Pajín dice sentirse "muy cómoda" con la candidatura de Ximo Puig y aboga por "asumir los errores" del PSPV

ALICANTE.- La exministra y diputada del PSOE en el Congreso, Leire Pajín, ha asegurado sentirse "muy cómoda" con la candidatura del también diputado y alcalde de Morella, Ximo Puig, para liderar el PSPV. Asimismo, Pajín ha destacado la necesidad de "asumir los errores" de los socialistas valencianos y "pasar página".

   Puig y Pajín han estado ayer sábado en Benidorm para reunirse con empresarios del sector turístico y, más tarde, han mantenido un encuentro con militantes y simpatizantes en la sede de la agrupación socialista, según ha informado L'Alternativa Progressista en un comunicado.

   La exiministra, respecto al proceso congresual de los socialistas, ha señalado: "siempre hemos defendido algo muy importante, que es que el próximo Congreso del PSPV sea útil para la ciudadanía". En este sentido, ha abogado por "dar un paso hacia adelante", "asumir los errores que hemos cometido como PSPV" y "pasar página".

   En ese sentido, ha destacado la necesidad de construir "una alternativa sólida a una Generalitat que cada día que pasa se muestra más incapaz de dirigir el destino de los valencianos y las valencianas y que, además, está mermando los derechos de los valencianos y las valencianas".

   Pajín, quien ha reconocido sentirse "muy cómoda" con la alternativa que representa Ximo Puig, ha agradecido la elección de Benidorm "para hacer un acto tan importante como éste y que --Puig-- haya querido empezar por lo importante que es qué alternativa presenta a los ciudadanos de Benidorm, como secretario general del PSPV, si dirige la oposición los próximos años".

   La diputada socialista entiende que "es importante que el congreso del PSPV lo hagamos creíble y eso significa que debatamos un proyecto de futuro para liderar las aspiraciones de la Comunitat Valenciana".

   Por su parte, Ximo Puig se ha mostrado convencido de poder liderar el partido tras el próximo Congreso así como de "conseguir un cambio en el Gobierno de la Generalitat de cara a 2015". Puig y Pajín han estado acompañados por el alcalde de Benidorm, Agustín Navarro, así como por otros miembros de L'Alternativa Progressista como Miquel Soler, Antoni Bernabé o José Manuel Orengo.

   Tras el encuentro con los principales representantes del sector turístico de Benidor, Puig ha señalado que son "muy sensibles a las políticas erróneas que está adoptando el gobierno de España y por supuesto el gobierno de la Generalitat Valenciana que hace muchos años que no tiene una política turística".

   En este sentido, ha destacado que "ahora las políticas económicas del Gobierno de España están dificultado que el sector turístico salga adelante". "Este mes que viene los ciudadanos de nuestro país van a tener mucha menos capacidad de gasto ya que si bajan los salarios el sector turístico, eso, lo sufrirá directamente", ha añadido.

   Ante esta situación, el candidato a liderar el PSPV ha reclamado "un giro a esta política económica y un ajuste en las cuentas públicas", pero al mismo tiempo "con aplicación de políticas activas que reactiven la economía", ya que ha advertido de que "si la economía no se reactiva, vamos a tener muchas dificultades".

   Asimismo, Leire Pajín ha reclamado una continuidad en las infraestructuras previstas y se ha referido al caso de Benidorm "donde llegan el 90 por ciento de los ciudadanos que visitan la provincia y, por tanto, tenemos que trabajar de la mano de los empresarios del sector para que las oportunidades sean reales y se contemple que esas infraestructuras lleguen hasta aquí".

   "Hay cosas --ha agregado-- que se pueden hacer ya".

 "No hace falta esperar a que la alta velocidad, que está punto de llegar, llegue; o las conexiones vía autobuses desde el tren o desde el aeropuerto. No es razonable que las autoridades provinciales y de la Comunitat Valenciana no tengan resuelto hoy un transporte público y con horarios adecuados para que Benidorm esté conectada con los principales distribuidores del transporte en esta Comunitat", ha resaltado la diputada.

La sentencia contra Amorós puede abrir las puertas de la cárcel a la anterior cúpula de la CAM

ALICANTE.- El Juzgado de lo social nº 4 de Alicante ha desestimado finalmente esta semana la demanda presentada por la ex directora general de la Caja de Ahorros de Mediterráneo (CAM), Dolores Amorós, y ha declarado procedente su despido de la entidad, dado que considera que la presentación de las cuentas de los dos ejercicios, directamente imputables a ella, «impidió que la CAM pudiera conocer su verdadera situación financiera, suministrándo un conocimiento absolutamente falso de forma intencionadamente originada». 

La sentencia, que da por probadas buena parte de las irregularidades que el Banco de España atribuye al anterior equipo directivo de la caja de ahorros, abre así también posibles actuaciones de la jurisdicción penal ordinaria y, tal vez, las puertas de la cárcel a varios de los miembros de la anterior cúpula de la CAM. 

La abogada de la CAM,  Isabel Merenciano, ha dicho, que la resolución judicial, "muy bien fundamentada", entiende que han quedado "acreditados los cuatro hechos reflejados en la carta de despido". En este sentido, ha añadido que también indica que hay "responsabilidades que deben dilucidarse en otros ámbitos".

Además, ha llamado la atención sobre que se "desestima íntegramente" la alegación de Amorós de vulneración de derechos fundamentales, ya que la sentencia indica que "no se ha lesionado el derecho al honor" y que lo recogido en la carta son "expresiones absolutamente necesarias y vinculadas a los hechos".

También ha resaltado que la sentencia refleja que los "deberes de fidelidad y lealtad, si deben ser cumplidos por cualquier trabajador, lo deben ser con mayor escrupulosidad y rigor por quienes ejercen cargos de confianza, dada su categoría profesional en la empresa a la que pertenecen, que interviene decididamente en las operaciones".

En su opinión, como "punto y cierre" de la sentencia, es destacable cuando apunta que, dado el cargo que Amorós ocupaba, "esta irregular actuación supone una grave quiebra de la buena fe contractual.



 La juez considera que Amorós no es la única responsable, sino que los «trece miembros del comité de dirección de CAM no fueron ajenos a las decisiones adoptadas, sino que conocieron y consintieron las conductas contrarias a la normativa contable y a la disciplina laboral». Los representantes del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) argumentaron ante la jueza que la gestión de la entidad por Amorós es punible penalmente.

Al respecto, la juez recuerda que Amorós anunció públicamente —ante el consejo de administración primero y luego ante la Asamblea— que la CAM había registrado un beneficio de 81 millones de euros en el primer semestre de 2011. Tras la intervención por el Banco de España, los administradores del FROB revisaron el balance y corrigieron este resultado, que en realidad arrojó unas pérdidas de 1.135'8 millones.

Amorós pedía 10 millones de euros en concepto de lucro cesante, y el doble de indemnización que le correspondería, una pensión vitalicia de 370.000 euros brutos anuales, que ella misma se asignó mediante un pacto con el expresidente Modesto Crespo, por el despido acordado por los administradores del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a finales de septiembre. Sin embargo, la sentencia entiende que las conductas imputadas en la carta de despido han quedado acreditadas, por lo que declara procedente el despido de la denunciante sin ningún derecho a indemnización.

Bajo la gestión de Amorós, la CAM fue intervenida en junio de 2011, tres meses después de que Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura expulsaran de su fusión a la entidad alicantina tras percatarse que habían sido engañados sobre su situación financiera. Esta manipulación fue la causa de su despido por el FROB y el Banco de España. La sentencia judicial acredita ahora que sí hubo engaño.

El fallo recoge textualmente que la conducta de la ex directora general es "muy reprochable" en términos jurídico laborales, "pues prevaliéndose de su condición y abusando de la confianza" depositada en ella por la entidad, se asignó" una jubilación cuya renta era de 369.000 euros. Una vez sea firme el fallo, se derivaría que la denunciante "perdería el derecho a percibir la prestación adicional asegurada -la pensión-", fijada en 369.497 euros anuales.

El ex director general de Recursos de la CAM, Vicente Soriano Terol, había declarado en el juicio y ha reconocido que el anexo para la modificación de las pensiones de los directivos se firmó el 11 de marzo del año pasado en un restaurante de Alicante, aunque matizó que se produjo durante una reunión de directivos en una sala aparte, un encuentro en el que estaba presente Roberto López y en el que también se trataron otros temas.

Soriano es uno de los cuatro directivos jubilados de la anterior cúpula, compuesta por 12 miembros, y recibió una indemnización de 1,5 millones de euros.

