El PP pide al Estado que presupueste el proyecto ferroviario 'Eje 16' en los PGE y que inste a la Unión Europea a ratificarlo

MADRID.- El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, Íñigo Henríquez de Luna, ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) en la que pide al Gobierno central que haga las gestiones oportunas ante la Unión Europea (UE) para ratificar el proyecto ferroviario 'Eje16' y que dote de financiación a las obras en los Presupuestos Generales del Estado para 2012.

   Según ha indicado el PP en un comunicado, el 'Eje 16', "la mayor infraestructura ferroviaria de mercancías de la Península, estimulará el comercio entre Lisboa, Madrid y París", y por ello, instan a la Comunidad a que pida al Gobierno central "que realice las gestiones oportunas ante la UE que permitan la ratificación del citado proyecto".

    Además, los 'populares' solicitan que se instrumenten las partidas que correspondan en los Presupuestos Generales del Estado para la financiación de las obras.

   Según el PP, "la importancia de este gran proyecto estratégico es manifiesta, ya que podría estimular el comercio entre Lisboa, Madrid y París facilitando de este modo la entrada de mercancías transoceánicas, lo que repercutiría en la creación de empleo y riqueza en nuestro país".

   Asimismo, destaca que "el 'Eje 16' contará con un ramal que conectará Algeciras con el norte de Europa convirtiendo al país en el gran puerto logístico del Mediterráneo".

   Según ha explicado Henríquez de Luna, "proyectos como éste pueden facilitar la recuperación económica del país generando puestos de trabajo y potenciando aun más el papel de la Península Ibérica como puerta de entrada a Europa de mercancías".

  "Sin duda, el proyecto puede repercutir de forma muy positiva en la economía de la Comunidad de Madrid, ya que supondría situar a nuestra región en el centro de esta importante infraestructura de comunicaciones y transportes", ha subrayado el portavoz.

   Los 'populares' exponen que en la actualidad, se estima que de las más de 240 millones de toneladas que atraviesan el Pirineo, sólo el 2 por ciento lo hace en ferrocarril. "Estos datos implican que cada día atraviesan la cordillera 20.000 camiones en ambos sentidos por sólo 400 vagones de mercancías", afirman y destacan que esto "demuestra la infrautilización de este medio de transporte, que debe ser potenciado".

   Henríquez de Luna sostiene que el 'Eje 16' es "compatible con otros corredores, como el Mediterráneo". Además, ha destacado que el 'Eje 16' "se apoya, en muy buena parte de su recorrido, en infraestructuras ya existentes, hasta el punto de que el 75 por ciento de sus kilómetros están construidos, lo que reduciría sus costes de construcción".

    Aunque la Unión Europea financia en un 10 por ciento el proyecto del 'Eje 16', el Gobierno de España tiene que dotarlo también de financiación complementaria en los Presupuestos Generales del Estado, afirman los 'populares'.

EUPV reclama que el Consell cree un registro público del uso de coches oficiales de los altos cargos

VALENCIA.- El grupo parlamentario de Esquerra Unida ha presentado en las Corts Valencianes una proposición no de ley en la que reclaman al Consell que cree un registro público sobre el uso de los vehículos oficiales por parte de los altos cargos de la Generalitat y de los diputados. 

   Este registro, según EU, debería dejar constancia de tres informaciones básicas, accesibles a los demandantes bajo petición: quien solicita el uso de un vehículo oficial; quien hace uso, finalmente, de un vehículo oficial; para qué se hace uso de un vehículo oficial y finalmente, cuál es el trayecto completado por un vehículo oficial.

   Todos estos datos, según la propuesta planteada, deberán ser archivados cronológicamente especificando la fecha, hora de inicio del trayecto del vehículo oficial y duración total del servicio.

   Asimismo, EU insta al Consell a que garantice a los grupos parlamentarios de Les Corts la transparencia en el acceso a este registro público, que deberá estar a disposición de sus  portavoces --que pedirán la información bajo cláusula firmada de  confidencialidad-- así como de las instituciones autonómicas y estatales de control y fiscalización de la actuación de la administración pública, como la Sindicatura de Cuentas.

   La confidencialidad, advierten, "no restringe el derecho de los grupos parlamentarios a realizar cualquier denuncia pública sobre el uso de los coches oficiales mientras ésta no revele detalles de los trayectos que pongan en riesgo la seguridad y la integridad física de los usuarios del parque oficial de vehículos".

   Igualmente, solicitan que la Generalitat garantice a los solicitantes o entidades la posibilidad de disponer de la información requerida en un plazo de tiempo que nunca superará las 48 horas  desde el momento de ser registrada la petición y que establezca un seguimiento y análisis periódicos de los datos archivados en  el registro, así como a actuar de oficio para denunciar públicamente el uso  discrecional con fines privados -ajeno a las tareas estrictamente parlamentarias- que, eventualmente, pueda tener el parque oficial de vehículos.

   También reclaman que el Consell presente anualmente en Les Corts una memoria estadística sobre el uso de los vehículos oficiales. Según destaca en la proposición no de ley la portavoz de este grupo parlamentario, Marga Sanz, "la credibilidad de las instituciones democráticas se desvirtúa desde el mismo momento en que sus representantes hacen un uso privado, o simplemente abusivo, de los recursos públicos".

   Asimismo, recuerda que "a lo largo de este año han sido diversas las denuncias periodísticas sobre el uso personal que ciertos diputados y altos cargos de la Generalitat han hecho del parque oficial de vehículos".

   "Unos hechos --agrega-- que, en ciertos casos, aún siendo simples sospechas o denuncias sin consecuencias jurídicas, han agravado la crisis de confianza de la ciudadanía hacia la clase política, percibida como beneficiaria de prebendas -cuando no servicios de lujo- muy alejados de las posibilidades económicas de la mayoría".

   Para Sanz, "es por eso que la normativa sobre la presencia digna y decorosa de las instituciones y de sus representantes, así como la necesidad de movilidad de éstos, no puede incumplir otro imperativo, este de cariz con evidentes repercusiones legales: el del uso racional y extremadamente justificado de los recursos públicos, cuya percepción, cuanto más transparente y fiscalizada sea a ojos de la ciudadanía, más servirá para reparar la maltrecha credibilidad de  las instituciones".

Los abogados de Camps y Costa presentarán este lunes sus últimas alegaciones en la 'causa de los trajes'

VALENCIA.- Los abogados del expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps, y del ex secretario general del PPCV y diputado, Ricardo Costa, presentarán este lunes ante el magistrado presidente del tribunal del jurado constituido por el 'caso Gürtel' en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Juan Climent, sus últimas alegaciones.

   Los letrados de Camps y Costa, el ministerio fiscal y la acusación particular --que ejerce el PSPV-- están citados a las 10 horas en una vista a puerta cerrada --regulada en el artículo 36 de la Ley del Jurado-- para que expongan todo lo que consideren oportuno. Al acto no tendrán que asistir los abogados de los otros dos acusados del delito de cohecho impropio pasivo en este procedimiento --el exvicepresidente del Consell Víctor Campos y el ex jefe de Protocolo de la Diputación de Valencia Rafael Betoret-- ya que fueron condenados al pago de 9.600 euros tras haber admitido su culpabilidad y conformarse con los hechos imputados.  

   Según consta en el artículo 36 de esta normativa, en esta vista las partes podrán plantear alguna de las cuestiones o excepciones previstas en el artículo 666 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o alegar lo que estimen oportuno sobre la competencia e inadecuación del procedimiento.

   Asimismo, podrán aludir a la vulneración de algún derecho fundamental; pedir la ampliación del juicio a algún hecho; la exclusión de otros; o impugnar los medios de prueba propuestos por las demás partes y proponer nuevos medios. En este último caso, la ley establece que se deberá dar traslado a las demás partes para que en el término de tres días puedan instar por escrito su inadmisión.

   Tras este paso, y resueltas las cuestiones propuestas --si ello no impide el juicio oral--, el magistrado presidente dictará auto de hechos enjuiciables, tal y como fija el artículo 37 de la misma ley. En concreto, el juez deberá precisar el hecho o hechos justiciables --incluyendo tanto los hechos alegados por las acusaciones como por la defensa--. Pero, si la afirmación de uno supone la negación del otro, sólo se incluirá una proposición.

   Seguidamente, con igual criterio, se expondrán los hechos que configuren el grado de ejecución del delito y el de participación de los acusados, así como la posible estimación de la exención, agravación o atenuación de la responsabilidad criminal. A continuación determinará el delito o delitos que dichos hechos constituyan.

