No es la única munición del Gobierno en la batalla contra el paro, pero el Fondo Estatal de Inversión Local es, sin duda, su pieza más publicitada. No es extraño: los 8.000 millones de euros pagados por el Ejecutivo para financiar inversión pública local en proyectos medianos a realizar en un corto espacio de tiempo duplican el volumen de inversión anual del conjunto de los Ayuntamientos, y son algo tan novedoso como la misma crisis económica que se pretende combatir con este tipo de medidas excepcionales.El que se haya podido resolver todo en pocas semanas y sin presentar un solo papel, ya que la tramitación entera se ha hecho por procedimientos telemáticos, adelantando la administración electrónica prevista en la Ley aprobada la pasada legislatura, es otra prueba de que, cuando queremos, podemos.
Los ayuntamientos españoles, con independencia del partido político que esté al frente, han presentado casi 31.000 proyectos al Fondo, más del 80% de los cuales son para rehabilitación de espacios públicos y equipamiento de servicios públicos básicos, en una de las pocas iniciativas transversales de lucha contra la crisis.Con ello, han demostrado que son una administración eficaz, además de cercana a los problemas y a los ciudadanos.
Es precisamente esta capacidad para dar respuestas rápidas a los problemas, lo que les coloca en primera línea hasta el punto de que un tercio de sus gastos van destinados a lo que llaman competencias impropias, es decir, a ocupar los huecos dejados sin cubrir en sus municipios por otras administraciones que, además, no les recompensan financieramente por este servicio.
La inyección de dinero anticrisis a través de los ayuntamientos se aprobó cuando la reivindicación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en favor de un nuevo modelo de financiación local estaba en su punto álgido. Pero no debe frenar este debate porque se trata de dos asuntos distintos, aunque ambos se resuman en más dinero. De hecho, hay un compromiso gubernamental para discutir en paralelo la nueva financiación autonómica con la municipal ya que ambas tienen muchos puntos en común, por ejemplo, la necesaria creación de una participación de los ayuntamientos en los ingresos de las Comunidades Autónomas como ya está establecida su participación en los del Estado.
Parece razonable que si queremos mantener en España los tres niveles administrativos que existen hoy, todos ellos con legitimidad democrática propia, la discusión sobre qué hace cada uno de ellos y cómo lo financia, se haga de manera coordinada ya que todas las administraciones tienen al mismo cliente: los ciudadanos.
Muchas veces he tenido la impresión de que la derecha, cuando no sabía cómo resolver un problema, decía que ya se encargaría de hacerlo el mercado. De igual manera, la izquierda, cuando no sabe qué hacer con algo, se lo lanza a los ayuntamientos, lo cual, no es una mala idea siempre que, como en el caso del Fondo, el encargo vaya acompañado de financiación suficiente, o de instrumentos para conseguirla. Aunque el poder local en España establece y cobra tasas e impuestos propios en mayor proporción que las Comunidades Autónomas, durante mucho tiempo los ingresos municipales en España han estado demasiado vinculados al suelo.Mejor dicho, a las actividades relacionadas con los usos del suelo, incluyendo la recalificación para construcción de viviendas.
Ello explica una parte importante de la burbuja inmobiliaria que hemos vivido y la sequía de ingresos que viven hoy muchos ayuntamientos ante el desplome del sector. Asegurar una financiación municipal desligada de la especulación inmobiliaria sería eliminar un poderoso incentivo a la misma, y debería formar parte de cualquier estrategia nueva de desarrollo sostenible de la construcción en nuestro país.
Me gusta pensar que la administración local no va a terminar su contribución a la lucha contra el desempleo con la puesta en marcha de los proyectos del actual Fondo Estatal. Que los recuperaremos, en su agilidad y proximidad, para nuevos fondos locales de empleo, de acuerdo con la amplia experiencia habida en el pasado, o para el impulso a medidas intensivas en mano de obra como la creación de una amplia red de asistencia social para personas dependientes. Sobre todo, porque ya estamos en recesión.
El Banco de España acaba de confirmar los peores augurios al anunciar una importante caída del PIB en el último trimestre del año pasado como consecuencia, sobre todo, de un brusco frenazo del consumo privado que ha caído mucho más que la renta disponible de las familias. Es el efecto congoja del que hemos hablado aquí y que transfiere a la inversión y al gasto público todo el protagonismo reactivador en momentos de crisis grave como el actual.
Además, y según el FMI, la recesión se extenderá en nuestro país durante este año y el siguiente. Coincide con aquellos que pensamos que la fase depresiva de este ciclo será larga. Que antes de iniciar la recuperación, viviremos varios trimestres renqueantes entre crecimientos negativos o cercanos a cero. Que el transcurrir de la crisis no ha terminado y que no conocemos todo su alcance porque la cantidad de burbuja especulativa a deglutir y asimilar es mucha, y abarca a muchos mercados que todavía no han terminado de ajustar los valores de sus activos a la realidad actual de la demanda efectiva, es decir, aquella con capacidad suficiente para obtener crédito de un sistema financiero que sigue haciendo malabarismos para evitar enseñarnos todas sus vergüenzas. Que aún podemos encontrarnos con sorpresas desagradables.
Los responsables de política económica deben estar preparados para responder con celeridad a nuevos accidentes que se presenten en el camino y a ajustar la intensidad y duración de las medidas anticrisis según ésta evolucione. Dicho de otra manera, deberíamos estar pensando en repetir el Fondo de Inversión Local el año que viene. Me temo que seguirá haciendo falta. Porque la crisis es global, pero el paro es siempre local.
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