porque la plataforma 'Alquiler Seguro' mantiene miles de anuncios de alojamientos de este tipo que fueron catalogados como publicidad ilícita por suponer una infracción de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.

La Dirección General de Consumo solicitó a la plataforma 'Alquiler Seguro' que retirara de forma inminente estos anuncios y, ante su negativa, se le incoó el expediente.

En esta misma línea, Consumo abrió en febrero expedientes sancionadores a empresas que administran viviendas turísticas en distintas comunidades autónomas tras detectarse que estas gestoras estarían ofreciendo "información falsa o información que, aun siendo veraz, puede inducir a error a los destinatarios, por su contenido o presentación", lo que supondría una práctica engañosa susceptible de alterar el comportamiento económico, como define el Artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal.

Esto es, por ejemplo, indicar en el anuncio que quien gestiona un alojamiento turístico es una persona particular, o varias, cuando en realidad se trataría de una empresa.

El Ministerio que dirige Pablo Bustinduy defiende que la vivienda es un derecho y un bien de primera necesidad amparado por la ley.

Todas estas iniciativas, destaca Consumo, se enmarcan en el objetivo fijado como acción prioritaria del Ministerio de proteger los derechos de los consumidores en el acceso a la vivienda.

Sobre los derechos de los inquilinos, desde Consumo ya se han llevado a cabo acciones informativas con los operadores del mercado sobre potenciales conductas abusivas en los contratos de alquiler. 

Se tratarían de prácticas que también son contrarias a la normativa vigente como exigir a inquilinos el pago de fianzas desproporcionadas, que asuman garantías adicionales o que tengan que pagar mensualidades adelantadas.

La Dirección General de Consumo precisa que la iniciación de este expediente sancionador no prejuzga el resultado final de la investigación.

La compañía Alquiler Seguro ha respondido con un comunicado en el que asegura que los servicios que ofrece a propietarios e inquilinos son públicos y se pueden consultar abiertamente en la web de la compañía, y que analizará la interpretación que hace el Ministerio de Consumo de los servicios que ofrece, aunque puntualiza que son transparentes, públicos y voluntarios.

"Los gastos de gestión y formalización del contrato recaen exclusivamente en el arrendador, como viene recogido en el contrato de prestación servicios. Los inquilinos con los que trabaja la empresa tan solo pagan por los servicios que desean contratar", puntualiza el comunicado.

“Todavía no conocemos el alcance del expediente ni los asuntos específicos a los que hace referencia”, explica David Caraballo, CEO de Alquiler Seguro. 

"En Alquiler Seguro estamos abiertos a colaborar con Consumo, reiterando que se trata de un proceso que acaba de comenzar y no de una sanción firme. Analizaremos con detalle la propuesta del Ministerio para decidir si debemos introducir alguna modificación", destaca el CEO de la compañía.

Desde Facua, la organización que denunció a Alquiler Seguro ante Consumo en noviembre de 2023, aseguran que la compañía obligaba a los inquilinos a abonarles el equivalente a un mes de renta más el 21% de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), cobro que justificaban en la prestación de un “servicio de atención al arrendatario”. 

Asimismo, revela que la empresa ha contactado con la asociación para asegurarle que, tras su denuncia, ha dejado de imponer la contratación del servicio y que, una vez visitado el inmueble, facilita a los usuarios que no quieren contratarlo los datos de contacto del propietario de la vivienda.

“Sin embargo, la Dirección General de Consumo habría constatado en los últimos meses una serie de irregularidades que la han llevado a incoar el expediente sancionador a la empresa”, indica en un comunicado. Facua afirma haber tenido conocimiento por fuentes ajenas al Ministerio que Alquiler Seguro ha sido emplazada para presentar sus alegaciones a la propuesta de sanción.

La empresa también tiene la opción de reconocer la comisión de una parte o la totalidad de las infracciones por las que ha sido expedientada, comprometerse a subsanarlas y abonar la multa con una significativa reducción de su importe. 

De este modo, la Dirección General de Consumo ha requerido información a Alquiler Seguro y a las otras agencias investigadas tras recibir denuncias sobre este tipo de acciones por parte del Sindicato de Inquilinas-CECU, Facua y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). 

Estas denuncias apuntan a infracciones como el pago de una comisión por la gestión del arrendamiento, imponer la contratación de un seguro o la obligación de contratar servicios no solicitados por el inquilino.

El 80% de los abusos sexuales a menores los cometen un familiar o conocido del niño

 

MADRID.- Un informe elaborado por Save the Children en el que se han analizado 400 sentencias sobre abusos sexuales a niños y niñas en España arroja una aterradora radiografía que arroja datos tan alarmantes como que la edad media a la que empiezan los abusos son los 11 años y que en más del 80% de los casos la víctima es una niña o una adolescente.