Al respecto, la sentencia señala que el cobro de dicha pensión, que se asignó «prevaleciéndose de su condición de directora general y abusando de la confianza en ella depositada por la entidad», supondría para Amorós «un enriquecimiento injusto difícilmente justificable». Algo que en opinión de la juez adquiere una «extrema gravedad en el actual contexto de generalizada crisis económica que está padeciendo nuestro país».

La sentencia considera probado que, para garantizarse el cobro de unas pensiones por importe superior al que realmente les correspondía, tanto María Dolores Amorós como el resto de miembros del comité de dirección de la CAM modificaron en su beneficio el sistema de prestaciones sociales de la caja «de espaldas» a los órganos de gobierno de la entidad y sin la preceptiva fiscalización de la comisión de retribuciones.

Engañó a los socios del SIP

No solo esto, sino que además falsearon de forma «fraudulenta» la fecha del acuerdo firmado con el entonces presidente Modesto Crespo. Según la sentencia, el acuerdo para modificar las condiciones de su pensión se firmó a principios de marzo de 2011, pero el documento se fechó el 7 de diciembre de 2010. Por tanto, añade la resolución judicial, los miembros del comité de dirección actuaron «con ocultación que encubría su carácter fraudulento», probablemente para que no tuvieran conocimiento sus socios de la fallida fusión pactada con Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura, apunta la sentencia.

La resolución judicial considera probado que el equipo directivo de CAM engañó a sus socios del SIP en otros aspectos. En este sentido, alude a un correo electrónico en el que el jefe de control de riesgos, Gadea Pérez, reconocía que el Grupo CAM había tenido en 2011 unas pérdidas de 448 millones de euros, pese a haber comunicado al SIP que había registrado 245,8 millones en beneficios. La «fusión fría» se rompió definitivamente en marzo de 2011, cuando los responsables de Cajastur descubrieron que habían sido engañados sobre la cuenta de resultados de CAM.

La sentencia difundida esta semana da por hecho que María Dolores Amorós «maquilló» las cuentas de la caja de ahorros de 2010 y 2011, lo que «impidió que la entidad pudiera conocer su verdadera situación financiera y evitó que se adoptasen las decisiones oportunas para reducir o mitigar el impacto de las pérdidas de la compañía». 

Al respecto, la juez recuerda que Amorós anunció públicamente —ante el consejo de administración primero y luego ante la asamblea— que la CAM había registrado un beneficio de 81 millones de euros en el primer semestre de 2011. Tras la intervención por el Banco de España, los administradores del FROB revisaron el balance y corrigieron este resultado, que en realidad arrojó unas pérdidas de 1.135'8 millones.

Entre los mecanismos utilizados para maquillar las pérdidas de la entidad, la juez cita la reclasificación de créditos fallidos y dudosos como activos sanos, así como la titulización de créditos hipotecarios «altamente deteriorados» con opción de recompra, por valor de 1.803 millones de euros que la CAM «no debió dar de baja en su balance» porque «el riesgo no se transmitió a terceros».

Del mismo modo, la juez se refiere al correo electrónico que el exdirector general Roberto López Abad dirigió a las sociedades participadas en diciembre de 2010 exigiéndoles que repartieran dividendos , «aún a costa de la propia solvencia y liquidez de las filiales». Los actuales abogados de la CAM expresaron su satisfacción por la sentencia, que María Dolores Amorós tiene intención de recurrir, según anunció su letrada.

El juicio por el despido de Amorós, quien fue relevada de su cargo en septiembre del pasado año, se celebró el pasado 24 de febrero. Y durante su vista, las exigencias de Amorós contrastaron con la opinión de José Antonio Iturriaga, uno de los tres administradores del FROB, quien afirmó que la gestión de CAM es propia de la "vía penal". Expuso que hay documentos, soportes informáticos y correos electrónicos que reflejan incumplimientos normativos y ocultación de cifras.

El testigo señaló que la situación patrimonial real de la Caja era "muy distinta" a la que dibujaba su dirección y que las pensiones asignadas a los ejecutivos que abandonaban la entidad "eran muy superiores" a la media de otras entidades.

Un informe del Banco de España desvela que seis directivos de CAM que se acogieron al ERE de junio de 2011 cobraron 15,5 millones de euros en concepto de prejubilación.

Puertos de España muestran todo su potencial en la feria de cruceros de Miami

MIAMI.- Más de una veintena de puertos de España exhibieron hoy en Miami (Florida) la enorme riqueza cultural y de ocio que ofrecen al sector de viajes en crucero, una industria en continúa expansión en este país que "puede ayudar a la economía nacional a salir de la crisis".

El pabellón de Puertos de España es uno de los que ocupa mayor espacio en el recinto ferial del Centro de Convenciones de Miami Beach, donde se celebra hasta el próximo jueves la feria Cruise Shipping Miami, la mayor de su tipo en el mundo.

"El sector de cruceros sigue estando en crecimiento y con tendencia positiva", dijo hoy Amable Esparza, gerente de Suncruise Andalucía, una asociación que engloba a los siete puertos de interés de Andalucía: Málaga, Almería, Motril, Algeciras, Cádiz, Sevilla y Huelva.

En opinión de Esparza, se trata de una industria en permanente crecimiento que puede "empujar a la economía (española) a salir de la situación actual crisis".

Destacó que los puertos andaluces han experimentado en 2011 un "notable incremento en el tráfico de escalas de cruceros (en torno al 9 %) y en el volumen de pasajeros, pese a la crisis".

Por ejemplo, apuntó Esparza, el puerto de Málaga superó los 650.000 pasajeros anuales, lo que supone una "fuente de riqueza para la ciudad y la Costa del Sol".

Desde Puertos de Cataluña se ha enviado también una delegación para promocionar los puertos de Rosas, San Carlas de la Rápita y Palamós, donde el año pasado se registraron 38.770 pasajeros y unas 36 escalas de cruceros.

"Es un impulso económico para la Costa Brava y genera un impacto económico en la población del que estamos muy contentos", explicó María Cano Olmos, del Departamento de Comercio y Cruceros de Puertos de la Generalidad.

En un pabellón aparte, que engloba Canarias y Madeira, Pedro Rodríguez, presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, confirmó el excelente estado de salud de los puertos españoles en términos de escalas de cruceros internacionales.

"En estos dos años hemos crecido el 30 %", dijo Rodríguez, quien concretó que para el próximo año se superarán las 552 escalas en sus costas.

"Este mundo de los cruceros va haciéndose cada vez más potente, sobre todo en las Islas Canarias y esperamos que continúe así pese al momento tan crítico que vivimos respecto a la economía", añadió.

Para Antonio Deudero Mayans, director general de Puertos y Aeropuertos del Gobierno Balear, resulta fundamental, desde la Consejería de Turismo, "fomentar este tipo de turistas".

Resaltó que en las últimas temporadas se ha registrado la llegada de más de un millón de visitantes al año a través de barcos cruceros.

"Nuestro deseo es impulsar la actividad de cruceros para los puertos de la red autonómica", por lo que resulta "imprescindible hacer acto de presencia en la feria de Miami".

"El puerto de La Coruña está en continua expansión. Todos los años estamos teniendo un crecimiento de más del 40 y 50 %", explicó Marta Rodríguez Pantín, gerente comercial de la Autoridad Portuaria de esa ciudad.

Detalló que para este año "las expectativas en el puerto de La Coruña están en torno a 90 escalas de cruceros y superando la cifra de 150.000 pasajeros. Esto significa un crecimiento respecto al año anterior del 40 %".

Según detalló, las previsiones para 2013 son parecidas: "Ya tenemos previsiones de un crecimiento del 40 % y se pretende superar la visita de 170.000 pasajeros, con la visita de las principales navieras internacionales".

Una nueva terminal portuaria, que "está a cinco minutos andando del centro de la ciudad", permitirá asumir ese crecimiento, lo que se sumará a "toda una serie de servicios que da la ciudad a los visitantes que vienen en cruceros, desde información hasta visitas guiadas y rutas de tapas".

La Torre de Hércules es el principal atractivo de la ciudad desde que fue nombrada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, detalló Rodríguez, que se mostró muy optimista respecto al potencial de crecimiento de España como destino para la industria de los cruceros.

"La calidad que ofrecemos es importante porque las compañías están repitiendo en La Coruña", explicó sobre un tipo de viajes en los que es habitual que los pasajeros repitan destino, por lo que, en su opinión, es importante que un mismo puerto de destino ofrezca distintas alternativas de ocio.

También estaba representado en el evento el Puerto de Alicante.

El Defensor del Pueblo investiga las cuotas participativas de la CAM

ALICANTE.- El Defensor del Pueblo ha decidido abrir un expediente de queja e investigación en torno a la contratación de cuotas participativas, deuda subordinada y acciones preferentes de la CAM, a instancias de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana (UCCV-UCE), según ha informado en un comunicado este colectivo.

