Floriano dice que "hay que recuperar" a Camps

MADRID.- El vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, ha asegurado este jueves que con el expresidente de la Generalitat Francisco Camps "se han cometido de las mayores injusticias" que ha conocido y ha mostrado su convicción de que "volverá a ocupar un lugar en la política valenciana o española".

   Preguntado por la posibilidad de que el expresidente de la Generalitat Francisco Camps vuelva a la primera línea, el dirigente del PP ha valorado que el político valenciano será "sin duda" una persona que "volverá a ocupar un lugar en la política valenciana o española". 

 "Es una persona a la que hay que recuperar", ha reconocido.

   Al hilo de esto, Floriano no ha valorado la posibilidad de que Camps vuelva a presidir el partido valenciano porque el proceso de periodos congresuales se abrirá "un poco más adelante" en "unas semanas".

 "Creo que ese será el momento de empezar a hablar de cómo debemos abordar las distintas estructuras territoriales el futuro de cada organización", ha añadido.

   En este sentido, ha asegurado que en los diferentes congresos del partido "hay que renovar las estructuras" y ha concretado que la organización valenciana es "una de las más importante". 

"Hay que tratarla con sumo cuidado para que sea una renovación importante", ha añadido.

   Dicho esto, ha considerado que el partido necesita estar "unido" y "alicatado" y ha citado como ejemplo la situación que se produjo en el año 2004 cuando lo que quedaba era el partido. "La experiencia nos lleva a que el partido tiene que estar en perfecto estado", ha zanjado.

   Al ser preguntado por el nuevo vicesecretario general de Estudios y Programas, el valenciano Esteban González Pons, Floriano ha subrayado que no existen jerarquías entres los vicesecretarios y alguien que se encargue de los pensamientos y de las ideas es "una de las tareas más apasionantes". 

"Un gobierno sin ideas es inexistente. La tarea es importante y la hará con la brillantez, es uno de los políticos mas inteligente que conozco", ha valorado.

Compromís espera que "alguien tire de la manta" y advierte de que Camps puede tener "muchos problemas"

VALENCIA.- El portavoz del grupo parlamentario Compromís en las Corts Valencianes, Enric Morera, ha señalado este miércoles que espera que "alguien tire de la manta" en lo referente a la investigación del Instituto Nóos, que presidió el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y ha advertido de que el expresidente de la Generalitat Francisco Camps puede tener "muchos problemas".

   Morera ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos de las Corts, después de que el juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, haya incorporado a la causa en la que investiga la actividad del Instituto Nóos la denuncia de Compromís en la que solicitaba la citación de Francisco Camps, aunque no se ha pronunciado sobre este extremo.

   El síndic de Compromís ha señalado que en 2005 el entonces jefe del Consell "anunció los Juegos Europeos". Posteriormente, "se han derivado una serie de actuaciones" y considera que Camps "ahora tendrá que preparar su declaración".

   Enric Morera ha asegurado que algunas personas han ido a declarar en el 'caso Nóos' y "han salido imputadas", por lo que cree que puede pasar lo mismo con el expresidente valenciano. "Si alguno de los actuales imputados, como Isabel Villalonga o Jorge Vela tira de la manta, Camps tendrá muchos problemas", ha subrayado.

    El diputado autonómicado ha indicado: "quien haya ordenado pagar al Instituto Nóos subvenciones sin tener acreditadas las facturas, habrá prevaricado, tendrá muchos problemas,y puede incurrir en penas de prisión". Compromís espera que "alguien tire de la manta y que Camps y deje el escaño, y venga alguno que tenga ganas de trabajar".

   Por su parte, el secretario general del PSPV y síndic del PSPV, Jorge Alarte, preguntado por las últimas novedades del 'caso Nóos', ha destacado que espera que en todos los casos de presunta corrupción "se llegue hasta el final, sea quien sea, se llame como se llame y tenga el apellido que tenga".

   En su opinión, "ante la corrupción solo puede haber tolerancia cero y asunción de responsabilidades, transparencia y explicaciones". Alarte ha manifestado que la Constitución Española "garantiza el principio de igualdad", y ha añadido que la Generalitat valenciana "tiene que facilitar la investigación", mientras que los responsables políticos deben "asumir todas las responsabilidades y todas las consecuencias políticas y penales que se pudieran derivar".

   "Por donde pasa el PP valenciano siempre aparece un caso de corrupción. No han dejado ni un solo punto en el mapa de España de los problemas en el que no sea líder el PP de Fabra y de Camps", ha denunciado el dirigente socialista.

   Del mismo modo, la portavoz de EUPV, Marga Sanz, ha criticado que "el problema de la corrupción en la Comunitat Valenciana es que ha llegado a límites tremendos". 

"Hay una situación donde todavía no sabemos hasta dónde llegan las actuaciones irregulares de Francisco Camps", ha señalado Sanz, quien considera que esto es "un elemento que ensucia más la propia presencia del expresidente en las Corts".

Puig se postula para liderar el PSPV con la pretensión de que el partido salga de la "depresión"

VALENCIA.- El diputado del PSOE en el Congreso y alcalde de Morella, Ximo Puig, ha presentado este miércoles su candidatura para liderar el PSPV, con el objetivo de hacer que el partido pueda salir de la "depresión" en la que, a su juicio, se encuentra y "libere todo el potencial que tiene". Además, ha hecho hincapié en la necesidad de "acabar con las fronteras" que existen entre los socialistas y que son "absurdas, no tienen ningún sentido y son mentira".

   Puig se postula así para desbancar al actual secretario general del partido, Jorge Alarte, en el congreso que los socialistas valencianos celebrarán en Alicante los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril. El alcalde de Morella, que en 2008 se midió en primarias con Alarte, ha anunciado que hoy presentará los avales para formalizar su candidatura a la Secretaría General del PSPV.

   Ximo Puig ha protagonizado un acto celebrado en la sede de UGT de Valencia, al acto han asistido cerca de 500 personas, que lo han recibido con un largo aplauso y numerosas muestras de afecto. Entre los asistentes se encontraban muchos dirigentes socialistas como el expresidente de la Generalitat y senador, Joan Lerma; el ex secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla; el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Joan Calabuig, así como numerosos diputados socialistas y alcaldes como el de Benidorm, Agustín Navarro.

    El parlamentario socialista en el Congreso ha incidido en que "la izquierda no es uniforme", por lo que ha asegurado que no propugna la "uniformización", pero si "la unidad" y siempre con "un poco de socialismo afectivo". Además, ha indicado que su "única obsesión" es que "no se pierda ni una gota de esfuerzo para el caudal de energía que necesita" el partido.

   Asimismo, ha asegurado estar "más preparado que nunca y más consciente que nunca de que es posible". 

"Podemos y debemos", ha subrayado Puig, quien se ha mostrado convencido de que "juntos tenemos la fuerza y el coraje suficiente para que en 2015 haya una primavera socialista". Del mismo modo, ha dicho estar dispuesto a "reconstruir" y a "reiniciar" el Partido Socialista para convertirlo es "una alternativa real de gobierno".

   El aspirante a liderar el PSPV ha señalado que "ningún valenciano consciente puede ser indiferente a la situación de la Comunitat", y ha denunciado que los 17 años de gobierno de la "derecha" valenciana "no pueden ser más lamentable".

   "Somos más pobres, tenemos más parados, han liquidado el sistema financiero valenciano, estamos en números rojos y, lo que es peor, han devaluado el prestigio de la Comunitat", ha señalado Puig, quien ha añadido: "el prestigio colectivo de una gente trabajadora, emprendedora y digna como la que más".

   Por ello, ha destacado que es "urgente la alternativa". Así considera que no solo es necesario "criticar", sino salir a la calle y que la ciudadanía "sepa que está naciendo la alternativa para este país". En este sentido, ha destacado que la "alternativa progresista" es consciente de que "otro modelo económico es posible".

   Para Ximo Puig, "es necesaria una alternativa europea, de igualdad entre hombres y mujeres y de apoyo a los sindicatos". Además, ha dicho que "la alternativa socialista" es la de "un partido unido, de equipo, una alternativa que no excluye a nadie".

   También ha animado a los presentes a "reivindicar la política para transformar la sociedad", así como a "luchar porque sigan vigentes las utopías". 

"Es la hora de reivindicar la fuerza transformadora de la izquierda", ha dicho Puig, quien ha abogado por un "cambio profundo de mentalidad para hacer una economía diferente, basada en el trabajo". Asimismo, entiende que hay que ofrecer a los valencianos "gobernantes dignos, fiables, honrados, con las manos limpias y que rindan cuentas".

