La Unión Europea crea un mecanismo para vigilar que los Estados combaten la corrupción

BRUSELAS.- La Comisión Europea ha creado un nuevo mecanismo de vigilancia con el objetivo de supervisar si los Estados miembros realizan suficientes esfuerzos en la lucha contra la corrupción. Bruselas pretende lograr un mayor compromiso político de los Gobiernos en el combate contra este delito, que tiene un coste anual de 120.000 millones de euros para la economía de la UE (el 1% del PIB).

   "La lucha contra la corrupción debe recibir atención prioritaria", ha dicho la comisaria de Interior, Cecilia Malmström. "En mi opinión, entre los políticos y los responsables de la toma de decisiones no existe determinación suficiente para luchar contra este delito", ha denunciado.

   El nuevo mecanismo consistirá en un Informe Anticorrupción de la UE, que se publicará cada dos años a partir de 2013. El informe identificará las tendencias y las deficiencias que se deban corregir y estimulará el aprendizaje mutuo y el intercambio de buenas prácticas, según Bruselas. Estará basado en información procedente de fuentes diversas, como los mecanismos existentes de supervisión (por el Consejo de Europa, la OCDE y las Naciones Unidas), expertos independientes, partes interesadas y la sociedad civil.

   En paralelo, el Ejecutivo comunitario quiere que la UE negocie su participación en el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) con el fin de generar sinergias entre ambos mecanismos.

   Según Malmström, el Informe "puede generar voluntad política para que se tomen medidas, ofreciendo una imagen nítida de la labor y los logros de la lucha anticorrupción y señalando también los puntos débiles y los fallos existentes en los 27 Estados miembros de la UE".

   El Ejecutivo comunitario ha anunciado además un paquete de medidas que irá adoptando en los próximos meses para reforzar la lucha contra la corrupción. Entre ellas, propondrá nuevas normas de la UE en relación con la confiscación de los productos del delito, una estrategia de mejora de las investigaciones sobre los delitos financieros en 2012 y un plan de acción relativo a la mejora de las estadísticas sobre los delitos.

   La Comisión, en colaboración con la OLAF y con otras agencias de la UE, como Europol, intensificará la cooperación policial y judicial y mejorará la formación de los agentes de las fuerzas de seguridad. Asimismo hará propuestas para modernizar las normas de la UE en materia de contratación pública, normas de auditoría y fiscalización reglamentaria de las empresas de la UE.

   En 2011 adoptará también una estrategia para combatir los fraudes que dañan los intereses financieros de la UE. Al mismo tiempo, Bruselas prestará mayor atención a los aspectos relacionados con la lucha anticorrupción en el marco del proceso de ampliación de la UE y de la política de vecindad.

El PSPV dice que la "persecución" a Alarte es "un burdo montaje para tapar la corrupción"

VALENCIA.- La diputada socialista Clara Tirado ha manifestado este domingo que la "persecución" del PPCV al secretario general del PSPV, Jorge Alarte, tiene "el mismo recorrido" que la que realizaron al portavoz socialista en Les Corts, Ángel Luna, ya que se trata de "un burdo montaje para tapar la corrupción". 

   Tirado ha señalado que la denuncia de los 'populares' contra Alarte por injurias y calumnias graves durante la presentación del 'mapa de la corrupción' en la Comunitat es "una operación diseñada con el único fin de desviar la atención ante el terrorífico panorama judicial que le espera esta legislatura al grupo de imputados por graves delitos de corrupción que el PP ha metido en Les Corts.

   Así, ha destacado que la prueba más evidente de este montaje es que lo den a conocer "justo hoy, cuando en todos los periódicos y televisiones nacionales se está hablando de delitos gravísimos de corrupción en los que están implicados una alcaldesa, el presidente de una diputación, dos consellers, y multitud de dirigentes de este partido".

   En cualquier caso, la socialista ha mostrado su "absoluta" confianza en la Justicia y ha celebrado que esta causa es "una buena ocasión para que el PP explique a los valencianos todos los casos de corrupción que aparecen en el documento 'La Corrupción en la Comunidad Valenciana', que tan poco le ha gustado".

"Me temo que con lo que estamos conociendo de Brugal hay que hacer varias ampliaciones", ha apuntado.

   Tirado ha señalado que las conversaciones recogidas en el sumario de este caso revelan que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps encargó a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, "que trazara un plan para desacreditar a nuestro portavoz Ángel Luna con empresarios presuntamente corruptos".

   "Estamos ante comportamientos mafiosos que sólo pueden fabricar miserables", ha resaltado la socialista, que ha insistido en que el PSPV no va a renunciar a denunciar la corrupción porque su obligación es "defender el dinero de los valencianos y las valencianas".

   Por último, Tirado ha lamentado la pasividad del presidente del PP, Mariano Rajoy, ante "el modelo de corrupción generalizada" existente en la Comunitat y le ha exigido que "actúe ante los montajes y las persecuciones del PP valenciano, que ha llenado la cámara autonómica de imputados por corrupción en una clara falta de respeto a nuestro sistema democrático y a la decencia de nuestra sociedad".

Ricardo Costa niega que Ortiz le realizara "cualquier tipo de pago o trato a su favor"

VALENCIA.- El coordinador de Economía del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Ricardo Costa, ha negado que el constructor alicantino Enrique Ortiz le haya realizado "cualquier tipo de pago o trato a su favor" y ha desmentido su participación "directa o indirecta" en la trama Brugal.

   Costa se ha manifestado en estos términos en un comunicado tras conocerse que el Ministerio Fiscal cree que el empresario Enrique Ortiz pudo realizar un pago a favor del que fuera secretario general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) hasta octubre de 2009, Ricardo Costa, además de encargar trabajos al socio de éste, Emilio Álvarez, abogado, con el que quería trabajar "por huevos".

   El sumario de la pieza desgajada del caso 'Brugal', que investiga presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, incluye un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el que la Policía recoge conversaciones de Ortiz en las que solicita al hermano de su mujer, Miguel Carratalá, que le de al socio de Costa "trabajos que tengáis ya, y empezar a trabajar".

    El informe policial recoge también una conversación entre el padre de Ricardo Costa, Juan Costa, y Ortiz, en la que éste le solicita el pago de una factura pendiente para "poder presentar el segundo trimestre de IVA".

   Tras hacerse públicas estas informaciones, Ricardo Costa se ha desvinculado de las investigaciones de la causa y ha recordado que él no tiene ni ha tenido nunca "ninguna responsabilidad de gestión publica ni en Alicante, ni en la Comunitat Valenciana, ni capacidad de decision en asuntos publicos".

   Asimismo, se ha preguntado "cómo es posible confundir la reclamación del pago de una factura por la prestación de servicios profesionales perfectamente definidos y justificados por parte de los responsables de un despacho, con un pago de favor hacia su persona".

   El dirigente 'popular' ha insistido en que sus cuentas personales "son transparentes" y que las pone a disposición de quien las solicite, al tiempo que ha pedido respeto para los profesionales, familiares y para su propia persona.

La Policía considera que Ortiz realizaba contratos ficticios de alquiler de su yate a SEDESA

ALICANTE.- La Policía considera que el constructor, Enrique Ortiz, pudo realizar "presuntos contratos ficticios de alquiler" de su barco 'Elena', en los que utilizaba como arrendatarios a Sedesa --propiedad del empresario valenciano, Vicente Cotino, sobrino del conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Generalitat, Juan Cotino-- así como a personas físicas de su entorno.

   Tal y como recoge uno de los informes policiales que consta en el sumario de la pieza separada del caso Brugal, cuyo secreto ha sido levantado este viernes, la  Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) considera que Enrique Ortiz habría modificado la matrícula y el objeto-finalidad de su yate 'Elena' para realizar presuntos contratos ficticios de alquiler.

   Así, en una conversación telefónica del 24 de julio de 2009, Ortiz le comunica a uno de sus trabajadores que el yate se le alquilará "a SEDESA" durante "estos 15 días", con la finalidad de que este empleado mande al capitán de la embarcación los datos de SEDESA.

