lunes, 8 de octubre de 2012

ATA denunciará a las administraciones que se retrasen en pago a proveedores

MADRID.- La Federación de Autónomos (ATA) ha anunciado que denunciará a las administraciones públicas que se retrasen más de 30 días en los pagos a proveedores a partir del próximo 20 de marzo, día en que entra en vigor la directiva europea de morosidad, que obliga a los entes públicos a pagar sus facturas en ese periodo de tiempo.

   Durante la presentación del 'Barómetro sobre la situación de los autónomos y expectativas 2012', realizado por el Observatorio del Trabajo Autónomo, el presidente de la federación, Lorenzo Amor, ha afirmado que la asociación denunciará los posibles impagos, "pues si un autónomo se retrasa 24 horas con el pago de las cotizaciones sociales, le recargan un 20%, y si los demás se retrasan, no pasa nada".
   Según Amor, hay una "diferente vara de medir" para los trabajadores por cuenta propia y el resto de empresas y corporaciones, "y eso es algo inasumible".
   El barómetro revela que cinco de cada diez autónomos (55,3%) tarda más de seis meses en cobrar sus facturas. De entre ellos, el 24,1% tiene que esperar más de 361 días, "es decir, más de un año". Solo uno de cada diez trabajadores por cuenta propia espera un plazo de entre 60 y 90 días para poder cobrar.
   A pesar de que para el presidente de ATA el Plan de Pago a Proveedores que entró en vigor el pasado mes de junio "es una de las medidas más importantes que se han tomado desde el inicio de la crisis", la morosidad sigue creciendo. En concreto, el colectivo cifra en más de 5.000 millones de euros la cantidad que ya se le adeuda.
   "No entiendo por qué una Administración tarda de media 160 días en pagar sus facturas y que a un autónomo se le penalice por retrasarse un solo día", ha insistido Amor, quien ha destacado que País Vasco, Navarra, La Rioja y Galicia cumplen la ley de morosidad, "y si estas comunidades pueden, el resto también".
   "Ya está bien de cargar sobre los ciudadanos los problemas de gestión de otros", ha clamado el presidente de ATA, quien ha asegurado que la federación va a ejercer su derecho a denunciar, "tal y como le ha animado el comisario europeo de Industria y Emprendedores, Antonio Tajani".
   Casi nueve de cada diez de los encuestados (89,7%) por el Observatorio del Trabajo Autónomo no ve posible contratar nuevos trabajadores en lo que queda de año. El motivo principal para casi la mitad (45,6%) reside en la caída de la actividad.
   Además, el 87,3% de los emprendedores tiene la sensación de que el paro seguirá aumentando en 2012, frente a un 5,4% que cree que las cifras de desempleo se empezarán a reducir este año.
   El presidente de ATA ha resaltado que el pesimismo ha crecido entre los autónomos desde el último barómetro del mes de mayo, "ya que la situación sigue siendo bastante compleja". De hecho, tres de cada cuatro trabajadores (77,6%) manifiesta que la actividad económica de su negocio es negativa y un 65,9% cree que la situación irá a peor.
   En cuanto a la financiación, "otro de los principales problemas del colectivo", el 61,4% reconoce necesitar financiación para su negocio, mientras que el 30,9% no ve necesario apoyo financiero. Sin embargo, de los autónomos que admite necesitar esa ayuda de los bancos, el 65,5% no se ha dirigido a las entidades financieras para solicitar liquidez.
   De los que sí lo han hecho (33,8%), a casi la mitad (46,4%) le han denegado la financiación, al 23,5% sí se la han concedido, pero por un importe inferior al solicitado, y únicamente el 27,6% "la ha obtenido sin cortapisas".
   "A pesar de todo y conscientes de la difícil situación por la que atraviesa la economía, la mayoría (60,2%) del colectivo ha decidido no repercutir el aumento del IVA en sus productos y servicios", ha aseverado el presidente de ATA, quien ha especificado que el 42,6% ha asegurado que no lo hará nunca, mientras que el 17,6% lo hará a partir del 1 de enero de 2013.
   Para siete de cada diez autónomos (71,5%), las subidas del IVA y del IRPF "no son las medidas más indicadas para salir de la recesión". No obstante, la reforma laboral está vista "con muy buenos ojos" por el colectivo, ya que el 78,6% la apoya.
   Asimismo, la reducción de las cotizaciones a las nuevas altas de familiares colaboradores es la segunda medida mejor valorada, con un 68% de aceptación entre el colectivo.
   Sin embargo, Lorenzo Amor ha advertido de que "seguir apretando la llave de la economía, que son los autónomos, asfixiará más a este país". El presidente de la federación ha subrayado que el colectivo no pide que le regalen nada, "sino que no le pongan trabas a la hora de generar empleo".

Según Beteta, las CCAA aumentaron sus funcionarios en casi 9.600 personas este año

MADRID.- El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha asegurado este lunes que las comunidades autónomas han aumentado sus plantillas a lo largo de 2012 en casi 9.600 personas, mientras el Estado y los ayuntamientos reducían el número de sus trabajadores.

   Así lo ha explicado durante su intervención ante la Comisión de Presupuestos del Congreso para informar sobre las cuentas de su departamento previstas para 2013, que una vez más son "austeros por necesidad y por la convicción de que la salida de la crisis pasa inevitablemente por la reducción del déficit público y el cumplimiento de los objetivos comprometidos".
   Por eso, la tasa de reposición se fijó en cero de forma general para este ejercicio --con excepciones en algunos departamentos, donde se aceptó un 10% máximo--. Pese a esta medida, "el empleo público sigue creciendo en las administraciones públicas", que actualmente suman 2.685.837 empleados.
   De hecho, entre enero de 2011 y enero de 2012 la plantilla pública se incrementó un 0,09% (+2.467 trabajadores) como consecuencia del incremento en 9.598 personas (+0,72%) de las plantillas autonómicas. Frente a ese comportamiento, se ha reducido tanto el número de trabajadores de la Administración General del Estado (-11.000 trabajadores, -1,85%) como de las haciendas locales (-50.000 personas, -7,76%).
   En 2013, la tasa de reposición se mantiene congelada en el 0% excepto para algunos servicios como la Acción Exterior del Estado, la Seguridad Social, la Intervención General o la Agencia Tributaria (AEAT).
   En este contexto se enmarcan las medidas adoptadas, que "duelen" y que "no se hubieran tomado si hubiera habido alternativa", según ha dicho Beteta, citando decisiones como la asignación de los recursos, la congelación de las ofertas de empleo público, la congelación de los salarios, la postergación de la paga extraordinaria de Navidad o los cambios en la negociación colectiva.
   "En julio tomamos medidas no sólo para ahorrar, sino también para racionalizar el empleo público equiparándolo con el resto de trabajadores en esas condiciones de forma general", ha explicado, reclamando a renglón seguido el "máximo apoyo de los empleados públicos" para poder lograr los objetivos de 2013.
   En cualquier caso, Beteta ha apuntado que, tras el "esfuerzo" que ya se ha exigido al colectivo de empleados públicos este año, en 2013 se "garantizan las pagas extraordinarias", aunque sus sueldos se vuelven a congelar.
   De esta manera, el gasto en personal activo cae un 3,8%, si bien el dato queda en un +1,2% si se tiene en cuenta el aumento del 8,9% previsto en las clases pasivas.
   Por último, Beteta ha afirmado que estas constricciones presupuestarias no son óbice para que el objetivo fundamental de su departamento sea la "modernización" de la función pública a través fundamentalmente de dos reformas en las que ya trabaja el Gobierno: la Ley de la Función Pública y el Estatuto del Directivo Público.
   "Estos proyectos de ley engarzarán con un futuro modelo más dinámico, sin descuidar el acerbo acumulado y que cerrarán el círculo del marco jurídico para la función pública. Y procuraremos que sean fruto del consenso parlamentario y sindical", ha afirmado.
   Por último, el secretario de Estado ha recordado que "el futuro se está escribiendo ahora" y que "el compromiso con la reducción (del gasto) y la modernización, las menores cargas administrativas y el incremento de la administración electrónica son imprescindibles para este objetivo". "Necesitamos volver a creer en nosotros y en nuestras posibilidades. Podemos vencer a la crisis y lo vamos a hacer", ha zanjado Beteta.