También han constatado que ha crecido exponencialmente el tiempo de duración de los procesos. Mientras que en el análisis que realizaron en base a los casos que tuvieron lugar entre 2019 y 2020 el 67,3% de los procesos se habían resuelto a los dos años, en el estudio actual, que se centra en los años 2021-2022, solo el 23,5% lo ha hecho en ese mismo intervalo. 

Hay víctimas que continúan teniendo que declarar más de una vez, llegando a declarar antes del juicio hasta tres veces en policía, fiscalía y juzgado. Según Save The Children, «solo en el 24,9% de los casos consta que se ha utilizado la prueba preconstituida, es decir, la grabación del testimonio para que no tengan que repetir esa declaración en reiteradas ocasiones».

Según los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior, en 2021 se presentaron 8.317 denuncias por delitos contra la libertad sexual que tenían como víctima a niños, niñas y adolescentes. 

«Estos datos son solo la punta del iceberg, ya que se estima que solo el 15% de los casos de abuso sexual llegan a denunciarse. Todavía existe la creencia colectiva de que estos casos apenas existen y de que si un niño o niña fuese abusado en nuestro entorno nos daríamos cuenta, pero los datos evidencian que no es así», señala Catalina Perazzo, directora de incidencia social y política en Save the Children.

Este informe arroja más datos: en el 68,6% de los casos de abuso sexual estudiados hay una sola víctima, aunque en algunos llega a haber hasta siete. Además, en el 8% de los casos analizados se menciona que la víctima tiene algún tipo de discapacidad, aunque no se especifica más. 

Sin embargo, en 28,9% de los casos no consta nada al respecto y en el 67,3% se confirma que se trata de víctimas sin discapacidad.

Como se ha mencionado anteriormente, de las sentencias estudiadas se desprende que en relación a la media de edad a la que comienzan los abusos sexuales se mantiene la misma tendencia, alrededor de los 11 años. 

«En el periodo 2021-2022 un 50,6% de los abusos se produjeron entre los 10 y los 14 años, mientras que entre 2019-2020 veíamos que el 44,7% de casos comenzaban entre los 13-16 años», apuntan desde la ONG.

Eso sí, existen notables diferencias de género en cuanto a los menores agredidos, según el informe: entre los 5-9 años de edad y desde los 15 años, las niñas representan más del 80% de los casos de abuso sexual infantil.

En cuanto al perfil de los abusadores, en ocho de cada diez casos el agresor es un conocido o conocida, en mayor o menor grado, por los niños y las niñas. Entre los espacios más comunes del grupo de personas conocidas sigue destacando el entorno familiar, aunque esta cifra desciende, incrementándose otros agresores del entorno conocido que no son familia. 

 Este perfil de entorno conocido puede incluir amigos o conocidos de la familia o víctima, profesionales que trabajan con niños y niñas, la pareja de la propia víctima, etc. Dentro de la familia, las figuras que destacan son la pareja de la madre y el padre.

Además, en casi siete de cada diez casos (67,2%) se trata de agresores o agresoras sin antecedentes, aunque se evidencia un incremento en el número de personas agresoras con antecedentes del 8,6% con respecto al periodo 2019-2020. Desde Save The Children destacan de igual modo que solo en el 4% de los casos los antecedentes eran por delitos contra la libertad sexual

Otro de los temas más preocupantes es el proceso judicial al que son sometidos los menores y las medidas cautelares contra los supuestos agresores. 

Así, en el informe de esta ONG dicen que «a pesar de que en cerca de la mitad de las sentencias no hay ningún tipo de información sobre estas medidas, comprobamos que en el 12,8% de ellos no se ha aplicado casi ninguna, y la más utilizada cuando se aplica (en un 24,1% de los casos) es la prisión provisional sola o en conjunto con otras medidas. 

En el periodo anterior, la más aplicada era la orden de alejamiento».

También subrayan que en el 88,3% de los casos hay condena. «De las 56 absoluciones analizadas, 38 fueron por falta de pruebas. En el 39,3% de los casos la pena principal impuesta es prisión de 2 a 5 años y las penas de prisión de más de cinco años representan el 36,6%, mientras que las de menos de 2 años, el 13,2%».

Mónica Oltra asegura que no se va a "arrugar" en su lucha contra los abusos a menores

VALENCIA.- La vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, ha advertido hoy al PP y a "la caverna" que se hace eco de sus ataques que "no se engañen" porque no piensa "arrugarse" y comparecerá en Les Corts para "desmontar la campaña de bulos, de difamaciones, de mentiras y medias verdades" a la que la están sometiendo sobre posibles casos de abusos a menores tutelados. 

Oltra, en declaraciones a los medios, ha señalado al respecto que confía en que esta semana o la próxima pueda comparecer en la Diputación Permanente de Les Corts, a petición propia, para explicar el informe que su departamento remitió al Síndic de Greuges con datos sobre actuaciones y protocolos en casos de sospechas de abusos a menores tutelados en la Comunitat Valenciana.