   El cinco de agosto de 2009 Ortiz llama a Vicente Cotino para pedirle el DNI de su mujer, y en esa conversación éste le pregunta a Ortiz, entre risas, "¿por donde estamos navegando?, si se puede saber", a lo que Ortiz le contesta que "estás en Ibiza". A continuación el empresario alicantino ofrece a Cotino una lancha durante unos días, a lo que éste contesta que está "en Coruña".

   La policía hace constar en su informe que durante esa conversación Cotino pregunta a Ortiz con qué barco se ha trasladado a Ibiza, a lo que éste le contesta: "tu estás navegando con el Benetti, con el mío, conmigo" y Cotino responde: "Contigo, ¡ah!, estoy contigo", y después le pide que cuando pague algo por ahí, que "recoja las facturas" para que las archive", y se ríe.

   Además, la policía considera en su informe que Enrique Ortiz alquiló el yate 'Elena', del 17 al 24 de julio, a unos individuos de nacionalidad rusa, a los que les cobró 108.000 euros de alquiler, 50.000 más 8.000 de IVA por un lado, y otros 50.000 sin IVA.

   El encargado de recoger el pago sería el hermano de Ortiz, Virgilio Ortiz, quien le habría manifestado su temor de ir solo a cobrar, por lo que el empresario y constructor alicantino le ofrece que vaya con su chófer, a lo que Virgilio responde que "mejor, coño", puesto que "con lo que voy a recoger y todo el follón" no le gustaría "ir solo".

   Así, el 17 de Julio de 2009 Virgilio Ortiz y el chofer del empresario se encuentran en el barco para cobrar por su alquiler, con "una máquina de comprobar si los billetes son buenos", desde donde llaman a Ortiz para indicarle que los individuos "traen la mitad" del dinero, y que "la otra mitad se la dan al capitán".

   A esto Ortiz responde que "el barco no sale si no recibe todo el dinero". Finalmente, de las conversaciones intervenidas, la policía infiere que Virgilio Ortiz recogió todo el dinero y se lo entregó a la mujer de Enrique Ortiz ese mismo día.

Ortiz supuestamente gestionó parte del viaje de Castedo y Alperi a Oporto para negociar con Ikea

ALICANTE.- El empresario alicantino Enrique Ortiz supuestamente gestionó parte del viaje a Oporto, en Portugal, para que la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y el exalcalde, Luis Díaz Alperi, pudieran volver en avión privado tras las negociaciones con los responsables de Ikea, de las cuales, según la investigación policial, el constructor estuvo plenamente informado, ya que ambos "defendieron los intereses de Ortiz" en la implantación de la multinacional en la ciudad.

   Según consta en el sumario de la pieza separada del caso Brugal, relativa al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, tanto en los informes policiales y en diligencias previas elevadas por el fiscal al juzgado instructor, Luis Díaz Alperi presuntamente se puso en contacto con Enrique Ortiz para informarle del viaje que iba a hacer con Sonia Castedo a Oporto para negociar con los representantes de Ikea en noviembre de 2008.

   Además, el exalcalde presuntamente le pide a Ortiz que les gestione la vuelta desde Santiago de Compostela. Así, Díaz Alperi le comenta: "nosotros, y cuando digo nosotros, me refiero a Sonia Castedo y yo, nos vamos a ir a Oporto (...) para darles cumplida satisfacción a los de Ikea".

   Ortiz le dice que es "bueno, que hay que ir, pero que hay que apretarles un poco", a lo que Díaz Alperi responde que con la información de la que dispone "ya sabremos lo que le tenemos que decir".

   Así, añade que él y Castedo han "considerado que no es conveniente" que él asista, pero le pide "conseguir un avión para esto", en concreto para la vuelta desde Santiago de Compostela, ya que tras la reunión en Oporto ambos van a Galicia. Ortiz le pregunta si su "amigo común" no puede ofrecérselo y Díaz Alperi le dice que no porque "lo tiene en Zurich".

   Por ello, Ortiz le pide concreción sobre el día y le asegura que hará "la gestión". En concreto, la gestión consiste en establecer comunicación con Vicente Cotino, a quien le pide que "reserve el avión para el día 2 de noviembre", a lo que el otro accede, ya que es "uno de los apoderados de la mercantil Asedes Capital SA, que tendría como objeto social", entre otros, del arrendamiento de "todo tipo de vehículos destinados al transporte", incluidas aeronaves. Según el informe, "queda de manifiesto que el señor Ortiz habría realizado las gestiones solicitadas por el señor Díaz Alperi".

   Después, el informe policial indica que el exalcalde "da traslado al empresario investigado de lo acaecido en la primera reunión con los representantes de Ikea, manifestando que las personas con las que se han reunido (...) les habrían mostrado las instalaciones que la multinacional tiene en la ciudad lusa".

  "Esa misma noche, tal y como también confirma el señor Díaz Alperi, tenían prevista una cena con los representantes de Ikea, donde se trataría más a fondo los asuntos, y en la cual, tanto el exalcalde, como la alcaldesa de la ciudad, defendieron los intereses del señor Ortiz", se asegura en el informe policial.

   Según añade, "el señor Díaz Alperi tranquiliza al señor Ortiz diciéndole que les ha trasladado a los de Ikea que no están dispuestos a que les tomen el pelo, en clara referencia a las trabas que los representantes de la multinacional están poniendo para el cierre definitivo del acuerdo", que, según le informa, será en ese mismo mes de diciembre, según el "compromiso" de los representantes de Ikea con Castedo.

   El informe policial indica que queda "una vez más de manifiesto que el señor Díaz Alperi, a pesar de haber abandonado la alcaldía de la ciudad, seguiría teniendo gran peso en las decisiones y negociaciones llevadas a cabo por el consistorio alicantino, siendo, junto con la actual alcaldesa, el gran valedor de los intereses urbanísticos de Ortiz en la capital alicantina".

   Esta conclusión de los investigadores se basa en unas palabras de Díaz Alperi a los representantes de Ikea: "yo quiero seguridad, lo que no va a meterse la alcaldesa es en una reforma urbanística muy importante, que al final siempre tiene follones y que además coincide en que en estos momentos la alcaldesa es quien lleva Urbanismo para luego no hacer nada vosotros".

   Posteriormente, vuelve a "aparecer la figura del exalcalde, ya que como refieren los contertulios próximamente obtendrá un cargo, presumiblemente político, desde donde podrá ejercer presión para que la tienda Ikea sea instalada en Alicante", ya que uno de los responsables de la multinacional le ha trasladado a Ortiz que la consellera, entonces de Industria, y ahora de Turismo, Belén Juste, está ejerciendo "presiones" para que se instalaran en Valencia.

   Según el informe, "la consellera tendría en mente la instalación de una tienda en la Comunitat Valenciana y su ubicación sería Valencia", por lo que el señor Laval --representante de Ikea-- apostaba por "dejar pasar el tiempo, mientras la multinacional negocia  con la Federación del Mueble para que se rebaje la presión política".

El PSPV pide a Camps que "hable menos de austeridad" y pague "de una vez" a los proveedores

VALENCIA.- La diputada electa del PSPV Carmen Ninet ha reclamado este domingo al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que "hable menos de una austeridad que no conoce" y ponga en marcha " de una vez" las medidas necesarias para que los proveedores puedan cobrar las deudas, "como se les prometió".

   Así se ha manifestado la socialista en un comunicado, en referencia al plan de gestión y austeridad anunciado este viernes tras el pleno del Consell, una iniciativa que, a su juicio, contrasta con los "miles de millones" que la administración le debe a sus proveedores.

   En este sentido, Ninet ha señalado que la Comunidad "necesita soluciones" y Camps "no está haciendo nada, porque prometió pagar a los proveedores, no lo ha hecho y las empresas deben acudir a los tribunales para cobrar lo que se les debe".

"¿Se imagina Camps tener que acudir a los tribunales para cobrar su nómina?", ha cuestionado.

   Además, ha recalcado que cada vez que estas empresas van a los tribunales luego hay que pagar intereses de demora, por lo que "la incompetencia de Camps les sale carísima a los valencianos".

   Por ello, ha lamentado la "falta de credibilidad" de un presidente que es "incapaz de gestionar con eficacia los recursos públicos y que no quiere entender que los productos que se compran y los servicios que se reciben de los proveedores se tienen que pagar".

