martes, 8 de febrero de 2011

La Generalitat considera "fundamental" apoyar la labor investigadora contra el picudo rojo

VALENCIA.- La consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación, Maritina Hernández, ha destacado este martes que la Generalitat considera "fundamental" apoyar la labor investigadora "como medio de obtención de una solución eficaz que permita controlar y erradicar la plaga del picudo rojo".

   Durante la inauguración del II Encuentro Internacional Phytoma-España que se celebra hasta el miércoles en Valencia, Maritina Hernández ha asegurado que este congreso permitirá "avanzar en la eficacia de las estrategias y los tratamientos que se puedan aplicar en el futuro contra este insecto".
   Maritina Hernández ha subrayado el interés del Consell por mantener "un patrimonio como es el de las palmáceas que forma parte de nuestra imagen y nuestra historia, pero también porque son un bien de interés económico en nuestro sistema agrario. De ahí nuestro esfuerzo por salvar una actividad que está mostrando un crecimiento importante, con unos excelentes índices de exportación y que está manteniendo el dinamismo en muchas de nuestras comarcas".
   De este modo, ha insistido en que la lucha contra esta plaga debe sustentarse en una "combinación de diferentes soluciones científico-técnicas", pero también ha recalcado que la cooperación que existe entre los Qyuntamientos y la Generalitat, en el marco de la estrategia de control diseñada por el Consell, "es fundamental ya que permite optimizar todos los recursos existentes".
   Así, ha recordado la importancia de mantener "estrechos lazos de colaboración" entre los diferentes agentes implicados, "ya que resulta primordial tanto para las tareas de investigación como para la transferencia de conocimientos y resultados a todos los profesionales, empresas y propietarios afectados por esta plaga".
   En este sentido, la consellera ha explicado que su departamento ha trasladado al Gobierno un plan coordinado para la defensa sanitaria de las producciones que incluye actuaciones específicas para el control del picudo.
   La titular de Agricultura ha señalado que el Consell ha establecido una estrategia de control con cuatro niveles de actuación: por una parte los palmerales históricos; por otra, lo referido al cultivo de palmáceas con interés económico; las palmeras urbanas que dependen de los ayuntamientos y requieren actuaciones concretas, y también sobre los particulares.
   Esta planificación tiene su base en los equipos de investigación de la Universidad Politécnica de Valencia, la de Alicante y la Miguel Hernández, que junto al Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) colaboran con la Conselleria en distintos proyectos. La estrategia centra la lucha contra la plaga del picudo rojo en la prevención e investigación, con el objetivo de disminuir las consecuencias de la presencia de esta plaga sobre las palmáceas de nuestro territorio y de forma paralela avanzar en el desarrollo de un sistema de control eficaz de la plaga.
   Estos estudios trabajan en el control del insecto mediante ensayos de tipo biológico, con hongos o feromonas, o químico, con productos fitosanitarios. Asimismo, la Generalitat ha puesto en marcha un conjunto de medidas como la entrega de producto fitosanitario, un plan de arranque de palmeras afectadas o ayudas a la retirada de las plantas arrancadas, entre otras, dirigidas a prevenir la difusión de este insecto en las palmeras de la Comunitat Valenciana de forma coordinada con viveristas, agricultores, ayuntamientos y empresas de jardinería, así como particulares.

El PSPV cree que la Generalitat debería pedir ayuda por su endeudamiento

VALENCIA.- El portavoz del PSPV en las Corts Valencianes, Ángel Luna, ha señalado este martes que el Gobierno valenciano debería "pedir ayuda al presidente del Gobierno, o ponerse a pedir con un platillo en la puerta de la Catedral" para recortar el endeudamiento autonómico. 

El responsable socialista lo ha situado por encima del 2,4 por ciento permitido y "muy cerca del cuatro por ciento" en relación al PIB. Según ha dicho, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, "luego se quejará, llorará y se hará la víctima, pero lo que hay que hacer es dar la cara".

   Luna se ha pronunciado de esta manera tras la Junta de Portavoces en relación a la reunión entre los presidentes del Gobierno central y el catalán, José Luis Rodríguez Zapatero y Artur Mas, y la autorización para un nuevo endeudamiento. Al ser preguntado por si esto supone un "agravio" para la Comunitat, Luna ha señalado que le da "envidia" sobre todo porque los catalanes "tienen un presidente de Gobierno, que es lo que nosotros no tenemos".
   El síndic socialista ha lamentado que en la Comunitat Valenciana "tenemos un presidente de la Generalitat que solo tiene una preocupación: huir de su realidad judicial y refugiarse en actos de todo tipo". Así, ha criticado que mientras el Ejecutivo catalán ha presentado un plan "serio" de ajuste, del Gobierno valenciano "no sabemos nada".
   Por ello, Luna ha señalado que lo que hay que hacer es "dar la cara, explicar cómo están las cosas, hacer una propuesta y luego pedir ayuda". No obstante, "difícilmente se podrá quejar si no hace previamente el trabajo o el esfuerzo que han hecho otros", ha apuntado. Ha criticado también que la actitud del Consell consiste en "dejar pasar el tiempo" y que si el PP ganara las elecciones "será el llanto y el crujir de dientes".

El abogado de Camps pide al TSJCV que las escuchas se unan a la causa de los trajes y PSPV y Fiscalía se oponen

VALENCIA.- El abogado del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, ha solicitado este martes a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que incorpore a la 'causa de los trajes' unas conversaciones telefónicas intervenidas a los considerados cabecillas de la 'trama Gürtel' que benefician a su cliente. Sin embargo, Fiscalía Anticorrupción y el PSPV han mostrado su oposición, según han informado fuentes conocedoras del proceso.

   El letrado de Camps ha vuelto a pedir ante la Sala del TSJCV que se tenga en cuenta el contenido de estas escuchas --parte de las cuales descartan que empresas de la trama pagasen al presidente del Consell los trajes encargados en las tiendas de Forever Young y Milano--, después de que el magistrado instructor, José Flors, denegase su incorporación en un auto dictado el pasado mes de noviembre.
   Contra este auto, la defensa del presidente de la Generalitat interpuso un recurso de apelación que este martes ha visto la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV, en una vista en la que aunque inicialmente era pública, al final se ha denegado el acceso a las personas que no formaban parte del procedimiento. La sesión se ha prolongado alrededor de una hora y cuarto, y al finalizar los letrados no han querido hacer ninguna declaración a los medios de comunicación.
   El letrado de Camps ha incidido en que era necesario incorporar estas conversaciones a la causa porque podrían ser exculpatorias para su cliente. Aunque estas escuchas fueron declaradas nulas en marzo de 2010, quería que su contenido se tuviera en cuenta. Sin embargo, Fiscalía Anticorrupción y el PSPV se han opuesto a esta petición, como ya han hecho en otras ocasiones anteriores.
   Sobre el asunto de la incorporación de las escuchas, Flors ya se ha pronunciado en diferentes ocasiones. La primera, el 18 de enero, mediante un auto en el que consideraba esta prueba "improcedente". Esta resolución fue recurrida por la defensa de Camps, y sobre la misma, el magistrado se volvió a pronunciar este mes, y volvió a denegar la petición.
   Contra esta decisión también cabe recurso de apelación en un plazo de cinco días. Si la defensa de Camps decidiera recurrirlo, este asunto volvería a llegar a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV, en una vista en la que se podrían repetir los mismos argumentos que los esgrimidos este martes.
   Paralelamente a este recurso, la 'causa de los trajes' sigue su recorrido. El magistrado José Flors dictó el 27 de enero una providencia en la que declaraba practicadas todas las diligencias acordadas en esa fase del procedimiento seguido contra Camps y otros cargos del PPCV por un supuesto delito de cohecho propio y concedía a las distintas partes un plazo de cinco días para que se pronunciaran sobre la apertura de juicio y formulasen sus escritos de conclusiones provisionales. Esta resolución fue recurrida por el letrado de Camps y por el de Ricardo Costa, aunque estos recursos no son suspensivos.
   Tras dictarse esta providencia, Fiscalía Anticorrupción, la primera en tener que presentar su escrito de calificación, solicitó al magistrado una documentación para poder presentar sus conclusiones. Hasta que no la recibió, es decir, hasta el pasado viernes, no comenzó el plazo de los cinco días, que expira el jueves de esta semana.
  Lo más probable es que el ministerio público pida la unión de la 'causa de los trajes' con una parte de la ya abierta por supuesta financiación ilegal. La Fiscalía ya solicitó a la Sala del TSJCV en otra ocasión, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) se inhibiera sobre parte de la supuesta financiación, que se unieran las causas. Sin embargo, en ese momento, la Sala no llegó a pronunciarse porque ya se había archivado el caso.
   Posteriormente, después de que el TS ordenase reabrirlo, el ministerio público volvió a pedir al TSJCV su unión. Ahora, ha emitido un auto en el que considera que no se puede pronunciar sobre este asunto hasta que el TSJM declare firme su decisión de inhibirse por el asunto de financiación. Así, hasta el momento, en el tribunal valenciano sólo figura el procedimiento contra Camps y otros tres cargos del PP por un presunto cohecho impropio.
   Después de que Fiscalía presente su escrito de calificación, Flors dará cinco días al PSPV para presentar sus conclusiones. Y luego seguirá este mismo proceder con las cuatro defensas de esta causa --la de Camps, la del exsecretario general del PP valenciano, Ricardo Costa; la del exvicepresidente del gobierno valenciano Víctor Campos y la del exjefe de gabinete de la Consellería de Turismo Rafael Betoret--.