   Esta decisión se produce a petición de la Unión de Consumidores, que recientemente le remitió un escrito en el que solicitaba la investigación y estudio de las reclamaciones de los afectados por las contrataciones de cuotas participativas, deuda subordinada y acciones preferentes de la CAM.

   Asimismo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha contestado en esta línea a la Unión, a la que ha confirmado que "está revisando los hechos denunciados en el escrito y que tiene actualmente varios expedientes abiertos", según las mismas fuentes.  

   Este colectivo también denunció los hechos ante el Banco de España y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), organismos que aún no se han pronunciado, y ante las entidades bancarias Banco de Sabadell y la CAM.

   El Banco de Sabadell ha contestado que no puede abordar una solución hasta que no finalice el proceso de adjudicación de la CAM, pendiente aún de autorización, mientras que la CAM, a pesar de haber remitido varias reclamaciones con la relación de afectados, no se ha pronunciado.

   En este sentido, la UCCV-UCE ha recordado que en las reclamaciones recibidas, los clientes firmaron los contratos que les facilitaron en la entidad bancaria "convencidos de que se trataba de productos exentos de riesgo, por tanto, sin la información básica necesaria para consentir válidamente".

   Por ello, según han subrayado las mismas fuentes, "la contratación se basó en la confianza plena depositada en la caja de ahorros que ahora se desentiende totalmente de estos clientes-consumidores".

Fabra resalta que la Generalitat "ha cambiado las reglas del juego" y ahora "no hay subvenciones

ALICANTE.- El presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, ha resaltado que su gobierno "ha cambiado un poco las reglas del juego, aquí ya no ha subvenciones, hay incentivos que ayuden a generar empleo y prosperidad", al tiempo que ha subrayado la importancia que el Consell da al empleo juvenil porque, en su opinión, "la única alternativa no puede ser: 'búsquese la vida fuera de este país'", sino la generación de políticas de empleo para los jóvenes.

   Tras visitar la OAMI, Alberto Fabra ha respondido de este modo, preguntado por los medios de comunicación, por un lado por el empleo juvenil, y, por otro, por la petición del empresariado de que "sólo con ahorro y con recortes no se va a generar empleo y riqueza".

   Según Fabra, "lo primero que teníamos que hacer es ofrecer un plan y un calendario de pagos porque difícilmente podremos ofrecer a los empresarios nuevos proyectos si no hemos pagado los anteriores, con lo cual ahora que ya tenemos claro cuál va a ser el calendario de pagos", se pondrán en marcha proyectos.

   En este sentido, ha resaltado que el Consejo valenciano tiene "proyectos, como el plan de emprendedores, de más de 85 millones de euros que van a ir destinados a 15.000 empresas para que puedan realizar esos proyectos de mejora en cuanto a los procesos de gestión, a financiación, eficiencia energética e internacionalización", entre otros.

   Según ha resaltado, "la Generalitat lo que ha hecho es cambiar un poco las reglas del juego, aquí ya no ha subvenciones, hay incentivos que ayuden a generar empleo y prosperidad y eso lo vamos a llevar no sólo al tema de patronal y sindicatos, sino a todos aquellos que quieran contar con dinero público".

   A su juicio, "es muy sencillo, aquí el dinero público está o bien para mantener servicios, o bien para buscar escenarios productivos y no para mantener estructuras de toda la vida". Por ello, según ha añadido, "se ha trasladado a patronal y sindicatos que sólo a través de la productividad, es decir, de la rentabilidad y consecución de objetivos, van a poder seguir teniendo las ayudas por parte del Gobierno"

  "No sólo vale hacer cursos de formación, los cursos se hacen para incorporar  a la gente al mercado laboral, como ese es el objetivo los logros serán cómo irán recibiendo las ayudas, ha dicho Fabra, quien ha insistido en que las ayudas a empresas también tienen que ser "en base a proyectos reales y que sirvan para mejorar los procesos productivos, de los resultados, bien de internacionalización o de mejora de la eficiencia energética".

   Fabra ha opinado que la sociedad "tiene que ser consciente de que el dinero es escaso, de que la administración está haciendo un esfuerzo muy importante reduciendo gastos, pero a la vez garantizando el Estado del Bienestar que hemos construido entre todos".

   Por ello, según ha dicho, "el dinero que se tenga que dar para que otras entidades organismos o empresas ayuden a generar un marco de prosperidad tiene que ser bien utilizado y en el camino de tener Pymes productivas, no de estructuras de toda la vida".

   Por otro lado, Fabra ha subrayado que desde el Consejo valenciano van a "insistir y a hacer fórmulas novedosas que permitan la contratación e incorporación de los jóvenes al mercado laboral", ya que se ha invertido en educación para que los jóvenes "se formen, que puedan tener un futuro avalado por ese conocimiento que hayan podido adquirir, que desde luego lo que no podemos, después de esa inversión, generar una decepción, que vea que la sociedad no responde a la construcción de proyectos personales y profesionales".

  "La única alternativa no puede ser búsquese la vida fuera de este país,  que no estamos aquí para eso, aquí estamos para generar oportunidades, especialmente para aquellos que tienen que ser los protagonistas de la sociedad para los próximos años", ha dicho.

   A su modo de ver, "los jóvenes son más necesarios y más útiles que nunca dentro de este proceso de crecimiento que tiene que tener la sociedad y, por eso, tanto ese incremento que ha habido en la partida presupuestaria para favorecer la contratación de los jóvenes en empresas, además de la reforma fiscal y laboral que ha hecho el Gobierno que anima a la contratación de jóvenes de menos de 30 años y de los incentivos que por parte de la Generalitat para mejorar las empresas, es el camino que tenemos que hacer".

   Fabra ha resaltado que una de "las cosas que más preocupan como Gobierno es la generación de empleo, especialmente de los jóvenes", que necesitan "tener una respuesta de la sociedad y que son necesarios para el futuro de la Comunidad Valenciana".

   Por eso, según el presidente, desde la Generalitat "se ha incrementado la contratación de los jóvenes en empresas más de  un 30 por ciento, respecto al año pasado, lo cual, conjuntamente con las medidas del Gobierno, va a hacer que más jóvenes puedan incorporarse de forma más rápida al mercado laboral y que puedan integrarse en el sistema productivo".

   Además, Fabra se ha referido al "plan de empleo juvenil, con una inversión de más de 100 millones de euros en esta legislatura, para que puedan incorporarse y puedan ser más de 15.00 los jóvenes que puedan beneficiarse de estas ayudas".

  "Tenemos una lucha pendiente todos, que es acabar con el paro", ha dicho el presidente, quien ha afirmado que ésta es "una lucha sin cuartel, básica, fundamental".

  No obstante, desde su punto de vista, "hay datos que nos invitan a ser optimistas, con un incremento del número de autónomos en el mes de febrero, con 32 nuevos autónomos al día", lo cual hace que la Comunidad Valenciana "sea la segunda comunidad que más ha aumentado el número de altas de autónomos en este último mes". Además, Alicante ha sido la cuarta provincia de España en este apartado.

   Según ha concluido, "esto nos dice que son muchas las personas que confían en las posibilidades que tiene esta comunidad, que estamos ya al final de este proceso, que confían en las reformas del Gobierno central y de la Generalitat, y que confían en el carácter emprendedor y ambicioso de los empresarios de esta comunidad".

La Asociación Gran Vía-Sur denuncia ante el Seprona la carga y descarga de granel amarillo en el Puerto

ALICANTE.- La Asociación de Vecinos Gran Vía-Sur de Alicante ha presentado ante el Seprona de la Guardia Civil una denuncia por la carga y descarga de granel amarillo en el muelle 17 del Puerto de Alicante, que viene produciéndose desde la segunda semana de marzo, según ha informado en un comunicado la asociación.

   En su denuncia informan de que en el Puerto de Alicante se están llevando a cabo "cargas y descargas de un nuevo producto de color amarillo del cual no hay ningún tipo de información y que podría tratarse de azufre".

  "Dudamos que exista licencia para tal actividad y pedimos al Seprona que lleve a cabo cuantas actuaciones considere oportunas para el esclarecimiento del hecho señalado", añade la asociación en su escrito.

   "Ya que desde la Autoridad Portuaria nadie sale al paso y son incapaces de aclarar qué clase de producto de color amarillo están manipulando las empresas, que a día de hoy siguen sin licencia ambiental con el consentimiento de Ayuntamiento y Conselleria de Infraestructuras, hemos decidido que sea la Guardia Civil quien exija que se cumpla la ley de información pública a la que tenemos derecho todos los ciudadanos", ha apuntado la asociación.

