lunes, 15 de noviembre de 2010

La venta de coches cae un 40% en la Comunitat Valenciana en la primera quincena de noviembre

VALENCIA.- La venta de coches cayó un 39,6 por ciento en la Comunitat Valenciana en las dos primeras semanas de noviembre respecto al mismo periodo del año anterior, con un total de 1.904 matriculaciones, según datos de la consultora MSI para la Federación de Asociaciones de Concesionarios de Automoción (Faconauto).

   En España, se matricularon 21.146 vehículos en la primera quincena de noviembre, lo que supone un retroceso del 30,8 por ciento en comparación con el mismo período de 2009. La patronal de los concesionarios sostiene que estos datos confirman la debilidad del mercado automovilístico, que encadena cinco meses consecutivos de caídas, tras el final de las ayudas oficiales a la compra de coches.
   Faconauto expresa su especial preocupación por la evolución de las ventas a particulares, que se hunden un 44,5 por ciento en las dos primeras semanas de noviembre y se sitúan en 12.559 unidades, lo que supone 10.000 coches menos que en el mismo período de 2009.
   Por su parte, las ventas a empresas y 'rent a car' crecen un 8,2 por ciento entre el 1 y el 14 de noviembre, con 8.587 unidades, aunque Faconauto precisa que son ventas "forzadas", que no responden a la realidad del mercado y que se producen principalmente en Madrid y Cataluña, que aglutinan el 50 por ciento de las operaciones.
   Por comunidades autónomas, la caída más fuerte corresponde a Asturias (-47,9%), seguida de Cantabria (-46,8%), Galicia (-45,2%), País Vasco (-44%), Extremadura (-43%), Navarra (-42,6%), Castilla-La Mancha (-41,2%) y Comunitat Valenciana (-40%).
   Igualmente, se ven caídas por encima del 30 por ciento en La Rioja (-39,6%), Castilla y León (-39,4%), Baleares (-35,6%), Región de Murcia (-34,2%), Andalucía (-32,4%) y Cataluña (-30,8%).
   Por su parte, las comunidades autónomas que registran las menores caídas son Aragón (-28,7%) y la Comunidad de Madrid (-14,1%), mientras que Canarias sube un 13,5 por ciento por el fuerte tirón de los canales de alquiladores y empresas, que sube un 102,7 por ciento.
   Los concesionarios analizarán esta fuerte caída del mercado el próximo miércoles, en el marco de su XIX Congreso Nacional, que contará con la presencia de expertos en el sector del automóvil, representantes de los partidos políticos y directivos de empresas automovilísticas.

El BOE publica la admisión del recurso de inconstitucionalidad del Gobierno contra la Ley de Función Pública valenciana

VALENCIA.- El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este lunes la decisión del pleno del Tribunal Constitucional (TC) de admitir a trámite el recurso interpuesto por el Gobierno central contra un artículo de la Ley de Ordenación y Gestión de la Función Pública de la Generalitat valenciana.

   El tribunal ha acordado además la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados para las partes desde la fecha de interposición del recurso --el 15 de octubre--, y para los terceros desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el Boletín Oficial del Estado.
   Este recurso fue presentado al considerar que los preceptos impugnados resultaban contrarios al orden constitucional de la distribución de competencias, pues no se encontraban previstos en la legislación estatal.
   En concreto, el Gobierno entendía que esta normativa vulneraba la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, contravenía la competencia estatal en materia de Seguridad Social, y suponía una ruptura de la regulación jurídica y del régimen económico del sistema de Seguridad Social.
   La Ley del Estatuto Básico recoge el derecho a la excedencia para la atención del hijo o familiar consanguíneo o afín hasta el segundo grado inclusive, mientras que la disposición valenciana incorpora también al cónyuge, pareja de hecho o persona que se encuentre legalmente bajo la guardia o custodia del trabajador, atribuyendo a la ampliación efectos económicos en materia de Seguridad Social, pues asimila el periodo de disfrute de dicha excedencia a la situación de alta en Seguridad Social, cuando es el Estado el "único" que puede hacerlo, según dijo el Gobierno.
   Ahora, el TC, tras estudiar el recurso, ha decidido admitirlo y dar traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso y al Senado, al Gobierno valenciano y a las Corts, para que puedan personarse en el proceso y formular sus alegaciones en el plazo de 15 días.
   Por su parte, la Generalitat valenciana acusó, tras conocer esta resolución, al Ejecutivo estatal de querer "recortar los derechos sociales de los empleados públicos de la Comunitat" y confirmó que presentará las correspondientes alegaciones.

Observatorio CAM dice que la propuesta de prejubilaciones del SIP "no resiste la comparación" con el modelo de la caja

ALICANTE.- El Observatorio CAM de Prejubilaciones, colectivo de empleados de Caja Mediterráneo que agrupa a 515 trabajadores mayores de 55 años, considera que la propuesta de prejubilaciones del sistema institucional de protección (SIP) con Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria "no resiste la comparación con el modelo CAM", ya que el porcentaje ofertado "cae claramente siete puntos porcentuales sobre lo que perciben o han percibido" los anteriores prejubilados.

   Así lo ha señalado en un comunicado este colectivo, que agrupa al 65 por ciento de los trabajadores afectados, y que considera como "sistema de prejubilaciones aceptable, aquél que no resultara inferior, en términos económicos de comparación, al aplicado en CAM en tres ocasiones distintas entre 1994 y 2005".
   En este sentido, las mismas fuentes han indicado que "la primera propuesta, considerada seria, de la patronal" supone un descenso de siete puntos porcentuales y representará para CAM "un ahorro del 20 por ciento" en relación con la oferta realizada entre 1994 y 2005.
   Por este motivo, desde el Observatorio han remarcado que la propuesta de prejubilaciones del SIP "no resiste la comparación con el modelo CAM de prejubilaciones" y han instado a los responsables de la caja a "exponer ante el resto de cajas y su representante en la mesa de negociación, el gabinete Sagardoy, el modelo CAM de prejubilaciones" para "no trabajar en propuestas inferiores".
   Han indicado que la propuesta plantea un "modelo de desvinculación --ERE--, indemnización calculada sobre el 80 por ciento del salario bruto, período de cálculo hasta la edad de 64 años, sin mantenimiento de beneficios sociales, y con aportaciones a plan de pensiones idénticas a las aplicadas en anteriores procesos de prejubilación".
   Según han explicado, esa oferta incluye "informaciones sesgadas que sitúan el porcentaje neto resultante para el prejubilable en ilusionantes niveles próximos o por encima del 90 por ciento del salario neto previo a la prejubilación, merced, principalmente, al efecto de los beneficios fiscales que el modelo ERE posibilita".
   Han remarcado, no obstante, que tras realizar el análisis económico de la propuesta y cuantificar los conceptos de los beneficios sociales de los que disfrutan casi todos los prejubilables, el porcentaje ofertado "cae claramente siete puntos porcentuales sobre lo que perciben o han percibido quienes los precedieron en la prejubilación".
   Por ello, desde el Observatorio CAM han denunciado que el planteamiento de la patronal "condena a empleados con hijos estudiando o con hijos con discapacidades a no poder acceder a la prejubilación y, consecuentemente, a la salida forzada y traumática de otros trabajadores para cubrir el cupo".
   Así, han incidido en que "la consideración de la propuesta puede resultar impensable por suicida" en el caso de "prejubilables que cursan estudios universitarios, o con hijos en edad escolar o en situación de discapacidad, o con una planificación de retribución flexible orientada a la optimización tributaria".
   Es más, han señalado que si se incorpora a los cálculos "el efecto que produciría el riesgo cierto, y más que probable, del retraso de la edad de jubilación", los porcentajes netos sobre el previo a la prejubilación "caen a niveles del 70 por ciento para los escalones salariales más bajos", algo que, en su opinión, "sólo cabe calificar de indecente".
   Por todo lo anterior, desde el Observatorio han urgido a la CAM a "exponer ante el resto de cajas y su representante en la mesa de negociación, el gabinete Sagardoy, el modelo CAM de prejubilaciones" para "no trabajar en propuestas inferiores al mismo que, en última instancia, no serían aceptadas por los prejubilables CAM".
   También han pedido a los representantes legales de los trabajadores que "hagan suya la Plataforma Básica del Observatorio de Prejubilaciones SIP", en la mesa de negociación y fuera de ella.
   Esa propuesta "está basada en voluntariedad, condiciones económicas no inferiores a anteriores procesos de prejubilación en CAM y cobertura garantizada hasta el momento de acceso a la jubilación, con la prestación máxima de acuerdo a bases de cotización".