   "Si la Generalitat utiliza folios, envía cartas, consume luz y teléfono lo debe pagar, ¿o acaso Camps no cobra por su trabajo?", se ha preguntado Ninet, quien ha instado al jefe del Consell a que "por el bien de los valencianos abandone el modelo de inacción de Rajoy, se ponga a trabajar y pague".

    No obstante, ha admitido que "si en su propia casa, Camps no es capaz de administrar ni sus gastos y no está acostumbrado a pagar nada, tal como quedó demostrado con la transcripción de su declaración ante el TSJCV publicada estos días, ¿cómo va a saber gestionar las cuentas de cinco millones de personas?".

   La diputada electa ha recordado que la gestión de Camps ha provocado que la Generalitat "no pueda enviar notificaciones por correo, porque ya no les fían; los proveedores sanitarios han amenazado con cortar el suministro por las deudas; el canal internacional dejó de emitir por impagos al satélite; los abogados del turno de oficio salieron a la calle para reclamar lo que se les debía y así un largo listado de impagos que se repiten desde hace demasiado tiempo".

   "Si sabe cómo sacar a la Comunidad de la crisis, que lo haga", ha exigido Ninet, que ha agregado que, si por el contrario, "también es incapaz de aplicar medidas, nosotros --el PSPV-- sabemos cómo hacerlo".

Flores niega ahora que aceptara un reloj de Ortiz y dice que dispone de un justificante de devolución

ALICANTE.- El conseller de Infraestructuras y Transporte, Mario Flores, ha negado haber aceptado un reloj del empresario investigado en el caso Brugal Enrique Ortiz y ha asegurado que dispone del "justificante de envío por mensajería correspondiente a la devolución de dicho regalo". 

   Flores, que se ha referido de esta manera en un comunicado a las informaciones sobre el caso Brugal, ha manifestado su "indignación" por la "información parcial y sesgada" que se ha hecho pública sobre supuestos regalos y conversaciones telefónicas.

   En este sentido, ha exigido que se haga pública una "segunda llamada en la que Ortiz le reprocha haberle devuelto el reloj" y en la que el conseller le aclara que "no acepta ese tipo de regalos".

   El titular de Infraestructuras ha exigido que "se repare el daño causado mediante la difusión de esa segunda llamada" y ha manifestado que "a lo largo de mi carrera profesional no he aceptado nunca ningún regalo ostentoso ni favor de ningún tipo".

Enrique Ortiz: "Prefiero quedarme en casa y quedarme con todo"

ALICANTE.- El empresario alicantino, Enrique Ortiz, afirmó, en una de las conversaciones interceptadas del caso Brugal, que le había dicho al que fuera conseller de Medio Ambiente, Agua y Urbanismo, José Ramón García Antón, que prefería "quedarse en casa y quedarse con todo", respondiendo así a la recomendación del conseller de que hiciera negocios fuera de la Comunitat Valenciana porque "no le gustaba que tuviera tanto poder".

   Según consta en uno de los informes policiales dentro del sumario de la pieza separada del caso Brugal, relativa al PGOU de Alicante, cuyo secreto ha sido levantado este viernes, Ortiz y García Antón mantuvieron diversas conversaciones relativas a cuestiones urbanísticas, especialmente sobre el Plan Rabassa y aunque el empresario intentó invitarlo de vacaciones en su barco, el conseller rehusó.

   Así, el informe hace mención a una reunión que mantuvieron ambos en Valencia, concretamente 18 de noviembre de 2008, en un restaurante, que fue vigilada por los agentes investigadores. Tras el encuentro, Ortiz le comenta por teléfono a su empleado, Luis Perea, que el conseller "le ha trasladado su temor porque no le gusta que tenga tanto poder, que lo acapare todo".

   En este sentido, Ortiz comenta a Perea que el conseller le ha aconsejado "también que debería salir, refiriéndose a hacer negocio fuera de la Comunitat Valenciana". 

Según el informe, "ante ello, el señor Ortiz, según sus propias palabras, le ha replicado al conseller que prefiere quedarse en casa y quedárselo todo".

Ortiz supuestamente medió con Ripoll para que llegara a "un acuerdo mutuo" con Sonia Castedo

ALICANTE.- El empresario alicantino, Enrique Ortiz, principal investigado en la pieza separada del caso Brugal, relativa al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, supuestamente medió entre el presidente provincial del PP y presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, para que llegara a "un acuerdo mutuo" con Sonia Castedo, a quien le pide una "estrategia" para "ir convenciéndole".

   En una de las conversaciones interceptadas por la investigación que consta en uno de los informes policiales del sumario, cuyo secreto ha sido levantado este viernes, Ortiz le explica a Sonia Castedo que ha estado reunido con Ripoll y le pide que le ponga "deberes a ver qué estrategia hay".

   En la conversación entre la alcaldesa y Ortiz, mantenida el 16 de febrero de 2009, Ortiz le dice que Ripoll está "blandito" y que le ha dicho que en Valencia "no la van a dejar llegar a un acuerdo, si en Valencia no quieren que lleguemos a un acuerdo, quieren que se pelee conmigo". Según Ortiz, él le ha replicado que eso "no es así".

   Castedo le pregunta a Ortiz si Ripoll le ha dicho que es "un poco hija de puta" y el empresario le responde: "no, no, él a mí, eso no me puede decir nada". A continuación, le indica que le ha "dado consejo: tenéis que llegar a un acuerdo mutuo, si no está muerto".

  "Tenemos que hablar, tú --a Sonia Castedo-- me tienes que decir, a ver, por qué línea tenemos que, tengo que coger para ir convenciéndolo" e "ir trabajándolo", dice Ortiz, a lo cual la alcaldesa responde afirmativamente.

  "Pero va a aceptar pulpo como animal de compañía, ¿eh?", añade Ortiz, quien considera que "no le queda otra opción".

"Ya, es que no tiene otra", zanja Castedo.

Marga Sanz destaca que la trama Brugal y la Gürtel "tienen el mismo hilo conductor: regalos a cambio de información"

VALENCIA.- La coordinadora de EUPV y diputada electa a las Corts, Marga Sanz, ha destacado que las tramas Brugal y Gürtel tienen el mismo hilo conductor: regalos de artículos de lujo y de viajes, a cambio de información privilegiada y contratos con la administración".

   Sanz, que se ha referido de esta manera en relación a los informes policiales del sumario del caso Brugal, ha señalado que las escuchas telefónicas "dejan en evidencia las más que interesadas relaciones del ex alcalde de Alicante, Luís Díaz Alperi y de la actual alcaldesa, Sonia Castedo con el constructor Enrique Ortiz".

   De este modo, ha afirmado que, "al margen del proceso judicial y de investigación que está siguiéndose, exigimos la depuración inmediata de responsabilidades políticas. El PP tiene que apartar de inmediato de la vida pública a Castedo, a Alperi, y a cualquier de los implicados en este caso y retirarles sus actas de diputados electos, y de concejala electa en el caso de Castedo".

   En opinión de Marga Sanz, el PP "ha llegado a unos extremos sumamente irresponsables, mostrando así su falta de respecto a la ética, transparencia y las buenas prácticas y convirtiendo la corrupción en la palabra más repetida". Además, ha calificado las conversaciones reflejadas en el sumario de "escandalosas, insultantes, pero eso sí, muy clarificadoras para el caso".

   Sanz ha añadido que el PP "está permitiendo que personas con acusaciones muy graves continúen de cargos públicos con serias manchas negras en su honorabilidad, y no hay que ir más lejos que de la presidencia de la Generalitat. Por eso le pedimos al PP que no repita la misma respuesta que ha dado en el caso Gürtel, es decir: ninguna".

Las hortalizas de Almería llegan a una cuarta parte del mundo

ALMERÍA.- Las hortalizas producidas en la provincia de Almería llegan a una cuarta parte del mundo, es decir, a unos 50 países, aunque las mayores cantidades corresponden a exportaciones intracomunitarias, que suponen el 97 por ciento del valor de la exportación hortofrutícola andaluza, según detalla un informe realizado por la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, que posiciona Almería como la tercera provincia exportadora de frutas y hortalizas de España, por detrás de Valencia y Murcia. 

