Antonio inolvidable / Luis Herrero *

Aún humeaban las ruinas del partido que había acumulado más parcelas de poder en la historia democrática de España. La corrupción había convertido la política en un campo de sal. Las empresas periodísticas, a través de redacciones partisanas subvencionadas con dinero público, habían generado la más burda y perversa instrumentalización informativa de la prensa europea.

Jóvenes periodistas se dejaban llevar a diario al abrevadero donde se ventilaban ajustes de cuentas y batallas de poder. Proliferó una nueva raza de extraños y bufos debates televisivos que reinventaban obsesivamente la actualidad. Muchos informadores se hicieron cortesanos y los quioscos se atiborraron de propaganda.

Entre los estertores agónicos de aquel fin de ciclo, la izquierda más radical acunó el anhelo del sorpasso y la derecha emergente horadó el butrón que le daba acceso al Gobierno.

Así recuerdo la España de hace veinte años, cuando el siglo XX boqueaba su último aliento y Antonio Herrero se ahogó de repente. Ocurrió el 2 de mayo de 1998. Ahora, dos décadas después, con motivo de este doloroso aniversario, algunos amigos me han preguntado cómo estaría narrando él, si siguiera en el micrófono, la crónica de este tiempo que nos toca vivir. No hace falta imaginar la respuesta. Basta sencillamente con recordar cómo se enfrentó al desafío de su época, a la vez tan lejana y tan parecida a la actual.

Antonio fue, ante todo, un periodista valiente que jamás se puso al servicio de una causa que no estuviera dictada por su conciencia. Fue un hombre libre y luchó hasta el límite de sus fuerzas para que los demás lo fuéramos cada vez un poco más. Ese fue el proyecto, en lo personal y en lo profesional, que inspiró su vida. Y nunca lo prostituyó. 

Ni ante el halago de quienes se arrimaron a él por el confort de su sombra, ni ante la insidia de quienes se la tenían jurada desde el principio, ni ante las amenazas de quienes se la juraron nada más completar el trayecto que les condujo a la Moncloa. Tenía tanta hambre de libertad y de independencia que toda ración le parecía pequeña. Por eso combatió siempre en el límite mismo del exceso. En lo bueno y en lo menos bueno, pero sobre todo en lo bueno: en la entrega, en la pasión, en el ideal y en la lealtad a su jerarquía de valores.

No se rindió nunca. Ni siquiera en los instantes terribles de su último forcejeo, cuando todo el soplo de vida que cabía en sus pulmones se anegó de agua mientras buceaba en el mar de Marbella. Diga lo que diga la ciencia forense, estoy convencido de que la úlcera sangrante no fue la causa de aquel accidente, sino la consecuencia de la última batalla por sobrevivir. 

Antonio debió aferrarse a la vida con tanta ansiedad, incluso en el lance de la muerte, que a su cuerpo de luchador infatigable se le descosieron las costuras de las entrañas. Y ahí se acabó todo. Creo firmemente que murió tal y como había vivido: tratando de asomarse a la superficie, de ganar altura, de levantar la cabeza por encima de la adversidad en busca de bocanadas de aire que le permitieran vivir a chorros, con aquella intensidad exagerada que no he encontrado, ni antes ni después, en ningún otro ser humano.

Le echo de menos todos los días de mi vida, por mucho que su recuerdo me devuelva siempre a la exigencia de la lucha. He nacido con la innata inclinación a escurrirme del lío. Por eso era Antonio, a la vez, amigo y complementario. Nunca dejó que mi vocación por el sosiego se saliera con la suya. Cuando le miraba de reojo, honradamente convencido de que ya habíamos llegado al final de la carrera, me arrancaba con el gesto -y con el ejemplo- una zancada más. Y luego otra. Y otra después de la última. Tanto fue así que viví los últimos años a su lado con la permanente sensación de estar siempre en tiempo de prórroga. A su lado aprendí que el combate no acaba nunca.

Hace veinte años se nos prometió que el triunfo electoral del PP, cimentado sobre las cenizas de la corrupción del felipismo, traería un nuevo orden -principios y regeneración democrática- a la vida política española. Pocas cosas duelen más, a la luz del legado de Rajoy, que aquel amargo recuerdo. Los nuevos gobernantes también nos dijeron que serían capaces de aceptar con naturalidad un combate limpio entre las dos pes que más veces han acabado a tortas en la historia: política y periodismo. 

Demasiado bonito para ser verdad. No podía serlo. Ni siquiera me dio tiempo a decirle a Antonio -lo supe la noche antes de su muerte- que el instinto liberticida de los recién llegados había puesto precio a su cabeza. Pero no hacía falta. Él lo supo antes que nadie. Por eso murió cargado de juventud, apretando en el puño lo que fue su asignatura más querida: la dignidad.

Aquella tarde del 2 de mayo no tuvo suficiente aire en los pulmones para resistir, pero entregó su voz como una espada limpia y desnuda. Durante 25 años su voz insobornable estuvo en la calle, en las ondas, en el monte, en los quirófanos, en los desfiles, en las guerras, en los goles, en las matanzas y en la vida. Sobre todo en la vida. Así le recordaré mientras viva, aunque su recuerdo me devuelva a la fatigosa convicción de que nunca hay paz para los guerreros.

(*) Periodista

https://www.libertaddigital.com/opinion/luis-herrero/antonio-inolvidable-84975/amp.html

El PP abre un expediente informativo a Agramunt ante las sospechas de actividades corruptas

MADRID.- El Comité de Derechos y Garantías del PP ha decidido abrir un expediente informativo al senador por Valencia, Pedro Agramunt, tras el informe de investigación encargado por el Consejo de Europa que apunta sospechas de que ha participado en actividades corruptas.

El citado comité, presidido por el también presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se reunió y acordó abrir un expediente al senador, a la espera de las explicaciones que dé Agramunt ante el propio Consejo, que mantiene abierto el caso.

La decisión del PP llegó tras aprobar la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa una resolución en la que asume esa investigación –las conclusiones son “ahora indiscutibles”, dice– e insta a Agramunt a dejar el cargo en esta institución, ya que no puede ser cesado.

Tras esta resolución, el responsable de Relaciones Internacionales del PP, José Ramón García Hernández, se limitó a informar de que Agramunt deberá dar explicaciones ante el Consejo dentro de esta investigación, porque el procedimiento interno así lo prevé, y ya anticipó que el partido quedaba a la espera del resultado.

Por la tarde, sin embargo, se reunió el Comité de Garantías y acordó un paso más, abrir expediente informativo a Agramunt a la vista de la resolución aprobada por la Asamblea. En cualquier caso, el PP “queda a la espera de la audiencia a la que se someterá” el senador, que tendrá lugar en mayo en París.

La investigación encargada por el Consejo apunta a que varios miembros y ex miembros de este organismo infringieron el código de conducta para observadores internacionales en las elecciones parlamentarias de 2015 en Azerbaiyán. En el caso de Agramunt, esa investigación señala además que hay “fuertes sospechas” de que fue partícipe de “actividad de naturaleza corrupta”.

La Asamblea reunida este jueves aprobó la citada resolución por 123 votos a favor, nueve en contra y 10 abstenciones, entre ellas la del ‘popular’ Xavier García Albiol. En ella se reclama también a los grupos parlamentarios a los que pertenecen los políticos, así como a los parlamentos nacionales y a los propios gobiernos, que examinen este informe de investigación y que tomen las medidas necesarias porque son casos que “requieren plena atención”.

La Audiencia Nacional reabre el caso sobre los 467 millones que CAM perdió en el 'ladrillo'

MADRID.- Un nuevo caso judicial se cierne sobre la cabeza de los antiguos responsables de la gestión de Caja Mediterráneo (CAM). La Audiencia Nacional ordenó reabrir la causa por la participación de la entidad en once sociedades inmobiliarias, entre ellas varias en Alicante y Valencia, lo que le habría generado pérdidas de 467 millones de euros, al ver indicios de un «plan criminal grupal» para generar «réditos» a sus gestores.

La sección cuarta de la Sala de lo Penal revoca así el archivo por prescripción decretado el pasado mes de marzo por la juez Carmen Lamela a instancias de la Fiscalía y da la razón al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que inyectó 5.249 millones de dinero público en la caja antes de su venta.

La fiscal Belén Dorremochea entendía prescrita una presunta administración desleal por parte de los investigados, antiguos miembros de la Comisión de Control de la caja y de su participada, la Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP).

Argumentos que ahora rechaza la Sala que preside la juez Ángela Murillo, al valorar que, en virtud del Código Penal vigente entonces, los hechos constituirían una «serie separada de operaciones de deslealtad» en la que también encajaría la apropiación indebida, lo que permitiría ampliar el plazo de las investigaciones.

En este sentido, afirma que es «precipitado» acordar el archivo a falta de nuevas pruebas que podrían mostrar, entre otros descubrimientos, los réditos obtenidos al «trasladar el riesgo de las operaciones especulativas a CAM». 

Según el relato, existen alternativas que permitirían aumentar la duración de las pesquisas, como son la estafa cualificada y la asociación ilícita al tratarse de una «trama grupal que puede superar la mera codelincuencia».

Los magistrados perciben una «mecánica hecha por determinados administradores bancarios en torno a TIP (...) que se reitera en el tiempo, con el objeto de apoderarse de beneficios rápidos en la adquisición de solares mediante urdimientos torticeros». 

Todo ello habría repercutido en la caja «perjudicándola en unas pérdidas irreversibles que superan los 405 millones de euros» y con el «oportuno reparto de roles, entre los que el papel de algunos investigados no es desdeñable ni accesorio».

