PSPV y EU coinciden en pedir la dimisión de Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi

ALICANTE.-  Los portavoces municipales del PSPV-PSOE, Elena Martín, y de EU, Miguel Ángel Pavón, han coincidido este viernes en pedir la dimisión de la alcaldesa de Alicante y diputada autonómica, Sonia Castedo, y del exprimer edil y también diputado, Luis Díaz Alperi, tras las últimas noticias de la pieza separada del caso Brugal, relativa al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). 

 

   Ambos se han expresado en estos términos durante la inauguración del curso académico 2010-2011 en la Universidad de Alicante, preguntados al respecto por los medios de comunicación.

   En primer lugar, Elena Martín ha resaltado que la justicia sigue su curso y hay que se respetuosos", pero al mismo tiempo ha defendido que las "responsabilidades políticas se tienen que asumir y cuando uno no da explicaciones a la ciudadanía, lo que tiene que hacer, por dignidad, es irse".

   Así, respecto a las declaraciones del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, Martín ha afirmado que también "sacaron la cara por Camps y acabó dimitiendo". A su juicio, que los "cargos del PP saquen la cara por sus diputados, imputados en graves casos de corrupción" es habitual y es una actitud en la que se demuestra que Fabra "deja mucho que desear".

   Igualmente, ha reiterado la petición de su grupo de que el PGOU "se paralice y se suspenda en la Conselleria, que se devuelva a la ciudad y que vuelva a tramitarse con luz y taquígrafos y que al final de toda esa tramitación sea revisada por una comisión de expertos formada por colegios profesionales de abogados, arquitectos, urbanistas, gente de la universidad".

   Todo ello, ha dicho, con el fin de que "no tengamos que volver a pasar por la vergüenza de ser conocidos por casos de corrupción".

   Por su parte, Miguel Ángel Pavón también ha pedido la dimisión de Díaz Alperi y de Sonia Castedo y ha extendido la petición a la hija del exalcalde, Elisa Díaz, que está al frente de la comisión territorial de urbanismo.

   En su opinión, las últimas informaciones sobre el caso Brugal son "una evidencia más del fraude que supone el PGOU de Alicante, que parece que está en manos de personas presuntamente corruptas".

   El portavoz de EU ha expresado sus "sospechas" de que Castedo "acabará dimitiendo también, todo dependerá de si el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la imputa o no y de si se produce antes de las elecciones generales, que perjudicará a la estrategia del PP en todo el país".

   Respecto a las palabras de Alberto Fabra, ha indicado que el presidente del Consell "ha sacado la cara por ambos, precisamente porque el PP tiene un problema en ese sentido y no actúa conforme a esos supuestos criterios de honestidad que anunció a la ciudadanía, no actúa conforme a ese código ético, que deben tener guardado en algún cajón".

Castedo se muestra nerviosa

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ha restado importancia este viernes a las peticiones de dimisión realizadas por el PSPV en el Ayuntamiento de Alicante, al considerar que "no ha habido ni un solo grupo municipal socialista que no haya pedido la dimisión".

   Con motivo de la inauguración del curso académico en la Universidad de Alicante, la alcaldesa se ha referido, de este modo, preguntada por los medios de comunicación, sobre las peticiones de dimisión, tras la publicación del informe policial sobre el 'caso Brugal' en relación con el despacho de su hermano, José Luis Castedo, y su socio, Javier Gutiérez.

   A este respecto, ha dicho que su dimisión ya "la han pedido muchas veces". "No ha habido ni un solo grupo municipal socialista que no haya pedido la dimisión", ha zanjado.

Rodríguez Piñero, Ximo Puig y Leire Pajín lideran las listas del PSPV al Congreso

VALENCIA.- La secretaria general de Infraestructuras del Ministerio de Medio Ambiente, Inmaculada Rodríguez Piñero, la ministra de Sanidad, Leire Pajín, y el coordinador de campaña del PSPV, Ximo Puig, liderarán las listas de los socialistas valencianos al Congreso por Valencia, Alicante y Castellón, respectivamente, en las próximas elecciones generales del 20 de noviembre.

   Los comités provinciales han aprobado en la tarde de este viernes sus propuestas de candidaturas, que deberán ser aprobadas el próximo 8 de octubre por el Comité Federal. En cuanto a las listas al Senado, Carmen Alborch repetirá por Valencia, mientras que la candidatura de Alicante estará encabezada por la subdelegada del Gobierno en la provincia, Encarna Llinares, y Enrique Navarro liderará la lista castellonense.

   En la lista al Congreso por Valencia, acompañan a Rodríguez Piñero Ciprià Ciscar, José Luis Ábalos, Carmen montón, Antoni Such, Josep Antoni Santamaría, Talia Roselló, Arcadi España o Roger Cerdà, entre otros. El Comité Provincial ha aprobado la propuesta por "amplia mayoría" y con tan sólo dos abstenciones, según han detallado fuentes socialistas.

   Por Alicante, siguen a Leire Pajín el Secretario de Organización Provincial Federico Buyolo, el abogado alicantino Javier Echávarri en el número tres, Herick Campos, Patricia Blanquer en el puesto número cinco y la actual diputada nacional Vicenta Tortosa en el número seis.

   Asimismo, en Castellón, acompañan a Puig en la lista, que ha contado con una abstención, Susana Ros, Pep Lluís Grau, Iolanda Porcar y Ruth Sanz.

Compromís propone crear un parque de viviendas con el 'stock' de IVVSA y CAM

VALENCIA.- El grupo parlamentario Compromís ha propuesto la creación de un parque público de viviendas con el "stock" del Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) y de los pisos que tiene la Caja Mediterráneo (CAM) de embargos para ofrecerlos a los ciudadanos con alquileres accesibles.

Según un comunicado, se trata de una iniciativa planteada al Consell en forma de proposición no de ley en Les Corts para facilitar el acceso a la vivienda y evitar la especulación urbanística.

Según ha explicado la portavoz adjunta de Compromís, Mónica Oltra, "la gestión urbanística de los últimos años, el elevado precio de la vivienda, los numerosos desahucios que están produciéndose, así como la imposibilidad de mucha gente de tener una vivienda digna está directamente relacionado y tiene que ver con una misma política equivocada".

Concretamente Compromís plantea la constitución de un parque público de viviendas valenciano que esté constituido por las numerosas viviendas que tiene el IVVSA, debido a que muchos adjudicatarios no han podido comprarlas por falta de financiación.

También incluiría las viviendas de que dispone la CAM de embargos a ciudadanos que no han podido hacer frente a su hipoteca y construcciones que se han quedado sin finalizar por la quiebra del constructor o promotor y que el Consell podría recuperar.

Este parque se ofrecería a la ciudadanía en forma de alquileres accesibles establecidos en función de la renta de los solicitantes, de forma que se facilitara el acceso a la vivienda y se cumpliera con el mandamiento constitucional del derecho a la vivienda digna, a la vez que evitar los movimientos especulativos de esos pisos.

El rector de la UA advierte de que las demoras en el pago de la Generalitat creará problemas de tesorería

ALICANTE.- El rector de la Universidad de Alicante (UA), Ignacio Jiménez Raneda, ha destacado que las demoras en algunas mensualidades comprometidas por la Generalitat van a someter a las universidades públicas de la Comunitat Valenciana a unos "problemas de tesorería considerables".

   Durante su intervención este viernes en el acto de inicio oficial del curso, al que han acudido el conseller de Educación, Formación y Empleo, José Ciscar, y el presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, entre otras autoridades, Jiménez Raneda ha lamentado que este retraso en algunos pagos les obligará a contraer endeudamientos a corto plazo que comportan "gravosos costes financieros y a severas dificultades" para el pago a proveedores.

   No obstante, se ha dirigido al conseller para insistir en que, como él "bien conoce", según ha dicho, las demoras que las universidades públicas han experimentado y que experimentarán en la recepción de alguna de las mensualidades comprometidas "han sometido y las van a someter a unos problemas de tesorería considerables".

   "Ello está dando lugar a endeudamientos a corto plazo que comportan gravosos costes financieros y a severas dificultades en el cumplimiento de nuestras obligaciones de pago con nuestros proveedores".

