VALENCIA.- "¿Os gusta el aeropuerto del abuelo?", preguntaba ante
las cámaras a sus nietos el entonces presidente de la diputación de
Castellón, Carlos Fabra, en la inauguración en marzo de 2011 de un
aeródromo fantasma, nunca visitado por un avión y edificado sobre un
gigantesco terreno yermo de la provincia levantina.
Con dos de las tres entidades de crédito regionales
intervenidas por el Estado por falta de viabilidad y una deuda
reconocida de 20.500 millones de euros (el 19,9 por ciento de su PIB),
Valencia refleja los excesos autonómicos y muchos de los males que han
llevado al país a incumplir de lejos los ajustes de déficit exigidos por
Bruselas y a ser mirado con recelo en los mercados internacionales.
"La gestión de la cosa pública ha sido lamentable,
cuando no indecente. La corrupción en Valencia es mítica, pero es mucho
peor la mala gestión por no saber llevar una comunidad como una
empresa", resume Vicente Peiró, abogado valenciano que representa a 35
pequeñas empresas de material hospitalario a las que la región adeuda
350 millones de euros.
La frase del político que promovió el aeropuerto de
Castellón, imputado por presuntos delitos fiscales, tráfico de
influencias y cohecho, ilustra una cultura que durante la última década
alimentó excesos faraónicos y millones de folios en investigaciones por
supuestas ilegalidades.
La misma región que hasta hace poco presumía de ser un
referente de modernidad y prosperidad, que albergó orgullosa la
exclusiva Copa América de Vela o que es vista en todo el mundo por el
costoso circuito urbano de Fórmula Uno, pasa frío en aulas públicas sin
calefacción por falta de pago, acumula retrasos multimillonarios en el
pago a proveedores y se ve obligada a aplicar duras recetas de
austeridad y a dejar obras inacabadas.
"Hemos visto un derroche de dinero público
injustificable a mayor gloria política de determinados individuos (.)
Ahora se ha visto que es insostenible y el Aeropuerto de Castellón es el
ejemplo paradigmático, es un símbolo del derroche y de la sucesión de
despropósitos de la región", explica a Reuters Ignacio Blanco, diputado y
portavoz económico de Esquerra Unida en Valencia, un grupo que lleva
una década oponiéndose a obras "sin ningún interés social".
Blanco se refiere no sólo al aeropuerto sin aviones
sino también al deficitario parque de atracciones Terra Mítica en
Benidorm, a la Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia, cuyo
coste el Tribunal de cuentas regional cifró en 1.300 millones de euros, o
al "Hollywood" alicantino de Ciudad de la Luz. Todas ellas consideradas
infraestructuras a día de hoy infrautilizadas y con elevados costes de
mantenimiento.
Aprovechando el festival de crédito bancario y el boom
constructor y económico que permitió a la España de sol y playa soñar
con superar la media de renta per cápita europea y con una política de
endeudamiento cuando menos irreflexiva, la región más endeudada de la
piel de toro ha pasado en pocos años de una etílica fiesta con barra
libre a estar virtualmente rescatada por el Estado.
"Pensamos que el Gobierno central probablemente
proporcionará apoyo financiero para cubrir el servicio de la deuda en
2012, pero de forma extraordinaria", dijo recientemente la agencia de
rating S&P tras colocar la calificación de las finanzas valencianas
en el primer escalón de los "bonos basura" por su elevado perfil de
riesgo y falta de acceso a los mercados.
Con una nueva ley presupuestaria que otorga al Estado
la posibilidad de intervenir las finanzas regionales, la comunidad
gobernada desde hace diecisiete años por el conservador Partido Popular
cerró 2011 con un déficit fiscal del 3,68 por ciento del PIB y ostenta
el primer puesto en otro de los grandes problemas del país - las deudas a
empresas - al tener pendientes de pago casi 600.000 facturas por
importe superior a los 4.000 millones de euros.