El tribunal estima, por tanto, que no existe prescripción mientras el delito más grave no haya expirado, pues las operaciones, aunque fueron ejecutadas en diversos años, «exteriorizan una secuencia» en virtud de un plan que afecta siempre a la misma víctima -la entidad-, generando un «enorme perjuicio» a CAM y unos «réditos rápidos a sus gestores».

Las pesquisas se iniciaron en 2015 a instancias del FGD, al que el último informe aportado por el Banco de España señala como único perjudicado por el quebranto.

Se trata de once proyectos inmobiliarios en Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, que supusieron una inversión de 594,2 millones y que generaron pérdidas por importe de 467 millones (el 78%), de los cuales 405,6 millones son irreversibles.

Cifras que, critica el escrito del organismo, «reflejan la calidad de la gestión realizada con el agravante de que los socios obtuvieron un lucro injustificado teniendo en cuenta que todos resultaron fallidos».

Detalla además la operativa, por la que el socio le vendía a la sociedad que tenía constituida con la CAM el suelo a desarrollar, «a un precio notoriamente superior al de coste», satisfecho mediante un préstamo concedido por la propia entidad. De este modo, cobraban por el suelo vendido como si se hubiera realizado el proyecto íntegro, obteniendo una ganancia no justificada, dado que los beneficios «eran sólo una mera expectativa».

La Audiencia Nacional obliga investigar la compra de suelo que financió la CAM

ALICANTE.- Las operaciones de compra de suelo financiadas por la CAM para negocios en los que se embarcó con varias mercantiles –entre las que se encuentran Santomera Golf Resort S. L. y La Ermita Resort S. L. (San Javier)– van a seguir investigándose en la Audiencia Nacional después de que un tribunal de la sección Cuarta haya ordenado reabrir la causa que la juez Carmen Lamela cerró el mes pasado por prescripción, según recoge el diario Información.

Entre los investigados en este procedimiento se encuentran el exdirector general de la Caja Roberto López Abad y su hombre de confianza en inversiones inmobiliarias, Daniel Gil, además de todos los miembros de la comisión de control que presidía Juan Ramón Avilés, el órgano encargado de fiscalizar las operaciones en las que la Caja se embarcó a través de Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP).

A ellos se suman los responsables de las empresas: Enrique Ballester, José Luis Bartibas y José Miren Garmendia.

Frente a la postura de la juez y de la fiscal, partidarias ambas de la prescripción al considerar los hechos constitutivos de un delito de administración desleal, que caduca a los cinco años, en vez de uno de apropiación indebida, cuyo plazo es de diez, el tribunal, en un auto del que ha sido ponente el magistrado Eloy Velasco, estima el recurso interpuesto por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) al que se adhirió la Fundación CAM y ordena seguir la investigación ampliando además el abanico de posibles cargos.

«Distracción de réditos»

En la resolución, contra la que no cabe recurso, Velasco considera «precipitado» el archivo acordado por Lamela «a la luz de hipotéticos descubrimientos fácticos en las diligencias que quedan aún por practicar», lo que podría aportar «pruebas de la distracción definitiva de los réditos obtenidos al momento de trasladar el riesgo de las operaciones especulativas sobre solares o edificaciones, o de ambos, a la CAM, gran perjudicada de los mismos».

El magistrado apunta que, además de la administración desleal y la apropiación indebida, «cabe calificaciones penales alternativas que conducen a plazos prescriptivos superiores a los manejados por la instructora», entre los que cita la asociación ilícita o la estafa cualificada.

El proceso, denominado TIP-suelo, se abrió en febrero de 2015 como pieza separada de la que investigaba el falseo de la cuentas de la entidad. Su objeto es analizar «si la CAM permitió, a través de unas operaciones bancarias y financieras, que los socios de las mismas obtuvieran grandes beneficios sin tan siquiera iniciarse los proyectos al vender el suelo de reciente adquisición con enormes plusvalías».

Para ello, el socio de la Caja compraba el suelo y en un plazo corto de tiempo se lo vendía a una sociedad creada al efecto incorporando todas las plusvalías que la tasación le permitiera. «Una vez hecho esto, la CAM financiaba la operación adquiriendo posteriormente las participaciones sociales de esas empresas, con lo que el socio no se exponía a riesgo alguno sino que realizaba la mayor parte de su beneficio en el momento de la constitución y de la primera financiación recibida de la CAM por la sociedad participada, y el resto de aportaciones de la CAM agravaban la situación de perjuicio patrimonial de dicha entidad», según el relato de la fiscal que, no obstante, pidió el archivo.

En contra de su interpretación, que hablaba de operaciones aisladas, considera Velasco que no puede descartarse una «continuidad delictiva» y entiende que «la acción debe analizarse en su conjunto al tratarse de una trama grupal que puede superar la mera codelincuencia».

Para apoyar esta idea el magistrado agrega que «indiciariamente se aprecia una mecánica comisiva hecha por determinados administradores bancarios en torno a TIP, que se reitera en el tiempo, con el objeto de apoderarse de beneficios rápidos en la adquisición de solares mediante urdimientos torticeros».

«Investigados no accesorios»

Estas prácticas, concreta Velasco, «se exteriorizan en la creación de empresas ad hoc que trasladaron el riesgo a la CAM, perjudicándola en unas pérdidas irreversibles que superan los 405 millones de euros, con una también pérdida de cartera que supera los 60 millones, con el oportuno reparto de roles, entre los que el papel de algunos investigados no es desdeñable ni accesorio».

Y va más allá en esa conexión al concretar que todas las operaciones inmobiliarias que se investigan «exteriorizan una secuencia, una serie de acciones homogéneas que aprovechan un plan preconcebido o un patente defecto de control (...) que, aunque fueron ejecutadas en distintos momentos temporales, obedecen a una misma resolución delictiva (...) que siempre abocan en la misma víctima y que ejecutan unos mismos sujetos activos con una clara homogeneidad del modus operandi».

Esta forma de actuar, concreta el ponente, explica «la irracionalidad económica dentro de la racional que supone la idea criminal de trasvasar los riesgos de la CAM y apropiarse de los réditos rápidos de las plusvalías de los solares, previa creación de sociedades a tales fines, generando en una asimetría de riesgos un enorme perjuicio a la CAM y sus propietarios y unos réditos a sus gestores, que responden a un plan criminal grupal».

Rajoy tiene casi despejado el camino hasta 2020, pero total ¿para qué? / José Oneto *

Cuentan que las instrucciones que el miércoles dio Rajoy a María Dolores de Cospedal, secretaria general del partido, cuando se dirigía a la Puerta del Sol para pactar la salida de Cristina Cifuentes de la Presidencia de la Comunidad, fue tajante: “Dile que la quiero fuera antes de las doce”. 

Y, efectivamente, a las doce menos cuarto, comparecía Cristina Cifuentes, toda vestida de blanco, anunciando su dimisión porque no podía más tras el cerco y la ofensiva a la que estaba siendo sometida, “por tierra mar y aire“, según ella desde que accedió a la Presidencia del PP y de la Comunidad y comenzó a denunciar la corrupción en su propio partido. Después, un máster inexistente y un vídeo comprometedor, hizo el resto…

Ese día, a las doce, Mariano Rajoy quería anunciar que se había llegado a un acuerdo con el PNV para que el partido vasco votase en contra de las seis enmiendas a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado para 2018, primer y decisivo paso para la aprobación final, que a estas alturas, es el gran  desafío político de Rajoy. Un desafío que le permitirá agotar la legislatura. 

Y para ese anuncio feliz, debió pensar que tenía que arreglar “lo de Cifuentes”. Y que tenía que arreglarlo antes del mediodía en que entraría por la puerta principal del Congreso y le preguntarían, no por los Presupuestos, sino por Cifuentes y su posible dimisión, antes de la moción de censura.

El PNV, que tanto había insistido en que no aprobaría los Presupuestos hasta que se levantase el artículo 155, de intervención por el Gobierno central de la Generalitat de Cataluña, se olvidaba del polémico artículo y salvaba al Soldado Rajoy (ver republica.com PNV: Salvar al Soldado Rajoy), como lo salvó hace un año, con los Presupuestos de 2017 gracias al Cupo y a una inversión gigantesca en infraestructuras, como ha ocurrido este año, que el partido vasco ha querido reconciliarse con los pensionistas, y no solamente con los del País Vasco, asumiendo con habilidad, sus reivindicaciones.

Así, este año de nuevo, salvaba hoy al soldado Rajoy (176 votos a favor, y 174 en contra) a cambio de que el soldado de la Moncloa aceptase subir las pensiones de acuerdo con el IPC (algo que, decía que era imposible porque ya el IPC no se utilizaba como referencia en ningún país de Europa) y porque no había fondos económicos suficientes para una revalorización de las pensiones, aplicando ese criterio de subida que era el que han venido reclamando millones de pensionistas que, durante semanas, han salido a las calles de las ciudades españolas (especialmente en Bilbao), exigiendo que la tan traída y llevada recuperación. Llegase también a ellos.

Ante la sorpresa de este nuevo balón de oxígeno de los nacionalistas vascos que le permitirá a Rajoy agotar la legislatura en 2020, después de prorrogar los Presupuestos de ahora, el año que viene, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha aclarado que el pacto con el presidente Rajoy conlleva dos consecuencias políticas: “Ganamos tiempo para Catalunya y evitamos que Ciudadanos llegue a La Moncloa en otoño”, ha señalado. Para el dirigente vasco si no hubiera habido acuerdo sobre los Presupuestos, habría un adelanto electoral en el otoño, que es lo que quiere Ciudadanos “y no le vamos a hacer nunca el caldo gordo a Ciudadanos”. 