El Ayuntamiento de Alicante sigue trabajando para ir consiguiendo los informes favorables para la llegada de Ikea

ALICANTE.-   La portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, Marta García-Roméu, ha asegurado que el consistorio "sigue trabajando para ir consiguiendo los informes favorables para la llegada de Ikea", al considerarlo "un proyecto fundamental, no sólo para la ciudad, sino para toda la provincia".

   Tras dar cuenta de los asuntos tratados en la junta local de Gobierno, García-Roméu se ha expresado en estos términos, al ser preguntada por los medios de comunicación sobre los informes de las distintas administraciones para la implantación de Ikea en la zona conocida como Rabassa.

   Según la edil, el Ayuntamiento sigue "trabajando para ir consiguiendo todos los informes preceptivos para la llegada de Ikea a la ciudad". En este sentido, ha resaltado que existen "informes favorables, muchos, y existen informes desfavorables, que fundamentalmente son el de Fomento y el de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)". Además, ha apuntado que este "último ni siquiera es vinculante".

   Así, según ha añadido, "en cualquiera de los dos casos se está trabajando en la subsanación de esos dos informes para poderlos presentar y obtener el informe favorable de aquellos dos que ahora mismo no lo son y por lo tanto continuar trabajando en un proyecto fundamental, no sólo para la ciudad de Alicante, sino para toda la provincia".

  También ha subrayado la edil que sigue siendo "voluntad de Ikea de que se haga en Alicante" y que el Ayuntamiento de Alicante "tiene todo el empeño de que sea en la ciudad, tal cual ellos quieren".

   Respecto a la posibilidad de que el propietario del suelo haya obtenido parte del dinero del proyecto, García-Roméu se ha reafirmado en sus argumentos y ha considerado que el "resto de comentarios no dejan de ser intereses políticos que tratan de minar una vez más a la ciudad de Alicante o intereses desconocidos y que desde luego no van a mermar ni un minuto el trabajo que desde este Ayuntamiento se va a hacer en pro de la ciudad y de la llegada próxima del establecimiento de Ikea a Alicante y a Rabassa".

   A este respecto, ha asegurado que el Ayuntamiento de Alicante "no ha introducido ningún tipo de cláusula".

 "Nosotros trabajamos directamente con la multinacional y los propietarios de la zona para poder llevar adelante de manera habitual y normal, como cualquier establecimiento que llega a nuestra ciudad y que tiene la posibilidad de asentarse en suelo municipal, para que pronto pueda ser una realidad", ha dicho la concejal, quien ha insistido que desconoce "lo que se haya hecho a nivel privado".

  Por otro lado, respecto al Puente Rojo se ha decidido que se desmantele tras la última reunión con la Plataforma Renfe, ha explicado que tienen "muy ultimado el planeamiento que se conoce como LOI-2, siempre buscando el consenso con los vecinos y se va a retirar el puente rojo para facilitar el acceso y la unión entre los barrios dentro del proyecto de acercamiento de las vías en la ciudad de Alicante".

   La edil ha apuntado que a lo largo de estos meses habrá más reuniones con Adif para "poder avanzar en la aprobación del planeamiento de una zona que ha sido complicada y que lleva muchos años de redacción". Según ha indicado, "faltan los informes técnicos que avalen la ordenación que ya se ha presentado y, a partir de ahí, se espera que a la mayor brevedad posible poder llevar a aprobación plenaria el planeamiento de esa zona".

   No obstante, ha señalado que antes "se va a abrir un periodo de consultas populares del proyecto a la ciudad y a la opinión pública y después ya se llevará a la aprobación final del pleno".

   García-Roméu también ha confirmado que a principios de 2013 se abrirá al tránsito rodado el paso de Ausó y Monzó, actualmente restringido a vehículos, aunque no al paso peatonal, por las obras. Según la edil, "una  vez finalicen las obras se abre totalmente ese punto que causaba preocupación a los vecinos".

La CAM no quebró, la vaciaron / Alberto Vegara

Nuestros corazones están con las víctimas de las cuotas participativas y su dinero en nuestro bolsillo. Este sería el alegato de los dirigentes que acabaron con la desaparecida Caja Mediterráneo. Estos supuestos estafadores, tan cínicos ellos como sinvergüenzas en su actuación al frente de una entidad única y que han convertido en la peor leyenda de la banca española en muy pocos años. Me decía, paseando por la glorieta, uno de los indigentes de los muchos que pululan por Orihuela, que «estaba pidiendo para poder comer, porque los sinvergüenzas de la caja más ladrona del mundo, la CAM, les negaba sus pequeños ahorros que en ella habían depositado». Textualmente me lo dijo. 

 

Sin alterarme, pues estoy tristemente acostumbrado, le aclaré que yo era jubilado de esa casa y no era como decía, que no nos metiera a todos en el mismo saco. La CAM siempre fue seria y solvente hasta que pasó lo que pasó. Cuando volví a mi casa decidí informarme mejor sobre el tema y descubrí artículos de prensa y declaraciones de personas que habían estado en la salsa y que no tienen ningún desperdicio. 

 

Parece ser que por el año 2000, el señor Eduardo Zaplana, que fue presidente de la Generalitat Valenciana por si alguno no lo recuerda, fue eliminando todo vestigio de la cúpula directiva de entonces para nombrar a elementos afines a sus deseos, como el fiel y ciego por la gaviota Roberto López Abad. Este, a su vez, se acurrucó con garrulos administrativos como la Amorós (Mayra), Ximo Meseguer (un oriolano en los destinos de la caja alicantina), Vicente Soriano (un supuesto socialista, solo en apariencia), Daniel Gil (compañero del fallecido Vicente Sala y presidente entonces) y de Enrique Ortiz, el constructor y hombre de confianza respaldado por el Partido Popular en Alicante, con superpoderes para hacer y deshacer negocios con el respaldo económico y sin límites de la cúpula CAM, etcétera, etcétera, etcétera. 

 

Los miembros del Consejo de Administración, con una afinidad del 80% al Partido Popular, y que Francisco Camps desde su papel de máximo dirigente de la comunidad autónoma se encargó de convertir en un 100% afines al partido, fueron afines a los propósitos de la cúpula dirigente. Todo esto que escribo se puede leer en cualquier medio, incluida las declaraciones de Remedios Ramón (Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Universidad de Alicante) y exconsejera de la CAM que quería olisquear más de la cuenta y que Camps se quitó de en medio. Con lo que este 'grupo' de individuos iba dando el visto bueno a los disparates financieros que para enumerarlos, necesitaría más páginas que El Quijote. Es evidente que, por lo visto, de tal manera obraron que nadie les pide responsabilidades. 

 

Mientras cobraban los 136 euros legales por asistir y consentir los desmanes, percibían regalos, viajes, falsas reuniones, etcétera. Así aprobaron que a la Diputación de Alicante, del señor José Joaquín Ripoll le dieran 130 millones de euros del 2004 al 2006; a Valencia, 72 millones de euros; al Ayuntamiento de Alicante 38 millones de euros; y, cómo no, al señor Soler, alcalde socialista del Ayuntamiento de Elche, otros 94 millones de euros. 

 

Pero ¡¡alucinen!! al señor Enrique Ortiz se le concedieron, presuntamente, créditos por valor de 500 millones de euros. ¡¡¡Sí, quinientos millones de euros!! No había problemas ni pegas con este Consejo de Administración, ya que a ellos mismos se concedieron 161 millones de euros en créditos blandos, baratos y de dudosa cobro. Así que estaban todos calladitos y contentos. 

 

Hasta el, hasta hace muy poco presidente, Modesto Crespo, que por algo ha tenido que dimitir de la Junta Rectora del Misteri se le concedió un préstamo de cinco millones de euros para aliviar su negocio de coches usados. También la misma cantidad para otro concesionario amigo de Benidorm. La dilapidación de la CAM ha sido bestial, descarada y obviada por el propio Banco de España, por el Instituto Valenciano de Finanzas y, por supuesto, por los dirigentes socialistas que miraron para otro lado mientras todo ocurría. Y porque lo de Polaris World, lo del proceso de Seseña, lo de México,&hellip ¡¡Otro montón de miles de millones de euros!! ¡¡Y no pasa nada!! ¡¡Y nadie es responsable!!! ¡¡Porque como todo es legal!! ¿Dónde está la rigurosidad, la responsabilidad y honestidad de nuestros políticos? ¡¡¡Cómo va a quedar dinero!!! ¡¡Ni un duro!! El banco de Sabadell compró la CAM por solo un euro, el Banco de España le dio kilos y kilos de millones y encima le eximió de la responsabilidad de tener que devolver las cuotas participativas ¡¡¡El negocio del siglo!!! ¡¡Ha habido para todos ellos, menos para los ancianos jubilados y sus ahorros!!! ¿Quién se hace ahora responsable de esta estafa legal? 