   Durante el acto se ha repartido a los asistentes el manifiesto con el lema 'L'alternativa progressista'. El primer firmante, Miquel Soler, --cercano al secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba--, ha subrayado que ante la situación de la Comunitat Valenciana, en la que la Generaliltat "quiere cargarse todos los servicios públicos" además de "recortar las libertades básicas", mucha gente se pregunta "¿donde está el PSPV?" e incluso "algunos dicen 'ni está ni se le espera'".

   Sin embargo, Soler considera que estas actitudes no se pueden consentir. "Tenemos la obligación de hacer un trabajo duro para que esto cambie de una manera radical", ha subrayado. Asimismo, ha recordado que hay "muchos sectores de la población que están desilusionados con la política porque no estamos dando una respuesta a los problemas que tiene la sociedad".

   Miquel Soler ha dicho no tener "ninguna duda" de que la "mejor opción" para liderar el PSPV es Ximo Puig. A su juicio, "los valencianos necesitan un PSPV fuerte" y ha destacado la importancia de estar "dentro" de todos los movimientos sociales, así como de incrementar la participación de los militantes. "Tenemos las condiciones, las ganas de hacerlo y todos los que estamos aquí lo podemos conseguir. Depende de nosotros", ha subrayado.

   La diputada socialista en las Corts Verónica Lopez también se ha mostrado convencida de que van a poder demostrar que "con la bondad, la humildad y la unidad se alcanzan éxitos y se pueden consolidar proyectos". López ha destacado la necesidad de poner en marcha "un proyecto que nos una y nos acerque a la calle" y cree que ese proyecto "comienza hoy y con Ximo liderándolo".

   Por su parte, el exalcalde de Gandia, José Manuel Orengo, que ha sido el encargado de presentar el acto, ha dado las gracias a los asistentes por apoyar la presentación de una "gran alternativa" para hacer frente al Gobierno del PP. El ex primer edil de Gandia también ha explicado que han elegido celebrar el acto en la sede de UGT para demostrar su "apoyo a los trabajadores y a su sindicato referente en momentos difíciles".

Más de un millar de alicantinos se manifiesta contra los recortes en Educación

ALICANTE.- Más de un millar de estudiantes, profesores y representantes de la comunidad educativa de la ciudad de Alicante realizaron anoche una manifestación contra los recortes en la educación, que se ha desarrollado de manera pacífica entre el IES Bahía Babel y la delegación territorial de Educación, donde han permanecido concentrados hasta las 19.30 horas.

   La marcha en defensa de la enseñanza pública había sido convocada por las asociaciones de padres y madres (AMPAs) de una decena de centros de primaria y secundaria situados en la zona sur de la ciudad, y cuenta con el respaldo unánime de las dos federaciones de AMPAs Gabriel Miró y Enric Valor.

   Así, han participado las comunidades educativas de los colegios El Palmeral, San Gabriel, Florida, Gabriel Miró, Mora Puchol, y los IES Bahía Babel, Cavanilles, Figueras Pacheco, entre otros.

   En el transcurso de la protesta, los manifestantes han realizado una sentada de 25 minutos en la rotonda de la avenida de México, lo que ha obligado a mantener cortado el tráfico en este punto de entrada a la ciudad.

   A continuación, la marcha ha discurrido por la Gran Vía de la ciudad entre proclamas reivindicativas de los participantes, que llevaban pancartas con los lemas 'Escola pública de todos para todos', 'Nuestra educación es nuestro futuro', 'La educación: ni gasto ni inversión, un derecho', y con algunas alusiones a la corrupción. A la comitiva se han ido sumando los estudiantes de varios institutos de secundaria de la zona, que han reclamado una enseñanza de calidad.

   Al llegar a la confluencia de la calle Fernando Madroñal, los manifestantes han seguido por la céntrica avenida Aguilera, para concluir ante las puertas de la delegación territorial de Educación, sobre las 18.45 horas, en la calle Carratalá.

   Allí, los convocantes han leído un escrito con el que han querido trasladar a la consellera de Educación, María José Catalá, su "malestar" por los recortes proyectados en la educación, recortes que han lamentado "sí afectarán a la calidad de la enseñanza que se imparte".

   En este sentido, una representante del AMPA de El Palmeral, Cristina Gómez, ha subrayado que los recortes "no sólo afectan a las condiciones laborales de los profesores, sino también a los alumnos", ya que la Generalitat contempla "la reducción del número de especialistas y de profesorado de apoyo, e incluso tocará el actual bono-libro y las becas" al alumnado.

CCOO propone el inicio de movilizaciones contra el ERE de Terra Mítica, que afecta a 215 trabajadores

ALICANTE.- El comité de empresa de Terra Mítica ha convocado este jueves una asamblea con los trabajadores del parque por el ERE planteado por la empresa y que afecta a 215 empleados, según ha informado en un comunicado CCOO, que ha avanzado que planteará "un calendario de movilizaciones con el objetivo de obligar a la empresa a evitar esta sangría para el empleo en la comarca".

   La reunión se celebrará a las 16.00 horas en las instalaciones del parque. En ella, CCOO presentará un calendario de movilizaciones, al entender que el "compromiso" al que llegó al empresa con la Generalitat valenciana "contemplaba el mantenimiento del empleo y de la actividad" y, por lo tanto, "despedir a un grupo tan importante de trabajadores es un incumplimiento flagrante del contrato firmado".

   Para CCOO, "el planteamiento de la empresa de despedir a más de la mitad de la plantilla es totalmente desproporcionado, ya que de la memoria presentada por la empresa se desprende, que aunque sigue teniendo una situación de perdidas, existe un proceso de recuperación de visitantes y una disminución de las perdidas, en relación al año 2011".

  Además, según el sindicato, "llama poderosamente la atención, que las 'fuerzas vivas' de Benidorm --políticos, Hosbec, Ayuntamiento--, que valoraron tan positivamente que una empresa "local" asumiera la gestión, den ahora la callada por respuesta, dando la espalda a los trabajadores de este complejo de ocio".

  También han criticado al alcalde de Benidorm, Agustín Navarro, por anunciar "la solicitud de una reunión con la dirección de la empresa, antes que con la representación de los trabajadores afectados por el mayor ERE presentado en la Marina Baixa".

Ante esta situación anunciamos que la propuesta que mañana vamos a llevar a la Asamblea, es la realización de un calendario de movilizaciones con el objetivo de obligar a la empresa  con el objetivo de  evitar esta sangría para el empleo en la comarca.

El arquitecto municipal dice que el vial aprobado no atravesaba la casa del alcalde de La Vall de Laguart

ALICANTE.- El arquitecto municipal del Ayuntamiento de La Vall de Laguart entre los años 1993 y 1997, ha declarado que las modificaciones urbanísticas aprobadas por el pleno en 1994 no afectaban a la vivienda familiar del que fuera alcalde de este municipio hasta 1995, José Vicente Puchol Vicens, padre del denunciante en esta causa.

   La sección tercera de la Audiencia Provincial de Alicante ha celebrado este miércoles la tercera sesión del juicio contra su sucesor en el cargo, Juan José Puchol Riera, acusado de los delitos de falsedad documental y contra la ordenación del territorio, por los que el fiscal le pide una pena de ocho años de prisión y 20 años y medio de inhabilitación para cargo público.

   El arquitecto municipal bajo los mandatos del acusado y del afectado ha declarado en calidad de testigo que, en 1994, el Ayuntamiento aprobó de manera provisional tres modificaciones puntuales de las normas subsidiarias --que regían el ordenamiento urbanístico de la localidad por entonces--, entre ellas la creación de un vial que afectaba a una propiedad del Puchol Vicens.

   En este punto, tras examinar un plano de la zona afectada, el arquitecto ha aclarado que, de acuerdo con las diligencias llevadas a cabo al respecto por el Ayuntamiento, la nueva calle proyectada "no llegaba hasta la vivienda" del primer edil.

   Después de contrastar este plano con otro posterior que el Consistorio presentó a la Conselleria de Urbanismo (Coput) --en el que la nueva vía sí pasaba sobre la vivienda familiar del exalcalde--, ha reconocido que "no coinciden" y que éste "si fue enviado a la Coput fue un error, porque no se corresponde con las diligencias hechas en el Ayuntamiento".

   Estas modificaciones puntuales de las normas subsidiarias finalmente no fueron aprobadas por la Coput, que en 1995 consideró necesario que el Ayuntamiento iniciara los trámites para elaborar un plan general de ordenación urbanística.

   El arquitecto, que en 1997 abandonó su puesto por "una pérdida de confianza" en la corporación, también se ha referido al procedimiento seguido en la concesión de licencias durante los mandatos del acusado y del afectado.

   En ambos casos, ha indicado, el Ayuntamiento requería un informe técnico favorable y el visto bueno del pleno para conceder las licencias de obra, y ha afirmado que desconoce "si se daban licencias verbales".  

