VALENCIA.- La exdirectora general de la CAM María
Dolores Amorós ha rechazado este lunes que con el que fuera presidente
de la entidad Modesto Crespo cerrara "acuerdo alguno en beneficio
propio" .
En este sentido, ha asegurado que su retribución "quedó
acordada por el consejo de administración, con informe favorable de la
comisión de retribuciones, en la sesión que acordó mi nombramiento sin
que yo lo conociera".
En concreto, ha puntualizado que su salario quedó fijado en lo
que hasta ese momento cobraba el director general y ha añadido que se
mantenía congelado desde el año 2008.
Amorós ha realizado estas declaraciones durante su
comparecencia en la comisión de investigación de la CAM en las Cortes
Valencianas, que trata de esclarecer el proceso que llevó a la
intervención de la caja alicantina por parte del Banco de España.
La exdirectora de la caja también ha señalado que en noviembre
de 2010 el presidente de la CAM, "facultado expresamente por el consejo
de administración", suscribió con ella un anexo a los contratos
firmados hasta el momento que por parte de Amorós suponía, según ha
dicho, "una renuncia a derechos que tenía válidamente reconocidos".
Respecto al pago por despido a miembros del comité de
dirección que se acogieron al Expediente de Regulación de Empleo (ERE),
ha aseverado que "fue calculado por los servicios técnicos y cerrado con
la comisión de retribuciones de la caja"
En otro momento de su intervención y en respuesta a preguntas
de los grupos parlamentarios, ha explicado que el Sistema Institucional
de Protección (SIP) constituido por la CAM, Cajastur, Caja Extremadura y
Caja Cantabria se rompió "por las consecuencias que los nuevos
requerimientos de capital fijados por Banco Base imponía".
A su juicio, "sostener que CAM manipuló y falseó resultados en
una situación de permanente fiscalización externa y delegación de
facultades a Banco Base resulta a todas luces inverosímil".
Durante su intervención, ha subrayado que ejerció la dirección
de la caja con el objetivo principal de "desarrollar la estrategia de
recapitalización", ya que era "la única vía posible para garantizar la
pervivencia de CAM y de su obra social", ha resaltado.
Así ha reiterado que se esforzó con toda su "capacidad" en
conseguir el objetivo de "llevar a buen puerto la estrategia de
recapitalización de la caja". Sin embargo, ha criticado que el 21 julio
de 2011 "se recibió de forma sorpresiva un escrito del Banco de España
comunicando por primera vez que no se daban los presupuestos para que
CAM pudiera proceder a reforzar sus recursos propios".
Además, ha indicado que en ese escrito también se informaba de
que la comisión ejecutiva del Banco de España había acordado dar un
plazo de diez días para que el consejo de administración de la CAM
presentara un plan de actuación que, en caso de no considerarse viable
por parte del Banco de España, podía llevar a la intervención.
El consejo de administración, por su parte, acordó no agotar
el plazo y "en un ejemplo de responsabilidad, siguiendo la recomendación
verbal del Banco de España, pidió la entrada inmediata de los nuevos
administradores con el fin no contribuir a desarticular la caja", ha
destacado.
Respecto a la sentencia que declaró procedente su despido y
rechazó la petición de diez millones de euros que Amorós solicitaba por
el mismo, la exdirectora general ha explicado que se encuentra recurrida
"por forma y por fondo". Al respecto, ha indicado que es
"contradictoria totalmente".
Amorós ha dicho que es titular de cerca de 10.000 cuotas
participativas. En otro orden de cosas, preguntada por si cree que
existen responsabilidades políticas de la situación de la CAM, ha
eludido contestar. "No creo que sea mi papel", ha dicho.
En cuanto al papel del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF),
ha señalado que sus funciones no son de supervisión, ya que éstas
"están delegadas en el Banco de España". En otro momento de su
comparecencia, ha hecho hincapié en el "orgullo" y la "satisfacción
personal" que tiene por "haber dirigido un grupo de grandes
profesionales que demostraron su entrega y compromiso con la caja".
Asimismo, ha destacado la "gran oportunidad" que ha supuesto
para ella hablar públicamente sobre la CAM en las Cortes Valencianas
"tras tantos meses de silencio por respeto a las autoridades
judiciales".
Preguntado por el parlamentario del grupo popular David Serra
sobre si le han llamado responsables de cualquier partido "dándole
instrucciones de las decisiones que tenía que tomar", Amorós ha
respondido: "nunca recibí presiones de ningún grupo político".
El diputado del PSPV, Ángel Luna, ha señalado que hay "un
montón de irregularidades personales", pero "en el fondo lo que hay es
una gravísima negligencia en la gestión de la CAM, de la cual usted --en
referencia a Amorós-- es corresponsable".
"Sus situaciones personales no han hundido la caja, pero han
servido para ver la catadura moral de las personas que estaban
dirigiéndola", ha denunciado Luna. Asimismo, la parlamentaria de
Compromís Mireia Mollà ha preguntado a Amorós por su sueldo y por qué
cargos le imputa el Banco de España y qué sanciones le corresponderían.