 

Víctimas propiciatorias, clientes confiados, ancianos que tienen pensiones justas y que pensaban vivir con dignidad se han quedado por el camino. ¡¡¡ Hay perras para todos los carotas y ninguna para los robados!!!. 

 

Me pregunto:¿Qué más da si el dispendio de todos estos individuos se ha podido tragar, por qué no se puede pagar 155 millones a sus verdaderos dueños que depositaron sus ahorros en las cuentas de la caja alicantina? Así que cuando oigo declaraciones de nuestros políticos, llámense Rita Barberá o Jorge Alarte, por ejemplo, se me revuelven las tripas. 

 

Que la señora alcaldesa de Valencia no vocifere tanta transparencia, que no la vemos por ningún lado. ¡¡Si sabemos los marujeos de Clinton, no vamos a saber los nuestros!! Así Dios ilumine al juez Grande-Marlasca para que no se deje convencer por cantos de sirena y ponga a cada uno en su sitio en este tema tan delicado. Como se dice ahora, todo es supuestamente. ¡¡¡Queremos justicia!!! ¡¡Vaya Banda!! ¡¡Curro Jiménez era un aprendiz a su lado, aparte de más guapos y simpáticos!! 

 

http://www.laverdad.es/alicante/v/20120311/orihuela/quebro-vaciaron-20120311.html

Un fundamentalista del 'agua para todos', nuevo presidente de la CHS

MURCIA.- El nuevo presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Miguel Ángel Ródenas, un fundamentalista del 'Agua para todos', considera que "en este momento con el alcance de la tecnología, es imprescindible, desde luego, trasvasar agua de otras cuencas a la cuenca del Segura". 

   El Ebro, apostilló a preguntas de los medios tras su presentación oficial en la Delegación del Gobierno, "es una opción que se hizo en el Plan Hidrológico Nacional (PHN) de 2001".

   "Es una opción para resolver de una forma muy económica, la más económica, el problema no solo de la cuenca del Segura, sino de todo el arco mediterráneo", añadió.

   Pero, puntualizó, hay que estudiar de nuevo todas las soluciones, pues "ya había un plan hidrológico nacional y se habían estudiado otras opciones, así como distintas combinaciones".

   Según Ródenas, "está en la sabiduría del Gobierno y la disposición de todos los españoles darle una solución definitiva" al problema del agua, y es que, matizó, "esto no puede faltar".

   Preguntado por sus antecesores, Ródenas ha expresado que "cada uno habrá hecho lo que ha podido y entendido que deben hacer", lo que está claro es que "el Programa AGUA ha sido un gran fracaso".

   "La desalación de agua de mar no es la solución para resolver el problema del déficit tan importante de la cuenca del Segura", incidió, al tiempo que criticó que se optara por ese sistema "sabiendo que no era la solución, que es un agua demasiado cara, consumidora de energía y que expulsa al agricultor del sistema productivo".

   Ese sistema, insistió, "no valía", se ha persistido en el error, lamentó, "y después de ocho años vemos que la desalación que se vendió políticamente como la gran solución, ahora es el gran problema", tras lo que se preguntó, "qué hacer con esas desaladoras paradas".

   Al tiempo ha declarado que sus desafíos pasarán por administrar y gestionar "bien con eficiencia y respeto a la naturaleza" la escasez de agua, mantener el pleno funcionamiento del trasvase Tajo-Segura y resolver el déficit hídrico estructural de la cuenca.

   Y es que, destacó, "la cuenca del Segura es la única estructuralmente deficitaria en toda España, lo que estrangula su desarrollo por esa falta de agua".

   Su gran objetivo será así que no falte el agua para el sistema productivo y para las exportaciones de frutas y hortalizas porque "es un pilar básico de nuestra economía".

   "Entre todos tenemos que solucionar este problema, que no depende de la Confederación, de una Comunidad ni del Gobierno, depende de todos los españoles, que tengamos la voluntad de resolverlo", indicó.

   Esto pasa, a su juicio, por el principio de la solidaridad, que es un principio constitucional; una palabra, argumentó, "que viene de soldar, de hacer un todo, ese sólido es España y las partes son las comunidades. Uno de esos elementos de pegamento es el agua, que no puede faltar en ningún territorio, y tampoco en la cuenca del Segura", apuntó. "No hay metas imposibles", concluyó.

   Al acto en la Delegación del Gobierno el propio delegado, Joaquín Bascuñana, quien se ha mostrado convencido de la coordinación entre Administración regional y central, así como el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá o el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, José Manuel Claver.

Biografía

 

   El nuevo presidente de la Confederación nació en Murcia en 1951, es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Valencia, en la especialidad de Hidráulica y Energética.

   Los primeros años de su trayectoria profesional fueron en la empresa privada y, después, fue jefe de servicio de Obras Hidráulicas de la Administración regional. Los últimos 16 años ha sido director general de Agua en la Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia.

   Como director general participó intensamente en toda la planificación hidrológica nacional y fue miembro del Consejo Nacional del Agua, de la Junta Central de Explotación de la CHS.

   Ha sido impulsor del Plan General de Saneamiento y Depuración de Aguas de la Región de Murcia 2001-2010.

El Colegio de Psicólogos detecta un aumento de los pacientes con ansiedad y depresión como consecuencia la crisis

VALENCIA.- El decano del Colegio de Psicólogos de la Comunitat Valenciana, Francisco Santolaya, ha afirmado este viernes que los colegiados han detectado en los últimos tiempos un incremento de pacientes con reacciones de carácter adaptativo que incluyen síntomas de tipo depresivo y ansioso como consecuencia de los problemas económicos derivados de la crisis.

   Preguntado por la influencia de la crisis en las asistencias psicológicas, Santolaya ha resaltado que "el nivel de angustia que se genera muchas veces en la persona ante la imposibilidad de salir del atolladero es bastante importante".

   Es en este punto, ha resaltado, en el que la labor de los psicólogos es importante "no sólo para disminuir la angustia y para reducir los síntomas depresivos, sino para analizar y ver alternativas de solución" a los problemas, ya que "muchas veces la propia angustia y la propia tristeza que tiene el paciente le impiden buscar soluciones alternativas".

   Sobre el perfil de las personas que reclaman la ayuda de los psicólogos, ha señalado que, además de las patologías habituales, se ha detectado un aumento de las asistencias a personas "muy vinculadas al ámbito financiero e incluso al ámbito empresarial que empiezan realmente a tener síntomas de estrés". Este perfil de paciente, ha agregado Santolaya, acude al psicólogo para ser orientado y para buscar alternativas de solución.

   Asimismo, ha indicado que cuando una persona "ve que empieza a tener problemas económicos y no llega a final de mes, obviamente lo ve y muchas veces suele acudir buscando apoyo y ayuda porque cuando hay un problema de tipo económico que se va agravando" aparecen alrededor problemas en el entorno familiar que van asociados. 

"Al aumentar la angustia, las personas empiezan con mecanismos que no son muchas veces de mejora de la comunicación", ha advertido el decano, que ha subrayado que en ocasiones se producen reacciones agresivas y de huída de la realidad.

El Consell recopila las facturas que va a remitir al Gobierno central pero desconoce cuánto le corresponderá

VALENCIA.- El vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar, ha explicado que la Conselleria de Hacienda "está trabajando" para determinar qué facturas de proveedores cumplen los requisitos establecidos por el Gobierno central para entrar en el plan de pagos. No obstante, ha señalado que desconocen la cuantía que le corresponde a la Generalitat --de los 17.500 millones dispuestos por el Ejecutivo-- para satisfacer esas deudas.

   Císcar se ha expresado de esta manera tras el pleno del Consell al ser preguntado por el volumen de impagos a proveedores y si se plantea incorporar a los presupuestos de 2012 las facturas en el cajón para contabilizarlas y poder abonar a través del plan de pagos que prevé establecer el Gobierno central con las comunidades autónomas.  

   Por lo que se refiere al volumen de deuda con proveedores que se va a satisfacer, Císcar ha señalado que se trata de una cifra "que no podemos tener clara"  porque con todas las facturas de las comunidades, el Gobierno establecerá la prioridad de pago de las mismas según criterios como el de la antigüedad, que "favorece" a la Comunitat.

   Pero, "no podemos saber una cifra concreta" que corresponde a la Comunitat como "tampoco el resto de CCAA" porque se va a "hacer un paquete con el conjunto de facturas de toda España", ha explicado.  