Blasco asegura que las "calumnias" de Luna en las Corts no están "cubiertas" por la inviolabilidad parlamentaria

VALENCIA.- El portavoz del PP en las Corts, Rafael Blasco, considera que la actitud del síndic socialista en la Cámara, Ángel Luna, "es absolutamente reprobable desde el punto de vista político", ya que, a su juicio, ha tenido una actitud "indigna y ha entrado sistemáticamente en descalificaciones personales, insultos, calumnias, injurias y mentiras que son improcedentes y que no están cubiertos por la inviolabilidad parlamentaria".

   Blasco, tras la Junta de Portavoces, se ha pronunciado de esta manera a preguntas de los medios respecto al auto del magistrado que instruye la causa contra Luna por la exhibición de un informe sobre el 'caso Gürtel' bajo secreto de sumario, en el que comunica que ha decidido seguir con la práctica de diligencias de investigación dirigidas a determinar si pudo haber un encubrimiento.
   En este sentido, ha reiterado la "confianza absoluta" de su formación en la Justicia, el respeto a la presunción de inocencia de Luna, así como su intención de "evitar los juicios paralelos". Asimismo, ha criticado que Luna "receta para los demás lo que él no se aplica" y ha recordado el portavoz socialista es una persona imputada.
   Blasco ha indicado así que Luna "no ha podido demostrar que la reforma de su casa la pagó de su bolsillo y sí que ha quedado demostrado, aunque haya pasado mucho tiempo, que esa reforma se la hizo un señor al que él le adjudicó como alcalde de Alicante obras por un importe de 1.300 millones de pesetas".
   "Además, ha quedado demostrado que exhibió en sede parlamentaria un informe que estaba bajo secreto de sumario" y ahora "tiene que dar cuenta sobre si ha ocultado esa prueba, que es la prueba del delito, o si se ha deshecho de ella", ha señalado.

Luna reitera que el informe de Gürtel le llegó de forma anónima y que "no ha habido encubrimiento de ninguna manera"

VALENCIA.- El portavoz del PSPV en las Corts, Ángel Luna, ha reiterado que el informe del 'caso Gürtel' bajo secreto de sumario que exhibió desde la tribuna de las Corts le llegó de forma anónima y que, por tanto, "no ha habido encubrimiento de ninguna manera". "Si he recibido de forma anónima" el documento, "¿a quién puedo estar encubriendo?", se ha preguntado Luna, que ha apuntado que él no puede inventarse a una persona.

   Luna se ha pronunciado de esta manera tras la Junta de Portavoces al ser preguntado por el auto del magistrado Juan Montero, que instruye la causa contra Luna por la exhibición de un informe sobre el 'caso Gürtel' bajo secreto de sumario, en el que comunica que ha decidido seguir con la práctica de diligencias de investigación dirigidas a determinar si pudo haber un encubrimiento y en el que cita a declarar al 'síndic' socialista y su escolta. En este sentido, ha informado de que presentará "probablemente" un recurso a esta decisión.
   Del mismo modo, ha declarado que, aunque este informe dejó de interesarle al publicarse nuevas informaciones sobre los costes de la visita del Papa a Valencia, si lo encontrara, "se lo llevaría" al magistrado que instruye la causa, Juan Montero, "si le sigue interesando". No obstante, "no lo he encontrado", ha agregado.
   En cuanto a la solicitud para que declare su escolta en calidad de testigo, ha explicado que el escolta preguntó a una persona de las Corts cómo funcionaba la entrada de documentos en el Parlamento valenciano a petición suya, porque ese día declaraba en el TSJCV. "Fue a una persona, se lo explicó y listo", y "yo lo expliqué en Sala", ha declarado.
   En este sentido, Luna --que ha incidido en que en el momento de exhibir el informe "no sabía" que era secreto-- ha señalado que no entiende esta petición por parte del juez porque, si hay un delito de encubrimiento, "qué tiene que ver" que el escolta haya preguntado por el "mecanismo de entrada de documentos en las Corts".
   Por otro lado, se ha mostrado sorprendido por el auto porque que en su caso no ha hecho falta la autorización de la Sala del TSJCV para pasar de un delito a otro dentro de la misma causa y no haya sido así con el 'caso de los trajes'. En este sentido, ha explicado que aunque estará "a lo que la instrucción y la Sala decida", presentará "probablemente" un recurso a esta decisión.    
  El síndic socialista también ha hecho referencia a la parte del auto en el que se refiere a la inviolabilidad parlamentaria. Sobre este asunto, se ha mostrado dispuesto a "pelear con quien sea" por este asunto. "Yo sé cuál es mi obligación y que respeto las leyes", ha subrayado, al tiempo que ha asegurado, a preguntas de los medios, que no se siente "maniatado" tras el mencionado auto.
   Por ello, ha asegurado que volvería a hacer lo que hizo, "exactamente igual" y que si exhibió el informe fue para "dar fuerza" a sus argumentos desde la tribuna. "Los que trabajamos en la oposición" en la Comunitat "sabemos lo que supone que muchas veces nuestros argumentos se los lleve el viento" y por tanto "es necesario reforzarlos", ante la dificultad de acceder a información de la administración y porque los miembros del Consell "no contestan las preguntas" que se les formula en las Corts.
   De esta manera, ha lamentado que se "gaste tanta tinta" en su caso y "nadie pregunte" por los 14 millones que costó a las arcas públicas valencianas la visita del Papa a Valencia en 2006.
   Luna ha argumentado así que su obligación es "sacar a la luz por el procedimiento que sea" y que está "cumpliendo" con su "obligación" como parlamentario. Al respecto, ha asegurado que en la última semana ha recibido más información "anónima" y ha destacado que hay "muchos ciudadanos" que se han decidido a ayudarle contra la corrupción. Además, ha asegurado que siente "bastante" el apoyo de su partido.

El TSJCV resolverá la próxima semana el recurso de la defensa de Camps sobre las conversaciones telefónicas

VALENCIA.- La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) resolverá la próxima semana el recurso interpuesto por el abogado del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, en el que pide que se incorpore a la 'causa de los trajes' unas conversaciones telefónicas intervenidas a los considerados cabecillas de la 'trama Gürtel' que benefician a su cliente, según han informado fuentes del TSJCV.