   Asimismo, resolverá sobre la procedencia de los medios de prueba propuestos por las partes y sobre la anticipación de su práctica. Contra la resolución que declare la procedencia de algún medio de prueba no se admitirá recurso. Así, si se denegara la práctica de algún medio de prueba, las partes podrán formular su oposición a efectos de ulterior recurso. El magistrado también señalará en este auto el día para celebrar la vista del juicio oral.

   El abogado de Francisco Camps presentó a mediados de este mes un escrito de alegaciones al auto de apertura de juicio oral en el que apeló al Estatuto de Autonomía para alegar que el tribunal al que le corresponde la causa de los trajes derivada del 'caso Gürtel' es la Sala Segunda del Tribunal Supremo, puesto que los hechos imputables, "de ser ciertos", se produjeron en Madrid.

   En concreto, señala que, tal y como indica el instructor y las acusaciones, los hechos, de ser ciertos, se produjeron en Madrid, con lo que, según determina el artículo 23.3 del Estatuto de Autonomía, el tribunal al que le correspondería la causa sería la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Además, afirma que, según la Constitución española, el juez o el tribunal debe de estar predeterminado por la ley, por lo que, tal y como afirma en su escrito, la elección errónea del tribunal anularía todo el procedimiento.

El año hidrológico cierra con valores normales en España y déficit en la Comunitat Valenciana

VALENCIA.- Las lluvias han sido normales al cierre del año hidrológico (1 de octubre de 2010 a 30 de septiembre de 2011), ya que a fecha de ayer viernes, ha llovido en España 633 litros por metro cuadro, un dato que coincide con el valor normal para esta fecha, según ha informado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Ángel Rivera, que ha añadido que el mes de septiembre ha sido el más seco desde 1988 para el conjunto de España.

   Así, ha explicado que las zonas con mayor superávit este ejercicio han sido el sur de Andalucía, áreas de Castilla-La Mancha y sur de Extremadura, mientras que el mayor déficit se encuentra en el oeste de Galicia, Comunitat Valenciana, puntos de Castilla-La Mancha y sureste de Aragón.

   Además, ha detallado que el superávit que había en España en el conjunto del año hidrológico duraba hasta finales de mayo pero se ha ido reduciendo a lo largo de los meses de junio, julio y agosto, que han sido "bastante secos" y ha destacado "mucho" el mes de septiembre, periodo en el que ha llovido la tercera parte de lo habitual desde el punto de vista climatológico. "Esta treintena se constituye como el septiembre más seco desde 1988. Está siendo un mes muy parco en precipitaciones", ha apostillado.

   Concretamente, ha indicado que tanto en ambas castillas como en Madrid no ha habido prácticamente precipitaciones en las últimas semanas y que en el oeste de Galicia, en lo que va de mes, se han recogido 20 litros por metro cuadrado, cuando lo normal en esta treintena es acumular 80 o 100 litros por metro cuadrado de media.

   Por otro lado, ha manifestado que la próxima semana se va a mantener la situación de estabilidad anticiclónica en casi todo el país. De momento, este fin de semana ha apuntado que podrían caer algunas lluvias débiles en el área mediterránea donde podrían llegar a recogerse más de 100 litros pero "de forma muy puntual".

   Asimismo, a partir del lunes, dejará de llover y subirán las temperaturas que, posteriormente volverán a bajar el martes y el miércoles, cuando se volverán a recuperar.

   En este contexto, ha dicho que se prevé un ambiente seco, prácticamente en todas las zonas y con temperaturas constantes y que existe una remota posibilidad, menor al 40 por ciento, de que el miércoles un frente pueda "rozar" el norte de la Península.

   De llegar esta borrasca podría llover en el tercio norte el jueves y el viernes, donde bajarían las temperaturas. De producirse, de cara al fin de semana podría llover en la mitad norte peninsular, aunque "parece que ese frente no bajará tanto de latitud".

   En definitiva, ha concluido que las "lluvias claras del temporal de otoño no se ven por ningún lado y siguen sin llegar, al menos hasta la siguiente semana".

Alarte exige a Fabra que cobre el Impuesto de Patrimonio para invertir ese dinero en crear empleo para los jóvenes

VALENCIA.- El síndic socialista en las Corts y secretario general del PSPV, Jorge Alarte, ha exigido este sábado al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que cobre el Impuesto de Patrimonio y que ese dinero se invierta en nuevos empleos para los 245.000 jóvenes valencianos que están en el paro, "porque las 19.000 personas que más tienen en la Comunitat, y que superan los 700.000 euros de Patrimonio, han de pagar más". 

   El líder socialista se ha pronunciado de esta forma en Madrid, donde ha asistido a la Conferencia Política del PSOE, bajo el lema 'Ideas de Verdad', acompañado de una delegación superior al medio centenar de personas, entre ellos los cabezas de lista para las generales por Alicante, Valencia y Castellón, Leire Pajín, Inmaculada Rodríguez Piñero y Ximo Puig, entre otros muchos.

   Alarte ha anunciado que este próximo lunes presentarán en las Corts una PNL de urgencia, instando al Consell a recaudar este impuesto y ha insistido en la necesidad de recaudar el Impuesto de Patrimonio en la Comunitat Valenciana "para que no haya 245.000 jóvenes condenados al paro, y para que los 109 millones de euros que se recaudarían de quienes tengan más de 700.000 euros de patrimonio, puedan servir para crear empleo, sobre todo para los jóvenes, y para tener más dinero público sin tener que endeudarnos más".

   En esta línea, ha criticado "la nocturnidad y alevosía" con la que el PPCV aprobó este viernes la Ley de Medidas Fiscales, una de cuyas medidas es no cobrar a las grandes fortunas. Así, se ha preguntado "en qué lugar queda ahora la posibilidad de llegar a grandes pactos, cuando de forma unilateral el Gobierno de Fabra decide una medida de este calado, sin contar con el resto de grupos parlamentarios".

   Alarte ha subrayado que "los socialistas vamos a hablar de empleo porque defendemos la enseñanza como una oportunidad de trabajo para los jóvenes de nuestra tierra, para que todos tengan las mismas opciones". 

"Tenemos que decirle a los jóvenes que su opción es formación y empleo", ha continuado tras reclamar "una economía sana y competitiva y una reindustrialización en clave de innovación y nuevos sectores tecnológicos".

   "Vamos a hablar de empleo para defender una sanidad pública que es innovación, modernidad y desarrollo científico; vamos a hablar de la Ley de la Dependencia porque, si el PPCV la cumpliera, supondría la creación de 40.000 empleos más en la Comunitat Valenciana", ha asegurado. "Vamos a hablar de empleo incansablemente porque ése es nuestro proyecto y porque nuestras ideas son más necesarias que ayer y que antes de ayer".

   Alarte ha reclamado de la militancia "una actitud combativa y positiva, para escuchar, hacer y explicar" y ha dicho que "nos encontramos ante un cambio de era, ante un tiempo diferente sólo comparable en términos económicos al crack del 29". El líder socialista ha explicado que "desde el Gobierno de España tuvimos que tomar una decisión al asumir que debíamos hacer frente a las dificultades que se cernían sobre España y sobre nuestra economía".

   "Y ahora toca explicarlo en la calle, así que vamos a dar la cara --porque a nadie se le ocurriría irse ante las dificultades-- y vamos a luchar por todas las personas que están sin un empleo", ha apostillado.

Fabra anima a acabar con la España "del subsidio" y a que las personas no quieran ser funcionarias

VALENCIA.- El presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, ha animado este sábado a generar el cambio económico y social con "fórmulas nuevas" y a acabar con "la España del subsidio y la subvención". Para ello, ha instado a ofrecer "oportunidades" a las nuevas ideas para que exista un "cambio de mentalidad" que apoye "la cultura del esfuerzo y de aprender a emprender y hacer que la aspiración de las personas no sea ser funcionarios sino emprendedores". 

   Fabra se ha pronunciado así durante su intervención en el foro del PP 'Los emprendedores protagonistas del crecimiento y del empleo', que se ha celebrado en Valencia y que ha contado con la presencia del líder del PP, Mariano Rajoy, y de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, entre otros. Allí ha señalado que el PP está dispuesto a "arriesgarse" en este sentido porque "creemos en los jóvenes emprededores, en el sector empresarial y en las iniciativas".