   Aunque este técnico municipal ha manifestado que no recuerda buena parte de los detalles que le han requerido las partes, sí ha precisado que él nunca se negó a dar información urbanística a concejales de la corporación, tal y como mantiene el fiscal y la acusación particular.

   Por su parte, otro de los arquitectos municipales citados a declarar como testigo, que trabajó en el consistorio hasta el año 93 con José Vicente Puchol Vicens, ha explicado que la práctica habitual era que él informara al pleno sobre las licencias de obra del municipio.

   Los hechos se remontan al periodo comprendido entre los años 1995 y 1997, cuando el acusado era alcalde de la citada localidad. En octubre de 1995, "de manera injusta y arbitraria", según el escrito de acusación provisional del ministerio público, el procesado remitió un escrito a la Conselleria de Territorio en nombre de la corporación municipal en el que solicitaba determinados cambios en el planeamiento urbanístico.

   Estos cambios, según mantiene el fiscal y la acusación particular, no habían sido acordados en el pleno e incluían la eliminación de un vial que discurría por una parcela propiedad del propio alcalde y acusado, situada en la partida Peña Lisa, así como la creación de otro vial "por encima de la vivienda, garaje y naves propiedad del anterior alcalde, con el que tenía una enemistad manifiesta".

   Para justificar esta última modificación del planeamiento, el procesado supuestamente envió un plano correspondiente a la modificación puntual número tres de las Normas Subsidiarias que regían, por entonces, el urbanismo del municipio.

   En este punto, el anterior alcalde y otro de sus hijos han recordado que el Ayuntamiento les negó sistemáticamente la información urbanística que necesitaban para presentar las alegaciones al plan general, por lo que acudieron a las delegaciones de la COPUT en Alicante y Valencia para conseguir esta documentación.

   Padre e hijo han asegurado que, en sus pesquisas para hacerse con la documentación urbanística, constataron que había hasta tres o cuatro versiones distintas de los planos, y que uno de los planos tenía tapado con corrector el punto en que se ubicaba la vivienda familiar.

   El procesado también está acusado de falsificación documental, al considerar el fiscal y la acusación que el plano aportado por el alcalde para la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana no se correspondía con la aprobada provisionalmente por los plenos del Ayuntamiento en el año 1994, y que posteriormente no fue aprobada con carácter definitivo por la Generalitat, y en el que no constaba la vivienda, garaje ni naves propiedad de su antecesor.

El juzgado desestima la denuncia de Ortiz a Mireia Mollà porque no hay intromisión en su honor

ALICANTE.- El juzgado de Primera Instancia nº 5 de Alicante ha desestimado la demanda interpuesta por el constructor alicantino, Enrique Ortiz, contra la diputada autonómica de Compromís, Mireia Mollà, al "no haber lugar a apreciar que haya existido una intromisión ilegítima en el honor, intimidad personal y propia imagen".

   La sentencia, contra la que cabe recurso, desestima la demanda del constructor contra Mireia Mollà, a quien pedía 150.000 euros en concepto de daños y perjuicios por haber vinculado su nombre con la corrupción. Durante la vista oral, celebrada el 2 de febrero, la Fiscalía pidió el archivo de la demanda, al igual que la defensa de la diputada, que fue representada por su compañera en la coalición política y en las Corts Valencianes, Mónica Oltra.

   Los hechos juzgados ocurrieron en abril de 2011, cuando la diputada autonómica de Compromís hizo unas declaraciones en "las que daba a entender la implicación de Ortiz en un 'pelotazo', una especie de trama de corrupción urbanística en torno al proyecto de construcción de un aparcamiento subterráneo bajo la avenida Padre Esplá" y que la coalición política había trasladado a Fiscalía para su investigación.

   Por ello, el constructor reclamaba "la suma en concepto de daños y perjuicios de 150.000 euros, o alternativamente la que fije el tribunal, así como la publicación de la sentencia en los diarios en que dichas manifestaciones fueron recogidas a su costa".

   El juzgado ha desestimado la causa al "no haber lugar a apreciar que haya existido una intromisión ilegítima en el honor, intimidad personal y propia imagen".  

  Según la sentencia, "de acuerdo con una concepción pragmática del lenguaje adaptada a las concepciones sociales, la jurisprudencia mantiene la prevalencia de la libertad de expresión cuando se emplean expresiones que, aun aisladamente ofensivas, al ser puestas en relación con la información que se pretende comunicar o con la situación política o social en que tiene lugar la crítica experimentan una disminución de su significación ofensiva y sugieren un aumento del grado de tolerancia exigible, aunque puedan no ser plenamente justificables".

   "La jurisprudencia, en efecto, admite que se refuerza la prevalencia de la libertad de expresión respecto del derecho de honor en contextos de contienda política, y así lo viene reconociendo" el Tribunal Supremo, según ha añadido.

   En este sentido, la juez argumenta que, en aplicación de dicha reciente doctrina al caso, "debe partirse por tanto, en primer lugar de la posición prevalente que en abstracto ostentan los derechos a la libertad de expresión e información sobre el derecho al honor, para descender en la ponderación relativa de los derechos en conflicto, libertad de expresión y de información, por un lado, puesto que en las declaraciones de la demandada confluyen ambos aspectos y del derecho al honor, intimidad personal y propia imagen del actor por otro".

   Según añade, "en esa ponderación relativa resulta trascendente" que es "indubitada la proyección pública del señor Ortiz en la sociedad alicantina, en cuanto conocido empresario y promotor", así como la condición política de la demandada y el "claro clima de contienda política", en la que se realizó las declaraciones.

   También considera que tiene "trascendencia" que no puede "la relevancia pública de la noticia en la que se enmarcan las manifestaciones de la demandada, al versar sobre la denuncia en Fiscalía de un presunto delito de corrupción urbanística, que genera ciertamente gran alarma social y en la que aparecen implicadas directamente entidades de relevancia social indudable en Alicante, como son el Ayuntamiento y la CAM, principal entidad financiera de la provincia y de modo tangencial el señor Ortiz";

  Según la sentencia, "las manifestaciones de la demandada sobre la presunta implicación del señor Ortiz en el caso de corrupción que se denuncia, dimanan directamente de lo hecho constar en la denuncia y por tanto de una conversación que, lejos de estar bajo el secreto del sumario del caso Brugal, se publica en prensa, sin que frente a la misma conste que el señor Ortiz ejercitara derecho de rectificación o interpusiera demanda alguna".

   Igualmente, respecto a las opiniones vertidas por la diputada, "estaban en clara relación con los hechos que se estaban denunciando, sin que por tanto se advierta un ánimo de desacreditar gratuitamente al señor Ortiz"

   En lo relativo a que sea "el empresario más impregnado de corrupción del país --que no corrupto--, que sin perjuicio de que dicha frase pudiera resultar inexacta, lo que es evidente a raíz de los numerosos recortes de prensa aportados, frente a los que no se acredita el haya ejercido su derecho de rectificación o interpuesto demanda alguna, es que el actor viene siendo uno de los empresarios más regular y profusamente vinculado a importantes y candentes casos de corrupción como el Brugal o Gürtel".

   Por todo ello, según apunta, "estos hechos conllevan a considerar que en este caso deben prevalecer los derechos a la libertad de información, de expresión y de crítica política de la señora Mollá frente al derecho al honor, intimidad personal y propia imagen del señor Ortiz, con la consecuente desestimación de la demanda".

Satisfecha

La diputada autonómica de Compromís, Mireia Mollà, considera que la desestimación de la demanda que el empresario Enrique Ortiz presentó contra ella es "una gran noticia" para quien "denuncia diariamente los excesos" y para "poner luz sobre los asuntos tan oscuros que se están repitiendo en nuestro territorio en los últimos tiempos", según ha indicado la coalición en un comunicado.
   Mireia Mollà ha hecho estas declaraciones después de conocer que el juzgado de Primera Instancia nº 5 de Alicante ha desestimado la demanda de Enrique Ortiz, al "no haber lugar a apreciar que haya existido una intromisión ilegítima en el honor, intimidad personal y propia imagen". El constructor pedía, en concepto de daños y perjuicios,  150.000 euros, así como la publicación de la sentencia en los diarios en los que recogieron las declaraciones en las que la diputada vinculaba al constructor con la corrupción.
   Mireia Mollà ha afirmado que "la sentencia es una gran noticia para todos aquellos que trabajamos a diario para poner luz sobre los asuntos tan oscuros que se están repitiendo en nuestro territorio en los últimos tiempos".
  "Es de agradecer que la Justicia se haya puesto en este caso del lado de los que denunciamos los excesos, de los que nos plantamos contra las corruptelas, de los que demandamos saber qué se hace con el dinero público y de los que tenemos como objetivo conseguir una administración mucho más transparente y, sobre todo, alejada de cualquier caso de corrupción", ha concluido.