Como en el resto del país, las deudas a proveedores
amenazan con estrangular, cuando no lo han hecho ya, a numerosas
pequeñas y medianas empresas, lo que ha llevado al Gobierno central a
salir ya en apoyo de las regiones al aprobar un plan de financiación
para el pago a proveedores con créditos preferentes por 35.000 millones
de euros.
"Con nuestros propios recursos y la operación del
Gobierno de España (para pagar a proveedores) estamos en condiciones de
tener un saneamiento total de nuestra economía y hacer frente a nuestras
obligaciones", explica Alfonso Grau, Teniente de Alcalde de
la ciudad de Valencia, cuyas deudas a finales del tercer trimestre de
2011 ascendían a 860 millones de euros.
Al igual que los dirigentes regionales, Grau se queja
del modelo de financiación del Estado, ahora gobernado por el mismo
partido político, pero sometido al yugo del opositor PSOE en los últimos
siete años.
"La Comunidad ha dejado de recibir 8.328 millones de
euros desde 2002 por los modelos de financiación", se queja la
Generalitat por boca de su consejero de Hacienda, José Manuel Vela, que
asegura que tomará "las medidas necesarias para cumplir con los niveles
de déficit que exigen el Estado y la UE".
Desde el Gobierno regional se han aplicado impopulares
medidas de austeridad fundamentalmente en las competencias transferidas
de educación y sanidad y se ha anunciado un brusco recorte de empresas y
empleo público mediante fusiones, cierres o privatizaciones.
Mientras evalúa las reformas sanitarias y educativas
promovidas por el Gobierno central, Valencia pretende extender el modelo
de privatización hospitalario tras invertir más de 383 millones de
euros en el nuevo Hospital Universitario de La Fe, una "miniciudad" con
260.000 metros cuadrados construidos que presume de situarse entre los
50 mejores centros sanitarios públicos europeos.
"No se puede asumir el coste de una ampliación del
Hospital de La Fe cuando la tendencia internacional no es hacia los
macrohospitales, sino hacia los hospitales de zona más gestionables",
afirma el abogado Vicente Peiró, que destaca la dificultad de gestionar
la gigantesca instalación.
Mientras, en educación, la región ha sufrido retrasos
de un año en los gastos de funcionamiento de los centros públicos en
2012 que han provocado puntuales casos de impago a proveedores, amenazas
de suspensión de servicios y multitudinarias manifestaciones y jornadas
de paro.
"Me resulta bastante difícil apelar al optimismo.
Estamos en un punto del túnel en el que no se ve la luz, así que no
sabemos si avanzamos, retrocedemos o siquiera nos movemos", explica
Vicent Baggetto, portavoz de la asociación de directores de centros
públicos en Valencia.
En el país que vio nacer el movimiento "indignado"
todavía está lejos la guerra callejera de Grecia, aunque las imágenes de
la dura represión policial en recientes manifestaciones de estudiantes
en Valencia ha hecho saltar la alarma a nivel nacional.
Pero mientras desde Madrid se advierte a las
comunidades de que a Hacienda no le temblará la mano si ha de intervenir
las finanzas regionales, en Valencia aseguran que están haciendo sus
deberes.
"No hace falta que nadie nos venga a intervenir",
señaló recientemente el consejero de Economía del Gobierno valenciano,
Máximo Buch, tras reiterar que reducirán su déficit hasta el 1,5 por
ciento del PIB y que afrontarán vencimientos de deuda y créditos sin
problemas con el apoyo del Estado.
Pero con los mercados de financiación cerrados y el
Gobierno ultimando una emisión de bonos avalados para financiar a las
regiones que cumplan sus objetivos, no son pocos quienes estiman que los
recortes no serán suficientes y que el pago de la deuda se puede ver
seriamente comprometido obligando al Estado a tomar la batuta.
"El deteriorado perfil de crédito individual de
Valencia sólo puede ser compatible con un rating en grado de inversión
si el apoyo extraordinario del Gobierno es explícito y transparente",
opina Standard & Poor's.