   El letrado de Camps, junto al resto de partes que intervienen en esta causa, han sido citados esta mañana a una vista en la que se ha tratado este recurso de apelación interpuesto contra la decisión del magistrado instructor, José Flors, de rechazar la incorporación de estas grabaciones al procedimiento.
   Durante la vista, el letrado de Francisco Camps ha vuelto a pedir que se tenga en cuenta el contenido de estas escuchas --parte de las cuales descartan que empresas de la trama pagasen al presidente del Consell los trajes encargados en las tiendas de Forever Young y Milano--, mientras que Fiscalía Anticorrupción y el PSPV han mostrado su oposición.
   Tras concluir la sesión, a las 11.45 horas, la Sala de lo Civil y Penal se ha quedado deliberando sobre este recurso de apelación, hasta las 14.00 horas. Así, se prevé que haya una resolución la próxima semana, según han indicado las mismas fuentes.

Magrebíes y gitanos son quienes denuncian más discriminaciones racistas

MADRID.- Los magrebíes y los gitanos son las personas que más quejas han presentado por haber sido discriminados por su raza o etnia, según un informe de la Red de centros de asistencia a estas víctimas con datos recogidos desde junio hasta diciembre de 2010. 

Este primer informe, que ha sido presentado hoy por el presidente del Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y no Discriminación de las personas por su origen racial o étnico, José Manuel Fresno, recoge un total de 235 quejas, de las cuales 188 corresponden a casos individuales y 47, a colectivos.
La Red de centros de asistencia a víctimas de discriminación por origen racial o étnico fue creada por el extinto Ministerio de Igualdad el pasado mes de junio y tiene como finalidad detectar y evitar casos de discriminación por raza o etnia a través de la información a las víctimas y la sensibilización de la sociedad.
El informe destaca que de las 235 quejas, 212 corresponden a casos con "claros indicios de discriminación" y del total, el 57 por ciento las hicieron hombres y el 43 por ciento, mujeres,
El 54 por ciento de las denuncias que las víctimas hicieron llegar a los diferentes organismos que componen la red (como Cruz Roja o la Fundación de Secretariado Gitanos, entre otros) el agente discriminador fue la propia administración pública, el 30 por ciento fueron particulares y el 16 por ciento, organizaciones privadas, como empresas.
Respecto al ámbito en el que se han producido las discriminaciones, el 24 por ciento tuvo lugar en el acceso a bienes y servicios, tanto públicos como privados, el 22 por ciento por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad, en tanto que un 17 por ciento se produjo en el empleo.
El informe refleja el perfil de estas víctimas, quienes en un 33 por ciento tenían entre 26 y 35 años, mientras que un 28 por ciento tenían menos de 25 años y un 26 por ciento se encontraba en la franja de edad entre los 36 y los 45 años.
En cuanto al origen racial o étnico, el 22 por ciento fueron inmigrantes magrebíes; el 20 por ciento, gitanos; un 17 por ciento eran latinoamericanos procedentes de países andinos; el mismo porcentaje de las quejas que fueron presentadas por subsaharianos.
En el 56 por ciento de los casos, la discriminación fue por actitudes xenófobas, el 29 por ciento por insultos, y el 15 por ciento fueron por agresiones.
El 61 por ciento de las discriminaciones fueron directas y el 30 por ciento, indirectas, es decir, disposiciones o prácticas aparentemente neutras pero que en el fondo provocan desventajas en los colectivos más desfavorecidos.
La Comunidad de Madrid es la autonomía donde se han producido la mayoría de los casos, un 19 por ciento, seguida de Andalucía y Castilla y León, con un 18 por ciento, y de la ciudad autónoma de Melilla, con un 16 por ciento.
Los derechos más vulnerados han sido la dignidad (en 36 por ciento de los casos), al acceso al empleo (en un 17 por ciento), a las prestaciones socioeconómicas (un 13 por ciento) y a una vivienda (once por ciento).
Durante el acto de presentación que ha tenido lugar en la secretaría de Estado de Igualdad, dos mujeres han relatado los casos de discriminación de las que fueron víctimas.
Así, Rosario ha contado cómo le negaron el acceso a una piscina municipal por ser gitana y María del Carmen cómo tuvo que acudir a Cruz Roja por los impedimentos que le pusieron para atenderla en un centro sanitario cuando estaba embarazada.
También ha intervenido la directora general por la Igualdad en el Empleo y contra la Discriminación, Carmen Navarro, quien ha instado a los poderes públicos a "no permanecer impasibles" ante la necesidad de actuar contra la discriminación.

El Gobierno dará permiso por arraigo los inmigrantes cuyos hijos tengan nacionalidad española

MADRID.- El Gobierno otorgará permiso por arraigo a los inmigrantes cuyos hijos tengan la nacionalidad española, según se desprende del borrador del Reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería, publicado este martes por la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, ocho meses después de la fecha prevista. 

   Este requisito forma parte de una nueva figura denominada 'arraigo familiar' mediante la cual se regularizará la situación de los padres de los menores con nacionalidad española, "siempre que el niño esté a cargo de y conviva con el progenitor que solicite la autorización". Asimismo, se otorgará este arraigo cuando se trate de hijos de padre o madre que hubieran sido originariamente españoles.
   Este documento de 264 artículos inicia desde este martes un periodo de alegaciones y, según ha indicado la secretaria de Estado de Inmigración, Anna Terrón, el borrador definitivo estará terminado en "aproximadamente dos meses", tras las aportaciones de los interlocutores sociales y el informe del Consejo de Estado.
   El Reglamento también concreta las figuras de 'arraigo laboral' y 'arraigo social'. El primero determina que podrán obtener una autorización los extranjeros que acrediten la permanencia continuada en España durante un período mínimo de dos años, siempre que carezcan de antecedentes penales en España y en su país de origen o en el país o países en que hayan residido durante los últimos cinco años, y que demuestren la existencia de relaciones laborales cuya duración no sea inferior a seis meses.
   En cuanto a la residencia temporal por razones de 'arraigo social', el Gobierno establece que se otorgará a los extranjeros que acrediten la permanencia continuada en España durante un período mínimo de tres años. Además, tendrán que carecer de antecedentes penales en los últimos cinco años y contar con un contrato de trabajo firmado por el trabajador y el empresario en el momento de la solicitud para un periodo que no sea inferior a un año.
   Para obtener el arraigo social, los extranjeros también tienen que tener vínculos familiares con otros extranjeros residentes o deben presentar un informe que acredite su integración social, emitido por la comunidad autónoma en cuyo territorio tengan su domicilio habitual.
   Sobre el arraigo, la secretaria de Estado de Inmigración ha señalado que se trata de "un remedio jurídico a una situación de irregularidad", al tiempo que ha indicado que se trata de un asunto "excepcional". En este sentido, ha subrayado que la figura del arraigo "tiene que ser cada vez más excepcional", pues, según ha insistido, "en el Reglamento se encuentra bajo el epígrafe de 'residencia por circunstancias excepcionales".  
   El Gobierno también pretende con este borrador elevar la protección a las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género. De esta manera, si denuncian, y la sentencia es condenatoria para el maltratador, se les otorgará a las víctimas un permiso de residencia y de trabajo durante cinco años, sin perjuicio de la posibilidad de acceder durante este tiempo a la situación de residencia de larga duración, previa solicitud.
   Además, el Reglamento establece, como novedad, la autorización temporal de residencia a los hijos menores de edad de las extranjeras que sufren maltrato y, en su caso, los mayores de 16 años también contarán con un permiso de trabajo.
   "En este país no se expulsa a las víctimas de violencia de género, ni a las víctimas de trata, que quedan protegidas contra la expulsión en los términos en que establece la ley", ha indicado la secretaria de Estado.
   Por el contrario, de haber concluido el proceso con sentencia no condenatoria o resolución de la que no se deduzca que la mujer ha sido víctima de violencia de género, se le denegará las autorizaciones, tanto a la denunciante como a sus hijos y se reanudará el proceso sancionador en materia de extranjería (expulsión) inicialmente suspendido.
   Sobre los informes de integración social de los inmigrantes, cuya competencia corresponde a las comunidades autónomas, aunque la mayoría han decidido delegarlos a los ayuntamientos, el Gobierno establece que estos documentos no son vinculantes, a pesar de la demanda de varios consistorio catalanes.
   "El permiso de residencia tiene un ámbito claramente supramunicipal, que va más allá del establecimiento de la persona en una comunidad determinada, no podemos hacer que el informe del ayuntamiento sea vinculante porque sería como decir que el Estado renuncia a sus competencias en materia de extranjería", ha subrayado Terrón.
   La Ley de Extranjería fue reformada por el Gobierno en el año 2009 y entró en vigor el 1 de enero de 2010 con la previsión expresa de que se desarrollase reglamentariamente durante los seis meses siguientes.
   Sin embargo, el cambio en la titularidad de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración en el mes de febrero demoró el proceso, de forma que en primavera el Ministerio de Trabajo e Inmigración anunció que no habría una propuesta hasta después del verano. Cuando llegó el otoño, la iniciativa se emplazó hasta finales de año y después, hasta los primeros meses de 2011.