   A su juicio, "la única solución que necesita este país es confianza e ilusión, y esta vez el país está en manos de gente responsable que sabe tomar decisiones" y ha señalado que el PP se toma esto como un "reto" para enfrentar "sin miedo".

"Hay que hacer que esa sociedad se ponga andar y le demos los instrumentos para que cree empleo y genere prosperidad", ha apostillado.

   En la Comunitat, ha infomado Fabra, "las pymes representan el 99,8 por ciento de las 650.000 empresas que hay en este territorio y generan más del 80 por ciento del empleo". "Si cada pyme o autónomo de todo el territorio español cogiera a un sólo trabajador, el nivel de desempleo sería como el de Alemania", ha resaltado.

   El jefe del Consell ha señalado que para el Gobierno socialista la palabra emprender significa "emprendarla con el PP y con Mariano Rajoy y para nosotros es enfrentarnos al cambio y hacer un país fuerte".

"Tenemos un gran proyecto político, una gran idea de lo que tiene que ser España, somos responsables y con experiencia" y, sobre todo, ha dicho, "tenemos al mejor líder, al primer emprendedor de España, la persona que va a hacer que vuelva la confianza: Mariano Rajoy".

   Asimismo, Fabra ha explicado que "el empleo lo crean los empresarios no la administración" y lo que debe hacer la administracación es "adecuarse a la situación actual y eliminar todo lo superfluo, aquello que no sea productivo y dar instrumentos y nuevas oportunidades a emperasrios y emprendedores para generar empleo". "La administración no genera empleo pero sí lo puede destruirlo", ha indicado en referencia al Gobierno central.

   Ha comentado que la idea del PP es fomentar "el diálogo y el consenso pero sin renunciar al liderazgo, con decisiones valientes" porque España "necesita medidas y cambios estructurales". En su opinión, "ha cambiado el concepto de las cosas con la crisis y, por tanto, tiene que cambiar la relación entre administración y empresarios".

   Por su parte, la alcaldesa Rita Barberá ha manifestado que los pequeños empresarios y autónomos están siendo "los principales perjudicados por la crisis" y que "sin la recuperación de este sector es imposible ver la luz al final del túnel" y ha acusado al PSOE de "abandonar" a este sector.

   Asimismo, ha resaltado que "no faltan iniciativas sino confianza" y ha aseverado que "el PP va a recuperar esa confianza".

"No nos vamos a demorar un solo instante" porque "son momentos para ejemplaridad de la política y pasión por el servicio público". Al respecto, se ha mostrado convencida de que las instituciones "podemos convertir estos momentos de adversidad en momentos de oportunidad, ése es nuestro reto".

   "Haremos lo que Zapatero ni ha podido ni ha querido hacer, ni tampoco Rubalcaba, que ahora por ciencia infusa le ha llegado el ánimo y parece tener soluciones para todo", ha declarado la alcaldesa, que ha afirmado que esto le ha creado "un trilema: o cuando era ministro era desleal a su gobierno o ahora va de farol o ambas cosas". Por eso, ha remarcado "con rotundidad" que "la solución es el PP" y ha resaltado que Mariano Rajoy "es la esperanza para quienes han perdido todo en estos años".

EUPV aprueba las propuestas que propondrá para que formen parte del programa de IU

VALENCIA.- EUPV ha aprobado este sábado en asamblea las propuestas que presentará la agrupación para que formen parte del programa electoral de IU agrupadas en las categorías de Revolución Económica, Revolución Democrática, Revolución Ambiental, Revolución por los Servicios Públicos, Revolución para la Igualdad, Revolución por la Cultura y Revolución para la Paz.

   Según ha informado la formación de izquierdas en un comunicado, estas propuestas se han ido elaborando en el marco del proceso abierto hace meses bajo el nombre de Convocatoria Social, que ha reunido las ideas planteadas por afiliados y simpatizantes de EUPV, representantes de movimientos y organizaciones sociales y por cualquier ciudadano que ha querido participar.

   El debate de las aportaciones programáticas ha estado abierto durante toda la mañana también a través de las redes sociales. Además han participado más de 150 invitados y representantes de varios movimientos y organizaciones sociales, como el 15M, la plataforma Govern Obert, Xúquer Viu o Tanquem Cofrents.

   La asamblea de EUPV continuará esta tarde, cuando elegirá las listas de los candidatos de la formación de izquierdas por Valencia, Castellón y Alicante para las próximas elecciones del 20 de noviembre, y dónde participarán 300 delegados.

Montoro: 'El primero que ha de asumir responsabilidades en la CAM es el gobernador del Banco de España'

VALENCIA.- El coordinador de Economía del PP, Cristóbal Montoro, ha considerado hoy que el gobernador del Banco de España es "el primero" que debe asumir responsabilidades por la supervisión de Caja Mediterráneo (CAM), antes de hacer valoraciones que afectan "a la calidad de la supervisión bancaria de este país".

 

En declaraciones a los periodistas, Montoro se ha referido así a las declaraciones realizadas hoy por Miguel Ángel Fernández Ordóñez a título personal en rueda de prensa.

En ellas ha asegurado, entre otras cosas, que le parece "escandalosa" la gestión de la CAM y que "cuando peor es una caja, ésta vale menos". 

"Estamos hablando de la CAM, que es lo peor de lo peor", según Fernández Ordóñez.

"El primero que tiene que asumir responsabilidades es el gobernador, que no puedo entender que hable así. Él es el responsable de la supervisión; si ha tardado tanto en enterarse -de la situación de la CAM-, causa un grave deterioro a la supervisión en España", según el portavoz popular.

Le ha aconsejado que sea "más prudente" en sus declaraciones y se deje de "politizaciones" para reconocer que no debería haber apoyado las medidas de recapitalización de las entidades financieras "como lo ha hecho, porque estamos viendo que están sirviendo de bien poco", ha lamentado.

Sobre ese proceso ha recalcado que está "lejos de haber culminado" e implica la obligatoriedad de que el gobierno que salga de las elecciones generales del 20 de noviembre acometa esa reforma de forma "urgente".

Según ha criticado Montoro, las cifras que se buscaban mediante la aportación privada "no se han conseguido" y ha tenido que intervenir finalmente "el dinero de todos los españoles" a través del FROB.

"Las advertencias que hicimos este año y que ha llevado a una restricción aún mayor de crédito bancario se han cumplido", ha lamentado.

A Lucía Izquierdo se le acabó el chollo del suegro poeta gracias a la crisis económica del Ayuntamiento de Elche

ELCHE.- La familia de Miguel Hernández ha presentado este viernes un escrito en el Ayuntamiento de Elche en el que da al Consistorio un plazo de diez días para retirar el legado del célebre poeta oriolano, que ha estado custodiado en esta ciudad desde hace 26 años.

   La familia (dos nietos, chico y chica), representados, pese a su mayoría de edad, por la nuera del poeta, Lucía Izquierdo, ha tomado esta decisión después de que el Ayuntamiento de Elche rescindiera el convenio por el que el legado permanecería en la ciudad durante otros 20 años, a cambio de ¡tres millones de euros!.
A Lucía Izquierdo se le concedió hace muchos años, además, una administración de lotería en Elche por tratarse de la nuera del mártir republicano y comunista.

   El Consistorio ilicitano, gobernado en mayoría por el PP, ha afirmado ahora que desea que el legado hernandiano permanezca en la ciudad, pero quiere que sea sin coste alguno para las arcas municipales en momentos tran graves para los recursos públicos. 
La retirada del legado original se producirá después de que el Ayuntamiento de Elche, gobernado por el PP, haya rescindido un convenio con la familia del poeta suscrito a finales del pasado mandato por el PSOE.

   Los herederos del poeta han decidido solicitar, por registro, la devolución de todos los documentos y efectos de los que se compone el legado, al tiempo que ha anunciado que interpondrán un recurso contencioso administrativo contra la medida comunicada por el Ayuntamiento.

   La nuera del poeta, Lucía Izquierdo (en la imagen), ha querido resaltar que la familia "no ha roto el contrato que se firmó, lo ha hecho la señora Mercedes Alonso --alcaldesa de Elche--, que además ha menospreciado la categoría del poeta, como persona y escritor, asegurando que el legado no vale nada".

   Según Izquierdo, Mercedes Alonso "no ha querido respetar lo que en su día se firmó con la institución Ayuntamiento de Elche y no con una persona concreta, ni con un alcalde concreto".