Cuatro de cada diez españoles apuestan por revertir el Estado autonómico

MADRID.- Cuatro de cada diez españoles son partidarios de revertir el Estado autonómico, bien suprimiendo directamente las comunidades autónomas o reduciendo su nivel de autonomía, según revela el Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de septiembre hecho público este lunes. 

   La encuesta se basa en 2.472 entrevistas realizadas en 236 municipios de 47 provincias entre los días 3 y 11 de septiembre, en vísperas de la manifestación soberanista de la Diada de Cataluña.
   El CIS ha incluido en este estudio una pregunta específica sobre el modelo de Estado que pone de manifiesto que casi el 30 por ciento de los entrevistados considera que no deberían introducirse cambios en el sistema autonómico.
   Pero también recoge que el 24,5 por ciento de los españoles defiende "un único Gobierno central sin autonomías" y que, además,  hay un 14,5 por ciento que apuesta por que las comunidades "tengan menor autonomía que en la actualidad".
   En el otro extremo se sitúa un 18 por ciento de los entrevistados. Estos se reparten casi a partes iguales entre el 9,1 por ciento que plantea la conveniencia de dotar de mayor autonomía a los distintos territorios y el 8,9 por ciento que reivindica un Estado en el que se reconozca a las comunidades autónomas la "posibilidad de convertirse en Estados independientes".

domingo, 7 de octubre de 2012

Compromís pide una modificación de la ley que regula los indultos para que no se pueda aplicar a delitos de corrupción

VALENCIA.- La coalición Compromís ha presentado una batería de iniciativas parlamentarias tanto en el Congreso como en las Corts para exigir una modificación de la ley que regula los indultos de tal modo que estos no se puedan aplicar a los delitos de corrupción.

   La propuesta ha sido presentada por el diputado en la Cámara baja, Joan Baldoví, y por la portavoz adjunta de Compromís en las Corts, Mónica Oltra. Para la parlamentaria, el indulto, "que es una figura de carácter excepcional, está siendo utilizada por parte de los sucesivos gobiernos, pero especialmente por el del PP, como una manera de saltarse a la torera lo que han dicho los tribunales, lo que supone un ataque a la separación de poderes".
   "El indulto no puede ser utilizado para que un partido en el poder indulte a sus propios cargos públicos que han sido condenados, cargándose la separación de poderes, porque quien aplica la ley son jueces y tribunales y el indulto debe ser una medida para casos muy excepcionales y no un instrumento para que los políticos se indulten entre sí", ha advertido Oltra.
   Por ello, Compromís propone modificar esta ley para que establezca la imposibilidad de indultar a las personas condenadas por delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación o cualquier otro contra la hacienda y Administración pública, "impidiendo así que los partidos políticos indulten a los corruptos condenados de sus propias filas, como está ocurriendo en la actualidad".
   Asimismo, la coalición considera necesario exigir que se incluya en la tramitación de los indultos "una extensa motivación de cada uno de ellos para evitar la arbitrariedad y aplicar así la necesaria transparencia que habría de regir en estos procesos en los que el poder ejecutivo interfiere en las decisiones del poder judicial".
   La formación recuerda que en España el indulto está regulado por una ley de 1870, cuya última modificación se produjo en el año 1988. Así, dado el tiempo transcurrido y que se trata de una norma de frecuente uso por todos los gobiernos, Compromís considera "conveniente su actualización a los tiempos actuales y a las demandas ciudadanas".
   Compromís explica tanto en la Proposición de Ley en el Congreso, como en la Proposición No de Ley (PNL) registrada en el Parlamento valenciano, que el indulto "es una causa de extinción de la responsabilidad penal que supone el perdón de la pena" mientras que la amnistía "supone el perdón del delito, ya que por el indulto la persona sigue siendo culpable, pero se le ha perdonado el cumplimiento de la pena".

El PSPV critica que Fabra pretendiera "ocultar información" a los valencianos sobre los gastos de Ciudad de la Luz

VALENCIA.- La portavoz de Grandes Eventos del grupo socialista en las Corts, Eva Martínez, ha denunciado que el Consell de Alberto Fabra "pretendía ocultar información" sobre los gastos de la Ciudad de la Luz de Alicante a los valencianos. A su juicio, estos "engaños" a Europa son "una muestra de la política de mentiras del PP y del Consell".

   Así se ha pronunciado la socialista en un comunicado tras las informaciones publicadas en los medios, que apuntan a que el Consell pidió a la Comisión Europea que ocultara gastos de este complejo. Ante la "gravedad" de los hechos, Martínez ha reclamado la comparecencia de la consellera de Turismo, Cultura y Deporte, Lola Johnson, para "dar explicaciones inmediatas".
   De hecho, ha anunciado que el próximo lunes presentará una batería de iniciativas parlamentarias para "exigir responsabilidades al Gobierno de Fabra". La socialista ha resaltado que este caso "ejemplifica con claridad cómo actúa el gobierno del PP de Fabra, engañando y ocultando la realidad no sólo a la Unión Europea, sino a todos los valencianos".
   Asimismo, se ha preguntado "qué intenciones tenía Fabra al intentar ocultar a los valencianos que el proyecto de Ciudad de la Luz era tan ruinoso desde su inicio que ningún inversor hubiera dado ningún crédito al proyecto" o por qué quería "ocultar a los valencianos que había un riesgo muy alto al invertir en el proyecto, ya que el emplazamiento en Alicante no era el adecuado porque carecía de industria cinematográfica en la provincia".
   La socialista considera, por tanto, que "quedan muchas preguntas por responder", también sobre "por qué Fabra quería ocultar a los valencianos un nuevo engaño contable, contabilizando como ampliación de capital 9,8 millones de euros, cuando los terrenos donde se ubican las instalaciones tienen un valor de 1 millón de euros".
   "No querían que los valencianos conocieran que, según un estudio independiente elaborado por la comisión europea, hubiera sido mucho más rentable invertir en bolsa que en este complejo", ha agregado.
   Ha recordado que los socialistas denunciaron en reiteradas ocasiones que la Ciudad de la Luz era "una estafa empresarial y un negocio ruinoso para los valencianos", en el que se han "enterrado cientos de millones". Además, ha agregado que "es un auténtico escándalo que además la Generalitat se atreva a pedir a la Comisión Europea que declare confidenciales determinadas informaciones y oculte importantes apartados de la Resolución Europea en la que se acuerda devolver las ayudas ilegales recibidas en este proyecto".
   "Afortunadamente, la administración europea no es opaca como el gobierno valenciano y solo ha aceptado la confidencialidad de un apartado", ha resaltado la socialista, que ha insistido en que los valencianos tienen derecho a saber "cómo piensa la Generalitat cumplir con esta resolución y recuperar el dinero" invertido.

EUPV pide derogar el Estatuto de Expresidentes de la Generalitat por sus "privilegios injustificables"

VALENCIA.- EUPV presentará una iniciativa parlamentaria para derogar la Ley 6/2002 de Estatuto de los Expresidentes de la Generalitat, pactada en su momento por PP y PSOE, al considerar la formación que establece "privilegios injustificables desde un punto de vista democrático".

   Así lo ha anunciado el portavoz adjunto de EUPV en las Corts, Ignacio Blanco, quien ha defendido que "cuando alguien deja de ocupar un cargo público, por importante que este sea, pasa a ser un ciudadano más y no tiene sentido que mantenga privilegios de ninguna clase".
   El diputado ha recordado que su grupo ya presentó una propuesta de derogación de esa norma hace un año, en forma de enmienda a la Ley de acompañamiento de los Presupuestos de 2012, que fue rechazada con los votos de PP y PSOE.
   No obstante, EUPV va a insistir y presentará una proposición de ley para que se celebre en las Corts un "debate específico sobre las prebendas de los expresidentes, que en el actual momento de crisis económica son aún más injustificables". "¿Con qué cara puede el Consell mantener esos privilegios mientras aplica tantos recortes sociales y despide a miles de trabajadores del sector público?", se ha preguntado Blanco.
   El portavoz adjunto de EUPV ha explicado que según esta ley, los expresidentes de la Generalitat pueden disponer de una oficina de apoyo con un local y dotación presupuestaria para su funcionamiento ordinario, dos puestos de trabajo eventuales con funciones de asesoramiento y una plaza de conductor, con un automóvil del parque móvil de la Generalitat a su disposición. Asimismo, el Consell dota también a los expresidentes de los servicios de seguridad "que se consideren necesarios" y éstos pueden formar parte del Consell Jurídic Consultiu como miembros natos.
   Hasta el momento, ha detallado Blanco, "Francisco Camps es el que ha hecho uso de todo el pack, mientras que Olivas prefiere disfrutar ahora de su status como presidente de Bancaja" y Eduardo Zaplana "dispone en Madrid de un servicio de escoltas pagado por la Generalitat, lo que debe costarnos a todos los valencianos un buen pico".
   Así, ha justificado la necesidad de derogar el Estatuto y ha concluido: "si quieren asesores, conductores y escoltas, que se los paguen ellos".