“Somos -ha añadido- incompatibles con Ciudadanos y no queremos que lleguen a la Moncloa. Sería un desastre para Euskadi, para el Estado y hasta para Europa. No tengo relación con Rivera, ni buena ni mala”, ha subrayado Ortuzar, el nuevo aliado de Rajoy…

Ahora se abre el periodo de enmiendas parciales que culminará el próximo 24 de mayo. Si entonces se mantiene la votación de este jueves con el voto de Nueva Canarias (hoy también ha votado a favor del Gobierno Pedro Quevedo de Nueva Canarias debido, según ha dicho, a un error) el Gobierno y su Presidente tiene el camino despejado hasta las elecciones municipales, autonómicas, europeas y generales. 

Pero eso, en un panorama de crisis política en el Partido, realmente devastadora, por la corrupción, y por la parálisis. Una parálisis que Rajoy ha conseguido transmitirte a todas las estructuras de poder.

(*) Periodista y economista


https://www.republica.com/viva-la-pepa/2018/04/26/5531/

Hacienda subirá el impuesto a los carburantes y elevará su precio en nueve autonomías (C. Valenciana)

MADRID.- El Ministerio de Hacienda prepara un aumento de los impuestos que gravan los carburantes que amenaza el bolsillo de millones de conductores repartidos en nueve autonomías diferentes. Así consta en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que ha presentado el Gobierno y en estos momentos se encuentra en plena tramitación parlamentaria, según El Mundo. 

El cambio consiste en la supresión del tramo autonómico del Impuesto Especial de Hidrocarburos que en estos momentos grava el litro de carburante con hasta 4,8 céntimos por litro, según la voluntad de la autonomía. La crisis de los últimos años y la necesidad de algunas regiones de disminuir sus déficit fiscales llevó a que un total de hasta siete comunidades autónomas -Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Cataluña y Galicia- situaran durante los últimos años el gravamen en su rango máximo de 4,8 céntimos por litro, creando una serie de fronteras fiscales entre las propias regiones que rompe la unidad de mercado.

Sólo el efecto de este impuesto hace que en estas regiones cada repostaje saliera 2,6 euros más caro que en las cinco -Castilla y León, Cantabria, País Vasco, Navarra y La Rioja- que han aguantado la crisis sin elevar este gravamen a sus habitantes y a los transportistas que aprovechan sus rutas para llenar sus depósitos en estas autonomías. El resto de autonomías ha optado por situar este impuesto en un tramo intermedio que va desde lo 1,7 céntimos por litro en Madrid a los 4 céntimos de Asturias.

Ahora sin embargo serán todos los conductores de estas nueve autonomías quienes verán como el litro de gasolina sube con fuerza en el surtidor si los Presupuestos Generales del Estado salen adelante como están redactados en estos momentos. El plan de Hacienda es «garantizar la unidad de mercado en el ámbito de los combustibles y los carburantes, integrando el tipo impositivo autonómico del Impuesto sobre Hidrocarburos en el tipo especial, sin que dicha medida suponga un menoscabo de los recursos de las comunidades autónomas y todo ello dentro del marco normativo comunitario», según consta en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

Esta medida se traduce es suprimir el tramo autonómico y sumar esos 4,8 céntimos por litro al tramo estatal del impuesto, tanto en las autonomías donde ahora mismo está vigente como en las que no. Esto elevará hasta 7,2 céntimos por litro el tramo especial del impuesto sobre hidrocarburos, que ahora mismo está situado en 2,4 céntimos. Es decir, se suma de forma generalizada los 4,8 céntimos de tramo autonómico. A esta cantidad se añadirían por otro lado una carga de 43,1 céntimos por litro de gasolina y de 30,7 céntimos de gasóleo. Los nuevos impuestos entrarían en vigor el 1 de enero de 2019 si los Presupuestos son aprobados.

Hacienda justifica el incremento de la presión fiscal sobre los carburantes en el cumplimiento de la normativa europea que prohibe la existencia de fronteras fiscales entre los territorios de un mismo país, explican a este diario fuentes del departamento que dirige Cristóbal Montoro. El ministerio argumenta, por otro lado, que el cambio está vinculado al cumplimiento de la Ley General de Unidad de Mercado que busca romper las barreras económicas entre autonomías.

El tema de las fronteras fiscales en el precio de los carburantes viene arrastrándose desde el año 2012, cuando el Gobierno suprimió el conocido como céntimo sanitario para introducir un triple tramo del Impuesto Especial de Hidrocarburos: general, especial y autonómico. Este cambio permitió a las autonomías modificar sus propios tributos sobre los carburantes para estimular sus ingresos públicos durante los peores años de la recesión.

El cambio iba en contra de la directiva europea que prohíbe la «regionalización» del impuesto, si bien España confiaba en que el reglamento comunitario fuera modificado para acoger la excepcionalidad geográfica del país. Sin embargo, las pretensiones españolas se vieron tumbadas por la postura en contra de otros Estados como Alemania, Bélgica y Polonia, explican fuentes jurídicas.

El incremento de presión fiscal sobre los carburantes a nivel autonómico se suma a la propuesta que ha realizado el grupo de expertos nombrado por el Ministerio de Energía para abordar la transición del país hacia un modelo energético menos contaminante. Una de las principales medidas propuestas por este grupo consiste en el aumento de un 28% del precio del gasóleo para automoción para financiar la tarifa de la electricidad y el mantenimiento de las carreteras.

Las grandes petroleras se mostraron ayer muy críticas con la subida de la presión fiscal sobre el gasóleo que proponen los expertos. El presidente de la patronal AOP -que reúne a grupos como Repsol, Cepsa o BP-, Luis Aires, calificó de "chapuza" la propuesta de subir el precio del litro de diésel -acercándolo a los 1,4 euros por litro- y propuso que la reforma fiscal sobre este sector se aborde tras un debate «con criterio».

«Estamos completamente en desacuerdo con la propuesta de subir el gasóleo un 28%. No se pueden hacer chapuzas porque el gasóleo ahora no está de moda», señaló Aires en un encuentro con medios. Las petroleras consideran que en el campo fiscal -el que más ruido ha hecho tras la publicación del informe- tiene un «claro sesgo eléctrico» con respecto a los carburantes.

Eva Montesinos vuelve a ser la portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Alicante

ALICANTE.- Marcha atrás a la polémica decisión de la ejecutiva local del PSOE de Alicante de apartar a Eva Montesinos, su alcaldable fallida, de la portavocía del grupo. En una reunión de la dirección local del partido forzada por la cúpula autonómica del PSPV, la ejecutiva ha decidido situar a Montesinos como portavoz, y a Miguel Castelló (el nuevo concejal, que ha ocupado el acta del exalcalde Gabriel Echávarri) como su portavoz adjunto. El exsenador Ángel Franco, como ha venido contando Alicante Plaza, pretendía apartar a Montesinos para convertir en portavoz al recién llegado.

El acuerdo adoptado esta tarde para salvar el enfrentamiento con la cúpula del PSPV, que incluso amenazaba con la posibilidad de nombrar una gestora, incluye el nombramiento del ex edil de Recursos Humanos Carlos Giménez como presidente del grupo, y de la ex edil de Infraestructuras Gloria Vara como secretaria. Se queda fuera de la estructura el ex edil de Tráfico Fernando Marcos, que sonaba como adjunto durante las negociaciones.

En una reunión posterior, los seis integrantes del grupo municipal han acordado validar el nombre de los asesores inicialmente propuestos en la reunión del pasado lunes: la propia esposa de Ángel Franco, Fini Nicolás; el actual secretario de Organización local, Pedro Ródenas; la hija del actual presidente de la agrupación, Morán López Berruti, Lara López; y el hasta ahora asesor de Urbanismo, Pedro Boj, hijo, a su vez, del ex concejal Pedro Boj. 

Pese a la polémica generada por el nombramiento de éstos, Montesinos ha dado por buenos los nombres aportados, aunque ha matizado que "todavían quedan unos flecos de cómo solucionar algunos aspectos", sin querer dar más detalles. 

"Si no se toma un acuerdo diferente o si hay que tomar un acuerdo diferente se tomará, pero de momento prevalece lo que se aprobó el lunes", ha comentado. Sobre el grado de afinidad de los asesores y la nueva portavoz, Montesinos ha dicho que "son aspectos que se pueden tratar y se irán tratando".

La portavoz del grupo municipal Eva Montesinos ha destacado al término de la reunión que los acuerdos se han adoptado por unanimidad y que las discrepancias se han solventado. En esa misma reunión se ha distribuido las competencias: Montesinos será la portavoz  titular y Miguel Castelló, el adjunto, como ya había aprobado la comisión ejecutiva local anteriormente. 

También se han aprobado las tareas de cada concejal: hay una presidencia, que ocupará Carlos Giménez; las dos coportavocías, en las que Montesinos y Castelló tendrán diferentes responsabilidades. Así, una de las coportavocías está enfocado a las relaciones con el tejido asociativo de la ciudad y la otra, más enfocada a cuestiones internas del partido. 

Sobre la distribución de sueldos para cada uno de los seis concejales, Eva Montesinos ha comentado que "este jueves en el pleno se aprobará la nueva organización -que en el caso del PSPV-PSOE son cuatro dedicaciones exclusivas y dos medias dedicaciones-, pero que después todavía tendrán unos días para ver cómo se lleva a cabo ese reparto".