domingo, 14 de noviembre de 2010

Los mejores artículos de opinión en nuestro digital de pensamiento y cambio

e-Línea  es nuestro digital continuo de pensamiento y cambio, con selección de Francisco Poveda y otros profesores/periodistas universitarios/españoles asociados para suscitar debate

Compromís exige al Consell información detallada sobre su "deuda" con Correos

VALENCIA.- La portavoz adjunta del grupo parlamentario Compromís en las Corts Mireia Mollà ha registrado una batería de preguntas en la cámara valenciana para que el Consell dé información "detallada" de "la deuda que arrastran distintos departamentos de Presidencia, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Ocupación y de la Conselleria de Bienestar Social con Correos".

   La diputada autonómica ha explicado en un comunicado que "los impagos han llevado a Correos a suspender los servicios postales y telegráficos de varios facturables de la Generalitat Valenciana". De esta manera, estos departamentos públicos "solo pueden disponer de servicios postales si pagan al contado", ha asegurado.
   Para Mollà, se trata de un hecho "muy grave" puesto que "existen numerosas notificaciones de la administración sobre asuntos tributarios o de dependencia, vitales para muchos ciudadanos, que no llegan a sus destinatarios por la deuda del Consell con Correos".
   "Desde el Gobierno del PP no han parado de mentir desde que hace más de dos semanas el grupo parlamentario Compromís denunció esta situación", ha manifestado Mireia Mollà, quien ha añadido que el Consell "trató de minimizar la gravedad del problema afirmando que había sido un contratiempo que estaba a punto de solucionar".
   Sin embargo, la diputada de Compromís ha hecho hincapié en que "la realidad es que, a día de hoy, la deuda con Correos persiste y, con ella, la imposibilidad de utilizar servicios postales por parte de numerosos departamentos de la Generalitat".
   Por este motivo, el grupo parlamentario Compromís exige conocer el montante, departamento por departamento, de esta "deuda" de la administración pública valenciana que desde el Consell "no son capaces de satisfacer", ha manifestado Mollà.
   Finalmente, ha criticado que "la nefasta gestión del PP al frente de la Generalitat está suponiendo la parálisis de la administración pública valenciana". 
Al respecto, ha asegurado que "son constantes las noticias de impagos del Consell y las denuncias desde distintos sectores de nuestra sociedad que ven como estos impagos del ejecutivo de Francisco Camps están agravando la difícil situación económica que atraviesan".

El PSPV pregunta mucho en las Cortes sobre los procesos judiciales a miembros del Consell y del PP

VALENCIA.- El portavoz del grupo parlamentario popular en las Corts y conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, ha hecho balance este domingo de las sesiones de control al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en lo que va de legislatura y ha destacado que los 'populares' han preguntado en siete de cada diez ocasiones por cuestiones relacionadas con la economía. Por su parte, el 60% de las preguntadas formuladas por el PSPV se refieren a investigaciones judiciales.

   El síndic, en un comunicado, ha señalado que este balance "espectacular" demuestra que "el trabajo de los 'populares' para salir de la crisis económica es firme y continuo desde que se detectaron los primeros síntomas que de que la situación iba a peor". 

   Así, ha indicado que "incluso" cuando el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "mintió a todos los españoles y se presentó a las elecciones generales desmintiendo la gravedad de la economía española, el Gobierno valenciano ya trabajaba en soluciones y planteaba nuevos modelos, siempre con el apoyo del Grupo Popular".

   Blasco ha destacado que ha sido en los años de "mayor repunte de la crisis" --desde 2008 hasta la actualidad-- cuando los 'populares' han puesto "mayor empeño en preguntar por cuestiones económicas". Así, ha puntualizado que de un total de 34 sesiones de control de este periodo, el grupo popular ha preguntado hasta en 24 ocasiones por planteamientos económicos. 

   Estas cuestiones han abarcado desde el modelo de financiación, hasta la incidencia de los Presupuestos Generales del Estado en la Comunitat, pasando por planes económicos para afrontar la crisis o los acuerdos adoptados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), según el portavoz parlamentario.

   Por detrás de la economía, que ha sido "el caballo de batalla" de los 'populares', las preguntas sobre Infraestructuras, agua y educación son las que más veces han estado presentes, por parte del grupo popular, en las sesiones de control a Camps.

   Blasco ha indicado que frente "al trabajo serio de este grupo y al interés por buscar fórmulas que permitan que los valencianos sufran la crisis con el menor impacto posible, encontramos un balance por parte de los socialistas no sólo triste, sino obsesivo". 

   Así, según el dirigente del PP, el grupo socialista ha preguntado en seis de cada diez ocasiones por cuestiones relacionadas con investigaciones judiciales, "olvidándose de que lo que los valencianos quieren es tener un trabajo, llegar a fin de mes sin la soga al cuello, ver cómo los impuestos no suben o comprobar que sus mayores, que viven de una pensión, no son maltratados por el Gobierno de España".

   En concreto, los socialistas, según Rafael Blasco, "han empleado hasta el 24 de 25 ocasiones posibles de 2009 y 2010 a preguntar por lo mismo, en una clara obsesión enfermiza por judicializar el debate política y manchar el nombre de las instituciones valencianas". Por contra, "desde el comienzo de la legislatura sólo han preguntado en cinco ocasiones por cuestiones económicas", ha manifestado.

   Para Blasco, los socialistas "acabarán la legislatura igual que la comenzaron, sin tener un proyecto, con líos internos, con fugas de votos y familias enrocadas". El síndic 'popular' ha señalado que "incluso Compromis se ha desligado de la tónica socialista, ya que aunque hasta el 12 ocasiones ha preguntado por la trama, ha destinado el mismo número de cuestiones durante la legislatura a preguntas económicas".

sábado, 13 de noviembre de 2010

The Manchurian Candidate / Santiago Niño Becerra *

Me estoy refiendo a la buena: John Frankenheimer (1962). Continuamos con Herr Wolfgang Schäubel y sus planteamientos. Pienso que lo que quiere decir que los PIIGS tengan que pagar cada vez más para que les compren su deuda (eso, y no otra cosa significa ‘el incremento de la prima de riesgo’, aunque se sepa no debe olvidarse) es que los posibles compradores de más deuda de los PIIGS / aquellos que ya tienen deuda de los PIIGS, no están convencidos de que puedan pagar lo que deben. 