   Según el documento, el valor de las exportaciones almerienses de estos productos suponen el 18,3 por ciento del total aportado por el conjunto español. Así, las hortalizas aportan un porcentaje importante del total de las exportaciones españolas, de forma que las más destacadas son pepinos, con el 87 por ciento; berenjenas, con el 83 por ciento; tomates, con el 53; y sandías con el 50 por ciento.

   La balanza comercial hortofrutícola de Almería campaña 2010-2011 hasta enero revela que desde septiembre Almería ha exportado más 762.400 toneladas de productos hortofrutícolas, con un valor de 750 millones de euros, lo que supone un aumento del 16 por ciento con respecto al mismo período de la campaña anterior.

   Alemania es el principal cliente, con 209 millones de euros, lo que es el 28 por ciento del total, seguido de Países Bajos con 120 millones de euros (16 por ciento), Francia con 102 millones de euros (13,6 por ciento) y Reino Unido con 86 millones de euros (11,6 por ciento). El principal producto exportado, en lo que va de campaña, es el pimiento, cuyas exportaciones alcanzaron 213 millones de euros, lo que es el 79 por ciento de las exportaciones españolas de pimiento), seguido del tomate, el pepino y el calabacín.

   Así, el informe también revela las principales organizaciones profesionales de frutas y hortalizas (OPFH) con las que cuenta Almería entre las que destaca la Cooperativa Provincial Agraria San Isidro (CASI), seguida de Murgiverde, Primaflor, Vicasol, Agroiris y Peregrín. Así, en la provincia radican ocho de los 20 primeros operadores de frutas y hortalizas frescas de España, clasificación que encabeza la valenciana Anecoop, que tiene productores almerienses.

   La producción de hortalizas en Almería suma 1.730 millones de euro, lo que supone más del 80 por ciento de toda la producción de la rama agraria en la provincia y casi el 60 por ciento de toda la producción hortícola de Andalucía.  La producción de frutas en la provincia es mucho más modesta, y llega al ocho por ciento del valor de la producción de frutas en Andalucía con algo más de 114 millones de euros. La agricultura tiene una gran importancia para la economía almeriense, pues el sector primario aporta directamente casi el diez por ciento del PIB de la provincia, siendo la media Andaluza del cuatro por ciento en 2009.

   En esta línea, el sector de frutas y hortalizas emplea en Almería entre 40.000 y 50.000 personas, dependiendo del momento de la campaña, lo que supone entre el 15 y 17 por ciento de todos los empleos de la provincia. La mayoría de estos empleos en el campo corresponden a hombres (80 por ciento) y una buena parte a extranjeros, ya que representan el 66 por ciento de la contratación en el sector agrario de Almería.

   La importante producción hortofrutícola almeriense ha favorecido la aparición de una dinámica industria agroalimentaria vinculada a las tareas de manipulación, transformación y comercialización de los productos hortofrutícolas. Por otro lado, el elevado grado de tecnificación de los cultivos intensivos requiere también de una importante tecnología y servicios auxiliares que factura anualmente 1.400 millones de euros, genera 6.000 empleos y aglutina ya cerca de 200 empresas.

   Por lo tanto, el sector hortofrutícola es la base de un importante tejido empresarial de la provincia. En Almería hay registradas unas 190 centrales hortofrutícolas y centros de manipulación, lo que supone el 47 por ciento del número total de industrias agroalimentarias en la provincia. También se registran nueve  industrias dedicadas la elaboración de zumos de frutas y hortalizas.

Un gurú indio inicia una huelga de hambre contra la corrupción

NUEVA DELHI.- El más famoso gurú de India comenzó el sábado una huelga de hambre para exigir reformas, incluida la pena de muerte para los funcionarios corruptos, en una campaña antisobornos que ha minado al primer ministro Manmohan Singh, cuyo gobierno se está viendo plagado de escándalos.

Swami Ramdev, que procede de una familia analfabeta y que hoy presenta un programa de televisión con más de 30 millones de televidentes y es dueño de una isla "de paz" en Escocia, se sentó con decenas de miles de seguidores en una tienda del tamaño de cuatro campos de fútbol en el centro de la capital.

Canalizando la irritación creciente de los votantes por la corrupción existente en la tercera mayor economía asiática, el gurú, de poblada barba y túnica color azafrán, ha pedido al Gobierno que persiga los miles de millones de dólares de fondos ilegales que hay en el extranjero y retire los billetes de gran valor.

Un periódico lo llamó "Yoguización", y otros dijeron que era una trampa publicitaria.

"No nos estamos desviando. Nuestros temas son el dinero negro y la corrupción", dijo Ramdev ante la multitud al inicio de su huelga de hambre en una tienda donde cientos de ventiladores intentaban mitigar el calor del verano. "Y tenemos que permanecer firmes".

"Nada es imposible, todo es posible y no vamos a claudicar" , añadió.

Su campaña es el último revés para la coalición encabezada por el Partido del Congreso, golpeada por escándalos de sobornos como acusaciones de comisiones en los Juegos de la Commonwealth y una estafa en el sector de telecomunicaciones que podría haber costado al Gobierno hasta 39.000 millones de dólares en ingresos.

Los sobornos son parte de la vida diaria india, desde para conseguir una conexión de electricidad a firmar acuerdos de negocios, pero los últimos escándalos - que han visto cómo se encarcelaba a un ministro y se interrogaba a millonarios - no tienen precedentes.

Tal es la popularidad de Ramdev en los estados electoralmente importantes del norte de India que cuatro ministros del Gobierno se reunieron con él en el aeropuerto de Delhi cuando descendió de su avión privado, para persuadirle sin éxito de que no iniciara la huelga de hambre.

Ramdev pareció desafiante el sábado, pidiendo a sus seguidores que continuaran ayunando y desafiando a cualquiera a intentar arrestarle.

Miles de indios también ayunaron en la tienda multicolor, mientras que seguidores del gurú en lugares como el estado de Orisa y Bangalore, la capital tecnológica del país, también comenzaron huelgas de hambre.

Aunque muchos de sus seguidores son pobres, algunos de los presentes en la tienda eran profesionales bien vestidos, mezclados con turistas extranjeros y gente del campo que había viajado centenares de kilómetros para verle.

Mayuri, de 32 años, vino junto con su marido desde el estado del Rajastán, en el oeste del país, para participar en la protesta, y tuvo que vender la bicicleta de su marido para pagar el viaje.

"Creemos que esto es una inversión", dijo, añadiendo que esperaba que los fondos ilegales depositados en el extranjero pudieran ser empleados en medidas sociales.

Pocos creen, sin embargo, que Ramdev muera por esta causa.

Muchos comentaristas esperan que se forje un acuerdo que dé al gurú del yoga lo suficiente como para proclamar una victoria moral y posiblemente le ayude a lanzar su propio partido político para las elecciones nacionales de 2014.

Equo reúne a más de 30 organizaciones para lanzar un proyecto político para las elecciones generales

MADRID.- Equo ha organizado un encuentro con más de 30 organizaciones políticas verdes y progresistas españolas con el objetivo de confluir para la puesta en marcha de un proyecto político estatal que concurra a las próximas elecciones generales. 

 

El encuentro, al que también ha asistido la presidenta del Partido Verde Europeo, Monica Frassoni, ha concluido con la aprobación de una comisión y de un manifiesto conjunto. Además, ICV, que también ha estado presente en el encuentro, ha anunciado su voluntad de firmar un acuerdo de asociación con Equo.

Según los responsables, este nuevo proyecto "pretende buscar respuestas y fórmulas alternativas desde la transformación ecológica, social, ética y democrática de la sociedad".

El manifiesto lleva el título de 'Por un nuevo proyecto político compartido y comprometido con la ciudadanía y nuestro Planeta. Suma y sigue... Es el momento". En el texto se expresa cuáles serán los valores y forma de funcionamiento de esta nueva fuerza política con vocación europeísta que busca "recuperar la confianza de la población en la acción política".