   "Otra cosa es que el Estado hubiera dicho" que pagaría "lo que le corresponde a cada CCAA" pero como eso "no lo va a hacer", sino que va a disponer de 17.500 millones para todas las regiones y a pedir que cada CCAA lleve las facturas certificadas para comprobar que cumplen los requisitos que van a establecer, ha explicado.

   La fecha límite para remitir las facturas certificadas al Gobierno es el 15 de abril. Será entonces cuando "tendremos al euro el importe de la relación certificada que pasaremos al Estado", ha afirmado.

   "El Estado puede decir que de los 17.500 millones, cuánto destina en cada una de las fases que establezca --hasta el 31 de diciembre-- y los criterios de prioridad en el pago, como es el de la antigüedad de las facturas", ha remarcado.

   Las facturas que se van a atender serán principalmente por contratos de obra y servicio; lo que son conciertos como el que tienen con las farmacias "podrían entrar". Pero, por ejemplo, una subvención o una deuda con un ayuntamiento "no entran en esa relación", ha apuntado. En este sentido, ha apuntado que  se incluyen las deudas a proveedores de las empresas públicas, fundaciones y entes de derecho público.

   En cuanto a la posibilidad de incluir en el plan de pagos las facturas en el cajón procedentes del área sanitaria, Císcar ha indicado que es una "duda que tenemos pendiente de que nos resuelva el Gobierno central. Es una de las cosas que todavía se tienen que determinar".

   Por otro lado, Císcar ha informado de la puesta en marcha de un servicio de asistencia y asesoramiento a ayuntamientos para resolver las dudas en relación al procedimiento para el pago a los proveedores de las corporaciones municipales.

   Císcar ha indicado que "a través de las páginas web de las Consellerias de Presidencia, Economía y Hacienda se ha habilitado un documento explicativo de todo el procedimiento de pago a proveedores. También se podrán resolver las cuestiones por vía telemática o telefónica".

   El vicepresidente ha adelantado que "próximamente se pondrá en funcionamiento un dispositivo de atención y asesoramiento para todos los proveedores de la Generalitat".

Los sindicatos docentes temen otros recortes de 200 millones

VALENCIA.- Los sindicatos docentes temen nuevos recortes derivados del ajuste extra de entre 400 y 500 millones de euros anunciado este jueves por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, para cumplir el objetivo del 1,5 por ciento de déficit marcado por el Gobierno central. No obstante, la Conselleria de Educación recalca que "habrá que concretar" si debe "hacer algún esfuerzo adicional" y que, en cualquier caso, "no afectará para nada a la calidad de la enseñanza".

   Así lo han señalado los cinco sindicatos presentes en la Mesa Sectorial de Educación --STEPV, FE CCOO PV, CSI·F, ANPE y FETE-UGT PV-- en declaraciones a los periodistas a su llegada a la Conselleria para presentar los manifiestos contra los recortes firmados por los claustros, consejos escolares o asambleas de profesorado. A continuación, el secretario autonómico de Educación, Rafael Carbonell, que ha atendido a los medios en el mismo lugar.

   El secretario general de FETE-UGT PV, Guillermo Martí, ha considerado "evidente" que ese ajuste extra será proporcional al peso de cada departamento en el presupuesto de la Generalitat y que, por tanto, a Educación le corresponderá "un 31 por ciento de esos 500 millones y, por lo tanto, le puede costar a la Conselleria más de 200 millones".

   Su homólogo de CCOO, Miguel Ángel Vera, ha señalado que están a la espera de que el Consell convoque el día 14 una nueva Mesa General de Negociación de la Generalitat para dar "respuestas" a los planteamientos que le trasladaron en la reunión de la pasada semana y que, en esa sesión, esperan que "la administración diga cómo van a afectar esos 500 millones que Fabra anunció ayer". Según Vera, "en este momento no hay ninguna información" pero si esos ajustes afectan al personal de la Generalitat, deberán dar "cumplida información" en la Mesa General de Negociación y los sindicatos exigirán que "si hay recortes, sean negociados".

   La representante de STEPV, Beatriu Cardona, ha alertado de que "cualquier recorte que se haga en educación afecta a la calidad y a la dignidad del sistema público" y, en este sentido, ha acusado al Consell de hacer "recortes reiterados en la calidad, no sustituyendo las bajas, intentando aumentar el horario lectivo en detrimento de desdobles y de programas de atención a la diversidad que son necesarios en los centros, y quieren eliminar también desdobles en enseñanzas de lenguas extranjeras". "No podemos consentir ningún recorte en el sistema de educación público", ha zanjado.

   Nines Espí, delegada de ANPE, ha constatado que esos ajustes "están produciendo una degradación progresiva y paulatinamente en la calidad de la enseñanza pública en toda la Comunitat", a lo que el representante de enseñanza de CSI·F, Daniel Matoses, ha agregado que se les "antoja incompatible" ese conjunto de medidas con los "planes estrellas de la administración, como son el plan de choque contra el fracaso escolar y el decreto de atención a la diversidad".

   Además, Rafael Collado, en representación de CSI·F, ha remarcado que "ya no es un tema de ajustes, de recortes", sino "un ataque a la dignidad de los docentes" porque el Consell les "está acusando de absentistas, de perder tiempo paseando por los pasillos entre clase y clase". "Podríamos entender algún tipo de ajuste, pero no bajo estas premisas, ha sentenciado.

   Posteriormente, el secretario autonómico de Educación, Rafael Carbonell, ha remarcado ante los medios que la Valenciana es la primera autonomía "en inversión en educación, en concreto, prácticamente el 31 por ciento del presupuesto de la Generalitat se dedica a políticas educativas y la media española está en torno al 21 por ciento", así como que "los últimos datos del Ministerio también avalan que la inversión por alumno en la enseñanza pública está sobre las 6.700 euros cuando la media española es un tanto inferior".

   En cuanto a los salarios de los docentes, ha incidido en que "es un ajuste puntual". "Estoy convencido de que contamos con un profesorado responsable, serio, que valora más que nunca la estabilidad y el ocupar un puesto de trabajo realmente digno y bonito. Se trata de una medida de carácter transitorio, que afecta a los sexenios y que finalizará el 31 de diciembre de 2013 y que estoy será útil, en el sentido de que supondrá que no existan despidos y que otros colectivos no se vean afectados", ha defendido.

   Sobre cómo puede afectar el nuevo ajuste anunciado por el 'president', el representante de la Conselleria ha comentado que "se trata de una partida que habrá que concretar" por lo que no ha podido avanzar nada.

   Cuando se le han comunicado los cálculos de los sindicatos sobre que el 30 por ciento del recorte puede recaer en educación ha sido tajante: "Para nada, tendremos que concretar si hay que hacer algún esfuerzo adicional, pero si es que en algún momento se tuviera que hacer, estoy convencido de que no afectará para nada a la calidad de la enseñanza, que es al fin y al cabo de lo que se trata".

   "Debemos ser prudentes y cautelosos, no adelantarnos a medidas que se deberán tomar o no, pero me gustaría recordar que necesariamente el rendimiento de los alumnos y los resultados académicos no siempre están en función de la cantidad de recursos que se destinan", ha argumentado.

   Además, Carbonell ha sostenido que los recortes se limitan a cuestiones de retribución y ha agregado: "en el ámbito educativo vivimos demasiado de leyendas y esas leyendas no son ciertas". Prueba de ello, ha apuntado, es que la Conselleria "ha cubierto en las últimas semanas prácticamente 2.000 bajas, es decir, 2.000 sustituciones, y esos datos están ahí".

   "En septiembre, el entonces conseller del ramo, José Císcar, dijo en las Corts: 'páseme usted aquel centro que sobrepase los límites que marca la norma legal de ratio' y, a fecha de hoy, han pasado varios meses y ni un solo centro nos ha pasado esa circunstancia. Estamos cumpliendo a rajatabla las normas básicas en cuanto a ratios, a proporciones, a unidades y a todo. Lo que sí que estamos haciendo es una política de optimización y de racionalización de recursos, pero siempre dentro del marco estatal", ha concluido.

Císcar dice que los recortes para cumplir déficit pueden superar los 500 millones y no descarta tasas específicas

VALENCIA.- El vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar, ha señalado este viernes que el importe de los recortes necesarios para lograr cumplir el objetivo del 1,5 por ciento de déficit marcado por el Gobierno central puede superar los 500 millones de euros. Para conseguirlo, la Generalitat valenciana no descarta implantar "tasas específicas", aunque ha hecho hincapié en que no va a establecer copago, ni a incrementar los impuestos generales.

   El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, aseguró el jueves que la Comunitat Valenciana solo tendrá que recortar por importe de 400 o 500 millones de euros de los 2.700 requeridos para poder cumplir el 1,5 por ciento de déficit.

