Castedo reconoce públicamente "la situación económica límite" del Ayuntamiento de Alicante

ALICANTE.- La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, afirmó hoy que la situación económica del Ayuntamiento es "absolutamente límite", por lo que no sabe "cómo equilibrar" el presupuesto, porque "afecta directamente al gasto corriente"; es decir, a los servicios públicos.

"Qué hacemos: reducimos limpieza, las líneas de autobuses, reducimos los servicios públicos, cuál es la solución porque es de gasto corriente", se preguntó la alcaldesa, quien añadió que el equipo de Gobierno "no va a permitir que afecte lo más mínimo a los ciudadanos de Alicante".

En este sentido, dijo no saber "cómo dar ese equilibrio al presupuesto", aunque aseveró que "al final se lo podremos dar, no vamos a permitir bajo ningún concepto que los ciudadanos se sientan mínimamente perjudicados".

"Nos están poniendo a todos los ayuntamientos al borde del colapso y aquí nadie dice nada porque hasta ahora hemos intentado hacer malabarismos y equilibrios para que la gente no se vea directamente afectada", dijo la alcaldesa.

"Intentaremos que nunca tengamos que llegar a ese límite, pero el día que lleguemos, entonces sí vamos a tener problemas", advirtió. A este respecto, Castedo matizó que su "trabajo es evitarlo".

Por ello, pidió que a los ayuntamientos se les "reconozca de una vez por todas la riqueza que generan, la población que tienen y que las administraciones locales tienen mucho que decir dentro del panorama nacional".

"Si ya se ha hecho una primera descentralización con las comunidades autónomas, con sus más y con sus menos, ahora nos toca el turno, de una vez por todas, a las haciendas locales", defendió.

La alcaldesa argumentó que las locales son "la administración más cercana al ciudadano, al que le da exactamente igual de quién dependa una actuación, donde va a acudir siempre es a quien tiene más cerca, que es al Ayuntamiento".

Los católicos proponen invadir la política "para acabar con la corrupción"

MADRID.- La receta para acabar con la corrupción no es otra que ser buen católico. Este discurso, que trasciende de las palabras de algunos miembros del Partido Popular, pertenece a la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), según revela 'Público'.

Aseguran que ante los casos de corrupción en el panorama político español, resulta "imperiosamente necesaria" la presencia de los católicos en la política, entendida ésta como "la actividad orientada para la consecución del bien común". Definen a los políticos actuales como actores "pasivos" de una sociedad que sufre de "anemia moral".

Ayer mismo, el diputado conservador, Manuel Pizarro, seguía esta misma línea al asegurar que hay que hacer "las cosas como Dios manda", y que con eso, es suficiente. Una receta mágica para acabar con la corrupción, que azota con especial gravedad en los últimos meses a miembros del Partido Popular, a raíz del conocido caso Gürtel. Mientras, su líder, Mariano Rajoy proponía medidas para combatir esta lacra. Unas normas, que para empezar, no cumple su partido .

Reivindicando de este modo su papel activo en la política, advierten que la libertad de conciencia, la libertad religiosa, la ideológica, la educativa son objeto de preocupantes vulneraciones". Matizan, eso sí, que la exigencias "no son distintas" para católicos y no católicos.

Sin embargo, ensalzan la capacidad balsámica de la fe, que "le proporciona al creyente especial luz para percibirlas con toda claridad y la gracia, especial fuerza para cumplirlas". Todo este recetario se encuentra en el manifiesto de la asociación, perla de la clausura del XI Congreso Católicos y Vida Pública, organizado por la Fundación Universitaria San Pablo CEU.
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Los propagandistas señalan que "no basta" con denunciar la corrupción política, si cada uno no asume la "responsabilidad moral que le corresponde" de hacer que toda la actividad política esté orientada a la consecución del bien común. Advierten, además, de que la presencia de los católicos en esta esfera será "verdaderamente eficaz" cuando "ellos y la comunidad a la que pertenecen estén poseídos por la convicción de la fuerza política del amor".

Por todo ello, proclaman con "urgencia" la actuación de "todos y cada uno para regenerar la moral y, democráticamente, la vida y las instituciones políticas", al tiempo que reiteran su disposición a dialogar con quienes, desde sus diversas opciones religiosas e ideológicas, "están comprometidos en la lucha contra la corrupción política". y reconocen en las personas "el principio, sujeto y fin de todas las instituciones".

Dimitidos, pero no fusionados / Josep Torrent

Si los valencianos levantáramos en alguna ocasión los ojos de nuestro ombligo, descubriríamos que no somos tan únicos ni tan singulares, a pesar de la cargante propaganda que emite la Generalitat y sus voceros. Desde finales de junio, asistimos al espectáculo que nos ofrece el Consell a cuenta de la fusión de las cajas de ahorro de la Comunidad Valenciana.

Cierto es que en punto a hacer el ridículo nuestro gobierno es difícilmente superable, pero el debate sobre la conveniencia o no de fusionar a Bancaja con la CAM es idéntico a la mayoría de los que se vienen produciendo en España sobre la misma cuestión.

Si alguien se tomara la molestia de comprobar lo que ocurre en Galicia, comprobaría que la confrontación entre Vigo (Caixanova) y A Coruña (Caixa Galicia) se parece como una gota de agua a otra a lo que ocurre entre Alicante (CAM) y Valencia (Bancaja).

Los argumentos que utilizan los vigueses para oponerse a la fusión con Caixa Galicia, con su alcalde Abel Caballero, ex ministro de Agricultura con Felipe González, al frente, más la Cámara de Comercio y la patronal de la provincia de Pontevedra están calcados de los que esgrimen José Joaquín Ripoll, la Cámara alicantina y la patronal Coepa cuando se oponen a la unión con Bancaja.

Desconozco si Galicia tiene los problemas de vertebración de la Comunidad Valenciana y si Vigo tiene tantas tentaciones cantonalistas como desde Valencia se achacan a Alicante. Pero si en dos zonas tan alejadas geográficamente se mantienen las mismas posturas, es seguro que los motivos de fondo no tienen nada que ver con razones identitarias y sí mucho con intereses concretos de segmentos sociales muy concretos.

Si la confrontación entre Vigo y A Coruña es similar a la que se da entre Alicante y Valencia, no se puede decir lo mismo de la manera de afrontar los problemas por parte de los gobiernos autonómicos. En Galicia, su presidente Alberto Nuñez Feijóo propuso el pasado jueves un pacto con partidos políticos, sindicatos y patronal para acercar posiciones y buscar apoyos para la fusión entre las dos entidades financieras gallegas.

Feijóo se ha marcado un plazo de diez días para hacer posible ese gran pacto social y político; pero no parece que lo vaya a tener fácil. Caixanova, con el apoyo de los políticos y empresarios de Vigo, no está por la labor.

Pero la diferencia entre Feijóo y los dos Camps (Francisco y Gerardo) es notable. Mientras en Galicia se busca el consenso para afrontar una tarea de las que justificarían una legislatura, en la Comunidad Valenciana se apuesta por el disenso y la confrontación con posturas irresponsables, frívolas, erráticas e imprudentes.

Al anuncio en junio de este año por parte del Consell de la conveniencia de un pacto entre Bancaja y la CAM; contestó el líder de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, con la oferta de una negociación sobre el mapa financiero autonómico. Oferta que fue recibida con olímpico desprecio. Gürtel lo ensucia todo, pero sobre todo nubla las mentes de los responsables del gobierno valenciano, incapaces de pensar con claridad. Sus problemas personales son de tal magnitud que han perdido el rumbo hace tiempo. Van a la deriva.

Sólo así se explica las constantes contradicciones en que caen sobre el futuro de las cajas de la Comunidad Valenciana. Incapaces de mantener el timón fijo, los Camps (nuestros particulares Hernández y Fernández) tienen todas las papeletas para convertirse en verdugos y enterradores de las cajas de ahorro, por utilizar la expresión de Xavier Vidal-Folch.

Lo más grave de todo este asunto es que Gerardo Camps, el mismo día en que metió la pata hasta el corvejón anunciando que la CAM iba a entrar en pérdidas en 2010, hizo un análisis lúcido de la situación. Una situación bipolar, con dos grandes cajas nucleadas alrededor de Caja Madrid y la Caixa en la que la Comunidad Valenciana saldría perdiendo.

De ahí la conveniencia de reforzar el eje Bancaja-CAM para que en el futuro las cajas de ahorro se asentaran sobre tres puntos, no sobre dos. Pero la lucidez desaparece cuando tropieza con la frivolidad. Y al vicepresidente económico eso le ocurre con demasiada frecuencia.

En el funeral de las cajas no estarán solos los Camps. Jorge Alarte ha optado por un silencio táctico. Su postura a favor de la fusión es tan reservada que no se le oye. Si alguien tiene que incinerarse en la pira alicantina que sea el PP de Francisco Camps, debe pensar. Y quién debería ocupar un puesto destacado es la secretaria general de los socialistas de Alicante. Ana Barceló, para defender a la CAM, no ha tenido más ocurrencia que confrontarla con Bancaja. Una cosa es defender los intereses de la provincia y otra que la boina localista la deje cegata.

Y con los políticos, ilustres patronales como la Cierval, que prefiere creer a un vicepresidente mentiroso, antes que fijar una posición. O el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, José Enrique Garrigós. Tan discreto, tan callado, tan mudo. En la Cámara alicantina han pasado de la exuberancia verbal de Antonio Fernández Valenzuela al silente Garrigós. Qué cosas.

Las cajas de ahorro concentran el mayor riesgo hipotecario del sistema financiero español y los próximos años van a ser muy duros. Nada volverá a ser igual que antes de la crisis. Lo saben en Bancaja y lo saben en la CAM.

La primera, ahora mismo, permanece aparentemente inmóvil porque cree que con sus recursos podrá resistir los embates del temporal; pero la segunda, digan lo que digan sus directivos, no para de moverse: Caja Murcia, fusiones virtuales con Caja Madrid y Caixa Galicia. Los contactos son permanentes. Con los hechos demuestra que es partidaria de una fusión, pero no con Bancaja.