En cuanto a la comisión promotora, también elegida hoy, será la encargada de organizar la asamblea constituyente, que reunirá a los socios de Equo el próximo otoño, y que será la encargada de decidir cuestiones como el sistema de elección de candidatos o la marca electoral. La comisión está formada por 12 personas representativas del proyecto común.

Las organizaciones que han participado en el encuentro además de Equo y que se adhieren al manifiesto son, entre otras, Berdeak-Verdes de Euskadi, Coordinadora Verde/Ecolo-Verdes, Coordinadora Verde de Andalucía, Coordinadora Verde de Madrid, Els Verds Esquerra Ecologista, Los Verdes de Andalucía, Los Verdes de Asturias, Los Verdes de Canarias, Los Verdes de Europa, Los Verdes de Madrid o la Plataforma Melilla Verde.

Según Blanco, el PSOE será "un dique" frente a quienes "aprovechan" la crisis

SANTIAGO.- El ministro de Fomento y vicesecretario general del PSOE, José Blanco, ha advertido este sábado de que su partido será "un dique de contención" frente a "la agenda oculta" de aquellos que "aprovechan" la situación de crisis para "hacer los ajustes que responden a su ideario y pensamiento".

   En declaraciones a los medios, Blanco ha opinado que el PP "va a proponer o hacer un recorte del Estado del Bienestar echando la culpa al Gobierno socialista", basándose en las palabras del líder popular, Mariano Rajoy, quien señaló este viernes que "habrá --el bienestar-- que se pueda pagar".

   De hecho, el dirigente socialista ha observado que el PP "ya empezó a aplicar su agenda oculta" después de transcurridas las elecciones municipales y autonómicas del 22 de mayo a través de un discurso de "que todo está muy mal" para "justificar los recortes".

   Pero el PSOE, ha advertido, será "un dique de contención frente a las amenazas y frente a la agenda oculta de aquellos que quieren meter un tijeretazo de verdad al Estado del bienestar".

La protección social de los parados españoles se reduce a toda velocidad

MADRID.- La protección social de los parados se reduce a toda velocidad. Los datos más recientes del Ministerio de Trabajo muestran que durante el primer cuatrimestre del año casi 200.000 parados (199.050) perdieron su derecho a seguir cobrando el desempleo tras agotar la prestación. Si la comparación se hace respecto de abril del año pasado, el resultado es igualmente elocuente. Nada menos que 328.674 parados han dejado de percibir el desempleo. Poco más de 2,8 millones de parados cobran hoy una prestación económica, según el digital madrileño www.elconfidencial.com

Como consecuencia de ello, la tasa de cobertura ha bajado hasta representar el 72,79% de los parados (diez puntos menos que hace un año). Se trata del nivel más bajo desde el comienzo de la crisis. En concreto, desde 2007, y refleja con toda nitidez las dificultades del mercado de trabajo. La diferencia estriba en que por entonces había poco más de dos millones de parados registrados en las oficinas públicas de empleo, y hoy se ha roto la barrera de los 4,2 millones en términos desestacionalizados por el Ministerio de Economía (4.207.200).

Ese porcentaje, en todo caso, no es homogéneo. Algunas modificaciones legales introducidas durante el primer Gobierno socialista expulsaron del cómputo a la hora de calcular la cobertura a los parados sin empleo anterior. De incluirse a este colectivo, formado por 432.975 parados, el porcentaje de cobertura sería muy inferior. Se situaría, en concreto, en el entorno del 63%, el mismo nivel que en 2005, nada más llegar el presidente Zapatero a la Moncloa.

Si la cobertura se hace respecto de los datos de paro que ofrece la Encuesta de Población Activa (EPA), se estaría hablando de una cobertura que apenasalcanza al 57% de los parados… y a la baja. A medida que se agotan los dos años de desempleo, sólo los mayores de 45 años con cargas familiares tienen derecho a percibir un subsidio asistencial por seis meses.

Lo más preocupante, con todo, es que la caída de la tasa de cobertura no sólo afecta al nivel contributivo, sino que comienza a hacer mella también entre quienes perciben una prestación de carácter asistencial por haber agotado o por no haber podido hacer aportaciones al desempleo.

Subsistir con 426 euros al mes

En abril, por tercer mes consecutivo, el número de beneficiarios de alguna prestación de carácter asistencial ha vuelto a caer. Ahora hay 1.355.356 trabajadores en paro que subsisten con 426 euros al mes, lo que significa 173.467 parados menos que hace un año. El único colectivo en el que aumenta la protección es el que cobra la denominada Renta Activa de Inserción, que opera sobre los trabajadores en paro más necesitados que han agotado, incluso, el subsidio asistencial.

La causa de esta caída del nivel de cobertura de desempleo tiene que ver, lógicamente, con lo prolongado de la crisis, que hace que muchos trabajadores lleven ya más de dos años en paro.

Teniendo en cuenta que el año más duro de la crisis fue 2009 -cuando se destruyeron nada menos que 1,37 millones de puestos de trabajo-, eso significa que a medida que vayan transcurriendo los meses de 2011, más trabajadores verán agotado su derecho a cobrar una prestación económica, con lo que ello supone desde el punto de vista social. Aquél año, el número de altas de beneficiarios por desempleo (no todos los nuevos beneficiarios tienen derecho a cobrar dos años de paro) alcanzó un récord histórico de 2,55 millones.

La Renta Activa de Inserción (el 75% del SMI) es el instrumento con que cuenta el Gobierno para evitar situaciones de exclusión. Hay que tener en cuenta, en todo caso, que la cuantía media de la prestación contributiva (la más elevada) se sitúa en 28,45 euros diarios.

Por un Sistema Público de Cajas de Ahorro, hay que nacionalizar Caja Madrid-Bankia

MADRID.- Este es el resumen de un informe más extenso, que puedes consultar en esta misma página web, en el que se explica la necesidad de nacionalizar Caja Madrid-Bankia y del conjunto de Cajas de Ahorros, para convertirlos en un Sistema Público de Cajas de Ahorros, concretando toda una serie de medidas básicas, para las que te pedimos tu firma y tu apoyo activo a fin de crear una Plataforma que realice una labor de difusión y movilización en su apoyo.

La crisis económica se ha convertido en la excusa de los gobiernos estatal y autonómicos, alentados por el Banco de España, para convertir definitivamente a las Cajas de ahorros en bancos privados. La transformación de Caja Madrid en BANKIA, junto con otras seis Cajas (de Castilla León, La Rioja, Cataluña, Canarias y la Comunidad Valenciana), pondrá en manos de grandes inversores los casi 150.000 millones de euros de los ahorros de los madrileños. Las peores consecuencias de estas medidas las sufrirán las familias trabajadoras.

Estas medidas no aseguran un buen uso de nuestros ahorros. Por el contrario, al convertirse en entidades plenamente privadas y desligadas del objetivo social, susceptibles de ser vendidas al mejor postor en cualquier parte del planeta, su volatilidad se incrementa y el riesgo de que nuestros ahorros desaparezcan por una mala gestión, se multiplica. Importantes bancos han quebrado en el mundo, y muchos más lo habrían hecho si no se los hubiera sostenido con dinero público. Los gobiernos se han endeudado para salvarlos y, ahora, nos exprimen a todos a través de la deuda pública, forzando el recorte de salarios, del empleo público y de los gastos sociales. Los grandes bancos españoles han sido las entidades financieras europeas que más dinero han recibido del Banco Central Europeo (BCE). El BCE les presta el dinero a tipos en torno al 1% y, a su vez, ellos lo prestan a otro mucho más alto, por ejemplo al Gobierno español. Si no hacemos nada, también se adueñarán de las Cajas y de nuestros ahorros para utilizarlos en su beneficio.

Quién se beneficia

De la misma forma que quieren privatizar el Canal de Isabel II, y aquellos servicios públicos, como la Sanidad y la Educación, que puedan resultar rentables para las empresas privadas, las Cajas son un bocado muy apetitoso para los grandes inversores, empezando por el Banco Santander y el BBVA. Las Cajas suponen cerca del 50% del sistema financiero español. Y dieron beneficios, 3.403 millones de euros en 2010. En plena batalla entre todas las entidades financieras por obtener liquidez, la privatización de las Cajas les vendría a los bancos como anillo al dedo.

