Asimismo, Caja Mediterráneo dedicó en 2008 un presupuesto de 66,1 millones de euros en Obra Social, con más de 5 millones de personas como beneficiarias de sus actuaciones. En el presente 2009, la entidad va a incrementar su dotación un 7 por ciento, con lo que superará los 70 millones de euros, siempre según su versión.
alicanteconfidencial@gmail.com / "Sin el debate, sin la crítica, ninguna Administración y ningún país pueden triunfar y ninguna república puede sobrevivir" (John F. Kennedy) * Newsletter de opinión e influencia, sin afán de lucro ni subvencionado con dinero público o privado, fundado en 1982 por Francisco Poveda, periodista licenciado por la UCM desde 1976
sábado, 11 de julio de 2009
La CAM dice ahora que destinó en 2008 un 23,06% de sus beneficios para sus actividades de Obra Social
El PSPV insiste en preguntar al PP por los actos de Orange Market en Elche
La dirigente socialista indicó que Mercedes Alonso "ha enmudecido en las últimas semanas. La fotografía demuestra que Orange Market estuvo presente en Elche y por eso preguntamos por la relación entre la empresa y el PP ilicitano", indicó.
Modesta Salazar, acompañada por el secretario de Organización, Matías Martín, acusó a Alonso de "estar más preocupada por tapar los asuntos de sus amigos que por trabajar por los ciudadanos de Elche".
Por otro lado, recordó la reprobación de que ha sido objeto la portavoz del grupo municipal del PP por parte del pleno municipal (con los votos del PSOE y Compromís), así como el incidente del pleno de la Diputación Provincial celebrado anteayer, "donde no fue defendida por su partido. Por todo ello volvemos a pedir su dimisión".
Obama asegura que el sistema financiero ha sido rescatado "del borde del abismo"
En su discurso, Obama volvió a describir su estrategia como "el plan de recuperación más extenso de la historia de Estados Unidos", una inyección económica de casi 800.000 millones de dólares, destinados a "la reactivación de la economía doméstica y la estabilización de los mercados financieros".
Sin embargo, el presidente puntualizó que el plan "no está destinado a restaurar completamente la salud económica por sí mismo". A juicio de Obama el objetivo inicial de "alimentar la demanda, favorecer el gasto y proteger a los más afectados por la crisis", ya está comenzando a dejarse notar.
La ley "ha permitido a los pequeños negocios y a las compañías de energías limpias que contraten nuevos trabajadores o eliminen sus planes para el recorte de empleo", garantizando "la construcción de carreteras, puentes y otros proyectos de infraestructuras, miles de los cuales están comenzando ahora, y miles más que comenzarán en los próximos meses".
Según Obama esta ley, en vigor el 17 de febrero del 2009, deja sin respuesta a "algunos de los críticos" que "la están tachando de fracaso pero que son incapaces de ofrecer una alternativa plausible", mientras otros creen que "el plan debería haber sido aún más grande, y ya están solicitando un nuevo plan de recuperación".
Con todo, se trata de un plan "que se acelerará enormemente a lo largo del verano y del otoño" y al que "hay que dejar de funcione como se pretende". "Confío en que Estados Unidos capée esta tormenta económica", añadió el presidente, quien destacó los avances registrados por la sanidad estadounidense, insistiendo al mismo tiempo en que el actual déficit del país "no deberá pesar sobre ni sobre sus proyectos de reforma de la Sanidad, ni sobre la legislación pendiente sobre el uso de energía limpia".
viernes, 10 de julio de 2009
Víctor Campos pone a Camps contra las cuerdas al cambiar de estrategia defensiva respecto a las dádivas
Campos, en principio, no recurrirá el auto del caso Camps, en el que el juez instructor José Flors rechazaba el archivo solicitado por los otros tres imputados -el presidente valenciano, Francisco Camps; su número dos, Ricardo Costa, y el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, Rafael Betoret- y acordaba continuar con la investigación de un presunto delito de cohecho pasivo impropio, recogido en el artículo 426 del Código Penal.
La decisión de Campos, el único de los tres cargos del PP que fue dado de baja de militancia por la dirección nacional del partido y al que sus compañeros han dejado en el ostracismo, pone patas arriba la estrategia del presidente de la Generalitat y del secretario general de los populares valencianos. Ambos insisten en que no recibieron regalos de El Bigotes.
Campos defenderá ante el juez que recibió regalos, que lo hizo en razón de amistad y que nadie le pidió nada a cambio. Su defensa esgrimirá, además, que nunca interfirió en proceso de adjudicación alguno y que los hechos que se le imputan podrían haber prescrito. Campos sólo se plantea recurrir el auto del Tribunal Superior por considerar que parte de los hechos que se le imputan han prescrito.
La decisión de Campos supone un cambio en la estrategia mantenida hasta ahora en el proceso. El ex vicepresidente del Gobierno valenciano, en su declaración ante el juez instructor José Flors, había manifestado que había pagado los trajes recibidos -igual que los otros tres cargos-, recurrió su imputación y llegó a presentar una solicitud de archivo.
Ahora, después de que el auto le vincule con, al menos, un pedido de tres trajes, dos americanas y cinco pantalones, valorados en 4.850 euros y pagados por Pablo Crespo, copropietario de Orange Market y uno de los cabecillas de la trama, Víctor Campos ha decidido adoptar otra línea de defensa.