   Según ha remarcado, "estas tensiones están siendo mucho más acusadas como consecuencia del nuevo aplazamiento de las anualidades comprometidas para 2011 y 2012, que tienen su origen en los convenios suscritos en mayo de 2008 derivados de la deuda histórica hasta entonces acumulada".

   "No puede ponerse en duda que las universidades somos y seremos solidarias con todas las instituciones, especialmente con la Generalitat valenciana, y con nuestra sociedad, pero no puedo dejar de decir que nuestra tesorería se encuentra en una situación cercana al límite", ha lamentado.

   El rector ha defendido que las universidades han cumplido siempre sus obligaciones y ha avanzado que continuarán haciéndolo en el futuro, por lo que ha apuntado a Císcar que "no debe dudar del rigor con el que, en estas circunstancias tan adversas, se van a comportar las universidades".

   "Por ello, estoy en condiciones de poder afirmar a toda la comunidad universitaria, y a toda la sociedad, que la Universidad de Alicante va a poder hacer frente a todos nuestros compromisos de pago", ha concluido.

   El rector ha recordado al conseller de Educación que "las universidades deben formar parte de las prioridades sociales", y que "aportar recursos a la universidad no es gastar", sino "invertir en formación superior y en generación de nuevos conocimientos y una excelente manera de favorecer a las generaciones futuras".

   En esta línea, ha calificado como "una buena noticia" el anuncio de que la contracción presupuestaria que va a afectar a distintos programas de gasto no va a afectar a los compromisos contemplados en el nuevo Plan Plurianual de Financiación. "Sin duda, ello es una prueba de que las universidades continuamos estando entre las prioridades de la Generalitat", ha agradecido.

   Durante el acto de inauguración del curso académico se ha procedido a la investidura de dos nuevos doctores honoris causa, José Luis García Delgado --catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid y Académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas--, propuesto por la Facultad de Económicas, y Eusebio Leal Spengler --doctor en Ciencias Históricas e Historiador de la Ciudad de La Habana, Cuba-- a propuesta del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.

   Durante el transcurso del acto también se ha entregado la Medalla de Oro de la Universidad de Alicante a Francisco Javier Sogorb Guerra, quien fuera gerente del Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA).

   El Consejo de Gobierno decidió concederle la Medalla de Oro de la institución en reconocimiento por su estrecha colaboración y apoyo a la UA para la gestión y elaboración de un Plan Especial de reserva de suelo rotacional público, ya aprobado, destinado al desarrollo del Parque Científico de Alicante impulsado por la Universidad de Alicante.

   En el transcurso del acto también se ha procedido a la lectura de la Memoria del curso 20010/2011 a cargo de la secretaria general, Nuria Fernández. La catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Facultad de Derecho, María Teresa Soler Roch, por su parte ha ofrecido la lección inaugural 'Deber de contribuir y derecho de propiedad en el ámbito de protección de los derechos humanos'.

   Así mismo, se ha hecho entrega de una distinción de la Universidad de Alicante a título póstumo a la familia de Ángela Inmaculada Crespo Marco, --personal de administración y servicios fallecida el pasado curso--, y de distinciones al personal que ha alcanzado la edad de jubilación y a los trabajadores que cumplen 25 años al servicio de la institución.

   Al acto también han asistido, entre otras autoridades, la presidenta de la Diputación de Alicante y alcaldesa de San Vicente del Raspeig, Luisa Pastor; la subdelegada del Gobierno, Encarna Linares; la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo; el director general de Universidad, Estudios Superiores y Ciencia, José Miguel Saval y el embajador de Cuba en España, Alejandro González Galiano.

La obsesión de Castedo con el fiscal Briones parece rozar el paroxismo

ALICANTE.- "Mi casa es legal, perfectamente legal. ¿Cómo no va a serlo? Tengo una situación como para tener una vivienda ilegal, ya no como fiscal sino como ciudadano". Molesto aunque tranquilo respondió al diario 'Información' el fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, a las cuestiones que le planteó sobre el informe hallado en el disco duro del ordenador que el hermano de la alcaldesa tenía en el despacho de abogados Salvetti, el bufete que comparte con el exedil socialista Javier Gutiérrez. 

La Policía Nacional descubrió en el ordenador de Castedo varios archivos informáticos sobre el fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, que denotan que el fiscal que ha dirigido las pesquisas del caso Brugal fue investigado a raíz de que se hicieran públicos en octubre de 2010 detalles del presunto tráfico de influencias y cohecho durante la tramitación del PGOU de Alicante. Los documentos sobre Briones los contienen tres archivos denominados "Notas informe fiscal" e incluyen una serie de datos sobre su vivienda familiar y unas supuestas irregularidades urbanísticas de la casa.

 El documento, al igual que el localizado también en el ordenador de José Luis Castedo sobre los presuntos "intereses urbanísticos" del exalcalde y diputado autonómico Ángel Luna, no está incorporado al sumario tras estimar el juez la petición de la defensa de los dos socios de Salvetti para que no se adjuntaran a la causa.

"Mi casa es legal, acabo de pagar 1.400 euros de IBI, pago mis basuras... es como decirle a una madre que su hijo no es suyo", precisó Briones de su vivienda, un chalé ubicado en el entorno de Alicante que construyó sobre un suelo adquirido hace un cuarto de siglo.
"Compré el terreno en el 87 y luego me hice la casa. En todas estas zonas, para ir adaptándose a la legislación y ver qué servicios faltan, es normal que los vecinos hablen con los técnicos municipales, que son los que suministran los datos de cómo están las parcelas, y con el concejal. Son reuniones a las que he asistido junto con mis vecinos y de las que hay actas así como alegaciones por escrito. Eso es la historia de los planes parciales. Ahora estamos intentando obtener la figura de la consolidación para lograr el alcantarillado que no tenemos", explicó el acusador público.
"Si lo que pretenden decir es que he hecho algo ilegal, que lo digan, aunque no puedo hacer nada porque si lo hago van a alegar que ya no puedo estar en la causa", precisó el representante del ministerio público en el caso Brugal, quien añadió que "me han investigado a mí como a otras personas que están interviniendo en este proceso", de las que declinó dar sus nombres.
"¿Quién cree que me puedo permitir algo tan grotesco? Y no sólo por ser fiscal sino como ciudadano. Llevó viviendo aquí 25 años. ¿A quién le cabe en la cabeza que con toda la legislación que hay, por muy fiscal que sea, un alcalde, la oposición o la Policía Local iban a permitir una casa ilegal? Me están dando una importancia que no tengo. Que se plieguen todos en mi caso y en el todos mis vecinos", concluyó.
Como miembro de Consejo Político de IU, a la altura de Curiel, Sartorius, Iglesias o Tamanes, situaban al fiscal Felipe Briones tres escritos difundidos anónimamente en plena precampaña electoral de 2007. Los documentos iban encabezados con el logotipo de IU junto a la palabra "Confidencial". Tanto los dirigentes de la formación como el propio fiscal confirmaron que Briones nunca había militado en IU (ni en ningún otro partido ). Aquello se interpretó como un "burdo montaje" para desprestigiar al fiscal en plena investigación sobre si el Ayuntamiento (con Alperi a la cabeza y Castedo en Urbanismo) había beneficiado a Ortiz en la construcción de tres aparcamientos. El caso lo archivó el TSJ tras ser elegido Alperi diputado.

A dos meses de las elecciones, el PP de Alicante parece necesitar una catarsis

ALICANTE.- Mientras todo hace suponer que el pacto de la dirección nacional del PP y de Alberto Fabra radica en la cada vez más próxima salida de Ripoll de la presidencia provincial del partido, no existe, según diversos datos obtenidos de fuentes próximas a la dirección regional del, un referente claro y explícito que ordene el camino y el rumbo del nuevo PP provincial de Alicante, se escribe en www.alicanteactualidad.es. 

¿Qué es lo que está acaeciendo, se preguntan algunos diputados nacionales, senadores y parlamentarios autonómicos entre otros? El sigilo más llamativo, al parecer, se ha instalado en el seno interno del PP de Alicante y donde, según diversas fuentes, a estas alturas, cuando quedan menos de dos meses para la celebración de las elecciones, cada uno intenta hacer su guerrilla particular y acercarse a los puestos más sólidos de las listas mediante la relación personal con Alberto Fabra y con miembros de la dirección nacional.

