jueves, 28 de octubre de 2010

Flores llamó 'extraoficialmente' a Ortiz para informarle sobre la adjudicación de una contrata

ALICANTE.- Las conversaciones grabadas por la Policía a Enrique Ortiz desvelan que tenía una relación de amistad con el conseller de Infraestructuras, Mario Flores, al que considera "como un hermano", y que éste llamó al empresario "extraoficialmente" para informarle de que había sido adjudicatario de una obra de mantenimiento, según consta en un informe policial incluido en el sumario del 'caso Brugal'.
 
Así, el conseller llamó a Ortiz en julio de 2008 para comunicarle que había sido adjudicatario de las concesiones de conservación, reparación y adecuación de las carreteras de la Conselleria en Valencia Sur.
"Te llamo solamente para decirte que las sido adjudicatario de las concesiones de mantenimiento. O sea que, muérete", indica el conseller, y le pide expresamente "que no diga nada". Enrique Ortiz le corta y le dice: "ya lo sé. nada. Bueno, Te quiero", según recoge el informe policial .
Tras esta adjudicación, Ortiz mantiene en días sucesivos varias conversaciones con otras personas, en las que destaca que Flores "la verdad es que se está portando el tío conmigo de puta madre". "Me tiene encantado, sí señor", señala.
En otra comunicación, Ortiz reconoce que "al principio", Flores le había dicho en relación con esta concesión de mantenimiento, "que no podía ser, aunque le gustaría, pero no podía ser porque me había dado lo otro", en alusión al proyecto del tranvía adjudicado a la UTE de Ortiz con Fomento de Construcciones y Contratas SA (FCC), relativas a las obras de la variante ferroviaria de la Línea 1 del tranvía en el tramo de la Finca Adoc por cerca de 32 millones de euros.
Por otra parte, los agentes de la UDEF registraron una llamada telefónica entre Teodoro Velázquez, directivo del Grupo FCC y Ortiz, en la que Velázquez informa a este último empresario de que "Mario" -quien pudiera tratarse del citado conseller, según estima la Policía- le había explicado que la adjudicación del tranvía había sido "muy competido" y había tenido que soportar "muchas presiones".
Así mismo, según recoge el documento, Velázquez informa a Ortiz que el conseller le ha pedido que "le haga un favor", para ayudar al cierre de la temporada del Club Balonmano Femenino Mar Alicante con entre 60.000 y 70.000 euros.
Según el informe, Teodoro Velázquez no llega a comprometerse en nada con "Mario", pero llama a Ortiz para contárselo y le insta a que asuman el pago conjunto de esa cantidad, que concreta en 72.000 euros como UTE, porque como "FCC no puede".
No obstante, Ortiz se niega a pagar, alega que ya ha realizado "pagos anteriores a terceras personas", y recuerda que participa en diversos deportes. En este punto, Teodoro Velázquez remarca que "Mario" le ha llamado "por lo de la Finca Adoc", y con ello, según estima el informe de la Policía, "confirma la relación del favor solicitado con la concesión del trazado".
Ortiz mantiene su negativa a pagar y le comenta que es "una práctica habitual". En este sentido, el empresario alicantino le pone como ejemplo pagos solicitados a mercantiles como Acciona e Intersa-Infraestructuras Terrestres SA, y le explica que "no tendrá más remedio que pagar".
Enrique Ortiz también se pone en contacto con el presidente del citado club de balonmano, Antonio Navarro, quien está al tanto del encargo y le aclara que se ha solicitado "exclusivamente" a FCC, haciendo creer a Teodoro Velázquez que Ortiz ya había pagado una cantidad equivalente.
El informe policial recoge también que la relación existente entre Enrique Ortiz, Mario Flores y Antonio Navarro "no es nueva", y ese mismo mes de mayo Ortiz ordena a un directivo de una de sus empresas, Inusa, José Candel, que adquiera ropa de trabajo a la mercantil de Antonio Navarro.
Candel se muestra contrario, porque ya existe un contrato con otro proveedor, pero Enrique Ortiz justifica su decisión en que "Mario Flores es como un hermano suyo".
Las conversaciones entre Ortiz y Flores también recogen "charlas amistosas", en las que plantean la posibilidad de organizar una cena con sus respectivas mujeres.

La jueza independiente Pilar de la Oliva presidirá el TSJ de Valencia por su firmeza contra la corrupción

MADRID.- La titular del juzgado de instrucción número 10 de Valencia, Pilar de la Oliva, será designada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en sustitución de Juan Luis de la Rúa.

El Consejo General del Poder Judicial ha desbloqueado en el pleno celebrado este jueves las presidencias de los TSJ que todavía estaban pendientes, entre ellas la de la Comunidad Valenciana.
De la Oliva, que ha contado con el respaldo del grupo conservador, se ha impuesto en la votación a los otros dos magistrados que optaban a este cargo: el a priori favorito Pedro Castellano, y Javier Lluch Correl.
Durante la fase de entrevistas a los aspirantes, De la Oliva demostró su firmeza contra la corrupción en la Comunidad Valenciana, cuyo origen situó en el urbanismo.
La designación sobre el sustituto de De la Rúa ha sido hasta hoy una decisión espinosa, ya que el TSJ de Valencia es el órgano encargado de investigar la rama valenciana del caso 'Gürtel' y de decidir si juzga al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, por los trajes supuestamente obsequiados por Álvaro Pérez 'El Bigotes', socio del líder de la trama, Francisco Correa, en Valencia.
Hasta en tres ocasiones el CGPJ ha intentado sin éxito encontrar un recambio de garantías para el tribunal valenciano. En la último pleno, que tuvo lugar el pasado mes de septiembre, se optó por no someter a votación las candidaturas ante la certeza de que ninguna de ellas reuniría los apoyos suficientes.
El acuerdo, en esta ocasión, también se ha hecho esperar. Se ha cerrado esta misma mañana antes del pleno, después de que los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reunieran el miércoles sin obtener resultados.
De la Rúa, que desde hace más de un año ejercía en funciones de presidente del TSJ de Valencia, tuvo un papel decisivo en el archivo de la causa contra Camps y otros dirigentes del PP por un presunto delito de cohecho impropio. No obstante, la investigación fue reactivada por el Tribunal Supremo.

miércoles, 27 de octubre de 2010

'Flamenquito', mojitos y 'marisquito' en el yate de Ortiz

ALICANTE.- El yate del poderoso empresario Enrique Ortiz fue escenario de fiestas, celebraciones y ágapes de lujo, regados con el mejor vino y champán, para que los dirigentes del PP de Alicante se reunieran y celebraran alguno de sus logros políticos. Ya lo admitía, el 28 de agosto de 2009, la esposa del presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll: "Con amigos como tú, qué suerte tengo, qué afortunada soy", dijo Margarita de la Vega, tras disfrutar de unas vacaciones en Mallorca a bordo del yate Elena, propiedad del empresario, principal imputado en el caso Brugal, según recoge hoy 'El País'.

En la cubierta del barco, según se desprende de la investigación policial, al parecer también se brindó por la aprobación provisional del Plan Rabassa, el plan urbanístico de Alicante o el archivo del caso de los aparcamientos.
En la noche del 26 de junio de 2008 el entonces alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, del PP, y su sucesora en el cargo, Sonia Castedo, junto a otros ediles populares, se enrolaron en el yate para festejar, según el sumario, el archivo por el Tribunal Supremo del llamado caso de los aparcamientos, que precisamente investigaba un supuesto trato de favor del Ayuntamiento a Ortiz por la modificación de tres aparcamientos municipales, y en cuya causa estaban imputados Ortiz, Alperi y Castedo. El plan era cenar en el barco, ver el partido de las semifinales de Europa (España-Rusia) y luego contemplar, desde el mar, el castillo de fuegos artificiales desde la playa del Postiguet, con motivo de las fiestas de San Juan. La policía identificó en el barco a Ortiz, Alperi, Castedo y a los ediles, Marta García Romeu, Sonia Alegría y Virgilio Ortiz, hermano del empresario.
La policía intervino una conversación del 25 de junio de 2008 entre el alcalde y el empresario, en la que quedó registrado cómo el alcalde confiesa: "Mañana va a salir ese tema, no sé si será buena idea, pero me la suda, podemos hacer una fiestecilla, invitar a los concejales que yo estime conveniente". "Preparemos un pequeño lunch", dice el empresario, a lo que el alcalde, contesta: "Nos tomamos unas cervezas y marisquito, yo te digo cuántos vamos, y lo hacemos en la cubierta de arriba". En otra conversación, interceptada por la policía, el empresario advertía a su hermano de que no le dijera a nadie que iba "a venir Luis", en referencia al alcalde. En esas fechas también se acababa de aprobar provisionalmente el plan urbanístico y el Plan Rabassa de Alicante. En agosto del año pasado la esposa de Ripoll narraba cómo estaban en el yate "bailando flamenquito, con los mojitos y el champán", y agregó que durmieron "maravillosamente bien, nos bebimos cinco botellas de champán y caímos pumba".