Al respecto, ha defendido que "la mejor medicina" contra las 'fake news' del PP es "la transparencia" y ha recalcado que ella "siempre" ha "luchado contra el abuso de poder, el oscurantismo y la corrupción". "Soy una mujer que siempre he dado y siempre daré la cara", ha subrayado.

En ese sentido, ha afirmado que el PP "ha contado mentiras sobre este informe en una contienda política partidista en la que no todo vale" y sostiene que los 'populares' han "falseado" el protocolo de actuación, que "se activa ante una sospecha de un posible caso de abuso o maltrato, confundiendo eso conscientemente con un abuso perpetrado".

Oltra ha advertido que, de este modo, el PP "castiga los protocolos de actuación, la transparencia, la detección y el diagnóstico" siguiendo con "la política del avestruz" que aplicaba cuando gobernaba: "Si no sabemos si un niño es abusado porque no hay protocolos, este abuso no existe".

Por contra, ha recordado que en su comparecencia de 2017 ya se comprometió a trabajar para combatir la violencia contra la infancia de la misma manera que la violencia de género porque en el caso de los niños se está "25 años por detrás y sigue oculta".

De hecho, la OMS advierte de que un 20% de la población sufre un abuso antes de los 18 años y Save de Children señala que cuatro de cada cinco agresiones se dan por familiares, conocidos o personas cercanas, ha apuntado. "Y todo eso se debe empezar a detectar, diagnosticar y combatir", ha exigido.

Para "poner luz", ha incidido en que su departamento ha elaborado estos protocolos y ha recalcado que más de 700 profesionales están "dedicados al sistema de protección". Así, ha explicado que los menores cuando están dentro del sistema y se sienten seguros, a los tres, seis o al año, es cuando se atreven a hacer "la revelación", como dicen los técnicos, y comunican que han sufrido un abuso.

"Eso no quiere decir que se haya cometido el abuso sexual dentro del sistema de protección, si no que cuando está dentro del sistema de protección es cuando se ha detectado ese abuso", ha aclarado.

Por ello, ha recalcado que el PP "falta el respeto a todos los profesionales que trabajan día a día para que estos niños tengan un futuro". "Insultan conscientemente", les ha recriminado Oltra, que les ha afeado que "saben perfectamente que hay cero personas agresoras en el sistema de protección". 

"Cero, y los abusos se han revelado dentro del sistema, pero en su mayoría han pasado antes, lo que es muy ruin porque pone en peligro a los niños", ha recalcado.

"Mientras yo esté al frente de esta Conselleria, seguiremos trabajando para erradicar la violencia contra los niños y me da igual las mentiras que cuenten y la presión que hagan, que sepan que no me voy a arrugar y menos en este tema que para mí es primordial", ha apostillado.

Oltra ha lamentado que el PP use este tema para atacarla pero ha comparado que mientras que la presidenta del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con "mucho sentido común" pedía sacar los abusos a menores de la confrontación partidista y abordarlo desde la unidad de los partidos, el líder nacional del PP, Pablo Casado, pide explicaciones "pero solo donde no gobierna en una muestra más de su cinismo y de su hipocresía".

"Al PP no le importan los niños, sólo el ruido"

"Es obvio que no les importan los niños sino la confrontación, el ruido y la violencia del debate público porque se creen que van a sacar más votos", ha lamentado. Así, ha reiterado el aviso: "Si de esto se hace un debate partidista, lo pagarán los niños".

Por otro lado, sobre la orden de la Audiencia de Valencia de continuar la investigación por la supuesta falta de protección a una menor abusada por su propio exmarido, condenado a cinco años de prisión, y educador del centro donde residía la joven, Mónica Oltra ha comentado: "Yo ya di explicaciones sobre este caso el 21 de abril en Les Corts y ahora se debe explicar en un tribunal".

Asimismo, ha apuntado se le ofreció a esta menor todos los recursos de emancipación tras abandonar el sistema a los 18 años "al igual que a todas las personas cuando dejan de estar tuteladas", pero lo que "no podemos hacer es obligar a nadie". 

"Cuando uno tiene 18 años tiene capacidad de decidir y si decide que no quiere esos recursos, nosotros no podemos ni debemos obligarla a aceptarlos", ha comentado.

C, s pide más medidas de prevención de abusos en el ámbito deportivo y formación a profesionales

VALENCIA.- La diputada de Ciudadanos (C,s) en Les Corts Valencianes Rosa Menor ha exigido más medidas de prevención de abusos en el ámbito deportivo, como formación a los profesionales, protocolos de protección, manuales de buenas prácticas, campañas de sensibilización o inspecciones, entre otras cuestiones.

