En respuesta a una interpelación del senador navarro Francisco Javier Tuñón, Salgado avanzó que aunque la teoría diga una cosa, "no siempre se convierte en realidad", de modo que aseguró que por este motivo el Gobierno y el Tribunal de Cuentas están trabajando para que los municipios sean fiscalizados.
Sin embargo, admitió que esto "no es suficiente", de modo que recordó que el Ejecutivo ha puesto en marcha ciertas medidas de, por ejemplo, lucha contra la morosidad, creación de un registro de facturas así como el proyecto de ley de economía sostenible, que plantea controles de la actividad presupuestaria local.
Aún así, la vicepresidenta segunda se comprometió a "seguir en esta línea" y tratar de "mejorar la transparencia" porque dijo ser "consciente de que las funciones de intervención en las entidades locales tienen que reforzarse".
En definitiva, subrayó que el objetivo del Gobierno se centra en "mejorar la eficiencia en la gestión pública", lo que requiere "más transparencia a la hora de rendir cuentas ante los ciudadanos" y medidas de control de todas las administraciones que han de ser "absolutamente respetuosas dentro de cada marco competencial".
Salgado respondió así al senador Tuñón, quien consideró "importante" incluir a los ayuntamientos en la "cultura de la fiscalización pública", para lo cual opinó que las auditorías evitarían muchas "prácticas irregulares".
"Si dejas tantos espacios abiertos, la gente se aprovecha. Hay tantos casos de corrupción porque se los hemos dejado en bandeja", señaló.
En este sentido, preguntó a la vicepresidenta segunda si se habrían dado casos como el de Marbella si estas entidades locales se hubieran fiscalizado.
Según recordó, han pasado casi 30 años y "los ayuntamientos todavía no rinden cuentas", algo que consideró necesario para "homologarnos a Europa", donde hay control interno y externo en el que se recurre a la empresa privada y a los sistemas mixtos.
Por otra parte, Salgado avanzó en respuesta a una pregunta del senador del Grupo de CiU Joan Maria Roig que la liquidación de los tributos del Estado por parte de los ayuntamientos en el ejercicio de 2008 ascenderá a unos 1.500 millones de euros.
La ministra afirmó que el Gobierno ha dado "ciertas facilidades" a los entes locales, como retrasar la liquidación definitiva de los tributos estatales, si bien también les ha pedido un "pequeño esfuerzo" en el plan de austeridad del Gobierno.
El senador Roig pidió previamente que "se articulen los mecanismos adecuados para que los ayuntamientos continúen prestando servicios a los ciudadanos", pese al alto nivel de endeudamiento con la Administración central. A su juicio, "se debe ir más allá de la prórroga de un año adoptada para paliar esta grave situación".
De hecho, subrayó que aunque "muchos ayuntamientos habrán de hacer un ejercicio profundo sobre su gasto y sobre los servicios", paralelamente el Gobierno debe ser "consciente de que los consistorios no pueden responsabilizarse de la disminución galopante de los ingresos que ha sufrido el Estado".