El Tribunal Supremo rebaja el margen de error de los radares de Tráfico

MADRID.- El Tribunal Supremo ha establecido que los radares móviles de Tráfico que realizan la medición de la velocidad desde una ubicación en trípodes o en coches parados tienen un margen de error del 5 % y no del 7 %, por lo que atribuye a este tipo de dispositivos el mismo porcentaje que a los fijos.

Con este criterio, el tribunal ha desestimado el recurso de casación interpuesto por un conductor, que fue grabado por un radar cuando conducía a 214 km/h por la AP-68 (sentido Zaragoza), contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra que le impuso el pago de una multa de 1080 euros y la prohibición de conducir durante un año y un día por un delito contra la seguridad vial.

La Sala se plantea si un radar cuando se coloca sobre un trípode o en un vehículo parado es un instrumento fijo o móvil a los efectos de determinar el índice de error del 5% o del 7%, ya que considera que las órdenes ministeriales que regulan estos dispositivos -fijos y móviles (estáticos o en movimiento)- no aclaran esta cuestión.

En el caso planteado en este recurso de casación -señalan los magistrados- dicho porcentaje es relevante pues, en función del margen de error que se aplique, el conductor puede ser absuelto o condenado.

De hecho, el juzgado de lo Penal nº 3 de Pamplona le absolvió al considerar que el aparato de medición era móvil, por lo que después de aplicar un margen de error del 7% concluyó que la velocidad a la que circulaba el conductor podía ser de 199 km/h, y no superaba en 80 km/h la velocidad máxima permitida en esa vía, luego no era delito.

Por su parte, la Audiencia Provincial de Navarra entendió que el sistema de medición era estático, con un margen de error del 5%, por lo que la velocidad a la que circulaba era como mínimo de 203 km/h. Al superar el margen legal, revocó la absolución y condenó a este conductor como autor de un delito contra la seguridad vial.

La conclusión a la que llegan los magistrados de la Sala de lo Penal del Supremo es que “si el aparato de medición, cinemómetro, es empleado desde una ubicación fija, esto es sin movimiento, ya sea fijo o estático, el margen de error es del 5%“.

Y afirman, además, que esa catalogación es “lógica” porque “la medición de la velocidad, desde un radar fijo, o desde una instalación sin movimiento, supone un menor margen de error que la medición realizada desde un dispositivo en movimiento”.

El fin de la 'happy hour' y las copas en los parques de bolas

MADRID.- La ley para retrasar el inicio del consumo de alcohol por parte de los menores tomó forma este martes en el informe que ha aprobado la Comisión Mixta del Congreso y Senado para el estudio del problema de las drogas, que incluye nuevas prohibiciones sobre consumo y exhibición de alcohol ante los menores de edad, tal como recuerda 20Minutos.

También recupera otras, como la prohibición a menores de 18 años de entrar a espectáculos y conciertos donde se venda alcohol y propone revisar la contabilidad fiscal de los impuestos especiales de todas las bebidas en relación con su cantidad de alcohol puro, con la idea de ir elevando "progresivamente" esta tasa.

Estas y otras medidas que, tras escuchar a 38 expertos, la comisión quiere que se refleje en una futura ley.

Fin de la "happy hour". El informe prohíbe las ventas reducidas en horarios específicos porque "fomentan el consumo de atracón". Los bares, además, deberán suministrar agua gratuitamente o a "precio reducido". Prohíbe la venta ambulante de bebidas alcohólicas, en gasolineras y venta online y recomienda prohibirlo también en máquinas autoexpendedoras, así como endurecer las medidas para el reparto a domicilio de bebidas alcohólicas, con el fin de asegurar que los compradores no son menores.

Botellón. El informe insta a las administraciones públicas, sobre todo a los ayuntamientos, a asegurar que no hay menores consumiendos en espacios públicos, haciendo botellón, y pide prestar "especial atención a la dispensación gratuita y la venta a menores en fiestas, festejos o eventos de gran confluencia".

Propone prohibir también el consumo en la vía pública, salvo terrazas o áeras autorizadas, y pide a las administraciones públicas que se pongan de acuerdo en las restricciones que se pueden aplicar los macrobotellones y botellódromos.

Lejos del niño. Para no promocionar la cultura del alcohol, la ponencia propone prohibir su venta en lugares donde haya menores de edad. Además de colegios e institutos, cita centros deportivos, parques temáticos, ludotecas, museos, biblotecas o cines. También pide que se revise "la densidad" de puntos de venta alrededor de lugares destinados a menores o frecuantados por ellos, un perímetro en el que tampoco se podrá publicitar.

Asimismo, propone prohibir la exposición de bebidas alcohólicas en los escaparates e insta a supermercados y grandes superficies, a aumentar la vigilancia sobre los productos alcohólicos y a colocarlos detrás del lineal de cajas para que "sea imposible su robo".

Tasa "0". Para los menores de edad, la tasa de alcoholemia debería reducirse de 0,25 a 0 y las fuerzas y cuerpos de seguridad deberían poder hacer controles de aire respirado a menores aun cuando no estén conduciendo o requistar envases con supuesto contenido alcohólico.

Por lo que respecta a la autoridad, el informe también propone dar potestad para que responsables de bares o de venta a domicilio puedan obligar a que se les muestre el DNI del cliente para comprobar su edad.

"Ni una gota" . La publicidad ocupa varios apartados de un informe que propone modificar la recomendación de "consumo moderado" o "es tu responsabilidad" por otro más taxativo como "tolerancia cero en menores", "menores sin alcohol" o "menores ni una gota". Propone campañas contra el consumo entre menores similares a las campañas de "circulación vial".

Cierre de bares. La ley contra el consumo de alcohol por parte de menores incluirá sanciones, entre ellas, el cierre de bares o comercios que les vendan alcohol"de manera reiterada". También, aumentar las sanciones para establecimientos que vendan fuera de los horarios permitidos, así como por consumir en la calle, en cuyo caso se contemplan más sanciones o su sustitución por "trabajos para la comunidad".

En este punto, el informe regresa a la responsabilidad de padres y tutores –a quienes dedica un capítulo anterior para que sean vigilantes– y para los que establece también sanciones "proporcionadas" y con "una clara orientación educativa".

Por eso, propone que los tutores puedan "condonar la sanción" con "actividades reeducativas" junto a los menores a su cargo. En caso de "reincidencia grave", el informe se remite a la ley de Protección del Menor.

Conciertos y espectáculos. Si obedece al informe, la futura ley contra el consumo de alcohol entre menores daría un paso atrás respecto a leyes autonómicas que, en la Comunidad Valenciana o Cantabria, permiten la entrada de menores a conciertos sin su tutor. La ponencia busca prohibir "la entrada  de menores de 18 años en establecimientos cerrados que sirvan  bebidas alcohólicas, como salas de fiesta, discotecas, eventos o espectáculos salvo que vayan acompañados".

Cada vez beben más y más pronto. En su introducción, la ponente del informe, la diputada Tania Sánchez (Unidos Podemos) dibuja un panorama alarmante sobre los hábitos de consumo de alcohol entre los menores de edad, que cada vez empiezan antes y entre quienes son frecuentes los "atracones". "Más de 700.000 menores admiten beber cinco o más copas en un corto espacio de tiempo", señala.

El informe alude a estadísticas que señalan que 14 años es la edad a la que empiezan los menores a consumir alcohol.

El "consumo de atracón", prosigue el informe, ha provocado en los últimos años  fallecimiento de niños y niñas por tomar excesivas cantidades de alcohol y, en algunos casos, importantes daños para su salud. Al menos 6.000 menores fueron ingresados por comas etílicos en el año 2016, dice el documento.

Plagio: por qué la Universidad es blanda con los tramposos

MÁLAGA.- Mientras las universidades cuentan cada vez con herramientas más eficaces para detectar plagios, siguen careciendo de un reglamento nacional y moderno que les diga a qué se enfrentan los que suelen trabajar con el copia y pega o los que directamente lo subcontratan, sobre todo trabajos de fin de grado o el de máster, como el polémico de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, recuerda El Mundo. 

En España, las sanciones al incumplimiento de los deberes académicos se recogen aún en un texto franquista de 1954 debido a que los distintos gobiernos han incumplido el plazo de un año para renovarlo que fijó en 2010 el decreto del Estatuto del Estudiante Universitario.
Entre los deberes de los universitarios está el "abstenerse de la utilización o cooperación en procedimientos fraudulentos en las pruebas de evaluación, en los trabajos que se realicen o en documentos oficiales de la universidad". 

Ahí estaría el uso del pinganillo, las chuletas digitales, el pasarse las respuestas por el móvil y el fusilar trabajos a gogó. Pero, pillados en esas actitudes, no suele caber más que el suspenso en la asignatura.
Sin embargo, universidades como la Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona han innovado en la interpretación de ese deber e incluyen en él "omitir conscientemente el reconocimiento de una persona en trabajos o actividades académicas, o falsear esta aportación. 