La diputada de C,s ha afirmado que en la actualidad "se está produciendo un incremento de las denuncias por abusos a menores en el ámbito deportivo, pero todavía hay muchos procedimientos que no llegan a instruirse porque las víctimas no se atreven a denunciar".

Al respecto, en un comunicado, ha incidido en que en el ámbito autonómico "está pendiente de tramitación el Proyecto de Ley que regula las profesiones del deporte, un texto cuya aprobación es urgente y que debe servir para dar todas las garantías a los deportistas sobre la profesionalidad y el desarrollo de las actividades deportivas a través de buenas prácticas".

"Es necesario adoptar medidas orientadas a la prevención y actuación frente a la violencia sexual en el deporte, asegurar el bienestar de los niños y de las niñas y la puesta en práctica de los valores del deporte", ha defendido.

Por ello, a través de una Proposición No de Ley (PNL), Cs propone "impulsar la formación de todos los profesionales que intervienen en el deporte formativo practicado por menores de cualquier categoría en prevención de abusos sexuales en el deporte y desarrollar los protocolos existentes en la protección frente a la violencia y las herramientas para detectar y prevenir posibles casos de abusos".

El grupo también apuesta por "fomentar charlas informativas adaptadas a cada edad, promover entre los clubes y federaciones deportivas la realización de un manual de buenas prácticas y asegurar la realización de inspecciones".

En este sentido, Menor ha apostado por "aprobar, desarrollar e implementar la Ley que regula las profesiones del deporte en la Comunidad Valenciana, con el fin de facilitar que la prevención de posibles casos de abusos y contar con un informe completo individualizado de todos los profesionales que trabajen en la práctica deportiva, especialmente en caso de trabajar con menores".

Uno de cada seis casos de niñas víctimas de violencia de género tiene lugar en la Comunitat, alerta "Save the Children"

VALENCIA.- Un total de 83 niñas y adolescentes han sido víctimas de violencia de género (con orden de protección o medidas cautelares) en 2020 en la Comunitat Valenciana , mientras que en el conjunto del Estado la cifra aumenta a 514, alerta la organización Save the Children, que subraya que estas cifras ponen en evidencia que uno de cada seis casos tiene lugar en el territorio valenciano.

Además, desde 2011, primer año con datos oficiales, 5.960 niñas y adolescentes han sido víctimas de este tipo de violencia. En lo que respecta a la Comunitat Valenciana, 1.013 niñas se habrían visto en esta situación.

Por comunidades autónomas, la Comunitat Valenciana es la segunda autonomía con más víctimas con orden de protección o medidas cautelares, sólo por detrás de Andalucía, con 118 casos.

Save the Children recuerda estos datos del Instituto Nacional de Estadística con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, que se celebra cada 25 de noviembre, y para advertir de que "la violencia de género se encuentra totalmente instaurada entre adolescentes, así como en las relaciones que existen entre adolescentes y personas adultas".

"Estas cifras son sólo la punta del iceberg, ya que muchas de las víctimas no llegan a denunciar. Se trata de una violencia que sigue en gran medida oculta e invisibilizada en los datos, campañas y actividades de sensibilización. Además, cuando las adolescentes sufren violencia de género encuentran barreras para acceder a servicios de atención integral especializada, que tengan en cuenta tanto la perspectiva de infancia como la de género", asegura Yolanda Carmona, portavoz de Save the Children en la Comunitat Valenciana.

Asimismo, en España, solo el 21,7% de las mujeres víctimas violencia de género ha denunciado, según la Macroencuesta de 2019 sobre violencia de género. En el caso de las adolescentes, la organización cree que el número de denuncias podría ser menor.

Save the Children insiste en la necesidad de que los y las adolescentes sean identificados como colectivo específico en los estudios y las encuestas realizadas por los organismos oficiales para conocer la magnitud del problema.

Al no estar en el foco de las campañas de sensibilización contra la violencia de género, argumentan, las adolescentes no se identifican como víctimas. "La violencia que sufren las niñas y adolescentes es un tipo de violencia que no es tan visible como un golpe. Hablamos de control de las redes sociales, del móvil, vigilar con quién salen o qué ropa llevan. Esto también es violencia de género", asegura Carmona.

La construcción de estos modelos amorosos o de relaciones basadas en la desigualdad y en mitos sobre el amor dificultan identificar los comportamientos agresivos, especialmente aquellos que no acaban en una violencia física, sino de control.

También se suman factores propios de las relaciones en esta franja de edad: la intensidad de la primera relación amorosa, la creencia de que ese primer amor será el único y el verdadero, la influencia de la pornografía -el 47,4% de los adolescentes que ha visto contenido pornográfico ha llevado alguna escena a la práctica y no siempre con consentimiento previo, según el informe Violencia viral- y las redes sociales -que tienen un peso importantísimo y funcionan como una herramienta de celos, control, chantajes y humillaciones-.