‘Lo que deben’, ¿qué significa?, porque, claro, ‘lo que se debe’ no es sólo lo que debe el Estado, o los entes regionales, o los ayuntamientos, es decir, lo que puede denominarse deuda pública, ‘lo que se debe’ es la deuda total: España: cuatro billones. De hecho, cavilo: si la deuda pública española no es elevada: menos del 70% del PIB y España tiene los problemas de credibilidad que tiene, ¿no será que esos mercados y esos inversores se están fijando en otras cosas además de en la deuda pública?, ¿no será que el temor reside en las dudas de que España pueda atender su deuda total?; el Estado, sí, las regiones y ayuntamientos, claro, pero, y sobre todo, las empresas no financieras y las financieras, y, más lejos, las familias. 

En mi opinión, subrayo: en mi opinión, lo que sucede con Irlanda (relean lo que sobre Irlanda escribí el 28.09.2004) es que, pura y simplemente, a quienes Irlanda les debe dudan muchísimo que Irlanda les pueda pagar, ¿por qué lo dudan?, pues porque esas/os quienes ven lo que detrás de Irlanda hay, es decir, ven la capacidad que Irlanda tiene para generar pasta con la que pagar, y lo que ven no les gusta nada de nada. 

Con Grecia pasó algo parecido, pero Grecia fue rescatada. Lo que ven en Portugal tampoco les gusta, pero Portugal es candidato a ser rescatado como todo apunta a que será Irlanda (ya, la pregunta entonces es: ¿pagarán los rescatadores?. Y en España, se estarán preguntando, ¿les gusta lo que ven?; pienso que no, que no les gusta nada, el problema estriba en que España, por su tamaño, es irrescatable. 

En este contexto alcanzan todo su significado las palabras del Ministro de Finanzas de la RFA. Suponiendo que algún país de la UE no va a poder pagar lo que debe, ese país será monitorizado, su deuda estudiada, y su política económica ‘readaptada’ a fin de acoplarla a las posibilidades de pago del país; y, ¿qué deuda será contemplada?, pienso que toda la deuda, lo que significa entrar en toda la deuda pública y en la no-pública, y continúo pensando que deuda no-pública será estatalizada. 

Luego vendrán las quitas: lo que ese país es imposible que pague aunque su población se muera de hambre. ‘Eso recuerda al Consenso de Washington’, dice el del fondo, pienso que no, al Consenso le importaba un rábano lo que sucediese en un país endeudado, ahora sí importa: no deben haber disturbios, ni altercados. 

En esta línea de la credibilidad van las medidas del Gobierno de The UK, la última: que pueda perder el subsidio de desempleo quien rechace una oferta de empleo realizada por los servicios públicos de ocupación, lo que tiene dos efectos: 1) la población ocupada aguantará más lo que le echen a fin de no ser despedida y tener que aceptar el empleo que le ofrezcan, y 2) tareas que hoy no son hechas debido a que el Sector Público no tiene fondos serán realizadas, tareas que precisen poquísimos medios materiales y mucho factor trabajo, claro; se harán porque saldrán ‘gratis’: su coste será el del subsidio de paro. 

De rebote se conseguirá otra cosa: adelgazar las estadísticas de desempleo: alguien que esté recogiendo hojas en Hyde Park, por ejemplo, puede tener un doctorado en matemática transfinita, por lo que estará supersubempleado, pero como no estará parado … Y el Gobierno sigue firme en su postura: http://www.bloomberg.com/news/2010-11-10/osborne-rejects-imf-call-to-revise-spending-cuts-if-u-k-growth-falters.html. Y habrá más paro, y más pobreza, ya. 

La situación hacia la que, cada vez más, estamos evolucionando -todos- es hacia la del saneamiento. ‘Reducción del déficit’, dice el del fondo, no, sa-ne-a-mien-to: eliminación de lo no necesario y (esta vez sin ‘o’) reaprovechamiento de lo que se pueda. Es lo de The UK, si, pero también es lo propuesto por Frau Merkel: que quienes son acreedores deberán apechugar con parte del coste del saneamiento. ‘¿Y quiénes no puedan soportar esa quita?’, vuelve a intervenir el del fondo, pues eso significará que esos quienes no se hallan saneados, significará que sus planes de negocio se basaban en futuribles inconsistentes, querrá decir que son palos que no pueden aguantar la vela de que les toca aguantar. 

Ya, lo que dijo en 1937 Ms. Robinson: “Si no existiese ningún sistema regular de subsidios de paro -o de ayuda a los pobres que sea preferible al suicidio-, un hombre que se quede sin trabajo debe ganarse la vida como sea. (...) Por lo tanto, salvo en condiciones peculiares, una caída de la demanda efectiva que reduce, a su vez, la oferta de empleo en las industrias establecidas, no conducirá al desempleo en el sentido de la inactividad total, sino que obligará a los desempleados a llevar a cabo diversas actividades: vender cerillas en el Strand, cortar leña en el bosque, cultivar patatas en sus huertos particulares (...), es natural calificar estos empleos inferiores como el desempleo encubierto”. Pero aquello era otra crisis sistémica, muy semejante a esta, pero con un muy distinto final. 

Y el crash: la admisión de que es imposible salir de donde se está utilizando las herramientas que se han estado utilizando, el fracaso de los planes de estímulo, de rescate, de ayuda, la imposibilidad de sanear un sistema financiero ya que ello comportaría el derrumbe que se quiere evitar, la expulsión de ciudadanas/os de Rumanía decretada en Francia por innecesarios, la guerra de divisas que está larvando la siguiente oleada proteccionista, el escenario que ha dado lugar al presupuesto británico del 2011, lo que lentamente se ha ido, se va adelantando: “‘La OCDE no sitúa la recuperación en 2011, sino que prevé “hasta 2015 o 2017, un futuro mediocre de bajo crecimiento, alto desempleo y alto déficit”’ (http://www.elpais.com/articulo/economia/OCDE/descarta/cualquier/probabilidad/Espana/pague/deudas/elpepueco/20101004elpepueco_9/Tes, 04/10/2010). Eso ha sido el crash, un crash con sordina, amortiguado por el 30% del PIB que, de una u otra forma se ha estado inyectando en las economías desarrolladas. Y del crash, a la caída. 

Y ya empieza a oírse la palabra pánico. Si, se oye, pero pienso que el hecho de que se tenga que intervenir a Irlanda no genera pánico, pienso que el pánico se desataría al ver tumultos ante las oficinas de un bando irlandés, por seguir con Irlanda, y eso, sigo pensando, va a ser evitado a toda costa. 

(*) Santiago Niño-Becerra es catedrático de Estructura Económica. Facultad de Economía IQS. Universidad Ramon Llull.

Deuda europea y dudas chinas / Jesús María Alonso

Las tribulaciones de los países periféricos de Europa con su deuda, en especial Irlanda, y la incertidumbre sobre China han cerrado una semana económica en la que la Cumbre del G-20 ha endurecido la vigilancia sobre los bancos, pero no ha resuelto la tensión de las divisas ni los desequilibrios globales.

Tal y como ocurrió hace meses antes del rescate europeo de Grecia, las bolsas fueron escenario de ataques contra los títulos de Irlanda, Portugal, Grecia, España e Italia, aunque esta vez también acusaron las tensiones derivadas de que China tenga que subir el precio del dinero por su alta inflación (4,4% en octubre).

A pesar de que Irlanda niega haber pedido ayuda a la Unión Europea (UE), los principales países europeos en la Cumbre del G-20 en Seúl (Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia y España) tuvieron que apagar el fuego en los mercados al asegurar que un eventual rescate financiero no afectaría a los inversores privados.

Esto significa que los actuales inversores en deuda pública europea no tengan que asumir pérdidas por sus inversiones con el mecanismo de rescate aprobado la pasada primavera por la UE y vigente hasta 2013.