La Cimera Social reúne en Valencia a más de un millar de personas contra unos PGE que llevan al país "a la ruina"

VALENCIA.- La Cimera Social ha reunido este domingo en Valencia a más de un millar de personas que han mostrado su rechazo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2013, que suponen "una auténtica ruina" para el país, y han reclamado al Gobierno un referéndum para legitimar su política económica.

   La concentración se ha iniciado a mediodía en la Plaza de la Virgen y ha contado con la presencia de los secretarios generales de los sindicatos UGT-PV y CCOO-PV, Conrado Hernández y Paco Molina, quienes han expresado el malestar de la sociedad ante unas cuentas que, para el representante de CCOO, "van a profundizar en la desigualdad y en la injusticia".
   Los asistentes a esta convocatoria, enmarcada en la Jornada Mundial por el Trabajo Decente y bajo el lema 'Juventud sin empleo, sociedad sin futuro', han coreado consignas como 'obreros y estudiantes unidos y adelante' o'contra el abuso y la precariedad, huelga general'.
   En declaraciones a los medios, Conrado Hernández ha justificado la concentración como señal de protesta ante unos presupuestos "que recortan en inversión, en trabajadores públicos, las prestaciones por desempleo y también las pensiones", llevando al país a la recesión.
   Por ello, ha exigido al Gobierno de Mariano Rajoy un referéndum para que todos los ciudadanos puedan manifestar su acuerdo con las medidas tomadas, "ya que dice que la mayoría de señoras y señores de este país está con ellos".
   Paco Molina, por su parte, ha pedido al Ejecutivo que "se dé cuenta de lo que pide la mayoría silenciosa" del país y ha criticado que el proyecto de presupuestos "no nos conviene para superar esta situación y en lo social es totalmente insostenible".
   Así, ha reclamado también un referéndum para legitimar las propuestas económicas del Gobierno, que no representa en su opinión "ninguna mayoría absoluta por haber aplicado un programa absolutamente diferente al que presentó".
   En clave autonómica, el líder sindical ha criticado que el jefe del Consell, Alberto Fabra, es "un presidente incapaz, ausente, que no gobierna los intereses de los valencianos" y le ha recriminado que diga que "lo más importante es el consenso cuando su pueblo se está ahogando".
   En el manifiesto leído durante la concentración, los convocantes han denunciado la situación de 75 millones de jóvenes de todo el mundo que se encuentran en estos momentos sin trabajo, mientras "otros millones están atrapados en un trabajo informal o precario".
   Han recordado que en España la tasa de paro entre los jóvenes de 20 a 24 años roza el 50 por ciento y muchos de ellos deben emigrar a otros países para encontrar trabajo. A su juicio, las políticas del Gobierno sólo "desregulan el mercado de trabajo" y no ofrecen una solución a este problema.
   Por ello, los sindicatos CCOO, UGT y USO han instado a luchar para conseguir que el trabajo decente "esté en el centro de las acciones de los Gobiernos para recuperar el crecimiento económico y construir una nueva economía global que ponga a las personas en primer término".

Compromís dice que Ciudad de la Luz es la imagen de un Gobierno "que trata de esconder sus vergüenzas"

ALICANTE.- La diputada de Compromís en las Corts Mireia Mollà ha asegurado este domingo que los estudios cinematrográficos de la Ciudad de la Luz son "un buen ejemplo de lo que es el Gobierno autonómico del PP, que trata de esconder sus vergüenzas y toda la nefasta gestión que ha llevado a cabo durante los últimos años, pero al que ya no le queda nada a que agarrarse".

   En un comunicado, Mollà se ha pronunciado así tras las informaciones publicadas en los medios, que apuntan a que el Consell pidió a la Comisión Europea que ocultara gastos de este complejo. Al respecto, ha calificado como "lamentable" esta pretensión de la Generalitat, que perseguía "que los ciudadanos no se enteraran del agujero negro en que el PP ha convertido los que iban a ser los primeros estudios de cine en Europa".
   La diputada ha señalado que "a pesar de los intentos de la Generalitat, todo el mundo sabe que Ciudad de la Luz costó el triple de lo que se había calculado, hasta 274 millones de euros, que no se ha cumplido ninguna previsión de beneficios, que ni siquiera se ha llegado al mínimo de grandes producciones que se calculaban, que se ha pagado para que se rodara en los estudios y que estos han servido sólo por colocar afines al PP sin seguir ningún criterio profesional".
   Mollà ha recordado también que "todo este conjunto de políticas ruinosas y de derroche" van a costar a los ciudadanos 265 millones de euros, además de lo que ya se ha pagado por el complejo, después de que la Comisión Europea haya dictaminado que las ayudas públicas concedidas por el Consell a los estudios son ilegales y las tiene que devolver.
   "El Gobierno de Fabra ya no tiene más maneras de tapar su quiebra y la de sus predecesores, una realidad que desde Compromís llevamos muchos años denunciando y sobre la que el PP tendrá que cargar con todas las responsabilidades, pues los ciudadanos no tienen por qué pagar sus excesos, sus mentiras y su incapacidad", ha concluido.

sábado, 6 de octubre de 2012

Aguamarga no abandonará los estudios de Ciudad de la Luz porque el contrato está "plenamente vigente"

ALICANTE.- La empresa Aguamarga Gestión de Estudios S.L. ha rechazado "sin paliativos" la petición de Ciudad de la Luz de Alicante de que cese su actividad de gestión del complejo y abandone los estudios al considerar "plenamente vigente y absolutamente vinculante" la relación jurídica nacida entre ambas en diciembre del 2000.

   Así se lo ha trasladado el presidente del consejo de Administración de Aguamarga, José Miguel Ferrandis, a su homólogo en Ciudad de la Luz, José Antonio Escrivá, en una carta fechada a 5 de octubre con la que da respuesta al burofax en el que éste daba un plazo de tres días a la mercantil para cesas su actividad.
   El motivo esgrimido en este burofax por Ciudad de la Luz era que la Generalitat valenciana, propietaria de los estudios, necesita venderlos o externalizarlos para poder hacer frente a la devolución de las ayudas de 265 millones de euros ordenada por la Unión Europea, algo imposible si Aguamarga sigue en el complejo. Además, sostiene que el Gobierno valenciano ya no considera desde 2010 a la empresa --en concurso de acreedores-- como socio por "graves incumplimientos" en la gestión.
   Aguamarga, sin embargo, afirma no aceptar esta "nueva versión de su pretendida resolución del contrato", que estará vigente --sostiene-- "en tanto en cuanto la autoridad judicial competente no lo resuelva, si lo resuelve, mediante sentencia firme y definitiva", algo que "no sucederá ni en tres ni en 15 días", sino a partir de la conclusión del juicio oral señalado para el mes de abril de 2013 en el juzgado de Primera Instancia nº7 de Alicante.
   Por ello, considera que el contenido del burofax "no puede ser interpretado más que como un flagrante y doloso intento de eludir (una vez más) la acción de la justicia, pretendiendo imponer una decisión que ya está 'sub iudice' pero enmascarándola en nuevos pretextos carentes de todo rigor, fundamento y razonabilidad".
   Asimismo, tilda de "arbitraria, infundada, irrazonable e inicua" la afirmación de que Aguamarga Gestión de Estudios "carece por completo de cualquier titulo legítimo que le ampare para mantener la posesión y gestión del complejo".
   Por ello, Ferrandis reitera en la misiva su convencimiento de la "plena y total" vigencia de la relación jurídica nacida del contrato de 21 de diciembre del 2000 y las adendas modificativas de fecha 18 de agosto de 2004 y 22 de agosto de 2005, todo ello pese a que, según denuncia, "Ciudad de la Luz SAU ha venido incumpliendo clamorosa y reiteradamente su obligación de abonar la retribución económica acordada y que es lo que se les reclama en el litigio judicial", una deuda que la empresa cuantifica en 8 millones de euros.
   Para el dirigente de Aguamarga "ni el supuesto, pero inexistente, imperio de la Decisión de la Comisión Europea, ni ese supuesto concreto modo en que ha de procederse a cumplir la misma (que no existe más que en su imaginación), pueden ni deben afectar, bajo ningún concepto ni circunstancia, a la plena vigencia de la relación jurídica que une a Ciudad de la Luz SAU con Aguamarga".
   En este punto, ha reiterado que "la única parte que ha incumplido sus obligaciones contractuales y lo sigue haciendo es la sociedad que usted dirige", dirigiéndose directamente a José Antonio Escrivá.
   "En definitiva, por supuesto que Aguamarga Gestión de Estudios SL rechaza sin paliativos tanto su conminación como las absurdas y arbitrarias razones sobre las que pretende fundarla", agrega en la carta de respuesta, en la que critica también los "tan reiterados e insistentes como inicuos y descabellados intentos de resolver el contrato sin más razón real que su propio capricho y conveniencia".
   Por último, Ferrandis asegura lamentar "profundamente "que Ciudad de la Luz SAU "haya tomado la supuesta decisión de cesar en la continuidad de los negocios", aunque ha mostrado su esperanza en que se comunique a Aguamarga la identidad de quien resulte adjudicatario de la "venta de los activos" para "mantener las relaciones jurídicas, sociales y comerciales necesarias para la mejor gestión del Proyecto Ciudad de la Luz que ustedes parecen haber abandonado de manera tan abrupta como sorprendente".