El sumario del 'caso Brugal' destapa un sinfín de corruptelas de cargos del PP

ALICANTE.- Los 40 tomos o 20.000 folios del caso Brugal, una investigación judicial que arrancó con la supuesta adjudicación irregular de un contrato de basura por parte de la Diputación Provincial de Alicante, salpican a varias decenas de dirigentes políticos, mayoritariamente del PP, que tiene en su poder los principales Gobiernos en la comunidad valenciana, pero también a alguno del PSOE, según 'El País'.

La lectura de miles de folios de la investigación judicial muestra un sinfín de corruptelas que afectan a concejales, alcaldes, diputados provinciales y hasta consejeros autonómicos valencianos.
La mecánica era siempre la misma: los empresarios que pretendían algún trato de favor de las instituciones valencianas, o bien pagaban comisiones ilegales a los cargos públicos o intermediarios que les favorecían, o bien colocaban a parientes de esos cargos públicos en sus empresas; o ponían a disposición de los dirigentes políticos un yate con el capitán incluido; o hacían regalos especialmente caros a sus benefactores. Lo que sigue es solo una muestra de lo que aparece probado en el sumario por documentos oficiales o grabaciones telefónicas a sus protagonistas.
- Concurso de basuras. La investigación destapa que en el concurso convocado para adjudicar el Plan Zona de Gestión de Residuos de la Zona XVII, hubo pactos encubiertos para que el empresario Ángel Fenoll, cuya oferta perdió, se quedara con una parte del negocio que le facilitó uno de los ganadores, Enrique Ortiz.
El sumario apunta a las gestiones del presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll (PP), para conseguir este objetivo. A cambio, Fenoll compró una televisión local en quiebra por orden del propio Ripoll. A su vez, el adjudicatario del negocio de las basuras, Enrique Ortiz, premió con regalos al presidente de la Diputación Provincial por esta concesión.
- Plan General de Alicante. Los crecimientos urbanísticos de Alicante destaparon la influencia del empresario Enrique Ortiz sobre las decisiones del Gobierno municipal, presidido por la alcaldesa Sonia Castedo, del PP. Así, en la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana, Ortiz mantuvo contactos con las principales autoridades responsables del plan y presumió ante sus empleados de que era "la mano negra" en ese proyecto.
- Estadio Rico Pérez. Miguel Ángel Fuster, amigo del vicepresidente autonómico, Gerardo Camps, intermedió, según la investigación, para que la Comunidad Valenciana avalara por 16 millones de euros al club de fútbol del Hércules, cuyo principal accionista era Enrique Ortiz. Este empresario pagó al intermediario al menos 12.000 euros por sus gestiones, según el sumario del caso.
- Empresa del hijo del alcalde. Como favor al hijo de Luis Díaz Alperi, ex alcalde de Alicante que facilitó a Enrique Ortiz las operaciones urbanísticas más importantes de la ciudad, el empresario le crea una sociedad de publicidad llamada Verass Operadores Publicitarios.
- Enchufismo. La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo Ramos, logró que Enrique Ortiz colocara en sus empresas a dos personas que había recomendado. Castedo mantenía con Ortiz una estrecha relación sobre los negocios del empresario, destapada por los pinchazos telefónicos.
- Entradas gratis. Enrique Ortiz regaló cuatro entradas por 600 euros a un concejal de Alicante cuyo voto era importante para alguno de los negocios del empresario.
Son solo algunos de los ejemplos de las innumerables corruptelas que ha descubierto una larguísima investigación judicial que dura varios años y que ha destapado en distintas instituciones de la Comunidad Valenciana una serie de adjudicaciones irregulares basadas en el trato de favor al poderoso Enrique Ortiz. Este empresario hablaba también con parientes de los principales miembros del Gobierno de Francisco Camps, como el consejero Juan Cotino o el ex consejero Fernando de Rosa y trataba sobre negocios multimillonarios (el concurso eólico o la construcción de Palacios de Justicia) que adjudicaba el Ejecutivo de la Comunidad Valenciana.

El PSPV cree que la alcaldesa viajó en el yate de Ortiz para celebrar el PGOU

ALICANTE.- El PSPV-PSOE cree que la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, viajó en el verano de 2009 a Ibiza en el yate del constructor Enrique Ortiz para celebrar que poco antes se había aprobado provisionalmente el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). 

La candidata a la alcaldía y secretaria de Organización del PSPV-PSOE, Elena Martín, se ha referido a los informes policiales y de la fiscalía Anticorrupción donde se señala que Castedo podría haber cometido tres delitos por beneficiar a Enrique Ortiz, y que éste le habría dado "dádivas", entre ellas un viaje en yate a Ibiza, lo cual fue admitido por la alcaldesa el pasado lunes.
En rueda de prensa, Martín ha preguntado públicamente a la alcaldesa quienes viajaban en el yate y "qué se celebraba" para, a continuación, opinar que la explicación está en lo que acababa de ocurrir en el ayuntamiento, con la aprobación provisional del PGOU (sólo queda pendiente el visto bueno de la Generalitat Valenciana).
Según Martín, con el nuevo planeamiento el constructor Ortiz es, en solitario o con otros socios, el propietario del 70 por ciento del suelo de la ciudad, por lo que ha pasado a "controlar" el futuro inmobiliario en un régimen "casi de monopolio".
Ha acusado a Castedo y al antecesor de ésta en el cargo, el popular Luis Díaz Alperi, de haber convertido el ayuntamiento en "un colador para la corrupción" y, aunque explícitamente no ha exigido la dimisión de la alcaldesa, sí ha observado que no se entiende que un dirigente público "se mantenga en el poder" con todo lo conocido.
Ha proseguido que la alcaldesa ha "pervertido" el mandato de los ciudadanos, como lo refleja que el fiscal crea que ha cometido los delitos de cohecho, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada facilitada por autoridad.
La candidata del PSPV-PSOE ha calificado los últimos acontecimientos como "de suma gravedad" y ha sostenido que el PP tiene "paralizado" el ayuntamiento, lo que provoca una situación de abandono en la ciudad y de pérdida de oportunidades.
Ha criticado que Castedo reconozca que Ortiz tiene un contacto directo con ella y que le pide cosas, cuando "el resto" de alicantinos deben pasar por el registro municipal o por las alegaciones para plantear sus propuestas.
También que la alcaldesa admita que usa sus influencias para que Ortiz dé trabajo a algunas personas y, tras señalar que así vulnera el principio de igualdad, ha sospechado que los beneficiados deben ser "amiguitos o militantes del PP".
Tras el contenido de los informes policiales y de la fiscalía, Martín ha apuntado que ahora se descubren "las claves de la sucesión", en referencia a la precipitada dimisión de Díaz Alperi y su sustitución por Castedo en septiembre de 2008, y ha comentado que ambos "comparten intereses".
Según la socialista, el ayuntamiento y la ciudad atraviesan una crisis institucional en valores y en modelo, y en este punto ha recordado que las posibles acusaciones a Castedo y Díaz Alperi se suman las imputaciones de otros tres concejales populares por distintos casos: José Joaquín Ripoll, Andrés Llorens y Francisco "Kiko" Sánchez Luna.
Sobre la inclusión en los informes del nombre de José María Pajín, padre de la ministra de Sanidad, Leire Pajín, ha recordado la presunción de inocencia y se ha remitido a las declaraciones de su entorno mientras que sobre el ex concejal socialista Javier Gutiérrez, también citado en los documentos, ha indicado que su partido es contundente con casos de personas involucradas con la corrupción.
Martín ha hecho una viva defensa de la actuación de la policía, fiscales y jueces, y ha solicitado "respeto" a los dirigentes del PP y a que eviten poner en cuestión a estas instituciones.