El auto del magistrado José Flors lo explica así: "[en 2005] Álvaro Pérez y José Tomás [sastre y principal testigo de cargo] acudieron al despacho oficial de Víctor Campos Guinot, que desempeñaba el cargo de vicepresidente del Consell de la Generalitat valenciana, en cuyas dependencias el señor Tomás [el sastre de Milano y Forever Young] le tomó medidas y le exhibió el muestrario de telas, recibiendo el encargo de varias prendas de ropa".
El cambio de rumbo de la defensa del Víctor Campos coloca a Camps y a Costa ante un nuevo aprieto. El ex vicepresidente de la Generalitat se retiró de la política en la primavera de 2007, justo antes de la campaña electoral autonómica. Campos, a diferencia de Camps y Costa, fue suspendido de militancia en el Partido Popular inmediatamente después de que el juez de la Audiencia Nacional lo incluyera como posible autor de un delito de cohecho en el auto redactado el pasado mes de marzo.
Es el único de los imputados en Valencia que ha sido suspendido de militancia. Ahora, Víctor Campos asume que puede ser condenado a una multa, aunque considere que los regalos fueron personales y que no ha cometido delito alguno. De hecho, el ex vicepresidente de la Generalitat nunca ocultó su relación con Álvaro Pérez, el responsable de Orange Market en Valencia.
La defensa de Campos, además, pone en duda que el supuesto delito todavía pueda ser perseguido. ¿Por qué? Porque si se toma como referencia la apertura de diligencias, 6 de agosto de 2008, dado que el delito de cohecho tiene tres años de prescripción, el encuentro en el despacho del ex vicepresidente, cuya fecha no se precisa, debería haberse producido con posterioridad al seis de agosto de 2005.
Las acusaciones entienden que el regalo no es efectivo, aunque los trajes se le hubiesen entregado antes, hasta que se abonó el coste de los mismos. Un pago que se hizo en el segundo semestre de 2006.
Sin embargo, en el auto del Tribunal Superior valenciano se señala que Campos "según manifestó José Tomás en la declaración que prestó ante este magistrado instructor, sobre la primavera de 2006 se presentó en la tienda de la calle de Serrano y se llevó un chaqué que confeccionó de la talla 48 y varias cosas más". Campos negó tal cosa en su comparecencia como imputado ante Flors.
Por contra, Francisco Camps, Ricardo Costa y Rafael Betoret, han decidido mantener la estrategia que han seguido hasta ahora. Esto es, negar que han recibido regalos y que pagaron en efectivo las prendas que aparecen referenciadas en la documentación de Milano y Forever Young.
Costa, en su recurso, ha decidido cuestionar los testimonios del sastre, poner en duda su credibilidad, minimizar la trascendencia de su relato y cuestionar el soporte de pagarés, facturas, hojas de pedido, de entrega y tiques varios. Eso es lo que argumentará, según fuentes próximas a Camps, el presidente valenciano. Las mismas fuentes argumentan que el jefe del Gobierno valenciano prefirió optar por negar la mayor antes que admitir que recibió los trajes.
En el auto del juez instructor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, José Flors, dictado el pasado lunes, refleja los siguientes encargos de ropa del ex vicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos.
- En 2005, "Álvaro [Pérez, El Bigotes] y José Tomás [el sastre] acuden al despacho oficial de Víctor Campos, en cuyas dependencias el Sr. Tomás le tomó medidas y le exhibió el muestrario de telas, recibiendo el encargo de varias prensas de ropa: tres trajes, dos americanas y cinco pantalones por 4.850 euros". "No existe constancia de que los receptores de esas prendas abonaran su precio ni directa ni indirectamente, y sí la hay, en cambio, de que fueron satisfechas mediante dos cheques librados contra la cuenta de Orange Market".
- "En la primavera de 2006, D. Víctor Campos se presentó en la tienda de [Milano de] Serrano y se llevó un chaqué de confección de la talla 48 y varias cosas más (lo que el Sr. Campos negó en su declaración)". "La deuda fue finalmente saldada en metálico, y no por el señor Campos".
El fin de la crisis en Alicante pasa por conciliar ladrillo y tecnología, según la COCIN
El documento también es contundente al rechazar una hipotética fusión de las dos entidades valencianas (CAM y Bancaja), y apuesta por promover la fusión "interregional" de las cajas de ahorro. "Con cualquier entidad, pero que sea de fuera y no perdamos capacidad financiera", dijo el presidente de la Cámara, Antonio Fernández Valenzuela. El coordinador del estudio destacó el extraordinario "activo" de la CAM en el panorama financiero español al tratarse de una caja "interregional con muchas oportunidades y eficiente".
El documento propugna, además, la necesidad de organizar un "lobby alicantino" de empresarios que "facilite el diálogo" y reclame a políticos e instituciones sus necesidades.
Este plan estratégico, al igual que el elaborado por la Diputación de Alicante, incide en la necesidad prioritaria de mejorar las comunicaciones y potenciar el área metropolitana Alicante-Elche. "No se puede mantener esa rivalidad, nuestros intereses son comunes", admitió el presidente de la Cámara de Comercio. "Es un plan realista y utópico, para ganar el futuro", añadió Valenzuela.