   Sin embargo, José Císcar, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, ha indicado que "no tienen porque ser solo 500 millones, pueden ser más". Respecto a qué tipo de ajustes se llevarán a cabo, ha rechazado que se vaya a tomar medidas "de carácter general" como subida de impuestos.

   "Van a ser medidas de carácter mucho más sectorial", ha subrayado el vicepresidente valenciano, quien, además, ha incidido en que "no van a afectar a la prestación de servicios básicos".

   Císcar ha asegurado que en la Comunitat "ya tenemos mucho trabajo avanzado", por las medidas de ajuste puestas en marcha, muchas de ellas enmarcadas en el Decreto Ley 1/2012 de medidas urgentes para la reducción del déficit en la Comunitat Valenciana, con las que se logrado un ahorro de 1.057 millones de euros.

   No obstante, el también conseller de Presidencia ha indicado que habrá que "ajustes adicionales". Asimismo, ha resaltado que el proceso de ajustes de la Generalitat es "continuo".

   En este sentido, se ha referido a las nuevas medidas anunciadas por el Consell como la creación de la central de compras que va a aportar 80 millones, la implantación de una comisión interdepartamental para garantizar la austeridad o la puesta en marcha de un plan de optimización del patrimonio, dentro del que se incluye un plan de venta de patrimonio, que cree que superará los 125 millones de euros.

   Císcar ha hecho hincapié en la necesidad de reducir el déficit y  crear una nueva administración, dado que "la que teníamos antes en época de bonzana es evidente que hoy no sirve". Además, considera que hay una "oportunidad de conseguir una nueva administración para que cuando en el futuro lleguemos a nuevas crisis, las pueda resistir de una manera significativamente mejor".

   "Todo este proceso y todo lo que se está hablando de nuevos ajustes a nosotros no nos asusta porque ya estábamos en esta línea para conseguir una administración más solvente y más sostenible", ha subrayado.

   El vicepresidente ha señalado que la Generalitat va a hacer un ajuste "de 500 millones o de posiblemente de más". "No solo porque tenemos que cumplir unas obligaciones en relación al déficit público, sino porque estamos convencidos de esa nueva administración que es el momento de implantarla", ha manifestado.

   Al respecto, ha manifestado que la nueva administración debe "olvidar una relación paterno-filial, que no sea la administración el padre y la sociedad los hijos, sino que sea una administración que hable de tú a tú a la sociedad" y establezca una relación similar a la de "dos personas adultas". Por este motivo, ha dicho, "requeriremos toda la colaboración necesaria".

   Preguntado por si la Generalitat es partidaria de eliminar organismos como la Sindicatura de Greuges o el Consell Jurídic Consultiu, Císcar ha respondido que la supresión de estos entes "no está encima de la mesa", pero sí lo está lograr "la máxima racionalización y optimización de los recursos no solo en estos órganos, sino en cualquier otro órgano de la Generalitat".

La Generalitat asume la titularidad de parte de la deuda de 15 entes públicos

VALENCIA.- El pleno del Consell ha dado el visto bueno al acuerdo por el que la Generalitat pasa a asumir la titularidad de parte de la deuda financiera de 15 entes del sector público empresarial y fundacional, según ha informado el vicepresidente y portavoz de la Generalitat, José Císcar. 

   En concreto, se asume la titularidad de la deuda derivada de operaciones formalizadas por empresas y entes públicos de la Generalitat con entidades de crédito, el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), por un importe de 3.400 millones de euros.

   Las empresas afectadas son el Aeropuerto de Castellón, la Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales (Avapsa), el Circuito del Motor y Promoción Deportiva, Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana (Ciegsa), el Ente Gestor de la Red de Transporte y Puertos de la Generalitat (GTP), la Agencia Valenciana de Movilidad y el Instituto Valenciano de atención a las personas con discapacidad y acción social (Ivadis).

   El Consell también asume la deuda del Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales (Ivacor), del Instituto Valenciano de Vivienda (Ivvsa), Proyecto Cultural de Castellón, Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana, Teatres de la Generalitat Valenciana, La Luz de las Imágenes, la Fundación de la Comunidad Valenciana de las Artes y la Fundación de la Comunidad Valenciana para la Atención a las Victimas del Delito y para el Encuentro Familiar (Favide).

   La asunción de esta deuda por parte de la Generalitat, que viene contemplada en el Decreto-Ley 1/2011, de 30 de septiembre, de Medidas Urgentes de Régimen Económico-Financiero del Sector Público Empresarial y Fundacional, va a facilitar la "patrimonialización" y "posterior ordenación y reestructuración" del sector público empresarial y fundacional.

   Así, José Císcar ha subrayado que están "limpiando" los entes públicos para, posteriormente, poder adoptar diversas medidas como "fusiones, liquidaciones o incluso alguna venta de alguna empresa pública".

   Además, el vicepresidente ha subrayado que "al quitar de las empresas la deuda financiera y pasarla a la Generalitat" se consigue tenerla "en un mismo paquete". De esta forma, "la hora de ir a buscar una refinanciación o renegociación con las entidades de crédito lo tenemos mucho más fácil", ha destacado.

   "No estamos adquiriendo más endeudamiento porque esta deuda ya computa como deuda de la Generalitat", ha indicado Císcar, quien ha hecho hincapié en que se trata de "un paso necesario en todo el proceso de reestructuación" por el que se pasará de 46 entes públicos a seis holdings.

   Por otro lado, el Consell ha acordado este viernes la ampliación del capital social de Ciegsa en 57.288.348 euros, mediante la emisión de 19.058 nuevas acciones nominativas de 3.006 euros de valor nominal cada una de ellas.

   Este aumento de capital se desembolsará mediante aportaciones dinerarias en efectivo. El 25 por ciento de la ampliación del capital social, 14.322.087 euros, se hará inmediatamente después de aprobada la ampliación y el 75 por ciento restante de la ampliación del capital social, 42.966.261 euros, con anterioridad al próximo 31 de diciembre.

   Asimismo, de acuerdo con el calendario previsto para el desembolso de estas acciones de nueva emisión, se ha acordado la modificación del artículo 7 de los estatutos sociales, de manera que el capital social queda fijado de 496.975.968 euros, dividido en 165.328 acciones nominativas de 3.006 euros de valor nominal cada una de ellas, íntegramente suscritas.

   José Ciscar ha transmitido un mensaje de "tranquilidad" a los acreedores de Ciegsa porque "la Generalitat está detrás y va a responder porque la deuda de Ciegsa es deuda de la Generalitat".

   Preguntado por qué proceso se está llevando a cabo en Ciegsa respecto a su liquidación, ha señalado que todavía se está estudianto. "Es algo en lo que se está trabando", ha manifestado el conseller, quien ha hecho hincapié en la necesidad de lograr "una reestructuración que adelgace muchísimo el sector público empresarial para que sea sostenible".

   Por otro lado, inquirido sobre cuándo se conocerá la nueva estructura de la plantilla de Radio Televisión Valenciana, el vicepresidente valenciano ha asegurado que en junio "podríamos tener el tema muy muy avanzado".

El Gobierno valenciano subastará 42 coches oficiales

VALENCIA.- La Generalitat valenciana sacará a subasta pública un total de 42 vehículos procedentes de su Parque Móvil a partir del próximo 21 de abril, mediante un proceso de enajenación coordinado y gestionado por la dirección general de Patrimonio de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, según ha informado la gobierno valenciano en un comunicado.

   La subasta se enmarca dentro de las medidas "de ahorro y racionalización" de los recursos patrimoniales de la Administración valenciana, recogidas en el Plan de Optimización del Patrimonio.

   A cada uno de los vehículos a subastar se le ha asignado un precio-tipo de licitación que será a su vez el precio de salida, a partir del que podrán efectuarse las ofertas equivalentes o al alza, pero "en ningún caso inferiores a ese importe", ha explicado.

   Todos los coches son marca Ford, modelo Focus o Mondeo, y sus precios de salida oscilan entre los 1.270 y los 1.945 euros sin incluir los tributos y gastos derivados de la transmisión de titular, que deberán ser asumidos por el adjudicatario.

   El procedimiento de enajenación contempla la subasta pública a viva voz y también la posibilidad de presentar ofertas en sobre cerrado, por lo que habrá un proceso para la coordinación de ambos sistemas.

   En la modalidad de sobre cerrado, las ofertas podrán presentarse desde el día siguiente a la publicación del anuncio de subasta en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana (DOCV), hasta el 11 de abril de 2012 y la presentación será, preferentemente, en el Registro General de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en la calle Palau, 12 de Valencia.