   En este sentido, y preguntada por los motivos aducidos por el consistorio, la crisis económica, la nuera del poeta ha asegurado que este argumento es "falso" porque lo que el convenio contempla es "un proyecto cultural extraordinario para la ciudad y el poeta, porque se habla de una Fundación, un museo y el Ayuntamiento lo que hizo fue comprar a la familia los derechos de imagen".

"Además, los herederos han pactado un porcentaje inferior por esos derechos de lo que establece la Ley", ha asegurado.

   Así, ha acusado a la alcaldesa de Elche de "mentir" y de "humillar a la familia de Miguel Hernández, tirándonos a la opinión pública encima, llamándonos peseteros". Izquierdo ha sostenido que los ilicitanos "nunca han pagado un sólo euro a la familia de Miguel Hernández con sus impuestos".

   Respecto al destino del legado original, Lucía Izquierdo ha adelantado que "de momento", será custodiado por los propios herederos, "hasta que el juez se pronuncie".

"Hay muchos ayuntamientos interesados en el legado pero hasta que no haya una resolución judicial, se lo quedará la familia", ha zanjado.

   Por su parte, el concejal de Cultura de Elche, Pablo Ruz, ha aseverado que la voluntad del consistorio es que el legado de Miguel Hernández permanezca en Elche pero sin que cueste dinero a las arcas municipales. Ruz ha esgrimido que esas condiciones han sido las condiciones en las que ha estado el legado del poeta en la ciudad durante las últimas dos décadas.

   Según Ruz, la Biblioteca Nacional tasó "en 1,6 millones de euros el legado depositado en Elche" mientras que el convenio suscrito establecía un coste de "tres millones de euros".

   Desde su punto de vista, "mantener el legado es algo que reporta beneficios a los ilicitanos, además se ha construido expresamente un centro de estudios hernandianos, pero con la situación actual económica del Ayuntamiento, que está en la ruina, lo que es realmente grave, el equipo de Gobierno entiende que tres millones de euros es una cantidad inasumible para las arcas municipales".

  "Desde la responsabilidad, el respeto a la cultura y la veneración por la gran obra de Miguel Hernández tendemos la mano a la familia para seguir custodiando su legado", ha dicho.

La nueva alcaldesa ha acabado, pues, de un tajo con el chollo otorgado en su día por los socialistas ilicitanos a la viuda del único hijo, Manuel Miguel, fruto del matrimonio de la abnegada eldense Josefina Manresa con el irrepetible poeta de Orihuela. Y quien a los 45 años y sin dedicación laboral conocida (aparte de administrar junto a su madre los derechos de autor de su padre) fue hallado muerto una mañana en su vivienda de Elche, hace ahora poco más de veintisiete años.

El PSPV pide a Fabra que "pague lo que debe y deje de ahogar a los ayuntamientos"

VALENCIA.- El secretario de Política Municipal del PSPV, José María Ángel, se ha dirigido en un comunicado al presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, para exigirle "que no recorte del municipalismo, que pague lo que debe y que deje de una vez por todas de ahogar a los ayuntamientos". 

   De esta forma se ha pronunciado el también senador territorial y alcalde de L'Eliana tras asistir a la 12ª Asamblea General de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, que se ha celebrado en el Oceanográfico de Valencia.

   Ángel ha defendido la "necesaria y urgente creación de un Fondo de Compensación Municipal" y ha urgido a Fabra "a pagar lo que debe, a dejar de hacerse la víctima y de sonreir sin freno, para ponerse manos a la obra y asumir la histórica deuda que la Generalitat tiene contraída con los ayuntamientos".

   "Hace más de 11 años que el PP tiene olvidado al municipalismo de esta Comunitat y Fabra, que también ha sido alcalde, sabe de los pocos recursos de los que disponen los consistorios, y de las muchas competencias que les son impropias y que asumen con escasos recursos", ha explicado.

   "Por eso, porque las competencias ejercidas por los ayuntamientos han crecido enormemente, la Generalitat ha de pagar ya, Fabra ha de asumir el Manifiesto de Elx de la Federación Española de Municipios y Provincias, que fue aprobado por unanimidad por todos los partidos políticos, incluso el PP, y que plantea un reparto en función de los criterios de población de al menos 70 euros por habitante", ha agregado.

   El portavoz socialista también ha recalcado que, "mientras la cúpula del PP vendrá a la Comunitat a hacer un paripé, en el que le vetarán el acceso a Camps, los socialistas valencianos estaremos en Madrid, proponiendo ideas para que sean incluidas en el programa electoral con el que el candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba concurrirá a los próximos comicios el 20N".

   Una de ellas, ha continuado, será "reformar la legislación de régimen local para llevar a cabo una segunda descentralización, que comprenda también una financiación suficiente de los Ayuntamientos".

   Una propuesta que se aprobó por la Conferencia Política y que será también debatida intensamente este fin de semana en Madrid, junto con el resto de federaciones autonómicas, ha recordado.

La Generalitat prevé ahorrar 400 millones en sus empresas y fundaciones, un 40% menos de gasto

VALENCIA.- La Generalitat prevé un ahorro de como mínimo 400 millones de euros con las medidas de reestructuración y racionalización de su sector público empresarial y fundacional, que reducirá alrededor de un 40 por ciento sus gastos de funcionamiento. 

   Así lo ha explicado el conseller de Economía, Industria y Comercio, Enrique Verdeguer, quien, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, ha presentado el decreto ley de régimen económico-financiero del sector público empresarial y fundacional, que afecta a 75 entidades, entre sociedades mercantiles, entidades de derecho pública u fundaciones de la Generalitat y e incluirá a Radio Televisión Valenciana (RTVV) y la Agencia Valenciana de Turismo.

   El Consell también ha aprobado el anteproyecto de creación de la Corporación Pública Empresarial Valenciana --anunciada por jefe del Consell, Alberto Fabra, el pasado mes de julio, en el acto en el que fue investido presidente--, a través de la Ley de Acompañamiento de los presupuestos 2012, que entrará en vigor el 1 de enero, y se prevé que esté operativa en los primeros cuatro meses del año.

   Verdeguer, que ha estado acompañado por la portavoz del Consell, Lola Johnson, ha señalado que esta corporación es una entidad de derecho público, sometida a derecho privado, que englobará a un total de 26 sociedades mercantiles y 19 entidades de derecho público.

   Quedan excluidas de la Corporación Pública Empresarial Valenciana, la Agencia Valenciana de Turismo y el grupo RTVV. Este último porque "el Consell está analizando su nuevo modelo y para adaptarlo se requiere un cambio legislativo", ha manifestado el conseller.

   Esta Corporación Pública, que estará presidida por el conseller de Economía, se encargará de la coordinación, del control económico-financiero y de la supervisión de las empresas públicas, así como de la reestructuración y racionalización del sector público empresarial.

   Respecto a los objetivos de este decreto ley, Enrique Verdeguer ha señalado que se busca configurar un sector público empresarial y fundacional "saneado, austero y eficiente" y utilizar el ahorro que se consiga en "alimentar la economía productiva" puesto que, según ha manifestado, ésta es "la única forma de generar empleo".

   Asimismo, el titular de Economía ha valorado la Comunitat Valenciana sea la primera autonomía que "regula por vía de decreto ley el régimen económico-financiero de su sector público instrumental".

   Verdeguer también se ha referido a algunas de las medidas que se contemplan en este decreto ley. Entre ellas, destaca que las entidades que superen un cierto nivel de deuda deberán elaborar un plan de pago a proveedores, que tendrá que aprobar la Comisión Delegada de Hacienda y Presupuestos.

   Cuando sea necesario, se plantearán auditorias internas en las empresas o fundaciones y, en casos extraordinarios de incumplimientos, actuará la Intervención General de la Generalitat Valenciana. Este decreto ley también contempla otras medidas como las referentes a las contrataciones y la elaboración de planes de saneamiento en determinadas entidades.

   Respecto al régimen de contrataciones, se tendrán que aplicar autorizaciones previas para determinados importes. Sobre este asunto, Verdeguer ha explicado que se aplicará la Ley de Contratos de la Administración, que fija "en 12 millones de euros el mínimo a partir del cual tiene que ir al Consell".

   En cuanto al régimen de retribuciones, el conseller de Economía ha asegurado que el personal directivo no podrá recibir una remuneración superior a la que cobran los altos cargos de la administración valenciana.