Save the Children también señala que el 6,2% de las adolescentes de 16 y 17 años en España han sufrido violencia física por parte de parejas o exparejas, el 6,5% violencia sexual, el 16,7% violencia emocional y el 24,9% violencia psicológica o de control, según la Macroencuesta de 2019 -que solo recoge información a partir de los 16 años-.

La organización lamenta que los niños y niñas son víctimas de la violencia que se ejerce contra sus madres, muchas veces invisibilizadas en esta problemática. "Que un niño o una niña vea cada día en casa cómo se ejerce violencia de género contra su madre también lo convierte en una víctima. La infancia tiene que ser también un foco prioritario a la hora de atender estos casos, especialmente cuando la violencia de género llega a sus peores consecuencias", asegura Carmona.

En España, en lo que va de año, 19 menores se han quedado huérfanos a causa de la violencia de género, de los cuales 3 son de la Comunitat Valenciana, según los últimos datos del Ministerio de Igualdad. Desde 2013, primer año con cifras oficiales, 281 niños y niñas se habrían quedado sin madre por culpa de este tipo de violencia, 44 de ellos en la Comunitat.

Save the Children pide que esta problemática se aborde desde las actuales herramientas legales con las que se cuenta, teniendo como principal la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, aprobada este año.

"Necesitamos de forma urgente la elaboración de la Estrategia de Erradicación de Violencia contra la Infancia para implementar la Ley, así como una dotación presupuestaria acorde a la ambición de la misma, para que no quede en papel mojado. De esta forma podremos poner en marcha medidas que contempla la ley tan útiles como por ejemplo la educación afectivo sexual en las escuelas desde edades tempranas, para que los niños y niñas aprendan desde pequeños a tener relaciones sanas, igualitarias y basadas en el respeto", concluye Carmona.

Además, a nivel autonómico es necesario que se siga avanzando en la elaboración de la estrategia valenciana de desarrollo de la Ley de Infancia y Adolescencia, aprobada por la Generalitat en 2018, teniendo en cuenta todas las novedades que contiene la nueva Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia para aplicarlas de forma efectiva.

Oltra, tras las detenciones de El Campello: "Hemos puesto los medios para que estas situaciones se detecten y corrijan"

VALENCIA.- La vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, ha defendido que la inspección autonómica alertó a la Fiscalía de posibles maltratos en la vivienda tutelada de El Campello donde se ha detenido a cuatro personas y ha puesto en valor el refuerzo de estas inspecciones que ha llevado a cabo su departamento: "Hemos puesto todos los medios para que estas situaciones se detecten y se corrijan".

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios después de conocerse este jueves que la Guardia Civil ha detenido a cuatro personas por un presunto maltrato y vejaciones a un joven tutelado en una residencia concertada de la localidad alicantina de El Campello, dedicada a la atención a jóvenes con trastorno del espectro autista, según han informado fuentes conocedoras de la investigación.

Oltra ha señalado que, durante una inspección de la Generalitat en el centro, de titularidad privada pero con plazas concertadas por la Conselleria, se detectó "una serie de presuntos maltratos" a los residentes del centro que la administración puso en conocimiento de la Fiscalía.

A su vez, el Ministerio Público ya investigaba la cuestión "porque le habñia llegado por otras vías", ha precisado la vicepresidenta, al tiempo que ha asegurado que la Generalitat ha colaborado en la investigación y que personal de la Conselleria acudió al lugar en el momento de la detención.

"Para nosotros lo fundamental es que haya unos servicios de dignidad y de respeto" y "cuando se detecta una situación de maltrato que no es tolerabe para la dignidad humana colaboramos con la Fiscalía para reconducir la situación", ha defendido Oltra, antes de explicar también que se ha ofrecido a los familiares cambiar de centro pero han decidido permanecer en la vivienda tutelada de El Campello.

La titular de Igualdad ha reivindicado el incremento de inspectores que se ha llevado a cabo e los últimos años, pasando de siete en 2015 a 34 en la actualidad. También ha remarcado que en la ley de acompañamiento de los presupuestos se contempla aumentar "todavía más" la inspección.

Oltra ha insistido en que el centro es de titularidad y gestión privada. "Cuando se privatiza es cuando más hace falta el control", ha manifestado, antes de insistir: "Hemos puesto todos los medios para que estas situaciones se detecten y se corrijan".

Respecto a que la portavoz de Igualdad del PP en Les Corts, Elena Bastidas, haya solicitado su comparecencia, Mónica Oltra ha asegurado: "Daré la cara ante quien haga falta, pero aquí uno de los agentes que ha destapado esta historia es la inspección de la Generalitat, gracias al refuerzo de lo publico podemos controlar lo privado".