Mientras tanto se da por segura la presencia de Federico Trillo como cabeza de lista, en una candidatura en la que parecen contar de modo firme Macarena Montesinos, Miguel Campoy, que según diversas informaciones lucha por la Subdelegación del Gobierno si es que el PPCV consigue la victoria,  Gerardo Camps, con  codazos de otros candidatos y con la casi segura presencia de Agustín Almodobar, que ha llevado a cabo una señalada labor en pro del turismo alicantino y a nivel nacional como portavoz popular en la Comisión de Industris y Turismo del Senado.

Hasta la semana próxima, probablemente, continuará ese goteo de nombres que casi nadie se atreve a barajar y mucho menos a facilitar. Una situación que, al menos, causa extrañeza en un partido que presenta, como colectivo,  una esperanzada victoria en las próximas elecciones.

Las fuentes consultadas por alicanteactualidad.es dejan constancia de que ahora mismo no hay un referente claro en la estructura provincial del PP en la provincia de Alicante que, hoy por hoy, cuenta con una dirección amortizada. Y se subraya que Joaquín Ripoll no podrá seguir al frente del partido por su presidencia en la Autoridad Portuaria, mientras la secretaria provincial, Mónica Lorente, destacada ripollista y portavoz de esta sensibilidad en la concentración de protesta llevada a cabo por los mismos en contra de Gerardo Camps por la lista autonómica de Alicante, y dos de los actuales Vicesecretarios, Jorge Sedano y Celia Lledó, sufrieron señaladas derrotas en las pasadas elecciones municipales y apostaron de forma enérgica por el ripollismo más radical hasta rivalizar en confrontación directa contra el campsismo.

De este modo permanecen sin resolver las delicadas situaciones que atraviesa el partido en Benidorm, en Calpe, en Campello, en Villena y en Alcoy o en otros lugares donde también existen señaladas divergencias como en Alfás del Pí,  lo que contrasta con el poder referencial de Alfonso Rus que acaba de proclamar tres gestoras en Valencia.

Por otra parte hay un sector de nuevos rostros del PP, en el figuraría entre otros Eduardo Dolón, alcalde de Torrevieja, que podrían estar pidiendo a gritos a Alberto Fabra un pronunciamiento claro sobre la carencia de ese referente en Alicante.                                                             

Fiscalía de Valencia abre diligencias para investigar una denuncia de Cercle Obert sobre la gestión de la CAM

VALENCIA.- La Fiscalía Anticorrupción de Valencia ha abierto diligencias para investigar una denuncia presentada por Cercle Obert de Benicalap sobre la gestión de Caja Mediterráneo (CAM), intervenida el pasado mes de julio por el Banco de España, según han informado fuentes próximas al caso.

   El colectivo presentó una denuncia ante el ministerio público en agosto en la que cuestionaba la contabilidad de la entidad alicantina; la concesión de préstamos sin garantía; los sobresueldos satisfechos a determinados miembros del Consejo de Administración --en concreto, los ex directivos--; y operaciones de concesión de préstamos hipotecarios de alto riesgo a políticos.

   Tras recibir esta denuncia, Fiscalía de Valencia ha decidido abrir diligencias de investigación para, en primer lugar, comprobar si algún juzgado ya ha abierto diligencias sobre este asunto, lo que le obligaría a remitirse al mismo y enviarle toda la documentación que tiene.

   Esta denuncia se suma a las ya presentadas por el mismo asunto en Alicante --por parte de Vecinos por Alicante y el Movimiento 15-M-- y en Madrid --del Sindicato Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias--, con lo que, pese a que la CAM tiene su sede en Alicante, este asunto podría finalmente investigarse en la Audiencia Nacional al operar la caja en todo el territorio nacional.

   Además, y paralelamente a este aspecto, los órganos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) todavía no han determinado cuál es la responsabilidad penal, con lo que no se puede llevar a cabo una investigación a fondo por parte del ministerio público.

   Manos Limpias presentó una denuncia en agosto ante la Audiencia Nacional contra la última cúpula directiva de la CAM y contra el director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Jorge Vela, por presuntos delitos de apropiación indebida, falsedad documental y delito societario.

   En concreto, su denuncia se dirige contra los expresidentes de la entidad, Vicente Sala y Modesto Crespo; los exdirectores generales, Roberto López Abad y María Dolores Amorós; así como el ex director general de Inversiones Inmobiliarias de CAM, Daniel Gil; el ex director general de Inversiones y Riesgos, Francisco Martínez; el director del Instituto Valenciano de Finanzas, Jorge Vela, y el expresidente de la Comisión de Control, Ramón Avilés Olmos. Amplían la denuncia contra aquellas otras personas que pudieran ser imputadas de las diligencias que se practiquen.

   Según argumenta en su escrito Manos Limpias, la intervención de la CAM por parte del Banco de España se produjo como causa y consecuencia de una gestión claramente perjudicial por parte de sus órganos directivos a los intereses generales de más de tres millones de impositores y que han dejado a la CAM al borde la quiebra.

   Entre los argumentos sobre la mala gestión, el sindicato aludía a la concesión de créditos y préstamos a consejeros y altos directivos, y en concreto a la cifra de 171 millones de euros concedidos al interés del 0%.

Alrededor de 70 familias son desahuciadas cada día en la Comunitat Valenciana

VALENCIA.- Cada día más alrededor de 70 familias son desahuciadas de sus casas en la Comunitat Valenciana, una situación que ha aumentado en los últimos tiempos un ritmo "vertiginoso" y que a nivel estatal alcanza la "obscena" cifra de 240 desahucios diarios. 

Así lo ha dado a conocer la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, que ha advertido que esta "sangría en expansión está afectando ya a todas las capas sociales" y, según datos del primer trimestre de 2011, ya hay más de 16.000 familias valencianas que han sido obligadas a abandonar sus viviendas, 350.000 en toda España desde que comenzó la crisis.

   Ante esta situación de "emergencia habitacional", la Plataforma ha presentado este jueves la campaña 'Por el derecho a la vivienda. Dación en pago (retroactiva). Moratoria desahucios. Alquileres sociales' que arrancará este viernes con un concierto solidario a las 20.00 horas en el parque de Alaquàs en el que actuarán Obrint Pas, Apolo (24K), Los Chikos del Maíz, Orxata Sound System y la Rana Mariana.

   El domingo 25 continuará con una gran manifestación en más de 40 ciudades de toda España a la que se han adherido colectivos sociales como Democracia Real Ya o el Movimiento 15-M, asociaciones vecinales, sindicatos y partidos políticos. En Valencia, partirá desde la Plaza San Agustín a las 18.00 horas y finalizará en la rebautizada 'Plaza 15 de Mayo' (Plaza del Ayuntamiento).

En Alicante, Elche, Benidorm y Gandía también han convocado movilizaciones, todas ellas, con el objetivo de ganar simpatizantes a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que la Plataforma presentó hace 6 meses en el Congreso y que ya ha superado su trámite por el Senado.

   En ella, se solicita la dación en el pago de las hipotecas con carácter retroactivo para "dar una amnistía a las 350.000 familias desahucidas desde que empezó la crisis, más de un millón de personas que han perdido su vivienda pero que tienen esa deuda de por vida"; una moratoria de los desahucios durante 3 años; permanencia en estas viviendas 5 años en régimen de alquiler social, pagando un máximo del 30% de sus ingresos; y la creación de un parque de alquiler social con ese millón y medio de viviendas vacías que existen a lo largo de todo el Estado.

   Ahora, la ILP ha vuelto al Congreso y desde la Plataforma esperan que "en pocas semanas" la Junta Electoral le dé luz verde. Será entonces cuando la entidad cívica inicie un proceso de recogida de firmas a lo largo de 9 meses en el que confía superar las 500.000 mínimas necesarias para, al menos, "obligar al Congreso a debatir" la posibilidad de reformar la ley hipotecaria, hoy por hoy "injusta".