   Preguntado por si se prevé suprimir alguna empresa pública o fundación, Verdeguer ha señalado que el proceso de reestructuración y racionalización es "dinámico, vivo y continúa", y ha añadido que antes de finales de año se darán indicaciones más concretas. No obstante, ha adelantado que no necesariamente desaparecerán entes y ha apuntado la posibilidad de fusiones.

   A la hora de decidir las medidas a adoptar, ha negado que se vaya a aplicar "un criterio economicista", sino que cada departamento del Consell será "absolutamente autónomo para determinar cuál es la mejor alternativa en cada caso"

   En cuanto a si las empresas de la Generalitat dejarán de prestar servicios que también ofrecen otras administraciones, ha indicado que "si el ciudadano recibe una prestación en garantías y condiciones, será un criterio" a tener en cuenta.

   Respecto por si parte del ahorro de las empresas públicas se conseguirá por el empleo, ha explicado que se revisarán todos los capítulos. Sin embargo, ha indicado que los gastos de personal del sector público empresarial y fundacional "constituyen no más del 12 o 13 por ciento".

   Enrique Verdeguer ha hecho hincapié en que este decreto ley "no es de la Conselleria de Economía, Industria y Comercio, sino que es un proyecto en el que está implicado todo el Consell". Por otra parte, ha avanzado que en el mes de noviembre se presentará la reestructuración del sector público fundacional.

   Inquirido sobre cuánto cuesta a la Generalitat el sector público instrumental, el conseller ha señalado que las empresas, unos 2.500 millones y las fundaciones, alrededor de 100. En total, trabajan en ellas entre 10.000 y 11.000 personas. Respecto al endeudamiento de éstas, lo ha cifrado en algo más de 5.000 millones.

   Por otra parte, la portavoz del Consell, Lola Johnson, ha indicado que la Ley de Acompañamiento de los presupuestos de 2012 modifica cuatro leyes de carácter tributario y 24 no tributarias. Se mantienen los beneficios fiscales aprobados en ejercicios anteriores y una bonificación del 100 por cien por lo que respecta al impuesto de Patrimonio.

EU pide al FROB que intervenga los 13 millones que obtuvieron cinco directivos de CAM como indemnización

ALICANTE.- Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha instado hoy a la Fiscalía Anticorrupción a que investigue si el PP y el PSOE tienen responsabilidad en el "fiasco" de Caja Mediterráneo, mientras que EU ha pedido al FROB que intervenga los 13 millones de euros que obtuvieron cinco directivos en concepto de indemnización.

 

En rueda de prensa, la candidata de UPyD al Congreso por Alicante, Manuela Nicolás, ha pedido al fiscal que investigue a "las cúpulas de PP y PSOE" por la "mala gestión" de la CAM y que "no se limite únicamente" a indagar en las actuaciones de los técnicos de la entidad financiera.

"Técnicos, directivos y Consejo de Administración sobre los que se está actuando para determinar responsabilidades han sido colocado a dedo por los representantes políticos del PP y del PSOE", ha afirmado Nicolás.

Tras exponer que considera "acertado, pero insuficiente" el despido de la exdirectora general de la caja, María Dolores Amorós, "ya que la medida no ahonda en el fondo de la cuestión, que no es otro que la politización de las cajas de ahorro en España".

En este sentido, ha recordado que UPyD presentó en diciembre de 2009 una moción ante el Congreso para solicitar la "despolitización" de los órganos de gobierno de las cajas, pero fue "rechazada por PP, PSOE e IU".

"Las intromisiones de la clase política en las cajas de ahorro las terminamos pagando todos los ciudadanos con nuestros impuestos y con los recortes", ha añadido.

Asimismo, ha asegurado sentir "vergüenza ajena" tras conocerse las retribuciones "multimillonarias" y las indemnizaciones previstas para los altos cargos de la CAM, "aprobadas y consentidas por los representantes del PP y PSOE".

Desde EU, su portavoz adjunto en Les Corts, Lluís Torró, ha pedido al FROB que intervenga los 13 millones de euros que obtuvieron cinco directivos de la CAM en indemnizaciones.

"Hay que destinar esta cifra millonaria a las familias desahuciadas en Alicante", ha añadido.

Este dinero, que lo cobraron "indecentemente los mismos que hundieron la CAM en una ruina apocalíptica", ha dicho Torró, debería destinarse a las familias que han sido "bestialmente desahuciadas y se han quedado sin techo por la codicia extrema de unos gestores inútiles colocados por el Partido Popular".

Más que inviable, la CAM es "lo peor", según el Banco de España

MADRID.- El gobernador del Banco de España ha explicado, refiriéndose al proceso de reestructuración de las cajas, que "en general, cuanto peor es una caja vale menos, es algo evidente" para después sentenciar que en el caso de CAM "estamos hablando de lo peor de lo peor". Miguel Angel Fernández Ordóñez ha reconocido que el comportamiento de los directivos de la caja alicantina le parece un "escándalo" pero también ha señalado que "si reaccionas con las tripas" en este tipo de asuntos "no lo harás bien". Más bien al contrario, ha afirmado que aunque entiende que la gente se escandalice con lo que está sucediendo, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) debe actuar conforme a la ley y con un cuidado extremo.

Con escándalo se refería a la decisión de la cúpula directiva de la entidad de adjudicarse indemnizaciones y pensiones millonarias a pesar de que la caja estaba quebrada. De hecho, hace dos días, el Banco de España despidió a la exdirectora general por adjudicarse una pensión vitalicia de 370.000 euros anuales y un sueldo de 600.000 euros, entre otras razones. Aún así, Fernández Ordóñez ha pedido prudencia a la hora de valorar las actuaciones, Su opinión personal es que "me parece escandaloso, pero el Banco de España y el Frob lo que tienen que hacer es ajustarse a derecho en el tratamiento de todos estos temas", recoge www.latiza.es

También ha reconocido que la CAM es "inviable", razón por la que se ha tomado la decisión de subastarla. La entrada del Frob en la CAM se produjo el pasado julio y sus administradores reformularon las cuentas de la entidad correspondientes al primer semestre del año. Anunciaron unas pérdidas de 1.135,8 millones de euros, con una tasa de morosidad del 19 por 100 frente al 9,1 por 100 de finales de 2010

KPMG, que avaló la solvencia de la fusión gallega, auditó las cuentas de la CAM 20 años

LA CORUÑA.- La CAM ocultó su debilidad financiera y obvió sus problemas de solvencia, liquidez y rentabilidad en las cuentas de marzo de este año. Además liberó provisiones de créditos de forma incorrecta y no realizó los saneamientos obligados en las cuentas anuales de 2010, según el diario 'La Opinión'. 

También pagó gastos que no debería haber abonado por estar en pérdidas, como incentivos y aportaciones adicionales a los planes de pensiones. Incluso infradotó el fondo de prejubilaciones, mejoró ficticiamente el balance individual de la caja y abusó de las operaciones de refinanciación de deuda para evitar que afloraran activos tóxicos.

Todas estas tachas fueron descubiertas por el Banco de España tras intervenir la caja alicantina y enviar a sus técnicos a hurgar en las cuentas. Al destaparse las graves irregularidades cometidas por la entidad valenciana, todas las miradas se dirigen a sus gestores, su exdirectora general acaba de ser despedida precisamente por falsear las cuentas y dar beneficios ficticios sin derecho a indemnización, pero también hacia KPMG, la empresa que durante los últimos veinte años ha auditado a la CAM.

Precisamente KPMG es la auditora que fue contratada por la Xunta de Galicia para hacer la polémica due diligence que debía respaldar que la fusión de las entonces Caixa Galicia y Caixanova era "solvente y garantizaba la galleguidad". La auditoría sobre la fusión gallega fue controvertida, pues se filtró un avance del informe tan solo quince días después de que fuese encargado el trabajo.

15,5 millones de euros

Cinco altos ejecutivos de Caja del Mediterráneo (CAM) se repartieron 15,5 millones de euros en prejubilaciones antes de que la entidad alicantina fuera intervenida, según figura en la carta de despido de la ex directora general de la entidad, María Dolores Amorós. 

Todos ellos, además, podrán cobrar cuando se jubilen una renta vitalicia de 369.497 euros anuales. Esta misma renta pretendía cobrarla Amorós, pero ha sido anulada con su despido disciplinario, según informó el diario Expansión. Los ejecutivos beneficiarios de las prejubilaciones son Roberto López Abad (director general hasta el pasado diciembre), Agustín Llorca (director general adjunto), Vicente Soriano (director general de Recursos), Joaquín Meseguer (director general de Participaciones Empresariales) y Gabriel Sagristá (responsable de expansión de la caja).