El Gobierno garantiza que la nueva ley de costas no introducirá "desmanes urbanísticos" en el litoral español

MADRID.- El ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha garantizado este miércoles que la nueva ley de costas no introducirá "desmanes urbanísticos" en el litoral español y se pondrá en marcha con los objetivos de mejorar la seguridad jurídica y hacer compatible la protección medioambiental con "una actividad económica generadora de empleo y sostenible".

   Arias Cañete ha rechazado así en el Pleno del Congreso que la nueva legislación puede deteriorar el litoral de la costa asturiana, como ha advertido la diputada del PSOE por la comunidad autónoma María Luisa Carcedo, recientemente incorporada a la dirección del Grupo Socialista.

   El ministro le ha asegurado que el Gobierno comparte su "preocupación" por la protección de los "maravillosos" paisajes asturianos. "Tenga la tranquilidad de que no pretendemos introducir desmanes urbanísticos en el litoral español", ha asegurado ante los temores de la diputada.

   Según ha explicado, el objetivo del Gobierno es corregir las "arbitrariedades" que ha originado la "errática aplicación" de la actual legislación "y la interpretación diversa que se ha hecho en las distintas comunidades autónomas de este instrumento legislativo".

   La diputada socialista ha recordado que la costa asturiana es una de "las mejores conservadas" de toda España y ha explicado que ha sido posible gracias al trabajo conjunto de la comunidad y el Estado. Ante esto, el ministro ha garantizado que la nueva ley se aplicará respetando el reparto competencial fijado en la Constitución y los estatutos autonómicos, coordinando la política medioambiental.

   En este contexto, Arias Cañete ha recordado que el informe Auken instaba a España a modificar su ley de costas para proteger los derechos de los propietarios de viviendas que poseen pequeñas parcelas en zonas de costa y que no causan impacto negativo sobre el medioambiente costero.

   "Lo que queremos es corregir las ineficiencias y las ineficacias que tiene el actual para garantizar mejor la protección del dominio público marítimo terrestre", ha insistido antes de reiterar la necesidad de "respetar los derechos y las legitimas expectativas de los ciudadanos, que son los primeros interesados en la conservación de nuestra riqueza litoral".

   Pero además, ha explicado que el nuevo modelo introducirá una gestión del dominio público marítimo terrestre "homogénea" en todo el territorio, "no como ha ocurrido hasta ahora cuando los deslindes según las comunidades autónomas y las demarcaciones de costas se hacían de una manera y otra".

   "Tenemos dos grandes objetivos con la reforma: mejorar la seguridad jurídica y hacer compatible protección costa con una actividad económica generadora de empleo y sostenible --ha resumido--. Y eso no supone alterar los valores medioambientales del litoral español".

   La diputada del PSOE ha advertido de que la modificación de la ley de costas para "solucionar problemas puntuales" sólo servirá para "generalizar" esos problemas y ha recordado que el litoral español es "muy frágil".

   A su juicio, los cambios deben producirse para incorporar los últimos avances científicos y prever los efectos del cambio climático sobre la costa. "Aspiramos a que nuestros nietos conozcan la belleza del paisaje asturiano", ha pedido Carcedo.

Murcia, Canarias, Comunidad Valenciana y Cataluña, las comunidades que más han recortado su calidad asistencial

MADRID.- La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO) ha denunciado, a través de un informe, que cada día son más las autonomías que se suman a la política de recortes en materia sanitaria. Teniendo en cuenta las medidas tomadas por las comunidades autónomas para reducir los gastos destinados a la sanidad, las comunidades de Murcia, Canarias, Comunidad Valenciana y Cataluña, son las que han realizado más recortes que afectan directamente a la calidad sanitaria.

   Según se desprende de las conclusiones de su informe 'Análisis y Valoración ante los presupuestos sanitario previstos para 2012', recientemente actualizado, sobre los presupuestos sanitarios autonómicos, la comunidad Murcia se lleva la palma en los recortes asistenciales con hasta 11 medidas directas, le siguen Canarias, Comunidad Valenciana y Cataluña (7); Galicia y La Rioja (3); Madrid, País Vasco, Baleares, Aragón, Andalucía, y Castilla-La Mancha (1).

   En estas medidas se tiene en cuenta el aumento de las listas de espera, la eliminación de servicios sanitarios y pruebas diagnosticas, disminución de camas, así como medidas de gestión como la introducción del copago, las externalizaciones, la reducción de fondos de investigación etc.

   Aunque sí se tienen en cuenta los recortes que afectan directamente al profesional, los datos son más alarmantes ya que todas las comunidades, a excepción de las ciudades autonómicas de Ceuta y Melilla, han tomado medidas que aumentan la precariedad laboral de estos trabajadores.

   Por comunidades, Castilla-La Mancha (20), Cataluña (18), Comunidad Valenciana (17), Madrid y Murcia (16); País Vasco (14); Baleares (12); Navarra (9), Galicia (8), canarias (7); Castilla y León (4), La Rioja y Cantabria (3), Aragón (2), y Asturias y Extremadura (1). Las comunidades que no han anunciado recortes son Andalucía y Asturias, aunque desde el sindicato señalan que es debido a las próximas elecciones autonómicas; así como Aragón y Extremadura que, aunque sí lo han hecho, aún lo nos han llevado a cabo.

   Así, entre las medidas que afectan al personal se encuentran la ampliación de jornada; disminución de los días de libres disposición; eliminación de la Oferta Pública (OPE), suspensión de niveles, congelación de complementos salariales, productividad, nocturnidad, festivos o aumento de guardias.

   "Las medidas agresivas contra los profesionales del sector en las comunidades, así como la llegada de los despidos objetivos por causas económicas en las Administraciones Públicas, con la reciente reforma laboral impuesta, ponen en peligro no solo el clima laboral del sector, sino que advierten de una posibilidad real de pérdida de puestos de trabajo en el sector sanitario público", advierte el secretario general de la FSS-CCOO, Antonio Cabrera.

   El informe mantiene los datos que señalan que al menos diez comunidades han recortado los presupuestos destinados a la sanidad en 2012, donde se desvela que, entre lo presupuestado en 2011, y el proyecto 2012, se va a producir una disminución del 2,25 por ciento con carácter general. La reducción por segundo año de los presupuestos sanitarios provoca que los presupuestos para 2012 sean inferiores a lo presupuestado en 2008 y, prácticamente, idénticos a los de 2007.

   "La FSS-CCOO, como organización representativa en el SNS, no puede consentir el deterioro que está empezando a sufrir el Sistema", subraya Cabrera, al mismo tiempo que destaca que la importante reducción del presupuesto destinado al gasto sanitario va a agravar esta situación en mayor medida.

   Este dato puede variar, teniendo en cuenta que no han podido obtener los presupuesto Castilla-La Mancha. Aunque, creen que su dato será muy restrictivo, "por las medidas de recortes anunciadas por su Gobierno".

   No obstante, las reducciones en los presupuestos sanitarios no afectan por igual a las diferentes CCAA. Así, las que mas verán reducido su presupuesto Murcia (-8,29), Cataluña (-7,55), Navarra (-5,90), Extremadura (-5,81), La Rioja (-3,48), País Vasco (-3,14), Canarias (-2,75), Galicia (-0,46), Comunidad Valenciana (-0,42) y Aragón (-0,12).

   El resto de comunidades verán ligeros incrementos, salvo Asturias con un incremento del 6,7 por ciento y Castilla y León que se mantiene la inversión. Así, Baleares, Madrid y Andalucía, con un 0,95, un 0,47 y un 0,15 por ciento de incremento, respectivamente.

   La FSS-CCOO considera que los recortes, y las medidas propuestas por las diferentes CCAA lo que realmente van a provocar es que el futuro del Sistema Nacional de Salud (SNS) se encuentre en peligro.

   Asimismo, advierte de que los gobiernos autonómicos no pueden escudarse en la crisis financiera y económica "para acometer una serie de medidas tan drásticas que afecten al Estado de Bienestar y, por ende, a usuarios y trabajadores, llevando a cabo proyectos de presupuestos generales de supervivencia frente a la crisis".

   Ante la actual situación, la Federación entiende que "la manera de mejorar para que el Estado avance armónicamente es reforzando los servicios públicos. Por ello, destaca que "se hace necesario que se produzca un cambio en el modelo productivo basado en el crecimiento económico sostenible, duradero y equilibrado, para disponer de un Estado de Bienestar amplio y fortalecido", sin limitar los principios de "universalidad", "equidad", "corrección de desigualdades" y "participación social",  y "orientándose hacia la mejora de la calidad, la innovación y la cohesión".