lunes, 7 de febrero de 2011

Ripoll dice que "por supuesto" apoyará la candidatura de Fenoll porque el PP es "uno"

MADRID.- El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, ha destacado este lunes que "por supuesto" apoyará la campaña de Manuel Pérez Fenoll como candidato 'popular' a la Alcaldía de Benidorm , porque el PP "es único, es uno, y todos tenemos que trabajar en la misma dirección".

   En este sentido, se ha manifestado Ripoll,  tras la presentación en Madrid del Libro Verde sobre los Gobiernos Locales Intermedios en España, organizado por la Fundación Democracia y Gobierno Local, en relación con la decisión del comité electoral del PPCV que el sábado designó a Pérez Fenoll como candidato, a pesar de que el Comité Electoral de Benidorm eligió el día anterior a la presidenta local del partido, Gema Amor, como candidata por seis votos a favor y tres en contra.
   En concreto, Ripoll ha indicado que "no hay que maximizar" esta circunstancia y que se debe "pasar página y ponerse a trabajar para ganar el municipio", ya que la intención del presidente de la Diputación es "llegar a los 100 municipios en Alicante", y para eso "contamos con el de Benidorm", ha aseverado.
   Así, Ripoll, quien ha indicado que "independientemente de que detrás de cada decisión, hay personas y ambiciones políticas legítimas", daría "por terminado ese capítulo" y se pondría a "uno nuevo", ha subrayado.
   "Cuando hay fricciones, siempre son negativas para el partido", ha destacado el presidente de la Diputación, quien ha aclarado que en este caso lo que ha sucedido es que se ha tomado "una decisión que, como los fallos de los jurados, no contentan a todos, pero es un paso más en el proceso electoral".
   Por último, ha indicado que estas cuestiones siempre se van a suscitar, ya que también ha sucedido algo similar en El Campello, pero que, al ser menos conocido, no se ha hecho tan notorio. En este sentido, ha destacado que lo importante es "ver cómo se recompone la situación".

Luna asegura que su "único delito" ha sido "cumplir" con su "obligación de diputado"

VALENCIA.- El portavoz del grupo parlamentario socialista en las Corts Valencianes, Ángel Luna, ha asegurado este lunes que su "único delito" ha sido "cumplir" con su "obligación de diputado de exigir al Consell explicaciones sobre el despilfarro del dinero de los ciudadanos" y ha apuntado que asumirá "todas las consecuencias" del ejercicio de esta condición de parlamentario de la oposición "que tiene como obligación constitucional y estatutaria controlar al Consell". 

   Así lo ha indicado en un comunicado en relación con el auto del juez Juan Montero, que instruye en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana la causa abierta al síndic socialista por exhibir un informe del 'caso Gürtel' declarado secreto desde la tribunal de las Corts, en el que se ha acordado seguir la causa e investigar un presunto delito de encubrimiento.
   Luna ha subrayado que "en todo momento" ha "cumplido" con su "obligación" y ha asegurado que asumirá "todas las consecuencias del ejercicio de mi condición de diputado de la oposición, que tiene como  como obligación constitucional y estatutaria controlar al Consell".
   Del mismo modo, Luna ha contrapuesto que es el Consell encabezado por Francisco Camps "el que no cumple con su obligación de dar explicaciones de cómo usa el dinero público de los valencianos y de cómo adjudica los contratos públicos de la administración autonómica".
   "Hace ya más de cuatro años desde que se produjo la visita del Papa a Valencia y Camps todavía no ha dado la más mínima explicación sobre las irregularidades y los delitos que destapaba el informe policial que yo utilicé en mi intervención parlamentaria", ha recalcado el síndic del PSPV.
   En esta línea, ha incidido en que Camps, la cúpula del Consell y del PPCV "han sumergido a las instituciones valencianas en un mar de sospechas desde hace muchos meses por adjudicar a una trama corrupta contratos por valor de muchos millones de euros de dinero público de los valencianos al mismo tiempo que recibían una cantidad significativa de regalos, y no se han dignado a dar una respuesta sobre el paradero de estos millones de euros".
   Al respecto, Luna ha destacado que seguirá asumiendo su obligación, "que no es otra que la de controlar la acción del Ejecutivo valenciano y exigir explicaciones a Camps y a su Consell sobre el uso que hacen del dinero público de los valencianos".

El Gobierno egipcio anuncia una subida del 15% en los salarios públicos y las pensiones

EL CAIRO.- El Gobierno egipcio ha anunciado un incremento del 15 por ciento en los salarios de los trabajadores del sector público y en las pensiones militares y civiles que paga el Estado.

   La subida será efectiva a partir de abril, ha explicado el ministro de Economía egipcio, Samir Radwan, en rueda de prensa recogida por la agencia de noticias oficial, MENA. Además, matizó que, por primera vez, la subida será calculada en base al total de la pensión, no como en subidas anteriores.
   Este incremento de las pensiones costará al erario público unos 6.500 millones de libras egipcias, es decir, unos 806 millones de euros.
   El Consejo de Ministros también ha aprobado la creación de un fondo de 5.000 millones de libras egipcias (620 millones de euros) para compensaciones a los afectados por los saqueos y actos vandálicos registrados aprovechando las protestas, explicó Radwan.

Piden viviendas baratas

Cientos de egipcios que reclaman viviendas más baratas se han congregado este lunes delante de una oficina gubernamental, animados a defender su caso en medio de las masivas protestas que reclaman la dimisión del presidente del país, Hosni Mubarak.
   Muchos de ellos han permanecido durante horas delante de las oficinas con su solicitud y algunos corearon que se unirán al campamento de protesta en la plaza Tahrir si las autoridades no dan curso a sus peticiones. "Si no nos decís que nos habéis aceptado, nos iremos a Tahrir", han asegurado.
   Sohir y Amr, un matrimonio de casi 40 años que busca una vivienda que puedan permitirse, han asegurado que no abandonarán la oficina de la gobernación hasta que consigan lo que consideran su derecho.
   "¿Cómo pueden decirnos que vengamos un determinado día y luego decirnos que nos marchemos, argumentando que no hay nada aquí para nosotros? ¿No están al tanto de lo que está pasando en la plaza Tahrir y de que la gente no se rendirá más y seguirá persiguiendo sus demandas?", afirma Amr.
   La gobernación abrió sus puertas y permitió que algunos demandantes entraran, pero los responsables se negaron a responder a las preguntas de la prensa.
   El Gobierno promete desde hace tiempo facilitar viviendas más económicas a los egipcios con bajos ingresos así como mejores de vida y más empleos. La población egipcia, de unos 79 millones, crece un 2 por ciento al año y el aumento de la vivienda no ha seguido el mismo ritmo.
   Dos tercios de la población es menor de 30 años y el grupo de edad supone el 90 por ciento de los parados. Alrededor del 40 por ciento vive con menos de dos dólares al día.