   Así lo ha asegurado este jueves en rueda de prensa una de las portavoces de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, Yolanda Prats, quien ha defendido que mientras las Administraciones llevan a cabo "el rescate de las entidades financieras con dinero público", la Plataforma quiere ayudar al "rescate de los ciudadanos". En el acto ha participado la también portavoz Rosana Montalbán, la responsable del grupo de apoyo, Montse Luque, el psicólogo Roger Muñoz, y Fernando, uno de tantos afectados.

   Para Prats, la actuación de las Administraciones Públicas en este sentido es una "burla" hacia los ciudadanos, se comportan como "verdugos", además de "criminalizar y perseguir" a los activistas que protestan contra los desahucios. Sin ir más lejos, ha ejemplificado, la Plataforma tiene "sanciones administrativas" por su papel en desalojos de Valencia y Sagunto. Aún así, sigue llamando a la "desobediencia civil pacífica", ha reivindicado.

   En la Plataforma hay un grupo de apoyo que informa, les acompaña al banco y asesora jurídicamente a los afectados. Luque ha explicado que llegan sumidos en un "caos", en el que sobre todo necesitan "información". El banco no les da soluciones sino que les insta a "endeudarse más" e incluso "cuanto más indefensos les ve, peor les trata", ha asegurado.

   No obstante, por primera vez, después de contar con el apoyo de la Plataforma y gracias la "presión mediática", Fernando ha conseguido que el banco le conceda una dación del pago, algo que no había logrado en un año luchando solo. Aun así, llega la segunda parte, sin trabajo, con familia y obligado a dejar su casa, es "difícil que alguien te alquile un piso", ha advertido. En su caso, lo ha conseguido con el aval de un familiar.

   Precisamente para enfrentarse a esta situación de "pérdida, tras pérdida, tras pérdida, tras pérdida", desde Valencia se ha creado un grupo psicólogos que atiende gratuitamente a los afectados por los procesos hipotecarios. Como especialista, Muñoz ha señalado que la "pérdida de los sustentos básicos afecta a las relaciones con la familia y a la autoestima", cosas que este grupo ayudará a tratar.

   En el sistema público sanitario español hay 4 psicólogos cada 100.000 habitantes, muy por debajo de la media europea, con lo que no pueden recibir una asistencia de calidad, ha lamentado. Por ello, desde la Plataforma "no les vamos a dejar naufragar, no vamos a dejarlos lanzados a la desesperación".

   Además, han recabado el apoyo del Colegio Oficial de Psicólogos donde se dará formación a los interesados. "Vamos a cambiar las cosas" ha asegurado Muñoz, para quien movimientos como el 15M han demostrado que "por fin se ha recuperado la esperanza y la esperanza se ha transformado en compromiso", ha concluido.

El 82% de los valencianos cree que la economía española está mal o muy mal y el 64% ve negativa la de la Comunitat

VALENCIA.- El 81,7 por ciento de los valencianos cree que la economía española está mal o muy mal, mientras que, en el caso de la de la Comunitat Valenciana, la ve de este modo el 64 por ciento. Respecto a la política, el 71,3 por ciento considera negativa la del conjunto del país y el 52,2 por ciento la de la Comunitat.

   Así se desprende de la encuesta post-electoral de las elecciones autonómicas y municipales 2011, elaborada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), correspondiente a la Comunitat Valenciana.

   Por áreas en las que la Generalitat ha trabajado durante los últimos cuatro años, los valencianos ven de forma más negativa la creación de empleo --el 41 por ciento cree que la gestión del Ejecutivo de la Comunitat en esta materia ha sido 'muy mala'-- y la vivienda. En el lado contrario, se sitúan las infraestructuras puesto que el 5,7 por ciento de los valencianos puntúan como 'muy buena' la labor del Consell en carreteras y ferrocarriles.

   A la pregunta de cómo lo hubiera hecho el PSPV si hubiera estado al frente de la Generalitat desde 2008, el 45,8 por ciento opina que igual; el 27,3 por ciento, que peor y el 11 por ciento, que mejor. El 15,9 por ciento restante no sabe o no contesta.

   Por otro lado, respecto a la campaña electoral, la del PP es calificada como 'buena' o 'muy buena' por el 30,1 por ciento de los encuestados; ha sido 'mala' o 'muy mala' para el 20,2 por ciento; y 'regular' para el 25,6 por ciento.

   La campaña del PSPV es vista de forma positivo por el 10,8 por ciento de los valencianos y de modo negativo por el 33,7 por ciento, mientras que otro 30,5 por ciento se sitúa en una escala intermedia y la califa como 'regular'.

   En cuanto a la de EUPV, ha sido 'mala' o 'muy mala' para el 21,8 por ciento y 'buena' o 'muy buena' para el 7,9 por ciento, mientras que la campaña electoral de Compromis es calificada positivamente por el 12 por ciento de los encuestados y de modo negativo por el 17,2 por ciento.

   En las pasadas elecciones autonómicas, el 69,5 por ciento tenía decidido votar a una candidatura en concreto; el 6,7 por ciento dudó entre varios partidos o coaliciones; el 2,5 por ciento no tenía claro si votar a una candidatura o abstenerse; el 3,2 por ciento se planteaba votar a un partido o coalición o hacerlo en blanco; y el 3 por ciento dudó entre votar en blanco y abstenerse. Por su parte, el 3,8 por ciento de los electores tenía decidido votar en blanco y el 10,8 por ciento tenía claro que se abstendría.

   A la hora de decidir el voto, lo que más interesa al 50,1 por ciento de los valencianos son los temas de la Comunitat Valenciana, mientras que para el 22,5 por ciento lo importante son los asuntos concernientes a España.

   Respecto a la valoración de los líderes políticos, entre mayo y julio --cuando se realizó esta encuesta del CIS--, el 0,3 por ciento no conocía a Francisco Camps (PP); el 32,4 por ciento desconocía a Jorge Alarte (PSPV); el 57,4 por ciento no sabía quien era Enric Morera (Compromís); y el 58,6 por ciento no conocía a Marga Sanz (EUPV).

Luna dice que el informe hallado en el bufete de José Luis Castedo revela que la alcaldesa preparaba su defensa

VALENCIA.- El vicepresidente segundo de la Mesa de las Corts Valencianes, el socialista Ángel Luna, ha asegurado este jueves que el informe sobre él encontrado en el bufete del hermano de la alcaldesa de Alicante es "una prueba evidente de la falta de limpieza con la cual han estado afrontando los problemas de corrupción en la Comunitat Valenciana algunos destacados dirigentes del PP", entre otros "y singularmente" Sonia Castedo, que revela con esta actitud que "tenía también un interés personal en preparar la defensa de sí misma porque ella sabía, seguramente, la que se le venía encima".

   Luna se ha referido en estos términos en los pasillos de las Corts al informe sobre su persona encontrado entre los documentos hallados en los dos ordenadores incautados durante el registro de Salvetti Abogados, el bufete del exedil socialista Javier Gutiérrez y del hermano de la alcaldesa, José Luis Castedo.

   En este sentido, ha asegurado que "esto forma parte de los ataques que he tenido que venir soportando a lo largo de estos últimos años por denunciar las prácticas de corrupción en la Comunitat Valenciana en distintas instituciones".

   Así, ha indicado que "estas prácticas de extorsión, que son similares a las que producen algunas organizaciones mafiosas fuera de España, son habituales en los comportamientos, al parecer, de algunos políticos".

   No obstante, ha advertido de que con él "han pinchado en hueso" porque, ha garantizado, "no tengo ni he tenido jamás intereses urbanísticos, nunca", ya que posee la vivienda que heredó de sus padres en Madrid y otra en Alicante, que son las que figuran en su declaración de bienes.

   También ha recordado que siempre ha trabajado como abogado a sueldo de las empresas que le contrataban o cobrando honorarios por parte de las empresas a las que asesoraba en el despacho que tenía, de forma que "nunca" ha participado en negocios urbanísticos.