Detenidos tres empleados de una residencia de autistas de El Campello por supuestos malos tratos

 ALICANTE.- La Guardia Civil ha detenido a tres empleados de una residencia de autistas de El Campello, gestionada por una asociación, por supuestos malos tratos e investiga a otros tres trabajadores, según han confirmado este jueves fuentes próximas al caso.

Las mismas fuentes han indicado que han sido arrestados un responsable, un coordinador y un trabajador del centro, que es gestionado por la entidad Educatea, que se ocupa de atender a jóvenes y adultos con trastornos del espectro autista que presentan comorbilidad psiquiátrica y problemas de conducta grave.

Los hechos que investiga el instituto armado se habrían producido en una vivienda, gestionada por la citada asociación, que tiene plazas concertadas con la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Fuentes de esta Conselleria han explicado que la vivienda no está tutelada por la Generalitat y han precisado que los que están tutelados son los que viven o residen en ella.

"Hemos colaborado con la fiscalía durante todo el proceso de investigación previo y con la Guardia Civil, y estamos en contacto estrecho con las familias para, si en algún momento hiciera falta, buscar un recurso habitacional alternativo" para los residentes, han informado fuentes de la Conselleria.

La asociación hasta el momento no se ha pronunciado, mientras que fuentes del Ayuntamiento de El Campello han dicho que no sabían nada del caso, salvo lo difundido por los medios de comunicación.

En su página web, la asociación afirma que son un grupo de profesionales "con casi una década de experiencia en el trabajo con estos perfiles". 

Señala también que tiene una vivienda tutelada que se acoge al régimen de acuerdos de acción concertada con la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas en materia de servicios sociales en el sector de atención a personas con diversidad funcional.

Por su parte, la portavoz de Igualdad del Grupo Popular en las Cortes, Elena Bastidas, ha solicitado la comparecencia de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, tras conocerse la detención de tres trabajadores del centro.

En un comunicado, Bastidas ha expuesto que "no hay semana que pase sin que la Comunidad Valenciana tenga un foco apuntando por la mala gestión con menores", y ha señalado que Oltra "se equivoca día tras día y debe dar la cara".

Así, la diputada ha avanzado que solicitará los informes de la inspección sobre el centro, ubicado en El Campello, desde el año 2018, y respuesta a si la Conselleria "tenía constancia de irregularidades o deficiencias en el centro, que está bajo la tutela de Oltra desde 2018".

El 33% de los niños alicantinos que han sufrido acoso no se lo ha contado a nadie

ALICANTE.- El 25% de las niñas y el 33% de los niños alicantinos de 11 años que han sufrido acoso o ciberacoso no lo han contado a nadie. Los datos se vertieron según las conclusiones a las que llegó un estudio realizado por el Observatorio de Consumo Digital, perteneciente al Ayuntamiento de Alicante. 

La Concejalía de Consumo del Ayuntamiento de Alicante, dirigida por la edil del Partido Popular, Lidia López, hizo públicos los datos del informe titulado 'Uso y Consumo responsable de las nuevas tecnologías: internet, móvil, redes sociales y videojuegos', llevado a cabo a través de encuestas anónimas entre 433 alumnos y alumnas de 6º de Primaria; es decir, de 11 años.

Los datos, según informaron fuentes del Consistorio en un comunicado, ponen de manifiesto que un 72% de los alumnos se conectan todos o casi todos los días a internet, accediendo un 16% para contactar con desconocidos a través de los videojuegos.

En el caso de la visión de contenidos inapropiados, hay un 44% de las niñas y niños que lo han visto y no se lo han contado a nadie, y que, según el 36% de las niñas y el 44% de los niños encuestados, la fuente de llegada de este tipo de contenido es YouTube.

El estudio ha sido impulsado por el Centro Educativo de Recursos de Consumo del Ayuntamiento de Alicante. 

Por otro lado, el análisis lo ha desarrollado el equipo de Formación de la Asociación de Telespectadores, Radioyentes, Consumidores y Usuarios de los Medios de la Comunidad Valenciana (ATR-CV).

Del total de los menores que fueron preguntados, un 29% no tienen ningún límite horario en el uso de internet cuando finalizan sus tareas, y un 12% nunca tiene límite horario, resaltando que más de la mitad de los alumnos disponen de tableta en su habitación.

Además, un 25% de las niñas y un 33% de los niños no han contado a nadie que están sufriendo acoso o ciberacoso.

Sobre el ciberacoso, hay un 28% de los alumnos que lo ha sufrido en mayor o menor intensidad a lo largo del tiempo, un 25% ha tenido acceso a imágenes inapropiadas, mayoritariamente por vídeos, páginas para adultos, juegos en línea y redes sociales.

Asimismo, el estudio precisa que un 3% de las niñas y un 4% de los niños que fueron encuestados sufren acoso o ciberacoso todos o casi todos los días de su vida, y que un 4% de las niñas y el 7% de los niños lo sufren al menos una o dos veces por semana.