Pero en ese año la fórmula alemana que sucedería a la actual se aplicaría a deuda nueva y supondría que los inversores privados asumieran parte de las pérdidas en caso de un rescate, con lo que no recuperarían el 100% de su inversión.

La Cumbre de Seúl no resolvió las cuestiones pendientes de la economía mundial (guerra de divisas, desequilibrios globales) y se limitó a aplazar hasta 2011 el debate, a pesar de que sus líderes identificaron y reconocieron los problemas más acuciantes.

Sin embargo, si endureció los requisitos de supervisión y capital del sector financiero, y vigilará especialmente a los grandes bancos, que tendrán que someterse a un mayor control para evitar nuevas crisis como la desatada en 2007.

El G-20 reconoce que el principal problema es el desequilibrio en la balanza por cuenta corriente, con países como China, que gracias a su moneda devaluada produce y exporta mucho mas de lo que consume e invierte, frente a otros como EEUU, que consume mucho y exporta poco.

En cuanto a la llamada "guerra de divisas", el grupo de industrializados y emergentes hace un llamamiento para que los países "se abstengan" de devaluar sus monedas para ganar competitividad, pero sin citar a los que frenan la revalorización de su divisa (China).

En Europa se conoció el PIB del tercer trimestre, que registró un crecimiento del 0,4% (se esperaba un 0,5%) en la zona euro y en el conjunto de los 27. El dato es muy inferior al 1% del segundo trimestre y confirma una ralentización de la recuperación tras la crisis.

La Comisión Europea presentó su estrategia en materia de energía de cara a 2020, que contempla invertir un billón de euros en infraestructuras energéticas en los próximos diez años.

En cuanto a Latinoamérica, el Banco Mundial aseguró que el flujo de remesas se mantendría estable este año pese a la crisis global en unos 58.000 millones de dólares, de los cuales 22.600 irían a parar a México.

Wall Street bajó un 2,2% en la peor semana de los últimos tres meses. Los mercados europeos, asiáticos y latinoamericanos mantuvieron vivieron de la incertidumbre y acabaron con pérdidas, en especial el parqué chino de Shanghái (-5,16% el viernes).

El precio de la onza de oro rompió una vez más récords en Londres y Nueva York, al cotizar en 1.421 y 1.410 dólares, respectivamente, afianzándose como valor refugio.

El euro mantuvo su línea ascendente frente al dólar, coqueteando con el nivel 1,40, pero cayó el viernes notablemente en Fráncfort, donde cerró a 1,3712, por las sombras que le dejó la cumbre del G-20.

El crudo fue sensible a la posibilidad de que China eleve los tipos de interés y moderó su tendencia alcista a finales de semana, dejando el Texas a 84,88 dólares/barril y el Brent a 86,34.

El PSPV constituye su Comité Electoral con 48 personas cuya tarea es "acabar con Camps, que es deuda y corrupción"

VALENCIA.- El PSPV ha constituido este sábado su Comité Electoral, formado por 48 personas que tienen "una tarea colectiva importante" y la "responsabilidad" de "acabar" con el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que, para los socialistas, supone "deuda, pobreza y corrupción para la Comunitat".

   Así lo ha explicado el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, en una rueda de prensa en la que ha comparecido junto a la portavoz del Comité Electoral del PSPV, Carmen Ninet, y la portavoz adjunta, Clara Tirado.
   Alarte ha destacado que este sábado constituyen su Comité Electoral, integrado por 48 militantes del PSPV, ninguno de los cuales "está siendo investigado por ningún juez, ningún fiscal y, por supuesto, no constan en ningún informe policial sobre ninguna trama de corrupción".
   Asimismo, ha incidido en que se trata de 48 personas "dispuestas a trabajar por la democracia" ya que, en opinión del dirigente socialista, las elecciones autonómicas y municipales del próximo mes de mayo "no son sólo para decidir entre una opción política y otra, son mucho más".
   Del mismo modo ha resaltado que "desde ya", los socialistas valencianos "vamos a empezar a ganar las elecciones del 22 de mayo" y, en esta línea, ha señalado que "en el ejercicio de esta lucha por la democracia estamos ganando ya las elecciones".
   El líder del PSPV se ha mostrado convencido de que "cuando acabe esta campaña electoral nos habrán presentado querellas a casi todos nosotros". Sin embargo, ha hecho hincapié en que la diferencia es que a los dirigente del PP "quienes les investiga y les persigue son los poderes del Estado, los policías, los fiscales, los jueces de la democracia", mientras que a los socialistas "quienes nos presentan querellas son una pandilla de presuntos criminales".
   "No nos van a amedrentar", ha destacado Alarte, quien ha instado al PPCV a que "no busquen un PSPV que no sea otro que el de la democracia, el de la decencia y el de la libertad".
   Jorge Alarte ha subrayado que quiere ser "el presidente de la Generalitat" y los socialistas valencianos "queremos volver a gobernar esta tierra para que los valencianos vuelvan a ser ciudadanos libres, solidarios, responsables y orgullosos de ser valencianos" porque, según ha dicho, con el PSPV "nadie volverá a sentir vergüenza de quien les gobierna y quien les representa".
   El secretario general del PSPV ha indicado que el PP "nombró en una especie de mitin-acto a Paula Sánchez de León coordinadora de campaña, pero todavía no ha sido capaz de hacer la foto".
Además, ha señalado que los socialistas "somos capaces de reunirnos con ciudadanos libres y honrados", mientras que, por contra, los 'populares' "tienen dificultades de juntar a más de cinco sin que algunos de ellos esté en algún proceso de corrupción que investigan los poderes del Estado".

La Policía de la Generalitat comienza la vigilancia preventiva en las zonas castigadas por los robos en el campo

VALENCIA.- La Policía de la Generalitat ha comenzado este fin de semana a vigilar las zonas más castigadas por los robos en el ámbito rural de la Comunitat Valenciana, según se ha informado en un comunicado.

   Este dispositivo de vigilancia preventiva se ha puesto en marcha tras acordarlo con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), asociaciones agrarias y las consellerias de Gobernación y Agricultura en una reunión el pasado jueves. 

   Se trata de un dispositivo de coordinación para evitar la inseguridad que se está viviendo en el ámbito rural, sobre todo, con los robos de cobre, y ahora que ha comenzado la campaña de cítricos y la uva en Alicante.

   Se busca así coordinar esfuerzos para solucionar un problema que persiste en los campos valencianos. 

   La Policía de la Generalitat patrullará puntos concretos del territorio que se vean más castigados por la situación de inseguridad, tras conocerlos de primera mano por la FVMP y los sindicatos.
 
  Se ha solicitado a la Delegación del Gobierno facilitar las denuncias por robos entre los agricultores a través de los ayuntamientos, los Consejos Agrarios Municipales o la Policía Local y que éstos los trasladen a la Guardia Civil. 

   También se debe seguir la trazabilidad del producto robado para dificultar su comercialización.

Un informe de la Policía detalla cómo la trama Gürtel 'camuflaba' los regalos a Camps

VALENCIA.- La Policía considera que los apuntes encontrados en las oficinas de la empresa Orange Market, vinculada a la 'red Gürtel', en los que se detallan los regalos recibidos por algunos altos cargos, entre otros el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, reflejan "datos reales".

Así lo destaca la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía en un informe, fechado el 10 de noviembre y al que ha tenido acceso Efe, que ha remitido al juez instructor del 'caso Gürtel' en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira.

Tras comparar los apuntes de uno de los archivos del disco duro hallado en Orange Market, llamado "Costes de Navidad.xls", con las facturas facilitadas por diversos establecimientos de lujo y extractos bancarios, la UDEF concluye que se puede establecer que las anotaciones de la contabilidad de la empresa reflejan "datos reales".

El informe detalla las compras facturadas a nombre de los tres principales cabecillas de la trama -Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez-, y de varias empresas de la organización, en firmas como Louis Vuitton, Loewe o la Joyería Iborra de Valencia, en las que pagaban en efectivo en la mayoría de las ocasiones.

La Policía remite al juez todas las facturas aportadas por dichas sociedades, donde la red dirigida por Correa adquirió entre 2003 y 2009 la mayoría de los objetos que presuntamente regaló a personalidades y cargos públicos.

Según la UDEF, los hijos de Francisco Camps aparecen en la contabilidad de Orange Market como destinatarios de un robot "Aibo" y su maleta de transporte, adquiridos en Sony-E Solutions, cuyo precio no se detalla.

Sin embargo, el informe explica que se han examinado los datos de una cuenta bancaria a nombre de Orange Market en la que, con fecha del 15 de diciembre de 2005, figuran dos transferencias con destino a Sony por importes de 1.809 y 249 euros, que coinciden con el coste de ese juguete.

En este sentido, concluye que "se infiere que las dos transferencias analizadas reflejan el pago de la compra efectuada por Orange Market con destino a los hijos" de Camps.

Otra de las facturas de Loewe a nombre de Orange Market se corresponde con uno de los apuntes del archivo en el que se identifica una maleta de 1.130 euros como regalo para Ricardo Costa, ex secretario general del Partido Popular en Valencia y diputado autonómico.

Otro regalos detallados son un bolso de Loewe de 750 euros para Isabel Bas, la esposa de Camps, y diez pares de gemelos de 100 euros cada uno que, según el informe policial, Orange Market regaló a diversas personas relacionadas con organismos públicos de Valencia.

La ex consejera de Turismo de esta Comunidad, Milagrosa Martínez -actual presidenta de las Cortes-, aparece también como destinataria de un reloj adquirido en la Joyería Suárez por 2.400 euros por parte de la "trama Gürtel".

Respecto a los regalos que la red compró en este establecimiento, el informe resalta que, a excepción de un reloj barómetro, siempre se efectúa la compra de pulseras náuticas grabadas con logotipo de empresa.

La UDEF concluye que dicha práctica es la habitualmente empleada por la organización de Correa cuando se trataba de "camuflar" las compras de carácter particular efectuadas por los dirigentes y empresas de la red "con destino a regalos para personalidades o cargos públicos afines a sus intereses".

El informe que ahora ha recibido Pedreira amplía con la documentación facilitada por las empresas el que ya remitió la UDEF al magistrado el pasado mes de julio de 2009 sobre los documentos encontrados en el registro de Orange Market.

Hacienda constata que Gürtel pagó trajes a Camps pero duda de muchas facturas

VALENCIA.- Los peritos de la Agencia Tributaria encargados, a petición del juez instructor del Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana, José Flors, de seguir el rastro de los trajes supuestamente regalados por la trama Gürtel a Francisco Camps han constatado la dificultad técnica para llegar a "conclusiones claras e inequívocas" a partir de los papeles existentes. Eso sí, señalan que existe documentación (hojas de encargo, facturas y cheques del Banco Santander relacionados) que probaría el pago de prendas del presidente por parte de Orange Market, según publica 'El Mundo'.

En su documento, fechado el pasado martes, los inspectores admiten que el rastro de los encargos de ropa para los dirigentes del PP es inconexo y que existen "deficiencias" en la documentación obtenida por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial y por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria.

De hecho, dicen albergar dudas sobre la "realidad" de las facturas emitidas por Milano y Forever Young que obran en la causa, de acuerdo con el testimonio de directivos de estas empresas que señalan que las facturas "no se corresponden con las ventas reales" y porque no existe declaración anual de operaciones con terceras personas (modelo 347 de Hacienda).

Pero, pese a todas esas prevenciones, el informe sí logra atar cabos que sostendrían las sospechas del magistrado instructor. Flors sostiene en sus autos que existe conexión entre ropa recibida por Camps y los otros imputados, con supuestos pagos realizados en metálico en las tiendas por Álvaro Pérez, El Bigotes, o Pablo Crespo, o a través de transferencias de las empresas que Francisco Correa y los suyos controlaban.

Respecto a las primeras compras realizadas por el presidente en Milano, los peritos ven discrepancias entre las hojas de pedido, las facturas emitidas por Satgor —la empresa que confeccionaba los trajes— y las facturas emitidas, pero da por hecho que las prendas pertenecen al cliente Francisco Camps y que una de las facturas —de 1.400 euros— fue pagada por Orange Market y otra, de 3.300, en efectivo, sin que se pueda constatar la identidad de la persona que lo hizo.

En el caso del ex número dos de Camps, Ricardo Costa, los peritos concluyen que "existe constancia documental de la confección por parte de Satgor para Milano de determinadas prendas para un cliente llamado Ricardo Costa", si bien matizan que "no se ha podido constatar la fecha y forma de pago a Milano de las citadas prendas" porque en los dos cheques satisfechos por Orange Market "no consta ningún tiquet a nombre de Costa".

viernes, 12 de noviembre de 2010

Peñas explica al juez que grabó a Jordán diciendo que había pagado factura de 30.000 euros en trajes de Camps


MAJADAHONDA.- El denunciante del 'caso Gürtel', José Luis Peñas, ha asegurado ante el titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Majadahonda que en las grabaciones que realizó para destapar la trama corrupta había una de Isabel Jordán, administradora de varias de las empresas de la red, en la que decía "sin que nadie la presionara" que "había pagado una factura en Milano de 30.000 euros pertenecientes a trajes" del presidente de la Comunidad valenciana, Francisco Camps.
 
   Peñas ha comparecido como testigo ante el juez para prestar declaración por las grabaciones que realizó a los presuntos integrantes de la trama valenciana mediante la figura conocida como 'exhorto'.
   Asimismo, han acudido la fiscal de Valencia, un abogado de la acusación del PSV y una abogada de la defensa del presidente valenciano, Francisco Camps, según ha explicado.
   El testigo ha relatado que en las grabaciones que entregó al magistrado existe una en la que "Isabel Jordán Gonset dice claramente, sin que nadie la presione, y sin que nadie la diga nada, que ella tiene y que ha pagado una factura en Milano de 30.000 euros perteneciente a trajes del señor Camps".
   "El señor juez me ha preguntado al respecto. Son temas que están en la calle, que están en el sumario Gürtel que ha sido declarado no secreto", ha indicado.
   Según Peña, su comparecencia se ha producido "gracias" al Tribunal Supremo. "Me han llamado por fin. Parece mentira que el que ha denunciado, el que ha aportado unas cintas fundamentales, no haya ido todavía a declarar". "Ha sido gracias al Tribunal Supremo, no al señor de La Rúa, porque si hubiera sido por el señor de la Rúa posiblemente ni hubiera declarado", ha añadido.
   Peña ha relatado que las grabaciones que realizó "son como son" y que "se dice lo que se dice". "He dicho cómo las he grabado y a quién he grabado", ha dicho. "He podido hablar de más cuestiones sobre el señor Correa y el señor Camps. Posiblemente hoy el señor Camps esté algo más nerviosito de lo que está. Sobre todo su abogada estaba bastante nerviosa", ha puntualizado.
   El testigo ha asegurado que en su declaración ha contado al juez "todo lo que ha vivido". "Han sido dos años muy largos al respecto de todo lo que yo sabía sobre la visita papal, sobre los trajes, sobre los pagos, no pagos, etcétera. He intentado que el juez y las partes quedaran satisfechos con mis contestaciones. Como he dicho siempre es que lo que quiero que se aclare todo el tema. Siempre que he dicho algo ha resultado ser verdad. Las grabaciones que he presentado han sido corroboradas por la policía y por los fiscales", ha concluido.

Alarte pide al PP que reconozca que "jamás" ha respetado el pacto antitransfuguismo

ALICANTE.- El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, ha pedido al PP que reconozca que "jamás" ha respetado el pacto antitransfuguismo y ha demandado al presidente de la Generalitat y del PPCV, Francisco Camps, que "responda" por las mociones de censura de la localidad valenciana de Mislata y en las alicantinas de la Vall de Laguar, en Villajoyosa o en Denia. 

  Alarte ha hecho estas declaraciones, al ser preguntado por si se reafirma en sus declaraciones de que la moción de censura en Benidorm fue un "gravísimo error". Ante esta pregunta, Alarte ha pedido a Camps que "responda a las mociones de censura que el PP ha hecho en Mislata, en la Vall de Laguar, en Villajoyosa y en Denia".

   Los socialistas, ha dicho, tienen "bien claro qué es lo que van a hacer si el pacto de verdad se respeta, si el PP reconoce su responsabilidad política de no haberlo respetado jamás ni antes de firmarlo, ni después, en 30 años de democracia".

EUPV presenta mociones en los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana en defensa del pueblo saharaui

VALENCIA.- EUPV presentará mociones en los ayuntamiento de la Comunitat Valenciana en defensa del pueblo saharaui. En concreto, la organización de izquierdas pide que el Gobierno español haga "todo lo posible para garantizar la seguridad de los saharauis, en cumplimiento de la responsabilidad española con el proceso de autodeterminación de la antigua colonia". Las mociones, además, reclaman la revisión "inmediata" del acuerdo de asociación firmado con Marruecos. 

   EUPV ya ha mostrado en los últimos días su condena al "ataque brutal del ejército y de la policía de Marruecos a un campamento de refugiados ubicado a pocos kilómetros de El Aaiún", así como su solidaridad con aquellos que han sufrido "la represión y la violencia", según ha destacado la formación política en un comunicado.
   La propuesta que EUPV presenta en todos los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana pretende denunciar la "complicidad" de los gobiernos de la Unión Europea (UE) y de España con "las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y de las resoluciones de la ONU por parte del gobierno marroquí".
   También ha reclamado a la UE que se revise "de inmediato" el acuerdo de asociación firmado con Marruecos, "puesto que incluye una cláusula que exige a este Estado el cumplimiento del Derecho Internacional y el respeto a los derechos humanos", ha explicado la secretaria de Política Municipal de EUPV, Estefania Candel.
   La moción, una vez aprobada, se trasladará a la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez; al alto representante de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la UE, Catherine Ashton; y al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez, así como a los grupos parlamentarios y al consolado marroquí.

El PSPV pide la convocatoria del Consejo de RTVV para ampliar el presupuesto del ente y hacer frente a los gastos

VALENCIA.- El consejero socialista en Radiotelevisió Valenciana (RTVV), Miguel Mazón, ha enviado este viernes una solicitud al Consejo de Administración del ente público en la que ha reclamado la convocatoria de este órgano para solicitar, a través de las enmiendas de los grupos parlamentarios en las Corts, la ampliación del Presupuesto de RTVV "en la cantidad necesaria para hacer frente a los gastos financieros reales". 

   Mazón comenta en el escrito que el Presupuesto de RTVV, incluido en el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Generalitat para 2011, que se está tramitando en estos momentos, presenta "anomalías profundas y graves que es necesario rectificar, ya que en caso contrario, la viabilidad de RTVV y sus sociedades corre un serio peligro el año que viene".
   Entre los puntos a tratar, el consejero socialista ha destacado, por una parte, el coste financiero de la deuda, que asciende a más de mil millones de euros, y por otra, la amortización de la misma correspondiente al ejercicio 2011.
   Mazón ha recordado que, según el Anteproyecto de Presupuestos presentado por el director general del ente, José López Jaraba, dichas obligaciones "las asumiría, como en años anteriores, la Generalitat", por lo que no se ha presupuestado cantidad alguna por estos conceptos.
   No obstante, el consejero, tal y como dijo en su día, ha asegurado que la afirmación de López Jaraba es "mentira", ya que en el último ejercicio conocido, el correspondiente a 2009, "la Generalitat sólo pagó parte", lo que obligó a RTVV a "endeudarse", incrementado con ello el saldo de la deuda existente a 31 de diciembre de 2008, "e incumpliendo flagrantemente la Ley de Presupuestos".
   Además, ha añadido que en el Anteproyecto de Presupuestos "existía un error gravísimo ya que el importe de la amortización para 2011 no era de 32.484.487 euros, sino de 43.249.435 euros", razón por la que solicitó "su devolución y la elaboración de unos nuevos --presupuestos--, dada la escasa profesionalidad con que habían sido elaborados por el director general".        
   Ante esta situación, Mazón sostiene que caben dos soluciones: "o dotar en los Presupuestos de RTVV las partidas correspondientes para pago de intereses y amortización de deuda, en una cifra cercana a los 80 millones de euros, o eliminar en el Proyecto de Ley de Presupuestos el 'podrá asumir' de los apartados 2 y 3 del artículo 39, y sustituirlo por el 'asumiré totalmente' la deuda y la carga financiera".
   En caso contrario, según el consejero socialista, "se estaría ocultando deuda de forma maliciosa a efectos de que no conste contablemente, y el año que viene obligatoriamente tendríamos que abonar a las instituciones financieras el pago de los intereses y la amortización de la deuda".
   Por esta razón, Miguel Mazón ha insistido en la necesidad de ampliar el Presupuesto de RTVV o bien modificar el texto del artículo 39, 2 y 3, para que en lugar de "podrá asumir", diga "asumirá totalmente", con la modificación de las partidas presupuestarias correspondientes.

El juez acepta la personación del ex portavoz del PSPV en la Diputación de Alicante en el caso Brugal

ORIHUELA.- El titular del juzgado de Instrucción nº 3 de Orihuela, que instruye el denominado caso 'Brugal', ha aceptado la personación en la causa del ex portavoz del PSPV en la Diputación de Alicante, Antonio Amorós, según ha explicado el propio Amorós, quien no ha concretado si se encuentra imputado en el caso.

   Antonio Amorós ha explicado que sus abogados habían solicitado la personación en el caso en calidad de "imputado", si bien ha precisado que no ha prestado en ningún momento declaración y que en el auto no se le acusa de "ningún delito".

   Según el político socialista, el magistrado acepta lo que solicitó en septiembre a través de sus abogados para poder defenderse "de acusaciones interesadas y que se han vertido con intereses políticos" contra su persona. "El juez ha aceptado la única posibilidad que tenía para personarme, reconociendo que tengo derecho a conocer los hechos que todo el mundo sabía y conocía excepto yo", ha subrayado.

   "Tengo que aclarar que el juez toma la decisión porque yo la pido y la pido obligado a conocer unas circunstancias donde muchas personas juegan con mi nombre y mi reputación", ha señalado el también concejal socialista en el Ayuntamiento de Elche, para quien el juez ha aceptado la "única vía" que tenía para personarse.

   Asimismo, el diputado del PSPV en la institución provincial ha reiterado su inocencia y ha señalado que su actuación, en todo momento, "ha sido correcta en defensa de los ciudadanos y los intereses colectivos".

   El pasado 10 de septiembre, días después de que el magistrado instructor levantara parcialmente el secreto de sumario del caso 'Brugal', Antonio Amorós presentó su dimisión como portavoz socialista a raíz de las informaciones publicadas que se hacían eco de que el político aparece vinculado al 'caso Brugal'.

   No obstante, el ex portavoz de los socialistas en la Diputación de Alicante no dejó su acta de diputado provincial, ni la de concejal en el Ayuntamiento de Elche. Posteriormente, el secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, solicitó la suspensión de militancia para el político socialista.

   El sumario del caso 'Brugal' recoge conversaciones entre Amorós y el empresario oriolano Ángel Fenoll, en referencia a la adjudicación por parte del Consorcio Provincial de Residuos del Plan Zonal XVII, correspondiente a la comarca alicantina de la Vega Baja.

   Así, en un dictamen, el fiscal Anticorrupción ve la actuación del político constitutiva de un delito de aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho.

Alarte dice que le da "la risa" cuando "la pandilla de presuntos criminales del PP" les acusa de algo

ALICANTE.- El secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, ha afirmado este viernes que le da "la risa" cuando "la pandilla de presuntos criminales del PP" les acusa de algo y considera "vergonzoso que se atrevan a decir nada" a los socialistas.

   Durante una visita a Alicante, y preguntado por los medios de comunicación, Jorge Alarte se ha pronunciado, de este modo, ante las acusaciones de que los socialistas tienen doble vara de medir por la reacción de la dirección del PSPV por la apertura del llamado caso de las facturas, que afecta al alcalde de Elche, Alejandro Soler.
   En este sentido, ha dicho que le da "la risa" cuando el PP les acusa de algo. "Me parece vergonzoso que se atrevan a decirnos nada, no nos llegan ni a la suela del zapato", ha apostillado.
   Desde su punto de vista, su "gente es ejemplar" y "cuando existen razones suficientes de tipo político toman decisiones personales de responsabilidad", mientras que a "los desvergonzados del PP les da igual todo y se cuentan a decenas".
 "Cuando los que nos acusan son la pandilla de presuntos criminales que dirige el Gobierno valenciano y el PP" le da "la risa".

Fenoll denuncia a la adjudicataria de la recogida de basuras de Orihuela

ORIHUELA.- El empresario Ángel Fenoll ha denunciado a la UTE adjudicataria del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria de Orihuela (Alicante), --formada por Sufi, Gobancast y Liasur--, por el impago de un millón de euros que, según ha dicho, le adeuda por el vertedero de su propiedad en Abanilla (Murcia).


   En una rueda de prensa convocada este viernes en Orihuela, Ángel Fenoll ha mostrado sus diferencias con la citada UTE, denominada 'Orihuela, Capital de la Vega Baja, UTE' que, --según revelan los informes policiales del 'caso Brugal'-- presuntamente funcionaría como una "tapadera" del propio empresario, imputado también en la causa.

   En este sentido, el empresario ha negado que esté detrás de dos de las empresas que forman la unión temporal de empresas 'Orihuela. Capital de la Vega Baja, UTE'. "Yo no estoy en ningún sitio", ha dicho, al tiempo que ha explicado que "no hay ninguna firma" suya que certifique este hecho.

   No obstante, ha aclarado que "ha ayudado" a la UTE concesionaria a la cual denuncia ahora por no pagarle un millón de euros en concepto del vertido de basuras en la planta de transferencia de Abanilla.

   Fenoll ha hecho esta afirmación al explicar que la concesionaria del servicio de recogida de basuras y limpieza viaria que presta el servicio en Orihuela paga 20 euros por tonelada como canon, mientras que en otros municipios de la provincia de Alicante se paga 40 por tonelada.

   El empresario se ha defendido así de las acusaciones de la portavoz del grupo municipal socialista de Orihuela y diputada provincial por esta formación, Antonia Moreno. Según Fenoll, la política del PSPV le ha acusado de "estar robando", puesto que señaló que el industrial podría estar cobrando más dinero del previsto por el almacenaje de los residuos en su vertedero de Abanilla.

   En este sentido, el empresario ha retado a Moreno a que aclare "quién le pagó la campaña" de las elecciones municipales de 2007. Fenoll ha desmentido que haya financiado la campaña del PP de Orihuela y ha afirmado que no es de esta formación política. "Ni estoy afiliado ni nada", ha dicho.

   Asimismo, Fenoll culpó a la portavoz socialista de "ir a casa" de uno de sus empleados para que denunciase ante la Fiscalía Anticorrupción supuestas irregularidades cometidas en el vertedero que el empresario posee en Abanilla.

   Acerca de las investigaciones que apuntan a la relación de Fenoll con el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, y el ex portavoz del PSPV-PSOE en la institución provincial Antonio Amorós, el empresario a asegurado que "no ha hablado nunca" con el primero, mientras que ha asegurado que es "amigo" del segundo.

   "Yo con Ripoll no he hablado del Plan Zonal --de Residuos de la comarca de la Vega Baja-- ni de nada", ha añadido. El empresario ha señalado, además, que, de la misma manera que le han grabado con políticos del PP, lo podrían haber grabado "en Blanquerías" --sede del PSPV-PSOE--. "A veces se dice que tienes amistades para que lo oiga otra empresa", ha expuesto.

   Según el empresario, las relaciones entre él y ciertos políticos de la Comunitat Valenciana que se desgranan de las conversaciones telefónicas interceptadas por la Policía fueron comentarios para desanimar a otras mercantiles que concursaban junto a las suyas en procesos de adjudicación de servicio públicos.

   Fenoll ha admitido que puede "haber hablado" con personas cercanas al presidente de la Diputación, pero nunca con él directamente. Asimismo, ha manifestado que a la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, la conoce, pero que no habla con ella "desde hace cuatro años".

   "En tres años y medio, he ido dos veces al Ayuntamiento de Orihuela, pero para pedirles que me paguen", ha señalado al indicar que el consistorio le debe 2,4 millones de euros por el servicio de limpieza de edificios públicos que dejó de prestar el pasado mes de septiembre.

   Respecto a las cintas en las que había grabaciones realizadas por petición de Fenoll a políticos y que fueron aprehendidas por la Policía, Fenoll ha admitido haberlas filmado, "pero hace muchos años". Así, ha expuesto que en las cintas requisadas recientemente hay grabaciones de sus empleados y de otros vertederos de España.

   Asimismo, el empresario oriolano ha recordado que "las primeras cintas" que el fiscal Anticorrupción tuvo en sus manos de las realizadas por Fenoll, las entregó él mismo.

   Sobre la demanda interpuesta por el alcalde de Calpe contra el empresario por inflar las facturas en concepto de almacenaje de residuos en la planta de transferencia que Fenoll tiene en este municipio alicantino, el empresario ha asegurado que el aumento del importe se debe a los camiones "del Ayuntamiento" que llevan hasta sus instalaciones "podas y enseres".

   "Si no los llevasen, saldrían menos toneladas", ha manifestado, al tiempo que ha detallado que los desperdicios llevados por el Ayuntamiento "no se pueden meter en la torva" y ha considerado que "es muy grave decir que se pesan toneladas de más".

   Fenoll ha asegurado que la báscula está en regla y que la subida de las facturas se debe al depósito de podas y enseres junto a sus instalaciones. En este sentido, el empresario oriolano, que tiene un contrato con el Ayuntamiento desde hace 13 años por el cual se depositan los residuos de este municipio en su vertedero, ha estimado que este tipo de residuos supone el 20 por ciento de todos los que llegan a su planta.

   No obstante, el industrial ha anunciado que demandará al Ayuntamiento por incumplir el contrato relativo al depósito de algas marinas en sus instalaciones. Según Fenoll, el municipio amplió el contrato por el cual prestaba el servicio y que "desde hace dos años" no factura nada por ese concepto, puesto que las algas se tiran "al Peñón de Ifach". De este manera, el empresario ha opinado que el Ayuntamiento incumple el contrato, por lo que lo llevará a los tribunales.

   El empresario ha recordado también que tuvo que adquirir maquinaria, entre la que había "camiones de 90 metros cúbicos" que no se utilizan, puesto que las algas se vuelven a tirar al mar cuando se recogen de la orilla de las playas de Calpe.

   Sobre la supuesta adjudicación "a dedo" del contrato por el que la planta de transferencia recibe los residuos de Calpe, Fenoll ha refutado esta afirmación, si bien ha declarado que hablará "cuando toque", puesto que "ahora está todo bajo secreto de sumario".

El alcalde de Calpe denuncia a Colsur por estafa en la facturación de basuras

CALPE.- El alcalde de Calpe, Ximo Tur, ha presentado una denuncia por una presunto delito de estafa continuada en relación con la facturación realizada por la empresa Colsur, y ha propuesto rescindir el contrato con esta compañía, que es investigada en una de las ramificaciones de la 'operación Brugal', según ha informado en un comunicado el Consistorio de Calpe.

   Así, ante la unidad de Policía Judicial de Calpe, en calidad de primer edil de la localidad, este jueves ha denunciado que la facturación de Colsur, comprobada de momento desde enero de 2006, refleja que se ha facturado "entre dos, cinco y cuatro veces", según los meses, "el peso de los residuos recogidos por Acciona y el estimado tomando como base los datos que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE)".
   En este escrito, Ximo Tur adelanta que está previsto revisar todas las facturas de Colsur desde 1998, y también muestra su intención de proponer al pleno la rescisión del contrato con Colsur, para "no continuar un contrato con quien a estafado a Calpe", y dado que la planta de Colsur está situado en una zona de especial protección ésta "debería ser limpiada y descontaminada".
   Así mismo, ha anunciado su deseo de proponer al pleno un rebaja lineal de la tasa de basura, en base a la disminución del coste del servicio que se pueda producir por la rebaja de la factura del tratamiento de la basura.
   Junto a la denuncia, alcalde ha aportado a las fuerzas de seguridad los decretos de aprobación de facturas en los que consta que se aprueban en base a certificaciones del director técnico del servicio --que es el mismo desde 2007-- y la ausencia de reparos del interventor --también el mismo interventor, según ha aclarado--. En estos documentos, consta la firma de los concejales de Hacienda durante este periodo --cargo que han ocupado Nicolay Pérez Tyteca del PSOE y Fernando Penella del PP--.
   Además, ha considerado que "debe ser falso" que el concejal socialista, Joan Morató, ya "detectara irregularidades pero que no las hiciera públicas por causa de la moción de censura", dado que, en opinión de Tur, esto convertiría al "PSOE en encubridor de un delito que tiene la obligación de denunciar".

Luna dice que el PP intenta "callar una voz incómoda" porque él obliga a Camps a "retratarse"

ALICANTE.- El portavoz del PSPV en las Corts Valencianes, Ángel Luna, ha aseverado este viernes que el PP intenta "callar una voz incómoda" con acusaciones "absurdas" porque él es "la persona que todos los jueves le obliga a retratarse --al presidente de la Generalitat, Francisco Camps-- en las Corts Valencianes".

   Ángel Luna ha respondido así, preguntado por los medios, sobre la petición del síndic del grupo parlamentario 'popular' en las Corts Valencianes, Rafael Blasco, al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que testifique el constructor Enrique Ortiz así como Javier Ponce, operario encargado de la ejecución material de las obras de reforma de la vivienda del síndic del grupo socialista para esclarecer "quién contrató sus servicios y quién sufragó el coste de los mismos".

   En este sentido, Luna ha opinado que están "intentando callar una voz incómoda" y "por eso han hecho un montaje con eso y con unas obras de hace trece años".

"Estoy encantado, voy a ir al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y voy a dar mis explicaciones y les aseguro que mi expediente estará archivado antes de que tengamos ninguna duda sobre el señor Camps y sobre el informe que nos decían, que evidentemente pone de manifiesto que ha habido irregularidades con el tema de los trajes", ha dicho.

   Luna ha recordado que fue "cuatro años alcalde de esta ciudad entre el año 91 y el 95", una época en la que el PP no le denunció "absolutamente por nada", aunque "tenían acceso a todos los expedientes de contratación del Ayuntamiento de Alicante". Es una acusación "ridícula", ha dicho.

   Por otro lado, preguntado por las deficiencias en un parque realizado en el Monte Tossal de Alicante, en el periodo en que era alcalde, ha recordado que ese "parque lo recibieron ellos --PP--", por lo que deberían ser ellos quienes pidieran responsablidades.  Luna ha dicho comprender que en el PP están "muy interesados" en buscarle "responsabilidades de lo que sea".

"A estas alturas, me parece que llega un poco tarde", ha apostillado.

Cabedo defiende la imparcialidad de Fiscalía y dice que actúa con arreglo a ley

VALENCIA.- El fiscal superior del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Ricard Cabedo, ha defendido este viernes en las Corts Valencianas la "imparcialidad" de la Fiscalía, que actúa "con arreglo a la legalidad, sin colores, ni quiénes ni dónde". "Lo que nos importa es cumplir legal y estrictamente lo que está establecido", ha declarado.

   Cabedo se ha pronunciado de esta manera durante su intervención en la Comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las instituciones de la Generalitat, después de que el diputado del PP José Marí Olano mostrara las dudas de su grupo sobre la "imparcialidad" de los fiscales.

   A este respecto, Cabedo ha defendido que los fiscales actúan "con arreglo a la legalidad". "Somos imparciales y siempre ha sido un valor que hay que defender", ha indicado, y ha destacado que "lo que nos importa y defendemos es cumplir legal y estricamente lo que está establecido, sin más, sin colores ni quiénes ni dónde".
   Ha agregado que cree "complicado" que exista "más independencia" que en los fiscales, y ha recordado en este sentido que el puesto del fiscal general del Estado "debe de ser en este momento uno de los más endebles, puesto que son cuatro años de nombramiento y no hay prórroga, se acabó". 

Además, ha dicho que "no se puede hacer nada más para que no se desconfíe: se informa al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se debate su idoneidad en las Corts, etc".

   Sin embargo, frente a estos argumentos, Marí Olano ha matizado que "hay veces" en que la imparcialidad del fiscal "se puede ver comprometida", "sobre todo cuando las decisiones del ministerio fiscal son anunciadas por la vicepresidenta política", o cuando se exhibe en las Corts un informe "que está bajo secreto de sumario" --en referencia al mostrado por el portavoz socialista Ángel Luna sobre el 'caso Gürtel'--.

   Y, sobre este asunto, el fiscal superior ha afirmado que no puede actuar de oficio contra Luna porque no es "adivino" y desconoce el informe que exhibió relacionado con el 'caso Gürtel'. Es un documento "visto a distancia, que no se adivina la fecha, ni su origen", y "yo no me dedico a controlar los periódicos", ha dicho.

   Ha aclarado que este documento "fue visto a distancia" y "no se adivina la fecha ni su origen". 

"Yo no soy adivino --ha agregado--, no sé lo que hay ahí, qué hay detrás, si tiene contenido o no, si está secreto o no", así que entiende que "actuar a través de datos inseguros es muy complicado". A su juicio, se necesita "tener un poco más de seriedad, y si hay indicios de conductas reprochables penalmente, el fiscal debe de actuar, sino, no", ha sentenciado.