El estudio despliega todo un abanico de 150 propuestas para los diferentes sectores económicos de la provincia. A la presentación del documento asistió una nutrida representación de los socialistas, con su secretario general, Jorge Alarte a la cabeza. Más tibia fue la delegación del PP, con los consejeros José Ramón García Antón y Mario Flores y el presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll. A los políticos se sumaron los directivos de la CAM y dirigentes empresariales.
- Sistema financiero: Promover la fusión interregional de las cajas de ahorro, potenciar la división del negocio inmobiliario, banca 'on line' y mejores cauces para la financiación de las empresas.
- Para las empresas: Organizar un lobby alicantino que facilite el diálogo con las instituciones, reducir y simplificar trámites administrativos, facilitar a las pymes el acceso a las subvenciones, mejorar las relaciones entre la Universidad y las empresas, y colaborar para captar inversiones.
- Industria: Más parques industriales, apostar por la diversificación, mejoras en la comercialización, promover la inversión foránea y promover la calidad y marca de los productos.
- Construcción: Crear un centro de Innovación Tecnológica, un cluster de nuevas tecnologías inmobiliarias, rentabilizar el suelo y la mejora de servicios tecnológicos para el parque de viviendas.
- Turismo: Estrategia competitiva, oferta complementaria, centro de formación turística de excelencia, Observatorio de Turismo y negociar con las compañías aéreas 'low cost'.
- Infraestructuras: Un plan de gasificación, generalizar el uso del agua reciclada y depurada, mejorar las conexiones aéreas de L'Altet, un nudo de comunicaciónes potentes, el Palacio de Congresos, ferrocaril desde Torrevieja a Valencia y potenciar el eje metropolitano Alicante-Elche.
La juez de 'Mercalicante' exculpa a dos ediles del PP
La titular del Juzgado número 1 de Alicante, Cristina Costa, ha dictado el auto de exculpación el pasado día 7, justo dos meses después de que el TSJ diera el carpetazo definitivo a la imputación del ex alcalde. Junto a Zaragoza y Rodríguez Galant, la magistrada también exculpa a Bermejo Hernández y Gonzalo Javier Simón. Éstos dos últimos, junto con los tres cargos del PP, integraban la comisión ejecutiva de Mercalicante.
Este órgano, por encima del consejo de administración, lo puso en marcha Luis Díaz Alperi con el fin de supervisar las decisiones de la gerencia de la empresa y el plan estratégico aprobado a finales de los noventa.
La magistrada saca del sumario a estos cuatro imputados en coherencia con el auto del TSJ: "Los hechos que se les imputaban eran los mismos que a la persona [Alperi] para la que se ha decretado el sobreseimiento libre y parcial de las presentes actuaciones por el Tribunal Superior de Justicia", recoge textualmente el auto.
Tras esta resolución, en sumario sólo restan como imputados el ex gerente, José Emilio Clavero, el contable y 15 responsables de las diversas empresas de las que, según la investigación, se valió Clavero para desviar los fondos e hinchar las obras del plan de expansión de la firma.
El PSPV, que ejerce la acusación popular, ya ha anunciado su intención de recurrir el auto de la magistrada Costa a la Audiencia de Alicante. Mientras, el fiscal Felipe Briones, titular del destacamento de Anticorrupción de Alicante, no se ha pronunciado.
No obstante, Briones siempre ha sostenido que la comisión ejecutiva de Mercalicante estuvo al tanto de las decisiones que adoptaba el ex gerente y que "consintió" un plan de expansión paralelo (por 11.355.132,06 euros) de Mercalicante al aprobado por el consejo de administración (por 6.367.202,16 euros).
Caja Mediterráneo no se estiró con su Obra Social en 2008
Para elaborar el informe, se consultaron sus memorias y cuentas anuales y se remitieron cuestionarios cerrados a los responsables de la Obra Social de cada una de ellas.
En comparación con el estudio similar elaborado en 2004, se observa, por un lado, el crecimiento de la inversión social --de 677 millones de euros a 1.654 millones (1.338 millones de euros si sólo se incluyen las 15 entidades evaluadas hace cinco años)--. Sin embargo, si se toma como referencia el porcentaje sobre beneficios, se comprueba una tendencia descendente generalizada.
Las cajas valencianas Bancaja y Caja Mediterráneo (CAM) están por debajo del porcentaje medio (26%) que dedican de sus beneficios veintiuna entidades financieras para la obra social, según este estudio que ha incluido también a cinco bancos.
Concretamente, el estudio indica que Bancaja dedica un 22,8% (84 millones de euros) de sus beneficios para Obra Social mientras que Caja Mediterráneo, con 49 millones de euros, no supera el 12,7%.
Otro de los datos indica que la CAM destina una mayor proporción (37%) de su presupuesto social para iniciativas sociales y sanitarias y Bancaja incide en las iniciativas culturales (40,8%).
Además, el estudio señala que las grandes cajas de ahorro "refuerzan sus fondos de reserva a costa de la subvención para iniciativas sociales".
Los responsables del estudio han explicado que se consultaron sus memorias y cuentas anuales y se remitieron cuestionarios cerrados a los responsables de la Obra Social de cada una de ellas.
Han añadido además que si se comparan los resultados con los obtenidos en un estudio similar elaborado en 2004, "se observa una realidad con dos caras".
Por un lado, el crecimiento de la inversión social en términos cuantitativos es más que notable: de 677 a 1.654 millones de euros (1.338 millones si sólo se incluyen las quince entidades evaluadas hace cinco años). Sin embargo, si se toma como referencia el porcentaje sobre beneficios, se comprueba una tendencia descendente generalizada.
Las mismas fuentes han hecho hincapié en que el crecimiento de la inversión de las cajas de ahorro en iniciativas sociales "se ha producido de manera fundamental por el aumento de los beneficios y no por el crecimiento de los porcentajes dedicados a estos fines, afectados por la necesidad de reforzar las reservas de las entidades".
La normativa, vigente desde 1992, exige a las cajas de ahorro dedicar como mínimo la mitad de sus beneficios para el fondo de reservas que garantice su solvencia y futuro económico. En el caso de Bancaja y CAM esa partida supone el 77,2% y el 87,3%, respectivamente, de sus ganancias en 2007.
El 22,8% restante en el caso de Bancaja y el 12,7% en CAM se destinó para financiar la Obra Social de estas dos entidades valencianas durante 2008.
Así, de los 386 millones de euros que ganó CAM, 49 millones de euros (en los que se incluyen gastos de amortización y administrativos) se dedicaron íntegramente a sufragar las actividades de su Obra Social durante el año pasado.
Pese a lograr un beneficio menor, Bancaja invirtió casi el doble, 84 de sus 369 millones de euros de beneficios. En cualquier caso, ambas entidades de ahorro se encuentran por debajo de la proporción media para Obra Social de las veintiuna cajas analizadas, un 26%.
No obstante, las diferencias se reducen o desaparecen cuando se comparan con las dos principales cajas del país, La Caixa y Caja Madrid, pues la proporción de Bancaja para fines sociales es superior a la de la entidad catalana (un 18,7%, 465 de sus 2.488 millones de euros de beneficios) y casi triplica a la madrileña (un 8,7%, 250 de los 2.861 millones de euros de beneficios).
En el estudio se indica que la CAM queda detrás de La Caixa, pero rebasa la proporción de Caja Madrid.
jueves, 9 de julio de 2009
Fomento se compromete a ejecutar como "tramo único" el eje AVE Cantábrico-Mediterráneo
De este modo, se desarrollarán al mismo tiempo las obras en el tramo Zaragoza-Castejón-Pamplona y Logroño. Así, "la Alta Velocidad llegará en las mismas condiciones y tiempo a las comunidades de ese entorno", según detalló Blanco.
Blanco recibió hoy al presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz, en un encuentro valorado de forma positiva por ambas partes. Sanz incluso percibió un "cambio" en las relaciones con Fomento, gracias al nuevo ministro, y aventuró un clima de entendimiento.
El ministro transmitió "tranquilidad" en una cuestión que, según reconoció, "preocupa" en la Comunidad riojana. Por eso, añadió, "hay voluntad de contemplar partidas y de licitar" para que la superestructura (que contempla cuestiones como la electrificación, señalización o telecomunicaciones) se haga como un "proyecto único".
El tramo Zaragoza-Castejón, explicó, contempla una inversión de 470 millones de euros, y el de Castejón-Logroño, un total de 254 millones. Por tanto, concluyó, se prevé un gasto público de 724 millones euros.
El futuro del AVE, dijo el ministro, "es un objetivo y prioridad del Ministerio". En este sentido, aseguró que La Rioja está "entre los planes del Ministerio", con la "firme voluntad de resolución de las cosas".
"Hay voluntad", reiteró, "por parte del Gobierno de que los compromisos sean inversión".
En el encuentro, el presidente del Gobierno riojano, Pedro Sanz, también pidió al ministro de Fomento la construcción de una estación intermodal en Calahorra, para la que Blanco se mostró dispuesto a ceder "sin problemas" los terrenos necesarios. No obstante, explicó que será necesaria la firma de un convenio con Adif.
Tassili Airlines compra cuatro B737-800 por 163,4 millones
Sonatrach y el constructor norteamericano suscribieron el acuerdo de la adquisicón en presencia de los ministros argelinos de Energía y Transporte, Chakib Khelil y Amar Tou, respectivamente.
Blanco insiste en que España propondrá la inclusión del Corredor Mediterráneo en la red transeuropea
Ambos mantuvieron un encuentro de trabajo esta tarde en la sede del Ministerio de Fomento, durante el que Blanco explicó al responsable europeo su intención de establecer una "cooperación eficaz, productiva e imaginativa" con la CE, de manera que la presidencia española del 2010 "sea un éxito y redunde en beneficio de todos los estados miembros".
Entre las iniciativas legislativas que espera que impulse la CE, Blanco mencionó el apoyo a los expedientes europeos que permitan incrementar el transporte de mercancías por ferrocarril, la mejora del transporte marítimo a través de las autopistas del Mar, y mediante la eliminación de barreras y simplificación de controles en los puertos.
También el reforzamiento de la seguridad aérea en el transporte, mediante el impulso a la propuesta de directiva sobre tasas aeroportuarias de seguridad, al tiempo que planteará la modificación del régimen de la Agencia Europea de Seguridad Marítima y un incremento de la eficiencia y la seguridad del tráfico por carretera.
En esta lista figuran además el impulso al sistema de navegación por satélite Galileo, y potenciación de los sistemas inteligentes de transporte (ITS).
El PSPV cree que "no es ético" pedir que se modifique el Código Penal e insiste en que Camps tiene que dimitir
Insistió en que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, debe dimitir para "evitar el permanente escarnio en el que ha sumido a la Comunitat Valenciana y para poner fin a la peor crisis institucional".
La formación política, que se expresó en estos términos en un comunicado, exigió "el cese inmediato de cualquier presión directa o indirecta hacia los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que componen la sala de lo Civil y Penal".
En este sentido, el PSPV tildó de "intolerables" las declaraciones realizadas ayer por el conseller de Inmigración y Ciudadanía, Rafael Blasco, quien expresó su "convicción personal" de que Francisco Camps "no va a tener que sentarse delante de la Justicia.
Según la formación socialista, "cualquier intento de condicionar lo que libremente han de resolver los órganos jurisdiccionales no puede considerarse más que desvergüenza".
El PSPV manifestó que confía "plenamente" en la Constitución, en la Democracia y en el Estado de Derecho, y subrayó que "es insultante manifestar que uno o varios magistrados del Alto Tribunal valenciano archivarán sin más la causa por sus supuestas afinidades políticas o posicionamientos ideológicos", puesto que este partido tiene "confianza plena en la imparcialidad de los magistrados del TSJCV".
Asimismo, la Comisión Ejecutiva socialista destacó que la aplicación de las leyes "ha de ser igual para todos los ciudadanos y ciudadanas, sin excepciones".
Al respecto, indicó que "no es ético exigir la aplicación de la ley cuando nos favorece y, al mismo tiempo, solicitar que se modifique el Código Penal cuando se ha infringido alguna de las normas aduciendo lo injusto de condenar a una persona 'honesta e intachable', como dijo ayer Blasco y como opina Rita Barberá".
"El Código Penal no se modifica a interés de los imputados o de los presuntos delincuentes al solo efecto de que consigan la impunidad para continuar cometiendo delitos", recalcó el PSPV, quien añadió que "afortunadamente", la separación de poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial "impide la injerencia entre unos y otros ámbitos, pese a los intentos del Partido Popular y de Rita Barberá de utilizar los peores métodos de Silvio Berlusconi y de regímenes no homologables a nuestra Democracia".
El PSPV-PSOE manifestó su deseo de que "deben esclarecerse los hechos investigados por el TSJCV para que se conozca la verdad", y precisó que "el cohecho impropio es un delito tipificado por el Código Penal actual y, más que a nadie, a los representantes de los poderes públicos les es exigible el respeto y el cumplimiento de las leyes".
El PSOE no cree una "gilipollez" la implicación "en una de las tramas de corrupción más importantes de España"
Elena Martín se expresó en estos términos, a través de un comunicado, tras conocer las declaraciones del presidente del PP en el País Vasco, Antonio Basagoiti, en las que indicó que la acusación al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, es "una verdadera gilipollez".
Al respecto, Martín criticó "la doble vara de medir de los populares", puesto que "mientras a algunos los hacen dimitir para que no se vea empañada la imagen del partido, a otros los defienden con uñas y dientes, justificando lo injustificable y poniendo ejemplos y calificativos que hacen dudar de la rectitud y coherencia de los populares".
De igual modo, la representante socialista se preguntó "si tener dentro del partido un imputado por cohecho es una gilipollez, ¿que es para los populares un político ejemplar?". Además, cuestionó si Basagoiti "también estará de acuerdo con la famosa frase de la película Forrest Gump", en la que se afirma que "tonto es el que hace tonterías".
Tal vez, agregó, "lo que el líder del PP vasco pretende es aplicar esa expresión a su compañero de partido imputado por cohecho, el jefe del Consell, pero con un matiz un poco más peyorativo". En ese sentido, añadió que "posiblemente, si está acusado de una gilipollez es porque ha hecho el peor encargo de trajes de su vida".
La dirigente socialista hizo hincapié en que "no es una cuestión de tres trajes, como intentan hacer ver unos cuantos populares, sino que de lo que estamos hablando es de decencia política, algo de lo que carece Camps".
"Aquí no hay una situación política de normalidad democrática, las Corts no funcionan, la manipulación de la televisión autonómica, Canal 9, es 'vox populi', y para colmo los máximos responsables políticos de la Generalitat mienten descaradamente a los ciudadanos y ciudadanas", reprobó.
La Fiscalía pide imputar a supuestos líderes de la trama Gürtel
En el auto emitido el 6 de julio, el magistrado José Flors, que instruye el caso en su vertiente valenciana, consideró que hay indicios racionales de que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps y su número dos, Ricardo Costa, pudieron cometer un presunto delito de cohecho.
Flors afirmó que no había lugar al sobreseimiento libre y el archivo de la causa, y convocó a Camps, Costa y otros dos imputados, José Víctor Campos y Rafael Betoret, a comparecer el próximo día 15 de julio a las 10.30 horas.
"La Fiscalía comparte plenamente el contenido del Auto, si bien considera que la conducta de quienes entregan y reciben dádiva debe ser objeto de enjuiciamiento en el mismo procedimiento", dijo la Fiscalía en un comunicado.
Una vez realizado el trámite de la comparecencia, el instructor podría abrir juicio oral con un jurado popular contra el presidente valenciano, el secretario general del PP en Valencia y los otros dos implicados: Campos, que fue vicepresidente del Consell, y Betoret, ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo y actual jefe de protocolo de la Diputación Valenciana.
El Partido Popular de Valencia emitió posteriormente un comunicado en el que anunció que recurrirá el auto y pedirá el archivo de la causa, al considerar que "las acusaciones vertidas no han sido probadas".
El "caso Gürtel" ha salpicado a altos cargos del PP que supuestamente habrían obtenido dinero y regalos a cambio de adjudicar contratos a la empresa dirigida por Correa, encarcelado como presunto cabecilla de la trama.
El magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que inició la investigación del caso, indicó en unos autos que el PP de la Comunidad Valenciana recibió 420.000 euros por favorecer a una empresa de Correa. Además, Camps y Costa habrían recibido pagos en especie, en trajes de tiendas de lujo, según el juez.
El caso Gürtel tiene otras dos vertientes. Una en el Tribunal Supremo, donde se investiga la parte del caso relativa a dos aforados del Partido Popular a nivel nacional, el senador Luis Bárcenas, que a su vez es el tesorero del partido, y el diputado Jesús Merino.
El resto sigue en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
De Cospedal especula ahora sobre el grado del tipo penal por el supuesto cohecho de Camps
En declaraciones a RNE, De Cospedal defendió que "hasta el momento no se ha acreditado" que Camps no haya pagado los trajes por los que se le implica en el caso 'Gürtel', y dijo dar más "credibilidad" a la palabra del presidente de la Generalitat que a la del sastre José Tomás, que "ha cambiado cinco veces de palabra".
Tras recordar que en un Estado de Derecho se tiene que demostrar la culpabilidad y no la inocencia, la 'número dos' del PP apuntó que el último auto del juez encargado de la trama valenciana del caso 'Gürtel', José Flors, dice que en el caso de que "hubiera habido regalos no son a cambio de favores políticos".
"No son a cambio de nada", indicó, para exponer el respaldo de la dirección 'popular' al recurso que presentará el presidente de la Generalitat.
"Pero en el hipotético caso de que estuviéramos hablando de algún tipo de regalo es algo muy discutible hasta donde tiene que llegar el tipo penal o los límites en este asunto", precisó De Cospedal, quien ve "muy complicado" hablar sobre los obsequios que reciben los responsables públicos por razón de su cargo.
En cualquier caso, mostró su "apoyo sin fisuras" a Camps.
Camps no quiere oir en persona como el juez concreta su imputación por presunto cohecho
Según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, estos tres imputados --el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turisme y actual responsable de Protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret, no ha realizado ninguna petición en este sentido-- han presentado escritos en los que expresan su renuncia a estar presentes en este acto porque consideran que está suficientemente garantizado su derecho de defensa.
Además, alegan que conocen los hechos que se les imputan y que, por tanto, están suficientemente instruidos sobre los hechos que constituyen el objeto de imputación. El magistrado instructor ha admitido la petición y, por ello, no estarán presentes en el acto señalado para el próximo miércoles.
El magistrado instructor dictó el pasado lunes un auto en el que considera que los hechos que investiga del 'caso Gürtel' atribuidos al jefe del Consell y al resto de imputados pueden ser objeto de delito de cohecho pasivo impropio y ordenaba continuar la causa por los trámites previstos para el Tribunal del Jurado.
Flors señaló para el próximo 15 de julio a las 10.30 horas la celebración de la comparecencia prevenida en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, en la que las acusaciones deberán concretar la imputación y las defensas podrán alegar lo que estimen oportuno, --incluida la petición de sobreseimiento--, así como pedir diligencias de investigación.
El magistrado rechazó en ese auto el sobreseimiento libre y archivo de la causa, que se había solicitado por parte de los imputados, "por existir suficientes indicios racionales para estimar que los hechos objeto del procedimiento" que se imputan al presidente de la Generalitat, a Costa, Campos y Betoret "pudieran ser constitutivos de un delito de cohecho previsto y penado en el artículo 426, primer inciso, del Código Penal".
Flors acordó continuar la tramitación del procedimiento "con el mismo objeto por el que se dispuso su incoación, por los trámites del procedimiento para las causas ante el Tribunal del Jurado, en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana" y señala para la celebración de la comparecencia prevenida en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado el próximo día 15 de julio, a las 10.30 horas.
Las defensas de Camps y Costa anunciaron su intención de recurrir en apelación el auto ante la sala de lo Civil y Penal del alto tribunal valenciano, aunque el recurso no tiene carácter suspensivo de la comparecencia señalada para el próximo miércoles. El plazo para la presentación de los recursos es de cinco días y, posteriormente, existe un nuevo plazo de cinco días para impugnaciones.
Probablemente agotarán el plazo de cinco día fijado para presentar los recursos cuyo hilo argumental se basará, entre otros puntos, en insistir en que no hay ninguna prueba que implique a los imputados y en las contradicciones que se han evidenciado a los largo del proceso, en concreto las que ha manifestado José Tomás, 'el sastre' en las diferentes declaraciones realizadas, según diversas fuentes.
El PP ha cerrado filas en torno a Camps tanto a nivel nacional como regional, asegura que aguantará hasta el final y que en el partido no se habla de dimisión. Sin embargo, en privado, algunos dirigentes muestran la conveniencia de que el presidente dejara el cargo en caso de no prosperar el recurso para evitar que se siente en el banquillo siendo el jefe del ejecutivo valenciano y del PPCV.
Los dirigentes populares valencianos se muestran optimistas y confían en que el recurso sea aceptado e incluso algunos, como el conseller de Inmigración, Rafael Blasco, aseguró ayer que su apreciación personal es que finalmente Camps no se sentará en el banquillo.
Asimismo, el PSPV ha expresado su intención de recurrir la decisión judicial con el objeto de que se contemplen otros delitos además del de cohecho pasivo impropio, entre los que estarían el de financiación ilegal o malversación de caudales públicos, y que comparezcan consellers y la presidenta de las Corts Valencianes, Milagrosa Martínez, que contrataron con Orange Market y Easy Concept, dos de las empresas de la trama investigadas.
Los magistrados que estudirán el recurso son José Francisco Ceres, Juan Montero Aroca y el presidente de la sala, Juan Luis de la Rúa, quien se encuentra en funciones como presidente del TSJCV tras finalizar su mandato el pasado lunes.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es quien debe nombrar al nuevo presidente --cargo para el que De la Rúa podría presentarse a la reelección--. La Comisión Permanente del CGPJ tiene para ello que convocar el concurso para la provisión de la plaza, que se publica en el BOE, para lo que no existe un plazo determinado. Los candidatos tienen entonces un plazo de 20 días naturales para presentarse.
miércoles, 8 de julio de 2009
Urbanismo y corrupción acosan las costas españolas, según Greenpeace
MADRID.- La construcción de viviendas y la corrupción urbanística acosan a más de la mitad de las costas protegidas españolas, denunció la organización Greenpeace.De los 233 espacios litorales protegidos analizados por la organización ecologista, "120 están acosados por el urbanismo, las infraestructuras o la contaminación", según el informe 'Destrucción a toda costa' presentado el martes.
"Ni siquiera los Espacios Naturales Protegidos (ENP) de la costa, supuestamente amparados por la legislación, están a salvo de la destrucción del litoral que ha imperado los últimos años", denunció.
Además Greenpeace detectó "478 casos de corrupción urbanística, con 625 imputados, de los que más de la mitad son cargos públicos", generalmente a nivel local, según el comunicado de la organización.
"Los casos de corrupción urbanística siguen siendo una constante en la práctica totalidad de las comunidades autónomas costeras", según la organización, que también destaca problemas de contaminación.
La declaración de "espacio protegido" de un lugar es "papel mojado" si los políticos "descubren que esa protección es incompatible con algún proyecto urbanístico" e "intentan saltarse la norma que ellos mismos elaboraron", declaró la responsable de la campaña de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos.
El "peor ejemplo" de destrucción costera para la organización es el hotel El Algarrobico, en Almería, un gran edificio blanco de 21 plantas construido ilegalmente al lado del mar, en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.
Greenpeace denuncia que el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, ha olvidado y paralizado muchos avances en materia de protección costera, por lo que le pide entre otras cosas "la demolición de edificaciones ilegales".
España, que sufre una recesión económica desde mediados de 2008, basó su fuerte crecimiento de la última década en el sector de la construcción inmobiliaria, que se vio gravemente afectado por la crisis financiera internacional.
A pesar de ello se siguen construyendo viviendas, y se estima que existen cerca de 1,2 millones de viviendas vacías y sin vender.
De la Vega:"Con los servidores públicos no se puede justificar ni un traje ni medio traje"
En una entrevista en la Cadena Ser, De la Vega, denunció la "estrategia" que, en su opinión, está siguiendo el principal partido de la oposición frente al caso de presunta corrupción que salpica a algunos de sus miembros. Para la vicepresidenta, en primer lugar los 'populares' optaron por "desautorizar" a la Justicia, en concreto al magistrado que inició las investigaciones Baltasar Garzón, para después utilizar "la técnica del ventilador" y "tratar de emborronarlo todo".
En este sentido, apuntó que desde el Partido Popular también se ha apostado por la "técnica del calamar", a través de la cual ha intentado "lanzar tinta para que todo quede en una nebulosa". En este sentido, afeó a los 'populares' que "descalifiquen y exijan" a los demás "lo que son incapaces de exigir en su casa". "Para dar lecciones antes que dar ejemplo", remachó.
Ahora, prosiguió De la Vega, el PP "ha impuesto una especie de manto de silencio" que viene acompañado de declaraciones "inauditas" como son, dijo, las emitidas ayer por el presidente de la Generalitat y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.
En esta línea, tachó de "irrespetuosas" las explicaciones de ambos dirigentes y destacó que a los responsables políticos hay que exigirles "responsabilidad y decoro". "Han sido declaraciones inauditas, inadmisibles y que ponen de manifiesto una falta de respeto a los ciudadanos", sentenció.
"Querer minimizar un hecho tan serio no parece razonable", subrayó De la Vega, quien afirmó que no es una cuestión de "cuantía" ni de "tres o cuatro trajes".