Puig advierte de que los valencianos afrontan la fiesta "con la depresión colectiva más grande de la historia"

ALICANTE.- El secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha asegurado este sábado que la región afronta la festividad del 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, "con la depresión colectiva más grande de la historia", tras una semana "trágica" para los valencianos.

   Así se ha pronunciado Puig tras la inauguración de las jornadas 'El modelo socialdemócrata en l'Alfàs del Pi', a la que ha asistido acompañada por la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano. El socialista ha aprovechado su visita a la localidad para denunciar la falta de "transparencia" del Consell respecto a la Ciudad de la Luz de Alicante.
   Al respecto, ha exigido "saber qué ha pasado en la Ciudad de la Luz y saber donde están los recursos que se han extraviado", así como "explicar a la Unión Europea cómo se está ejecutando el proyecto". Para el dirigente, este es un ejemplo de cómo actúa un Consell que ha convertido a la Comunitat en "el paradigma de la falta de credibilidad".
   "Cada día que pasa perdemos más credibilidad como comunidad", ha proseguido Ximo Puig, que ha lamentado que la región "va la deriva y el gobierno de la Generalitat va a hacer naufragar a la Comunidad Valenciana".
   Ha insistido en que los valencianos no son como les retrata el gobierno del PP y ha abogado por "un cambio radical y una salida" a esta situación.
   Para Puig, el caso de la Ciudad de la Luz completa una semana "en la que hemos asistido al peor presupuesto de la historia para la Comunidad Valenciana, también a todo el vodevil en el tema de la RTVV donde un día nos echan del consejo y al otro nos rescatan, y en la que hemos visto como liquidaban en las Corts todas las comisiones de investigación".
   "Estamos pues ante otra semana trágica para los valencianos, una más. Esta semana es la que nos lleva al 9 d'Octubre y llegamos a la fiesta de los valencianos con la depresión colectiva mas grande de la historia", ha lamentado.
   Ante esta situación, ha asegurado que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, "tiene que decidir si representa a (Mariano) Rajoy y es su gobernador civil o si quiere representar a todos los valencianos y ser su presidente".  
"Si no puede, que lo deje ya, porque no podemos seguir más tiempo con este naufragio de nuestra Comunitat", ha concluido.

La Costa Blanca y Rusia acuerdan potenciar las relaciones turísticas, culturales y empresariales

ALICANTE.- El Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca y la embajada de Rusia en España han acordado impulsar las relaciones turísticas, culturales y empresariales para incrementar la llegada de visitantes rusos a la provincia, según ha informado en un comunicado la institución provincial.

   El diputado de Turismo, Joaquín Albaladejo, se ha reunido en Madrid con el embajador de Rusia en España Yuri P. Korchagin para abordar las iniciativas que en materia turística impulsa el Patronato Costa Blanca en los territorios de la federación.
   Albaladejo le ha trasladado al embajador ruso los acuerdos que alcanzó el organismo provincial la semana pasada en San Petersburgo y Moscú en sendos workshops que organizó la Oficina Española de Turismo y en los que participó el Patronato Provincial para presentar a los tour operadores y agencias de viaje de la federación la oferta gastronómica, cultural, paisajística y de playas de la Costa Blanca.
   En este sentido, han analizado la posibilidad de fomentar las relaciones turísticas, culturales y empresariales entre ambos territorios y la necesidad de desarrollar contactos entre empresarios rusos y alicantinos para concretar acciones que potencien los intereses comunes y promuevan el turismo, la industria y la economía de ambos territorios.
   Por su parte, la presidenta de la Diputación de Alicante, Luisa Pastor, ha hecho llegar a Korchagin una misiva en la que destaca la importancia que para la Costa Blanca tiene Rusia, considerado como un país de "gran potencial" con el que el Patronato confía en "mantener y reforzar sus líneas de cooperación", según ha indicado Pastor, quien ha considerado que  el sector turístico ofrece una "inigualable" ocasión para ahondar en los lazos entre los dos países.
   Para el Patronato Provincial, el turismo residencial, hotelero y de salud constituyen una de las estrategias prioritarias del Patronato para atraer a los turistas rusos, una apuesta en la que "se pretende también integrar a los empresarios alicantinos".
   El vicepresidente del organismo turístico provincial ha destacado durante la reunión de trabajo la importancia que para la Costa Blanca tienen destinos como Benidorm, donde la planta hotelera ha registrado un incremento cercano al 60 por ciento de ciudadanos de la Federación con respecto al año anterior, así como otros municipios de la provincia como Denia, Calpe o Altea.
   Albaladejo ha propuesto al embajador canalizar la demanda de rusos en el ámbito turístico, con una oferta hotelera, de restauración y cultural "adaptada a sus necesidades", pero también potenciar contactos entre pequeñas y medianas empresas de ambas zonas para generar una reactivación de la economía provincial.
   Por su parte, Korchagin ha apostado por expandir la promoción del destino Costa Blanca en otras ciudades rusas, además de Moscú y San Petersburgo porque, según le ha trasladado al diputado, son "un gran potencial económico y turístico, ya que muchas de ellas cuentan con más de un millón de habitantes y con un alto poder adquisitivo, especialmente aquellas más cercanas a la Europa Occidental".
   El mandatario ruso también le ha propuesto a Albaladejo realizar jornadas de familiarización en la provincia con tour operadores y agencias rusas para que conozcan de primera mano la oferta de la Costa Blanca.
   España es el segundo destino mundial en cuanto a recepción de turistas rusos, registrando en los nueve primeros meses de 2012 más de un millón de visitantes, según las mismas fuentes, quienes han recordado que el aeropuerto alicantino de El Altet es la terminal española con más enlaces con Rusia.

Compromís acusa a Castedo de situar a Alicante "en el punto de mira de la corrupción" y le insta a dimitir

ALICANTE.- La diputada de Compromís en las Corts Mireia Mollà ha afirmado que la alcaldesa de Alicante, la 'popular' Sonia Castedo, ha hecho que la ciudad se sitúe "en el punto de mira como nexo de unión de la corrupción", y la ha instado a dimitir en el pleno de debate sobre el estado de la ciudad del próximo lunes "por el bien" de la capital alicantina, según ha informado en un comunicado la coalición de izquierdas.