EUPV se personará en la parte que afecta al PGOU de Alicante y pide la paralización de dicho plan

VALENCIA.- La diputada de la Agrupación de Diputados No Adscritos y coordinadora general de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), Marga Sanz, ha anunciado que su formación se personará en el 'caso Brugal' "en lo que afecta al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)  de Alicante, para estudiar qué está sucediendo, si ha habido tratos de favor y conocer y denunciar, en la medida de nuestras posibilidades y de nuestra información, los hechos que están pasando". Asimismo, pide la paralización del planeamiento.

   Sanz, que se ha pronunciado de esta manera en lo pasillos de las Corts, ha exigido al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que dé explicaciones sobre las últimas informaciones publicadas con conversaciones de implicados en el 'caso Brugal', ya que, en su opinión, "ha llegado a extremos que exigen una explicación inmediata de lo que está sucediendo".
   En opinión de la dirigente de EUPV, se trata de "hechos gravísimos donde se implica a la cúpula del PP en Alicante". "Esto está salpicando al conjunto del PP y al conjunto de las instituciones y exige una respuesta", ha remarcado.
   De esta manera, Marga Sanz ha explicado que esta mañana han tomado la decisión de personarse en el 'caso Brugal' porque entiende que el PGOU de Alicante "se debe paralizar y debe haber muchas explicaciones sobre lo que está pasando y las posibles implicaciones de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo y otros concejales".
   "Ante todo, exige una explicación del presidente por la dimensión que está tomando este caso y que excede lo que en estos momentos podría ser contestado por un conseller, alcaldesa u otra persona de la administración valenciana", ha subrayado.

Alarte afirma que 13 de los 54 diputados 'populares' en las Corts están vinculados con casos de corrupción

VALENCIA.- El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, ha destacado que 13 de los 54 diputados 'populares' en las Corts Valencianes están "vinculados con casos de corrupción", por lo que "si se aplicara la ética política y democrática más básica" y "se quitarán a los 13 diputados", "el PP no sólo no tendría mayoría democrática" en el Parlamento valenciano, "sino que tendría que haber disuelto la Cámara".

   Alarte ha hecho estas declaraciones antes de asistir al inicio de la Escola de UGT-PV, celebrada en el Parque Tecnológico de Paterna, un evento que presentó el secretario general de la UGT, Cándido Méndez. Durante la comparecencia, el líder valenciano ha mostrado una foto del hemiciclo valenciano y 13 marcas en cada uno de los diputados "relacionados con casos de corrupción a lo largo y ancho de la Comunitat".  
   El representante socialista ha asegurado que "la situación de la Comunitat Valenciana en términos de funcionamiento democrático es cada vez más grave y alarmante".
"Cada vez que los tribunales, la Fiscalía o la Policía investiga cualquier hecho tiene que ver con un responsable del PP", ha criticado.
   En este sentido, ha detallado que "de las tres capitales de provincia, tres están relacionadas con casos de corrupción; de las tres diputaciones, dos implicadas en casos de corrupción; el presidente de la Generalitat y todos los vicepresidentes, vinculados a casos de corrupción, así como la alcaldesa de Valencia y la de en Alicante".  
   Ante esta situación, Jorge Alarte ha asegurado que su formación está "dispuesta, libre y decidida a marcar la diferencia" con el objetivo de que "se vea con nitidez una posible alternativa, un instrumento de cambio y una posibilidad de una política y vida pública distinta".

Leire Pajín asegura no tener "nada que ver" con la trama y pide que se expliquen los que citan a su padre

MADRID.- La nueva ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, ha asegurado este miércoles que no tiene "nada que ver" en el 'caso Brugal', tras la publicación de unas conversaciones grabadas por la Policía y en las que se cita a su padre, y ha subrayado que quienes tienen que explicarse son aquellos que le citan en las conversaciones. "No tenemos nada que ver", ha subrayado. 

   En declaraciones en la Cámara Baja, Pajín fue preguntada por una conversación de 2008 entre el promotor Enrique Ortiz, presuntamente implicado en los casos de corrupción 'Gürtel' y 'Brugal', y el entonces alcalde de Alicante, el 'popular' Luís Díaz Alperi, en la que aparece el nombre de su padre, que entonces trabajaba como asesor en la Subdelegación del Gobierno.
   La ex secretaria de Organización del PSOE ha dicho que se ha enterado de ese dato por la prensa, que este miércoles transcribe la charla, y aconsejó preguntar a los protagonistas de esa conversación telefónica. "Así de paso nos enteramos los demás", ha agregado.
   Eso sí, Pajín, que entonces era secretaria de Estado de Cooperación Internacional, se ha querido desmarcar de esta trama, que hasta ahora se enfoca hacia el PP. "Les puedo asegurar con toda tranquilidad que no tenemos nada que ver en esa trama", ha remarcado la ministra, antes de insistir en que quienes "deben responder" sobre esta cuestión son quienes han hablado en esa charla telefónica.

Blanco descarta el peaje a camiones esta Legislatura y trabajará para que no "lastre" la economía

MADRID.- El ministro de Fomento, José Blanco, descartó la implantación en España, al menos dentro de la presente Legislatura, del cobro de un peaje a los camiones que circulen por las autovías europeas, la denominada 'Euroviñeta'.

   Blanco explicó que este peaje no será aprobado definitivamente en la UE en el marco temporal de la presente Legislatura de Gobierno en España. "Y si no está aprobada, malamente se podrá aplicar", apuntó el ministro durante su intervención en el pleno de control del Congreso.
   El titular de Fomento detalló que, tras su reciente paso por el Consejo de Transportes Europeo, la directiva europea que regulará esta tasa debe pasar ahora por el Parlamento Europeo y volver después al Consejo de ministros de Transportes.
   Blanco rechazó que España esté bloqueando esta norma en la UE. Según explicó, "trabaja para que introduzcan cambios para que su aplicación en un país periférico como España mejore y no suponga un lastre para su desarrollo económico", dado que, en su opinión, los avances conseguidos hasta ahora "son importantes, pero no suficientes desde punto de vista español".
   "España, junto con otros países europeos, trata de construir en positivo para no perjudicar los intereses de su economía en general y el sector del transporte de mercancías por carretera", aseguró ante la Cámara Baja.
   Entre los avances conseguidos, relató que "se ha conseguido" reorientar los costes de congestión relacionados con el peaje, reducir el numero máximo de horas de congestión y que los camiones denominados 'Euro 5' sean eximidos de pagar por emisiones hasta que paguen los 'Euro 6'.
   El diputado del grupo parlamentario vasco José Ramón Beloki Guerra demandó al ministro que explique las razones del Gobierno español para no aplicar este peaje a camiones, y le instó a que, con 'Euroviñeta' o sin ella, aborde en esta Legislatura el "problema de la financiación de infraestructuras".

La Comunidad Valenciana, entre las siete regiones europeas con más paro

BRUSELAS.- Canarias, Andalucía, Comunidad Valencia, Murcia, Extremadura, Castilla-La Mancha y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla figuran entre las 12 regiones europeas con más paro con una tasa que oscila entre el 26,2% y el 18,8% de la población activa. Estas comunidades autónomas copan también la lista de regiones con más desempleo juvenil y femenino, según un informe de Eurostat hecho público con datos correspondientes a 2009. 