Su bancarización conllevará la destrucción de cerca de 30.000 puestos de trabajo y de uno de sus principales efectos positivos y seña de identidad, la Obra Social. Sólo en Bankia se destruirán unos 4.000 empleos, la mayoría de Caja Madrid, cuya Obra Social se verá reducida a la mitad.

No es cierto que las Cajas estén peor que los bancos. Mientras ellas están más expuestas al crédito inmobiliario, los otros tienen muchos más problemas con los créditos al consumo y a las empresas. Sin embargo, a las Cajas se les exige unos requisitos mayores, obligándolas a buscar recursos en el mercado de capitales. Para ello, se les permite emitir acciones y se abre la puerta de los consejos de administración al capital privado.

Esta operación emplea grandes cantidades de recursos públicos. Ese dinero permitiría dar los primeros pasos para su nacionalización. El Sistema Institucional de Protección (SIP), que lidera Caja Madrid, ha establecido su valor contable en 10.240 millones de euros para su futura salida a Bolsa, y ha recibido 4.465 millones de ayuda del FROB. Estas ayudas se otorgan en forma de “participaciones preferentes” que no comportan derechos políticos. Si se hubieran dado a cambio de acciones, el Estado sería propietario del 43,6% de la entidad. Sin embargo, estos recursos se están empleando para sanearlas y entregarlas, posteriormente, a manos privadas.

¿Por qué los ahorros de la sociedad deben ser gestionados por entidades privadas cuyo único objetivo es el beneficio de una minoría de multimillonarios? ¿Es que no hemos aprendido nada de la crisis? La administración de nuestros ahorros adquiere tanta importancia que debería ser considerado un servicio público, a salvo de los especuladores. Por eso necesitamos una banca pública, y el primer paso para crearla es la conversión de las Cajas en entidades públicas.

Nuestras reivindicaciones

1. Derogación de todas las medidas legislativas que abren la puerta a la conversión de las Cajas en bancos privados. Hay que promover todas las medidas jurídicas posibles para frenar su aplicación.
2. Realización de auditorías por los organismos públicos competentes, de todas las entidades financieras que nos permita saber cuál es su situación real. Sus resultados se expondría públicamente y de forma comprensible para toda la población. Queremos conocer qué se ha hecho con las decenas de miles de millones de euros que han ganado los años pasados, exigiendo responsabilidades a sus gestores y a los encargados de su supervisión. Cese inmediato de todos aquéllos responsables que hayan contravenido la finalidad social de las Cajas, sus estatutos o que han promovido prácticas lesivas para dichas entidades.
3. Conversión de las Cajas en entidades públicas mediante su nacionalización. El dinero público que se ha empleado en su apoyo no debe retirarse en el plazo de cinco años, como está previsto, sino convertirse en participaciones públicas en el capital social de la Cajas, y que se tomen las medidas necesarias para nacionalizar el resto. En la Comunidad de Madrid exigimos la nacionalización de Caja Madrid-Bankia, y promoveremos que, en todas las comunidades autónomas con entidades implicadas en la formación de Bankia, se desarrolle esta misma iniciativa.
4. Creación de un Sistema Público de Cajas de Ahorro, en sustitución de la CECA, mediante la mutualización de las diferentes Cajas, conservando la autonomía en la gestión y la operativa de las mismas, manteniendo cada una de ellas su vinculación con la actividad económica de su territorio, evitando duplicidades y solapamientos, y con una coordinación estatal fundada en el principio de la solidaridad. Instamos a los partidos de la izquierda a presentar las propuestas legislativas necesarias.
5. Fin de los sueldos millonarios de los altos directivos, estableciéndose un régimen salarial equivalente al que tienen los trabajadores de las administraciones públicas. Basta de “milloneuristas”. Revisión de los privilegios corporativos y establecimiento de condiciones dignas para todos los trabajadores de las Cajas, sus fundaciones y su Obra social, eliminando cualquier discriminación, suprimiendo la precariedad laboral y estableciendo un sistema de contratación por oposición, que sea transparente y objetivo.
6. Revisión de la actuación en los consejos de administración de empresas participadas por las Cajas, para asegurar que la actuación es correcta financiera y socialmente, sin tratos de privilegio ni respaldo a políticas regresivas en el terreno social, laboral o ecológico.
7. Garantías de un mejor trato a los impositores favoreciendo financieramente las cuentas nómina, que afectan a trabajadores y pensionistas, garantizando que sean ellos los beneficiados y no las empresas. Además, hay que asegurar una información transparente y comprensible para todos los clientes sobre la situación de sus entidades. Fin a la política de deshaucios de las familias que acrediten la imposibilidad de pagar su primera vivienda, y puesta a disposición de las administraciones públicas del stock de casas de las Cajas para contribuir a crear un parque público de vivienda en régimen de alquiler, a precios asequibles, a fin de que se cumpla el derecho constitucional a una vivienda. Las administraciones públicas utilizarán para todas sus actividades financieras a las Cajas públicas.
8. La gestión de las Cajas será democrática, pública y conocida por toda la sociedad, rindiendo cuentas de la misma periódicamente en los respectivos parlamentos autónomos.
9. Ninguna destrucción de puestos de trabajo en las Cajas, las fundaciones y la Obra Social. Ésta última será revisada en su totalidad, para garantizar que los recursos de las Cajas se empleen de la manera más útil socialmente.
10. La actuación de las Cajas formará parte integral de la política económica y social de las administraciones públicas, en particular de las comunidades autónomas, cuya prioridad será la consecución del pleno empleo y el desarrollo de unos servicios públicos acordes con las necesidades reales. Se prohibirá específicamente la actividad especulativa o la apertura de cuentas y delegaciones en paraísos fiscales, de forma directa o a través de su participación en otras empresas.

 http://nacionalizacioncajamadrid.wordpress.com

Alarte dice que Rajoy "quiere para toda España el modelo de corrupción generalizada del PP de Camps"

VALENCIA.- El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, ha manifestado que "el modelo del presidente del PP, Mariano Rajoy, para toda España es el de la corrupción generalizada del PP de Camps" y le ha exigido al presidente nacional del PP que "deje de mentir cuando habla de transparencia y buena gestión, e impida que los implicados en casos de corrupción contaminen con su presencia las Cortes". 

   Alarte, en un comunicado, ha señalado que "ya sabemos lo que haría si algún día lograra el poder. Su silencio avala el sistema implantado por Camps, Fabra, Castedo y Ripoll para la gestión política y le hace cómplice", ha añadido.

   El dirigente socialista se ha pronunciado en estos términos después de conocer las primeras revelaciones del sumario del caso Brugal. "Hemos visto estos días como Rajoy ponía de ejemplo de austeridad y transparencia a las comunidades en las que gobierna, y hoy se despierta con las gravísimas acusaciones del caso Brugal encima de la mesa y no dice nada. ¿Va a continuar consintiéndolo todo?", se ha preguntado.

   El líder socialista ha subrayado que "el modelo de Rajoy es el modelo de la corrupción y también de la mentira". En este sentido ha señalado que cuando viene a la Comunidad "mira al cielo y dice que sólo han sido cuatro trajes, y ahora sabemos que hay delitos mucho más graves, como la presunta financiación ilegal de su partido".

   Alarte ha lamentado que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, no esté "en condiciones de pedir explicaciones a nadie" por su imputación en el 'caso Gürtel'. "El presidente del PP no está capacitado para concurrir a unas elecciones si permite que su partido lo represente en la Comunidad este tipo de gente", ha señalado.

   Por otro lado, Alarte ha destacado que "con los datos que hemos conocido se confirma que se fabricó un montaje contra nuestro portavoz en las Cortes, Ángel Luna, en el que participaron políticos y empresarios presuntamente corruptos, en perfecta connivencia y colaboración".

   "La única finalidad de aquel montaje era garantizarse, tanto unos como otros, que el negocio sucio a costa del dinero de los contribuyentes valencianos y alicantinos se mantuviera en el tiempo", ha subrayado. "La verdad se ha impuesto y hoy conocemos lo que han hecho. Estoy convencido de que la justicia pondrá a cada uno en su sitio", ha finalizado.