   En un encuentro informativo ofrecido junto al portavoz de Compromís per Alacant, Tomàs Mestre, y el coordinador local, Ignasi Bellido, la diputada se ha referido así a la imputación de Sonia Castedo en la pieza del 'caso Brugal' que investiga presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
   A su parecer, la alcaldesa "tendría que reconocer" en el pleno de debate del próximo lunes --solicitado por los grupos municipales del PSPV-PSOE, Unión Progreso y Democracia (UPyD) y Esquerra Unida (EU)-- "que no ha sabido ser la dirigente que merecía esta ciudad porque no ha sabido gestionar el Ayuntamiento como es debido en este momento de crisis económica".
   Mollà ha considerado que "esta situación daña muchísimo la imagen y el potencial de Alicante y también a los ciudadanos, que no merecen vivir bajo esta realidad" y, por eso, en su opinión, "después de hacer este análisis, lo más digno y razonable que podría hacer Castedo es presentar su dimisión en el pleno de lunes por el bien de esta ciudad".
   Así mismo, ha señalado que a Compromís le "importa bien poco que a nivel particular la alcaldesa esté o no satisfecha de estar imputada en un caso de corrupción", y le "da igual que a nivel personal tenga amistades peligrosas, como ella misma reconoció".
   Al respecto, ha subrayado que Castedo "a nivel institucional, tendría que admitir que lo que dice la Justicia es que ella es igual de peligrosa que sus amistades, y esto no cabe en un cargo público", ha destacado Mollà.
   A su vez, el portavoz de la coalición, Tomàs Mestre ha apuntado que "Castedo no ha sabido aprovechar la mayoría absoluta para tomar medidas de calado, sino que continúa con unas dinámicas de gobierno opacas, que no acercan al ciudadano a la institución y tampoco toma medidas microeconómicas destinadas a solucionar el momento que vivimos".
   Mestre ha recordado que la alcaldesa "algunas veces ha dicho que ha colocado a alguien en empresas de Enrique Ortiz --empresario imputado en la rama alicantina del 'caso Brugal'--, pero esto suena a risa cuando muchos jóvenes de Alicante están buscándose la vida en el extranjero".
   "Tampoco da respuesta a la situación que viven muchas de las asociaciones de la ciudad, como es el caso de Alicante Acoge, ni soluciona los problema de los barracones escolares, como aseguró que haría, ni se ocupa sobre la paralización de la Línea 2 del TRAM, ni de la llegada del AVE, ni del futuro del puente rojo, por no hablar de otros puntos que ni trata, cómo es la construcción de un tercer hospital en la ciudad", ha detallado Mestre.

Díaz Alperi pide que se anule su citación en el TSJCV por falta de concreción sobre los hechos imputados

ALICANTE.- El exalcalde de Alicante y diputado autonómico Luis Díaz Alperi ha solicitado que se deje sin efecto la citación para declarar el próximo 19 de octubre ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en calidad de imputado, dado que, según mantiene, existe una vulneración de su derecho de defensa por la falta de concreción de los hechos que se le imputan en la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de la ciudad, derivada del 'caso Brugal'.

   El magistrado Juan Climent, instructor de esta causa en el TSJCV, dictó una providencia el pasado lunes en la que se citaba tanto a Díaz Alperi como a su sucesora en el cargo Sonia Castedo, para declarar como imputados el próximo 19 de octubre. Los dos mandatarios, también diputados autonómicos y por tanto aforados, están llamados a declarar por los supuestos delitos de revelación información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho.
   El exalcalde presentó esta semana un recurso de reforma y de nulidad en el que solicita que se anule y se deje sin efecto la providencia dado que, al "no conocer los hechos imputados, no se puede dar explicación ni descargo, ni proponer diligencias al respecto". Díaz Alperi entiende en el recurso que en la providencia "no se detallan los hechos concretos" que se le atribuyen, "no se pondera racionalmente la verosimilitud de esa atribución ni se explican las razones por las que tales hechos son delitos".
   En este sentido, en el recurso, la defensa del exalcalde señala que en la exposición razonada del juzgado que investigó inicialmente el caso y que lo decidió elevar al TSJCV se apuntaba la existencia de "indicios" para justificar su citación, un escrito que el letrado considera que no relata los hechos.
   De igual modo opina sobre el auto por el que la sala asumió la competencia del TSJCV para la insturcción, en el que subraya que no se imputa a su cliente, mientras que en la providencia del pasado lunes, el instructor decide la imputación "sobre los hechos objetos del presente procedimiento".
   En esta línea, argumenta que la falta de concreción de la providencia viola el derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva, porque tampoco impide combatir los argumentos mediante los oportunos recursos.

El Gobierno aprueba una polémica Ley de Costas

MADRID.- El Gobierno aprobó finalmente el proyecto de una nueva Ley de Costas que plantea un uso sostenible del litoral español y trata de reforzar la confianza en las actividades económicas costeras, pero que ha contado con la oposición frontal de los grupos ecologistas.

Entre otras cosas, supondrá que los edificios que están a menos de 100 metros del mar no podrán ser derribados en medio siglo e incluye una protección jurídica a propietarios y concesionarios de explotaciones próximas a la costa.
Esta ley modifica la de julio de 1988 que, según el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha demostrado ser ineficaz en numerosas ocasiones.
La ley tiene tres objetivos, según el ministro: "reforzar la protección del litoral conciliándola con actividades económicas sostenibles, (...) reforzar la seguridad jurídica en el litoral, y generar confianza y certidumbre en las ocupaciones de la costa y la actividad económica", dijo Arias Cañete durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El ministro detalló que la ley tratará de proteger las 23.000 ocupaciones no residenciales que generan empleo en la costa española, de las cuales 3.000 corresponden a los denominados "chiringuitos", para los que establecerá concesiones de cuatro años siempre que cumplan las condiciones de protección del litoral.
El titular de Medio Ambiente dijo que la normativa pretende también ofrecer seguridad jurídica para los titulares de viviendas.
Los propietarios, que tenían hasta ahora el límite de 30 años prorrogables a otros 30, verán ahora ampliado ese periodo a 75 años y podrán venderla, algo que no podían hacer según la norma de hace 24 años.
La modificación de la Ley de Costas se ha encontrado con el rechazo frontal de los colectivos ecologistas, que entienden que la pasada legislación era un seguro contra la especulación y la corrupción, a pesar de que se han dado numerosos casos en la costa española en las últimas dos décadas.
Greenpeace - que hace unos meses denunció que el mantenimiento de las actuaciones inadecuadas en la costa cuestan 100 millones de euros anuales al Estado - calificó la nueva norma de "engaño" y acusó al Ejecutivo de "vender la costa al mejor postor" en un comunicado.
"El Gobierno tenía claro desde la campaña electoral que quería desmantelar el dominio público marítimo terrestre tal y como se ha entendido hasta ahora. Solo se legisla en relación con la propiedad privada y las actividades lucrativas en la costa", dijo Mario Rodríguez, director ejecutivo de Greenpeace en una nota difundida tras el anuncio del Gobierno.
Por su parte, el ministro sostuvo que "es una ley que refuerza la prohibición de nuevas edificaciones. Esta ley no es más laxa, no es más tolerante, sino que va a reforzar la prohibición de nuevas edificaciones".
La ley incluye también la llamada "cláusula antialgarrobico", que pretende acabar con agresiones medioambientales en el litoral y que lleva el nombre del polémico hotel levantado hace algo menos de una década en una playa virgen de un paraje de gran valor ecológico en el parque natural del Cabo de Gata-Níjar, en Almería.
"Regula la posibilidad que tiene ahora el Gobierno de suspender actuaciones urbanísticas ilegales en la costa para evitar situaciones irreversibles siempre con la última palabra para los tribunales", dijo Arias Cañete.
La ley diferenciará también las playas urbanas de las naturales, incrementando la protección en estas últimas y reduciendo las ocupaciones, agregó.

Las CC.AA. deberán informar cada mes a Hacienda de sus planes de tesorería y los ayuntamientos cada tres

MADRID.- Las comunidades autónomas remitirán mensualmente al Ministerio de Hacienda y Administración Públicas información sobre los planes de tesorería, el personal o ejecución presupuestaria. En el caso de las corporaciones locales, el envío será trimestral y la información se ampliará al grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y plazos previstos en la ley de lucha contra la morosidad.