El plagio, la copia, las citas evidentemente incorrectas en los documentos y las demás carencias graves de respeto a la propiedad intelectual. La publicación duplicada de trabajos no autorizada, la supresión relevante de datos pertinentes o la inclusión de datos falsos". O sea, el plagio en sus muchas acepciones, con una sanción que puede llegar hasta la expulsión.
¿Qué ha pasado con el mandato para actualizar a Franco en 2018? Pues no mucho. El Ministerio de Educación informa de que está a la espera de que la Conferencia de Rectores (CRUE) mande sus aportaciones y, ésta, a su vez, reconoce que están en una fase "inicial" de diálogo con los representantes del Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado (Ceue). A su vez, fuentes de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas (Creup), finalmente, confirman: "Muy inicial". Ocho años después de la aprobación del estatuto, no hay ganas de derogar un texto franquista que, en su ejecución, además, resulta de lo más farragoso de aplicar, como explica Benito Arruñada, catedrático de la UPF, quien sólo recuerda un expediente abierto a un alumno.

El 'Remedio Turnitin'

Mientras, surgen portales como nohagasnada.com, donde se pueden encargar los trabajos universitarios por número de páginas y referencias que se quieran incluir. Pero, a la vez, herramientas de software como Turnitin les obligan a ser muy sofisticados en los trabajos, porque el programa, usado en universidades de todo el mundo, es muy eficaz detectando plagios. 

Es otra de las batallas que se libran en el ciberespacio: plagiadores y detectores.
Mientras, según el director del Secretariado de Promoción de la investigación y Cultura Científica de la Universidad de Sevilla, Ricardo Chacartegui, en esta institución llevan ya un año de programa de prevención antiplagio, enseñando cómo usar Turnitin: "Tenemos campañas en todos los centros y los trabajadores de la biblioteca son muy buenos con ellas. Además, están todos muy conectados a redes de bibliotecarios por España y comparten buenas prácticas". 

El objetivo es que plagiar, copiar, esté muy mal visto, según Chacartegui. 

 Que nadie pueda ir presumiendo de lo que ha fusilado, además de ofrecer formación, porque hay ocasiones en las que los alumnos no saben cómo citar bien. 

Todavía parecemos estar algo lejos: hace sólo un año se ovacionaba a Fernando Suárez, ex rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, pese a las evidencias de que había copiado partes de trabajos en su trayectoria académica.
No obstante, debido al precio de las licencias de este programa, por ahora sólo se usa en Sevilla para los trabajos de fin de grado y máster, así como las tesis doctorales. De todos modos, dos profesores consultados confiesan no tener ni mucho tiempo (ni ganas) para comprobar los plagios en los trabajos de las asignaturas. 

En las tesis es imposible que haya plagio- afirma Chacartegui-, por cómo trabajan los profesores con sus alumnos. En fin de grado y de máster sí ha habido casos en los que se han echado para atrás los trabajos, lo que supone de facto no conseguir el título.
Mientras, en países donde se lleva años usando la herramienta, como en Reino Unido, sí que hay ya informes sobre la incidencia en las prácticas universitarias y el descenso de los plagios detectados. Porque la compraventa de trabajos, por ejemplo, no es algo que sólo ocurra en España.
La batalla en el ciberespacio no es nada comparada a la que podría surgir entre partidos, sindicatos de estudiantes y rectores si se decidieran finalmente a regular las sanciones por estas faltas graves en esa parte del Estatuto que quedó por desarrollar.

¿Una propuesta fascista?

Federico Morán, catedrático de Bioquímica y ex secretario general de Universidades con José Ignacio Wert, no es optimista sobre la actualización del texto de 1954: "En España, cualquier norma sancionadora no nos gusta. 

Unos dirán que las propuestas son fascistas, otros que son populistas y no vas a poner de acuerdo a todos" en una norma que debería dejar claro por qué se puede expulsar de la Universidad a un alumno o a un profesor. 

Por plagio, por ejemplo, como ocurre en las universidades anglosajonas, donde hay códigos de conducta en los que, como en Harvard, dicen que vender apuntes o realizar trabajos por encargo es una falta disciplinaria que puede acarrear la expulsión.
Jesús de Alba, recién elegido presidente de la Creup, sí cree que hace falta un texto nuevo "que proteja a estudiantes y sus derechos, así como garantice la adecuación al actual marco normativo del procedimiento sancionador, puesto que la normativa que sigue vigente es preconstitucional y hace referencia a preceptos y tipos penales ya derogados" e insiste en el mandato de 2010. 

Además, enfatiza que "los plagios son un acto inaceptable que ataca la credibilidad de quien lo ejecuta y de la institución que lo sufre, cuestionando la calidad de la misma".
Algo en lo que está de acuerdo Lluis Val, representante de Turnitin en España, que cree que ahora mismo "todas las universidades son conscientes de la amenaza que supone el plagio" y pone la lucha contra esa práctica como una de las condiciones para que España alcance la élite universitaria mundial.

 La CRUE explica que el plagio tendrá su "tratamiento específico en la normativa a la que se ha hecho referencia, sin excluir acudir al Ministerio Fiscal en aquellos casos en que se estime necesario".
En Reino Unido, hace un año, se encargó un informe sobre lo extendida que estaba la práctica de pagar por trabajos que, allí, está considerada "plagio masivo". El informe de la agencia de calidad de las universidades hablaba de cientos de sitios web donde se podían encargar los trabajos y recomendaba medidas legales contra ellos inspirados en Nueva Zelanda, donde se cerraron y congelaron activos. 

También se aconsejaba las sanciones para los alumnos. Ellos ya han dado la batalla contra el plagio por concluida, gracias al software, pero están en cómo combatir los trabajos por encargo.
En nuestro país, mientras tanto, aún seguimos dándole vueltas a un texto de Franco.

China, paraíso del copia-pega

China es otro de los países que no penalizan mucho socialmente el plagio. Medio millón de universitarios chinos estudian en el extranjero y, con ellos, llega una cultura donde está asentado el 'subcontratar' trabajos académicos. 

En EEUU, en 2015, 8.000 de ellos fueron expulsados, provocando una situación curiosa: por un lado, los estudiantes asiáticos siguen manteniendo una imagen de esfuerzo e inteligencia pero, por otro, las nuevas hornadas de hijos de ricos son muy distintas.

Ultimátum de Sanidad a los productos homeopáticos

MADRID.- El Ministerio de Sanidad dará tres meses de plazo a los fabricantes de productos homeopáticos para que los preparados sean sometidos a las pruebas de seguridad y calidad por parte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps). 

En caso de no presentarse, tendrán que ser retirados de las farmacias y su venta quedará prohibida en España, según se acordó durante la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, explicó al término de la reunión que todos los productos homeopáticos que pasen las pruebas tendrán que llevar la etiqueta de 'medicina homeopática sin indicación terapéutica'. Y es que, según subrayó la titular de Sanidad, sobre estos artículos «no hay evidencias terapéuticas».

Sanidad al realizar la transposición de la directiva de la Comisión Europea que regula estos preparados da la oportunidad a los fabricantes para que presenten los productos que consideren oportunos a los controles médicos y ensayos clínicos que, una vez superados, les darían la categoría de medicamento. 

«Esos controles serán los mismos a los que se somete cualquier otra medicina», apuntó la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, al término de una reunión que se prolongó ocho horas, en la que sobre este asunto concreto hubo unanimidad entre el Gobierno y los consejeros autonómicos.

La ministra de Sanidad recordó que España está obligada a trasponer esta legislación europea porque «de no hacerlo, no podríamos evitar la sanción». En todo caso, insistió en que la Aemps garantizará la transparencia y rigor en esta evaluación por lo que está previsto que, una vez determinados los productos de venta autorizada, el ministerio realizará una «campaña informativa sobre los que van a entrar en el mercado». 

Desde Sanidad insistieron en que no saben en este momento cuántos productos homeopáticos de las decenas de miles que actualmente están a la venta pasarán los exámenes.

Respecto a los profesionales de la medicina, el Consejo Interterritorial fue informado sobre el real decreto que creará la especialidad de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia. En este punto, los consejeros requirieron que también fuesen aprobados en el futuro los de Urgencias y Enfermedades Infecciosas, lo que, según Montserrat, será abordado por la comisión de recursos humanos.

También fue analizado el futuro real decreto de indicación enfermera, para que este grupo de profesionales sanitarios queden habilitados para prescribir medicamentos o realizar vacunaciones, competencias actualmente de los médicos. 

De entrada, durante la sesión se insistió en la acreditación para estas labores de los titulados universitarios en Enfermería. Varios consejeros destacaron que la acreditación es automática en el caso de los titulados superiores, no así para los antiguos auxiliares técnicos sanitarios (ATS) que tendrán que demostrarla.

Por otra parte, Montserrat anunció a los consejeros que la próxima reunión del Consejo Interterritorial, que se celebrará el 16 de mayo en Toledo, será dedicada exclusivamente a la financiación sanitaria.

El Congreso aprueba el desalojo exprés de viviendas de particulares okupadas

MADRID.- La Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado una proposición de ley del PDeCAT que modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil para proteger la propiedad privada frente a la okupación ilegal. Esta comisión de la Cámara baja ha enviado la reforma de la ley al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta y el texto no encontrará ningún obstáculo para salir adelante, aunque luego deberá volver al Congreso. 

La reforma ha sido aprobada por 19 votos a favor y 18 en contra —se han opuesto el PSOE, Unidos Podemos y ERC— y en cuanto entre en vigor tras su ratificación en la Cámara alta permitirá el desalojo exprés de las viviendas de propietarios que sean "personas físicas, entidades sin ánimo de lucro y entidades públicas propietarias de viviendas social". Los tres partidos que se han opuesto mantienen que la modificación no garantiza el realojo de las familias vulnerables que hayan okupado un inmueble, según El País.