   El departamento francés de ultramar Reunión es la región de la UE con más paro (27,1%). Le siguen Canarias (26,2%), Andalucía (25,4%), Melilla (24,2%), Guadalupe (23,4%), Martinica (21,8%), Comunidad Valenciana (21,2%), Murcia (20,7%), Extremadura (20,5%), la Guayana francesa (20,2%), Ceuta (18,9%) y Castilla-La Mancha (18,8%).
   En el extremo contrario de la clasificación, con una tasa de desempleo inferior al 3%, se encuentran regiones como Zelanda, Gelderland, y Utrecht (Países Bajos), Bolzano (Italia) o Tirol (Austria).
   Melilla encabeza la clasificación de regiones europeas con más paro femenino (33,6%), seguida de Reunión (29%), Ceuta (28,2%), Andalucía (27,1%), Canarias (27%), Guadalupe (26,3%), la Guayana francesa (26,3%), Extremadura (25,3%), Martinica (23%), Castilla-La Mancha (21,4%), Comunidad Valenciana (21%) y Murcia (18,8%). En contraste, Zelanda, Utrecht y Tirol tienen también una tasa inferior al 3%.
   Por lo que se refiere a los jóvenes entre 15 y 24 años, las tasas más altas de paro corresponden a Guadalupe (59,3%), Martinica (57,6%), Reunión (49,6%), Canarias (47,9%), Andalucía (45%), Cerdeña (44,7%), Extremadura (41,2%), Melilla (39,7%) y Comunidad Valenciana (39,5%).
   Mientras tanto, las regiones holandesas de Zelanda, Gelderland, Overijssel y Utrecht registran un desempleo juvenil inferior al 6% de la población activa.

Eduardo Zaplana, mejor ministro de Trabajo de la última década

MADRID.- Eduardo Zaplana, que fue ministro de Trabajo con el PP desde julio de 2002 hasta marzo de 2004, ha sido elegido mejor ministro de Trabajo de la última década, según una encuesta del periódico 'online' de recursos humanos RRHH Digital.

   Zaplana, que abandonó la política en abril de 2008 para trabajar en el Grupo Telefónica, consiguió el 32,87% de los votos de los lectores de RRHH, frente al 26,98% cosechado por Manuel Pimentel (PP), el 18,2% de Jesús Caldera (PSOE), el 14,26% de Celestino Corbacho (PSOE), el 7,31% de Juan Carlos Aparicio (PP) y el 0,37% de Javier Arenas (PP).
   Eduardo Zaplana, que actualmente es adjunto al secretario general de Telefónica, recibirá este premio, del que ha dicho que es una "gran sorpresa", teniendo en cuenta que hace casi tres años que dejó la política, y una "gran satisfacción".

Luna asegura que "no hay nada que incrimine" ni a Leire Pajín ni a su padre

VALENCIA.- El portavoz del PSPV en las Corts Valencianes, Ángel Luna, considera que en las conversaciones entre el promotor Enrique Ortiz, presuntamente implicado en los casos de corrupción 'Gürtel' y 'Brugal', y el ex alcalde de Alicante, el 'popular' Luis Díaz Alperi, en las que aparece el nombre del padre de la ministra de Sanidad, Leire Pajín, y ella misma, "no hay nada que incrimine ni a uno ni a otra".

   Luna, en los pasillos de las Corts, ha apuntado que no puede "añadir nada más" porque se trata de "conversaciones de terceras personas que dicen que van a hablar con", por lo que "no hay nada que incrimine ni a uno ni a otra". Asimismo, ha señalado que "no son comparables ese tipo de conversaciones en las que un tercero alude a otro tercero, con conversaciones directas y personales" que, según lo publicado, "implican gravemente a consellers del Gobierno valenciano, a familiares de consellers y ha adjudicaciones y contratos muy determinados".
   Luna ha destacado también que lo que se conoce hasta ahora es una "pequeña cata de lo que puede haber" y "si esto ha sido la cata, imagínense lo que puede salir cuando se haga un examen exhaustivo" de las piezas del sumario. "La verdad es que es para estar seriamente preocupados", ha apostillado.
   Por otro lado, ha advertido de que la "situación de corrupción es difícilmente ocultable en cualquier institución" de la Comunitat, donde, "en lugar de hablar de determinadas instituciones y de determinada cúpula del PP" implicadas en supuestos casos de corrupción, "estamos hablando de una asociación delictiva, extendida en todo el ámbito de la Comunitat". Por ello, ha exigido al presidente de la Generalitat y del PPCV, Francisco Camps, que dé explicaciones.
   "Los indicios que apuntan a las relaciones entre algunos empresarios, la manera de obtener contratos públicos, la manera de repartirse las cosas y de incitar a la comisión de este tipo de actuaciones, invitan a -decir- que estamos ante una auténtica asociación delictiva gravísima". Por ello, ha exigido a quien está "al frente tanto del partido como de la Generalitat en esta comunidad salga a explicar algo".
   El síndic socialista ha agregado que "esta vez ya no hablamos de tres trajes", sino de algo "serio, grave y que pone en cuestión el funcionamiento de las más importantes instituciones de esta comunidad", ha dicho Luna, que ha comentado que esta situación, para los ciudadanos es un "auténtico escándalo lo que está pasando". De esta manera, ha insistido en que "alguien con un sentido de estado tendría que salir a dar explicaciones".
   Luna, al respecto, ha advertido de que no le vale que digan que "todos somos iguales" porque "algunos hemos tenido algún problema con alguno de nuestros dirigentes o algún alcalde y están en la calle y fuera de las instituciones". En este sentido, ha recordado al alcalde de Bigastro o al de Santa Coloma de Gramanet, "o a quien sea".
   "No hay comportamiento igual en este tema. No hay más comportamiento admisible que dar explicaciones que poner en la calle a quien haya tenido comportamientos que no se ajusten al mínimo ético exigible a un político o a la legalidad vigente", ha dicho.
   Por otro lado, ha declarado que "ante la avalancha de noticias, uno se podría imaginar que habría cola de diputados del PP para dar explicaciones por los gravísimos casos de corrupción de que se les acusa. Sin embargo, nadie sale a decir nada que no sea atacar a las instituciones del Estado".

Sami Naïr alerta sobre "declaraciones alarmantes" en España sobre inmigración

MADRID.- El sociólogo y filósofo francés Sami Naïr advirtió hoy de que en España se están produciendo "declaraciones alarmantes" respecto a la inmigración, principalmente en Cataluña. 

Naïr hizo estas manifestaciones durante la presentación en Madrid de su libro "La Europa mestiza. Inmigración, ciudadanía, codesarrollo" (Galaxia Gutenberg. Círculo de Lectores).
Opinó que el tema migratorio se ha planteado "muy rápido" en España, concretamente en los últimos diez años.
No obstante, el catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad de París VIII señaló que en España "se portaron bastante bien" en los últimos seis años en este asunto.
Pese a todo, alertó de que en los últimos tiempos se están produciendo "declaraciones alarmantes", principalmente en la región de Cataluña.
Naïr, que ha sido asesor del ministro del Interior francés en integración de los inmigrantes (1997-1998), apuntó que el ex ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, "está al límite de lo aceptable en su discurso sobre la inmigración ilegal".
También se refirió a la expulsión de gitanos rumanos en Francia por parte del Gobierno y lo volvió a calificar de "vergonzoso".
Lamentó que la Unión Europea (UE) no condenara la actitud del presidente francés, Nicolás Sarkozy, y lo achacó a que Europa "no existe como conjunto político".
Respecto a las palabras del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de no prejuzgar las expulsiones de gitanos rumanos realizadas por Francia hasta que la Comisión Europea lo investigará, Naïr dijo que, a su juicio, fue "por solidaridad dentro del marco europeo".
"España necesita el apoyo de Francia, de Europa", matizó.

Puxeu asegura que las críticas del PP hacia la ministra Aguilar por el tomate "rayan la demagogia"

MURCIA.- El secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, ha asegurado que las acusaciones del PP de la Región de Murcia a la ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino, Rosa Aguilar, sobre el tomate, "rayan la demagogia". 