   Luna ha alertado de que "pueden seguir buscando lo que quieran", pero sí ha indicado que convendría "que dieran algún tipo de explicación sobre lo que ellos han estado haciendo" y en este sentido, ha asegurado que el informe hallado es "una prueba evidente de la falta de limpieza con la cual han estado afrontando los problemas de corrupción en la Comunitat Valenciana algunos destacados dirigentes del PP", entre otros "y singularmente" la alcaldesa de Alicante.

   Ha recordado que esto se suma a "alguna conversación que hemos tenido oportunidad de leer también de la alcaldesa de Alicante con algún constructor también de Alicante buscando por cielo, tierra, mar y aire en Alicante, en Murcia y en todas las provincias que yo he trabajado como abogado cosas con las que me pudieran atacar a mí para defender entonces al expresidente del Consell Francisco Camps".

   En este punto, ha señalado que "al parecer, la alcaldesa de Alicante tenía también un interés personal en preparar la defensa de sí misma porque ella sabía, seguramente, la que se le venía encima".

Fabra sobre Castedo: "Si hubiera hecho caso a la oposición cesando gente, estaría solo"

VALENCIA.- El presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, ha asegurado este jueves, al ser preguntado por las peticiones de la oposición para que dimita la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, tras el último informe policial del 'caso Brugal' sobre el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) alicantino, que si hubiera "hecho caso a la oposición cesando gente, estaría solo".

   Fabra ha señalado al respecto que cuenta "con buenos compañeros de partido y desde luego, vamos a dejar trabajar a la Justicia, como siempre lo hemos hecho, y a respetar la presunción de inocencia".

   Esta semana, los grupos de la oposición en las Corts Valencianes han reclamado la dimisión de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y han instado a Fabra a suspender la tramitación del Plan General del Ordenación Urbana alicantino (PGOU), así a que suspenda de militancia tanto a Castedo como al también diputado y exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi y los envíe al grupo Mixto, tras las informaciones publicadas relativas al 'caso Brugal'.

Las Administraciones públicas valencianas adeudan 360.000 facturas y 1.700 millones a los autónomos

VALENCIA.- Las Administraciones públicas valencianas tienen pendiente de pago 360.000 facturas a los autónomos de la Comunitat y les adeuda un total de 1.700 millones de euros, mientras que, sin embargo, estos empresarios han tenido adelantar 200 millones por el pago del IVA de facturas emitidas pero aún no cobradas. Esta morosidad pública ha provocado que 27.000 autónomo hayan tenido que cerrar sus negocios con una pérdida añadida de 80.000 empleos.  

   El presidente nacional de ATA, Lorenzo Amor, ha ofrecido estos datos, acompañado por el presidente autonómico, Rafael Pardo, en la rueda de prensa de presentación de los resultados de la encuesta sobre la evolución de los autónomos en la Comunitat Valenciana.

   Al respecto, ha advertido que se ha llegado a "una situación insostenible" ya que las Administraciones públicas "se han convertido en el principal foco de destrucción de empleo de autónomos y microempresas". De hecho, desde mayo de 2008 se han perdido en afiliación a la Seguridad Social 45.000 autónomos y "la sangría no ha parado" ya que el 60 por ciento duda de que puedan continuar abiertos en los próximo meses, ha advertido.

   Amor ha señalado que las Administraciones públicas valencianas --Generalitat, Diputaciones, Ayuntamientos y empresas públicas-- mantienen una de las deudas "más elevadas" de toda España y además con uno de los periodos de pago de facturas también "más elevados" ya la morosidad afecta al 54,4 por ciento de los empresarios autónomos de la Comunitat y el 64,7 por ciento tarda más de seis meses en cobrar sus facturas y de ellos el 24,7 por ciento más de un año.    

   En ese sentido, ha lamentado que unas Administraciones que "debieran ser garantes de la legalidad son las primeras que incumplen la Ley de morosidad" y ha criticado asimismo que los sindicatos "no hayan levantado la voz" por ninguno de los 270.000 autónomos que se han visto obligados a cerrar en España, además de los trabajadores que han tenido que despedir.

  Por ello, ha recalcado: "es hora de dejar de hacer política y aplicar políticas, pero no de maquillaje". Así, ha comentado que cualquier medida que se ponga en marcha para adecuar los gastos a los ingresos será "bienvenida" desde ATE y que si no se consigue "acabar con el despilfarro habrá que dar otra nueva vuelta de tuerca".

"La fiesta se ha acabado" y hemos de acostumbrarnos a tener lo que podemos pagar y no lo que queremos tener", ha subrayado.

   Entre las 100 medidas que proponen en un documento que presentarán el próximo día 29 en Madrid a los partidos políticos se encuentran reformas estructurales pero también coyunturales para salir ya de la crisis: cambiar una reforma fiscal que cambie el pago de IVA a factura cobrada, negociar con las entidades bancarias el pago adelantado de la deuda pública, que las Administraciones cumplan con la ley de morosidad o acabar con la economía sumergida. "Se necesitan medidas efectivas, no cosméticas", ha insistido.

   Precisamente, Amor se ha opuesto al restablecimiento del Impuesto de patrimonio ya que es "una medida cosmética" que "no va a cumplir ni con los ingresos ni con las expectativas previstas" y "se castiga a quienes tienen mayor capacidad de consumo y de mover la economía".

"Si de verdad quieren gravar a os que más tienen a ver si tienen narices de tocar las Sicavs", ha inquirido. Del mismo modo, ha criticado que en la recién aprobada "microreforma" laboral no se dieran bonificaciones a los jóvenes emprendedores que serán "los empresarios del mañana".

   Así, el 78,4 por ciento de los autónomos valencianos piensa que el paro seguirá aumentado hasta final de año, el 69 por ciento estima que su facturación no mejorará a lo largo del año únicamente el 6,3 por ciento tiene la intención de contratar a un trabajador en el segundo semestre del año.

   Además, siete de cada 10 dice estar afectado por la crisis y el 69,5 por ciento piensa además que su facturación no mejorará a lo largo del año. Según esta encuesta, únicamente el 28,3 por ciento ha acudido a una entidad financiera a solicitar financiación, que se le ha concedido si dificultad.

La patronal alicantina COEPA trata de tranquilizar a los clientes de la CAM

ALICANTE.- La Junta Directiva y el Comité de la Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante (Coepa) han señalado este jueves que la presencia del FROB es "una garantía que da tranquilidad a los trabajadores, clientes e inversores" de Caja Mediterráneo (CAM), "lo que garantiza la normalidad en la operativa diaria y su solvencia". 

   Los empresarios han mostrado su interés por "la mejor solución futura" para mantener el nivel de servicio y la Obra Social, así como incrementar su aportación al mercado crediticio, según ha informado Coepa en un comunicado.

   Además, han expresado su preocupación este jueves por la "prolongada" falta de financiación que "ahoga" las empresas y que es "uno de los problemas fundamentales que se plantean para la pervivencia del tejido empresarial desde el inicio de la crisis en 2007".

   En este sentido, la organización empresarial pide una "mayor rapidez" en la reforma del mercado financiero para intentar que llegue cuanto antes más financiación a las empresas y las familias para reactivar el crecimiento económico y el consumo privado.

   La Confederación va a realizar una campaña de difusión del convenio firmado con el ICO para facilitar el acceso de autónomos y empresas a los programas de financiación del ICO. En el mes de octubre se van a celebrar reuniones informativas en las principales poblaciones de la provincia de Alicante.

   Actualmente, el Instituto, en su canal de banca minorista ofrece la posibilidad a autónomos y pymes de solicitar financiación a través de ICOdirecto o ICO-SGR para desarrollar sus proyectos de inversión o cubrir sus necesidades de liquidez.

CaixaBank presentará oferta de interés por la CAM

BARCELONA.- CaixaBank presentará en breve una oferta de interés por Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) con el objetivo de estudiar su adquisición, según han explicado hoy fuentes financieras.

   Así lo ha decidido el consejo de CaixaBank, de forma que la entidad presidida por Isidre Fainé presentará próximamente una oferta de interés, que es no vinculante pero le da acceso a analizar las cuentas de la CAM y decidir después si presenta una oferta vinculante.

   La entidad alicantina está actualmente controlada por el Banco de España, y este lunes, 26 de septiembre, finaliza el plazo para presentar ofertas de interés por su compra.