   Según explica Cabrera, la FSS-CCOO considera que el SNS necesita que se acometan medidas a corto plazo para situarse como una de las bases del Estado de bienestar. "Es necesario realizar reformas estructurales en la suficiencia financiera, la equidad, la solidaridad, la sostenibilidad, la gobernabilidad, y la racionalidad de la sanidad y la práctica clínica", advierte.

   El informe de CCOO desvela la necesidad de medidas a corto plazo en el Sistema Nacional de Salud. Así, para asegurar su suficiencia financiera señala que es necesario que se produzca una financiación adicional finalista destinada a afrontar el déficit actual, asegurar la suficiencia financiera y dotar suficientemente al Fondo de Cohesión que garantice la equidad en todo el territorio nacional.

   Además, la FSS-CCOO entiende que el SNS necesita que se acometan medidas importantes a corto plazo para evitar que intereses económicos, ajenos al mismo, se aprovechen y traten de obtener importantes beneficios a costa de la reducción de derechos de ciudadanos y trabajadores del sistema.

   A este respecto, el documento presentado por la FSS-CCOO contiene una serie de propuestas entre las que destacan la necesidad de un Pacto por la Sanidad, caracterizar como finalistas los fondos destinados a Sanidad, el aumento los ingresos en contraposición a las políticas actuales de contención o disminución del gasto, la centralización de compras, la profesionalizar la gestión o el fortalecimiento de la Atención Primaria, entre otras.

El fiscal ve "un milagro" que el atentado de Santa Pola no causara "más víctimas"

MADRID.- El fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo ha considerado "un milagro" que el atentado que ETA llevó a cabo el 4 de agosto de 2002 en la casa-cuartel de Santa Pola (Alicante), que provocó la muerte de una niña de seis años y un jubilado que esperaba el autobús, no provocara "más víctimas mortales y heridos de mayor gravedad".

   Carballo ha elevado a definitiva su petición de 1.180 años de cárcel para los etarras Andoni Otegi Eraso, 'Iosu', y Óscar Celarain Ortiz, 'Peio', argumentando que existen "razones sobradas para ello" por la "gravedad intrínseca" del atentado y la "fría intención" de los terroristas, que incluso reconocieron en un documento interno de la banda que querían "atrapar cenando" a sus víctimas.

   En la última jornada del juicio, que ha quedado visto para sentencia después de que los etarras hayan renunciado a ejercer su derecho a la última palabra y a ser defendidos por su letrada, el fiscal ha señalado que los terroristas hicieron estallar el coche-bomba "sin aviso previo, al anochecer, en una zona turística y en verano" y con "perfecto conocimiento" de que en la casa-cuartel no sólo vivían los agentes de la Guardia Civil sino también sus mujeres y sus hijos.

   Después de apuntar que los acusados incluso trasladaron a la dirección de ETA la posibilidad de "repetir esta tremenda acción en otros cuarteles", Carballo se ha mostrado convencido de que es "díficil confiar en la posibilidad de un arrepentiemiento sincero que alumbre la reinserción de estos acusados y que en un futuro se piense en una excarcelación en la que puedan comportarse con auténtico arrepentimiento".

   El representante del Ministerio Público ha comenzado la exposición de su informe definitivo de conclusiones con una "referencia personal", al apuntar que cualquier calificativo sobre los hechos resulta "superficial y ocioso".

 "Cualquiera somos hijos y sabemos lo que es perder un padre, y algunos somos padres y sabemos lo que puede ser perder un hijo", ha dicho.  

   Tras recordar que el juicio se ha celebrado diez años después de que ocurrieran los hechos porque los dos acusados han tenido que saldar sus responsabilidades penales en Francia, ha destacado que frente a este "dramatismo personal" queda la "tranquilidad" de que el tribunal cuenta con "un gran acervo probatorio que garantice la condena".

   Como principal evidencia ha esgrimido la "autocrítica" incautada al exjefe militar de ETA Ibon Fernández de Iradi, 'Susper', en la que Otegi reconocía, en palabras del fiscal, la "dramática y terrorífica peripecia" de acciones terroristas que cometieron en el verano de 2002, "en un breve periodo de tiempo para la cantidad de atentados que cometieron, las vidas que segaron y el terror que provocaron".

   La detallada versión que escribieron en ese documento, elaborado para  dar cuenta de sus actividades a la dirección de la banda terrorista, está  corroborada por las declaraciones de una decena de testigos que los reconocieron, el hallazgo de una cinta con imágenes de la casa-cuartel atacada y croquis de las dependencias de la Guardia Civil de Elche y Torrevieja y el testimonio del presunto etarra Juan Carlos Besance, que reconoció que sacó los billetes a los acusados para trasladarse a Alicante.  

    La explosión causó la muerte de la niña Silvia Martínez Santiago, de seis años, y de Cecilio Gallego Alaminos, de 57, que se encontraba en la parada del autobús, así como heridas a otras 56 personas. En concreto, el fiscal ha solicitado que los padres de la pequeña sean indemnizados con 350.000 euros y los herederos del otro fallecido con 250.000, a los que hay que sumar otros 125.000 para el resto de heridos.

    En este punto, ha concluido su intervención lamentando no "pedir indemnización" para "los perjudicados que más perdieron" en el atentado porque "perdieron su propia vida".

   El abogado Juan Carlos Rodríguez Segura, que representa a la madre de la niña asesinada, Toñi Santiago, y al resto de su familia, ha asegurado que Silvia es "un ángel de la Guardia Civil" y "un símbolo" para el instituto armado. "El alma de Silvia está entre nosotros y está hoy en esta sala", ha señalado citando a San Agustín.

   También ha recalcado que los etarras Otegi y Celarain, que asistieron con "la cabeza gacha" y "sin mover un músculo" al testimonio de la madre de la pequeña, provocaron "el infierno de Dante" en la casa-cuartel siguiendo los postulados de una organización que persigue instaurar "una dictadura socialista para eliminar a los que no son como ellos, como este colectivo de verde".

   A pesar de que los dos acusados utilizaron una identidad falsa para albergarse en el camping 'Bahía' de Santa Pola, en el que pernoctaron antes del atentado, Celarain utilizó su nombre real (Óscar) para presentarse a una camarera de un pub cercano al que acudieron a tomar una copa. Así lo ha declarado esta testigo, que ha señalado que habló con el acusado "en una ocasión" una semana antes del atentado y que éste le dijo que estaba "de vacaciones".

   El testimonio más relevante del juicio ha sido el de la madre de la pequeña Silvia, Toñi Santiago, que el martes llamó "asesinos cobardes e hijos de puta" a los dos acusados y pidió "justicia" para que su hija sea "la última" y no vuelva a haber "ningún otro niño asesinado por ETA". "¡Que ningún padre tenga que enterrar nunca a un hijo en manos de esta gente, por favor!", reclamó sollozando.

De Guindos propone medidas para paliar el problema del desahucio

MADRID.- El Gobierno español propondrá, mediante un "código de buenas prácticas" bancarias no vinculante, una serie de medidas para intentar aliviar el problema de los desahucios, dijo el miércoles ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos.

En dicho código se incluiría la posibilidad de aplazamiento en dos años de los desahucios a las personas incluidas en un "umbral de exclusión" y que solo afectaría a la primera vivienda.

"En el código de buenas prácticas se incluía la previsión de que cualquier desalojo de la vivienda adjudicada no se llevara a cabo hasta que hubiera transcurrido un tiempo prudencial como, por ejemplo, dos años", dijo Luis de Guindos en el Congreso de los Diputados.

Según el titular de Economía, este plazo podría ser prorrogable mediante el pago de una renta "justa y aceptable" a la entidad prestamista.

De Guindos también señaló, aunque sin entrar en detalles, que el Ejecutivo propondrá que se permita acogerse a la entrega de la vivienda para saldar la hipoteca --la denominada dación en pago-- a las familias con todos sus miembros en paro y que carezcan de ingresos adicionales para afrontar el pago de la hipoteca.

"Es una realidad que la vivienda que entregan estas familias es el único activo que tienen", indicó.

De Guindos también se refirió a la posibilidad de que la entidad de crédito asuma parte del riesgo en caso de insuficiencia de las garantías en las ejecuciones de viviendas.

"Parece razonable (...) que la entidad, como consecuencia de una deficiente tasación o de una actuación no excesivamente diligente sea copartícipe de la diferencia que existía entre la tasación y el valor que se obtiene por la ejecución del valor en última instancia", añadió.

El Banco de España acusa a la cúpula de la CAM de falsear las cuentas

MADRID.- El Banco de España acusa a la cúpula directiva de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) de maniobrar para enriquecerse, utilizar artificios contables para falsear los resultados con el objetivo de enmascarar pérdidas y obviar los riesgos del negocio de una entidad de crédito, entre otras prácticas inadecuadas.