   Puxeu ha salido al paso de las declaraciones del portavoz parlamentario del PP en la Asamblea Regional, Juan Carlos Ruiz, quien acusó a la ministra de "venderse por sillón ministerial" y "traicionar" lo que solidariamente apoyó como miembro del Gobierno andaluz, que suscribió el 4 de octubre en contra de nuevos cupos de importación de tomate marroquí a la UE.
   A juicio de Puxeu, "buscar la bronca política con algo que el PP cuando estaba en el Gobierno defendía y aplaudía raya la demagogia". Otra cosa, subrayó, "es la defensa legítima de los productos del tomate para mejorar su posición", que pasa, explicó, "por la buena defensa del tomate español y una buena línea de apoyo para mejorar su competitividad". Ésa, recalcó "es nuestra posición y no hay ningún cambio, ni mucho menos".
   En este sentido, Puxeu explicó que los acuerdos euromediterráneos son un tema muy amplio y complejo "con amplísimas repercusiones económicas y sociales, todas ellas favorables para el espacio euromediterráneo".
   Y dentro de estos acuerdos, indicó, "que son bien enviados desde la Conferencia de Barcelona y se han ido reanudando y rehabilitando en el año 95 y 2003".
   De hecho, en el año 2003, "el vicepresidente Javier Arenas y el ministro Miguel Arias Cañete aseguraban que eran favorables para la economía española y especialmente para la andaluza", ha recordado.
   Pero, indicó, "ahora nos encontramos ante un proceso de finalización de negociaciones por parte de la UE, los países ribereños y en caso abierto con Marruecos".
   Se han declarado una serie de productos sensibles, frutas y hortalizas, especialmente tomates, y esa producción en España mantiene la posición de liderazgo con 4,6 millones de toneladas de producción.
   Dentro del renglón de frutas y hortalizas, continuó, "nuestro producto interior y exportaciones se acerca a los 18.000 millones de euros, y el tomate es una producción muy importante en volumen, y está muy focalizada en zonas con empresas muy competitivas y potentes en Almería, Granada, Murcia y Alicante".
   Por su puesto, señaló, "hemos defendido y defendemos en nuestros acuerdos esta singularidad y esta situación sensible para esa producción pidiendo un mayor volumen --que está pendiente de ratificación por el Parlamento Europeo--, con un incremento de 50.000 toneladas en un periodo determinado y con unos precios de entrada que respeten las producciones españolas".
   Además, concluyó, "tratamos de avanzar en un plan de apoyo y mejora de competitividad al sector del tomate español y para ello ya se ha aprobado, en conferencia sectorial, dotar de un presupuesto especial con fondos nacionales para hacer más competitivas las producciones españolas".

El TSJCV se declara competente en las querellas del PP contra Ángel Luna

VALENCIA.- El Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) se ha declarado competente para hacerse cargo de las dos querellas presentadas por el PP contra el portavoz socialista en las Cortes, Ángel Luna, por supuesta revelación de secretos y por presunto cohecho.

La primera querella contra el portavoz socialistala presentó el PP por esgrimir durante una sesión un documento del sumario del caso Gürtel que estaba bajo secreto de sumario. La Sala de lo Civil y Penal se hace cargo así de la causa que investigó del Juzgado de Instrucción número 19 de Valencia, al que le pide las diligencias. En un comunicado, el TSJCV explica que pedirá la certificación de la condición de diputado de Luna y de su condición de portavoz. "El magistrado instructor decidirá en su momento sobre la personación instada por quienes han presentado la querella", añade.
El PP decidió presentar la querella contra Luna por exhibir en un pleno de las Cortes del pasado mayo un informe de la Brigada de Blanqueo de la Policía sobre la adjudicación de contratos por parte de RTVV en la visita del Papa a Valencia en 2006, en el marco de la investigación del caso Gürtel. Según el PP, el documento aún estaba bajo secreto de sumario en ese momento.
Tras conocer esta decisión de la Sala de lo Civil y Penal, Luna ha manifestado que se encuentra a la "entera disposición" del TSJ valenciano y ha subrayado que va a estar incurso en un procedimiento judicial "por denuncia de una colla de imputados encabezados por el propio presidente" de la Generalitat, Francisco Camps. "A mí no me denuncian los jueces, ni los fiscales ni la policía", ha remarcado. También ha censurado Luna que los populares "no paran de descalificar a los fiscales, a los jueces y a los policías", mientras que él respeta "profundamente" la actuación de los tribunales, y en concreto del TSJ valenciano. "Hay una denuncia que tiene que ser instruida, esa denuncia me afecta a mí y, por tanto, como aforado tienen que instruirla ellos; soy totalmente respetuoso y desde este momento me declaro a su entera disposición para lo que quieran disponer en relación con mi persona", ha añadido el portavoz socialista.
La Sala de lo Civil y Penal también se ha declarado competente para investigar a Luna en relación con la segunda querella del PP por un supuesto delito de cohecho durante su etapa como alcalde de Alicante, entre los años 1991 y 1995. El PP acusa a Luna de haber aceptado que empresas del promotor Enrique Ortiz se hicieran cargo de una reforma en su casa por valor de 698.600 de las antiguas pesetas como supuesta compensación por favores que le habría realizado mientras fue alcalde. La reforma del piso se hizo cuando Luna ya no ejercía ningún cargo público.En esa misma querella, el PP acusa a Luna de prevaricación por presuntas irregularidades en los procesos de licitación pública durante su etapa como alcalde, pero el TSJ rechaza esta acusaciónpor entender que del relato de los hechosno se desprende indicio alguno de ese delito.
El TSJ pide 9.000 euros, a pagar de forma solidaria, para que el PP pueda personarse como acusación popular en la causa.

Nuevas revelaciones del 'caso Brugal'

ALICANTE.- Las conversaciones grabadas por la policía a Enrique Ortiz, todopoderoso empresario y promotor inmobiliario en la Comunidad Valenciana implicado en los casos de corrupción Gürtel y Brugal, han destapado nuevos indicios delictivos en la adjudicación de contratos por parte de varias consejerías del Gobierno de Francisco Camps y por el Ayuntamiento de Alicante bajo el mandato del anterior alcalde, Luis Díaz Alperi, ambos del Partido Popular.

En las conversaciones, a las que ha tenido acceso 'El País', se detallan diversas gestiones de Enrique Ortiz con personas muy próximas al Gobierno valenciano para negocios pagados con dinero público.
- Juzgados de Valencia. En una de las conversaciones, correspondiente a 2008, Ortiz habla con Alberto de Rosa, hermano de Fernando, entonces consejero de Justicia valenciano y hoy vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial. Alberto de Rosa le pregunta a Ortiz por qué no se ha presentado al concurso de construcción de la Ciudad de la Justicia de Paterna y este le responde que porque creía que Lubasa era la empresa que podía llevarse el mismo. El hermano del consejero le dice que Lubasa está en Villareal y ambos quedan para comer y Ortiz le dice: "Voy a dar la orden a partir de ahora de que nos presentemos a todo lo que salga". El hermano del consejero le contesta: "Perfecto". Tras esta conversación, Ortiz habla con un subordinado de su empresa y le reprocha que no se hayan presentado al concurso de Paterna con la siguiente advertencia: "Tenemos que presentarnos, de las consejerías, a toda la Comunidad, a las diputaciones igual. A lo de la Comunidad tenemos que presentarnos a todo. ¿No ves que tenemos reparto? Y aquí nos toca. ¡Madre mía, madre mía!".
- Concurso eólico. Enrique Ortiz pretende sacar tajada del concurso de parques eólicos de la Comunidad Valenciana y llama al dueño de la empresa Sedesa, Vicente Cotino, hermano del consejero valenciano Juan Cotino, para preguntarle si se presentan al concurso con Diversia. Pero Cotino, que parece tener información privilegiada sobre ese proyecto multimillonario, le desanima: "Olvídate". Ortiz le insiste: "¿Eso no se puede amañar, o qué?". Y Cotino le informa de que está "todo el pescado vendido", que el concurso está adjudicado de antemano porque se "ha comprometido el presidente", y aunque se presentarán diversas empresas, como Endesa o Acciona, se adjudicará a Iberdrola, que irá con Bancaja.
- Plan Rabassa de Alicante. El alcalde de Alicante en 2008, Luis Díaz Alperi, del PP, apremia al empresario Enrique Ortiz para sacar adelante el Plan Rabassa, la mayor operación urbanística en la ciudad de Alicante con el desarrollo de 13.500 viviendas en la periferia.
Por la conversación se deduce que el Ministerio de Fomento tiene en sus manos la aprobación definitiva del proyecto y falta la autorización del director general de Carreteras. A este proyecto se opuso la Delegación del Gobierno, porque no estaba garantizado el suministro de agua para la nueva población de las 13.500 viviendas, y también el PSOE. El regidor Díaz Alperi mete prisa a Ortiz: "Enrique, el tema de Rabassa hay que espabilarlo por Dios". Y el promotor inmobiliario le cuenta que ha quedado con "Chema Pajín", padre de la actual ministra de Sanidad, que entonces trabajaba como asesor en la Subdelegación del Gobierno, "a ver si me hace una gestión". El alcalde de Alicante le contesta: "Bueno, pues que Leire coja y hable con el director general y ya está".
La actual ministra y entonces secretaria de Organización del PSOE, afincada familiarmente desde hace años en Benidorm (Alicante), se mostró anoche muy tranquila sobre el contenido de estas conversaciones. Pajín sí quiso dejar claro que como diputada y destacada dirigente socialista de Alicante ha tenido durante años muchos encuentros y contactos con el alcalde popular, sobre muchos temas, especialmente en su época de secretaria de Estado de Cooperación. Pero negó tajantemente que jamás haya hecho ninguna gestión a favor del regidor, ni mucho menos del empresario Enrique Ortiz, y matizó que siempre ha sido contraria al denominado Plan Rabassa.
Sobre la mención en las conversaciones entre Ortiz y Díaz Alperi a su padre, la ministra comentó que en esa época su progenitor era asesor de la Subdelegación del Gobierno.
Previamente a esas conversaciones sobre la familia Pajín, Ortiz también habló con sus colaboradores sobre la manera de premiar a un cargo de la Dirección Provincial de Carreteras, dependiente de Fomento, para que ayudase en las autorizaciones necesarias para sacar adelante el Plan Rabassa.