Por parte de EUPV, el diputado Lluís Torró, respecto a algunos
temas sobre los que Amorós ha dicho desconocer, ha criticado: "una cosa
es que usted no fuera directamente responsable, pero otra cosa es que
no sepa nada".
"La mano derecha no sabía lo que hacía la mano
izquierda", ha ironizado.
La exdirectora de la caja, en su última intervención, ha
expresado su deseo de que "ojalá esta comisión pueda esclarecer las
circunstancias, los efectos y las causas de por qué está intervenida la
caja".
López Abad sabe pero no contesta
El ex director general de la CAM Roberto López
Abad ha destacado este lunes que los niveles de "transparencia" de la
entidad han seguido estándares "muy altos" en comparación con el sector.
Asimismo, ha señalado que su exposición a riesgos inmobiliarios nunca
ha sido superior a la media de las cajas de ahorro española.
López Abad ha realizado estas declaraciones durante su
comparecencia en la comisión de investigación de la CAM en las Corts
Valencianes, donde ha hecho una primera intervención pero se ha negado a
responder a las preguntas de los grupos parlamentarios, por estar
sujeto a un expediente administrativo por parte del Banco de España y a
una "posible imputación" anta la Audiencia Nacional.
En su primera y única intervención, López Abad, licenciado en
Ciencias Económicas, ha explicado que la CAM ha sido la única empresa en
la que ha desarrollado toda su carrera profesional y en ella ha ocupado
"prácticamente todos los puestos de responsabilidad que en una entidad
financiera como ésta se pueden ocupar".
Asimismo, ha subrayado que el esquema de toma de decisiones estaba
"perfectamente estructurado" y que "el nivel de transparencia de la
entidad ha seguido estándares muy altos en comparación con el sector".
En este sentido, ha asegurado que el esquema de comportamiento de la
caja ha sido "altamente positivo"
Además, ha destacado que existían en la caja "todos los órganos
que están previstos en la ley", así como comisiones delegadas del
consejo de administración para cada uno de los territorios "históricos"
de la caja, como son Alicante, Murcia y Valencia.
Del mismo modo, ha destacado que la entidad "siempre ha contado
con el asesoramiento y el apoyo de las primeras firmas nacionales e
internacionales en las materias correspondientes".
López Abad también se ha referido a las cuotas participativas y ha
destacado que esta emisión en la CAM ha sido de carácter "pionero". "Se
ajustó en todo momento a las exigencias impuestas por la normativa
creada especialmente para este tipo de productos", ha asegurado.
En cuanto a la obra social, ha destacado que Caja Mediterráneo,
por filosofía corporativa, "ha mantenido una implicación total en
actividades municipales y ciudadanas, en todas las inquietudes sociales,
culturales, medioambientales, deportivas, de vecinos, en todos los
territorios en los que ha tenido presencia, pero especialmente en los
territorios históricos que le han dado su razón de ser".
Por su parte, el parlamentario del PP David Serra ha expresado su
"insatisfacción" por la negativa de López Abad de responder a las
preguntas de los diputados. "Se van a quedar muchas cuestiones sobre la
mesa", ha lamentado.
Asimismo, el diputado socialista Ángel Luna, quien ha criticado
que López Abad se haya negado a seguir la comparecencia , ha indicado
que en 2010 "se falsearon las cuentas de la caja y los auditores han
admitido que se engaña", por lo que ha preguntado quien es "el
responsable del engaño".
Luna también le ha preguntado "cómo accedió a la prejubilación si
no estaba en el ERE pactado" y por la ruptura del Sistema Institucional
de Protección (SIP) constituido por la CAM, Cajastur, Caja Extremadura y
Caja Cantabria.
La parlamentaria de Compromís Mireia Mollà, por su parte, ha
considerado que teniendo en cuenta que la CAM ha sido una "pieza
fundamental" en el desarrollo económico valenciano y atendiendo al
"agravamiento que se ha producido a miles y miles de personas que tienen
un interrogante sobre su ahorros", López Abad "debería utilizar la casa
de los valencianos para responder a las incógnitas".
Por parte de EUPV, el diputado Lluís Torró ha señalado que lamenta
"muchísimo" la negativa de López Abad a responde a las preguntas porque
"estamos ante un procedimiento que no tienen ningún carácter judicial
ni mucho menos".
"Aquí estamos simplemente para recabar información para
intentar entender qué es lo que ha pasado en la CAM", ha señalado.
El presidente de la comisión, Rafael Maluenda, ha instado al ex
director general de la CAM a "reconsiderar su postura" de no continuar
su comparecencia, y ha advertido de que la comisión "se reserva el
derecho a elevar a instancias superiores su decisión".