Peiró, que negocia en estos momentos los pagos
atrasados a las empresas que representa gracias al plan estatal pero
duda de cómo se financiarán los de este ejercicio, lo tiene claro:
"Estamos en las puertas de la intervención. O hay una gestora estatal
para sacarnos del atolladero o no salimos".
Con tres de los cuatro pilares industriales de la
región - calzado, textil y juguete - en estado mortecino, sólo la
industria regional de la cerámica resiste la crisis y la competencia de
otros mercados más baratos, mientras el sistema financiero local ha
quedado prácticamente sepultado por el exceso del ladrillo que dibuja el
perfil de localidades costeras como el "Manhattan español" de Benidorm.
La quiebra e intervención estatal de dos de las
entidades de crédito de la región, Caja de Ahorros del Mediterráneo
(CAM) y Banco de Valencia, que durante décadas alimentaron generosamente
las desmesuradas ansias de crecimiento, también ha contribuido
notablemente a las dificultades de financiación.
Las dos entidades, una de las cuales, la CAM, mereció
el calificativo de "lo peor de lo peor" por parte del gobernador del
Banco de España, mostraban un agujero patrimonial y de liquidez
inicialmente estimado en más de 8.000 millones de euros.
"Los bancos son un excelente reflejo de lo que ha
pasado en la región, las vinculaciones políticas y esa política del
pelotazo (...) una gestión demencial de los créditos que ha llevado a
financiar sin medir el riesgo, desde promotoras en quiebra a proyectos
nunca realizados", explica un director de sucursal de Bankia que no
quiere ser citado.
Aunque en términos cuantitativos la corrupción no puede
compararse con los millones de euros perdidos como consecuencia de una
mala gestión y el abandono del modelo productivo, sí ha agravado
notablemente la sensación de descontento.
"Ya no es que la crisis económica obligue a hacer
recortes, es que, además, nos están robando", explica el diputado de
Esquerra Unida. "Decían que todo era para poner Valencia en el mapa y
han conseguido eso, ponernos en el mapa, pero con la Formula Uno, la
corrupción, el derroche, como vergüenza de los valencianos".
Desde supuestos enriquecimientos ilícitos con la visita
del Papa a la detención del máximo responsable de proyectos de
Cooperación de la región, los escándalos han salpicado al Partido
Popular en el poder.
El que fuera presidente de la región valenciana durante
ocho años, Francisco Camps, tuvo que dimitir de su cargo el año pasado
aunque fue posteriormente absuelto de una acusación de cohecho en una
pieza de un proceso que, de rebote, propició una de las condenas más
discutidas de la historia de la democracia, con la inhabilitación del
juez Baltasar Garzón por escuchas ilegales en el caso Gürtel.
Entre los casos abiertos de mayor repercusión destaca
la investigación de casi una treintena de delitos en torno a Emarsa, la
empresa pública que gestionaba la depuradora de la ciudad de Valencia y
que supuestamente gastó cantidades millonarias en servicios nunca
prestados, regalos de lujo, comidas o "traductoras rumanas" que
acompañaban a políticos y empresarios en los viajes.
Pero quizás, por el ámbito en el que actúa, el mayor
reproche social se centra en las investigaciones contra el conocido como
fraude de cooperación, con varios detenidos por supuestos desvíos en
ayudas al desarrollo.
"Es el caso más emblemático, con una estructura para
robar el dinero a los niños pobres que es ya de una miseria moral
bestial", opina Luis Bellvís, economista y regidor de un establecimiento
hotelero en la capital valenciana.
Sin embargo, con un 48 por ciento de los votos en las
últimas elecciones, el Partido Popular cuenta todavía con un amplio
respaldo electoral tanto en la región como en los ayuntamientos y es
reconocido en la calle como el hacedor de esta Valencia moderna que
alberga edificios de estrellas arquitectónicas de la talla de Santiago
Calatrava, Norman Foster o David Chipperfield, aún a costa - dicen los
detractores - de una política inmobiliaria que ha llevado incluso a
sacrificar el barrio marinero histórico de "El Cabanyal".