Los 15,5 millones de euros con los que se compensaron las salidas de estos directivos procedían de un fondo de prejubilaciones y bajas anticipadas constituido para el proyecto de Banco Base, como se denominó al plan de fusión de CAM con Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria, y que finalmente se frustró, precisamente después de que la caja asturiana alegase que la entidad alicantina les había ocultado información crucial sobre su verdadera situación financiera, peor de lo que había reconocido durante las negociaciones.

El último día del plazo dado por el Gobierno y el Banco de España para que las entidades españolas cumplan los requisitos de solvencia no deparará grandes sorpresas.

Tras las salidas a Bolsa de La Caixa, Bankia y Bancaja, cinco entidades estaban pendientes de este proceso. El Banco de España ya ha confirmado que concederá un mes más a Liberbank -la entidad heredera del SIP de Cajastur- y Banco Mare Nostrum -la fusión que encabeza Caja Murcia- para cerrar procesos de recapitalización con inversores privados y desinversiones que considera avanzados.

Junto a Novacaixagalicia, otras dos entidades catalanas recurrirán en exclusiva al FROB, Unnim y CaixaCatalunya. La primera recibirá 568 millones de euros del fondo estatal, con los que, según las últimas estimaciones sobre la valoración que hará de ella el Banco de España, el Estado controlará un 100% de Unnim Bank.

CaixaCatalunya recibirá los 1.718 millones que necesita y que según los planes del supervisor supondrán que el Estado controle entre un 85 y un 90% de su banco.

Unicaja y Caja Duero-España, tras su fusión, no necesitarán más capital.

Armando Sala dice que "sí hay responsables" de las condiciones laborales de Amorós en la CAM y "son culpables"

ALICANTE.- El exvicepresidente primero de Caja Mediterráneo (CAM), Armando Sala, se ha referido a las condiciones laborales de la directora general, María Dolores Amorós, que ha sido despedida sin derecho a indemnización, para señalar que "sí hay responsables" y en su opinión "los responsables son culpables".

   Al término de la toma de posesión de José Joaquín Ripoll como nuevo presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, a preguntas de los medios de comunicación sobre la situación por la que atraviesa la entidad, que se encuentra intervenida por el Banco de España, Sala ha indicado que él desconocía las cifras del contrato de Amorós y sus condiciones laborales.

   "No soy conocedor de esas cifras que están comentando algunos medios de comunicación, pero la verdad, es que si hay responsables... Claro que los hay, y los responsables son culpables", ha indicado.

   Además, ha asegurado que el estado de las cuentas de la Caja "ha sorprendido a todos", pese a que "algunos" eran "en principio conocedores, más o menos, de que la que la situación de la Caja no era tan boyante como se estaba transmitiendo".

   El ex vicepresidente ha opinado que "la forma en que la están presentado, tampoco es exactamente así". "No digo que esté mal, sino la rigurosidad que se está aplicando en estos momentos a Caja Mediterráneo, si se hubiera aplicado a muchísimas de las cajas de España, probablemente los resultados hubieran sido muy similares", ha aclarado.

   Así mismo, en referencia a la presunta manipulación de los balances de la entidad por parte de Amorós, ha asegurado que él no tiene "elementos de juicio" para opinar, dado que los balances que él conocía eran los que la directora general o su antecesor en el cargo presentaban al consejo de administración.

   "Si estaban arreglados, yo creo que el Banco de España hubiera sido consciente, o debía de haber sido consciente en ese momento y haberse dirigido al consejo de administración", ha señalado.

   No obstante, "la única comunicación" que el consejo de administración tuvo, "lamentablemente" fue el 21 de julio, en la que se les comunicaba la opinión del Banco de España.

   "Y en base a eso, ha sido por lo que muchos de nosotros nos hemos enterado, y no quiero eximir mi responsabilidad, porque también por omisión somos responsables de muchas cosas", ha reconocido.
Por su parte, la secretaria general del PSPV-PSOE en la provincia de Alicante, Ana Barceló, ha dicho este jueves que lo acaecido en Caja Mediterráneo (CAM) representa un episodio de "mala gestión, voracidad y avaricia insaciable", al tiempo que ha pedido que se depuren responsabilidades "caiga quien caiga".
Así lo ha manifestado en un comunicado remitido esta mañana en el que ha asegurado que la responsabilidad no debe ceñirse a la cúpula de la Caja sino también al gobierno autonómico del PP.
"La caja de los alicantinos ha sido maltratada por su cúpula y por el gobierno autonómico del PP" ha declarado.
Para Barceló, la gestión de Caja Mediterráneo ha estado basada en "el interés personal por encima de las necesidades de la entidad" y ha recordado que es "difícil de explicar" que "entre cinco miembros de la cúpula se hayan repartido indemnizaciones de más de trece millones de euros".
Por último, ha pedido al Consell que dé las explicaciones oportunas a los ciudadanos, clientes y trabajadores para "saber cuántas decisiones de la CAM han sido impuestas por el Consell y el PPCV".

El fondo de rescate valorará en menos del 20% el patrimonio de las cajas intervenidas

MADRID.- La recapitalización de las cajas de ahorros cerrará mañana un capítulo importante. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) entrará en el capital de las cajas que no alcanzaron el 10% de capital principal que marcó el Gobierno, recuerda hoy 'El País'.

El fondo de rescate valorará en menos del 20% el patrimonio de las entidades, por lo que tomará alrededor del 80% del capital de estas. En algún caso la valoración podría estar cercana al 10%. Las cajas han trasladado a bancos su actividad financiera y es en ellos en donde entrará el Estado. Liberbank, controlada por Cajastur, y BMN, gestionada por Caja Murcia, tienen un mes de plazo para conseguir inversores privados y esquivar la nacionalización total o parcial.

Estos precios son los que espera el mercado, sobre todo después de que la valoración de Bankia y Banca Cívica en sus salidas a Bolsa marcaron precios muy bajos. Bankia, después de una rebaja de precios, salió con una valoración inferior al 30% de su patrimonio en el precio marcado antes de la entrada de los inversores. Con Banca Cívica ocurrió algo muy similar. El patrimonio se valoró en el 27% del total. Con la caída en Bolsa que ha sufrido, del 18%, su valoración actual rondará el 20% del patrimonio.

La razón de estos fuertes descuentos es la baja valoración que los bancos de inversión hacen de los activos inmobiliarios de estas tres cajas. Tras conocerse las cifras de la CAM, que ha admitido una morosidad del 19%, los expertos consideran adecuado que se aplique fuertes descuentos a los activos de las entidades afectadas.

Pese a que el Estado tome la mayoría de una entidad, la caja no perderá su condición de entidad financiera y, por lo tanto, no pasará a ser una fundación. Si en lugar del FROB hubiera sido un inversor particular, la caja sí quedaría reducida a un simple accionista del banco donde ha traspasado su negocio financiero. El fondo de rescate podrá vender a inversores o un competidor su participación.

CCOO considera "muy acertado" el despido la directora general de la CAM y exige lo mismo para el resto de directivos

ALICANTE.-  CCOO ha calificado de "muy acertada" la decisión de despedir a la directora general de Caja Mediterráneo, María Dolores Amorós, y ha exigido "lo mismo" para el resto de directivos, ya que tiene "sospechas" de que los miembros del consejo de dirección de la entidad "han incurrido en las mismas irregularidades", según ha informado el sindicato en un comunicado.

   CCOO se ha referido, de este modo, a la decisión de interventores del Banco de España de despedir a la directora general de Caja Mediterráneo (CAM), María Dolores Amorós. Se trata de un despido disciplinario y, por tanto, no tiene derecho a indemnización. Los gestores del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) han adoptado esta medida al considerar que Amorós "actuó en beneficio propio al calcular su propia pensión vitalicia", así como por "falsear las cuentas para ocultar la debilidad financiera de la entidad" y por llevar a cabo una "deficiente gestión".

   Según el sindicato, "su despido confirma lo que Comfia CCOO lleva denunciando desde hace meses: los gestores han estado mintiendo en cuanto a las cifras de la caja y se han aprovechado de la entidad en beneficio propio".

   Comfia CCOO sospecha que la "mayoría de los directivos de la CAM de primer nivel han incurrido en los mismos motivos que alegan los administradores del FROB para despedir a la directora general". A su juicio, "han participado en la mala gestión de la entidad" y por eso el sindicato exige que se "les imponga la misma sanción a los que todavía siguen en la CAM".

   Además, CCOO ha pedido que se encuentre "una fórmula para que a los que ya no están, devuelvan las indemnizaciones millonarias que han cobrado de forma irregular".

   Asimismo, ha querido recordar CCOO fue "el único sindicato de Caja Mediterráneo que votó en contra del nombramiento como directora general de María Dolores Amorós" porque tenía "la convicción de que su elección suponía un continuismo a la mala gestión del anterior director general, Roberto López, culpable máximo de la actual situación de la empresa, pues dirigió y gobernó la caja durante estos últimos diez años".

El PSPV asegura que Verdeguer dará explicaciones sobre la CAM en las Corts "por obligación y no por convicción"

ALICANTE.- El portavoz adjunto del grupo socialista en las Corts Valencianes, Francisco Toledo, ha considerado que "urgen las explicaciones" que el conseller de Economía, Industria y Comercio, Enrique Verdeguer, ha de ofrecer, por fin, sobre la CAM el próximo 5 de octubre" y ha señalado que el conseller dará explicaciones sobre la CAM en las Corts "por obligación y no por convicción". 

   Francisco Toledo se ha pronunciado de este modo ante la comparecencia del conseller, quien, según ha dicho, "se verá obligado a contestar a una pregunta, formulada por los socialistas valencianos, para que aclare qué informes y qué autorizaciones realizó el Instituto Valenciano de Finanzas sobre la CAM, el órgano encargado por ley de la supervisión y control de las cajas de ahorro". "Lo hará sólo porque está obligado a hacerlo y no por convicción ni por voluntad propia", ha remachado.

   Toledo ha señalado que "el Gobierno valenciano tiene una doble responsabilidad en la crisis de la CAM: la primera, por nombrar a la mayoría de los consejeros que forman parte de los órganos de control y dirección de la caja; y la segunda, porque, al menos aparentemente, desde el IVF no se desarrollaron las funciones que la ley le atribuye de supervisión y control de la caja de ahorros".

   Por eso, ha opinado que es "hora de que Verdeguer nos dé detalles sobre los numerosos escándalos que afectan a la caja. "La responsabilidad de la actual situación es exclusiva del PP, y por eso deben dar la cara y dar cuenta de cómo han llevado a la CAM a la ruina, han puesto en cuestión los fondos de miles de alicantinos, y ha puesto en peligro la estabilidad de la entidad financiera", ha señalado.

   El dirigente socialista se ha mostrado confiado en el futuro de la entidad por lo que ha señalado que después de la intervención del Banco de España, "se ofrece un nuevo escenario de tranquilidad y viabilidad, que nos permite augurar que los resultados del segundo semestre serán mejores".

Ripoll apuesta por hacer de Alicante una plataforma logística que potencie la competitividad industrial de la provincia

ALICANTE.- El nuevo presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante (APA), José Joaquín Ripoll, ha apostado este jueves por "hacer de Alicante una plataforma logística que potencia la competitividad de la industria de la provincia", al tiempo que ha destacado que el presidente es "una importante pieza en la red logística de la Comunitat".

   La Estación Marítima de Cruceros ha acogido este jueves la toma de posesión de José Joaquín Ripoll. El acto ha contado con la asistencia de la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medioambiente, Isabel Bonig, y del presidente de Puertos del Estado, Fernando González.

   El nuevo presidente de la APA ha destacado en su discurso que es "consciente del reto" que asume por los momentos económicos que atraviesa el país y del alcance y la problemática que tiene que abordar el puerto para que "sirva de motor económico para la provincia, propiciando la creación de empleo y un desarrollo sostenido".

   Sin embargo, el presidente de la Autoridad Portuaria ha apostado por hacer de Alicante "una plataforma logística que potencie la competitividad de las industrias, que estimule el asentamiento de nuevas manufactureras y mejore el sector del transporte, uno de los más dinámicos de la zona".

   Para Ripoll, "la mejor baza para el relanzamiento industrial y comercial del puerto es el sector logístico". En este sentido, ha destacado que el Puerto es "una importante pieza en la red logística del sur de la Comunitat Valenciana, perfectamente comunicada con el centro peninsular, y lo será mucho más cuando el corredor mediterráneo conecte nuestros puertos con los del Atlántico Norte".

   Para ello, el presidente propone "suelos baratos y bien comunicados con el puerto, el aeropuerto, la red ferroviaria y de carreteras, serían un buen reclamo para la instalación de centros logísticos y de distribución ya que permitirían el asentamiento de compañías foráneas".

  "Mucho mejor sería el fortalecimiento del tejido empresarial propio para entrar en un sector con futuro, o para reconvertir las empresas de transportes de pequeño tamaño en sólidas agrupaciones de servicios avanzados e internacionalizados", ha añadido.

  Así mismo, ha defendido que una "tercera alternativa es propiciar la instalación de industrias pesadas en zonas adecuadas que estimulen la creación de un tejido industrial que contaría con conexiones internacionales a través del Puerto".

   En este sentido, Joaquín Ripoll ha reclamado el paso del corredor mediterráneo por Alicante  ya que supondría una "posibilidad real de despegue económico".

   Además, la máxima autoridad de la APA ha defendido la necesidad del puerto para la provincia como plataforma logística y de distribución comercial "habida cuenta de sus ventajas competitivas avaladas por la experiencia de muchos años". Para Ripoll "la solución es viable y de futuro, pero es evidente que deberemos buscar nuevas especialidades que compensen los tráfico perdidos; buscar un tamaño óptimo de operaciones y adoptar un modelo diferente".

   Por último, el nuevo presidente ha afirmado que la gestión inmediata se "va a centrar en la recuperación comercial hasta el nivel de 2008 y el pleno funcionamiento de la ampliación sur para restituir el equilibrio económico de la Autoridad Portuaria".

El despido de Amorós abre la depuración de responsabilidades en Caja Mediterráneo

MADRID.- Las fichas empiezan a caer en Caja Mediterráneo. La entidad alicantina, que hasta hace pocos meses había pasado desapercibida dentro del grupo Banco Base, comienza a ver cómo la intervención acordada por el Banco de España el 22 de julio tiene ya sus consecuencias legales, según piensa 'Cinco Días'.

Después de que, en un primer momento, el supervisor apartara de sus funciones al presidente y al resto del consejo de administración, ayer se hizo efectivo el despido disciplinario de María Dolores Amorós, directora general de la entidad en el momento del rescate.
El organismo dirigido por Miguel Ángel Fernández Ordóñez ha tomado esta decisión al entender que, en su labor como primera ejecutiva de la caja alicantina, Amorós "ha buscado el beneficio propio, ha falseado las cuentas para engañar al supervisor y ha realizado una gestión deficiente", según confirmaron ayer fuentes de la entidad.
Entre los argumentos más demoledores esgrimidos por el Banco de España para acordar el despido de la directiva está la pensión vitalicia que Amorós pactó con el presidente de CAM, Modesto Crespo, para su jubilación, por importe de 370.000 euros anuales.
El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), facultado por el supervisor bancario para administrar temporalmente CAM antes de su posterior subasta, considera que los anteriores gestores de la caja falsearon las cuentas para hacer creer que la situación financiera era mejor de la que realmente tenía.
María Dolores Amorós, contactada por 'Cinco Días' para poder ofrecer su versión de los hechos, ha declinado entrar a valorar la decisión del Banco de España.
Reacciones políticas
Las reacciones políticas tras el fulminante despido de Amorós no se han hecho esperar. La secretaria general del partido socialista en Alicante, Ana Barceló, mostraba su indignación. "Nos parece inmoral que Amorós pactara su futuro nada más llegar a su cargo, cuando el puesto de trabajo de 6.000 trabajadores de Caja Mediterráneo está en el aire por la reestructuración de la entidad". Barceló ha pedido que la depuración de responsabilidades "llegue hasta donde tenga que llegar".
El Banco de España ya está investigando el papel desempeñado por los consejeros de la entidad y por su cúpula directiva en el deterioro de la situación financiera de CAM. De acuerdo con varios expertos jurídicos consultados, es muy probable que los miembros del consejo cuando la caja fue intervenida, así como la alta dirección de la entidad, sean sancionados por el regulador por la comisión de infracciones muy graves, que conllevan sanciones económicas e inhabilitación para trabajar en el sector bancario.
Fuentes sindicales de Caja Mediterráneo aseguraban que el argumentario utilizado por el FROB y el Banco de España para justificar el despido disciplinario de Amorós será más que suficiente para imponer sanciones administrativas a los gestores de la caja. "Con estos precedentes, no me extrañaría que se llegaran a iniciar acciones penales contra ellos", apunta.
El abogado José Ángel González Franco, que asesora al ex presidente de Caja Castilla La Mancha, Juan Pedro Hernández Moltó, en el proceso abierto contra él en la Audiencia Nacional, considera que "el delito principal que en su caso puede ser objeto de imputación en CAM, por lo que aparece en los medios, normalmente sería el de administración social fraudulenta". La pena que contempla en este caso el Código Penal es de entre seis meses y cuatro años de prisión. También argumenta que, en el caso de su defendido, no hubo ninguna intención de lucro personal en su actuación al frente de CCM.

Es el secreto mejor guardado en CAM: la cantidad que percibió su anterior director general, Roberto López Abad, cuando se apuntó al plan de prejubilaciones puesto en marcha por la entidad a finales del pasado mes de julio. Sin embargo, fuentes del sector aseguran que la cifra alcanza los 5,6 millones de euros brutos, 3,8 millones netos, aunque la oficial no se conocerá hasta que CAM presente su informe de buen gobierno corporativo de este año.

No es la única incógnita, ya que el anterior máximo ejecutivo de la que fue la tercera mayor caja de ahorros española podría haber recibido una indemnización al dejar su cargo, a lo que habría que sumar los compromisos por pensiones acumulados. En círculos financieros se especula con la posibilidad de que la cifra total ronde los 10 millones de euros.

López Abad fue director general de CAM entre 2001 y noviembre de 2010, cuando pasó a ocupar este puesto pero en Banco Base, la alianza que tejió la entidad alicantina con Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria y que se rompió a finales del pasado mes de marzo.

Cinco jefes de la CAM cobraron 13 millones antes de la intervención

ALICANTE.- Jamás un quebranto financiero tan grande obtuvo una recompensa tan extraordinaria. La cúpula directiva de la CAM, la misma que con su gestión condujo a la cuarta caja de ahorros de España a la bancarrota, se embolsó 13,3 millones de euros en indemnizaciones justo antes de que la entidad fuese intervenida por el Banco de España, según revela hoy 'El Mundo'.

Dos meses después del rescate, el supervisor destapó unas pérdidas de 1.136 millones de euros en el primer semestre de 2011. El Estado ha tenido que inyectar 2.800 millones para recapitalizar la caja y prestarle 3.000 millones para que atienda sus problemas de liquidez. Unos números que no impidieron que sólo cinco ejecutivos de alto rango accedieran a repartirse 13,3 millones en indemnizaciones.

Los beneficiarios de tan jugosas indemnizaciones son Roberto López Abad, ex director general de la caja y al que todas las fuentes apuntan como primer responsable de su desaguisado; Vicente Soriano, jefe de Recursos Humanos; Joaquín Meseguer, responsable de Participaciones Empresariales; Agustín Llorca, director general adjunto, que abandonó la entidad un día antes de su intervención por el Banco de España, y Gabriel Sagristá, director de la zona Norte.

Los cinco se acogieron al expediente de regulación de empleo (ERE) que puso en marcha la CAM este mismo año después de haber sido los máximos responsables de una gestión que ha llevado a la entidad a una morosidad del 51% con el sector inmobiliario, pérdidas de 1.136 millones en apenas seis meses y una posición de liquidez que obligó al Banco de España a rescatarla.

López Abad se fue con 5,8 millones de euros brutos bajo el brazo. La que fue su sucesora, María Dolores Amorós, que iba a permanecer en la entidad, intentó blindar su futuro pactando con el ex presidente Modesto Crespo una pensión anual de casi 370.000 euros.

Amorós, que ha sido despedida por los administradores del Frob, buscó el beneficio propio, falseó las cuentas y realizó una gestión deficiente mientras ocupó el cargo de directora general. Ése es, al menos, el juicio de los interventores del Banco de España.

La ex directora general de CAM ocultó al consejo de administración de la caja la espectacular subida que experimentó su sueldo nada más acceder al cargo, en noviembre de 2010 (pasó de 350.000 a 593.000 euros al año), así como el resto de jugosos complementos que iban aparejados a su contrato. Varios ex miembros del órgano de gobierno de la entidad, consultados ayer por este diario, coincidieron en que el consejo nunca fue informado del incremento salarial que Amorós pactó con el presidente, Modesto Crespo.

Ni el sueldo de Amorós ni su pensión pasaron por la Comisión de Retribuciones, presidida por el secretario del consejo de administración, José Forner. Esta comisión tiene como misión informar al consejo sobre la política general de retribuciones e incentivos para los miembros de los órganos de gobierno y el personal directivo. Entre sus funciones figura «conocer e informar sobre los criterios generales de retribución de altos directivos» y «conocer e informar sobre el sistema general de incentivos anuales o retribución variable de aplicación al personal de Caja Mediterráneo».

En vista de los acontecimientos, todo este proceso fue obviado. Fue Modesto Crespo quien, haciendo uso de la competencia que le atribuyen los estatutos de la caja, fijó el sueldo de la primera directiva de la CAM, incluso, antes de que la asamblea general de la caja ratificara el nombramiento de Amorós.

Además de subirse el sueldo, a Amorós también le dio tiempo, en su breve estancia en la dirección general, a ascender a su hermana, empleada de la CAM, a la cúpula de la entidad.

El pasado abril, tras la ruptura de la fusión con CajAstur, Amorós rediseñó el equipo directivo y al mismo ascendió a su hermana, Luisa Esperanza Amorós, a quien colocó en la la dirección de Particulares.

Todos estos elementos van a formar parte del expediente administrativo que el Banco de España está elaborando contra el equipo directivo y el consejo de la entidad.

Fuentes financieras apuntan que, además de la vía administrativa, hay suficientes indicios de delitos penales, por lo que el Banco de España optará por, una vez concluido el expediente, elevarlo a la Fiscalía para que inicie la oportuna investigación y depure responsabilidades.

Mientras tanto, continúa el proceso de adjudicación de la caja. Ayer concluyó el plazo para que los interesados presentarán ofertas no vinculantes por una entidad que suma 70.000 millones de euros en activos.

Según fuentes financieras consultadas por este diario, en la lista de ofertantes aparecen el Santander (que acometería la integración a través de Banesto), BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell, Ibercaja y Barclays. A ese listado se podría sumar algún fondo de inversión, como ya sucedió en el caso de CajaSur, aunque difícilmente el Banco de España se inclinará por entregarles la caja a ellos.

Ahora es el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) el que debe analizar las propuestas recibidas. En función de las solicitudes que hayan realizado los interesados, el fondo reformulará las condiciones para quedarse con la entidad. Inicialmente había incluido un esquema de protección de activos para cubrir las pérdidas de los créditos más tóxicos de la caja y ayudas para financiar sus problemas de liquidez.

El Banco de España destituye sin indemnización a la directora general de CAM

ALICANTE.- Los interventores del Banco de España han despedido a la directora general de Caja Mediterráneo (CAM), María Dolores Amorós, según han confirmado hoy fuentes de la entidad, quienes han detallado que es un despido disciplinario y, por tanto, no tiene derecho a indemnización.

   Los gestores del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROP) han adoptado esta medida al considerar que Amorós "actuó en beneficio propio al calcular su propia pensión vitalicia", así como por "falsear las cuentas para ocultar la debilidad financiera de la entidad" y por llevar a cabo una "deficiente gestión".

   María Dolores Amorós asumió la dirección general de CAM en noviembre de 2010 y el 10 de agosto de 2011, una vez intervenida la entidad, los interventores la destituyeron temporalmente de sus competencias, si bien hasta ahora seguía cobrando su sueldo.

   Esta decisión le fue comunicada formalmente a la interesada este martes, y es efectivo a partir de este miércoles, según las mismas fuentes. Ante esta decisión, Amorós puede presentar un recurso para intentar cobrar la indemnización por despido.

   Según publica este miércoles el diario Expansión, Amorós acordó en noviembre de 2010 una retribución anual de 593.040 euros, y unos 30 días después, cerró su contrato y pactó con el presidente de CAM, Modesto Crespo, su pensión, con una prestación vitalicia asegurada de 30.791 euros al mes, lo que elevaría esta cuantía a 369.497 euros anuales.