López Abad se ha ratificado en su negativa a responder las
preguntas y ha asegurado que comparecerá cuando finalicen los procesos
judiciales porque "no hay nada que me apetezca más que aclarar muchas de
las cuestiones que se han planteado aquí": "No son fáciles de
contestar, pero tienen contestación y algunas opinión", ha manifestado.
Por su parte, Luna ha solicitado que la comisión considerara la
posibilidad de pedir al letrado la elaboración de un informe jurídico
para determinar si conviene dar cuenta al fiscal de la negativa de
algunos comparecientes de no responder a los grupos parlamentarios.
Los otros dos grupos de la oposición --Compromís y EUPV-- han
secundado la propuesta del diputado del PSPV, mientras que la
Presidencia de la comisión y el grupo popular han decidido que la
decisión de pedir o no un informe al respecto se adopte el próximo
lunes, antes deque comiencen las comparecencias de la comisión.
Daniel Gil Mallebrera, también mudo
López Abad no ha sido el único que se ha negado a responder a las
preguntas de los diputados. Este mismo lunes, el exmiembro del consejo
de dirección de la CAM Daniel Gil Mallebrera --imputado por el juez que investiga
las supuestas ilegalidades en el diseño del Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) de Alicante relacionadas con el 'caso Brugal'-- ha acudido
a la comisión de investigación de la CAM, pero ha alegado tener
"derecho a no declarar" para que no le genere "perjuicio" en el
procedimiento judicial.
Gil ha comenzado su intervención expresando su "mejor predisposición
personal a colaborar" con esta comisión de investigación. No obstante,
ha eludido comparecer para evitar que sus contestaciones "se tergiversen
o se interpreten de forma distinta" y ello le genere "perjuicio". Sin
embargo, ha dicho que "una vez desparecida dicha situación --en relación
a su imputación-- comparecerá "con mucho gusto".
Por su parte, el parlamentario del PSPV Ángel Luna ha señalado que
se esperaba alguna "estratagema" porque, a su juicio, "es evidente que
usted tiene mucho que ocultar en lo que ha pasado en la CAM". Asimismo,
ha señalado que no existe "ninguna posibilidad de de tergiversar ni
de malinterpretar nada", y ha destacado que las Corts no son "un
tribunal" y, por tanto, "aquí no le ampara su derecho a no declarar".
Luna ha preguntado a Gil "desde cuándo y hasta cuándo" fue miembro
del comité de dirección de la caja. Asimismo, ha destacado que TIC
Tenedora de Inversiones y Participaciones se creó en 2003 "a propuesta
suya y le ocasiona a la caja unas perdidas de 1.011 millones de euros".
El diputado socialista ha preguntado a Daniel Gil si recibió
"sugerencias sobre inversiones, créditos por parte de miembros de
administraciones públicas como la Generalitat valenciana o el Gobierno
regional de Murcia".
La diputada de Compromís Mireia Mollà ha hecho hincapié en que
como directivo de la entidad debe "dar alguna explicaciones sobre la
caída de una de las entidades financieras más importantes" de la
Comunitat Valenciana "sobre todo teniendo en cuenta que esta caída ha
atrapado a miles y miles de familias".
"Qué usted explique qué ha pasado para que esta entidad terminara
intervenida por el Banco de España no le supone ningún grave perjuicio
ante los procesos abiertos judicialmente", ha señalado Mollà, quien le
ha preguntado que "posicionamiento" mantuvo en la entidad "ante los
requerimientos del Banco de España".
El parlamentario de EUPV Lluís Torró ha señalado que entiende que
no quiera hacer declaraciones por su implicación judicial, pero ha
destacado la importancia que tendría que Gil explicara "determinadas
cuestiones".
Por su parte, el diputado del PP David Serra ha preguntado a Gil
sobre las retribuciones de directivos y los productos tóxicos, entre
otras cuestiones. Además, ha expresado su "indignación por no poder
saber ni conocer en profundidad todo lo que usted podría contar en esta
comparecencia".
En su segunda intervención, Daniel Gil, que fue director general
de Inversiones Inmobiliarias de CAM, ha insistido en no contestar por su
situación judicial. "En este momento yo quiero que se resuelvan los
problemas judiciales, cuanto esto ocurra, estaré encantado de volver a
esta comisión", ha subrayado.
David Serra ha subrayado que desde el grupo parlamentario popular
"no vamos a cejar en nuestro empeño en que usted comparezca y dé
explicaciones pertinentes".
Luna ha advertido a Gil de que si se niega a contestar las
preguntas sobre la caja por su situación judicial, "está vinculando a la
caja con un procedimiento penal y está extendiendo la sombra de duda,
de sospecha de ese procedimiento penal sobre el conjunto de actividades
de la caja".
Mollà, por su parte, ha incidido en que desde Compromís no están
"dispuestos a permitir que esta comisión de investigación quede sujeta
al calendario judicial de las personas que tienen que venir a dar
explicaciones". Asimismo, Lluís Torró ha indicado: "aquí no venimos a
juzgar, sino a obtener información".