El fiscal considera que Enrique Ortiz pudo hacer un pago a favor de Ricardo Costa

ALICANTE.- El Ministerio Fiscal considera que el empresario Enrique Ortiz Selfa pudo realizar un pago a favor del que fuera secretario general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) hasta octubre de 2009, Ricardo Costa, así como encargar trabajos al socio de éste, Emilio Álvarez, abogado, con el que quiere trabajar "por huevos".

   El sumario de la pieza desgajada del caso 'Brugal', que investiga presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, recoge en informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el que la Policía recoge conversaciones de Ortiz en las que solicita al hermano de su mujer, Miguel Carratalá, que le de al socio de Costa "trabajos que tengáis ya, y empezar a trabajar".

   La Policía considera que los dos trabajos que Ortiz quiso que le llevara el socio de Costa para que los defendiera, podrían estar relacionados con un centro comercial de Benidorm, así como con una sanción de IVA de 300.000 euros, que se estaba recurriendo desde un despacho de abogados alicantino, y que el empresario quería que llevaran "estos", en referencia a Ricardo Costa y su socio.

   En este sentido, en un conversación intervenida por la Policía el 10 de marzo de 2009, Ortiz le dice al hermano de su mujer que "eso quiero que lo lleve éste. Y ya te diré por qué, no hace falta que te lo diga ahora", a lo que su interlocutor le responde que lo sabe "perfectamente".

   Además, en otra conversación telefónica del del 15 de junio de 2009, entre Ortiz y el empresario Vicente Llácer, el último le dice al primero que "de aquello que estaba 'peleao'", él le pagaría a Costa --al que llaman Mimosín-- "la mitad". Así mismo, Llácer le indica a Ortiz que Costa quiere que "le ayude un poco".

   El informe policial recoge también una conversación entre el padre de Ricardo Costa, Juan Costa, y Ortiz, en la que éste le solicita el pago de una factura pendiente para "poder presentar el segundo trimestre de IVA".

   Así, Ortiz habla con Miguel Carratalá, hermano de su mujer, para preguntarle si "los abogados amigos míos de Madrid, de Valencia", le habían mandado "una factura", que finalmente fue abonada por Ortiz, tal y como recoge el informe policial.

Morera dice que a quienes habría que despedir en la CAM es "a los directivos y políticos irresponsables"

VALENCIA.- El portavoz de Compromís, Enric Morera, ha lamentado este viernes que sean los trabajadores de CAM quienes vayan a pagar la "catastrófica" situación de la entidad cuando "a quienes tendrían que despedir son a los directivos y a los políticos responsables de la grave situación que atraviesa la caja alicantina". 

   Así se ha pronunciado Morera en un comunicado, en relación a la puesta en marcha del plan de prejubilaciones y bajas incentivadas  que, conforme al acuerdo laboral, afectará a 853 empleados que podrán acceder a la prejubilación, y 120 que se acogerán al sistema de bajas incentivadas.  

   Para el líder de Compromís, son los directivos de la entidad y los políticos responsables quienes deberían ser despedidos, "unos por haberse demostrado su incompetencia a la hora de dirigir la entidad y los otros, por fomentar una economía especulativa a la que han animado a participar a la caja para dejarla después agotada, sin recursos y sin dignidad".

   Asimismo, Morera ha criticado "la gran jugada de PP y PSOE" de no apoyar la fusión entre Bancaja y la CAM para crear "un gran banco valenciano", algo que, a su juicio, "tiene mucho que ver con el desastre de la CAM".

   "Ahora la caja alicantina tiene que luchar en solitario y reajustarse para sobrevivir y esto posiblemente no hubiera pasado si se hubiera producido la fusión Bancaja-CAM que nosotros siempre hemos defendido", ha apostillado.

   Por ello, ha lamentado que ahora sean los empleados de la caja quienes sufran las consecuencia cuando "no tienen nada de culpa, porque los trabajadores y trabajadoras de la CAM no dirigen la entidad ni toman las decisiones y, por lo tanto, quienes tienen que dar todas las explicaciones son los directivos que continúan aferrados a sus cargos y los responsables políticos que avalaron la fusión que ha fracasado".

El CGPJ advierte al Consell de que si no crea los 15 juzgados pendientes "no se garantizará la tutela del ciudadano"

VALENCIA.- La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, ha advertido al Gobierno valenciano de que si no crea los 15 juzgados aprobados por el Ministerio de Justicia para la Comunitat "no se garantizará la tutela judicial efectiva que el ciudadano valenciano se merece".

   Bravo se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación momentos antes de presentar un curso de formación en Valencia sobre la nueva Oficina Judicial, al ser preguntada por la decisión del Consell de no poner en marcha 15 juzgados que se había comprometido a abrir antes del 30 de junio en el marco del plan de agilización de la justicia diseñado por el Gobierno.

   Bravo ha recordado que el pasado año se aprobó un Real Decreto por el que el Ministerio de Justicia autorizaba la creación de 22 juzgados en la Comunitat Valenciana. Este órgano se encargaría de crear las plazas y dotarlas de jueces y de secretarios judiciales. Por su parte, el Gobierno valenciano, que tiene la competencia en materia de medios materiales y personales, se tenía que encargar de dotar a estos órganos con los medios necesarios.

   Seguidamente, la autonomía valenciana solicitó en su día un aplazamiento en la creación de 15 de los 22 juzgados aprobados como consecuencia de las dificultades económicas. A esta petición se adhirieron otras comunidades como Madrid o Canarias, y el Gobierno aplazó la creación de estos órganos hasta el 30 de junio de este año.

   Cuando quedan pocos días para que se cumpla esta fecha, la Conselleria de Justicia ha comunicado al ministerio la "imposibilidad" de dotar a estos órganos con los medios personales y materiales necesarios. Por tanto, ha solicitado por una parte la reconversión en plazas colegiales; o, por otra, se dejara sin efecto la creación de los mismos.

   Sobre este asunto, el CGPJ ha elaborado un informe, aprobado por la Comisión Permanente, en el que manifiesta su "honda preocupación" por la interrupción de la creación de estas plazas. Bravo ha recordado que estos juzgados iban destinados a los partidos judiciales "más afectados" por la carga de trabajo en la Comunitat, como son Orihuela, Torrevieja, Elda o Alicante, entre otros. "Basta ver las estadísticas del Consejo para darse cuenta de que la Comunitat es la segunda autonomía con más necesidades de juzgados de toda España --después de Andalucía--".

   Estos partidos judiciales, además, "tienen una carga de trabajo muy superior a los módulos fijados por el CGPJ", ha puntualizado Bravo, por lo que entiende que "no crear estos juzgados significa no priorizar en justicia, no garantizar la tutela judicial efectiva que el ciudadano valenciano se merece y, por tanto, sería una mala noticia si esto finalmente se produce".

   Por ello, ha avanzado que cuando se constituya el Gobierno autonómico, el CGPJ pedirá las reuniones "necesarias" para encontrar la fórmula que permita que estos 15 órganos judiciales puedan entrar en funcionamiento, "porque es una prioridad tan importante que no puede depender de coyunturas económicas".

   "Es cierto que es un momento de crisis --ha agregado la portavoz--, pero entendemos que es muy preocupante que partidos tan necesitados de creación de órganos judiciales se queden a la espera de otras voluntades", ha reiterado.

La investigación del 'caso Brugal' evidencia la enemistad de Castedo con Alperi de cara a la 'generosidad' de Ortíz

ALICANTE.- Un informe policial de la pieza separada del caso Brugal, relativo al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, apunta a que el empresario Enrique Ortiz, uno de los principales investigados, podría haber tenido acceso al planeamiento durante su redacción, aunque la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, indica que el informe refleja que el constructor "no consigue lo que pretende", por lo que no hay información privilegiada.