   El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha emitido una Orden Ministerial, que se ha publicado ya en el Boletín Oficial del Estado (BOE), para que las Administraciones autonómica y local faciliten una mayor información económica financiera y con mayor frecuencia, tal y como se contempla en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
   El objetivo es lograr una mayor transparencia y un mejor seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, "lo que contribuirá a fortalecer la confianza en la economía española y refuerza los compromisos europeos adquiridos", según Hacienda.
   La orden define el procedimiento, contenido y frecuencia de remisión de información económico-financiera a suministrar por las Administraciones Territoriales a la Administración General del Estado que se encargará de su publicidad.
   Por primera vez, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas contará con información referida a: planes de tesorería; número de efectivos y costes asociados al personal al servicio de estas administraciones; información presupuestaria más completa y adelantada en el tiempo sobre marcos presupuestarios, líneas fundamentales del presupuesto, proyectos de presupuestos, presupuestos efectivamente aprobados, sus posibles modificaciones y su ejecución.
   Asimismo, se regulan los plazos y el contenido de la información económico-financiera de estas Administraciones que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas colgará en su página web.
Por primera vez, se van a publicar, mensualmente para las Comunidades Autónomas y trimestralmente para las Corporaciones Locales, información sobre la ejecución presupuestaria o el grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad. Igualmente, se dará publicidad a los planes económicos financieros, planes de reequilibrio y planes de ajuste.
   En la orden ministerial publicada en el BOE hay un endurecimiento de las consecuencias en caso de incumplimiento de las obligaciones de remisión, dando lugar a un requerimiento y la aplicación de las medidas prevista en la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
   La orden establece que será la intervención general, o unidad equivalente, quienes centralicen la información tanto en el caso de las Comunidades Autónomas como en las Corporaciones Locales.
   El primer informe mensual de los datos de ejecución presupuestaria será publicado en octubre, referido a julio y agosto. A partir del mes siguiente el periodo de referencia será mensual. A partir de 2013 se publicará también en términos de contabilidad nacional la información de CCAA, lo que representa un avance fundamental en el seguimiento continuo y control de las cuentas públicas.

jueves, 4 de octubre de 2012

EUPV pide al juzgado que reabra la investigación por el "presunto amaño" del Plan Rabassa

ALICANTE.- El abogado de EUPV en Alicante, José Luis Romero, ha presentado este jueves ante el juzgado de instrucción nº 6 una denuncia en la que pide que reabra la investigación por el "presunto amaño" en la tramitación del Plan Rabassa, al entender que los informes posteriores del caso 'Brugal' revelan indicios de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.

   José Luis Romero ha detallado que, con esta denuncia, EUPV pide la imputación, entre otros, de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, de su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, y del empresario Enrique Ortiz, a quien los informes policiales de la causa que investiga el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) atribuyen una "influencia" sobre las autoridades locales, regionales y estatales para que adoptaran decisiones favorables a sus intereses.
   Así mismo, la denuncia está dirigida también contra el gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Enrique Sanus, la jefa del servicio jurídico-administrativo de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Isabel Campos, y el que fuera director de la Unidad de Carreteras del Ministerio de Fomento en Alicante, Enrique Peiró.
   Además, denuncia al director general de Carreteras del Ministerio de Fomento con el Gobierno Central anterior, Francisco Javier Criado, y a la exsecretaria autonómica de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Territorio y Vivienda, María Ángeles Ureña.
   El escrito puntualiza que el que fuera conseller de Medio Ambiente, Agua, Territorio y Vivienda, José Ramón García Antón, no está incluido en la denuncia, "a pesar de estimar que su actuación resulta indiciariamente constitutiva de delito", ya que es "notorio su fallecimiento".  
   Además de la declaración de los primeros ocho denunciados, EUPV pide la declaración en calidad de testigos de empleados de la Gerencia de Urbanismo de Alicante; de trabajadores de Ortiz en el Grupo Cívica, del abogado de Ikea y de un directivo de la multinacional sueca.
   El juzgado de instrucción nº 6 de Alicante sobreseyó el caso del Plan Rabassa en mayo de 2008, si bien, y según ha recordado José Luis Romero, fue después de esta fecha cuando el juzgado de instrucción nº 3 de Orihuela ordenó la interceptación del teléfono de uno de los principales imputados, Enrique Ortiz.
   Los informes policiales de las diligencias previas llevadas a cabo después de esa fecha por el juzgado de instrucción nº 5 de Alicante, --relativas a presuntas irregularidades en la tramitación del PGOU en una pieza separada del caso 'Brugal', que ahora investiga el TSJCV-- revelan indicios de delitos que, para Romero, "es necesario que el juzgado conozca para reabrir dicha causa".
   Las conversaciones intervenidas al empresario alicantino recogen, según la denuncia, las actuaciones para "mover influencias" y las presiones a distintas autoridades y responsables para la adopción de decisiones que le eran favorables a sus intereses en la zona de Rabassa, donde estaba prevista la instalación de una tienda de Ikea.
   En su escrito al juzgado, EUPV recuerda que el Plan Rabassa comporta la reclasificación de cuatro millones de metros cuadrados de suelo no urbanizable, con un incremento residencial de 13.500 nuevas viviendas, lo que "sin duda altera de manera sustancial las directrices definitorias de evolución urbana y de ocupación del territorio
   Los nuevos datos incluidos en el llamado caso 'Brugal', para EUPV ponen de relieve la existencia de una "desviación de poder" en la adopción de los acuerdos aprobatorios del Plan Rabassa, instrumentales para la consecución del "verdadero objetivo buscado con este plan urbanístico: la importantísima concentración comercial que el citado convenio auspicia, con las evidentes repercusiones económicas, ambientales y sociales que necesariamente comporta", recoge la denuncia.
   Las condiciones recogidas en el convenio para la homologación y el Plan Parcial del Sector 'Lagunas de Rabassa' del municipio de Alicante "favorecen notablemente los intereses económicos del promotor, que ve incrementado exponencialmente el beneficio económico que va a reportar su ejecución, encubierto bajo el manto del ejercicio formal de la potestad de planeamiento, que se había venido justificando en la necesidad de vivienda protegida".
   Además, la denuncia estima "realmente notable" que en la tramitación de los procedimientos para la aprobación del Plan Rabassa, el convenio para implantación de Ikea y la modificación del vigente PGOU y del PGOU en revisión, quien supuestamente "marca los tiempos, auspicia la emisión de los informes y el dictado de resoluciones, al punto que hasta influye en la fecha de las convocatorias de los órganos municipales, es Enrique Ortiz, no el poder público", ya que las decisiones se adoptan en "su particular beneficio".

Puig a Castedo: "cada día que permanezca en esta situación, genera más coste social, económico y de imagen"

ALICANTE.- El secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha trasladado jueves a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, imputada por la pieza del 'caso Brugal' que investiga posibles irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la capital, que cada día en el que permanezca en esa situación "lo único que genera es más coste social, económico y de imagen para la sociedad alicantina" y le ha pedido que piense en la ciudad y no en ella misma.

   Puig ha realizado estas declaraciones durante una rueda de prensa ofrecida en Alicante, donde ha mantenido una reunión de trabajo con el secretario general del PSPV en la provincia, David Cerdán, y con su homólogo en la Ejecutiva local, Gabriel Echávarri, centrada en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y sus repercusiones a nivel alicantino.
   De este modo, al ser preguntado sobre qué mensaje trasladaría al grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Alicante, ha afirmado: "trabajo, fuerza, coraje, y decirle a Castedo que cada día que permanezca en esta situación en la que está, lo único que genera es más coste social, económico y de imagen para la sociedad alicantina".
   "Que piense en Alicante y que no piense más en ella, por lo que se ve ya ha pensado demasiado en ella, ahora es hora de que piense en Alicante", ha incidido.
   La primera edil alicantina ha sido citada a declarar el próximo día 19 por los presuntos delitos de revelación de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho, en la rama del 'caso Brugal' que investiga posibles irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad.

El PSPV propondrá una Asamblea General de CAM para debatir sobre el patrimonio restante de la Obra Social

ALICANTE.- El secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha anunciado este jueves que su partido va a proponer la convocatoria de una Asamblea General de Caja Mediterráneo (CAM) para que los consejeros presenten propuestas sobre una posible fundación que gestione, "por lo menos" los recursos económicos restantes de la antigua Obra Social de la entidad.

   Puig ha realizado estas declaraciones durante una rueda de prensa ofrecida en Alicante, donde ha mantenido una reunión de trabajo con el secretario general del PSPV en la provincia, David Cerdán, y con su homólogo en la Ejecutiva local, Gabriel Echávarri, centrada en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y sus repercusiones a nivel alicantino.
   Así, el líder de los socialistas valencianos ha subrayado que "después de la Asamblea General" de CAM que "volatilizó los presupuestos previos que planteó el Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB), ha quedado todo como que no se sabe lo que pasa", en alusión a la antigua Obra Social.
   En este sentido, Puig ha mostrado la "preocupación" que existe en la formación de izquierdas ante la posibilidad de que el patrimonio restante "de los alicantinos, pueda desaparecer".
 "No sabemos dónde va a acabar", ha añadido al respecto.
   De este modo, ha anunciado que su partido va a proponer la convocatoria de una nueva Asamblea General, ya que, en su opinión, son los consejeros los que "tienen que presentar una propuesta de fundación para que se gestione, por lo menos, los recursos económicos que quedan y el patrimonio".
   "El PP se ha cargado absolutamente este sistema, pero por lo menos vamos a intentar que lo que ha quedado no acabe desperdiciando su valor en favor de aquellos que no son los destinatarios reales, los ciudadanos", ha agregado.