   Entre las posibles entidades compradoras figuran Banco Santander, BBVA, La Caixa --que ha descartado hacer declaraciones sobre la presentación de la oferta de interés-- y las cajas vascas.

   La mayor necesidad de la CAM es la liquidez, pese a que el Banco de España le aportó 3.000 millones de euros tras intervenirla el pasado mes de julio, ya que, como ejemplo, debe afrontar pagos por unos 5.400 millones de euros sólo en el ejercicio 2012.

   En el cuaderno de venta de la CAM que el Banco de España ha remitido a través de Bank of America-Merrill Lynch a las entidades financieras figura la posibilidad de ofrecer facilidades para afrontar la financiación de la deuda de la CAM.

   El Banco de España aspira a cerrar la venta de la CAM antes de las próximas elecciones del 20 de noviembre.

   Cuando se presenten las ofertas no vinculantes, el Banco de España  realizará una selección de las entidades para hacerles llegar una auditoría detallada de la CAM ('due diligence') con información precisa sobre su exposición más problemática.

   El organismo que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez evaluará la capacidad financiera y de gestión de los ofertantes para adjudicar la entidad intervenida y priorizará a aquellos que soliciten la menor cantidad de recursos públicos para digerir la CAM.

   La CAM registró pérdidas de 1.136 millones de euros en el primer semestre de 2011, con una tasa de morosidad del 19%. Su nivel de solvencia se encuentra en el 4,8%, aunque teniendo en cuenta la inyección de 2.800 millones de euros del FROB, éste se eleva al 11,8%.

Las CCAA con exceso de déficit se comprometen a tomar medidas "adicionales"

MADRID.- Los consejeros de economía de las comunidades autónomas que superaron un déficit del 0,75% del PIB en el primer semestre y que presentaron planes de reequilibrio han mantenido reuniones durante las últimas dos semanas con el secretario de Estado de Hacienda, José Manuel López Carbajo, en las que se han comprometido a adoptar medidas "adicionales" para cumplir con el objetivo de déficit del 1,3% al cierre del año, según informó el Ministerio de Economía y Hacienda.

   Antes, López Carbajo ha obtenido el compromiso de que las comunidades autónomas también desarrollarán en su totalidad las medidas puestas en marcha desde la aprobación de sus planes de reequilibrio económico-financieros.

   Concretamente, el secretario de Estado de Hacienda se ha reunido con los representantes de Andalucía, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra y Comunidad Valenciana, al objeto de supervisar el grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de los planes de reequilibrio económico-financieros, en particular en lo que afecta a este año 2011.

   Según asegura el Ministerio de Economía y Hacienda la ronda de reuniones "ha servido para reafirmar el compromiso de los gobiernos autonómicos de todas ellas con los objetivos de la senda de consolidación fiscal del Reino de España hasta el año 2014", ya informados favorablemente por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y aprobados por el Parlamento.

   Por su parte, las comunidades autónomas de Cataluña y Castilla-la Mancha, a pesar de que no tienen todavía plan de reequilibrio aprobado, han explicado las medidas que están implementando y que tendrán efecto desde este mismo año, y se han comprometido a presentar "en breve" un plan de reequilibrio para el periodo 2012-2014.

   En todos los casos, añade el departamento dirigido por Elena Salgado, el ministerio mantendrá el "seguimiento permanente" de la evolución de las cifras y las medidas.

   Finalmente, tal como se acordó en el CPFF del 27 de julio de 2011, se va a proceder a la elaboración de un resumen normalizado de los planes de equilibrio de todas las comunidades autónomas que lo han presentado, lo que permitirá que "en las próximas semanas" pueda publicarse el resumen de los elementos principales de los citados planes en la web del Ministerio de Economía y Hacienda.

   Las comunidades autónomas cerraron el primer semestre del año con un déficit de 13.066,49 millones, el 1,20% del PIB, según anunció la vicepresidenta económica, Elena Salgado, en rueda de prensa el pasado 8 de septiembre.

   Solo cinco comunidades mantuvieron su nivel de déficit por debajo del 0,75%: Aragón (-0,63%), La Rioja (-0,64%), Madrid (-0,70%) y Canarias (-0,71%). País Vasco, fue la única que registró superávit (+0,12%).

   Entonces, Salgado explicó que este resultado es compatible con los objetivos marcados y se mostró convencida de que tanto el Estado como las comunidades autónomas cumplirán lo previsto.

El auditor (KPMG) de la CAM duda de su continuidad a falta de conocer sus planes de futuro

MADRID.- El auditor de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), la firma KPMG, duda de la continuidad de la entidad alicantina a falta de conocer sus planes de futuro, según el informe de revisión sobre los estados financieros intermedios remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

   KPMG considera que existe "incertidumbre sobre la capacidad del grupo CAM para continuar con sus operaciones, de forma que pueda realizar sus activos y liquidar sus pasivos".

   La firma especifica que la intervención del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que implica una capitalización por 2.800 millones de euros, y una linea de crédito de liquidez por 3.000 millones, ha permitido que la caja recupere "transitoriamente" la solvencia y la liquidez para seguir operando con normalidad.

   No obstante, "la evolución de su negocio y la continuidad de sus operaciones dependerán del éxito del plan de acción que los administradores provisionales están elaborando", así como de la continuidad del apoyo financiero o la participación en Banco CAM de entidades solventes que permitan el acceso a los recursos necesarios para garantizar su viabilidad futura.

   KPMG indica que el FROB está elaborando un plan de acción de la caja para que supere sus dificultades, entre las que se contemplan operaciones con otras entidades de reconocida solvencia, pero que no dispone de proyecciones financieras.

   La auditora resalta que ha realizado una revisión limitada de los estados financieros intermedios que consiste en la formulación de preguntas, principalmente al personal de los asuntos financieros y contables, y a la aplicación de procedimientos analíticos, y que su alcance es sustancialmente menor al de una auditoría.

   Por su parte, los administradores de la CAM, José Iturriaga Miñón, Benicio Herraz Hermoso y Tomás González Peña indican a la CNMV que asumen que la actividad del grupo continuará, por considerar que el apoyo comprometido a escala institucional compensa los factores de incertidumbre.

   En su nota explicativa de los estados financieros de la caja insisten en que la prioridad del FROB es facilitar la compra de la CAM por otra entidad "de reconocida solvencia y capacidad de gestión" y que su ratio de solvencia es del 11,84%, por encima de los mínimos exigidos.

   Como factores que mitigan la incertidumbre sobre la gestión de la entidad destacan que los 2.800 millones de euros en capital le permiten cumplir con los niveles requeridos, y la línea de crédito de liquidez de 3.000 millones de euros para afrontar los vencimientos de deuda comprometidos y las potenciales salidas de depósitos a corto plazo.

   La crisis económica profunda y sostenida, con su impacto en el negocio financiero, la severa caída de los mercados bursátiles, y los altos niveles de paro son los factores de incertidumbre sobre la gestión del grupo que se ven compensados, a su parecer, por el apoyo institucional.

Más de la mitad de la exposición al 'ladrillo' de CAM son créditos dudosos

MADRID.- Un total de 6.437 millones de euros de los 12.677 millones de euros de exposición de la CAM al sector inmobiliario a cierre del primer semestre del año son declarados como dudosos, según consta en un complemento de información financiera del primer semestre remitido por la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

   Además, un total de 1.334 millones de euros de la cartera de exposición al 'ladrillo' de la entidad intervenida por el Banco de España son considerados créditos subestándar (con debilidades de pago).

   Los activos dudosos totales de CAM a 30 de junio ascienden a un total de 9.907 millontes de euros, una tasa de morosidad del 19%, para los cuales dispone de la cobertura de deterioro por 3.903 millones, una cobertura media del 39,4%.

   La entidad alicantina presenta un nivel de solvencia del 4,8%, aunque teniendo en cuenta la inyección de 2.800 millones de euros del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), ésta se eleva al 11,8%.

   Las pérdidas por deterioro de activos financieros suponen 1.147 millones de euros, y las correspondientes al deterioro de otros activos se traducen en una carga neta de 424 millones, de los que 85 millones proceden del deterioro de la cartera de participaciones, y el resto de los activos adjudicados.