El grupo parlamentario confederal ya había alertado de que la proposición de ley para agilizar los procesos de desalojo ante ocupaciones de vivienda abre la puerta a que los bancos y fondos buitre pudieran acogerse a este procedimiento de desahucio exprés.

El PSOE finalmente se ha descolgado de un texto que, en buena parte, había acordado y respaldado en la fase de ponencia. Lo ha motivado en que el resultado "final no tiene medidas concretas contra los extorsionadores, sino contra los ocupantes". 

En la votación de enmiendas en la comisión se han excluido del proceso de desahucio exprés a las entidades privadas y gestoras de un fondo de viviendas destinadas al alquiler social, que venían incluidas en el texto aprobado por la ponencia, lo que abría la puerta a que entidades financieras o fondos buitre pudieran acogerse a estos procedimientos.

Podemos había denunciado que entre las entidades que pueden acogerse a este nuevo procedimiento figuran "entidades titulares o gestoras de un fondo de viviendas destinadas a alquiler social al que pertenezca el inmueble que no gocen de privilegios administrativos para recuperar la posesión". Es decir, "bancos y lo que haga falta", había denunciado este lunes la portavoz de En Comú, Lucía Martín.

La propuesta finalmente aprobada abre la puerta a pedir "la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella siempre que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento" las personas físicas propietarias de vivienda, entidades sin ánimo de lucro y "entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social".

En este caso, se trasladará una notificación a los ocupantes, extensible a aquellos que en ese momento no se encuentren en la vivienda. Desde entonces, se exigirá a estos ocupantes que justifiquen la situación de posesión. 

Ante esto, "exclusivamente" podrán fundamentar su oposición a la demanda en "la existencia de título suficiente para poseer la vivienda o en la falta de título" por parte del demandante. En caso de no aportarse "justificación suficiente, el tribunal ordenará mediante auto la inmediata entrega de la posesión de la vivienda". Contra este auto, señala la ley, "no cabrá recurso alguno y se llevará a efecto contra cualquiera de los ocupantes que se encontraren en ese momento en la vivienda". 

También se dictará sentencia "de inmediato" en caso de que el demandado no contestara al requerimiento en el plazo previsto de cinco días. La ley, además, posibilita la ejecución, si así lo solicitara el demandante, sin la necesidad de que transcurra el plazo de 20 días previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La ponente del PDeCAT, Lourdes Ciuró, ha asegurado que en ningún caso buscaban permitir "que puedan acogerse ni fondos buitre ni cualquier entidad que pueda especular con la vivienda". 

"No es nuestra intención", ha declarado. Ciuró ha confirmado que han trabajado en "un redactado para que no quede ni la más mínima duda de que únicamente puedan acogerse Administraciones públicas y ONG, tal y como constaba en la iniciativa original, y hasta en el propio título inicial de la propuesta, que mencionaba la disposición de viviendas a entidades sociales y Administraciones públicas. Ahora, se limita a hablar de la okupación ilegal de inmuebles".

La ley también contempla la comunicación "a los servicios públicos competentes en materia de política social" en diferentes fases del proceso "si procediera su actuación", aunque no de oficio sino una vez se obtuviera consentimiento de "los interesados". 

La primera de ellas, en caso de identificarse a los ocupantes al efectuar la notificación de la demanda, al acordarse la entrega de la posesión de la vivienda y el desalojo y también cuando se fije la fecha para ejecutar el desahucio. Al acordar la entrega de la posesión, se fija un plazo de siete días para que estos servicios públicos puedan "adoptar las medidas de protección que en su caso procedan".

Sin embargo, la proposición de ley no garantiza una alternativa para los desahucios de estas okupaciones y no tiene definidas medidas concretas para aquellos casos en los que las personas desahuciadas se encuentren en una situación de vulnerabilidad. 

Pero sí que establece la obligación de las Administraciones públicas de que incorporen en sus protocolos de vivienda "medidas ágiles de coordinación y cooperación al objeto de prevenir situaciones de exclusión residencial", con el fin de "dar respuesta adecuada y más lo más inmediata posible" a casos de vulnerabilidad.

Estos protocolos, subraya esta medida incluida en una disposición adicional, "garantizarán la creación de registros" donde incorporar "datos sobre el parque de viviendas sociales disponibles para atender a personas o familias en riesgo de exclusión".

La aprobación del desalojo exprés ha agrandado la brecha en Cataluña entre el PDeCAT y la CUP. La diputada autonómica de la CUP Natàlia Sànchez ha acusado al partido de Carles Puigdemont de facilitar los desahucios de viviendas con su propuesta para "blindar privilegios" de "la elite que especula con las propiedades" inmobiliarias. 

En ese sentido, ha considerado "gravísimo que el PDeCAT lidere políticas que van en contra de las clases populares para convertir las viviendas en material de beneficio y de especulación".

También la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha denunciado que esta sea la única ley que se está planteando en materia de vivienda, que a su juicio acelerará los desahucios de viviendas ocupadas y "generará una nueva ola de desahucios". 

"Es muy fácil ir legislando a favor del desahucio y que después todas las consecuencias las tengan que gestionar los Ayuntamientos", ha criticado.

La mayoría de los jubilados no se ha financiado su pensión pública

MADRID.- Llama mucho la atención que la algarada callejera promovida por los sindicatos y los partidos de izquierda con los pensionistas en las últimas semanas, y que ha sido neutralizada con poco más que un aguinaldo del Gobierno, resista todavía en el País Vasco, sobre todo en Bilbao, según Cinco Días. 

Todas las semanas centenares de señores y señoras reclaman en la calle una “revalorización digna” de sus pensiones. Llama la atención hasta la sorpresa que la aristocracia de la Seguridad Social mantenga el pulso de manera tan vívida, cuando disponen de los mejores niveles de renta pública de todo el país. 

En el País Vasco la pensión media de jubilación es ahora un 23,5% más elevada que en el resto de España, pero esa ventaja llega al 26,3% si el perceptor es del mismo Bilbao, donde se cobran los retiros más elevados del Estado. Nada menos que un 53% más altas que las extremeñas o las gallegas.

Puede interpretarse su numantina reivindicación como un ejercicio de solidaridad con el resto del Estado, en el convencimiento de que su demanda se imponga y se extienda a todo el territorio. 

Pero sorprende descubrir que la solidaridad se manifiesta más bien al revés. Las cuentas de la Seguridad Social desagregadas por territorios revelan que uno de los mayores niveles de déficit de cotizaciones se registra precisamente en el País Vasco: en 2016, últimas cuentas plenamente cerradas por la Tesorería General del sistema de pensiones, las cotizaciones empresariales y sociales aportaron 5.951 millones de euros en el País Vasco, mientras que el gasto en pensiones contributivas (las que teóricamente deben costearse con cotizaciones) ascendió a 8.223 millones de euros; un déficit de 2.272 millones de euros, nada menos que del 27,6%.

 Un déficit de unos 4.139 euros por cada pensionista (y hasta 4.852 si se trata de los residentes en el mismo Bilbao), y que se incrementaría si su reivindicación de una “revalorización digna” fuese atendida. Por supuesto que todas las reivindicaciones son legítimas, pero algunas, y esta está entre ellas, son imposibles porque son infinanciables.

La solidaridad en la Seguridad Social viaja en todas las direcciones, y dado que se trata de un compromiso entre generaciones, entre niveles de renta y entre territorios, su tesorería debe estar unificada en una sola caja y sometida a un criterio de aportaciones y prestaciones unificado para todo el territorio que garantice la igualdad de todas las personas, vivan allá donde lo deseen. 

Una caja única que en ocasiones han pretendido descerrajar las demandas nacionalistas, pero que han sido neutralizadas por unas simples cuentas de entrada de recursos y salida de prestaciones. 

La hoja de ruta diseñada por los independentistas catalanes preveía la creación de su propia Seguridad Social, pese a que en Cataluña el sistema de pensiones tiene también un importante déficit de cotizaciones, de nada menos que 3.214 millones de euros, un 15,22% de los gastos en prestaciones contributivas. Debe ser por ello que entre sus planes estaba que España siguiese abonando las pensiones durante un tiempo después de creada la República Català. 

En el caso del País Vasco, también estuvo entre sus demandas en el pasado; pero hace ya mucho tiempo que ha desaparecido del catálogo de competencias por inconveniencia financiera. Ahora ha revivido por conveniencia parlamentaria, pero solo se reclama abonar las pensiones a los ciudadanos, pero que el dinero lo ponga Madrid.

Hoy, con un desfase financiero de unos 18.000 millones de euros, la Seguridad Social no dispone de recursos aportados por los trabajadores y los empresarios para satisfacer las prestaciones contributivas. 

Y un análisis regional de las cuentas revela que casi todas las comunidades tienen déficit contributivo, con las únicas excepciones de Madrid, Canarias, Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Y si las cuentas territorializadas de las pensiones registran abultados déficits con las citadas excepciones, es porque las cuentas de cada uno de los españoles con la Seguridad Social también son deficitarias. 

De hecho, nadie, ni el español que por más tiempo y por mayores cuantías haya aportado al sistema público de previsión se ha financiado la totalidad de la pensión que con la esperanza de vida actual va a llegar a su casa. Nadie.

Un cálculo de la prestación a cobrar por cualquier cotizante con la actual legislación demuestra que nadie ha puesto lo que se va a llevar en condiciones normales. La gente precisa cotizar durante al menos 15 años para acceder a una prestación contributiva de retiro, y la prestación será superior cuantos más años y por mejores cuantías haga las aportaciones. 