Plataforma CAM solicita el embargo del patrimonio restante de la obra social de Caja Mediterráneo

ALICANTE.-   La Plataforma CAM, que representa a titulares de títulos preferentes, subordinadas y cuotas participativas vendidas por Caja Mediterráneo (CAM) antes de su adquisición por parte del Banco Sabadell, ha solicitado el embargo y el bloqueo del patrimonio restante de la Obra Social de la caja alicantina, cercano a los 80 millones de euros, al considerar que el Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB) pretende entregarlo al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF).

   Así lo ha explicado a los periodistas el portavoz del colectivo, Carlos Pena, durante una manifestación celebrada este jueves en Alicante en la que varias decenas de personas han reclamado a SabadellCAM la devolución del dinero invertido en los esos productos financieros.
   Pena ha anunciado que la plataforma a la que representa ha pedido ante la Audiencia Nacional el embargo y el bloqueo del patrimonio restante de la Obra Social de Caja Mediterráneo que, según los datos que ha aportado, asciende hasta los 80 millones de euros "en efectivo", aproximadamente.
   Además, ha apuntado que esa cantidad "quiere ser entregada" por el FROB al IVF, del cual ha resaltado que es una de las partes que "perjudicó y dejó hacer todo" a los responsables de la entidad alicantina. "Pedimos que ese dinero sea embargado y bloqueado hasta que se resuelva el juicio" en el que está envuelta la anterior cúpula de la CAM.
   Por otra parte, Pena ha explicado que están recopilando información que "demuestra" que "cuando se emitieron las cuotas participativas y las preferentes se mostraron y entregaron datos falsos". En este sentido, ha advertido de una posible "estafa" por "falsificación de las cuentas", que, en su opinión, "ha perjudicado" a los inversores.
   Del mismo modo, ha hecho referencia a un informe de la auditora Price Waterhouse en el que, tal y como ha subrayado, se recoge que Caja Mediterráneo tuvo pérdidas entre los años 2007 y 2008, cuando desde la entidad alicantina se informó a los futuros poseedores de productos financieros de la obtención de ganancias. "Ninguno compraríamos si sabíamos que daba pérdidas", ha afirmado Pena.

Fabra saca de la dirección del PPCV en las Cortes a los parlamentarios imputados

VALENCIA.- El comité ejecutivo regional del PPCV ha aprobado la propuesta del presidente del partido y de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, para la nueva dirección del partido en las Cortes Valencianas de la que salen todos los parlamentarios imputados en procedimientos judiciales por presuntos casos de corrupción. 

   En esta reunión el nuevo síndic del grupo parlamentario popular, Jorge Bellver, ha sido ratificado por unanimidad en sustitución del anterior portavoz, Rafael Blasco, imputado en la llamada 'causa de la Cooperación', que investiga supuestas irregularidades en las ayudas de la extinta Consejería de Solidaridad.
   Con esta remodelación sale de la Mesa Angélica Such, que será sustituida por Antonio Clemente. Por su parte, Alicia de Miguel, José Marí y Vicente Betoret serán los portavoces adjuntos, mientras que Rafael Maluenda y Marisol Llinares, los viceportavoces y María Fernanda Vidal la secretaria general del grupo, en sustitución de Ricardo Costa.
   Rafel Ferraro sigue de tesorero del grupo y los coordinadores de área pasan a ser César Sánchez en la de Infraestructuras, Fernando Giner en la de Política Local, Ruben Ibáñez en la de Política Social y Alfredo Castelló en la de Economía.
   Con esta reforma Fabra 'limpia' la dirección del grupo y aleja a los diputados imputados: Angélica Such --que formaba parte de la Mesa--; David Serra (era portavoz adjunto); Vicente Rambla (coordinador de economía), y Ricardo Costa, que era el secretario general del grupo parlamentario, todos ellos relacionados con el 'caso Gürtel'.
   En rueda de prensa, el secretario general del PPCV, Serafín Castellano ha explicado que estos cambios se producen dentro de la filosofía de Fabra y del partido" para que no haya imputados en la dirección de la formación parlamentaria 'popular'. "Se han tomado las decisiones para una nueva etapa", ha apostillado.
   Para aquellos diputados que dejan de tener responsabilidades en el grupo, Castellano ha explicado que tendrán un papel de "trabajar con normalidad" dentro del grupo.
   Por otro lado, el Comité Ejecutivo Regional del PPCV ha aprobado la creación de dos gestoras para el partido en las localidades alicantinas de Calpe (presidia por Francisco Cabrera y 11 vocales) y e Jávea (presidida por Alberto Tur, con 12 vocales).
   Igualmente, este órgano del partido ha decidido la celebración de los congresos provinciales de Nuevas Generaciones para noviembre y que a partir de la próxima semana los diputados nacionales y autonómicos recorran las comarcas de la Comunitat Valenciana para explicar las medidas del Gobierno central y autonómico; así como de los presupuestos que, en el caso de la Comunitat Valenciana "estarán confeccionados a final de este mes".

Un parlamento lleno de corruptos / José Oneto

Hay corrupciones y “corrupciones “. Hay grandes corrupciones de millones de euros que a veces pasan desapercibidas en los medios, y “corrupciones” de cientos de miles de euros, que provocan una auténtica alarma social por las características especiales de la misma o por la forma de llevarlas a cabo.

En la Comunidad Valenciana se dan de los dos tipos y muchos más, hasta formar un auténtico catálogo que, por el momento, en un auténtico récord, afecta a diez diputados del Partido Popular en el Parlamento valenciano, imputados por distintos delitos relacionados con el cohecho, el tráfico de influencias, la financiación ilegal del partido, la prevaricación, la falsedad de documentos, la malversación de caudales públicos, el fraude de subvenciones oficiales, e  incluso, el lavado de dinero. Esos diez diputados autonómicos siguen ocupando sorprendentemente sus escaños forman, por su número, el segundo grupo de la Cámara aunque siguen representando al Partido Popular, algo realmente insólito en cualquier país democrático y, eso sí, han sido liberados de responsabilidades políticas importantes dentro de su grupo parlamentario.

Los dos últimos casos los han protagonizado el portavoz parlamentario Rafael Blasco, siete veces consejero del gobierno valenciano con Joan Lerma, Eduardo Zaplana, Olivas y Camps, y la diputada y Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, acusada de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad documental. Y los dos han sido protagonistas de dos escándalos económicos que tienen unas características especiales: Blasco, consejero de Solidaridad e Igualdad, se quedó con parte de la ayuda de la cooperación a Guinea Ecuatorial y Haití, y Sonia Castedo, dejó el nuevo plan de Urbanismo de Alicante en manos del promotor y constructor Enrique Ortiz, propietario del Hércules Club de Fútbol.

El caso de Blasco es especialmente sangrante porque, según el auto judicial la trama que él dirigía, llegó presuntamente a robar dinero destinado a niños y niñas víctimas de agresiones sexuales o a enfermos de Sida, en Guinea Ecuatorial, o a damnificados en Haití tras el terremoto de 2010.

El dinero público llegaba a la cuenta bancaria de las ONG que debían gestionar la ayuda a estos proyectos sociales y al cabo de unos días, salía de esas cuentas transferido a algunas de las ‘empresas pantallas’, utilizadas por la trama de Blasco y sus socios.

En el auto se cuenta que la ONG Ceiba recibió de los presupuestos de 2009 más de 600.000 euros para dos proyectos en Malabo, uno contra la “violencia sexual y explotación laboral del niño” y otro para la “reducción del nivel del contagio del sida”, que días más tarde aparecieron en empresas de la trama.  En total, el 72% de esa ayuda destinada a esos proyectos sociales en Malabo fue desviada fraudulentamente, según la jueza que lleva el caso.