   Por su parte, el acto público de subasta a viva voz tendrá lugar a las 10.00 horas del sábado 21 de abril en el Centro de Archivo y Logística de la Generalitat, situado en la localidad valenciana de Ribarroja (Polígono Industrial, sector 13, avenida de Hostalers, parcela 29).

   Ahí podrán también verse los vehículos los lunes, martes y miércoles de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas en horario de tardes, siempre a partir de la publicación del anuncio de subasta en el DOCV.

   La documentación e información relativa al proceso de subasta de estos 42 vehículos podrá obtenerse, indistintamente, por vía presencial, telefónica o telemática.

   Por vía presencial, el pliego de cláusulas administrativas particulares estará disponible hasta el día anterior a la subasta en el Servicio de Gestión Económica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública y en el Servicio del Parque Móvil (Calle dels Gremis, 13, Polígono Vara de Quart de Valencia). Mediante vía telefónica, se podrá obtener información a través de 012 ó del 983 866 000, en el caso de llamadas de fuera de la Comunidad.

Diego de Ramón llamará a declarar en la Audiencia Nacional a 49 ex consejeros de la CAM

MURCIA.- El abogado Diego de Ramón, que ha presentado un procedimiento penal contra la última cúpula directiva de la CAM, ya aceptada a trámite y en fase de diligencias previas de un procedimiento abreviado, piensa citar en el Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional a un total de 49 ex consejeros de Caja Mediterráneo (CAM), según han confirmado hoy fuentes de su bufete en Murcia.

Parece que el letrado desea que los ex consejeros de la CAM, de Murcia y Valencia, comparezcan ante el juez Grande-Marlaska para ver de levantar así las tramas de ambas regiones, sobre todas las infracciones, presuntamente penales, que se dejan aflorar en los expedientes sancionadores del Banco de España, y sobre la "voluntad" de estos exconsejeros "en los créditos dados sin garantías, plazos sin amortización e intereses tan bajos como insignificantes".

 A juicio del abogado querellante, y representante de la Plataforma de Afectados CAM, "algunos de estos exconsejeros son economistas de alto prestigio designados por Francisco Camps y Ramón Luis Valcárcel" por lo que desea saber sobre los créditos que se dieron ellos mismos, y todos los macrocréditos, incluidos los otorgados a Polaris, Nova Carthago, Hansa Urbana, Terra Mítica, Promociones de El Pocero, los concedidos en México, Suiza, Gibraltar, Luxemburgo, Islas Caimán... así como la trama política de Bancaja, Banco de Valencia y las fincas que políticos de Murcia y Valencia tienen en Polaris, México, Madrid, Roma, Murcia y Valencia".

Precisamente anteayer, el juez Grande-Marlaska aceptó como acusación particular en el procedimiento iniciado de querella criminal a mas de 250 clientes afectados de la CAM, representados por Diego de Ramón, a la vez que anuncia, a los efectos procesales oportunos, el traslado al fiscal de las pretensiones de estas personas de varias provincias. 

Reclaman más de cuatro millones de euros en concepto de pérdidas sufridas en sus inversiones de cuotas participativas, deuda subordinada y participaciones preferentes. Y se consideran estafados por los antiguos gestores, como otros 55.000 clientes, al utilizar la CAM información falsa en cuanto a condiciones particulares y situación de beneficios de la entidad.

Coincide esta admisión en el tiempo con la comunicación del Banco de España a Diego de Ramón, donde le responde, como contestación a un requerimiento suyo del pasado 23 de noviembre, que declara pertinente en el expediente abierto a la CAM y sus gestores la prueba propuesta como documental y consistente en los catorce escritos de denuncia remitidos al gobernador por el letrado desde el año 2006 y hasta el pasado mes de agosto.

En esos 14 escritos Diego de Ramón alertaba al Banco de España sobre el deterioro de las cuentas de la caja alicantina y pedía su intervención, por lo que ahora apela a la responsabilidad patrimonial del regulador por incorrecta supervisión en las pérdidas derivadas de la mala gestión de la Caja Mediterráneo y por los supuestos daños que se le habrían causado a él mismo como consecuencia de su funcionamiento respecto a las cajas de ahorro.

La comunicación señala que los catorce escritos ahora incorporados como prueba fueron rechazados en su momento por el servicio jurídico del Banco de España porque, a su entender, aludían a cuestiones "de carácter reservado".

 

La reclamación se amparaba en un informe emitido por la Comisión Europea en 2010, en el que acusa al organismo regulador español de haber fallado en el control de la burbuja inmobiliaria.

 

De Ramón señalaba en su escrito de noviembre que existe un daño ilegítimo, porque las pérdidas derivan de la falta de supervisión de las administraciones públicas sobre la actividad que llevaba a cabo la CAM.

 

Además, ve un vínculo claro entre la lesión y la institución que la produce, el daño material se puede individualizar y evaluar económicamente, este perjuicio es el resultado directo del anormal funcionamiento del servicio público y no se debe a una causa de fuerza mayor, ya que era una situación previsible y evitable.

 

Según cita la reclamación, el informe de la Comisión Europea señala que el Banco de España tenía información privilegiada suficiente como para haber tomado medidas que evitaran o aliviaran la burbuja inmobiliaria.

Los trabajadores de Terra Mítica aceptan el ERE que prevé 215 despidos

BENIDORM.- Los trabajadores de Terra Mítica han aceptado este jueves el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por la dirección del parque el pasado 10 de febrero para la extinción de 215 puestos de trabajo, que contempla una indemnización de 30 días por año, según han informado fuentes de CCOO en un comunicado.

   Con este acuerdo, el Comité de Empresa ha evitado que la empresa pudiera aplicar la nueva reforma laboral, que permite la extinción de los contratos con una indemnización de 20 días sin autorización administrativa. Asimismo, se deja abierta la puerta a las demandas interpuestas por los incumplimientos generados en la temporada anterior.

   En este sentido, un total de 65 trabajadores presentaron una serie de demandas judiciales ante lo que consideraban incumplimientos por parte de la dirección del Convenio Colectivo, reclamando el tiempo no trabajado.  Estas 65 personas reclaman los salarios no percibidos la temporada anterior al no haber sido llamados hasta que Trabajo denegó el ERE.  En este sentido, la dirección se compromete con el comité a negociar una salida antes de la celebración de los juicios pendientes.

   El Comité ha planteado, además, salvaguardar a las personas con una edad superior a los 55 años llegando a acuerdos de prejubilación, así como garantizar una bolsa de empleo para los afectados que permitan cubrir puestos en el supuesto de ser necesarios.

   Por su parte, fuentes del parque temático han destacado que el ERE se ha resuelto con un acuerdo "unánime" entre la empresa y el comité, al tiempo que han recordado que la dirección ha intentado "desde el principio plantear la mejor opción  en beneficio de los trabajadores".

   Según la empresa, la propuesta de indemnizaciones con 30 días ha sido "muy bien recibida por el comité, quien de manera unánime ha reconocido la situación actual de la empresa y la necesidad de adoptar determinadas medidas, coincidiendo en la existencia de las causas esgrimidas por Terra Mítica".

   "La dirección del parque siempre ha mantenido su compromiso social con los trabajadores; por ello, a lo largo de todo el período de negociación, ha planteado la posibilidad de reducir el número de afectados en la medida de lo posible", ha señalado la empresa, que ha aceptado la creación de una bolsa de trabajo en la que están integrados la totalidad de los empleados del parque incluidos en el ERE.

   Según los responsables del parque, a partir de ahora el propósito de la dirección de Terra Mítica es "revalorizar el parque temático, potenciando su actividad para elevarlo al máximo exponente dentro de la oferta de ocio de Benidorm y de toda la Comunidad Valenciana", lo que se traducirá "en la creación de nuevos puestos de trabajo".

   Por su parte, desde CCOO entienden que el ERE planteado "no es la solución para el parque" y han lamentado que con la entrada en vigor de la reforma laboral "las circunstancias del ERE hacen difícil una negociación en igualdad" y, además, "la rebaja en las condiciones laborales será patente".

   El sindicato cree que con la plantilla que se queda en el parque, compuesta por 175 trabajadores, "no se podrá prestar un mínimo servicio de calidad, salvo que la dirección subcontrate servicios prestados hasta hoy por personal propio". 

"Por tanto, existe el riesgo de que se aproveche de la situación de crisis y rebaje sus condiciones salariales y laborales", ha advertido.

   Para CCOO, este nuevo despido de trabajadores en Terra Mítica "simboliza el fracaso de los grandes proyectos desarrollados por la Generalitat valenciana en las diferentes legislaturas", en las que "se han enterrado centenares de millones de euros sin ningún tipo de transparencia ni control".