MADRID/ALICANTE.- Incertidumbre ante los pasos que puede dar el Ayuntamiento de
Alicante tras el fallo que condena a declarar ZAS el centro. El lobby de
empresarios del ocio presiona para que el consistorio recurra una
sentencia que reconoce vulneración de derechos fundamentales e inacción
institucional. El ruido no descansa en Alicante, se afirma por el diario Público.
Días cruciales en la batalla contra el ruido en Alicante. La
sentencia conocida hace una semana, que da la razón a los vecinos y
condena al Ayuntamiento a declarar Zona Acústicamente Saturada (ZAS) el
centro de la ciudad, ha desbocado la ofensiva del lobby empresarial del
ocio. Sus presiones se dirigen hacia el alcalde, Luis Barcala, a quien
presionan para que recurra la sentencia.
Y la pelota, de hecho, está ahora en el tejado del consistorio. Si
bien la postura pública inicial del equipo de Gobierno municipal,
formado por PP y Ciudadanos, fue la de acatar la sentencia y poner en
marcha de inmediato la tramitación de la ZAS, las dudas y la
equidistancia se han apoderado en los últimos días de los discursos de
los mandatarios. Mientras los hosteleros recogen firmas y anuncian
movilizaciones, el Ayuntamiento se encomienda, dice, a lo que
emane de los informes de los servicios jurídicos municipales. Con estas
conclusiones en la mano, el bipartito reflexiona sobre la conveniencia
del recurso y pretende convocar a vecinos y hosteleros en una reunión
para los próximos días.
Era lo que preveían algunos vecinos consultados para este artículo:
un intento por dilatar todo este proceso que está por ver hasta dónde
llega. Sin embargo, la realidad es tajante: los vecinos han conseguido
un fallo judicial que reconoce la vulneración de los derechos
fundamentales recogidos en la Constitución, lo que indica un
incumplimiento sistemático de las ordenanzas municipales por parte del
Ayuntamiento.
Una sentencia que considera probada la existencia de
niveles acústicos excesivos e insoportables como consecuencia de la
apertura de gran cantidad de establecimientos dedicados al ocio y la
restauración en el primer ensanche de la ciudad (el rectángulo
comprendido entre Rambla-Esplanada-Mercado Central-Avenida del Doctor Gadea).
La resolución ordena al Ayuntamiento a tomar medidas entre las cuales
podrían concretarse la suspensión de la concesión de licencias de
actividad, establecer horarios restringidos y prohibir o limitar la
colocación de mesas y sillas en las calles afectadas por la declaración.
Todo esto, en teoría. Hasta la fecha, el bipartito alicantino no ha
apuntado si procederá a aplicar medidas cautelares y saca pecho al
considerar que parte de estas actuaciones ya se estarían aplicando tras
el acuerdo de modificación del Plan Especial del Centro Tradicional, aprobado en verano de 2018.
Una gran discoteca al aire libre
Todo empezó a principios de década. En un primer momento, las
aglomeraciones de gente se circunscribían al Mercado Central. No tardó
en desbordarse la costumbre de empezar a beber a las doce del mediodía y
acabar a altas horas de la madrugada. Los empresarios del ocio
extendieron el fenómeno hasta la calle Castaños y aledaños. La vía
pública se fue estrechando con la proliferación de los veladores y del
aforo incontrolado, a la par que el negocio tradicional echó el cerrojo.
Pubs que actúan como discotecas y cafeterías que actúan como pubs. La
irrupción del tardeo, en pleno mandato de la popular Sonia Castedo,
fue incluso promocionado institucionalmente como un reclamo turístico.
El diario británico The Guardian llegó a tildarlo como símbolo de cambio
social en España.
La gran verbena popular al aire libre produjo, de manera paralela, un
alud de llamadas y escritos al consistorio denunciando las
consecuencias de una permisividad de manga ancha. Suciedad, orines,
música y gritos traspasando puertas y ventanas… Denuncias que, tal y
como relata Luis Santamaría, abogado que ha defendido a la Asociación de
Vecinos del Centro Tradicional, se iban coleccionando en los cajones
del consistorio.