El informe se basa en varias conversaciones y encuentros entre el empresario, el exalcalde Luis Díaz Alperi, la alcaldesa y el arquitecto redactor del plan, Jesús Quesada, entre otros, apunta a que el empresario alicantino pudo obtener información sobre el planeamiento urbano mientras se estaba redactando, incluso antes de que los propios técnicos municipales lo conocieran y posteriormente, en su exposición pública, presuntamente podría haber tenido influencia en las alegaciones y modificaciones a través del despacho Salvetti, donde trabaja el hermano de la alcaldesa.

La investigación policial comienza en mayo de 2008 cuando el juez que investiga el caso Brugal autoriza el pinchazo telefónico del móvil de Enrique Ortiz. Ahí arranca la investigación que recoge conversaciones presuntamente relativas a los intereses urbanísticos de Ortiz en la ciudad de Alicante, como el estadio Rico Pérez, APA 9, Lomas de Garbinet o Pino Ruaya, cuando aún gobernaba Luis Díaz Alperi y Castedo era edil de Urbanismo. 

De entre todas las conversaciones grabadas, el informe indica que el empresario podría haber recibido la información del nuevo planeamiento cuando aún estaba siendo redactado. "Te hemos apañado también lo que hay en el APA 9 y Lomas del Garbinet (proyectos incluidos en el desarrollo urbanístico de Vistahermosa, al norte de la ciudad de Alicante) y te hemos apañado también lo del Rico Pérez", entre otras conversaciones grabadas que desvelan la familiaridad entre el constructor y la alcaldesa.

En otra conversación entre Ortiz y Luis Díaz Alperi el exalcalde advierte al constructor que no cuente nada de sus contactos a su sucesora Castedo: "a Sonia, nada de nada (...) Sé más cosas, y sé que me..., vamos, Sonia me odia a muerte", le dice Alperi.

La Policía dice que hubo "pactos encubiertos" para beneficiar a Ortiz

El informe de la Policía Judicial sobre el PGOU incluido en el sumario del caso Brugal concluye que la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, su antecesor, Luis Díaz Alperi, y el empresario y exmáximo accionista del Hércules, Enrique Ortiz, alcanzaron varios "pactos encubiertos" para beneficiar los intereses del constructor con la reforma del estadio José Rico Pérez en el marco de la revisión del PGOU de la ciudad. 

De las múltiples conversaciones telefónicas intervenidas a Ortiz, los investigadores deducen que el empresario compró el estadio y los terrenos anexos en abril de 2007 a través de la empresa Aligestión a sabiendas de que ese suelo sería posteriormente recalificado en el nuevo PGOU y como fruto de un acuerdo alcanzado con Díaz Alperi.

Ortiz podría haber hecho regalos a Alperi, Castedo y Mario Flores, dentro de una trama de presunta corrupción, donde aparece Mercedes Alonso

ALICANTE.- El sumario de la pieza separada del caso 'Brugal', que investiga presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, revela que el empresario Enrique Ortiz podría haber regalado a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y al ex alcalde de la ciudad, Luis Díaz Alperi, viajes, y coches, durante la elaboración del documento.

En este sumario, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) llega a la conclusión, a través de las conversaciones que el empresario Enrique Ortiz Selfa mantiene con personas "de su máxima confianza", de que éste "compra, distribuye y ofrece dádivas" y "regalos" a personas "del más alto nivel", entre los que se encontraría el ex alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, la actual alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, varios de los concejales del consistorio alicantino, así como el conseller de Infraestructuras y Transportes de la Generalitat Valenciana, Mario Flores, o la actual consellera de Turismo, Belén Juste.

Según el informe policial, Ortiz se haría valer de su mujer, María Manuela Carratalá, así como de varios empleados de su confianza, para elegir, comprar y hacer llegar estos regalos a sus destinatarios, y él mismo, personalmente, elegiría y compraría los regalos "a los personajes públicos más relevantes".

Así, de las conversaciones intervenidas a Ortiz durante las Navidades de 2008, la Policía infiere que éste, "ya sea en nombre propio, o de alguna de las empresas en las que tiene participación" hizo varios regalos a distintas personalidades.

De este modo, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo habría recibido una chaqueta valorada en unos 600 euros de parte de Inusa. Así, la alcaldesa, en una conversación telefónica del 25 de diciembre de 2008, agradece a Ortiz el regalo. La Policía destaca que esta chaqueta ya la había adquirido Castedo, por lo que la cambió "por una gabardina, una camisa y un jersey de Carolina Herrera".

Así mismo, la Udef señala que Castedo agradece por teléfono a la mujer de Ortiz "el regalo del bolso", que considera "preciosos". También considera la policía que Sonia Castedo podría haber recibido por parte de Ortiz la contratación de personal en sociedades de la órbita del empresario a solicitud suya, un viaje a Ibiza con familia y amigos en las vacaciones de verano de 2009, así como un coche destinado a una persona de confianza de Castedo.

Además, incide el informe en un viaje a Andorra durante las Navidades de 2008 que realizarían Sonia Castedo y su marido, junto a Ortiz y su mujer, el hermano de Ortiz y su pareja, y al que también iría Marta García-Romeu, en un coche, marca Mercedes-Benz, propiedad del empresario alicantino.

La Policía considera que el hecho de que Ortiz realice un viaje de placer "junto a la alcaldesa de Alicante, en las circunstancias en las que se produce, con todos los asuntos en los que Ortiz tiene intereses y dependen de ella, y el que ya se produjera un viaje de esas características en 2007, no hacen más que provocar sospechas fundadas de la irregularidad manifiesta y del objeto último de dicho viaje".

También recoge el informe policial que Ortiz regaló en estas fechas un reloj "que no llega a los 2.000 euros" a Mario Flores. Así, es el propio conseller el que, en un llamada telefónica, le comunica a Ortiz que ha recibido el reloj, y le indica que le parece una "barbaridad, igual que el año pasado", y le expresa su intención de devolver el obsequio, puesto que asciende "a miles de euros".

Tras disuadirle Ortiz de que devuelva el regalo, finalmente Mario Flores accede a quedárselo, a pesar de haberle indicado que "el reloj lo ha mirado, disfrutado, pero que ese tipo de cosas las devuelve".

El informe de la policía recoge el regalo por parte de Inusa --empresa adjudicataria del servicio de limpieza y recogida de basuras en Alicante, y de la que es propietario Ortiz--, de una caja con cuatro botellas de Dom Pérignon al ex alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, como se acostumbra a regalarle "todos los años".

Además, el fiscal anticorrupción, Felipe Briones, estima que Ortiz podría haber abonado "determinadas viviendas" a los hijos de Alperi, y que habría pagado a Alperi un viaje en jet privado a Creta.

Ortiz también habría regalado, según la policía, bien por parte de Inusa, bien de forma personal, distintos obsequios a la concejal de Turismo y Fiestas en el Ayuntamiento de Alicante, Marta García-Romeu, concejal de Acción Social y Medio Ambiente, Asunción Sánchez Zaplana, a la concejal de Deportes, Isabel Fernández Gutiérrez, a la concejal de Educación, Sanidad, Consumo y Playas, María del Carmen Román Ortega, a la concejal de Juventud, Laura Chorro, a la concejal de participación Ciudadana, María de los Ángeles Goitia, a la concejal de Imagen Urbana, María Otilia García Pertusa, y a la responsable de Presidencia, María Sonia Alegría, quienes habrían recibido esas navidades un bolso de Purificación García.

También resalta el informe un regalo "que él decida" al concejal de Servicios y Mantenimiento y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Alicante, Andrés Llorens, así como un bolso para la candidata del PP a la alcaldía de Elche, Mercedes Alonso.

En este sentido, el sumario transcribe una conversación entre María Manuela Carratalá y Ortiz en la que ésta le indica que le parece "excesivo" hacer un regalo a todas las concejales del PP de Alicante, a lo que el propio empresario responde que "por regalarles un detalle, posteriormente las tiene a su disposición", y continúa diciendo que a los del Ayuntamiento de Alicante "tenemos que tenerlos contentos, porque hay un huevo de cosas y de intereses".

El informe policial destaca también posibles obsequios por parte de Ortiz al presidente de la Diputación Provincial de Alicante, Joaquín Ripoll, así como al que fuera alcalde de Benidorm, Manuel Pérez Fenoll, a quien le habría regalado un reloj valorado en 20.000 euros.