Dado que desde que comienza Juan Español a cotizar con su primer empleo hasta que percibe su última pensión cambian las condiciones de vida, la norma aplica coeficientes que corrijan los efectos destructivos de la inflación, tanto en las cotizaciones como en las pensiones.

Pero aplicando las fórmulas de cálculo recogidas en la norma como si no hubiese inflación en los 40 años que cotiza un trabajador y los 20 que de media percibe pensión para hacer un ejercicio lo más fiel posible de lo pagado y de lo cobrado, podemos aproximarnos al nivel de autofinanciación que cada cual tiene con su pensión.

Realizamos el cálculo de la pensión a percibir por seis individuos que se jubilan en enero de 2022, cuando haya culminado una parte importante del periodo transitorio de la reforma de 2011, cuando sean precisos ya 66 años de edad, 36 de cotización mínima para disponer del 100% de la base reguladora, y cuando se contabilicen los 25 últimos años de cotización para calcular las cuantía.

El Ciudadano A, un ingeniero industrial de carrera ininterrumpida de cotización, ha aportado siempre por la base máxima, pongamos los 3.751,2 euros actuales durante 36 años (recuerde que España ha vivido en el mejor de los mundos sin inflación durante seis décadas para hacer este simulacro), y con una aportación neta de 1.061,58 euros al mes (de los que la mayor parte los ha puesto la empresa, y no él), alcanza los 12.739 euros al año, o la nada despreciable cantidad de 458.604 euros durante los 36 años de activo.

Dado que tendría derecho a percibir el 100% de la base reguladora (base de cotización multiplicada por 300 y dividida por 350), cobraría una prestación de 3.215,29 euros al mes, que llegarían a los 45.014,06 euros con las 14 pagas. Como ya prácticamente ahora la esperanza de vida a la jubilación legal es de casi 20 años, el Ciudadano A se llevará a su casa 900.281 euros. 

Pero como una de las virtudes de la caja única para garantizar la solidaridad es topar la prestación máxima en 2.580 euros, el citado pensionista solo percibirá tal cantidad 14 veces al año, y 722.428 euros hasta el fallecimiento. El déficit personal con el sistema ascenderá a 263.824 euros, y sus aportaciones solo habrían financiado la pensión 12,69 años.

El Ciudadano B, con una vida laboral más dilatada, con 46 años de aportaciones, siempre en base máxima de cotización, habría cotizado 558.992 euros, su déficit personal llegaría solo a los 136.436 euros, y habría financiado 16,22 años de jubilación.

Veamos qué relación financiera tiene con el sistema un trabajador en el polo opuesto: un auxiliar administrativo que solo aportó los 15 años exigibles para disponer de retiro contributivo. Con la base estanca de 858,6 euros (la mínima), el Ciudadano C aporta 2.915,8 euros al año, y 43.737 durante los 15 años de cotización. 

Como solo tiene derecho a percibir el 50% de la base reguladora (base de cotización multiplicada por 180 y dividida por 210), cobrará una pensión de 367,97 euros 14 veces al año, que pueden llegar a los 103.031 durante todo su retiro. Pero la Seguridad Social, con la virtud de la caja única y solidaria entre niveles de renta, le abonará un complemento hasta llegar a la pensión mínima garantizada de 639,3 euros al mes. 

Así, percibirá 8.950 euros al año, y 179.004 durante los 20 años de media que vivirá como pensionista. Su déficit personal con el sistema será de 135.267 euros, y solo habría financiado la pensión de 4,88 años. Un hipotético Ciudadano D, con la mala suerte de aportar solo 15 años, pero con la buena fortuna de hacerlo por base máxima, solo podría financiarse la prestación de retiro durante 8,49 años.

Cotizar por bases medianas, que es lo más común, como hace el Ciudadano E, no mejora mucho las cosas respecto a su relación financiera con el sistema aunque se haya aportado durante 30 años: el déficit personal sería de 242.000 euros, la mitad de la prestación, y solo cubriría 9,83 años. Si se cotizan 36 años por la base mínima, como hace el Ciudadano F, donde se refugian autónomos y trabajadores manuales, el déficit es también de la mitad de la prestación cobrada, justo para 10,1 años.

Pero la Seguridad Social no son cuentas personales. Es un mecanismo de reparto que no es otra cosa que un sistema piramidal de adscripción obligatoria en el que con las aportaciones de los entrantes se les abona la pensión a los salientes, y siempre se necesitará una masa suficientemente elevada de ahorradores (cotizantes) para poder devolver lo ahorrado a los pensionistas. 

Con los actuales volúmenes de aportación y de pensión individual, siempre serán necesarios cerca de tres afiliados por cada prestación, al menos mientras el retorno de la primera pensión sea tan elevado como es (casi el 80% del último sueldo, el más generoso de Europa); ahora únicamente hay dos personas pagando por cada una cobrando, pero con grave desequilibrio para el mecanismo, que se agravará si no se modifican las cuantías a aportar (al alza) y las cuantías a cobrar (a la baja).

En marzo pasado cotizaban en su condición de ocupados 18,5 millones de personas (también lo hacen los desempleados con seguro contributivo, pero lo hacen de forma transitoria hasta que agoten la prestación), para sostener a 9,58 millones de pensiones públicas. Una ratio de dependencia de 1,93 cotizantes por pensionista. 

Y una vez más, solo Canarias (2,51), Baleares (2,38), Madrid (2,71), Murcia (2,31) y Navarra (2,05), junto con Ceuta y Melilla, superan el listón de lo aceptable. Cantabria (1,51), Asturias (1,18), Castilla y León (1,46) y Galicia (1,29) están en situación cuasi dramática, acuciadas por una despoblación y una desocupación crecientes.

Estas ratios tan desiguales tienen también bastante que ver con la movilidad demográfica tras el retiro, de tal forma que las regiones que concentran mayores niveles de empleo lo pierden en favor de las de mayor arraigo rural para acoger a los pasivos, un fenómeno que se manifiesta de forma intensa en Castilla, Extremadura y Galicia. En algunas provincias la ratio de dependencia es inferior a uno, con menos de un cotizante por cada pensionsta: Zamora, León, Orense, Soria, etc.

Este déficit territorial que empaña a casi todas las comunidades es el que convierte a la caja única de la Seguridad Social en sagrada, para atender las deficiencias allí donde se producen, ya sea de forma puntual (acogida de pasivos) o endémica (falta estructural de activos).

Los parados alicantinos tampoco pagarán por los medicamentos

VALENCIA.- Los valencianos, castellonenses y alicantinos que estén cobrando la prestación o el subsidio por desempleo y cuyas rentas anuales sean inferiores a los 18.000 euros no pagarán por los medicamentos a los que el Estado aplica actualmente un copago del 40%. 

Así lo han anunciado esta mañana el president de la Generalitat, Ximo Puig junto a la consellera de Sanidad, Carmen Montón. La medida, que entrará en vigor el próximo 1 de mayo beneficiará a unos 230.000 personas, casi la totalidad del colectivo de parados en la Comunitat Valenciana, según se ha apuntado, y tiene un presupuesto anual de 10 millones de euros. Actualmente los parados de larga duración que han perdido el derecho a percibir el subsidio ya están exentos del copago.

Con esta medida, el Consell amplía el número de personas beneficiarias de las ayudas al copago farmacéutico de la que ya disfrutan pensionistas de rentas bajas, discapacitados y menores vinculados a personas que cobren por debajo de 18.000 euros anuales.

Gracias a esta ampliación de las ayudas, la consellera ha defendido que se avanza en la «recuperación de derechos» de los colectivos más desfavorecidos, los que tienen un índice de abandono de los tratamientos médicos más alto en parte por el copago de los medicamentos. 

"Con estas ayudas se ha conseguido reducir el abandono de los tratamientos en un 39 % así que son ayudas que están beneficiando la salud de las personas más vulnerables de la Comunitat Valenciana", ha dicho la consellera.

Montón ha defendido, por otra parte, que estas nuevas ayudas frente al copago farmacéutico se han artiulado «con la suficiente seguridad jurídica». 

«Este gobierno ha demostrado que siempre encuentra la fórmula para garantizar la salud como derecho», ha asegurado ante la posibilidad de que, como en ocasiones anteriores, el Gobierno central recurra la aplicación de estas medidas para anular los copagos farmacéuticos impuestos desde 2012.

El PSPV vuelve a ser un reino de taifas solo sostenido por la Presidencia de la Generalitat

VALENCIA.- La dilatada y penosa travesía en el desierto que los socialistas valencianos vivieron entre 1995 y 2015, cuando se encontraban sin poder institucional relevante, sirvió de escenario para luchas cainitas -a veces distribuidas en seriales- que se celebraron durante dos décadas y en las que los congresos orgánicos eran acontecimientos conocidos por convertirse en batallas de simpatías y animadversiones en las que también contaba el bagaje territorial y otras cuestiones que, a menudo, eran peregrinas e indescifrables para los ajenos al día a día de la formación socialista, según publica Valencia Plaza.

Tal fue la hegemonía del PP en la Comunitat Valenciana, que llegó un momento en el que muchos jóvenes dirigentes socialistas acusaban en privado a algunos de sus 'mayores' de sentirse cómodos en esa sempiterna oposición. Resulta difícil de creer que altos cargos de un partido como el PSPV llegaran a perder sus aspiraciones de gobernar, pero la realidad es que el partido del puño y la rosa, al menos por momentos, ofreció intensamente esa apariencia durante aquel periodo. Una sensación que, algún veterano responsable ya retirado, evoca ahora a tenor de los últimos acontecimientos que están atravesando los socialistas estos días: "Tengo la sensación de que el partido sigue actuando como cuando estaba en la oposición", comentaba uno de ellos a Valencia Plaza.