   Así figura en un informe elaborado por la Dirección General de Supervisión del organismo, que propone a su Comisión Ejecutiva que incoe un expediente disciplinario, iniciativa que ya se ha materializado y que afecta a un total de 48 antiguos administradores y directivos de la CAM.

   El informe ha sido remitido a la Audiencia Nacional atendiendo a su solicitud de información sobre las irregularidades e incumplimientos de la normativa bancaria y mercantil cometidos por los anteriores responsables de la CAM, que fue remitida al Banco de España en las diligencias previas.

   El Banco de España ha detectado evidencias de actuaciones por parte de los órganos de administración y control de la entidad para conseguir mayores retribuciones que las estatutariamente establecidas y, en caso de los directivos, de maximizar sus retribuciones y jubilaciones.

   Con este objetivo, se eludió la limitación de cobro de dietas utilizando sociedades participadas de la CAM, hasta el punto de que la cuantía de la remuneración no se vinculaba a asistencias y de que en el caso del expresidente Modesto Crespo ascendieron a 640.000 euros entre 2009 y 2011.

   "Del estudio del sistema retributivo de la alta dirección de la CAM se puede concluir que en la actuación de la caja hay una apariencia de legalidad en las retribuciones establecidas, pero se hace un uso excesivo de la relación laboral ordinaria", dice el informe, para el que además, no se han cumplido los requisitos legales en todos los casos.

   En este sentido, advierte de que trece directivos se han beneficiado de una previsión social complementaria por importe conjunto de 31,6 millones de euros, antes de que la entidad fuera intervenida por el Banco de España el pasado 22 de julio por su delicada situación de solvencia y de liquidez.

   Asimismo, seis altos cargos se repartieron 15,5 millones de euros en prejubilaciones acogiéndose a un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en el marco de la 'fusión fría' de Banco Base -de la que la CAM fue finalmente repudiada- de los que 5,6 millones corresponden al que fuera director general Roberto López Abad.

   El Banco de España advierte además de que "desde que se desvinculó de la caja, López Abad sigue recibiendo de la caja sus retribuciones como director general, a pesar de que había cesado ya en el cargo", y considera que existen dudas razonables de que su adhesión al programa de prejubilaciones se realizara dentro del plazo establecido al efecto.

   En suma, el organismo que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez resalta que "a los seis miembros del comité de dirección prejubilados se les aplican condiciones económicas distintas, mejores, que al resto de la plantilla acogida al ERE aprobado por las autoridades laborales".

   También considera que están fuera de los requisitos legales y de la normativa interna aplicable la retribución variable de 1,3 millones de euros en conjunto pagada a los doce miembros del comité de dirección.

   Sobre la que fuera directora general de la CAM hasta su despido disciplinario en septiembre de 2011, María Dolores Amorós, considera que presentó resultados que no se corresponden a la realidad, llevó a cabo una deficiente gestión y actuó en beneficio propio en materia de previsión social complementaria.

   Respecto a la deficiente gestión de riesgos, "inexistente" en relación a la liquidez, el Banco de España la atribuye directamente a Daniel Gil Mallebrera, que desempeñó distintos cargos en el organigrama de la caja, y a Roberto López Abad.

   El informe destaca que se financió suelo muy por encima del precio de adquisición originaria del grupo promotor, que la caja aportó fondos sin conocer qué financiaba, y que se financiaron proyectos especulativos a la espera de actuaciones administrativas de recalificación urbanística.

   En este punto, incide en que hasta que López Abad se hizo cargo de la dirección general de la CAM en 2001 "sí se realizaban valoraciones y proposiciones de clasificación del riesgo de crédito asumido".

   "En orden a reflejar una situación de la entidad mejor de la realmente existente, se practicaron diferentes artificios contables", como enmascarar el pase de activos a fallidos para reflejar una apariencia de continuidad, la rehabilitación inadecuada de dudosos y fallidos, y la titulización de prestamos fallidos, dudosos e incluso inmuebles adjudicados en pago de deudas.

   Estas prácticas contables permitieron a la CAM presentar una cuenta de resultados positiva y mucho mejor de la que realmente debería haber presentado", destaca el informe, que detecta deficiencias "significativas" de gestión en la financiación al grupo Polaris así como a 65 sociedades vinculadas al sector inmobiliario a través de su filial TIP.

   La participación en TIP para la CAM derivó en pérdidas de 1.011 millones de euros, tanto por las aportaciones de capital realizadas a las sociedades como por las financiaciones y los inmuebles adquiridos, hasta suponer la tercera parte de los fondos aportados por el Banco de España (3.000 millones de euros) en su intervención para evitar su colapso.

Unas 3.000 personas se manifiestan en Alicante en apoyo de los estudiantes de Valencia

ALICANTE.- Unas 3.000 personas se han manifestado este martes en Alicante para protestar por los incidentes entre policías y estudiantes en Valencia y para pedir que se "retiren los recortes en educación".

   La manifestación ha partido a las 19.30 horas de las escalinatas del IES Jorge Juan de Alicante, escoltada por efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Local y ha discurrido pacíficamente sin incidentes.

   Los estudiantes llevaban pancartas con lemas 'Prou d'agressions del capital. Defensem l'educació pública', entre otras, y han gritado, entre otras, consignas como: "El hijo del madero va a la universidad para no ser como su papá"; 'La policía defiende delincuentes"; "El president, a Foncalent"; "más cultura y menos violencia".

   En principio el dispositivo policial preveía que la manifestación discurriera por la avenida del General Marvá y Luceros hasta la plaza de la Montañeta, donde está la sede de la Subdelegación del Gobierno en Alicante, pero en el cruce entre Maisonnave y Federico Soto los manifestantes han decidido ir hacia la Conselleria de Educación, situada en la calle Carratalá, esquina Los Doscientos.

   Además, ha protagonizado varias sentadas, cuatro en total, la más significativa en las puertas de la sede de RTVV en Alicante, donde han gritado consignas como "para qué nos grabáis si luego no lo dais" o "dónde está Canal 9, dónde está, entre otras".

   Finalmente,  ya en la delegación territorial de la Conselleria, los estudiantes han leído un manifiesto en el que han advertido que no van a "caer en la tentación de la violencia como respuesta a la violencia" y han expresado su rechazo a la "agresión policial" que ha sucedido en Valencia, aunque también han reconocido la labor que han realizado los efectivos policiales esta tarde.

   Además, fuentes estudiantiles han avanzado que pretenden unirse a la manifestación que la FAMPA ha convocado para este miércoles y que partirá, desde el IES Bahía de Babel a la delegación territorial, pasando por "todos los centros con deficiencias".

Piden la dimisión de directivos de RTVV por dar información "tergiversada" de los sucesos de Valencia

VALENCIA.- El comité de empresa de Radio Televisión Valenciana (RTVV) ha pedido la dimisión del director general de ente, José López Jaraba, de los directores de Canal 9, Luis Redondo, y Ràdio 9, Nuria Romeral, y de los respectivos jefes de Informativos, Salud Pedrós y Juan José Braulio. 

   El comité de empresa ha denunciado que los informativos de Canal 9 y Ràdio 9 están ofreciendo una información "tergiversada" de las protestas estudiantiles que desde la semana pasada se viven en el centro de Valencia. Además, entiende que "no están dando la relevancia informativa a unos hechos que han paralizado gran parte de la ciudad y han tenido un eco preferente, incluso en medios internacionales".

   Según los sindicatos, desde el lunes por la tarde, "cuando las cargas policiales provocaron más detenciones y heridos", todas las ediciones informativas de la televisión y la radio públicas "ocultaron intencionadamente todas las imágenes de los golpes y la brutalidad policial contra los estudiantes del IES Lluís Vives" y, además, "se presenta a la Policía como víctimas y a los estudiantes menores de edad como culpables".

   Por el contrario, "no se informa que entre los heridos hay periodistas de varios medios", se "descontextualizan" las causas de los hechos "reduciéndolos a sólo disturbios e incidentes" y "se esconde el por qué de las protestas: los recortes en la enseñanza aprobadas por el Consell y la falta de calefacción".

   El comité de empresa también ha denunciado que Canal 9  no ha emitido las declaraciones del jefe de la Policía que tacha los estudiantes de "enemigos". Asimismo, considera que "se intenta deslegitimar las protestas de los estudiantes asegurando que no están autorizadas, cuando en la realidad lo único que no están es comunicadas".

   Por todo ello, entiende que la cobertura informativa que están "imponiendo" "profundiza el divorcio de nuestros medios con una buena parte de la sociedad valenciana y nos deslegitima en nuestro papel de servicio público".

 "La irresponsabilidad de la dirección también puede llegar a poner en peligro la integridad de los trabajadores que son enviados a cubrir estas informaciones", ha asegurado el ente sindical.

   El comité de empresa de RTVV también ha expresado su solidaridad con las "legítimas" reivindicaciones de los estudiantes, padres, y profesores.