Comparece ante fiscales militares el ex ministro del Interior egipcio

EL CAIRO.- El ex ministro del Interior egipcio Habib el Adli ha comparecido ante fiscales militares y podría enfrentarse a cargos por causar una ruptura en el orden del país, según ha informado una fuente de seguridad este lunes, durante las protestas que vive Egipto para reclamar la dimisión del presidente Hosni Mubarak.

   Según esta fuente, Aldi, que compareció ante un tribunal el domingo, podría ser acusado de retirar a las fuerzas de seguridad de las calles durante el levantamiento, ordenar disparos con fuego real y liberar a prisioneros de las cárceles.
   Tras enfrentarse con las decenas de miles de manifestantes que se echaron a las calles el 28 de enero, las fuerzas de seguridad desaparecieron repentinamente de las calles de Egipto. Después se produjeron varios días de saqueos y muchos prisioneros huyeron de las cárceles.
   Mubarak respondió a las protestas designando un nuevo gabinete y un vicepresidente. El Gobierno ha abierto investigaciones a algunos ministros y el partido gobernante, Partido Nacional Democrático, ha expulsado a algunos altos cargos.
   El ex ministro de Vivienda Ahmed el Maghrabi compareció ante los fiscales este lunes para enfrentarse a cargos de malgastar dinero público y apropiación de terrenos estatales, según ha informado la agencia estatal MENA. "Las quejas le acusan de violar la propiedad del Estado, apropiación de dinero público y enriquecerse de forma injustificada", informa la agencia.
   El empresario Ahmed Ezz y los ex ministros Rachid Mohamed Rachid y Zuhair Garana también están siendo investigados. Los cinco tienen prohibido viajar fuera del país y han visto congeladas sus cuentas bancarias. Rachid ha negado haber actuado de forma ilegal mientras que los otros cuatro no se han pronunciado sobre las acusaciones en su contra.

Los Hermanos Musulmanes reafirman su exigencia de que dimita Mubarak

EL CAIRO.- Los Hermanos Musulmanes han reiterado su demanda de que dimita el presidente egipcio, Hosni Mubarak, a pesar de la implicación del grupo islamista en las conversaciones de este fin de semana con el vicepresidente Omar Suleiman, en las que se habría acordado que Mubarak conserve el poder hasta septiembre, cuando concluye su mandato.

   "Durante el diálogo nacional del domingo en el Consejo de Ministros bajo la presidencia de Suleiman, los Hermanos Musulmanes explicaron que su participación en estas reuniones está sujeta a la satisfacción de las demandas defendidas por los manifestantes del 25 de enero", explica la página web del grupo, según recoge el diario opositor egipcio 'Al Masry al Youm'.
   Además de la salida de Mubarak, los manifestantes exigen la derogación de la Ley de Emergencia, en vigor desde hace décadas, y la disolución del Parlamento, así como la formación de un "Frente de Salvación Nacional" y el nombramiento de una comisión judicial que investigue los incidentes de las últimas semanas.
   El texto publicado en la web está suscrito por Essam al Erian, miembro de Comité de Dirección de los Hermanos Musulmanes, máximo órgano de la organización.
   Otro miembro del Comité, Mohamed Morsi, quien participó en la reunión con Suleiman, ha asegurado que continúan ciñéndose a las demandas de los manifestantes. "La legitimidad de las demandas del pueblo egipcio está por encima de la Constitución, del régimen y de sus deseos de escapar de esta situación", ha afirmado Morsi.

Consumur alerta de la retirada del mercado de un modelo de vaso de vidrio de la marca IKEA

MURCIA.- La Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios (Consumur), integrada en FACUA-Consumidores en Acción, advierte de la retirada del mercado de un modelo de vaso de vidrio de la marca IKEA, por riesgo de provocar lesiones diversas al romperse con facilidad. 

   En concreto, el modelo retirado es RUND de 4 centilitros, 20 centilitros y 40 centilitros, que han sido incluidos en la red de alerta de productos industriales inseguros, que coordina el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad a través del Instituto Nacional de Consumo, con fecha de 24 de enero de 2011.
   El motivo ha sido el riesgo de provocar lesiones diversas debido a que el vaso se rompe con facilidad como resultado de las variaciones en el grosor del cristal, según informaron fuentes de esta asociación en un comunicado.
   La empresa IKEA España, tras le problema detectado en el producto, ha comunicado a las autoridades de consumo de Madrid las medidas que voluntariamente ha adoptado, consistentes en retirar el producto de la venta y recuperarlo de los consumidores que ya lo hayan adquirido.
   Consumur informa a los consumidores y usuarios que deseen recibir más información acerca de sus derechos, que acudan a la Asociación, en horario de 10.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes, y de 17.00 a 20.00 horas los martes y jueves, así como a través de su Oficina Virtual, a disposición del consumidor y usuario las 24 horas del día en la dirección 'http://www.consumur.org' y en el teléfono '629-387278'.

IU no permitirá que el PP gobierne en CC AA y Ayuntamientos si depende de ellos

CIUDAD REAL.- El coordinador general de IU, Cayo Lara, ha asegurado que, "ni por activa por ni por pasiva", la coalición va a permitir que el PP gobierne en ayuntamientos o comunidades autónomas después de las elecciones del próximo 22 de mayo si depende de ellos.

   Lara se ha manifestado así este lunes, a preguntas de los medios, antes de asistir al 'Foro Diálogos', que organiza la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha en el Campus de Ciudad Real.
   No obstante, Lara también ha criticado al PSOE, partido que ha tratado "muy mal" a Izquierda Unida. Así, ha mostrado su rechazo con el acuerdo promovido por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sobre la reforma de las pensiones.
   De este modo, el dirigente de IU cree que estas políticas que está aplicando el Gobierno socialista van a repercutir "negativamente" en las opciones de los candidatos que presente el PSOE, tanto en las comunidades autónomas como en los ayuntamientos.
   Lara, en todo caso, ha señalado que las leyes electorales, entre ellas la de Castilla-La Mancha, no facilitan las posibilidades para que IU obtenga una representación en los parlamentos en consonancia con el número de votos que tienen.

Luna dice que Camps "necesita dilatar el proceso"

VALENCIA.- El portavoz del PSPV en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, ha asegurado que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, "necesita dilatar el proceso de los trajes para que el presidente del PP, Mariano Rajoy, le nombre candidato" de la formación 'popular' a la Presidencia Generalitat.

   Luna, en un comunicado sobre el auto del magistrado instructor de la 'causa de los trajes' en el que deniega la petición de Camps de practicar nuevas diligencias, ha afirmado que el presidente de la Generalitat "se sentará en el banquillo".
   "Camps se ha dedicado desde hace algunos meses a retrasar el procedimiento porque necesita que llegue el plazo definitivo para que su partido tenga que nombrar oficialmente candidatos sin que se haya procedido a abrir el juicio oral y sin que se haya acabado el procedimiento de los trajes", ha subrayado Luna.
   Por este motivo, para el portavoz socialista, Camps y el resto de imputados "están intentando dilatar el proceso permanentemente, a través de la solicitud de nuevas pruebas y diligencias y de los recursos sobre todas las decisiones del juez".
   Frente a estas actuaciones, Luna ha destacado que el magistrado instructor "les ha vuelto a decir que no procede" y, por tanto, parece que "el juez tiene bastante claro que tiene que seguir adelante y que Camps tiene que terminar sentado en el banquillo".

Renta 4 compra el Banco Alicantino de Comercio a Banesto por 15 millones de euros

MADRID.- Renta 4 ha recibido la autorización del Banco de España para adquirir el 100% del capital del Banco Alicantino de Comercio a Banesto por un importe de 15 millones de euros, según ha comunicado la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

   El consejo de administración de Renta 4 ha acordado formalizar esta adquisición antes del 31 de marzo, aunque el acuerdo entre las partes está sujeto a una posible prórroga.
   La finalidad de Renta 4 con esta adquisición es "configurar de forma más plena un grupo de servicios financieros especializado en el asesoramiento y gestión patrimonial, así como en la intermediación en los mercados de capitales y en el asesoramiento de operaciones corporativas".
   Renta 4 explica que desea, por tanto, desarrollar su actividad "como un grupo bancario especializado en servicios de inversión, manteniendo su actual modelo de negocio". En este sentido, aclara que "no es su intención realizar actividades de banca comercial tradicional, tales como la concesión de préstamos o créditos no vinculados a operaciones sobre valores", ya que "Banco Alicantino no desarrolla en la actualidad actividad bancaria alguna".
   Tras la adquisición de las acciones, Renta 4 iniciará un proceso de fusión entre el Banco Alicantino y la sociedad matriz del grupo, Renta 4 Servicios de Inversión S.A. El objetivo de este proceso es la integración operativa del banco adquirido en el Grupo Renta 4, configurándose el banco como sociedad cabecera del grupo.
   Renta 4 ha explicado que el precio de la compraventa de las acciones se ha fijado 9 millones de euros,  el equivalente al patrimonio neto de Banco Alicantino que reflejen los estados financieros auditados formulados con anterioridad a la fecha de formalización de la compraventa, más 6 millones de euros, lo que da un importe total de 15 millones.
   El grupo añadió que en el momento de adquirir las acciones suscribirá y desembolsará con aportaciones dinerarias un aumento del capital de Banco Alicantino por importe de 9 millones de euros con el objeto de incrementar los recursos propios.
   La adquisición de las acciones y el desembolso de este aumento de capital se financiarán mediante la ejecución de una emisión de obligaciones por importe de 25 millones de euros, previo registro por la CNMV de la correspondiente nota de valores.
   Estas obligaciones serán convertibles de forma opcional, es decir, de forma voluntaria y no obligatoria, y se emitirán a un tipo de interés del 5% anual (con cupón liquidable semestralmente) y con un precio de conversión de 6 euros por acción. Los bonos tendrán vencimiento al tercer año y conversión cada año, acumulable.

Los transportistas amenazan con protestas tras verse con Blanco

MADRID.- Una de las asociaciones de transportistas españoles, Fetransa, amenazó el lunes al Gobierno con llevar a cabo actos de protestas tras mantener una reunión que calificaron de "decepcionante" con el Ministro de Fomento español, José Blanco, para buscar medidas que alivien la complicada situación económica que atraviesa el sector.

En una nota de prensa, Fetransa dijo que ha pedido al Gobierno que estudie una serie de iniciativas para paliar la difícil situación del gremio, dañado por la caída del negocio y por el fuerte alza de los combustibles que, según la asociación, han provocado un coste adicional de hasta 12.000 euros al año por vehículo en los últimos dos años.
"Desde hace más de dos años se lleva analizando la situación y estudiando las propuestas de las organizaciones, por lo que ha pasado tiempo más que suficiente para exigir a la Administración soluciones, las cuales tampoco se anunciaron en la reunión de ayer, de ahí que el resultado de la misma fuera decepcionante", dijo Fetransa en una nota.
La asociación de transportistas reivindica que se establezca un precio mínimo obligatorio para que no se puedan realizar transportes a pérdida, que se suavice el importe de las sanciones de tráfico para los transportistas y que se cumpla con el compromiso adquirido hace más de dos años de destinar 60 millones de euros al año a ayudas al abandono de la actividad.
Los transportistas dijeron que en la reunión Fomento apostó por la concentración empresarial en el sector para hacer frente a la crisis y que se comprometió a estudiar las propuestas, principalmente las relativas a las sanciones por tráfico, además de abrir la puerta a considerar la actividad de los transportistas para incluirla en las profesiones que de forma extraordinaria podrán jubilarse antes de los 67 años.
"Ante el escaso grado de acogimiento de las medidas que propone el sector, la falta de compromiso y sensibilidad de la Administración, a lo que se une la tensión y nerviosismo de los transportistas ante la falta de rentabilidad de sus negocios,
por las distintas asociaciones que componen FETRANSA no se descarta llevar a cabo actos de protesta en las próximas fechas", declaró Fetransa en su nota.
En el verano de 2008, una huelga en el sector de transporte de mercancías por carretera en España provocó la paralización del sector y algunos comercios y gasolineras sufrieron problemas de abastecimiento durante unos pocos días.

Hacienda vigila a personas que perciben rentas sin declarar y cobran el paro

MADRID.- La Agencia Tributaria pondrá en marcha este año un plan para luchar contra la economía sumergida, que estrechará el cerco sobre las personas que perciben rentas sin declarar y que, al mismo tiempo, cobran el paro u otras prestaciones de la Seguridad Social, según el Plan de Control Tributario 2011 publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

  El plan contempla también incrementar las actuaciones de carácter presencial, con visitas a locales y negocios para detectar economía sumergida y que se hará conjuntamente con la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social y con la Tesorería General. Así, inspectores de Hacienda se personarán en locales situados en determinadas áreas geográficas o en los que se desarrollan actividades propias de determinados sectores económicos.
   Hacienda también explotará y analizará la información sobre actividades económicas que se intercambia con la Seguridad Social, y hará uso de la nueva declaración informativa sobre terminales de tarjetas de crédito y sobre consumo de energía eléctrica para detectar negocios sin declarar. Además, tratará de identificar a trabajadores "falsamente autónomos".
   Dentro del plan para luchar contra la economía sumergida, también se contempla el control sobre las actividades derivadas de la importación de bienes procedentes fundamentalmente de Asia y otros terceros países, así como la investigación de canales de comercialización de los bienes importados, incluyendo actuaciones de carácter presencial.
   El Plan de Control Tributario 2011 contempla, asimismo, otras actuaciones, como el control de actividades profesionales a través de los signos externos de riqueza que permitan el descubrimiento de ingresos no declarados y de las facturas falsas de IVA. También se prestará especial atención al uso de billetes de alta denominación (importes especialmente elevados), así como a la detección de falsas empresas subcontratistas.
   El seguimiento de condenados o denunciados por delito fiscal, al objeto de adoptar las medidas procedentes, o el control de contribuyentes que declaran en módulos son otras de las prioridades de la lucha contra el fraude para este año. En este último caso, Hacienda prevé también realizar visitas a declarantes en módulos para obtener indicios de prácticas fraudulentas, como dividir artificialmente su actividad entre varios sujetos con el fin de eludir la exclusión de este régimen.
   La lucha contra la deslocalización y la planificación fiscal abusiva será otro de los objetivos prioritarios para 2011. De este modo, Hacienda intensificará el control sobre centros de planificación que comercializan productos dirigidos a la defraudación fiscal, prácticas financieras que pueden propiciar la opacidad de cuentas y actuaciones que persiguen la acreditación indebida de gastos financieros, sobre todo intragrupo, para reducir o eliminar bases imponibles a tributar en España.
   También serán objeto de atención prioritaria otras áreas relacionadas con la fiscalidad internacional, como la utilización "abusiva" de los precios de transferencia, sobre todo en las reestructuraciones empresariales como consecuencia de la crisis económica, en las que se aprecie falta de correlación entre la sustancia económica de la operación y la forma adoptada. Se prestará especial atención a la valoración de los intangibles y al tratamiento de las pérdidas derivadas de la situación actual de menor actividad económica.
   En este sentido, y como actuación de carácter preventivo, se fomentarán los acuerdos previos de valoración por ser un instrumento "más adecuado" para eliminar riesgos que conlleva la aplicación de una estrategia incorrecta de precios de transferencia.
   En cuanto al control del fraude en fase recaudatoria, se intensificará la inspección de deudores con incumplimiento sistemático de sus obligaciones fiscales, con el fin de embargarle bienes, y se estrechará el cerco sobre insolvencias aparentes y procesos concursales ficticios para eludir el pago de las deudas tributarias. Además, los órganos de recaudación se personarán en los expedientes de mayor complejidad recaudatoria.
   Finalmente, el Plan de Control de 2011 dedica un apartado especial a mejorar la colaboración y el intercambio de información entre la Hacienda estatal y las comunidades autónomas. En concreto, se culminará este año la puesta en marcha del 'censo único compartido' y se realizarán actuaciones coordinadas en relación con operaciones inmobiliarias significativas.

Las cajas de ahorro españolas que quieran cotizar deben sacar a Bolsa al menos un 25% del capital

MADRID.- La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha remitido este lunes una carta a la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) en la que invita a las cajas que quieran salir a bolsa a que se pongan en contacto con el supervisor para iniciar los trámites, y les recuerda que deben sacar al mercado al menos un 25% de su capital, según establece el Real Decreto 1310/2005.
 
   Así lo ha anunciado el presidente de la CNMV, Julio Segura, en la rueda de prensa para presentar el Plan de Actividades del organismo para este año, en el que ha coincidido con el director general de la CECA, José María Méndez.
   No obstante, Segura ha precisado que la ley contempla excepciones que permitirían a las entidades sacar a Bolsa un porcentaje inferior al 25%, como ocurrió en el caso de Criteria o Iberdrola Renovables, siempre que se garantice la adecuada liquidez del valor.
   En concreto, la CNMV "sólo" puede exceptuar del requisito de difusión del 25% a aquellas operaciones que supongan una distribución próxima a dicho porcentaje y siempre que la capitalización bursátil prevista, el importe de la oferta pública y el número de accionistas garanticen, en opinión del organismo supervisor, "un grado de liquidez y frecuencia de negociación suficiente en el mercado bursátil".
   Del mismo modo, si la colocación se dirige "única o predominantemente" a inversores institucionales, la distribución ha de ser suficiente, entendiendo la CNMV que se da esta circunstancia cuando el número de inversores es superior a 200 sin que ninguno de ellos alcance una participación significativa.
   La carta recuerda, en este sentido, que no se pueden incluir en dicho porcentaje (25%) las acciones en poder de los miembros del consejo de administración del emisor, las que tengan la consideración de participación significativa y las mantenidas en autocartera.
   La CNMV también señala que habida cuenta de la valoración de estas entidades, así como el conflicto de interés en los procesos de colocación que este tipo de operaciones conelleva y con el objeto de establecer un valor de referencia sobre el valor de la entidad como paso previo a cotización, es "importante" que la oferta pública de acciones tenga un tramo dirigido "exclusivamente" a inversores profesionales, que represente una parte sustancial del volumen de la emisión.
   Segura ha argumentado que, dada la especial naturaleza de las cajas de ahorros, las que se hayan marcado el objetivo de salir a bolsa para captar capital privado deberían iniciar cuanto antes los trámites porque es un proceso que requiere tiempo, y las ha instado a resolver las dudas "anticipadamente".
   En este sentido, la carta incide en que debe tenerse presente que la verificación de una salida a bolsa, como paso previo a la primera admisión a cotización, es un proceso "complejo".
   Segura reconoció que la CNMV tenía cierta preocupación por la posibilidad de que las entidades iniciasen sus salidas a Bolsa sin ajustarse a la normativa en esta materia, por lo que el organismo supervisor ha considerado necesario remitir una carta para recordar los criterios mínimos.
   "La obligación de la CNMV es que la salida a Bolsa sea segura y no manipulable", subrayó el presidente del organismo supervisor, quien explicó que esta iniciativa no es algo exclusivo de las cajas de las cajas de ahorros, sino que la CNMV ya ha llevado a cabo procesos similares en anteriores ocasiones con otras compañías que han salido a cotizar.
   Asimismo, la carta recuerda que en el proceso de salida a bolsa también tienen importancia las normas y recomendaciones relativas al gobierno corporativo de toda entidad cotizada, entre las que se refieren al número de independientes, así como a la naturaleza y composición de las distintas comisiones.
   El presidente de la CNMV señaló que hasta la fecha ningún directivo de una caja se ha puesto en contacto con él para anunciarle su intención oficial de salir a Bolsa, y que las únicas intenciones de cotizar que conoce son las de CaixaBank y Banco Financiero y de Ahorro (el SIP de Bancaja y Caja Madrid), que se ya han hecho públicas.
   Por último, reveló que el director general de la CECA, José María Méndez, le ha agradecido la misiva y ha coincidido con la CNMV en la conveniencia de ordenar el proceso de salidas a bolsa de las cajas de ahorros y de informar al mercado sobre del proceso de la forma más fácil y transparente posible.
   Preguntado sobre el proceso de transformación de La Caixa, Segura subrayó que tiene una "envergadura importante", que se ha desarrollado con "cuidado" y que coincide con la línea de profesionalidad y de reforzamiento de capital que necesitan las cajas de ahorros.
   Asimismo, en relación a los nuevos requisitos de capital exigidos tanto a bancos como a cajas de ahorros, Segura subrayó que ni el Banco de España ni el Gobierno son incompetentes, por lo que, a su juicio, si han considerado necesaria la medida es porque elevará la eficiencia de las entidades.

Las ejecuciones hipotecarias suben en España un 11,2% en el último trimestre

MADRID.- Las ejecuciones hipotecarias, por las que las familias pierden su vivienda para engrosar el 'stock' inmobiliario de las entidades financieras, aumentaron un 11,2% durante el último trimestre de 2010, desde los 250.000 procesos entre enero de 2007 y septiembre de 2010 a los 278.000 al cierre del pasado año.

   En su informe 'Situación del Mercado de la Vivienda en España', que recoge datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el sindicato muestra su "preocupación" ante este avance "alarmante" de las ejecuciones, puesto que, al afectar no solo a la unidad familiar que reside en la vivienda, sino también las personas que avalaron el crédito, los ciudadanos afectados podrían alcanzar ya el millón de personas.
   El marco en el que se están produciendo este aumento de las ejecuciones hipotecarias es el de un sector inmobiliario que sigue sembrado de registros negativos. "No hay signos de una clara recuperación en el sector", asegura UGT.
   Algunas variables, como las hipotecas constituidas o las compraventas, que parecían recuperarse en los trimestres anteriores, regresaron a su tendencia reduccionista en el tercer trimestre, al contrario que el Euríbor, que mantenía su valor a la baja desde el inicio de la crisis y ha cambiado su tendencia.
   Según el informe, entre junio y septiembre de 2010 el número total de hipotecas inmobiliarias constituidas y las destinadas a vivienda urbana cayeron por segundo trimestre consecutivo, con un descenso intertrimestral del 4,3% y el 1%, respectivamente. Por su parte, durante el tercer trimestre el Euríbor a un año se incrementó un 10,6%.
   El informe muestra también cómo continúa la caída hacia mínimos históricos de la vivienda libre iniciada y cómo en el caso de la vivienda protegida, los datos se sitúan en niveles de enero de 2008.
   Más aún, el número de compraventas formalizadas en escritura pública se redujeron un 48,3% en el tercer trimestre, después del importante incremento del 39,6% del trimestre anterior, mientras que la compraventa de vivienda nueva se hundió un 66,1% entre junio y septiembre.
   Según UGT, los datos destacan también una cierta "rigidez" a la baja de los precios de la vivienda --con un descenso del 16% entre 2007 y 2010--, en la medida en que algunos propietarios prefieren retrasar la venta de sus viviendas antes que aceptar una rebaja.
   Además, se observa que el ajuste de los precios ha sido mayor en segundas residencias, como las costeras, que en las capitales de provincia, donde se concentra la vivienda habitual.
   El informe muestra también que durante el tercer trimestre de 2010 el precio del alquiler continuó incrementándose, al tiempo que 39.133 jóvenes comenzaron a cobrar la renta básica de emancipación, un 18,3% más que el trimestre anterior.

El instructor de la 'causa de los trajes' concluye las diligencias del 'caso Gürtel'

VALENCIA.- El magistrado instructor de la 'causa de los trajes' en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), José Flors, ha dictado un auto en el que mantiene su decisión de denegar la petición de la defensa del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, de practicar nuevas diligencias relacionadas con las conversaciones telefónicas intervenidas a los considerados cabecillas de la 'trama Gürtel' y que dieron origen al procedimiento.

   En un auto de fecha 3 de febrero, el magistrado ha acordado que no cabe reformar un auto de fecha 18 de enero, donde ya denegó la petición de practicar las diligencias solicitadas y señala que ante la "insistencia" de la parte recurrente, "se deben reiterar todas y cada una de las razones expuestas en la resolución recurrida para acordar su denegación", según consta en el auto facilitado por el TSJCV. No obstante, contra esta decisión, cabe recurso de apelación en el plazo de cinco días.
   Así, según expone el instructor en los razonamientos jurídicos, la razón para denegar en el anterior auto las diligencias propuestas por la defensa se fundaba en su "improcedencia" porque "ninguna de ellas derivaba del resultado de las practicadas en esta fase del procedimiento" ni tampoco "de hechos nuevos acontecidos" y recordaba lo que ya expuso en su momento en esta causa cuando se propuso diligencias de investigación por las partes, según la previsión de la ley del Jurado.
   A estos razonamientos añadía que durante la instrucción de la causa "ya se había dispuesto y tuvo lugar la incorporación a las diligencias de la totalidad de las conversaciones telefónicas intervenidas que dieron lugar a la incoación del presente procedimiento" y que de todo lo actuado e incorporado "se dio vista y confirió audiencia a las partes, sin que nada se alegara entonces acerca de ninguna averiguación, adición o complemento a lo entonces aportado".
   Asimismo, agregaba que la intervención de comunicaciones telefónicas a diferentes personas "perfectamente identificadas en la causa se conoce desde el inicio mismo del presente procedimiento" y que la solicitud formulada "se asienta en meras hipótesis tendentes, no a una concreta averiguación o contrastación de hechos determinados, sino a realizar una prospección respecto de algo que tal vez pudiera ser de interés del solicitante". Además, apuntaba que todas las conversaciones telefónicas que pudiera haber mantenido Francisco Correa "forman parte de un distinto proceso, con objeto diferente y en el que son parte otras personas".
   La representación de Camps presentó un escrito el 13 de enero donde pedía que se remitiera un oficio al instructor de la causa en Madrid, Antonio Pedreira, para que informara sobre si las conversaciones intervenidas a Pablo Crespo y Álvaro Pérez contenidas en determinados DVD eran las únicas que se había intervenido a estas dos personas o si constaban más, y en el caso de haber otras, pedía que se remitiera una copia. Asimismo, solicitaba una remisión en DVD de las conversaciones intervenidas a Correa y que se diera un plazo para ser escuchadas y seleccionadas.
   El instructor acordó no practicar estas diligencias, decisión que fue recurrida por Camps. Al recurso se adhirieron los abogados del ex secretario general del PPCV Ricardo Costa y del exvicepresidente del Consell Víctor Campos, mientras que fue impugnado por el PSPV.
Desde Alicante, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha asegurado este lunes que desconoce el auto del magistrado instructor de la 'causa de los trajes' en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), José Flors, en el que rechaza practicar nuevas pruebas que su defensa había solicitado.
 El jefe del Consell ha considerado una "barbaridad hablar de una cuestión que, parece ser, acaba de salir en estos momentos", en referencia a la decisión del juez Flors.
 "La democracia, una vez más, dará aquello que crea oportuno, que es que el PP continuará gobernando en la Comunitat Valenciana, y, parece ser, que yo continuaré siendo su presidente", ha agregado.

'Ciudad de la Luz' homenajea a Berlanga con la construcción de un monolito en los estudios


ALICANTE.- El complejo industrial audiovisual 'Ciudad de la Luz' de Alicante ha descubierto este lunes un monolito en homenaje al cineasta valenciano Luis García Berlanga, promotor de los estudios cinematográficos, bajo la leyenda: "Nunca doy por terminada una película, ni una relación, ni tampoco mi vida".

  Tras descubrir el monolito y la placa conmemorativa en el edificio de Administración, que llevará el nombre del director, en el Centro de Estudios de Ciudad de la Luz ha tenido lugar la proyección del documental 'Berlanga, plano personal', coordinado por Gerardo Herrero y dirigido por Luis Soravilla.
   El actor Pepe Sancho, quien ha presentado el documental y las intervenciones, ha destacado que Berlanga tenía "un magnetismo" que hacía "imposible estar cerca de él y no preguntar". "Nos estarás viendo y, cómo te gusta sacar entierros en las películas, dirás: 'falta el mío'", ha indicado.
   Para Sancho, el creador de largometrajes como 'Plácido' o 'París-Tombuctú' es "el maestro" y, con su muerte el 13 de noviembre de 2010, "se acabó ese cine futuro", si bien ha precisado que "tiene muchos alumnos". "No hay ningún papel en ninguna película de Berlanga que no tuviera carne", ha añadido.
   Por su parte, el hijo del cineasta José Luis García-Berlanga ha asegurado que su padre, a diferencia de los personajes que aparecían en sus películas, era un hombre que "creía en sus sueños" y ha destacado "lo terco y pesado que podía ser para que sus sueños se convirtieran en realidad".
   En este sentido, ha explicado que uno de los objetivos de su padre era la creación de los estudios de 'Ciudad de la Luz'. "Estamos obligados a sacarlo adelante y seguir disfrutándolo", ha apuntado.
   El presidente de la Generalitat, en esta línea, ha comentado que Berlanga le planteó la creación de "una infraestructura" para un "cine de alto nivel", que dejase una huella "económica y social" en la Comunitat Valenciana.
   "No se discute que es un cineasta de primer nivel y que deja en su obras las pautas de comprensión de cómo somos los españoles, cómo nos vemos y cómo queremos seguir viéndonos", ha opinado Camps, para quien "cada vez" que salga un proyecto o una nominación a los premios Goya de alguna obra realizada en el complejo audiovisual alicantino se estará realizando "un homenaje a Luis García Berlanga".
 
   El documental 'Berlanga, plano personal', a lo largo de sus 20 minutos, realiza un repaso de la trayectoria vital y artística del director de obras como 'La Vaquilla' a través de las declaraciones de familiares suyos, como su viuda, María Jesús Manrique, así como de personas del mundo del cine, como el productor Gerardo Herrero, el director Miguel Albaladejo, el guionista José Luis Iborra y los actores Pepe Sancho, Pedro Ruíz, Terele Pávez y Juan Luis Galiana, entre otros.
   Así, en el film, Gerardo Herrero destaca que la obra de Berlanga "refleja la sociedad española a través de lo colectivo, del humor de la ironía", a lo que Iborra añade que esto es fruto de la "falta de pudor" de los valencianos, como "el hablar de sexo".
   "El cine no era sólo cultura, sino también una industria", apunta el documental, quien repasa la filmografía de este director, nacido en Valencia el 12 de junio de 1921 y ganador del Premio Nacional de Cinematografía en 1980, de la Medalla de Oro de las Bellas Artes en 1981, del Premio Príncipe de Asturias de las Artes en 1986 y del Goya al mejor director por su película 'Todos a la cárcel' en 1993.
   Asimismo, su largometraje 'Plácido' fue nominado al Oscar a la mejor película de habla no inglesa en 1961, mientras que en 1988 fue elegido miembro de la Real Academia de las Bellas Artes de San Fernando. Cinco años después recibió la Alta Distinción de la Generalitat y, en 2008, la Gran Cruz de Jaume I.
El homenaje al director de 'Bienvenido Mister Marshall' o 'El Verdugo' ha contado con la presencia de los hijos y la viuda de Berlanga, así como del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, el vicepresidente segundo del Consell y conseller de Economía, Hacienda y Empleo, Gerardo Camps, y sus homólogos de Cultura y Deporte, Trini Miró, e Infraestructuras y Transporte, Mario Flores.
Al acto, han asistido, además, la presidenta de las Corts Valencianes, Milagrosa Martínez, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, el diputado provincial de Cultura, Pedro Romero, los actores Pepe Sancho y Guillermo Montesinos, así como representantes del sector económico y empresarial alicantino, como el presidente de Caja Mediterráneo (CAM), Modesto Crespo, y el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Enrique Garrigós.