Así, la creencia de que los procesos internos -provinciales, comarcales y locales- celebrados en los últimos meses se han cerrado en falso ha comenzado a extenderse. A día de hoy, el clima en el PSPV parece indicar que solo la posesión de la Presidencia de la Generalitat que recae en los hombros de Ximo Puig evita una guerra civil en la formación socialista. O lo que es lo mismo, se respira en ocasiones un ambiente más dirigido a los preparativos de cara a una futura contienda orgánica que a conducir las energías para volver a ganar las elecciones autonómicas y locales.

Tal y como se preveía, la vigilancia a la hora de que cada facción mantenga su espacio en el partido para no perder ni un centímetro frente a otras familias es constante. En Valencia, el proceso provincial se cerró con un pacto por el que se elevó a rango de líder a la diputada Mercedes Caballero, próxima al secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. Apenas unas semanas tardaron en surgir los primeros roces entre la nueva secretaria general y el responsable de Organización, Vicent Mascarell, elegido en este caso por el entorno de Ximo Puig y, en concreto, por la división Gandia del PSPV liderada por el ex vicesecretario de Organización, Alfred Boix, y el ex vicesecretario de Relaciones Institucionales -ahora asesor en Presidencia-, José Manuel Orengo.

De aquel proceso provincial, también salió escaldado el presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, quien amagó con presentarse para liderar el PSPV de Valencia pero que dio un paso atrás al percatarse de que no tenía el respaldo de las huestes de Puig debido a rencillas con parte de su entorno arrastradas del congreso nacional del partido. 

Rodríguez, se rearmó en los cónclaves comarcales y ha tejido una interesante red de apoyos locales. La reconciliación entre el presidente de la Diputación y, en particular, con el sector de Gandia próximo a Puig parece complicada, con lo que la vigilancia entre ambas corrientes es constante.

En los cónclaves comarcales, también hubo tensiones e incluso batallas entre otros grupos: el alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, obtuvo algún espacio como en Camp de Morvedre pero se le escapó l'Horta Sud a manos principalmente del 'abalismo', que también triunfó en l'Horta Nord. El 'ximismo' -afines a Puig- se tuvo que conformar con la valiosa victoria de Sandra Gómez en València capital y con situar varios responsables de Organización en varias comarcas buscando tener vías de entrada en las distintas demarcaciones. Una estrategia impulsada por el actual 'número tres' del partido, José Muñoz.

De esta manera, el partido salió de este maratón orgánico de forma relativamente solvente aunque con la sensación de que la estabilidad dependía de un juego de equilibrios demasiado delicado presidido además por una notable desconfianza entre los principales actores. Todo ello bajo el paraguas de un presidente de la Generalitat, Ximo Puig, volcado en lo institucional y con cierta predisposición natural a enviar las cuestiones de partido a segundo plano.

Alicante destapa las vergüenzas del PSPV

Más grave está siendo lo que ocurre en Alicante. En los últimos años, la fortaleza orgánica de Puig se había fraguado especialmente en esta provincia. El jefe del Consell, además, ha dirigido constantemente la mirada al sur consciente de que, también electoralmente, esta demarcación resulta clave para mantener la Generalitat dado que, a priori, Compromís tiene allí más dificultades para el crecimiento.

En esta misión, el hombre fuerte del líder del PSPV en Alicante ha sido desde hace años el histórico Ángel Franco, quien siempre mantenía una relación fluida con la anterior Ejecutiva de Puig y, especialmente, con los dirigentes de Gandia. De hecho, se produjo cierto debate y malestar interno dentro del 'ximismo' cuando el jefe del Consell decidió bendecir al alcalde de Xàbia y portavoz en la Diputación de Alicante, José Chulvi, como nuevo líder provincial, dado que esta propuesta chocaba con los planes de Ángel Franco.

La venganza parecía haberse consumado en los procesos comarcales, donde el flamante líder provincial Chulvi apenas logró éxitos mientras que las apuestas del histórico dirigente funcionaron en casi todas las demarcaciones.

No obstante, la marejada, lejos de descender, se ha transformado en tsunami en los últimos días. Primero, con la victoria del 'sanchista' Alejandro Soler en el congreso de Elche y la derrota de la candidata próxima al alcalde, Carlos González, la opción cercana a Puig. Segundo, con la crisis abierta en la ciudad tras la pérdida de la alcaldía a manos del PP: en apenas 24 horas, Eva Montesinos ha pasado a ser la aspirante del PSPV a la vara de mando a ser destituida como portavoz municipal. 

Una maniobra dirigida por Ángel Franco que ha soliviantado sobremanera en la calle Blanquerías donde se ubica la sede central del PSPV, que por si faltara aderezo al explosivo cóctel tiene todavía pendiente las conclusiones de la comisión interna respecto al caso investigado en los tribunales que aludía a una posible financiación irregular del partido.

Así, y si bien tal y como informa Alicante Plaza la situación apunta a reconducirse en las próximas horas con una posible restitución de Montesinos, la tensión alcanzada en este episodio evidencia que el PSPV sigue viviendo en un clima de tensión impropio de un partido que se encuentra presidiendo la Generalitat y llevando el timón en un buen número de instituciones.

Puigdemont, president / Ramón Cotarelo *

La decisión de la mesa del Parlament de admitir la delegación del voto de Comín ha provocado un auténtico guirigay. El País, fervoroso defensor de M. Rajoy, se lanza al panegírico: "El PP ayuda a la formación de un gobierno en Cataluña". Sería la primera vez. 

Añade el diario que ni PP ni C's ni PSC impugnarán la delegación de voto, segunda después de la de Carles Puigdemont. Y esgrime una poderosa razón: hay que evitar nuevas elecciones.

Pero nada de eso es seguro. El Confidencial avisa de que Rajoy estudiará "acciones legales" por el voto delegado de Comín. Tanto no parece dispuesto a ayudar a la formación de un gobierno catalán. 

A su vez, el PSC también anuncia que recurrirá la delegación de voto de Comín y anima al Tribunal Constitucional a actuar de oficio para impedirla. La tal delegación resulta problemática. Quizá los de C's la acepten, pero no encaja tampoco en su ánimo normal.

Puede que la finalidad esgrimida por el B155 de evitar las elecciones sea inalcanzable si quienes quieren descartarlas hacen todo lo posible por traerlas. Estos recursos postergarán el pleno de investidura y harán perder un tiempo precioso. Recuérdese, queda un mes para la convocatoria automática. 

En el ínterin, el pleno abordará el próximo 3 de mayo la reforma relámpago de la Ley de la Presidencia para posibilitar la investidura a distancia de Puigdemont. A favor de ese paso vota todo el bloque indepe, incluida la CUP. Mayoría absoluta. 

Cuando falten quince días para la convocatoria automática, el gobierno de España se encontrará con una decisión del Parlament por mayoría absoluta de investir al "prófugo" Puigdemont. Puigdemont o elecciones. La ineptitud del gobierno español lo obliga a elegir entre dos formas de derrota. 

Tolera la investidura a distancia y desactiva toda su política represiva, incluido el frente judicial,  o se arriesga a una victoria independentista abrumadora en lista de país que solo podría evitarse convirtiendo las elecciones en la misma farsa en que se ha convertido la acción de los tribunales. 

Hay que hacer trampas

Ya es extraño el titular del periódico de La Moncloa: "Rajoy se resiste a profundizar el 155 aunque haya elecciones". Está repleto de sobreentendidos y subentendidos. Si "Rajoy se resiste" es porque alguien le presiona en un sentido que a él no le gusta; indudablemente, el de "profundizar el 155". 

¿Quién puede ser? Indudablemente, el propio El País, fiero guerrero de la unidad de España; pero seguramente no en nombre propio sino de los "halcones" del gobierno, sobre todo las "halconas".

Porque ¿qué diantres quiere decir "profundizar el 155". Aparte de la detestable sintaxis, ¿qué significa "profudizar" un artículo de una ley? Está claro, endurecerlo, hacerlo más exigente, más restrictivo. ¿Cómo? 

Varias formas son evidentes: intervenir y censurar TV3, ilegalizar organizaciones sociales y/o políticas independentistas. Y, por esa vía, hasta el destino de tropas en Catalunya. ¿No está ya la Guardia Civil, que es un cuerpo de naturaleza militar? 

De esa forma se hará realidad la mentira propalada por Pedro Sánchez en el extranjero de que, siendo España un Estado de derecho, cabe defender todas las opiniones políticas. Mentira. Las independentistas no se pueden mantener. Son tratadas como delitos. Aquí ya son delito hasta los colores.

El titular aun es más perverso y amenazador. La conjunción adversativa, "aunque" delata la intencionalidad. Rajoy se resiste a aumentar su dictadura, aunque haya elecciones. Esto es, la cercanía de elecciones parece a El País motivo suficiente para intensificar la dictadura. 

No le da vergüenza alguna porque pertenece a esa  corriente "democrática" que solo convoca elecciones si las gana al precio que sea, incluso al de hacer trampas. Está en juego la unidad de la patria y, ya se sabe: con razón o sin ella. 

De ahí que estos paladines del tongo patriótico se escandalicen de que M. Rajoy "se resista" a "profundizar" (o sea a reprimir más y más injustamente) el 155, el artículo de plenos poderes.

Eso pasa hoy día por periodismo serio.

(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED