MADRID.- UGT
ha registrado ante el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo
de Europa una reclamación colectiva contra el Reino de España por
incumplir la Carta Social Europea en su artículo 31, que establece que
"toda persona tiene derecho a vivienda".
Así lo han anunciado en rueda de prensa el secretario general de UGT,
Pepe Álvarez, el vicesecretario general de Política Sindical, Fernando
Luján, y la responsable de Vivienda de UGT, Ana Isabel Gracia.
"Esta demanda es una demanda contra el Reino de España y, por tanto,
es una demanda que implica a todas y cada una de las Administraciones
competentes en esta materia, que no es sólo el Gobierno del Estado, sino
que fundamentalmente lo son las comunidades autónomas y lo son los
ayuntamientos en nuestro país", ha explicado Álvarez.
El dirigente sindical ha subrayado que, en la medida en que la Carta
Social Europea mantiene el derecho a la vivienda como un derecho propio
de los ciudadanos de la UE en los países adheridos a este tratado, UGT
pretende con esta reclamación que se pueda ejercer el derecho a la
vivienda ante las administraciones públicas españolas competentes.
Para Álvarez, resulta "evidente" que "los gobiernos no están haciendo
lo suficiente" para resolver el problema de la vivienda en España,
pues, por ejemplo, en el caso de las habitaciones del alquiler,
dependiendo de las ciudades, se llega o incluso se superan los 500 euros
mensuales.
"Es evidente que no se está haciendo lo suficiente, es evidente que
hay que tomar nuevas medidas que deberían de ser coordinadas, pero, en
todo caso, si no se pueden coordinar, todos los gobiernos tienen la
obligación de ir tomando medidas cada uno desde su ámbito, de acuerdo
con sus competencias y sus posibilidades, para poder abordar esta
dramática situación".
Por su parte, Luján ha explicado que, con esta reclamación colectiva,
el sindicato ha decidido impulsar iniciativas jurídicas para que se
pueda ejercer el derecho a la vivienda en España, "que se encuentra
claramente amenazado".
La reclamación del sindicato, de 64 páginas y presentada la semana
pasada, expone que España incumple lo establecido en el artículo 31 de
la Carta Social Europea Revisada que establece la vivienda como un
derecho.
"Nuestra Constitución recoge como un derecho en su artículo 47 el
derecho a la vivienda. Sin embargo, no ha sido un derecho que se haya
podido ejercitar, sino que se ha convertido en un principio rector de la
política económica y social en nuestro país (...) Nosotros, con esta
reclamación, queremos cambiar el paradigma del derecho a la vivienda en
nuestro país para que deje de ser política de vivienda y se convierta en
un derecho a la vivienda", ha explicado Luján.
El vicesecretario general del sindicato ha señalado que si la
reclamación prospera, el derecho a la vivienda "será un derecho que se
podrá implorar, que se podrá pedir ante los tribunales en el momento en
que cualquiera de las Administraciones Públicas niegue a las personas
este derecho".
Luján ha criticado que la Ley de Vivienda puesta en marcha por el
Gobierno de coalición "no tiene mandatos imperativos", pues se utilizan
demasiado verbos como "favorecer, impulsar, fomentar, contribuir o,
sobre todo, podrán".
"No hay nada imperativo, se están marcando principios que podrán
ejercitarse o no, pero desde luego que no llevan aparejados el ejercicio
efectivo de un derecho fundamental, como es el derecho a la vivienda",
ha denunciado.
Luján ha criticado que no se haya incluido a los sindicatos en la
configuración del Consejo Asesor de la Vivienda creado en la Ley, y ha
señalado que las comunidades autónomas legislaron sobre la vivienda,
casi todas ellas, antes de la Ley de Vivienda y al albur de la crisis
financiera de 2008.
"Las leyes autonómicas que hemos examinado y que recogemos en nuestra
reclamación no recogen compromisos de financiación, no recogen tasas
estimadas de crecimiento, no recogen plazos precisos para su
realización. Uno de los plazos que más nos ha llamado la atención de la
Ley de Vivienda es que se pretende llegar al 20% de vivienda social,
pero dentro de veinte años. No podemos esperar veinte años", ha avisado
Luján.
Además del artículo 31 de la Carta Social Europea sobre el derecho a
la vivienda, la reclamación de UGT invoca otros derechos recogidos en
este tratado relacionados con el ejercicio del derecho a la vivienda,
como los derechos de las familias y de los jóvenes.
En este sentido, ha considerado "alarmante" que dos tercios de las
personas de entre 18 y 34 años aún viven con sus padres y únicamente el
16,3% de los jóvenes de entre 16 y 29 pueden permitirse vivir de manera
independiente.
Asimismo, UGT ha denunciado que la media de edad en la que se
emancipan las personas jóvenes en España supera ya los 31 años y la
media de las personas jóvenes con casa en propiedad es ahora la mitad de
lo que era en 2007, antes de la crisis financiera.
Otros datos aportados por UGT apuntan a que el alquiler mediano
establecido en España supera los 950 euros mensuales, lo que, con un
salario mínimo de 1.134 euros al mes, provoca que en determinadas zonas
de España un joven tenga que destinar más del 100% de lo que recibe en
tener una posibilidad de vivienda.
"Eso no es posible, esto no es aceptable. Tiene el Estado ya que
intervenir", ha defendido Luján, que ha advertido de que si el Estado no
interviene en el mercado de la vivienda, "hay riesgos extraordinarios
de pobreza".
Más allá de esta reclamación contra España, Pepe Álvarez ha
argumentado que España necesita "más acuerdo entre las administraciones
competentes y menos debate" sobre cosas que no llevan realmente al fondo
del problema de la vivienda.
En ese sentido, ha defendido como "absolutamente necesario" un gran
acuerdo entre las administraciones competentes.
"En pocos temas en
nuestro país están tan fragmentadas las competencias como es el caso de
la vivienda y, por tanto, requerimos ese esfuerzo de consenso, ese
esfuerzo de acuerdo para que, repito, a corto, a medio y a largo plazo,
este problema no se convierta en un problema gravísimo desde el punto de
vista social", ha afirmado Álvarez.
El líder de UGT ha denunciado que las medidas que se han ido tomando
para solucionar el problema de la vivienda no han dado hasta ahora
resultados.
"Al contrario, vemos que cada día es más difícil el poder
acceder a una vivienda", ha señalado Álvarez, que ha indicado que las
subidas salariales de los últimos años, especialmente de los salarios
más bajos, se han ido "por el sumidero" por el desborde de los precios
de la vivienda.
Para el líder de UGT, aunque la Constitución ya reconoce que todos
los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda, esta demanda
ante el Comité Europeo aportará, desde el punto de vista jurídico,
nuevos instrumentos para reclamar el derecho a la vivienda.
El dirigente sindical ha defendido la adopción de diferentes medidas
para contribuir a solucionar el problema de la vivienda. Así, aboga por
intervenir "de inmediato" el mercado, respetando los derechos de los
pequeños tenedores de vivienda; limitar los precios de la vivienda, y
generar confianza para que las viviendas vacías puedan ser alquiladas.
En este punto, ha sugerido que esta mayor confianza podría
conseguirse con la creación de empresas públicas que permitan que los
arrendatarios no tengan ningún tipo de duda a la hora de poner su
vivienda en el mercado del alquiler, garantizado su renta y el estado de
su inmueble.
A medio plazo, el secretario general de UGT ha pedido liberar suelo
para disponer de un parque público de viviendas. Álvarez también ha
afirmado que la vivienda formará parte de las exigencias de UGT de
mejora de los salarios en la negociación colectiva.