Este Observatorio nació con el objetivo de ser plataforma permanente y actualizada para integrar toda la información sobre hábitos de uso y consumo de internet y dispositivos tecnológicos, como el móvil, la tableta, videojuegos y otros medios de comunicación, reales o virtuales, relativos a la población infantil y adolescente de la ciudad de Alicante.

La supremacía de 'Mercadona' y la guerra de precios dejan al resto de supermercados al borde del precipicio

MADRID.- La competencia en el mercado minorista español de alimentos está aumentando, liderada por Mercadona. Esta situación afectará de forma negativa a cadenas como Dia y otros 'retailers' que operan en en el mercado nacional, que tendrán que reducir márgenes y buscar fórmulas para mantener su cuota de mercado, según se desprende de un informe elaborado por la agencia de calificación Moody's.

Esta competencia "tendrá un impacto negativo en la calificación crediticia de Dia y otras empresas que operan en el país, ya que las compañías que están perdiendo cuota, como Auchan (Alcampo) y Eroski, puede que recorten también sus precios para reafirmar su posición, minando sus márgenes de rentabilidad", según el analista sénior de Moody's Vincent Gusdorf.

Por ejemplo, Dia (firma presidida por Ana María Llopis) informó esta semana que en 2017 su resultado operativo (Ebit) en Iberia cayó un 58,6% interanual en el cuarto trimestre, debido a los recortes de precios que hizo para mejorar su competitividad.

Por su parte, el consejero delegado del grupo, Ricardo Currás, explicó que la caída del beneficio neto de la compañía se debió a la fuerte inversión en precio realizada en España durante la segunda parte del año".

La agencia de calificación ha señalado que empresas como Auchan y Eroski también pueden reducir sus precios para reforzar su posición competitiva, erosionando los márgenes de sus ganancias.

Además, ha recordado que a principios del año pasado, Mercadona inició un vasto programa de renovación de tiendas y redujo sus precios, lo que le ha permitido consolidar su liderazgo al frente de la distribución española con una cuota de mercado del 24,1%, mientras que uno de sus competidores, como es Dia, se sitúa como tercer 'retailer' nacional con el 8,2%, tras ceder el 0,3% en 2016.

Respecto a Carrefour y Auchan, que cuentan con presencia en el mercado español, Moody's cree que la competencia se verá exacerbada por la continua disminución del formato de hipermercado, que sigue cayendo cada año.

Por último, la agencia crediticia considera que el comercio electrónico está creciendo en España y estima que las ventas totales sean ligeramente superiores al 2% de las de bienes de consumo en España en 2018, una cifra que sigue siendo inferior a la que se registra en Reino Unido o Francia.

Alrededor de 70 familias son desahuciadas cada día en la Comunitat Valenciana

VALENCIA.- Cada día más alrededor de 70 familias son desahuciadas de sus casas en la Comunitat Valenciana, una situación que ha aumentado en los últimos tiempos un ritmo "vertiginoso" y que a nivel estatal alcanza la "obscena" cifra de 240 desahucios diarios. 

Así lo ha dado a conocer la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, que ha advertido que esta "sangría en expansión está afectando ya a todas las capas sociales" y, según datos del primer trimestre de 2011, ya hay más de 16.000 familias valencianas que han sido obligadas a abandonar sus viviendas, 350.000 en toda España desde que comenzó la crisis.

   Ante esta situación de "emergencia habitacional", la Plataforma ha presentado este jueves la campaña 'Por el derecho a la vivienda. Dación en pago (retroactiva). Moratoria desahucios. Alquileres sociales' que arrancará este viernes con un concierto solidario a las 20.00 horas en el parque de Alaquàs en el que actuarán Obrint Pas, Apolo (24K), Los Chikos del Maíz, Orxata Sound System y la Rana Mariana.

   El domingo 25 continuará con una gran manifestación en más de 40 ciudades de toda España a la que se han adherido colectivos sociales como Democracia Real Ya o el Movimiento 15-M, asociaciones vecinales, sindicatos y partidos políticos. En Valencia, partirá desde la Plaza San Agustín a las 18.00 horas y finalizará en la rebautizada 'Plaza 15 de Mayo' (Plaza del Ayuntamiento).

En Alicante, Elche, Benidorm y Gandía también han convocado movilizaciones, todas ellas, con el objetivo de ganar simpatizantes a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que la Plataforma presentó hace 6 meses en el Congreso y que ya ha superado su trámite por el Senado.

   En ella, se solicita la dación en el pago de las hipotecas con carácter retroactivo para "dar una amnistía a las 350.000 familias desahucidas desde que empezó la crisis, más de un millón de personas que han perdido su vivienda pero que tienen esa deuda de por vida"; una moratoria de los desahucios durante 3 años; permanencia en estas viviendas 5 años en régimen de alquiler social, pagando un máximo del 30% de sus ingresos; y la creación de un parque de alquiler social con ese millón y medio de viviendas vacías que existen a lo largo de todo el Estado.

   Ahora, la ILP ha vuelto al Congreso y desde la Plataforma esperan que "en pocas semanas" la Junta Electoral le dé luz verde. Será entonces cuando la entidad cívica inicie un proceso de recogida de firmas a lo largo de 9 meses en el que confía superar las 500.000 mínimas necesarias para, al menos, "obligar al Congreso a debatir" la posibilidad de reformar la ley hipotecaria, hoy por hoy "injusta".

   Así lo ha asegurado este jueves en rueda de prensa una de las portavoces de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, Yolanda Prats, quien ha defendido que mientras las Administraciones llevan a cabo "el rescate de las entidades financieras con dinero público", la Plataforma quiere ayudar al "rescate de los ciudadanos". En el acto ha participado la también portavoz Rosana Montalbán, la responsable del grupo de apoyo, Montse Luque, el psicólogo Roger Muñoz, y Fernando, uno de tantos afectados.

   Para Prats, la actuación de las Administraciones Públicas en este sentido es una "burla" hacia los ciudadanos, se comportan como "verdugos", además de "criminalizar y perseguir" a los activistas que protestan contra los desahucios. Sin ir más lejos, ha ejemplificado, la Plataforma tiene "sanciones administrativas" por su papel en desalojos de Valencia y Sagunto. Aún así, sigue llamando a la "desobediencia civil pacífica", ha reivindicado.

   En la Plataforma hay un grupo de apoyo que informa, les acompaña al banco y asesora jurídicamente a los afectados. Luque ha explicado que llegan sumidos en un "caos", en el que sobre todo necesitan "información". El banco no les da soluciones sino que les insta a "endeudarse más" e incluso "cuanto más indefensos les ve, peor les trata", ha asegurado.

   No obstante, por primera vez, después de contar con el apoyo de la Plataforma y gracias la "presión mediática", Fernando ha conseguido que el banco le conceda una dación del pago, algo que no había logrado en un año luchando solo. Aun así, llega la segunda parte, sin trabajo, con familia y obligado a dejar su casa, es "difícil que alguien te alquile un piso", ha advertido. En su caso, lo ha conseguido con el aval de un familiar.

   Precisamente para enfrentarse a esta situación de "pérdida, tras pérdida, tras pérdida, tras pérdida", desde Valencia se ha creado un grupo psicólogos que atiende gratuitamente a los afectados por los procesos hipotecarios. Como especialista, Muñoz ha señalado que la "pérdida de los sustentos básicos afecta a las relaciones con la familia y a la autoestima", cosas que este grupo ayudará a tratar.

   En el sistema público sanitario español hay 4 psicólogos cada 100.000 habitantes, muy por debajo de la media europea, con lo que no pueden recibir una asistencia de calidad, ha lamentado. Por ello, desde la Plataforma "no les vamos a dejar naufragar, no vamos a dejarlos lanzados a la desesperación".

   Además, han recabado el apoyo del Colegio Oficial de Psicólogos donde se dará formación a los interesados. "Vamos a cambiar las cosas" ha asegurado Muñoz, para quien movimientos como el 15M han demostrado que "por fin se ha recuperado la esperanza y la esperanza se ha transformado en compromiso", ha concluido.

A vivir de la memoria del poeta... que son dos días

ELCHE.- El legado del poeta oriolano Miguel Hernández permanecerá en Elche durante 20 años más, tras la firma de un convenio de colaboración entre el consistorio ilicitano y los herederos del poeta que prevé el pago de tres millones de euros a estos últimos por custodiar fondos del autor de 'Viento del pueblo' durante las dos próximas décadas.

   Así, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Elche tiene previsto mañana viernes dar el visto bueno a la firma de este convenio, por el que los herederos del poeta recibirán 150.000 euros al año de las arcas ilicitanas, según ha informado en rueda de prensa la concejala de Cultura, Àngels Candela.

   No obstante, Àngels Candela, miembro del equipo de Gobierno tras el acuerdo de gobierno suscrito por su formación, Compromís, y el PSPV, ha anunciado que votará en contra de dicho convenio, puesto que, a su juicio, la cantidad a abonar excede la tasada por la Biblioteca Nacional.

   En este sentido, la concejala ha señalado que un informe de la Biblioteca Nacional solicitado por el Ayuntamiento de Elche tasó el legado de Miguel Hernández en 2,2 millones de euros y ha añadido que, pese al pago de los tres millones de euros, dentro de 20 años puede "existir el riesgo" de que el legado se lo puedan llevar.

   "Dudo que haya muchas administraciones dispuestas a pagar por alquilar", ha asegurado Candela, quien ha añadido que los herederos de Miguel Hernández actúan como "en una subasta" con el legado del poeta de Orihuela.