   Por último, ha recordado que los trabajadores de RTVV, "amenazados" por un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), participarán en la manifestación del sábado en contra de los recortes y en defensa del sector público. 

En esta manifestación, los trabajadores de Canal 9 y Ràdio 9 "tratarán de dar voz a todos los sectores de la sociedad valenciana que la dirección está silenciando", ha subrayado el comité de empresa.

La Junta de Personal Docente de Alicante condena la actuación policial en la UMH y en el IES Lluís Vives

ALICANTE.- La Junta de Personal Docente No Universitario de Alicante ha condenado la actuación policial contra las personas que se manifestaron en la UMH contra la lectura de la tesis doctoral del expresidente, Francisco Camps, y contra los estudiantes del IES Lluís Vives de Valencia, que protestaban por los recortes en educación decretados por el Consell, según ha indicado en un comunicado este colectivo.

   El pleno de la junta, reunido en sesión extrariodiaria, ha exigido "la depuración de responsabilidades", así como la dimisión de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Paula Sánchez de León, que "ha permitido, si no ordenado, esta actuación policial" que han tildado de "graves agresiones de la policia a ciudadanos que ejercen sus derechos constitucionales".

   Por otro lado, también han indicado que los servicios jurídicos de los sindicatos STEPV, CCOO-PV, CSI-F, ANPE, FETE-UGT, han presentado un recurso contencioso administrativo contra el Decreto-Ley 1/2012 y que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana lo ha admitido a trámite.  Con este acto jurídico, según ha añadido, "se abre la posibilidad de la suspensión cautelar de la aplicación del Drecreto-Ley recurrido".

   Finalmente, todos los sindicatos representados han hecho un llamamiento a la participación en las movilizaciones convocadas para este semana y de la manifestación del sábado, 25 de febrero.

Rosado insta a los padres a vacunar a sus hijos para evitar brotes como el reciente de sarampión

VALENCIA.- El conseller de Sanidad, Luis Rosado, ha hecho un llamamiento a los padres a realizar una "vacunación completa" a sus hijos, con el objetivo de evitar brotes como el de sarampión que ha aparecido recientemente.

   Rosado ha hecho este llamamiento, preguntado por si hay casos de sarampión.

   El conseller ha explicado que se ha detectado un brote de sarampión, a pesar de que se trata de una enfermedad que "estaba en una situación de erradicación". 

"Se ha producido este brote que coincide con elementos en los que no había una vacunación finalizada", ha señalado.

   Al respecto, ha asegurado que existe "una corriente de padres que no quieren vacunar a sus hijos", y ha indicado que "a veces, estos son los que luego van a tener este tipo de enfermedades". Por este motivo, ha hecho un llamamiento "a la vacunación completa en todos los casos".

   Preguntado por la gripe, Luis Rosado ha señalado que la Comunitat Valenciana sigue registrado "cifras elevadas" de gripe estacional, por encima de los 200 casos por cada 100.000 habitantes, como la pasada semana.  

   El titular de Sanidad ha explicado que "puntualmente" y en "ciertos puntos" ha habido "bastante sobrecarga" y "puede haber saturación, incluso de camas". No obstante, ha aseverado que "afortunadamente, los hospitales valencianos están funcionando con total normalidad y corrigiendo estos problemas de forma inmediata".

El Ejército argelino abate a siete terroristas durante una nueva ofensiva

ARGEL.-   El Ejército argelino ha abatido este martes a siete supuestos terroristas en la provincia de Boumerdès, en el norte del país, durante la segunda ofensiva contra milicianos islamistas que se registra en esta zona en menos de 24 horas, según han informado autoridades locales citadas por 'Tout sur l'Algerie'.

   La segunda operación se produjo en las montañas de Beni Jelifa y concluyó con siete terroristas muertos y uno detenido. El lunes, el Ejército había abatido a cuatro terroristas también en la misma región.

   El origen de estos operativos radica en una información recibida por las autoridades y que alertaba de la presencia de un importante grupo terrorista en la zona, donde se estaría preparando una reunión entre distintas facciones islamistas. El domingo, la explosión de un artefacto casero al paso de un convoy militar cerca de Issers, en el este de Boumerdès, causó la muerte de cuatro pasajeros de un autobús.

Los etarras de Santa Pola admitieron que querían "atraparles cenando"

MADRID.- Los etarras que son juzgados en la Audiencia Nacional por el atentado cometido contra la casa cuartel de Santa Pola (Alicante) el 4 de mayo de 2002 admitieron en su "cantada" a la dirección de la banda que escogieron las 20.15 horas para hacer estallar el coche-bomba porque querían "atraparles cenando", según ha declarado un agente de la Guardia Civil que ha comparecido como perito. 

   El experto, que ha declarado durante la segunda sesión del juicio,  ha detallado que en el texto, que fue incautado al exjefe militar de ETA Ibon Fernández de Iradi, 'Susper', los miembros del 'comando Argala' detallaban las acciones terroristas que habían cometido en el verano de 2002, entre las que se encontraba el atentado de Santa Pola.

   La declaración iba firmada por "Josu Argala", alias que, según los expertos, utilizaba el jefe del 'comando', Andoni Otegi Eraso, 'Iosu'. Éste se enfrenta, junto a Óscar Celarain Ortiz, 'Peio', a 1.180 años de cárcel por esta acción terrorista, en la que murió la pequeña Silvia Martínez Santiago, de seis años, y Cecilio Gallego Alaminos, de 57, que se encontraba en la parada del autobús. Además, resultaron heridas otras 56 personas.

   En la primera jornada de la vista oral, que finalizará este miércoles, un mando de la Comandancia de Alicante declaró que la hora escogida por los terroristas era "propicia para causar mucho daño en el cuartel y en la parada del autobús", al tratarse de "un lugar de paso" y "siendo agosto, verano y un lugar de costa". "Para lo concurrido del lugar, poco pasó", añadió otro agente, que realizó la inspección ocular.

   Los miembros del instituto armado que han explicado los términos de su pericia ante el tribunal también han detallado que el coche-bomba iba cargado con 100 kilos de explosivo y que no existe "ningún elemento" que pueda determinar que en la acción participara un tercer etarra.

   También ha declarado el tío de la niña asesinada, que ha asegurado que lo sucedido después de que estallara el coche-bomba es "inexplicable".

 "La explosión fue tan grande que o vivíamos o moríamos. Nos tocó vivir", ha dicho Santos Santiago, hermano de la madre de la pequeña.

   El testigo ha contado que cuando se produjo la explosión tenía en brazos a su hijo Borja, de tres años, y que Silvia estaba "pegada" a él. "Se hizo una humareda grande y pensé que había reventado la pantalla del ordenador pero me di cuenta de lo que había pasado", ha contado.

   Cuando se fue el humo, el hombre vio que su hijo "chorreaba sangre" y que la camiseta blanca que llevaba estaba "toda roja".

 "Cogí al niño y pedí ayuda y, según salí, vi a la niña", ha indicado antes de apuntar que "una de las grandes cosas que se le ha quedado" es "no poder en ese momento ayudar a la niña".

 "Pero veía que el niño se me moría", se ha justificado visiblemente afectado.

   En la ambulancia ha contado que el pequeño "se dormía". 

"Tenía la cabeza totalmente inflamada, la cara abierta, el gemelo abierto... Lo que más miedo me dio fue levantarle la camiseta para ver lo que tenía, fue un miedo horrible. Creía que el niño se me moría", ha relatado.

   Su mujer, Carmen Martínez, ha recordado que poco antes de la explosión Silvia estuvo enseñándoles cómo montaba en bicicleta y el baile que había preparado para la fiesta de la patrona. "Entonces se produjo un ruido seco, mucho polvo, no se veía nada... Y oí a mi cuñada que decía '¡hijos de puta, hijos de puta!'. Mientras tanto, su marido le gritaba: "¡Mamá, el nené se nos muere!".

   Tras cruzarse por las escaleras con un agente que subía y salir de la casa-cuartel, ha dicho que su esposo le pidió que volviera a "por Toñi y la niña".

 "Volví y el guardia civil que había en la puerta no me dejaba pasar", ha recordado entre lágrimas.  

   Los dos testigos han indicado que estuvieron recibiendo tratamiento psicológico y que su hijo, que pensaba que se "iba a morir cada vez que cogía un catarro", está ahora "mejor". Hace un mes, según han contado, tuvo un incidente con un compañero de colegio que le preguntó por las marcas que tiene en la cara. "Cuando le dijo que se trataba de una explosión en la que había muerto su prima, el otro chico se rió y él cerró el puño para pegarle -ha contado la madre--. Estoy orgullosa de él porque jamás nadie se va a reír de la memoria de su prima".