El auto judicial también hace referencia a Haití, a donde se trasladó el consejero Blasco para comprobar los daños del terremoto de 2010, para luego conceder una subvención de 177.000 euros a la Fundación Entre Pueblos, con el que desarrollar una “consultoría técnica al proyecto de construcción de un Hospital en “Belle Anse”. De esa cantidad, la empresa privada Matuscas, S.L, parte de la trama investigada, se llevó más de 40.000. En 2011, el gobierno valenciano destinó cuatro millones de euros para construir un hospital en Haití. El concurso público, según el auto judicial, fue manejado desde la Consejería de Solidaridad e Igualdad de manera que recayera en las empresas de la trama corrupta.

A estas alturas, el señor Blasco sigue de diputado en el Parlamento valenciano y la señora Castado ha anunciado que seguirá siendo Alcaldesa de Alicante,  porque  además asegura, a ella nadie le ha pedido la dimisión.

http://www.republica.com/2012/10/03/un-parlamento-lleno-de-corruptos_557365/

Los sindicatos exigen en SabadellCAM una ´salida digna´ para los afectados por el ERE

ALICANTE.- Delegados sindicales del SabadellCAM exigen "una salida digna" para los 1.751 trabajadores que se verán afectados por el expediente de regulación de empleo (ERE) que se aplicará en la entidad. Las negociaciones entre los representantes del personal y la dirección de la empresa entran en su recta final ya que el plazo de consultas al que obliga la legislación finaliza el próximo martes, por lo que solo quedan cuatro reuniones por celebrar, recuerda 'Información'.

Los portavoces de la Plataforma Sindical -que agrupa a Sicam, UGT, CC OO, CGT, Csica, Alta y Sindicato Vietnamita- recordaron que el Sabadell ha sido una de las entidades que han superado con éxito el riguroso examen realizado a la banca española por la consultora Oliver Wyman "gracias a las ayudas recibidas para integrar a la CAM", por lo que pidieron a sus responsables "generosidad" con los empleados afectados por los recortes. 
Así, los representantes de la plantilla denunciaron que la dirección "apenas se ha movido de su oferta inicial", que incluye la cobertura de los prejubilados sólo hasta los 61 años y una indemnización de 25 días por año trabajado para los despedidos, cifras que consideran "inaceptables". 
Trabajadores de "jornada especial", que es como se denomina a los primeros prejubilados de la entidad que siguen siendo formalmente empleados de CAM, denuncian que el Sabadell quiere incluirlos en el nuevo ERE, lo que consideran un "fraude de ley".

miércoles, 3 de octubre de 2012

El ICEX impulsa la comercialización de vivienda vacacional en el exterior

MADRID.-ICEX España Exportación e Inversiones ha mantenido esta semana una reunión con las principales asociaciones, empresas promotoras e instituciones privadas y de crédito del sector inmobiliario en España para diseñar de forma coordinada un conjunto de actuaciones de promoción internacional y de captación de inversión. Con este fin, ICEX ofrece el apoyo institucional bajo el paraguas de Marca España.

El sector inmobiliario español está en proceso de ajuste de precios y existe un stock de vivienda al que hay que dar salida, en particular, el de segunda residencia o vivienda turística en la costa. En 2011 el 6,04% de las compras de vivienda en España fueron realizadas por ciudadanos extranjeros, según el Anuario del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España y una gran parte de estas compras fue con fines turísticos.

El plan de promoción sectorial contempla la participación en ferias especializadas y actividades comerciales en un conjunto de países. El planteamiento general es desarrollar un conjunto de actuaciones de carácter comercial, divulgativo y business to business (B2B) que permitan interesar a potenciales inversores extranjeros y dar a conocer la oferta inmobiliaria española, particularmente la de vivienda terminada, pero sin descartar otras ofertas.

Ferias y networking
La mayoría de los interlocutores han subrayado el gran interés por la participación activa en las ferias especializadas del sector bajo un paraguas país que aporte imagen y dimensión y que facilite el encuentro entre empresas con posibilidad de realizar acciones B2B.

Para comenzar a implementar esta estrategia, los mercados prioritarios son Reino Unido, Alemania y Rusia. En el mercado británico, el evento más adecuado es A Place in the Sun que tendrá lugar en Londres en abril. En Alemania, un mercado muy relevante para el sector, están todavía en estudio las acciones a acometer. Y en Rusia, mercado de gran proyección, el evento será Domexpo en Moscú.

La presencia de las empresas inmobiliarias en eventos feriales servirá asimismo como plataforma que facilite el encuentro con potenciales inversores con el fin de llevar a cabo acciones de networking (B2B). Estas acciones business to business también se llevarán a cabo en el resto de los mercados prioritarios europeos.

Además, con el fin de realizar una labor de campo previa a las ferias que ayude a recuperar el contacto con los canales internacionales de distribución, se van a celebrar a lo largo del último trimestre del año unas jornadas sobre el sector en varios países seleccionados.

El Congreso aparca 'sine die' la investigación de los escándalos de la banca

MADRID.- Dejarlo correr. Ésta parece ser la premisa que impera en todo lo relativo a la depuración de responsabilidades en torno a los escándalos financieros. Al menos, en lo que a su versión política se refiere. La crónica es de lainformacion.com

El más claro ejemplo es que se ha dejado pasar todo el mes de septiembre sin llamar a declarar a ninguno de los comparecientes que fueron citados por el Grupo Parlamentario Popular justo antes del verano.
Fue el pasado mes de julio cuando, tras meses de previsiones y tras haber vetado varias comisiones de investigación, el PP accedió a abrir una ronda de comparecencias en el Congreso.
Entonces se dijo que había sido la imputación de Rodrigo Rato por la Audiencia Nacional y el deseo del ex vicepresidente del Gobierno de dar su versión sobre lo ocurrido en Bankia lo que llevó al PP a cambiar el guión y a acceder que se debatieran en el Congreso los escándalos de la banca.
Los partidos aprobaron una lista de 24 comparecencias que se iban a celebrar entre lo que quedaba de julio y septiembre. Además, para garantizar la transparencia, se dijo que las comparecencias iban a ser a puerta abierta.
De hecho, así fue en las intervenciones que se llevaron a cabo justo antes de verano y que tuvieron entre sus grandes protagonistas a Rato, a la ex ministra de Economía, Elena Salgado; al ex presidente del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez; al ex secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa; al expresidente de Caixanova Julio Fernández Gayoso; y al ex vicepresidente de un gobierno socialista y ex mandatario de Catalunya Caixa, Narcís Serra.
Pero, por un motivo de agenda, el grueso de las comparecencias se iba a llevar a cabo en septiembre, un mes que ha concluido sin que haya pasado por el Congreso nadie más.

Sin noticias, ni explicaciones
Desde el Grupo Parlamentario Popular apenas se da una explicación de por qué se han suspendido estas intervenciones y se limitan a señalar que ahora, con las comisiones que se celebrarán con la llegada de los Presupuestos Generales al Congreso, la agenda se va a retrasar más.
En el mejor de los escenarios, en las próximas semanas se convocará una reunión para consensuar el calendario, con el objetivo de que antes de final de año se retomen las comparecencias, pero sin garantizar que vaya a ser así.
Respecto a por qué no se ha convocado antes ese encuentro, que habría permitido cumplir la agenda que se dijo de que las intervenciones se llevarían a cabo en septiembre, ni una respuesta.
En cambio, sí ha seguido su curso la subcomisión sobre reestructuración bancaria y saneamiento del sector financiero, como demuestra el hecho el que ayer acudiera a ella el presidente del FROB, Fernando Restoy, que se celebró a puerta cerrada.
Sin embargo, en esta comparecencia se habló de las últimas reformas financieras y del examen realizado por Oliver Wyman a toda la banca española, cuyos resultados se conocieron el pasado viernes.
Por tanto, su asistencia no respondió a la necesidad de aclarar cómo se gestionaron las entidades, cómo actuaron los supervisores y si hubo negligencias que han llevado a que todos los españoles tengan que pagar un déficit de 17.000 millones y una deuda de 40.0000 millones por el rescate a la banca.
Desde la oposición aseguran que está todo parado y que cuando alguien pregunta sobre cuándo se van a retomar las intervenciones, nadie da una respuesta. De hecho, explican que no hay orden del día, ni fecha, ni ninguna indicación de que vaya a cumplirse lo prometido, más allá de afirmar que existe "voluntad de continuar".
Tampoco se tiene constancia de que algunos de los comparecientes más esperados, como el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, hayan sido llamados por el Congreso. Por el momento, todo está en el limbo.