Economía priorizará el pago a proveedores y obligará a sus empresas a diseñar un plan de pagos

VALENCIA.- El conseller de Economía, Industria y Comercio, Enrique Verdeguer, ha manifestado que su departamento basará la gestión de sus recursos en el análisis coste-beneficio y tendrá como prioridad afrontar "todos los compromisos" de pago asumidos. De hecho, en cuanto la Generalitat goce de "mejor acceso" a la liquidez, pretende "reasignar los fondos de las empresas públicas de gasto corriente e inversiones al pago de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores".

   Además, el decreto-ley de Régimen Económico Financiero del Sector Público establece que el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) coordinará y centralizará todas las operaciones de endeudamiento del sector público empresarial y prevé que "si superan determinados niveles de déficit de circulante que se fijarán en la Ley de Presupuestos, deberán desarrollar un plan de pagos a proveedores que podrá comportar la prohibición de realizar nuevas inversiones financieras con endeudamiento e incluso que dicho déficit podrá ser cubierto con cargo al presupuesto de su Conselleria de adscripción".

   Así lo ha señalado en su primera comparecencia en las Corts para informar de las líneas generales de la política que desarrollará su departamento esta legislatura. Verdeguer ha iniciado su intervención, que se ha prolongado durante cerca de una hora, con palabras de agradecimiento al jefe del Consell por la confianza depositada en él y con un recuerdo a su padre, de quien ha dicho que sólo él entendería el "honor" y "orgullo" que siente al poder servir a los valencianos.

   Como "objetivo irrenunciable", se marca reforzar las políticas de internacionalización para crear empleo sostenible y de mayor calidad, además de combinar las "medidas de impulso que siembren el camino de la recuperación" con "iniciativas de ajuste que permitan la generación de ahorro como fuente de crecimiento de la economía productiva, como única garante de un desarrollo sostenible".

   Verdeguer ha destacado que, para adaptarse al nuevo contexto, la Generalitat intensificará el principio de austeridad en la gestión para que ésta se convierta en eficiencia y ésta, a su vez, "en liquidez para empresas y proveedores".

   Entre las medidas detalladas, destacan una fuerte reestructuración de la red del IVEX para hacerla "más flexible y menos costosa", que incluye el cierre de las oficinas de Toronto, Beijing, La Habana, Buenos Aires y Tokyo, el traslado a San Francisco de la de Los Ángeles y el refuerzo de las actuaciones en Perú, Colombia y México, así como el compromiso de destinar a los emprendedores el 3 por ciento de lo ahorrado tras racionalizar el sector público empresarial durante los dos próximos años, unos doce de los más de 400 millones que pretende ahorrar en ese proceso al recortar "un mínimo del 20 por ciento de media entre todos los capítulos de gasto" de esos entes.

   Además de tener operativa a finales de marzo la Corporación Pública Empresarial Valenciana, Verdeguer desarrollará el decreto-ley que presentará al pleno del Consell "en los próximos días" y que tiene como objetivo "mejorar la eficacia, la transparencia y el control de las empresas públicas" a nivel de "control interno, endeudamiento, pago a proveedores y recursos humanos".

   Así, se realizará un "seguimiento más intenso de la actividad económica financiera" de esas empresas, se acometerán las citadas medidas para regular el endeudamiento y el pago a proveedores y se establece también que el personal directivo de esos entes estará sujeto al mismo régimen de incompatibilidades, de declaración de bienes y rentas y de evaluación del rendimiento que los altos cargos del Consell, al tiempo que no podrá cobrar más que éstos, cambios a los que deberán adaptarse "en un plazo de seis meses".

   Economía también pondrá en marcha múltiples ayudas a la creación de empresas, la innovación o la I+D, una nueva línea IVF dedicada a Proyectos Estratégicos, acciones de financiación directa para pymes y grandes proyectos e instrumentos de capital riesgo y creará "un portal web específico para inversores de deuda de la Generalitat" que incluirá toda la información de interés para sus prestamistas.

   Igualmente, desarrollará un Plan de Acción de Energías Renovables que incluye un programa de aprovechamiento solar de cubiertas de los edificios públicos de la Generalitat, la construcción de nuevas centrales de generación eléctrica, continuar la extensión del gas natural y lograr reducir un 1,5 por ciento anual la energía consumida por unidad de PIB y recortar otro 1 por ciento anual la contribución del petróleo en la estructura de la Comunitat Valenciana.

   Los grupos de la oposición --PSPV, Compromís y EUPV-- han valorado las "buenas ideas" planteadas por Verdeguer y su voluntad de alcanzar "soluciones consensuadas desde un diálogo constructivo", pero han coincidido en que las medidas y recortes anunciados son "insuficientes" y están faltos de concreción en compromisos y datos.

   En concreto, el diputado socialista Francisco Toledo le ha pedido que gaste 2.000 millones de euros menos al año en el sector público empresarial --de un total de más de 3.500 millones-- y ha dudado de que los 'populares' le permitan efectuar el recorte anunciado "porque hay demasiados afectados que a dedo fueron enchufados".

   Además, le ha urgido a que "pague lo que debe" para que no se "identifique" a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana "con el señor del frac". "No pasemos de los trajes al frac", ha reivindicado.

   Mireia Mollà, de Compromís, le ha reclamado concreción en el pago a proveedores y en las iniciativas que no superan el análisis coste-beneficio y se ha interesado por cómo se efectuará ese recorte en las empresas públicas, cuestión en la que ha incidido la coordinadora de EUPV, Marga Sanz, ante el temor de que recurran a "privatizaciones" o Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) "encubiertos".

   En la réplica, Verdeguer ha aclarado que son "las primeras medidas" del "proceso continuado de reestructuración" que se llevará a cabo y ha dicho que "nadie ha hablado de privatizar nada, aunque otra cosa será lo que acabe pasando".

   En el debate parlamentario también se ha abordado la situación de Caja Mediterráneo (CAM) dado que Sanz ha exigido que se "recupere" y Mollà, obtener explicaciones de los responsables de la mala gestión de las entidades financieras, a lo que Verdeguer --que fue becario de la caja-- ha replicado que se trata de una entidad privada, que habrá una comparecencia monográfica sobre la intervención del Banco de España y que la Generalitat velará por que el nuevo proyecto "respete al máximo el empleo" y esté comprometido con el territorio y la Obra Social.

Bruselas dirá el próximo 19 de octubre si el Corredor Mediterráneo será prioritario para la UE

BRUSELAS.- El vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Transportes, Siim Kallas, anunciará el próximo 19 de octubre si el corredor ferroviario del Mediterráneo será uno de los ejes considerados prioritarios por la Unión Europea para la futura red transeuropea de transportes, según ha adelantado su portavoz, Helen Kearns.

   Los presidentes regionales de Murcia, Cataluña, Baleares y Comunitat Valenciana han viajado este miércoles a la capital europea para participar en una conferencia a favor de este proyecto, con el objetivo de intensificar la presión sobre el Ejecutivo comunitario.

   La portavoz de Kallas ha evitado en rueda de prensa revelar si el Corredor Mediterráneo estará entre los planes que Bruselas prevé incluir en su propuesta y ha recordado que desde hace dos años se mantienen contactos bilaterales con los Estados miembros para conocer los distintos proyectos. Dicha propuesta necesitará después el visto bueno de Consejo y Parlamento Europeo.

   "La evaluación es muy compleja, las negociaciones prosiguen. La propuesta se presentará el 19 de octubre, antes de eso todo es especular porque no hay decisiones tomadas", ha zanjado Kearns.

   El Ejecutivo comunitario prevé invertir en torno 32.000 millones de euros entre 2014 y 2020 en los ejes ferroviarios que se cataloguen como prioritarios para la red europea. El 19 de octubre, Bruselas publicará dos mapas con los objetivos a largo plazo (hasta 2030) y a medio plazo (2014-2020), en los que el corredor mediterráneo aspira a estar. También se dará a conocer el reparto de estos fondos entre los distintos proyectos seleccionados.

   En cualquier caso, fuentes comunitarias subrayan que los recursos financieros son escasos en periodo de crisis y que uno de los criterios que empleará para la criba será el de cómo "hacer más con menos".