   También han testificado los agentes de la Guardia Civil que acudieron a socorrer a Toñi Santiago y su hija, que han coincidido en señalar que  cuando fue evacuada hacia el hospital la pequeña se encontraba muy malherida. "Se le movía el cuerpo pero tenía una herida muy grande en el costado, se veía que estaba fatal", ha dicho un agente. "Yo creo que sí estaba viva pero no lo sé", ha apuntado otro.

El Gobierno regulará este viernes el pago de deudas de las administraciones públicas con las empresas

MADRID.- El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este viernes un "mecanismo", que irá "más allá del ICO" y contará con la colaboración de las entidades financieras, para "liquidar" la deuda comercial que tienen pendiente todas las administraciones, incluidas las haciendas forales, con sus proveedores.

   Según ha dicho, esta medida debería permitir a las administraciones públicas hacer frente al pago de sus deudas, que no ha cuantificado pero ha calificado de "considerables", "en el plazo de semanas, en los próximos meses".

   Montoro, que ha aprovechado una pregunta del Grupo Mixto en la sesión de control del Senado, ha señalado que este "procedimiento" está siendo ultimado "estos días" en colaboración con el Ministerio de Economía y Competitividad.

   Los servicios jurídicos de ambos gabinetes están estudiando si este nuevo "esquema de financiación de proveedores", como también lo ha denominado, requiere cambios normativos que el Gobierno "llevaría adelante".

   Según ha argumentado posteriormente en declaraciones a los medios, esta nueva medida tratará de ir "más allá" de las líneas ICO aprobadas hasta la fecha que, según ha dicho, "han sido infrautilizadas" y "no llegaron a buen término". "Se trata de sortear los obstáculos que se plantearon entonces", ha añadido, para indicar a continuación que, con todo, el ICO "podría estar presente".

   Por otro lado, este mecanismo supondrá "una gran operación financiera" que el Estado "está en condiciones de acometer". Y es que el Gobierno pretende que sea un mecanismo "ágil", de forma que los proveedores no tengan que pasar por las administraciones para cobrar, sino que "puedan ir directamente a las entidades financieras".

   "Se trata de que todas las facturas pendientes puedan ir a un recurso financiero, con los controles que establece el Gobierno de España", ha dicho.

   Montoro ha asegurado que esta nueva medida será "fundamental" para recuperar el ánimo de la Ley de Morosidad y supondrá una "inyección" económica para España. "Un país serio es el que cumple con el objetivo de déficit público, en el que las administraciones públicas cumplen con su deuda comercial", reiteró.

   "Vamos a dar certeza de que somos un país que cumple y trasladaremos al sector privado que los plazos de las deudas comerciales deben abonarse en los plazos establecidos por la Ley de Morosidad vigente", apostilló.

La madre de la niña asesinada en Santa Pola llama "asesinos cobardes e hijos de puta" a los etarras

MADRID.- La madre de la niña de seis años asesinada en el atentado de Santa Pola (Alicante), Toñi Santiago, ha increpado con calificativos de "asesinos cobardes" e "hijos de puta" a los etarras que la Audiencia Nacional juzga por estos hechos y ha pedido "justicia" para que su hija sea "la última" y no vuelva a haber "ningún otro niño asesinado por ETA".

   Santiago, que ha sido amonestada en dos ocasiones por el presidente del tribunal, Fernando García Nicolás, ha dirigido estos calificativos durante su declaración, en la que ha llegado a girar la cabeza para mirar a los acusados, que han permanecido indiferentes a su relato. Después los ha repetido mirándoles a la cara y con tono desafiante cuando abandonaba la sala de vistas.

   La testigo ha explicado entre llantos cómo se produjo el atentado y ha dejado "en manos" de los magistrados que los terroristas "no se vuelvan a cruzar con ninguna criatura".

 "¡Que ningún padre tenga que enterrar nunca a un hijo en manos de esta gente, por favor!", ha pedido con un hilo de voz.

   Ha comenzado su relato indicando que en el momento de la explosión la pequeña, Silvia Martínez Santiago, jugaba en el patio con su primo Borja, de tres años. "En unos instantes todo se volvió oscuro, todo se movía, no sabía lo que pasaba, le preguntaba a mi hermano y noté como corría por mi cara un chorro de sangre", ha contado visiblemente afectada.

   Cuando por fin la encontró vio que estaba "cubierta de escombros y sólo se le veían los ojos" e intentó "desesperada" sacarla de allí. "Conforme iba viendo su cuerpo sabía que mi hija moría", ha señalado antes de indicar que por un boquete gritó: "¡Auxilio, socorro! ¡Por favor, que alguien me ayude, mi hija se muere!".

   Tras ser ayudada por su hermano y dos agentes, notó cómo los cristales se le "incrustaban en los pies" y mientras tanto gritaba "hijos de puta, hijos de puta". En este punto, Santiago se ha dado la vuelta para mirar a los acusados, Andoni Otegi y Óscar Celarain, lo que ha provocado que el presidente del tribunal le haya pedido que, aunque entendía el "estado" en el que se encontraba, se abstuviera de hacer ese tipo de comentarios.

   "Cuando terminé de bajar las escaleras Silvia ya estaba en la ambulancia -ha continuado la testigo--. Subí con la niña, le pedía por favor al conductor que corriera y la persona que iba con nosotras decía que tenía una parada cardiorrespiratoria. Entonces, empecé a rezarle y a cantarle al oído hasta que llegamos al hospital. Una vez allí los médicos dijeron que no podían hacer nada por la niña y que habia fallecido".

   Desde ese momento Santiago ha dicho que su vida ha sido "una continua lucha por defender la memoria y la dignidad".

 "Que se haga justicia por nuestra pequeña", ha añadido antes de señalar que el atentado no le amputó "una pierna ni dos dedos".

 "A mí me han amputado el alma y el corazón", ha aseverado.

   En el banquillo de los acusados se sientan los miembros del 'comando Argala' de ETA Andoni Otegi Eraso, alias 'Iosu', y Óscar Celarain Ortiz, 'Peio', que se enfrentan a 1.180 años de cárcel por colocar el 4 de agosto de 2002 un coche-bomba que estalló frente a la casa cuartel de la Guardia Civil. La explosión causó la muerte de la pequeña Silvia Martínez Santiago y de Cecilio Gallego Alaminos, que se encontraba en la parada del autobús. Además, resultaron heridas otras 56 personas.

   En la primera jornada del juicio, que quedará visto para sentencia este miércoles, un mando de la Comandancia de Alicante de la Guardia Civil declaró que la hora escogida por los terroristas, las 20.15 de la tarde, era "propicia para causar mucho daño en el cuartel y en la parada del autobús", al tratarse de "un lugar de paso" y "siendo agosto, verano y un lugar de costa".

 "Para lo concurrido del lugar, poco pasó", añadió otro agente, que realizó la inspección ocular.

   Otegi y Celarain fueron condenados en 2006 en Francia a ocho años de cárcel por los delitos de asociación de malhechores, tenencia de armas y explosivos y uso de documentación falsa. 

En mayo pasado, la Audiencia Nacional les impuso 18 años y 3 meses de cárcel por atentar en junio de 2002 en Marbella (Málaga) y en noviembre pasado les condenó a otros 50 años por el asesinato del edil de UPN en Leitza (Navarra) José Javier Múgica.

El alicantino Luis Berenguer, nombrado asesor especial del comisario Joaquín Almunia

MADRID.- El ex presidente de la Comisión Nacional de Competencia (CNC) y ex eurodiputado, el alicantino Luis Berenguer, ha sido nombrado asesor especial del vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Competencia, Joaquín Almunia.

Berenguer será así el único español dentro del grupo de asesores especiales de Almunia. Entre sus funciones figura prestar asesoramiento en temas que considere oportunos en ámbitos de la competencia, como son reformas normativas o el impulso de nuevas iniciativas y proyectos.

En paralelo, el ex presidente de la CNC también será nombrado miembro del comité asesor de competencia de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) para participar en la elaboración de propuestas de reformas institucionales en los países miembros.

Berenguer también será el único español en este grupo formado por una veintena de personas que asesoran al director del grupo de Competencia y Comercio Exterior de este organismo, Hassan Qaqaya.

En ambos casos, se trata de cargos no remunerados, según se informó en un comunicado. Berenguer cuenta con una dilatada carrera en el ámbito jurídico del derecho de la competencia.

En mayo de 2005 fue nombrado presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia (actual CNC), puesto que ocupó hasta octubre de 2011. 

Con anterioridad fue conseller de Administración Pública y portavoz del Gobierno de la Generalitat Valenciana. En junio de 1999 fue elegido diputado al Parlamento Europeo y antes fue diputado a Cortes por Alicante en las filas de UCD.

Ha sido profesor de Derecho Mercantil de la Universidad de Alicante.