"Me ha llamado mi hermano..."

Alberto de Rosa es director general de Ribera Salud, una empresa privada que gestiona cinco hospitales públicos de la Comunidad Valenciana. En junio de 2008, Alberto de Rosa, hermano de Fernando de Rosa, entonces consejero de Justicia, habla con Enrique Ortiz:
Alberto de Rosa. Me ha llamado mi hermano y me dice, oye, que no se ha presentado Enrique a Paterna.
Enrique Ortiz. En Paterna... ¿A qué provincia pertenece Paterna?
A. de R. A Valencia.
E. O. ¿De cuánto era la obra?
A. de R. No lo sé, de 10 u 11 millones.
E. O. Eso es lo que me dijiste que estaba muy bien Lubasa.
A. de R. No, ese era Villareal.
E. O. Ostias.
A. de R. No pasa nada, oye.
E. O. Vamos a quedar, yo voy a dar orden a partir de ahora que todo lo que salga que nos presentemos.
A. de R. Perfecto.
E. O. Tenemos que quedar la semana que viene y comemos los tres.
A. de R. Vale, perfecto.
Ortiz habla luego con uno de sus empleados al que le explica: "Yo le llamo a Alberto de Rosa para comer con su hermano para pedir alguna de las adjudicaciones. Me dice, el de Villareal es para Lubasa pero el de Paterna puede ser, y ahora me llama y me dice, si no te has presentado. Le voy pidiendo y no me presento. Tócate los cojones. Y ahí tenemos un huevo de posibilidades, tenemos que presentarnos a todo. ¿No ves que tenemos reparto? Y aquí nos toca. ¡Madre mía, madre mía!... Alberto, que nos llevamos de puta madre, me dice, pero Enrique ¿Cómo puede ser esto? Se ha quedado alucinado."

"Está el pescado vendido ya"

El 13 de junio de 2008, Enrique Ortiz llama a Vicente Cotino, hermano del consejero valenciano Juan Cotino. Ambos son empresarios, adjudicatarios de múltiples contratos de la Administración valenciana. Ortiz le pregunta si se presentan al concurso de los parques eólicos con Diversia.
Vicente Cotino. Olvídate.
Enrique Ortiz. ¿Eso no se puede amañar o qué?
V. C. Está todo el pescado vendido.
E. O. Ya, pero, y ¿quién está? ¿Quién está metido ahí?
V. C. Iberdrola, para él.
E. O. ¿Todo?
V. C. Sí.
E. O. ¿Y nada para nadie?
V. C. Es que van a traer a Iberdrola Renovables y se ha comprometido el presidente.
E. O. Entonces no hay ni que pensar en eso.
V. C. Nada, no pierdas ni un minuto.
E. O. Es que me ha llamado gente de Eólicos de Castilla-La Mancha.
V. C. Nada, tú diles que no, que es mucha inversión o lo que quieras, pero eso está vendido el pescado.
E. O. ¿No vamos a ir nadie?
V. C. Irá Endesa, irá Acciona, irán los que tengan que ir, pero de acompañamiento.
E. O. ¿No hay manera de que nos metan en ningún lado a nadie?
V. C. Nada. De todas formas, yo el lunes he quedado con José Luis. Si quieres se lo digo, pero imposible.
E. O. Hombre, Diversia deberíamos. Yo, yo lo digo porque ¿quieres que le diga yo algo a Mario?
V. C. No, Mario no pinta nada ahí.
El concurso eólico fue adjudicado en junio del año siguiente a la empresa Iberdrola Renovables.

Esquerra Unida se personará en el 'caso Brugal'

VALENCIA.- La diputada y coordinadora general de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), Marga Sanz, ha anunciado que su formación se personará en el caso Brugal "en lo que afecta al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, "para estudiar qué está sucediendo" y si ha habido tratos de favor al promotor Enrique Ortiz por parte de cargos del PP, como sostiene el fiscal. EU pedirá, además, la paralización del planeamiento, que aún no está aprobado definitivamente.

Sanz ha exigido al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que dé explicaciones sobre las últimas informaciones publicadas con conversaciones de implicados en el caso Brugal, ya que, en su opinión, "ha llegado a extremos que exigen una explicación inmediata de lo que está sucediendo". Se trata de "hechos gravísimos donde se implica a la cúpula del PP en Alicante" y "esto está salpicando al conjunto del PP y de las instituciones y exige una respuesta", ha remarcado la coordinadora general de EU. La investigación de la fiscalía "exige una explicación del presidente por la dimensión que está tomando este caso y que excede lo que en estos momentos podría ser contestado por un consejero, alcaldesa u otra persona de la administración valenciana", ha subrayado Sanz.
La pieza separada del caso Brugal que afecta al plan urbano de Alicante implica a una veintena de personas por cohecho, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada, entre ellas la alcaldesa, Sonia Castedo; su antecesor, Luis Díaz Alperi, y cargos de la CAM y Bancaja. En el centro de la trama, el fiscal sitúa al promotor y máximo accionista del Hércules, Enrique Ortiz, que también está imputado en el caso Gürtel por supuesta financiación ilegal del PP.

Ortiz pagó al hijo de Alperi las acciones de una empresa

ALICANTE.- El promotor y máximo accionista del Hércules, Enrique Ortiz, colmó con una extensa lista de regalos al ex alcalde de Alicante y ahora diputado autonómico, Luis Díaz Alperi, del PP, para garantizarse un trato de privilegio en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), según recoge el escrito del fiscal Anticorrupción sobre esta pieza separada del sumario general del caso Brugal y plasma 'El País'. 

Ortiz, que posee de manera directa el 25% del suelo urbanizable de Alicante y hasta el 70% con unión con otras firmas, es el cabecilla de esta trama, según el fiscal y la policía. El regalo más destacado de Ortiz a Alperi fue, según el fiscal, el pago de la cuota de constitución de la empresa Verass Operadores a Otto Luis Díaz Alperi, hijo del ex primer edil.
En esta causa, aún bajo secreto del sumario y que dirige el Juzgado número 5 de Alicante, el fiscal acusa a un total de 21 personas. Estas diligencias están en el DVD que el instructor del sumario general, Carlos San Martín, titular del Juzgado número 3 de Orihuela, entregó el viernes a las partes. Ayer, San Martín dictó una providencia exigiendo la devolución del DVD y la destrucción de las copias.
La lista de acusados en esta causa está encabezada por Ortiz, seguido de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, y Luis Díaz Alperi, por los delitos de cohecho, revelación de información privilegiada y tráfico de influencias. También están implicados el ex presidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Vicente Sala, y el director de inversiones inmobiliarias de la entidad, Daniel Gil y, junto a ellos, Juan Zurita y José Cortina, directores generales adjuntos de Bancaja. Los cuatro están acusados de aprovechamiento de información privilegiada. La implicación de estos altos ejecutivos de la CAM y Bancaja estaría relacionada con la compra de suelo rústico en zonas protegidas para luego trasladar los aprovechamientos urbanísticos a otras áreas urbanizables de la ciudad.
Entre el resto de los 21 imputados, sobresale María Manuela Carratalá, esposa de Ortiz, en este caso por cohecho, el hermano de la alcaldesa, José Luis Castedo, y el ex concejal socialista Javier Gutiérrez, estos por los delitos de tráfico de influencias y revelación de información privilegiada.
El resto dádivas que supuestamente recibió Luis Díaz Alperi del promotor Ortiz son éstas: gestión y posible pago de un viaje a la isla de Creta en jet privado, posible abono de determinadas viviendas a los tres hijos del ex alcalde a través de una sociedad interpuesta, finalización de una promoción de viviendas promovidas por Otto Alperi, pago de un palco para seis personas en el estadio Rico Pérez y posible entrega de una "cantidad grande" de dinero por parte de la esposa del contratista.

Zaplana dice sentir "gran tristeza" por la situación en la Comunidad Valenciana

MADRID.- Eduardo Zaplana ha vuelto por un rato a la arena pública. Y lo ha hecho para criticar con dureza la situación que se vive en la Comunidad Valenciana, que él gobernó desde 1995 hasta 2002. Cuando se fue, le sucedió el que entonces era su fiel seguidor y después su principal rival político, Francisco Camps. Zaplana ha señalado, preguntado por la riada de escándalos de corrupción que estallan en su comunidad, que siente "una gran tristeza por la situación que están recogiendo los medios de comunicación y que todos conocemos", recoge 'El País'.

Nadie en el PP, mucho menos ningún miembro de la dirección de Mariano Rajoy, ha hablado tan claro sobre la situación en esa comunidad. Rajoy sigue, pese a todo, y a las nuevas conversaciones que evidencian los tejemanejes del empresario Enrique Ortiz con hermanos de varios consejeros de Camps para obtener adjudicaciones, apoyando a Camps como candidato. "La Comunidad Valenciana es puntera, y en los últimos años ha sabido estar en el liderazgo del crecimiento, siempre ha estado en la vanguardia en épocas de crecimiento, y la verdad es que en un momento de crisis como este, las imágenes que nos acompañan cada día desearía que no fueran las que son. Con la crisis, es el momento de la política con mayúsculas, de los políticos, del liderazgo. Y me quedo en la superficie, no identifico responsables, causas ni razones, pero no me gusta la situación", ha sentenciado Zaplana durante un almuerzo organizado por Nexos, en el que se le entregaba un premio al mejor ministro de Trabajo de la democracia.
Zaplana, ya liberado de la responsabilidad política como ex miembro de la cúpula del PP, no ocultó su enemistad con Camps. Se le preguntó qué haría si él fuera en este momento presidente de la Generalitat. "No estoy en las mejores condiciones para dar ningún consejo [a Camps], para qué vamos a ser hipócritas".
Zaplana evitó criticar a Rajoy y su nueva línea política, pero sí reivindicó el tipo de oposición que se hizo cuando él era portavoz parlamentario, de la que ahora el propio líder del PP, que entonces también era el máximo responsable, quiere alejarse. "Fue una época muy difícil. Habíamos perdido las elecciones. Pero no debíamos estar tan desacertados cuando en 2008 sacamos el mejor resultado en votos de la historia del PP, y eso que habíamos perdido cuatro años antes. Hoy les toca a otros tomar las decisiones, y les deseo la mejor de las suertes".
Utilizando en todo momento un tono suave, Zaplana, que hablaba en una sala con dos docenas de diputados, entre los que estaban los más cercanos al ex portavoz como Carlos Aragonés, Miguel Ángel Cortés y Vicente Martínez Pujalte y otros muchos, evitó criticar al Gobierno y mantuvo una línea muy distinta a la oficial. Incluso admitió que la congelación de las pensiones era casi inevitable porque el Gobierno necesitaba "tomar decisiones duras para que se le tome en serio" y los mercados internacionales crean que está dispuesto a hacer recortes, aunque señaló que se podría haber evitado este recorte, y otros, si se hubieran tomado antes las decisiones.

Ortiz buscó la intermediación del padre de Pajín para la aprobación de un plan urbanístico en Alicante

ALICANTE.- El empresario alicantino Enrique Ortiz, imputado en el marco de la operación 'Brugal', buscó la intermediación del político alicantino José María Pajín, padre de la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, para que consiguiera la firma del director general de Carreteras del Ministerio de Fomento, necesaria para la aprobación final del Plan Rabassa de Alicante.

   En una conversación entre Ortiz y el entonces alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, recogida en un informe policial en el sumario del caso Brugal al que ha tenido acceso Europa Press, el empresario, preguntado por cómo van los trámites para la aprobación final de este plan urbanístico, señala que ha quedado con "Chema Pajín" para que le haga "una gestión" respecto a la firma del director general de un informe "hecho desde Alicante".
   Asimismo, el alcalde de Alicante, quien, según indica el informe policial, "parece conocer" al político, dice a Ortiz: "pues que Leire coja y habla con el director general y ya está", a lo que el empresario responde: "estoy en ello, eso estoy ahí a ver si me lo hacen ya".
   El informe policial recoge que en la conversación Díaz Alperi muestra su "inquietud" y su "intención" de que se arreglen todos los asuntos pendientes acerca del plan parcial. "Enrique, el tema de Rabassa hay que espabilarlo, por Dios", dice el ex alcalde alicantino.
   En ese momento, el único documento que faltaba para la aprobación del plan era el informe del Ministerio de Fomento, firmado por el director general de Carreteras, según recoge el informe incluido en el sumario del caso 'Brugal'.
   Asimismo, las conversaciones telefónicas recogidas en el informe policial del caso 'Brugal' en torno al empresario Enrique Ortiz revelan sus contactos con Alberto De Rosa, hermano del entonces conseller de Justicia y Administraciones Públicas y actual vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa, para conseguir adjudicaciones en las infraestructuras del área judicial.
   Así, en una conversación mantenida en junio de 2008, Alberto De Rosa advierte al constructor que no se ha presentado al concurso para el proyecto de estructura, instalaciones, obras y equipamientos de la sede judicial de Paterna (Valencia), que salió a licitación por 10,7 millones de euros, rubricado por el propio Fernando De Rosa.
   A continuación, Alberto De Rosa le explica: "me ha llamado mi hermano y me dice que no se ha presentado Enrique en Paterna". Ortiz no recuerda de qué concurso se trata y se pregunta si no era éste el concurso que el propio Alberto le dijo que Lubasa "estaba muy bien", a lo que su interlocutor le aclara que ése otro era el "de Villareal".
   Ortiz muestra su intención de presentarse "a todo lo que salga", y habla de quedar a "comer los tres". Instantes después de concluir esta conversación, el constructor alicantino habla por teléfono con el director de su empresa para informarle de que no han concurrido al concurso de Paterna.
   "Yo le llamo a Alberto De Rosa, que vamos a comer con su hermano para pedir alguna de las adjudicaciones (...) Le voy pidiendo y no me presento", comenta Ortiz, Y ahí tenemos un huevo de posibilidades, tenemos que presentarnos, de las Consellerias, a todas la Comunidad, las Diputaciones igual ¿No ves que tenemos reparto?. Y aquí nos toca".

José María Pajín dice que no ha mediado entre Ortiz y Fomento en el Plan Rabasa

ALICANTE.- El político alicantino José María Pajín, padre de la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, ha asegurado que no ha mediado en el Plan Parcial Rabasa entre el empresario alicantino Enrique Ortiz y el director general de Carreteras del Ministerio de Fomento.

   En una entrevista concedida este miércoles a la Cadena Ser, José María Pajín ha indicado que Ortiz le pidió "por medio de otra persona" que tomara "un café" con él, a lo que accedió sin "muchas ganas".
   "Todavía estando yo jubilado, por medio de otra persona me pidió tomar un café y aunque no tenia muchas ganas accedí a escucharlo", ha señalado José María Pajín.
   Además, Pajín ha indicado que en su encuentro, Ortiz le planteó que "tenía un problema de carreteras" y que "le maltrataban mucho los ministerios" y que "se sentía dolido" por esto, puesto que "le trataban mal".
   "Yo le dije que no me lo creía y que estaba jubilado" ha destacado Pajín, quien ha señalado que en la fecha de esa reunión "supone" que el Plan Rabasa "estaba aprobado".
   "Estoy acostumbrado a recibir personas y a escuchar que si la Administración no agilizaba proyectos de carreteras, se iban paralizando otros proyectos de muchas ciudades", ha afirmado Pajín.

Un informe policial revela conversaciones entre Vicente Cotino y Ortiz sobre la adjudicación del Plan Eólico

ALICANTE.- Un informe policial integrado en el caso 'Brugal' recoge una conversación entre el empresario Enrique Ortiz y Vicente Cotino,  hermano del conseller de Bienestar Social Juan Cotino, en la que el segundo explica que en este concurso "el pescado está vendido ya" porque "el presidente se ha comprometido con Iberdrola Renovables".

   Entre los miles de folios que recogen la investigación policial del caso incluyen las conversaciones mantenidas por Enrique Ortiz, imputado en la causa, con varios interlocutores para interesarse por la adjudicación del Plan Eólico de la Generalitat Valenciana en 2008.
   Ortiz es socio de 'Diversia Concesiones y Servicios SL', presidida por el hijo de Vicente Cotino, el empresario alicantino le propone concurrir al concurso con su compañía. No obstante, su interlocutor le pide que "se olvide del asunto. ¿Por que?, es por, ¿Eso no se puede amañar o qué", le replica Ortiz.
   Vicente Cotino insiste en que se "olvide", porque "está el pescado vendido ya", pero ante la insistencia del empresario por conocer "quién está metido ahí", Cotino le explica que "se lo adjudicarán a Iberdrola", porque "van a traer aquí Iberdrola Renovables y se ha comprometido el presidente".
   Al respecto, le detalla además que "irán Endesa y Acciona, irán los que tiene que ir, pero de acompañamiento", y poco después añade que "irá Bancaja con Iberdrola pero porque es otro acuerdo global".
   Ante esta situación, Ortiz le pregunta si quiere que él mismo "le diga algo a Mario" --en referencia al conseller de Infraestructuras y Transporte, Mario Flores--, y su interlocutor le aclara que "Mario no pinta nada ahí" y le pide que no le diga nada a Mario porque lo mete "en un aprieto".

Castedo pide al juez que levante el secreto de sumario y que le permita aportar documentación

ALICANTE.- La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ha solicitado al titular del juzgado de Instrucción nº 5 de Alicante --que lleva la parte del 'caso Brugal' relativa al PGOU de la ciudad-- que "levante cuanto antes el secreto de las actuaciones" y que le permita aportar "toda la documentación" que acredita "la legalidad" del planeamiento urbanístico, con la finalidad de poderse "defender" del "linchamiento mediático" que se está produciendo.

   Sonia Castedo ha hecho estas declaraciones este miércoles en Alicante, a la salida de los juzgados a los que ha acudido para presentar un escrito con la intención de poder defenderse "ante las acusaciones y las interpretaciones que provocan que mediáticamente se pueda juzgar a una persona".
   En el escrito presentado, Castedo ha indicado que "a la vista de las informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación", solicita al Juzgado "que se proceda a levantar cuanto antes el secreto de las actuaciones", con el fin de "preservar los legítimos derechos constitucionales de todo ciudadano que depara el artículo 24 de la Constitución Española --derecho a la tutela judicial efectiva sin que se pueda producir indefensión--, para evitar un "linchamiento mediático, así como acusaciones mediáticas, sin ser formalmente y al día de hoy, parte en las actuaciones judiciales".
   Asimismo, Castedo solicita al titular del juzgado que "de ser ciertas las sospechas y acusaciones que aparecen en los medios de comunicación contra mi persona y referentes a unos informes policiales que la Fiscalía contra la corrupción de Alicante hace suyos", le permita "aportar toda la documentación que acredita, sin ningún género de dudas, las erróneas interpretaciones de los informes citados, así como de las conversaciones telefónicas, ya que todos los documentos referentes al Plan General de Ordenación Urbana de Alicante son y han sido siempre públicos".
   Del mimo modo, la alcaldesa pide adjuntar "toda la restante documentación" para "acreditar debidamente la legalidad de todas y cada una" de sus actuaciones.
   Una vez presentado el documento en el juzgado, la alcaldesa ha asegurado que "solamente es la justicia la que puede juzgar a las personas" a lo que ha añadido que "ante los intentos mediáticos de determinadas personas de intentar hacer daño, la justicia debe estar también para proteger".
   "Solo quiero que me dejen defenderme y es lo que he venido a pedir aquí", ha indicado Castedo, quien ha señalado que se está pretendiendo un "linchamiento mediático", puesto que se han publicado "interpretaciones sobre determinadas conversaciones", mediante las que "los medios intentan dar a entender que se benefició a Enrique Ortiz".

Lorente dice que está "tranquila" ante el levantamiento del secreto de 20.000 folios del sumario

ALICANTE.- La alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, ha asegurado que está "tranquila" ante el levantamiento del secreto de 20.000 folios que forman parte del 'caso Brugal', y ha señalado que la aparición de su nombre en estos informes "políticamente no favorece, e igual se ha hecho por eso". 

   Mónica Lorente ha realizado estas declaraciones durante la visita a las obras del nuevo retén de la Policía Local oriolana en la pedanía de San Bartolomé.
   "Políticamente no favorece, igual, se ha hecho por eso", ha dicho la alcaldesa sobre la aparición de su nombre en los informes de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante. Además, ha indicado que el caso "será un proceso largo" en el que se irá comprobando "quién escribe los guiones de estas historias".
   La alcaldesa ha manifestado que "confía plenamente en la Justicia" y ha señalado que se niega a creer que "en pleno siglo XXI ocurran esta cosas".
   "Quiero que alguien profundice en estos escritos, porque cuando se dice indicios es que pueden ser o no ser", ha indicado Lorente, quien ha señalado que "en otro escrito, la Fiscalía se cura en salud" y ha avanzado que irá informando "de todos los pasos que se den".

Ripoll considera "evidente" la existencia de connotaciones políticas en el caso Brugal

ALICANTE.- El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, considera "evidente" la existencia de connotaciones políticas en el 'caso Brugal', puesto que, a su juicio, los informes policiales son "malintencionados, sesgados y falsos".

   José Joaquín Ripoll ha realizado estas declaraciones este miércoles en una rueda de prensa en Alicante, donde ha presentado sobre las iniciativas de pago que ofrece 'Suma' a los ciudadanos para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
   El presidente de la institución provincial, imputado en el marco de la 'operación Brugal', ha declinado hacer declaraciones sobre las nuevas informaciones publicadas, porque, según ha indicado, "no ha variado nada" desde el levantamiento parcial del sumario.
   "No se ha producido ningún movimiento nuevo desde el levantamiento del sumario", ha señalado Ripoll, quien se ha negado a "hacer juicios de valor sobre valoraciones interpretaciones", en su opinión, "subjetivas, que en algunos casos son malintencionadas, en otros casos sesgadas, en otros casos son falsas y se contienen en los informes policiales" y en "los informes y las peticiones del fiscal en algunos casos".
   Asimismo, el presidente de la Diputación ha indicado que todavía no tienen la competencia de que juzgado va a juzgar las diferentes tramas surgidas de la 'operación Brugal'. "Si en algún momento el juez considera que debo aclarar algo, seré el primero en facilitarle toda la información que el juez quiera", ha apuntado.
   Preguntado por la rueda de prensa este lunes de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, sobre las presuntas irregularidades en la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, Ripoll ha opinado que fue una decisión "correcta", que sólo "le compete a ella".
   "Yo soy partidario de dar explicaciones", pero no "todos los días", ha asegurado el también concejal del Ayuntamiento de Alicante, quien ha señalado que el plan urbanístico "estuvo elaborándose mucho tiempo".