La metedura de pata de Gerardo Camps del pasado miércoles es motivo más que sobrado para que hubiera presentado su dimisión inmediata. No lo hizo y optó por la mentira. No vale la pena exigir que se marche. De hecho la mayoría del Consell dimitió de sus responsabilidades hace tiempo. Pero en eso también sintoniza muy bien con la sociedad valenciana, cuyos ciudadanos llevan años dimitidos, anestesiados con el pan y el circo. Veremos qué pasa ahora que no hay ni una cosa ni la otra.

www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/Dimitidos/fusionados/elpepuespval/20091122elpval_4/Tes

González Pons sentencia en Valencia a Camps: "No hay ninguna intención de recurrir el caso Gürtel"

VALENCIA.- El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, aseguró este domingo que el PP "no tiene ninguna intención de recurrir el 'caso Gürtel' por Sitel" sino que la "única pretensión" es que se regule el sistema de escuchas, que calificó como "el 11888 particular" del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

González Pons se pronunció en estos términos en una rueda de prensa, hoy en Valencia, al ser preguntado por las declaraciones que realizó el pasado viernes la portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, quien señaló que el Consell estudiaría pedir la nulidad de la parte del proceso que afecta al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, si se comprobara que en las grabaciones telefónicas que le realizaron se utilizó el sistema Sitel.

Según dijo, el PP quiere "llegar hasta el final" del 'caso Gürtel', "que se depuren todas las responsabilidades y que se aclare hasta la última consecuencia". Así, apuntó que si el proceso "al final tiene que hacernos algún daño, también tiene que servirnos para limpiarnos", por ello insistió en que los miembros de su formación son "los primeros interesados en que ni por Sitel ni por Sital, el 'caso Gürtel' acabe siendo anulado".

"Queremos que llegue hasta su última sentencia", aseveró.

No obstante, apuntó que al denunciar la "posible ilegalidad" del sistema de escuchas, el PP pretende que "ningún inocente sea escuchado como si fuera un sospechoso, ni que los sospechosos acaben hablando como si fueran inocentes".

Además, subrayó que "lo único" que pide su partido es que se regule el sistema Sitel mediante una Ley Orgánica, porque "parece mentira" que sí exista una norma para la protección de datos o las escuchas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y no haya una ley "que regule cómo utiliza Rubalcaba su 11888 particular, que es Sitel, el teléfono al que llama cuando quiere saberlo todo".

En cuanto al Pacto por la Transparencia y contra la Corrupción cuyas medidas concretó ayer el presidente del PP, Mariano Rajoy, el vicesecretario de Comunicación apuntó que "no hay campeones contra la corrupción en la política nacional", puesto que "todos los partidos, de una manera u otra, hemos padecido en algún momento de nuestra historia algún caso de corrupción que nos ha ofendido y avergonzado".

Por ello, señaló que se trata de medidas para "sanear la vida pública" que negociarán con otros grupos parlamentarios y que, en caso de no llegar a acuerdos, se aplicarán dentro del PP. Preguntado en concreto sobre la publicación de la declaración de bienes patrimonales de los cargos públicos, indicó que es una medida que se incluye en el Pacto y que "cuando entre en práctica, será para todos los diputados de España".

En esta línea, dijo estar "convencido" de que si no se "ataja" la corrupción "no saldremos de la crisis económica", puesto que la "sensación de corrupción generalizada", que matizó que es "en algún sentido injusta, porque el 95 por ciento de los concejales no sólo son honrados sino extraordinariamente generosos por dedicarse a la política a cambio de nada", es "uno de los lastres que hace que a España le cueste recuperarse".

El PSPV espera que los dirigentes del PP valenciano hagan públicos sus bienes "ahora que se lo pide Rajoy"

VALENCIA.- La portavoz adjunta del grupo parlamentario socialista en las Corts, Carmen Ninet, consideró hoy "sorprendente" que en las 50 medidas contra la corrupción que anunció ayer el presidente del PP, Mariano Rajoy, se contemple hacer públicas las declaraciones de bienes de los cargos institucionales, "algo que los socialistas valencianos hemos propuesto hasta en cinco ocasiones en las Corts y cinco veces el PP valenciano de Francisco Camps nos ha dicho que no", criticó.

Para Ninet, que se expresó en estos términos en un comunicado, esto demuestra que "lo que pretenden los 'populares' es disimular la que les está cayendo encima con el caso Gürtel y no luchar verdaderamente contra la corrupción que campa entre sus filas".

"Ahora sabemos que la oposición rotunda de Francisco Camps y el PP valenciano a hacer públicos sus bienes y actividades se explica por las amistades de Camps con 'El Bigotes' y la implicación del presidente valenciano en la trama Gürtel", añadió.

La diputada socialista expresó que "ahora que Rajoy anuncia esta medida a bombo y platillo, Camps, Rita Barberà y Esteban González Pons podrían haberle contado a Rajoy por qué se han negado en la Comunitat Valenciana, sistemáticamente, a la aplicación de esta medida que propusimos los Socialistas Valencianos".

"Queremos saber si han cambiado de opinión o si, una vez más, van a desautorizar a su jefe, a Rajoy, y van a seguir practicando el oscurantismo", recalcó.

Asimismo, la dirigente del PSPV afirmó que lo socialistas valencianos van a ser "fieles" a su propuesta y, en este sentido, mañana, lunes, presentán en las Corts, "una vez más, la petición para que se hagan públicos los bienes y actividades de todos los diputados y diputadas de la Cámara". "Esperamos que esta vez el PP no busque excusas para escabullirse y evitar otra vez la transparencia, la ética y la decencia imprescindibles en la vida pública", agrumentó.

Por otra parte, Ninet incidió en que el PSPV "apoya" las medidas de Mariano Rajoy, pero le instó a que "añada a su lista" las nueve que le propuso ayer el secretario general de los Socialistas Valencianos, Jorge Alarte.

"La Comunitat Valenciana necesita, entre otras cosas, una Administración transparente, una Radio Televisión Valenciana (RTVV) pública de verdad, objetiva y al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y que la dignidad democrática vuelva con la dimisión de Camps y la convocatoria de elecciones autonómicas ya", apuntó la dirigente socialista.

Más de 110.500 inmigrantes residentes en la Comunitat Valenciana podrían votar en las próximas elecciones municipales

VALENCIA.- Un total de 872.870 inmigrantes residen en la actualidad en la Comunitat Valenciana, de los que más de 110.500 podrían acudir a las urnas en las próximas elecciones municipales previstas para el año 2011, según la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía.

Estos datos se desprenden de los tratados de reciprocidad que el Gobierno de España ha suscrito o prevé hacerlo con diferentes países.

El Congreso de los Diputados ya autorizó, el pasado 29 de octubre, la firma de estos convenios con Chile, Colombia, Perú, República del Cabo Verde, Islandia, Trinidad y Tobago, Paraguay y Ecuador que suman un total de 86.385 nuevos votantes y en breve lo hará con Argentina y Nueva Zelanda.

Con Noruega, ya está en vigor desde 1990, posibilitando que los nacionales de estos países residentes en España --más de 100.000 personas-- puedan votar en las elecciones municipales, aplicando el principio de reciprocidad.

Si todo sigue según lo previsto, los nuevos electores extranjeros podrían decidir hasta 27 concejales en los municipios valencianos más poblados, como son Valencia, Alicante, Elche, Castellón de la Plana, Torrevieja, Gandía, Torrent, Benidorm, Sagunto y Paterna.

Cayo Lara asegura que tramas como la Gürtel "hacen que se tambaleen los cimientos de la democracia"

MADRID.- El coordinador de IU, Cayo Lara, ha trasladado a la Presidencia Ejecutiva Federal de esta formación la propuesta de un "gran" pacto de Estado político para luchar contra la corrupción "a todos los niveles" -municipal, autonómico y estatal- porque, advirtió, "hace que se tambaleen los cimientos de la democracia".

Esta es la principal conclusión de informe presentado por Cayo Lara en la sede del órgano de dirección de IU, donde puso en valor la iniciativa anticorrupción de 20 medidas presentada a comienzos de noviembre por IU, que, a su juicio, es "la más completa lanzada hasta ahora", y avanzó que se presentará "pronto" en el Congreso de los Diputados.

Asimismo, recordó que en las últimas semanas, las novedades de casos de corrupción como Gürtel o Pretoria, "no han cesado" y lamentó que en Madrid, Valencia, Murcia, Canarias, Baleares o Cataluña son algunas de las comunidades donde "se han acrecentado casos" que han acabado implicando a "militantes y ex militantes de partidos como el PP, el PSOE o CiU, entre otros".

Lara calificó de "inconcebible", que, mientras "muchos" presuntos implicados en estas tramas corruptas "campan libremente a sus anchas y se retrasan declaraciones y vistas orales", otras personas "honradas, como (el alcalde de Seseña), Manuel Fuentes, ven cómo el peso de la justicia cae sobre ellos con una condena por calumnia ante la denuncia presentada por Francisco Hernando 'El Pocero' por un artículo publicado".

En el apartado económico, Lara destacó que "sigue la gravedad de la crisis y la incertidumbre", donde, a su juicio, "siguen los efectos" del Plan E, el "estancamiento" del mercado de la vivienda, la "caída" en la producción industrial. "Mientras, Rodríguez Zapatero sigue con sus bucólicas predicciones afirmando que la economía española está en puertas de salir de la crisis y que lo peor ya ha pasado", ironizó.

En este contexto, manifestó el "total apoyo" de IU a la movilización que preparan las centrales sindicales mayoritarias para el próximo día 12 de diciembre, un hecho que, a su juicio, "supone la antesala posible de otras convocatorias de mayor calado de no empezar a solucionarse el problema del desempleo".

Alarte acepta las medidas contra la corrupción de Rajoy y le sugiere otras nueve, como transparencia urbanística

VALENCIA.- El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, destacó que acepta todas las medidas propuestas por el presidente del PP, Mariano Rajoy, para luchar contra la corrupción y le sugirió otras nueve, como que cualquier persona implicada en causas relacionadas con la corrupción sea apartada de la vida pública, que exista "transparencia" en materia urbanística y que todos los diputados hagan pública su declaración de bienes.

Alarte anunció que remitirá un escrito a Rajoy para sugerirle nueve medidas más. En este sentido, manifestó su deseo de que las acepte y "las haga cumplir inmediatamente en la Comunitat Valenciana".

Entre las propuestas de Alarte, se encuentran la que pide garantizar que la Administración valenciana sea "transparente" y se permita tener acceso a todos aquellos contratos que la oposición solicite, ya que, según el dirigente socialista, "después de una sentencia del Tribunal Constitucional, el PP aún no ha facilitado al PSPV la documentación relativa a los contratos del Consell con la trama Gürtel".

Además, añadió que se han rechazado 440 preguntas de los socialistas valencianos presentadas en las Cortes desde 2005.

También exige que "se acabe con la corrupción" en los medios de comunicación, para conseguir que Radio Televisión Valenciana (RTVV) sea "realmente una televisión pública, al servicio de los ciudadanos", así como que se auditen todas las cuentas del ente público, "sobre todo durante la etapa en la que Pedro García fue director, por su presunta implicación en la trama Gürtel".

Alarte también pide que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, "responda siempre a todas las cuestiones que se le planteen" y, en este sentido, que el Gobierno valenciano "nunca más vuelva a convocar una rueda de prensa donde no se permitan las preguntas".

También emplaza a que se evite "la impunidad de aquellos que toman parte en operaciones de corrupción" y que la publicidad "no pueda emplearse para premiar a unos medios u otros en función de su línea editorial".

Asimismo, solicita que cualquier persona del Partido Popular que se encuentre implicada en causas relacionadas con la corrupción sea "inmediatamente" apartada de su cargo y de la vida pública. En ese sentido, exige a Rajoy que, en nombre de Camps y del PP, "se disculpe ante la sociedad valenciana por haber implantado un modelo de hacer política que ha provocado el descrédito en las instituciones valencianas".

El secretario general de los socialistas valenciano también pide que se restituya la "dignidad democrática" en la Comunitat Valenciana y, "por el principio de responsabilidad política, se aparte a Francisco Camps de la Generalitat, por su implicación en el caso Gürtel y por su especial responsabilidad al frente de las instituciones".

Otra de las medidas que plantea a Alarte consiste en que cada jueves el presidente de la Generalitat se someta a la sesión de control de las Corts y "no continúe evitándola, como hasta ahora, para poder zafarse de dar cualquier tipo de explicación sobre temas que interesan a la ciudadanía".

En otro orden de cosas, exige a que exista "transparencia" en materia urbanística, ya que "la política urbanística de Camps ha propiciado situaciones de corrupción generalizadas y fomentadas, principalmente, a causa de la actuación del Consell".

Finalmente, pide que Francisco Camps, al igual que todos los diputados, publiquen íntegramente su declaración de bienes y propiedades.

Pajín acusa al PP de irresponsable por "poner en duda" el sistema para "anular" el proceso judicial de Gürtel

ORENSE.- La secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, acusó hoy al PP de "poner en duda" el sistema de vigilancia Sitel con el fin de "anular" el proceso judicial del 'caso Gürtel', algo que reprobó por ser una "irresponsabilidad".

Pajín se pronunció así durante su intervención en la apertura del congreso del PSdeG en Orense, respecto a las declaraciones efectuadas ayer por la portavoz del Gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, quien señaló que el Consell estudiaría pedir la nulidad de la parte del proceso que afecta al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, si se comprobara que en las grabaciones telefónicas que le realizaron se utilizó el sistema Sitel.

Tras esto, Pajín recordó que este sistema fue instalado durante el último Gobierno del PP con el objetivo de "vigilar bajo tutela judicial a presuntos delincuentes", y aseguró que "jamás nadie lo ha puesto en duda", al tiempo que señaló que cuenta con el "aval" del Tribunal Supremo en nueve sentencias.

En este punto, cuestionó "lo que son capaces de hacer algunos" y criticó que "pretendan tejer una gran mancha oscura sobre la política y la capacidad de servicio público".

"Yo reivindico el valor de la política", proclamó Pajín, tras explicar que ésta "sirve para cambiar la realidad y garantizar derechos".

"No estamos para crear problemas a la gente, sino para darle respuestas", incidió.

Por otro lado, destacó que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero es "el que más ha combatido la corrupción", aunque hizo hincapié en que a "muchos" socialistas "no les hizo falta que se cambiaran las leyes para cumplir un principio inquebrantable: el de no aceptar regalos por contratos".

VALENCIA.- El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, denunció hoy que la Generalitat intenta "anular pruebas" de la trama Gürtel. Asimismo, criticó que el Gobierno valenciano "utiliza las mismas técnicas defensivas procesales que estructuras mafiosas dedicadas al blanqueo de dinero y a la compra de voluntades políticas".

Alarte se expresó en estos términos ante los medios de comunicación en relación a las declaraciones realizadas ayer por la portavoz del Gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, quien señaló que el Consell estudiaría pedir la nulidad de la parte del proceso que afecta al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, si se comprobara que en las grabaciones telefónicas que le realizaron se utilizó el sistema Sitel.

Al respecto, el dirigente socialista lamentó que ayer Sánchez de León, "en nombre de Francisco Camps, se abonó al intento del Gobierno de la Generalitat de anular pruebas" para "salvar" al cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, y "garantizar la nulidad de un proceso", así como la "impunidad" de Álvaro Pérez, que actualmente se encuentra en prisión.

"¿Cómo es posible que un miembro del Gobierno valenciano utilice las mismas técnicas defensivas procesales que estructuras mafiosas dedicadas al blanqueo de dinero y a la compra de voluntades políticas?", se preguntó Jorge Alarte, quien aseguró que esta situación le produce "vergüenza" y que es "inaceptable en términos democráticos".

Asimismo, el secretario general de los socialistas valenciano hizo hincapié en que el Ejecutivo valenciano se encuentra "a la deriva" y está "colapsado y en plena vorágine antidemocrática". En este sentido, consideró que las últimas semanas en la Comunitat "no pueden más que provocar indignación democrática y exigencia de un cambio de rumbo inmediato".

Sobre este asunto, indicó que en dos semanas se ha visto al presidente de la Generalitat "perder los papeles en las Corts, hablando en términos de violencia política", unas declaraciones que, en opinión de Alarte, son "inaceptables e indignantes desde el punto de visto político y de la convivencia democrática".

Además, "se ha visto a Camps increpando y hablando en mitad de una calle a ciudadanos en lugar de mantener una posición racional, exigible como presidente", añadió.

Del mismo modo, el responsable socialista aseguró que esta misma semana el vicepresidente de la Generalitat y conseller de Economía, Hacienda y Empleo, Gerardo Camps, "ha intentado socavar lo más básico y esencial, en este caso, la credibilidad de una de las cajas más importantes de España y una de las dos más importantes de la Comunitat Valenciana".

Se subasta Terra Mítica

ALICANTE.- Los gestores del parque Terra Mítica, un proyecto estrella del Consell del PP que en apenas nueve años se ha convertido en un quebradero de cabeza, han colgado el cartel de "Se vende". El consejo de administración del parque, que tiene a la Generalitat y a las dos grandes cajas de ahorros valencianas como principales accionistas, solicitó ofertas para su compra. La petición ha sido contestada por tres firmas del sector del ocio, según fuentes próximas a la negociación, consultadas por 'El País'.

Ayer por la tarde se analizaban las mismas. Y aunque las ofertas incluyen diversas fórmulas para gestionar el parque, las mismas fuentes apuntan que quien más posibilidades parece tener en esta operación es Parques Reunidos.

La firma, que gestiona entre otros L'Oceanogràfic o los Aquópolis de Cullera y Torrevieja, pretende comprar el parque, pero libre de las deudas que éste arrastra (incluidos los préstamos), según estas mismas fuentes. Otras próximas a la negociación consultadas insistían en que las distintas ofertas presentadas se están estudiando todavía y que nada está cerrado.

Terra Mítica atraviesa una crisis crónica desde que abrió sus puertas. El punto más delicado de su corta trayectoria, sin embargo, se produjo en 2004, cuando presentó suspensión de pagos con una deuda de 218 millones y pérdidas acumuladas de 120 millones. Sólo gracias a la venta de la reserva de suelo que tenía el parque permitió superar la crisis y supuso una inyección de 85 millones.

Durante la suspensión de pagos, el Consell esbozó la posibilidad de una retirada parcial o incluso total de la Generalitat del accionariado del parque temático "cuando el proyecto esté consolidado". Tres años después, la opinión parece haber cambiado ya que el consejo de administración está dando pasos para su venta.

Y es que tras un lapso de beneficios operativos en 2006 y en 2007, el parque, impulsado por Eduardo Zaplana, en la ciudad que le vio nacer a la política volvió a los números rojos en 2008. En ese ejercicio perdió 15 millones de euros.

Bancaja y la CAM, cada vez más reacias a conceder nuevos créditos, aceptaron prestar este año diez millones más pero a través de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV), dependiente del Consell.

Esta sociedad ha prestado 15 millones a Terra Mítica en cinco créditos concedidos entre enero y julio de 2009, entre ellos los diez millones obtenidos de Bancaja y CAM. Con estos fondos se ha tratado de que pueda cumplir con el convenio de acreedores que le permitió salir de la suspensión de pagos en 2006 y evitar así su cierre.

Colectivos cívicos de Alicante se unen contra la corrupción

ALICANTE.- Los incesantes y abultados casos de corrupción política que sacuden las instituciones de la Comunidad Valenciana ha espoleado la conciencia de 12 colectivos cívicos de Alicante y han constituido la primera entidad meramente civil de la provincia para "denunciar y reflexionar" sobre sus causas y fórmulas para combatirla.

En este segundo apartado, los mentores de la plataforma tienen claro que el fin a la corrupción pasa por cambiar el actual modelo económico que ha imperado en la Comunidad Valencia, es decir, enterrar el urbanismo salvaje y los grandes proyectos.

La primera iniciativa del colectivo ha sido la difusión de un manifiesto. "El documento es un primer paso para intentar despertar las conciencias de los ciudadanos ante la entidad de la corrupción, sus causas y, sobre todo, la convicción de que se puede combatir", aseveró Manuel Alcaraz, profesor de Derecho de la Universidad de Alicante y portavoz de la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC).

Además, de la PIC, en la nueva entidad cívica se integran colectivos como Escola Valenciana, Ecologistas en Acción y Plataforma contra la Pobreza. Para Alcaraz, los tres pilares visibles de la economía valenciana han sido hasta ahora el urbanismo depredador, los grandes eventos y el modelo turístico de sol y playa.

"Y se ha demostrado, que estos tres pilares han sido el nido perfecto de la corrupción, o sea, que todos los casos han tenido su origen en este modelo productivo. Por tanto, lo que urge es un cambio", explicó el académico.

El colectivo defiende que el caso Gürtel no es causa de la actual situación "sino consecuencia de hábitos enquistados en las administraciones". Alcaraz asegura que este caso no es "toda la realidad ni debemos olvidar otras situaciones".

La nueva plataforma cree "imprescindible" la dimisión del presidente de la Generalitat, Francisco Camps "con independencia de lo que resuelvan los tribunales" ya que, argumentan, "su errático comportamiento durante los últimos meses ha estado marcado por la mentira, la ausencia de transparencia y la indecisión".

En su manifiesto, el colectivo también pone en su punto de mira a Alicante y menciona las "reiteradas coincidencias" entre los intereses de algunos empresarios y los acuerdos municipales (plan Rabassa o Rico Pérez). También critican la pasividad del Ayuntamiento ante la crisis o la defensa de los servicios públicos.

Por último, urgen a los partidos políticos a lograr acuerdos contra la crisis.

Un nuevo detenido eleva a seis el número de arrestados en relación con la muerte del alcalde de Polop

ALICANTE.- Efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado detuvieron anoche a otra persona por su presunta implicación en la muerte a tiros del ex alcalde de Polop, Alejandro Ponsoda, según informaron hoy fuentes cercanas a la investigación.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación que ha permitido detener, hasta el momento, a un total de seis personas por su presunta relación con este crimen, en el que el ex alcalde de Polop falleció después de recibir varios tiros en la puerta de su casa, en la noche del 19 de octubre de 2007 en la pedanía de Xirles.

La Guardia Civil arrestó ayer a dos ciudadanos checos considerados los posibles autores del mortal tiroteo al regidor la noche del 19 de octubre de 2007, a las puertas de su garaje particular. Con estas detenciones son cinco los arrestados. Tres ya están encarcelados: un narcotraficante, un empresario del calzado y el gerente del club de alterne Mesalina, ubicado a las afueras de Benidorm en la carreta con Finestrat, según revela 'El País'.

Las dos nuevas detenciones se produjeron en la mañana de ayer en Benidorm y La Nucia. Según fuentes del caso, uno de ellos tiene antecedentes por robos con violencia a casas. Y ambos mantenían relación con el primero de los arrestados por estos hechos, Raúl Montero Trevejo, apresado en su domicilio de Albatera el pasado día 3, y con una causa pendiente por tráfico de drogas.

Desde el inicio de la investigación, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospecharon que el regidor fue tiroteado por dos personas. El análisis balístico reveló que en la escena del crimen había casquillos de balas de dos armas distintas.

Los arrestos de los presuntos pistoleros que acabaron con la vida Ponsoda prácticamente coincidieron con comparencia ante la juez del tercer arrestado, Ariel Alberto Gatto, un ciudadano uruguayo encargado del prostíbulo Mesalina. Al término del interrogatorio, la magistrada, que ha abierto un sumario por los delitos de asesinato y tenencia ilícita de armas, decretó su ingreso en prisión.

Del interrogatorio al encargado del lupanar sólo ha trascendió que negó ser el autor material del asesinato. Su abogado, no obstante, aseguró que su cliente "había ratificado su inocencia y que no ha habido motivos para su imputación".

Tampoco ha trascendido si el responsable del prostíbulo admitió o no a la juez que el local fue el lugar donde planificó el asesinato de Ponsoda. Esta es la hipotesis que mantiene la investigación policial. En las reuniones del club de alterne intervinieron al menos cinco personas, entre ellas un cargo público de la comarca. Este último dato ha sido revelado por Antonio Martínez Camacho, abogado del empresario del calzado, Salvador Ros García.

Otras fuentes del caso aseguran, además, que los inductores del crimen comentaron en varias ocasiones que el mortal complot a Ponsada contaba con el respaldo de otras dos personas "de relevancia" de la comarca.

Casi tres semanas después de la puesta en escena del desenlace del asesinato no hay ningún cargo público ni imputado ni arrestado. No obstante, fuentes de la investigación señalan que el caso no está aún cerrado y podrían haber nuevas detenciones. Los agentes del UCO han completado sus pesquisas durante dos largos años. El trabajo policial incluye centenares de interrogatorios a vecinos, cargos públicos y personas del entorno de Ponsoda, y hasta testigos protegidos.

El cauteloso desenlace del hasta ahora misterioso crimen de Ponsoda está provocando el nerviosismo de los vecinos de este pequeño pueblo del interior de La Marina Baixa (4.600 habitantes). El pueblo espera con ansia conocer la nómina completa de la trama que asesinó al alcalde y, sobre todo, los motivos para hacerlo.

El PP desautoriza a Camps por sugerir la 'nulidad' del 'caso Gürtel'

MADRID.- El PP no pedirá nulidad de actuaciones en el 'caso Gürtel' en ningún caso, según el portavoz nacional del partido, el valenciano Esteban González Pons, desautorizando así lo anunciado hoy por una miembro del Consell.

La portavoz del Gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, anunció que el Consell pedirá la nulidad de todo el proceso en caso de que se compruebe que el sistema fue utilizado para interceptar las conversaciones del president, Francisco Camps.

Sánchez de León señaló que, a juicio del Consell, "no hay una suficiente regulación" Sitel y, por tanto, no "están suficientemente garantizados los derechos fundamentales, no por el sistema sino por la forma en que se está aplicando".

Esta declaración no ha encontrado el apoyo de la dirección nacional del PP.

De hecho, Génova ha desautorizado en público tal planteamiento. Según su vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, "el PP no quiere que se anule el procedimiento de 'Gürtel' en ningún caso".

Y lo ha argumentado así: "Primero, porque dejaría una sombra de sospecha sobre el PP; segundo, porque queremos llegar hasta el final depurando responsabilidades políticas y penales y tercero, porque nuestra lucha por la legalización de Sitel es por los inocentes tratados como sospechosos y no por los sospechosos que quieren ser tratados como inocentes".

La campaña contra el sistema Sitel no es exclusiva del PP. La polémica puesta en marcha por los conservadores no ha pasado desapercibida en el ámbito judicial y varios abogados empiezan a incluir en sus recursos referencias a la presunta inconstitucionalidad de las grabaciones telefónicas.

Hasta en nueve procesos, varias de ellos por delitos de narcotráfico, el Supremo ha avalado con sentencias la constitucionalidad de Sitel. En la última, hecha pública el jueves, el alto tribunal especifica, además, que el sistema es "preferible" a otros que funcionaba con anterioridad.

El juez Pedreira investiga la fundación que organizó la visita del Papa a Valencia

VALENCIA.- La consejera portavoz del Gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, ha confirmado hoy a 'El País' que el juez Antonio Pedreira, que instruye el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, investiga la relación de la trama corrupta con la fundación que organizó la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia.

"El juez ha requerido la documentación sobre la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia", ha reconocido la consejera de Justicia y Administraciones Públicas al término de la reunión semanal del Gobierno valenciano.

La Fundación V Encuentro Mundial de la Familia, participada por la Generalitat, la Diputación, el Ayuntamiento y el Arzobispado de Valencia, gastó en 2006 más de 12,2 millones de euros para organizar la visita de Benedicto XVI sin que hasta la fecha haya detallado qué servicios contrató, a quién ni en qué condiciones.

El juez Pedreira también ha solicitado a Canal 9-Ràdio Televisió Valenciana el contrato con la empresa Teconsa para la sonorización e instalación de pantallas durante la visita del Papa. Un contrato con el que la trama corrupta que dirigía Francisco Correa habría obtenido más de un millón de euros en comisiones ilegales, según la investigación policial.

Gürtel preparó un año antes el negocio

Un año antes de la visita del Papa a Valencia, que se produjo los días 8 y 9 de julio de 2006, la trama de corrupción que dirigía Francisco Correa ya estuvo estudiando sobre el terreno la instalación de pantallas y la sonorización para el acontecimiento, una actividad que Ràdio Televisió Valenciana -cuyo director general, Pedro García, era amigo de Álvaro Pérez-, tras obtener en exclusiva los derechos de emisión, otorgaría meses después, mediante contrato negociado sin publicidad, a la constructora Teconsa por 6,4 millones de euros y de la que la red de corrupción acabaría cobrando más de un millón en comisiones ilegales, según un informe de la policía.

Álvaro Pérez, responsable de Orange Market, se afanó en los preparativos con grandes expectativas, según fuentes que participaron en la organización de la visita, ya que las Administraciones valencianas gobernadas por el PP anunciaron el V Encuentro Mundial de la Familia como un evento que reuniría en Valencia a más de dos millones de asistentes. Cifras muy hinchadas para una reunión que se quedó en la octava parte, ya que concentró a unas 250.000 personas.

Orange Market, la empresa valenciana de la trama, comenzó a contactar con proveedores, a hacer localizaciones junto al Jardín del Turia y a preparar las actividades. Sin embargo, a mediados de 2005, la prensa local, en especial el diario Levante-EMV, publicó que los responsables de la firma dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes, eran socios de la empresa Special Events, una firma vinculada también a las actividades del PP en otras comunidades autónomas, y que trabajaba en paraísos fiscales. Desde entonces, Orange Market pasó a un segundo plano.

Y asumió protagonismo en la organización la empresa Trasgos, autora del logotipo del acontecimiento. De hecho, el director de la sociedad, Antonio Puig, participó en la visita que el enviado del Vaticano, el cardenal Antonio López Trujillo, hizo en julio de 2005 a Valencia para inspeccionar varios de los escenarios del viaje del Pontífice y recibir información sobre los preparativos.

Sin embargo, Trasgos también tuvo que dar un paso atrás, ya que el comisionado para el Encuentro Mundial de la Familia, Enrique Pérez Boada, había sido consejero de la firma desde finales de 2003 a inicios de 2004. Pérez Boada, director entonces y ahora, del Instituto Valenciano de Finanzas, el banco de la Generalitat, era la cabeza visible de un equipo vinculado a Juan Cotino, entonces consejero de Bienestar Social, quien se hizo cargo desde el Gobierno que preside Francisco Camps, de la logística del acontecimiento.

Para ello se creó la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia, integrada por la Generalitat, la Diputación de Valencia, el Ayuntamiento y el Arzobispado, una entidad opaca que se ha negado a facilitar el destino de los fondos públicos que ha manejado. Se sabe que gastó hasta 12,2 millones de euros, según las cuentas de aquel ejercicio. Pero eso sólo es una parte del coste que tuvo el acontecimiento.

El equipo formado al amparo de Cotino, constituido en buena medida por miembros o simpatizantes del Opus Dei, incluía, entre otros, a Henar Molinero, que fue secretaria general de la Fundación V Encuentro y ahora es subdirectora de organización del área de Análisis y Seguimiento en Presidencia de la Generalitat; Javier Jiménez, profesor de Derecho en la Universitat de València, que fue gerente y coordinador del V Encuentro Mundial de la Familia, y José Vicente Herrera, que fue subdelegado del Gobierno en Valencia en la época de Aznar, asesor de Cotino cuando era director general de la Policía y director de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios.

Herrera ejerció de jefe de seguridad del V Encuentro Mundial de la Familia y, posteriormente, como director de Seguridad y Operaciones de la Copa del América.

Fuentes próximas a los preparativos de la visita han asegurado a este periódico que el propio Francisco Correa asistió, aunque sin revelar su identidad, por lo menos a una de las primeras reuniones sobre los eventos, antes de que Orange Market pasara a una posición más discreta. En las conversaciones grabadas por la policía, dirigentes de la trama aluden a la visita del Papa y al papel relevante reservado en su organización a Álvaro Pérez.

Bruselas denuncia a España ante el TUE por permitir la modificación de contratos públicos tras su adjudicación

BRUSELAS.- La Comisión Europea denunció hoy a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por considerar que la nueva ley española de contratación pública (LCSP) concede demasiado margen de maniobra a las autoridades para modificar los contratos después de que hayan sido adjudicados, sin respetar los principios de igualdad de trato, no discriminación y transparencia que exige la normativa comunitaria.

El Ejecutivo comunitario cree que la LCSP "da a los órganos de contratación amplios poderes para modificar cláusulas fundamentales de los contratos públicos después de su adjudicación, sin que las condiciones de modificación se hayan establecido en los documentos contractuales de manera clara, precisa e inequívoca".

Además, por lo que respecta a la realización de obras, la prestación de servicios o la entrega de suministros adicionales, la Comisión considera también que la ley española permite que el órgano de contratación recurra a la utilización de procedimientos negociados sin publicación, en contra de lo que dispone la normativa europea.

Se calcula que la contratación pública en la UE -es decir, la compra de bienes, servicios y obras públicas por administraciones y servicios públicos- representa en total alrededor del 16 % del PIB de la Unión.

Los procedimientos de licitación públicos y transparentes que exige la legislación comunitaria "significan más competencia, salvaguardias mayores contra la corrupción, y una mejora del servicio y la rentabilidad para los contribuyentes", dijo Bruselas.

El Consejo de Ministros aprueba las nuevas tarifas para el aprovechamiento del Acueducto Tajo-Segura

MADRID.- El Consejo de Ministros aprobó hoy, a propuesta de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, las nuevas tarifas para el aprovechamiento de las aguas trasvasadas a través de dicha estructura.

La propuesta de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura se ha hecho tras haberla aprobado con audiencia a los usuarios, informaron fuentes del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

Las nuevas tarifas que se proponen son las calculadas en la propuesta confeccionada en diciembre de 2008, habiéndose tenido en cuenta para ello, de acuerdo con la metodología implantada en las anteriores tarifas, tanto la previsión de gastos fijos y variables de funcionamiento, como la liquidación de los presupuestos.

Se ha considerado, asimismo, la repercusión de las inversiones en el Acueducto Tajo-Segura, y teniendo en cuenta las cantidades ya abonadas por este concepto. En consecuencia, se propone la actualización de las inversiones por corresponder su realización durante este año.

La propuesta que ahora se aprueba mantiene la misma estructura de las tarifas anteriores, en las que se introdujeron los cambios necesarios para adaptarlas a las modificaciones legales sobrevenidas.

Incluye las tarifas para las aguas trasvasadas, tanto para riego como para abastecimiento, y para las aguas propias del Segura correspondientes a ambos usos.

Asimismo, incluye la tarifas para los abastecimientos del Alto Guadiana y para las Tablas de Daimiel y las correspondientes a las aguas propias de la cuenca del Júcar que, de acuerdo con las previsiones del Plan Hidrológico de cuenca, utilicen el acueducto con destino a riegos y al abastecimiento de Albacete, así como la tarifa que se aplicará a las aguas propias de la cuenca del Júcar que, con destino a abastecimientos, utilicen no sólo la infraestructura del acueducto sino también la del postrasvase.

Finalmente, incluye una tarifa para las aguas concedidas en compensación de las filtraciones al túnel de Talave, que deben participar en el reparto de los gastos fijos de funcionamiento.

El calendario laboral de 2010 fija nueve fiestas nacionales para todas las CC.AA españolas

MADRID.- El calendario laboral para 2010 recoge un total de nueve fiestas nacionales para todas las comunidades autónomas, a las que se suma la celebración del día de cada comunidad autónoma, según una resolución del Ministerio de Trabajo e Inmigración publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En concreto, el próximo año habrá ocho días festivos nacionales "no sustituibles", a los que se suma una jornada más, el 6 de enero, que también se celebrará en todas las comunidades a pesar de que se trata de una fiesta nacional que puede ser sustituida por una fiesta propia si alguna región así lo decide.

Las ocho fiestas nacionales no sustituibles son el 1 de enero, el 2 de abril (Viernes Santo), el 1 de Mayo (Día del Trabajo), el 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), el 1 de noviembre (Día de Todos los Santos), el 6 de diciembre (Día de la Constitución española), el 8 de diciembre (La Inmaculada Concepción) y el 25 de diciembre (Navidad).

En virtud de la facultad de los Gobiernos regionales de cambiar determinadas fiestas, el jueves 1 de abril (Jueves Santo) será festivo en todas las comunidades autónomas, salvo en Cataluña y Comunidad Valenciana, mientras que el 19 de marzo (San José) sólo será festivo en Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja y Melilla.

Por su parte, el Lunes de Pascua (5 de abril) sólo lo celebrarán Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra y País Vasco. Asimismo, en Madrid será festivo el 3 de junio (Corpus Christi), y en Andalucía, Aragón y Asturias se conmemorará el 16 de agosto (lunes siguiente a la Asunción de la Virgen).

Dos nuevos detenidos en relación con la muerte del ex alcalde de Polop

ALICANTE.- Efectivos de la Guardia Civil detuvieron este viernes a otras dos personas más en relación con la muerte a tiros del ex alcalde de Polop, Alejandro Ponsoda, según informaron este viernes fuentes cercanas a la investigación.

Mientras, el tercer detenido por su presunta relación con los hechos, pasó este viernes a disposición del juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de La Vila Joiosa, según indicaron fuentes cercanas al caso.

Este individuo, un ciudadano uruguayo encargado de un club de alterne de la Marina Baja, fue detenido el pasado martes, tras la detención de otras dos personas presuntamente vinculadas con el crimen, que ya han ingresado en prisión por orden del mismo juez.

La jueza ordenó poco después su ingreso en prisión, comunicada y sin fianza, según confirmaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La magistrada decretó esta prisión provisional al quedar imputado por los presuntos delitos de asesinato y tenencia ilícita de armas.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación que ha permitido detener hasta el momento a un total de cinco personas por su presunta relación con este crimen.

El ex alcalde de Polop falleció después de recibir varios tiros en la puerta de su casa, en la noche del 19 de octubre de 2007 en la pedanía de Xirles. Ponsoda murió el 27 de octubre, después de varios días ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital General de Alicante.

Rambla asegura que se están analizando las "posibilidades futuras" de Bancaja y CAM "desde la prudencia"

VALENCIA.- El vicepresidente primero del Consell y titular de Industria, Comercio e Innovación, Vicente Rambla, afirmó hoy que en la actualidad se están analizando "desde la prudencia" las "posibilidades futuras" de "las entidades financieras, en este caso de las cajas de ahorros más importantes de la Comunitat", en alusión a Bancaja y Caja Mediterráneo (CAM).

Precisó además que se trata de "algo que tienen que hacer los órganos de gobierno de las cajas, con la colaboración de la administración autonómica y también de la autoridad financiera de este país".

Rambla realizó estas declaraciones, al ser preguntado por las informaciones publicadas hoy sobre unas supuestas declaraciones del vicepresidente segundo y titular de Economía, Gerardo Camps, en las que auguraba que CAM "entraría en pérdidas en 2010".

Al respecto, recalcó que "Gerardo Camps dejó muy claro que esta situación no es en la que se encuentra la CAM" y comentó que actualmente se vive "un proceso" en el que "se analizan posibilidades futuras para las entidades financieras, en este caso, las cajas de ahorros más importantes de la Comunitat".

En este sentido, hizo hincapié en que es una labor que "se debe hacer desde la prudencia" y que "tienen que hacer los órganos de gobierno de las cajas, con la colaboración de la administración autonómica y también de la autoridad financiera de este país", dijo.

Sicam dice que la CAM "no es del Consell", sino de "los impositores, de la sociedad y de los empleados"

ALICANTE.- El sindicato mayoritario en Caja Mediterráneo, Sicam, resaltó hoy, en relación con una posible fusión con Bancaja, que la entidad "no es del Consell", sino de "los impositores, de la sociedad y de los empleados", por lo que exigió hoy "responsabilidad a los políticos en sus decisiones", según informó hoy el sindicato en un comunicado.

El sindicato indicó hoy que a los responsables políticos "se les llena la boca de frases altisonantes como 'vertebración de la comunidad', 'economía sostenible', 'futuro viable económico'", pero no se ha visto a "ninguno plantearse qué van a hacer con los nuevos 4.500 parados producidos con su nuevo invento, ni con los empleos indirectos que también se verán afectados", en caso de una fusión con Bancaja.

En su opinión, "la Caja no es del Consell, es de los impositores que depositan su dinero, de la sociedad a la que revierte su obra social y por último, de los empleados que le dedican la mayor parte de su vida".

En si opinión, a los políticos "lo único que interesa es tener una caja con sus correspondientes sillones para manejar el dinero de todos los valencianos a su antojo, caiga quien caiga y, menos todavía, ver a la CAM negociando con otras cajas que no sean de la Comunidad".

"No estamos dispuestos a tolerar este atropello y exigiremos a los políticos responsabilidad en sus decisiones", afirmaron desde Sicam. Además, desde los órganos rectores de la CAM, el sindicato tiene previsto hacer "oír" su "voz exigiendo responsabilidades a los que estén a favor de este despropósito" y se mostró dispuesto a "trasladar esta protesta a los estamentos necesarios".

Por otro lado, en relación con las supuestas declaraciones, publicadas en varios medios, del conseller de Economía, Gerardo Camps, en las que afirmaba que Caja Mediterráneo (CAM) "entrará en pérdidas en 2010", Sicam opinó que el vicepresidente tercero "pone de manifiesto su desconocimiento de la realidad económica de la CAM".

Además, a su juicio, "confirma la irresponsabilidad de la que son capaces algunos políticos, que no valoran la alarma social que provocan, con tal de salirse con la suya a costa de empleos o de intentar hundir una entidad de la propia Comunidad, lo cual nunca podrán conseguir".

El alcalde de Polop se personará en el proceso por la muerte de su antecesor "como alcalde y como municipio"

ALICANTE.- El actual alcalde de Polop de la Marina, Juan Cano, aseguró este jueves que se personará "como alcalde y como municipio" en la causa abierta por el asesinato, ocurrido hace dos años, del que fuera alcalde del municipio, Alejandro Ponsoda.

Juan Cano avanzó su intención de personarse en esta causa y, además, señaló que iniciarán acciones legales contra cuatro medios de comunicación que manifestaron en sus informaciones que él y el concejal de Turismo, Joaquín Montiel, podrían tener una supuesta relación con el asesinato de Alejandro Ponsoda.

En este sentido, indicó que las informaciones, en las que se les implica en una presunta relación con el asesinato de Ponsoda, son "totalmente falsas", al tiempo que recordó que "lo único que hay confirmado es que hay tres detenidos y dos en prisión".

"Todo lo demás son elucubraciones y tonterías", apostilló.

Por ello, Cano señaló que "todo está ya en manos de abogados para que tomen acciones" y así "defender" su honor y el de su "compañero --de corporación-- y amigo Joaquín Montiel", puesto que "en algún medio de comunicación se está dando la impresión que este pueblo es del Lejano Oeste: que la gente va con pistola por la calle, de corrupción".

Además, el alcalde apuntó que están "expectantes a que en horas o días se detenga a quien corresponda, se depuren responsabilidades y se aclare" lo sucedido, así como "el motivo del asesinato de Alejandro".

Asimismo, preguntado por los periodistas sobre las declaraciones realizadas este jueves en las que afirmaba que pudiera temer por su vida con esta situación, Cano subrayó: "no temo, aunque sí tengo cierta intranquilidad porque con todo este cúmulo de barbaridades que se están diciendo, se pudiera llegar a que alguna persona, creyéndose estas barbaridades, pueda tomar acciones contra mi persona, la de Joaquín Montiel o mi familia".

Los dos valencianos desaparecidos en el Mar Rojo no salieron del barco con el resto

VALENCIA.- Los dos turistas españoles quen han desaparecido en aguas del Mar Rojo tras hundirse el barco en el que estaban realizando submarinismo en las inmediaciones de Sharm el Sheij --un hombre y una mujer de 33 años residentes en Valencia-- no salieron de la embarcación junto al resto de los tripulantes, que sí fueron evacuados, según explicó este jueves el presidente de la Federación de Actividades Subacuáticas de la Comunitat Valenciana, Antonio Buigues.

Este portavoz señaló que los desaparecidos --Israel P.M. y Lourdes G.V., que son pareja y tienen fijada su residencia en el barrio valenciano de Benimaclet-- se habían federado hace un año aunque tenían más experiencia como buceadores.

No obstante, Buigues recalcó que "no se trata de un accidente de buceo", puesto que, según las informaciones que ha recabado, los viajeros se dieron cuenta sobre las cinco de la madrugada de que el barco "estaba escorado por lo que se avisó a todos los camarotes y ellos no salieron".

La pareja valenciana, que había obtenido su licencia de buceo a través de un club de Castellón, llevaba tres días disfrutando de este "viaje a bordo", una modalidad de turismo que incluye la realización de varias inmersiones.

Buigues agregó que ha podido conversar con el padre de uno de los instructores que viajaba en el barco siniestrado y este le ha comentado que todo el grupo se encuentra "muy afectado" y "extrañado" por la desaparición de sus compañeros.

Según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en estos momentos están en curso las labores de búsqueda de los dos desaparecidos, que formaban parte de un grupo de 14 turistas españoles.

Los otros doce turistas, así como la tripulación egipcia de la embarcación, fueron rescatados tras hundirse el barco en circunstancias que se desconocen.

Los países de la UE rechazan prorrogar los aranceles sobre el calzado chino

BRUSELAS.- Los países de la UE rechazaron hoy la propuesta de la Comisión de prorrogar otros 15 meses los aranceles a las importaciones de calzado de cuero procedente de China y Vietnam. España respaldó los argumentos del Ejecutivo comunitario, que defiende la continuidad de los recargos 'antidumping' para protegerse de la venta de estos artículos en Europa a un precio menor de su coste de producción.

Los aranceles, que se establecieron en 2006, ascienden al 16,5% del valor de los artículos en el caso del calzado importado de China y al 10% en el caso de Vietnam.

Un total de 15 Estados miembros expresaron su oposición a su prórroga, mientras que 10 países la defendieron y 2 se abstuvieron, según explicaron fuentes diplomáticas.

Tradicionalmente, los países productores de calzado, como España, Italia, Francia o Portugal, han exigido la aplicación de los recargos, mientras que los países nórdicos, Reino Unido o Países Bajos se oponen a estas medidas alegando que perjudican a distribuidores y consumidores.

Ahora el Ejecutivo comunitario debe presentar una propuesta definitiva antes de que acabe el mes y los ministros de Comercio de la UE adoptarán la decisión final en diciembre.

"La Comisión analizará cuidadosamente las opiniones y las preocupaciones de los Estados miembros y las tendrá en cuenta cuando presente su propuesta formal. La decisión final sobre estos aranceles está en manos de los Estados miembros", subrayó el portavoz de Comercio del Ejecutivo comunitario, Lutz Guellner.

La decisión final dependerá de la postura que acabe adoptando Alemania, que este jueves se opuso a la propuesta de la Comisión. El Gobierno de Berlín quiere garantías de que, una vez que concluya la prórroga de 15 meses, no se ampliará de nuevo el plazo de vigencia de los aranceles.

Si las obtiene, podría cambiar el sentido de su voto y decantar el resultado, según las fuentes consultadas. Si se pacta una prórroga, entraría en vigor desde enero de 2010.

La asociación que agrupa a los grandes distribuidores europeos, EuroCommerce, acogió con satisfacción la falta de apoyo de los Estados miembros a la propuesta del Ejecutivo comunitario. "Si se confirma, el fin de los aranceles al calzado ayudará a Europa a salir de la crisis", dijo EuroCommerce en un comunicado.

Peralta insta a no iniciar un debate sobre las cajas, cuyos procesos de reestructuración deben abordarse con "sosiego"

VALENCIA.- El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta, instó hoy a no iniciar "alegremente" un debate sobre las entidades financieras y "mucho menos, con anuncios sobre posibles dificultades" de las cajas porque, según dijo, esto no contribuye "a la necesaria tranquilidad, sosiego y rigor con el que han de abordarse procesos necesarios, pero que tienen que determinar las propias entidades y sus órganos rectores".

Peralta realizó estas declaraciones a los medios de comunicación al ser preguntado por las informaciones periodísticas sobre unas supuestas declaraciones de Gerardo Camps en las que afirmaba que Caja Mediterráneo (CAM) "entrará en pérdidas en 2010".

El representantes del Ejecutivo central en la Comunitat consideró que "sería bueno" que no se hicieran "intervenciones de carácter político" sobre las cajas, aunque precisó que, en todo caso, si se hacen deben ser "partiendo del máximo consenso".

El delegado explicó que la crisis económica actual "ha tenido un especial componente financiero que ha afectado, en algunos casos, a la solvencia de las entidades y, en otros, a la liquidez". En este sentido, indicó que "cuando ha afectado a la solvencia de las entidades ha obligado, incluso, a intervenciones públicas, que han sido especialmente notables en Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania y, excepcionalmente, en un caso concreto, en Caja Castilla La Mancha, en España".

Respecto al problema de liquidez, aseguró que "ha afectado a todas" las cajas, y señaló que "para afrontarlo y reforzar la posición de las entidades financieras ante la crisis se han considerado oportunos procesos de reestructuración".

Asimismo, aseguró que el Gobierno central ha aprobado el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), una normativa "adecuada para facilitar las reestructuraciones". Por su parte, el Banco de España "ha establecido una recomendación a las entidades financieras de que aborden esta problemática en los términos técnicos y económicos oportunos".

El Consell insiste en su oposición a "que alguien venga a imponer a la Comunitat lo que tiene que hacer"

ALICANTE.- El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino, insistió este jueves en que son los consejos de administración de las cajas de la Comunitat Valenciana los que tienen que decidir sobre la conveniencia o no de una fusión, y reiteró que "es siempre mejor una conclusión de dentro hacia fuera, que alguien de fuera quiera venir a imponer lo que la Comunitat tiene que hacer".

Al término de la reunión mantenida este jueves con representantes de Jóvenes Agricultores Asaja-Alicante, a preguntas de los medios de comunicación acerca de las informaciones sobre las supuestas declaraciones del conseller de Economía, Gerardo Camps, en las que auguraba que Caja Mediterráneo "entrará en pérdidas en 2010" y la negativa de la patronal alicantina a una fusión CAM-Bancaja, Cotino hizo un llamamiento para que "todos" reflexionen sobre el tema.

"Yo creo que aquí, lo que tenemos que hacer es opinar menos, y reflexionar más todos, comenzando por mí, y por lo tanto, hay que trabajar, ver las cosas y a ver qué más conviene", indicó.

De igual modo, remarcó la importancia de que "las cajas en su foro interno, hagan una reflexión", dado que es "un periodo en el que todas las empresas están haciendo estas reflexiones y si todas las empresas las están haciendo, también las deben de hacer las cajas".

"Yo dije que era bueno hacer un periodo de reflexión y que sobre ese periodo de reflexión ver ventajas e inconvenientes, como hace cualquiera en su empresa y su familia", insistió además.

A su parecer, "mientras eso no esté pensado, pues a veces, unos y otros podemos decir algo, pero la realidad del tema es que el mercado bancario nacional e internacional ha cambiado, y para enfrentarse a esa nueva realidad".

"Para saber qué estructura es la adecuada, cada uno podemos opinar lo que sea, pero a quien le corresponde tomar la decisión es al consejo de administración de las empresas".

"Y si después de pensarlo opinan que tienen que hacer A, pues a nosotros nos parecerá bien, y si piensan que tienen que hacer C, a nosotros también nos parecerá bien, pero lo que no nos parece bien es que alguien foráneo venga a tomar decisiones por la gente de la Comunitat Valenciana".

"Es siempre mejor una conclusión de dentro hacia fuera, que alguien de fuera quiera venir a imponernos lo que nosotros tenemos que hacer", concluyó.

Los socialistas valencianos ratifican su querella contra Camps y varios empresarios

VALENCIA.- Los diputados socialistas Ángel Luna, Joaquim Puig, Carmen Ninet y Cristina Moreno se presentaron este jueves ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para ratificar la sentencia contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y varios empresarios, por financiación irregular, cohecho, malversación, falsedad, prevaricación, alteración contable y delito fiscal.

Los socialistas estaban citados este jueves a las 14.00 horas ante el Alto Tribunal con el objeto de poder ratificar la querella interpuesta, y otorgar un poder especial a los procuradores, que en el momento de presentar el escrito no se adjuntó.

Los diputados llegaron puntuales, andando, y estuvieron alrededor de 10 minutos dentro del TSJCV, es decir, el tiempo que tardaron en firmar la querella ante la secretaria de la Sala y el magistrado José Ceres. "Ha sido todo muy breve, muy rápido", indicó Luna a los medios de comunicación tras concluir con este trámite procesal.

Explicó que los socialistas tuvieron que presentarse ante el Tribunal porque interpusieron la querella con el poder especial de un procedimiento anterior, que no es específico para el actual, "con lo que se ha tenido que ratificar". No obstante, aclaró que esto no supone "un defecto de forma".

Luna, quien recordó que ahora la Sala debe decidir si admite a trámite el escrito, afirmó que con esta actuación, el PSPV "ha cumplido con su obligación, porque ha tenido conocimiento de unos hechos en los que existen indicios de unos delitos, que vienen reseñados en un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales, y lo ha puesto en conocimiento del TSJCV mediante una querella".

Así, insistió en que "hay indicios suficientes" como "para abrir un procedimiento penal". "En este momento --agregó-- no se trata de probar nada, sino de ver si hay indicios o no, y este tribunal es el adecuado para estudiarlo, porque hay cinco personas aforadas en el documento".

Por ello, mostró su confianza en que los jueces "entiendan el tema del mismo modo que lo ha entendido el PSPV, y abran un procedimiento penal para poder averiguar los hechos". Pidió "calificar lo que haya y juzgar a quien se tenga que juzgar", dijo.

Preguntado por si cree que el hecho de que el juez Antonio Pedreira investigue parte del caso puede abrir camino a la querella, respondió que no lo sabía, pero aclaró que si el magistrado llegara a la conclusión de que hay indicios suficientes como para abrir un procedimiento penal contra estas cinco personas aforadas, "tendría que inhibirse en favor del TSJCV o elevar el asunto al TS".

"Hay que empezar ya aquí, en el TSJCV, por eso se ha traído este documento aquí, porque hay indicios más que sobrados"

La querella va dirigida contra 17 personas, que son Francisco Camps; el vicepresidente primero y conseller de Industria, Vicente Rambla; el ex secretario general del PPCV, Ricardo Costa; y los considerados principales responsables de la 'trama Gürtel' en Madrid, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez 'El Bigotes', entre otros.

Además de los ya nombrados, el PSPV incluyó en la querella a diversos empresarios de la construcción como Enrique Gimeno, presidente de Facsa; Enrique Tomás Ortiz, administrador único de Enrique Ortiz e hijos Contratista de Obras SA; Antonio Pons, presidente del grupo Piaf; Vicente Cotino, administrador de Sedesa, y Luis Batalla, administrador de Lubasa.

La lista se completa con el vicesecretario de Organización del PPCV, David Serra; la tesorera del PPCV, Yolanda García; la directora general de Promoción Institucional de la Generalitat, Dora Ibars; el ex director de RTVV, Pedro García; el miembro del Consejo de Administración de Orange Market, Cándido Herrero; y el apoderado de Special Events, José Luis Izquierdo.

Se hunde en el Mar Rojo un barco de submarinistas españoles, diez de un club de Jávea

ISMAILÍA.- El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación confirmó que hay dos turistas valencianos desaparecidos en aguas del mar Rojo tras hundirse la embarcación en la que estaban realizando submarismo en las inmediaciones de Sharm el Sheij. Ambos pertenece a un club de submarinismo de Jávea, en Alicante y se trata de la pareja formada por Israel Pérez Muñoz y Lourdes González Villarroya, los dos de 33 años.

Según explicó una portavoz del departamento que dirige Miguel Ángel Moratinos, en estos momentos están en curso las labores de búsqueda de los dos desaparecidos, que formaban parte de un grupo de catorce turistas españoles, diez de ellos pertenecientes al Club Dolfins, de Jávea.

Los otros doce turistas, así como la tripulación egipcia de la embarcación, han sido rescatados tras hundirse el barco en circunstancias que se desconocen, precisó la portavoz, aclarando que el Consulado español en El Cairo está siguiendo de cerca lo ocurrido. Los turistas rescatados, que procedían "de diversos puntos de España", pero mayoritariamente de la Comunidad Valenciana, están "bien", indicó.

Según había informado previamente la agencia Reuters, el hundimiento del barco se produjo cerca de Ras Mohamed, cuyas aguas atraen a numerosos submarinistas por sus corales y restos de barcos, y en las labores de búsqueda estaría participando un barco de la Marina.

Israel Pérez Muñoz y María Lourdes González Villarroya viven en Valencia y son pareja, según Antonio Buigues, presidente de la Federación de Actividades Subacuáticas de la Comunitat Valenciana, quien ha señalado que llevaban tres días en la zona y que los conocía como federados, aunque no había tenido una relación directa con ellos.

El suceso ha ocurrido hoy sobre las cinco de la mañana hora local en Egipto (03.00 horas GMT), media hora después de que la embarcación hubiera salido del puerto.

"Se encuentran entre los 4.000 federados de nuestro deporte en la Comunitat Valenciana. Son dos de los nuestros", ha dicho Buigues, para agregar a continuación que lamentaba mucho lo que había pasado.

Tras comentar que cree que Israel Pérez "es policía", ha resaltado que este tipo de viajes se encuadran en programas conocidos como "Vida a bordo", que combinan una serie de inmersiones al día con otras actividades de tipo turístico.

Ha explicado que los dos desaparecidos sacaron su licencia federativa en Castellón y que, aunque vivían en Valencia, solían ir a practicar el submarinismo a Jávea, en el club Dolphins de esta localidad.

"Normalmente la temporada alta para la práctica del submarinismo es entre marzo y septiembre, pero a estas alturas del año hay menos gente, se consiguen promociones y mejores precios y, si hace buen tiempo, muchos se animan a viajar ahora", ha comentado.

El PP rechaza que 'El Bigotes' comparezca en las Corts

VALENCIA.- El PP ha rechazado este jueves en la comisión de Coordinación de las Cortes la petición socialista de que compareciera el gerente de Orange Market, Álvaro Pérez, para dar cuenta de su intermediación en las actuaciones organizadas por la fundación organizadora de la visita del Papa a Valencia en 2006.

El PSPV ha justificado esta petición aunque sólo sea "para demostrar de manera contundente la no participación de la trama" Gürtel "y/o sus dirigentes en negocios reprobables y fraudulentos con la Fundación", mientras que el PP la ha rechazado por considerarla una "charlotada" que busca "rédito político".

El socialista José Camarasa explicó que Pérez debería aclarar "la probable participación" de Francisco Correa en los contratos adjudicados por la Fundación, bien directamente a través de las empresas de la trama, o mediante servicios de intermediación con empresas "tapadera" por las que podrían haber logrado "jugosos beneficios".

A su juicio, Pérez, conocido como 'El Bigotes', debería explicar los apuntes contables que recoge el informe policial referidos a la producción de la visita del Papa, o su conversación telefónica en la que decía que esperaba ser nombrado coordinador de dicha visita.

Recordó que en la visita del Papa se gastaron 12'5 millones de euros, "mayoritariamente públicos", por parte de una Fundación "renuente" a explicar sus actividades y contratos, en la que "posiblemente pueda haber medrado la trama", a raíz del "trilerismo financiero" utilizado para "pegar el pelotazo" en la adjudicación de Canal 9 a la constructora Teconsa de los servicios de sonorización de la visita papal.

Camarasa señaló que Canal 9 pagó 6'4 millones de euros por una sonorización que según la Policía no costaba más de 3'1 millones, e indicó que todos estarían "más tranquilos" si se dieran datos sobre el uso "recto y adecuado" de los fondos de la Fundación, que "no tiene a bien explicar en qué los ha gastado y con quién ha contratado".

La diputada del PP Asunción Quinzá replicó que no van a participar en una "astracanada" ni en el "circo mediático" que buscan los socialistas, quienes "confunden los intereses del partido" con los intereses políticos, y resaltó además que se trata de una cuestión "sub iudice" y se debe respetar la separación de poderes.

Quinzá citó además la conversación telefónica de Correa con el responsable de Teconsa en la que afirmaba que la gente de Moncloa ayudaba "mucho más que los de derechas", y añadió que sólo unos días después de esa conversación Teconsa recibió adjudicaciones por 52 millones de euros.

En su opinión, los socialistas "están desesperados" e intentan "alargar como si fuese un chicle un tema que ya huele", y reclamó "rigor y seriedad" para que se hable de lo que preocupa a los ciudadanos, por lo que no van a entrar en un juego con el que los socialistas buscan sólo "un rédito político".

Alarte pide el cese de Gerardo Camps por hablar de pérdidas en la CAM

VALENCIA.- El secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, pidió este jueves en rueda de prensa el "cese fulminante" del vicepresidente segundo del Consell y titular de Economía, Gerardo Camps, tras las declaraciones de éste en el pasillo de las Cortes en las que auguraba péridas de la Caja de Ahorros del Mediterráneo en el ejercicio 2010.

El responsable socialista dijo que habló en la noche del miércoles con el presidente de la caja alicantina y lanzó un mensaje de tranquilidad a los impositores, empleados y los miembros del consejo de administración de la entidad.

Alarte consideró que las palabras de Gerardo Camps ante un grupo de periodistas son una muestra más del "grado de descomposición del Gobierno" valenciano, y lamentó que haya puesto 'en cuestión la confianza y la credibilidad de la CAM'.

El líder del PSPV menifestó este miércoles que su partido no apoyaría una posible fusión sin un proceso de diálogo y consenso previo, antes de las polémicas palabras del conseller y de la reacción inmediata de la caja, que desmintió que en 2010 se fueran a dar resultados negativos y anunció acciones legales contra quien especule en ese sentido.

El delegado del Gobierno no descarta nuevas detenciones por el crimen del alcalde de Polop

ALICANTE.- El delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Ricardo Peralta, ha afirmado este jueves que no descarta nuevas detenciones por el crimen del alcalde de Polop de la Marina, Alejandro Ponsoda, ocurrido en octubre de 2007.

Las declaraciones de Peralta se producen cuando ya hay tres arrestados por su presunta relación con el asesinato: dos de ellos ya ingresados en prisión (un industrial de Polop y otro varón de Albatera con antecedentes por tenencia de armas) mientras que el tercero, encargado de un club de alterne, aún debe pasar declarar ante la juez.

El delegado del Gobierno también se ha referido a las declaraciones del abogado Antonio Martínez Camacho, letrado del industrial de Polop, quien desveló ante los periodistas algunos aspectos de la causa judicial, a pesar de que está declarada secreto de sumario.

Entre otros datos, el abogado señaló que hay testigos protegidos y que hay, al menos, un posible implicado más que ostenta "un cargo público".

Peralta ha recriminado al letrado su "indiscreción" por hacer públicos algunos datos de la investigación, y ha evitado entrar a valorarlos porque "estos rumores sólo sirven para crear más alarma".

"La Guardia Civil, bajo el control de la fiscalía y del juez, sigue trabajando para esclarecer el asesinato del alcalde de Polop en todos sus términos", ha asegurado antes de recordar que las pesquisas siguen abiertas y de pedir que "se deje trabajar reposadamente" a la Guardia Civil.

Sobre el tercer y último detenido hasta el momento, ha comentado que será puesto a disposición de la Justicia "próximamente".

Ripoll rechaza la fusión Bancaja-CAM y dice que causaría unos 4.000 despidos

ALICANTE.- El presidente del Partido Popular en la provincia de Alicante y presidente de la Diputación Provincial, José Joaquín Ripoll, salió este jueves en defensa de la estabilidad de la entidad bancaria alicantina Caja Mediterráneo, al afirmar que 'yo tengo mi plan de pensiones en la CAM y no lo pienso cancelar'.

También añadió que posee datos, que le ha trasladado el director general de la entidad, acerca del buen funcionamiento de la caja.

Como respuesta a las declaraciones efectuadas el miércoles por el vicepresidente económico de la Generalitat Valenciana, Gerardo Camps, que aseguró que CAM tendría pérdidas en 2010, José Joaquín Ripoll quiso resaltar la 'confianza y fiabilidad que merece el equipo que actualmente gestiona esta entidad'.

Ripoll manifestó que "la fusión no es ni favorable ni para la CAM ni para Bancaja: socialmente por el número de despidos, en torno a los cuatro mil y pico personas", ha subrayado antes de proseguir que ambas entidades comparten los mismos territorios y, por ello, con su unión "no se aumentaría el mercado financiero".

El presidente provincial, realizó estas declaraciones durante la primera reunión mantenida en Alicante con Antonio Clemente, secretario general del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, en sustitución de Ricardo Costa.

Al ser preguntado por este mismo tema, Clemente manifestó que la decisión de cómo fusionar las entidades bancarias no es una cuestión del Consell, sino que corresponde a los técnicos de las cajas.

Ripoll y Clemente han informado de que ambos han hablado en las últimas horas con el propio conseller de Economía y que éste les ha asegurado que tales comentarios que se le atribuyen son "absolutamente falsos", en palabras del secretario general del PPCV.

"En ningún momento dijo lo publicado", ha reiterado Clemente, quien ha proseguido que desconoce "cuál puede ser la intención de esa transcripción" ya que el PP "es absolutamente respetuoso con las decisiones que tomen" (las cajas) y "la situación de Bancaja y CAM está absolutamente asegurada".

Camps: 'El futuro de la CAM lo tienen que decidir Alicante y los alicantinos'

VALENCIA.- El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, subrayó este jueves el "apoyo indiscutible" de su Gobierno a las cajas de ahorro de la Comunidad, al tiempo que recalcó que el futuro de Caja Mediterráneo (CAM) "lo tiene que decidir la provincia de Alicante y los alicantinos".

Camps realizó estas manifestaciones tras presidir la presentación del Programa Prometeo al ser preguntado por las informaciones acerca de las supuestas declaraciones del conseller de Economía, Gerardo Camps, en las que auguraba que la CAM "entraría en pérdidas en 2010".

El jefe del Consell resaltó que el propio Gerardo Camps "fue muy claro ayer y, además, en un comunicado público", en el que desmentía "rotundamente" esas manifestaciones.

"Lo único que puedo decir -prosiguió Francisco Camps- es que la CAM y Bancaja son dos entidades excepcionales, la tercera y cuarta cajas de ahorros más importantes de España, y vuelvo a repetir que el futuro de las cajas de ahorro depende de sus órganos de gobierno, por tanto, en el caso de la CAM el futuro lo tiene que decidir la provincia de Alicante y los alicantinos".

Insistió en que se trata de "una caja de ahorros excepcional y siempre ha estado al servicio de la economía alicantina y la Comunidad Valenciana".

"Es un ejemplo de entidad financiera, y desde el Gobierno valenciano lo que se dice es apoyo indiscutible a nuestras cajas de ahorro, a sus órganos de dirección, gobierno y a un futuro excepcional de las entidades financieras que necesita nuestra Comunidad para seguir creciendo", aseveró Camps, quien agregó: "siempre independencia a sus decisiones y apoyo en todo lo que hagan".

Air Algérie compra siete Boeing 737 por más de 350 millones

ARGEL.- La aerolínea argelina Air Algérie ha comprado siete Boeing 737 de nueva generación por un valor superior a los 550 millones de dólares (350 millones de euros), a precio de catálogo, que destinará a "maximizar" la eficacia en su flota de aviones y a la mejora del medioambiente, informó hoy el constructor estadounidense.

El pedido, realizado durante el Salón Aeronáutico de Dubai que se celebra desde el 15 al 19 de noviembre, elevará a 22 los aviones de esta familia en la flota de Air Algérie.

"Los nuevos aviones ayudarán a la aerolínea a maximizar una flota de pasillo único homogénea que ofrece gran eficacia en el consumo de combustible y las correspondientes mejoras medioambientales", afirmó el consejero delegado de la compañía con sede en Argel, Abdelwahid Bouabdallah, quien calificó la adquisición como "paso natural".

Asimismo, Air Algérie encargó los nuevos Boieng 737 con Winglets integrados, que permiten reducir el consumo de combustible en un 4% aproximadamente.

La aerolínea es cliente del fabricante aeronáutico desde hace casi 40 años, y opera diez Boeing 737-800, cinco 737-600 y tres 767-300, entre otras aeronaves.