VALENCIA.- El exconseller socialista, exportavoz del PSPV
en Caja Mediterráneo (CAM) y después consejero por el grupo de
impositores, Martín Sevilla, ha defendido este lunes la "veracidad" de
las actas de sesiones del consejo de administración y, en concreto, ha
asegurado que en la reunión del 21 de diciembre de 2010 "se leyó" el
requerimiento del Banco de España que alertaba de la situación de la
caja, aunque ha cuestionado su comportamiento con la caja.
Así lo ha señalado durante su comparecencia en las Corts ante la
comisión de investigación sobre el proceso que ha llevado a la
intervención de la CAM por parte del Banco de España, en la que ha
recalcado que "las actas recogen exactamente lo que se trató en los
consejos de administración" y que ese aviso del organismo supervisor
estatal "se leyó" y que, de hecho, él prestó "mucha atención" a esa
cuestión. Además, habitualmente leía las "actas" y "preactas".
Con cerca de nueve años como diputado autonómico a sus espaldas y
trece como consejero de CAM -primero en representación de la Generalitat
y luego de los impositores--, el catedrático de Política Económica de
la Universidad de Alicante asegura haber "luchado" todo lo que ha podido
como consejero. "Me duele la entidad", ha confesado.
Sobre la figura de los asamblearios, ha indicado que a los
elegidos por sorteo "se les exige sentido común" mientras que el resto
"de alguna forma son nombrados con vinculaciones políticas, y que el
consejo de administración "es una deriva de esto". Además, ha asegurado
que "es absolutamente falso que alguien tomase decisiones fuera de los
órganos estatutarios", en alusión a los supuestos "preconsejos" a los
que aluden otros exconsejeros.
El socialista Ángel Luna le ha reprochado que asegure que la CAM
cometió "los mismos errores que el resto" de entidades pese a las
múltiples escritos recibidos por parte del Banco de España, a lo que
Sevilla ha replicado que todas las operaciones llegaban al consejo "con
informes positivos" y que la entidad "ha estado funcionando con esos
informes" del organismo supervisor y "ha estado corrigiendo decisiones"
en función de sus indicaciones.
Además, ha recalcado que los consejeros "no eran gestores
directos, sino administradores" y que los directivos, que tenían
"múltiples contactos" con el Banco de España, les aseguraron que "todas
las indicaciones se tenían en cuenta para hacer las modificaciones
consiguientes".
En cuanto a la afirmación del 'popular' David Serra de que la CAM
se quedó "compuesta y sin novio" tras los distintos "cortejos"
protagonizados y los "comentarios y acciones por parte del Banco de
España que poco ayudaron a la tranquilidad y estabilidad de la entidad",
el exconseller socialista ha cuestionado la "valoración subjetiva" que
realizó sobre los. Es más, asegura que todavía no acepta "esa valoración
cero de la CAM" y subraya que en mayo les conminó "a firmar el SIP como
un matrimonio irreversible", pero permitió que se rompiera.
Sevilla ha cuestionado la actuación del Banco de España en este
proceso y asegura que no podía entender su "comportamiento", por lo que
pidió entrevistarse con sus responsables "por todos los mecanismos a su
disposición", pero no lo logró. Es más, ha aseverado que una semana
después de la intervención de la entidad, solicitó "los informes de la
inspección y todas las actas para presentar un posible recurso", pero le
negaron esa información.
"No está claro lo que ha dicho el Banco de España y están abiertas
todas las vías para presentar los recursos posibles y habrá que
demostrarlo", ha sentenciado el exconsejero, que considera que dicho
organismo "no tenía ninguna confianza en estos gestores" y, en este
sentido, ha resaltado que, al día siguiente de su marcha, "llegaron
3.000 millones de euros".
Sevilla asegura que no creía que fueran a intervenir la CAM porque
"una semana antes el Banco de España dijo que todas las entidades
habían superado el test de estrés" y, además, no recibieron "ninguna
notificación para corregir el plan de recapitalizacion" y "la auditoría
dijo que se habían cumplido los requerimientos". "Como consejero de
base, la información que me llega es que las cuentas están en buen
estado y podemos salir adelante", ha concluido.
En la primera comparecencia vespertina, el también exconsejero por
el grupo de impositores José Rovira Garcés ha detallado la "guerra
tremenda de oposición" en solitario que llevó a cabo en la asamblea, en
el consejo y en la comisión ejecutiva por su "veteranía empresarial",
hasta llegar a "aburrir" con sus "protestas".
Rovira, empresario de 71 años del sector del mueble, denunció las
condiciones crediticias ofertadas a grandes empresas como Martinsa
Fadesa, con la que ha "perdido 350 millones de los que recuperará un 10 o
un 20 por ciento", Llanera, Muebles Auxiliares Faus o "Polaris, donde
se dieron préstamos diciendo que el 98 de las viviendas estaban vendidas
y tampoco era cierto".
También se opuso enérgicamente a las prejubilaciones ofertadas "a
partir de 54 años con un promedio de 300.000 euros por persona", al
considerar que suponía "saquear" la caja, y al nombramiento de María
Dolores Amorós como directora general de CAM dado que, a su juicio, "no
era la persona idónea para el cargo". De hecho, asegura que fue el único
que votó en contra de ambos temas, pese a la unanimidad que recoge el
acta de la elección de Amorós.
Sobre la gestión de ésta, critica que "no llevaba las cosas como
tocaba" y que, para seguirla, "el consejo necesitaba una rapidez mental
tremenda", por lo que llegaron a celebrar un "preconsejo" para acordar
su destitución. "No era un trabajo claro", ha zanjado.
Al Banco de España, le reprocha la "barbaridad" de "regalar la CAM
por un euro" al Banco Sabadell, los fallos en sus labores de inspección
e incluso el daño que ha causado a su imagen con el expediente abierto
contra los exconsejeros, por el que le exige 200.000 euros anuales.
Reivindica asimismo que "no es ninguna moda culpar a los
directivos" y que los consejeros no pueden "estar haciendo asientos y
revisando contabilidad". "No es nuestro trabajo, en términos generales
debemos dar nuestras opiniones y nada más", ha recalcado.
Rovira reconoce que desconocían cuestiones como las retribuciones
de los directivos puesto que la comisión competente "nunca ha hablado de
dinero".
"Nunca hemos sabido lo que hacían", ha admitido. Es más,
sostiene que les "ocultaban" las "situaciones graves" para hacer que
salieran "contentos de cada reunión". "Se nos daba información falsa",
ha denunciado.