La inacción y la dejadez de funciones por parte de las
autoridades competentes, de hecho, también se ponen de manifiesto en la
sentencia. Ya en 2013, diferentes asociaciones de vecinos de la ciudad
llevaron el tardeo ante el Síndic de Greuges (el defensor
del pueblo autonómico), apoyadas por algunas voces policiales que
reconocían el fenómeno como un botellón encubierto.
Nefer Vives es una de las muchas vecinas que se vio abocada a
insonorizar la fachada de su vivienda. Sin embargo, esta actuación fue
en balde. Tras dejar de oír el estrépito de la calle, irrumpió el del
pub. Un ruido había tapado al otro. De nada sirvieron los intentos de
hablar con los propietarios del establecimiento ni las llamadas a la
policía.
La medición que contrató con una empresa privada certificó, en
efecto, la superación de los decibelios permitidos por el local, pero la
impunidad del ruido siguió su curso. Junto con su familia, esta vecina
abandona durante el fin de semana la zona y se marcha a su pueblo para
evitar el suplicio.
Cuando no queda más remedio, recurre
obligatoriamente a los tapones para dormir. Se pregunta quién querría
adquirir ahora una vivienda en una zona con estos niveles acústicos.
"Han creado un monstruo de tres cabezas y han hecho de Alicante una ciudad de borrachos"
De hecho, las fotografías y los vídeos de los vecinos son
reveladores. Recogen sin filtros las situaciones descritas que prueban
la vulneración del derecho al descanso y la convivencia. Maribel Terol
es presidenta de una comunidad de vecinos de la calle Artilleros,
que ha presentado denuncia contra algunos locales, la primera de ellas
ya en 2006.
El material audiovisual que cuelga en sus redes sociales no
deja lugar a dudas. Como otros vecinos, Terol cuenta con un informe
médico derivado de los efectos de la contaminación acústica. “Han creado
un monstruo de tres cabezas y han hecho de Alicante una ciudad de
borrachos”, se lamenta.
El pleno municipal rechazó hasta dos veces la declaración de la ZAS.
La primera, en 2013, cuando los vecinos del centro, a través del
portavoz de Esquerra Unida, Miguel Ángel Pavón, llevaron la propuesta,
tumbada finalmente con los votos en contra de PP y UPyD. El actual
alcalde, que ahora habla de “mediar” tras el fallo judicial, fue uno de
los que rechazó la moción. En 2017, la historia se repitió, esta vez,
con los votos en contra de populares y socialistas, y la abstención de
Ciudadanos.
No es ninguna sorpresa el voto en contra de los socialistas. Durante
la etapa del tripartito de izquierdas (2015-2018) surgieron importantes
encontronazos en el equipo de gobierno. Fue en este período que se
consiguió la instalación de la red de sonómetros que han resultado
fundamentales para conseguir la resolución judicial favorable para los
vecinos.
La puesta en marcha, conducida por la concejalía de Medio
Ambiente que dirigía Víctor Domínguez (Guanyar), ha permitido conocer
registros oficiales sobre la actividad asociada a los locales de ocio.
Sin embargo, la presencia de Lalo Díez como mano derecha del alcalde
socialista Gabriel Echávarri puso el freno a la regulación del ocio en
el centro. Díez es una de las caras visibles de la Asociación de Locales de Ocio de Alicante (Alroa), el colectivo que estos días presiona sobre el alcalde para recurrir la sentencia.
La impunidad del ruido
La de Alicante supondrá la decimoquinta ZAS declarada en suelo
valenciano. La contaminación acústica es uno de los problemas más graves
que sufren los ciudadanos que residen en las ciudades. Según una
investigación de oficio del Síndic de Greuges conocida el año pasado, en
la ciudad de València alrededor del 40% de las infracciones graves o
muy graves por parte de los locales de ocio han prescrito durante los
últimos tres años.
Los datos prueban, según esta institución, que el infractor no tiene interés en cumplir la ley, lo que desemboca en una “impunidad injustificable”.
Uno de los focos de este mapa de saturación acústica se sitúa sobre
el barrio de Russafa. Los movimientos vecinales llevan tiempo
denunciando la apertura de nuevos locales hosteleros y la proliferación
de terrazas como consecuencia del monocultivo hostelero y la
tematización turística.
Todo ello, a pesar de existir “medidas
preventivas” para evitar la declaración de ZAS. En Ciutat Vella, por su
parte, varios colectivos también exigen una solución para la saturación
de terrazas y solicitan que se realicen más inspecciones.
En los últimos años, València ha visto crecer en todos sus barrios
plataformas cívicas creadas para proteger los derechos vulnerados por el
ruido. En el fondo de la cuestión, se encuentra una importante y
urgente reflexión sobre el modelo de ocio y turismo.
En 2004 y de nuevo
el año pasado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya condenó a
España por el ruido nocturno en dos casos que conciernen a la ciudad de
València.
Recurre el Ayuntamiento de Alicante
El Ayuntamiento de Alicante ha acordado recurrir la sentencia del ruido que le ordena establecer una zona acústica saturada con medidas ambientales para reducir los decibelios en once calles del Centro Tradicional pero se compromete a iniciar los trámites para implantar ese instrumento de control del ruido. El equipo jurídico municipal discrepa
sobre la vulneración de derechos fundamentales que establece la
sentencia, y así lo refleja en el informe solicitado por el ejecutivo
local.
El equipo de gobierno ha trasladado esta tarde a vecinos y hosteleros la decisión y emplaza a ambas partes a buscar puntos de encuentro. El Ayuntamiento tiene la intención de hacer extensivas a otras zonas de la ciudad, como el Casco Antiguo, las medidas que hagan posible la convivencia.
Estas decisiones se han comunicado en sendas reuniones con ambos sectores enfrentados para tratar la reciente sentencia sobre el ruido y las medidas a adoptar para conciliar el derecho al descanso de los vecinos con una oferta de ocio acorde a una ciudad de las dimensiones de Alicante.
Han participado el
alcalde de Alicante, Luis Barcala, acompañado por los concejales de
Medio Ambiente, Manuel Villar; Ocupación de la Vía Pública, Manuel
Jiménez; Urbanismo, Adrián Santos; Seguridad, José Ramón González;
Comercio, Lidia López; y Antonio Peral, edil de Modernización,
Estadística y Coordinación de Proyectos. También han asistido técnicos de diferentes áreas.
En el encuentro, el alcalde ha trasladado a las partes que el departamento jurídico municipal
ha recomendado recurrir la sentencia al discrepar sobre la vulneración
de derechos fundamentales que se establece en la misma, con lo que se
presentará el correspondiente recurso en paralelo al inicio de los
trámites para crear una Zona Acústicamente Saturada en la zona
delimitada por la decisión judicial.
Es decir, que se van a impulsar las medidas
de control del ruido, reducción de veladores, control de horarios y
suspensión de licencias de pubs en la zona, encaminadas a la
implantación de una ZAS; al tiempo que se va a presentar un recurso a la sentencia judicial
porque hay cuestiones jurídicas, como la vulneración de los derechos
fundamentales, que el Ayuntamiento considera que son matizables.
Para el alcalde "no es incompatible recurrir la sentencia por los motivos argumentados por los servicios jurídicos municipales y, simultáneamente, adoptar medidas que compatibilicen los intereses de vecinos y empresarios.
Somos conscientes de que hay que adoptar medidas que aseguren la
convivencia, y ya trabajábamos en las mismas con independencia de la
demanda; por ello, y si perjuicio de recurrir la sentencia, las
aplicaremos".
Por otra parte, el equipo de gobierno ha manifestado su intención de hacer extensivas las medidas que compatibilicen el ocio con el descanso a otras zonas de la ciudad, como puede ser el Casco Antiguo, buscando con ellas garantizar unos controles sobre el ruido que permitan la convivencia entre vecinos y hosteleros, según avanza el diario
Información.