   Los recursos deben destinarse a proyectos "clave" que "convenzan" a la Comisión de que "pueden concluirse en el plazo previsto", destacan las fuentes, que explican que quieren evitar casos en las que las infraestructuras reciben fondos europeos pero tardan décadas en ser terminados. Por ello, añaden, los elegidos deberán cumplir condiciones "muy estrictas" y sus responsables deberán comprometerse a concluir las obras en plazos concretos.

Impositores de la CAM reclamarán el valor de sus cuotas participativas al Banco de España

VALENCIA.- Un grupo de impositores de Caja Mediterráneo (CAM) ha acordado hoy en Valencia sindicar sus cuotas participativas para exigir al Banco de España, administrador de la caja alicantina, la recuperación del valor que tenían estas acciones antes de la intervención de la entidad.

Unos cincuenta clientes de CAM han celebrado una asamblea para decidir acciones conjuntas para hacer frente a la situación en que ha quedado la caja tras ser intervenida el pasado julio, según ha informado el presidente de la Asociación de Impositores Valencianos de CAM, Vicente Baeta.

La entidad investigará si algún inversor, haciendo uso de "información privilegiada", ha desencadenado la devaluación de las cuotas participativas de la caja con posterioridad a su intervención.

La devaluación de estas acciones sin derechos políticos de CAM, que se calcula que tiene unos 50.000 cuotapartícipes, se produjo después de que, el pasado agosto, los administradores provisionales nombrados por el Banco de España decidieran anular la propuesta de amortización de las cuotas participativas.

Quedaba así en suspenso el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la caja el pasado 21 de julio para proceder a la amortización de la totalidad de las cuotas en circulación al precio de 4,7714 euros por título, correspondiente a la media de cotización del último trimestre.

Según han acordado, los impositores mantendrán por el momento su capital en la caja e iniciarán negociaciones con el Banco de España para "recuperar" su "dinero", con la advertencia de trasladar sus cuotas a otra entidad valenciana, como Caixa Ontinyent.

Baeta ha acusado al Banco de España de "ningunear" a los cuotapartícipes, que según ha dicho mantienen recursos en la caja por valor de 500 millones de euros.

Los impositores exigirán conocer qué "va a pasar con las cuotas de participación" y ha asegurado que intentarán "defenderse" si intentan "liquidarlos".

"La mayoría de cuotapartícipes no somos gente que compramos acciones para especular, sino simples impositores que confiamos en esta entidad para fortalecer una caja valenciana sin ánimo de lucro", ha destacado.

Baeta también sospecha que "alguien con informaciones privilegiadas ha hecho su negocio" y ha advertido de que serán "fieles" a CAM, pero "hasta cierto punto".

Por otro lado, ha asegurado que el Banco de España ha impedido una asamblea de impositores en dependencias de CAM en Alicante, prevista para el próximo día 30, y que se retrasará al 7 de octubre por esta razón.

Blanco asegura que la Comisión Europea incluirá el Corredor Mediterráneo "pasando por Alicante"

ALICANTE.- El ministro de Fomento, José Blanco, se ha mostrado "convencido" de que el próximo 19 de octubre, la Comisión Europea incluirá el Corredor Mediterráneo en la red básica de las redes transeuropeas de transportes, "en su integridad, desde la frontera francesa hasta Algeciras, pasando, por supuesto, por Alicante".

   Durante su visita este miércoles a las obras de plataforma de los accesos del AVE en Alicante, --en la que ha estado acompañado por la ministra de Sanidad, Leire Pajín, y por el presidente de Adif, Antonio González, así como de otras autoridades locales y provinciales--, el ministro ha asegurado que el Gobierno de España está impulsando el Corredor Mediterráneo "con determinación, tanto en España como en Europa".

  "Estoy convencido de que el próximo el 19 de octubre, la Comisión Europea, lo incluirá, a propuesta del Gobierno de España, en la red básica de las redes transeuropeas de transportes, ahora sí, en su integridad, desde la frontera francesa hasta Algeciras, pasando por supuesto por Alicante, y conectando además a esta ciudad y a Elche con la nueva terminal del Aeropuerto", ha detallado en su intervención.

    En cuanto al tren de alta velocidad, ha recordado que el Gobierno ha destinado más de 8.000 millones de euros a la ejecución de esta infraestructura en los últimos siete años, y en 2010 y 2011 ha ejecutado cerca de 2.000 millones al AVE en la Comunitat Valenciana.

   "Son pasos que ponen de manifiesto nuestro compromiso con esta comunidad, un compromiso firme para asentar las bases de una nueva comunidad más cohesionada, más sostenible, y con una economía más competitiva", ha destacado.

   El ministro además ha recordado que la llegada del AVE a Alicante se producirá en el segundo semestre de 2012, y a Elche llegará "puntual" el año 2014.

   Con ello, ha resaltado, el AVE "situará esta tierra como punto estratégico de comunicación dentro de la red ferroviaria de alta velocidad española".

   "El impulso que estamos dando hará algo más que acercar Madrid y Alicante, situará esta ciudad como un nuevo y potente centro de la España en red, y como un punto fundamental del Corredor Mediterráneo", ha añadido.

   Las obras de los accesos de alta velocidad a la ciudad de Alicante visitadas por José Blanco corresponden a un tramo cuya construcción conlleva una inversión de 55 millones de euros.

   Este tramo, que tiene una longitud de más de un kilómetro, y discurre por terrenos ferroviarios en la capital alicantina. Está delimitado en un extremo por la plataforma del tramo contiguo ya finalizado --accesos a Alicante, fase I--, y, en el otro extremo, por la estación de Alicante.

   Las obras del tramo Accesos Alicante, fase II, están financiadas por la Sociedad Alta Velocidad Alicante Nodo de Transportes (Avant), compuesta por el Ministerio de Fomento, a través de Adif y Renfe Operadora, Generalitat Valenciana y Ayuntamiento de Alicante.

   En la actualidad, se encuentran finalizadas las obras de plataforma entre Caudete (Albacete) y los accesos a Alicante, así como los trabajos de tendido de carril en ese tramo, según han recordado fuentes del Ministerio de Fomento.

   Además, también se han iniciado las tareas de nivelación de la vía, y continúan tanto las operaciones de instalación de la catenaria como la construcción de dos subestaciones y centros de autotransformación.

   Todo el trazado entre Madrid y Albacete se encuentra en explotación desde diciembre de 2010, mientras que las obras ejecutadas por Adif en el tramo comprendido entre la ciudad castellano-manchega y Alicante progresan conforme a las previsiones.

   De acuerdo con lo previsto por el Ministerio, en 2012 se habrá ejecutado también el 70 por ciento de la configuración final de los accesos, que serán subterráneos. Así, la estación de Alicante contará con 10 vías de estacionamiento, a través de un tramo soterrado de 1,8 km de longitud.

   El año que viene, todos los servicios ferroviarios se prestarán en tres nuevos andenes y seis vías situados al norte de la actual estación. Los andenes estarán en superficie y el acceso de viajeros se efectuará por un pasillo de conexión con el vestíbulo de la estación.

   Por otra parte, está prevista una actuación integral en el edificio de la estación y su entorno para adecuarlos a las necesidades generadas por la puesta en servicio de la alta velocidad.

    En cuanto al tramo que comprende los accesos a Alicante, fase II (sección norte), se construirán soterrados un total de 370 metros, que, junto a la que suman los tramos anteriores, representará el 70 por ciento de toda la actuación subterránea en la llegada a la estación de Alicante.

  El canal de acceso soterrado dará cabida a tres vías, dos de ancho internacional y una de ancho mixto, según las mismas fuentes, quienes han detallado que los siguientes 650 metros se ejecutarán en superficie.

   En esta otra zona en superficie se montarán las tres vías salientes del canal de acceso, que se ramifican en una playa de seis vías --cuatro de ancho internacional y dos de ancho ibérico--, y tres andenes, que se ubicarán en el lado norte de la estación actual. Las vías de ancho internacional (UIC) darán servicio a los trenes de alta velocidad y las vías de ancho ibérico a los de cercanías y media y larga distancia.