"Estamos hablando de servidores públicos. Ni un traje ni medio traje. La ética y la estética no se mide en términos cuantitativos, no son cuantificables", indicó.
Tras reconocer que no ha hablado con Camps desde hace "mucho tiempo", De la Vega criticó que Barberá haya justificado los regalos que habría recibido el presidente de la Generalitat alegando las "cajas de anchoas" con las que Miguel Ángel Revilla --presidente de Cantabria-- obsequió al jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero.
"No sé si se le han acabado los clavos a los que aferrarse", recalcó para decir que la alcaldesa "traspasó los límites de la corrección al atacar incluso las relaciones entre las Administraciones en un acto de deslealtad institucional".
Luna asegura que el "rechazo popular" que Camps está empezando a tener en la calle es "difícil de controlar"
Luna realizó estas declaraciones en rueda de prensa, tras ser preguntado por si desde el PSPV se había promovido esta protesta y por la presencia de ediles socialistas en las mismas. Al respecto, contestó que no recuerda que hubiera ninguna convocatoria del partido para participar en dicho acto.
En este sentido, destacó que desde en el PP "sólo llevan a Camps a recintos cerrados donde entra y sale perfectamente controlado y donde se garantiza un nivel de aplausos".
"Pero me imagino --continuó-- que si alguien vive en Alaquàs andaba por allí" se pudo acercar "por mil razones".
"No me consta que el PSPV "haya participado directa o indirectamente" en la organización de esta protesta, dijo Luna.
El portavoz socialista consideró que "hace falta pocas cosas para que a Camps o a los que están implicados en esta trama les abucheen por las calles".
Al respecto, recordó que en otros años al presidente era "difícil sacárselo" de Alicante durante las Hogueras, pero en esta edición apenas estuvo por la ciudad y eso que el PSPV "no había preparado ningún tipo de altercado para amargarle la presencia" allí, aseguró.
"No creo que nos puedan echar la culpa" por las protestas en Alaquàs, "son ellos los que con su comportamiento ponen en evidencia que no están seguros en la calle".
La alcaldesa de Alicante dice que está "al lado" de Camps y que lo seguirá "apoyando siempre"
"Estoy en donde estoy, que es donde he estado siempre, que es al lado de mi presidente. Lo apoyé, lo apoyo y lo seguiré apoyando siempre", aseveró Castedo.
La alcaldesa descartó "hacer ya el más mínimo comentario sobre el caso Gürtel", al considerar que en "este momento" no tienen "ni que hablar, ni que dar opiniones, ni que decir, ni que dejar de decir".
Salgado dice que el FROB respeta las competencias de las CC. AA.
No obstante, destacó que su objetivo es garantizar una "intervención ágil y eficaz" del Banco de España "cuando sea necesario", evitando que peligre la viabilidad de unas entidades que pueden entrar en riesgo "en los próximos meses".
Durante el debate en el Pleno del Congreso para convalidar la norma, Salgado no se refirió en ningún momento a la situación concreta de las cajas en este proceso, si bien sí recalcó la importancia del apoyo a las fusiones entre entidades. "Este proceso exigirá en muchos casos adecuación de la capacidad instalada y estructura de costes adaptados a una demanda más moderada", incidió.
Salgado defendió que las entidades españolas han tenido una "resistencia notable" a lo largo de la crisis, manteniendo una "sólida posición" y una "prácticamente nula exposición a activos tóxicos", pero la recesión ha acabado afectándolas a través del endurecimiento del acceso al crédito y restricción de liquidez.
Por este motivo, añadió, se aprobó el anterior plan de ayuda a la banca a finales de 2008, pero en estos momentos la situación lleva a que, pese a que las entidades "de tamaño sistémico" siguen sin estar en riesgo, entre el resto de menor tamaño, según Salgado, pueden surgir "problemas importantes en los próximos meses" ante la persistencia de problemas de liquidez, depreciación de activos y morosidad.
La ministra indicó que estas situaciones, acumuladas, sí que supondrían un "riesgo sistémico", lo que justifica la creación del FROB, ya que los Fondos de Garantía de Depósito (FGD), que en circunstancias normales podrían resolver situaciones puntuales, no serían suficientes para hacer frente a esta situación. "De no intervenir desde el Gobierno, se podría producir un fuerte quebranto del sistema", advirtió.
Griñán matiza
El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, dijo hoy en Málaga que no tiene "inconvenientes" ante posibles fusiones interterritoriales entre cajas de ahorros. "Tiene que haberlas, debe haberlas y puede haberlas necesariamente", señaló, aunque agregó que "si puede haber una en la comunidad, por ahora es mejor que los novios sean andaluces que de fuera".
Griñán recordó al respecto que "Andalucía es muy grande y tiene todavía cinco grandes cajas".
Consideró que a la región le conviene "una entidad financiera de tamaño como las que tienen Madrid o Cataluña".
"Podemos tenerla porque tenemos posibilidades, siempre que sepamos superar determinadas rencillas históricas", subrayó.
Para ello, propuso el mantenimiento de los nombres comerciales o de las obras sociales en el territorio, ya que se trata de "identidades que hacen que las cajas de ahorros de Andalucía tengan una vinculación muy fuerte con su zona".
"Veo natural el movimiento de fusión interterritorial", insistió Griñán, ante lo que abogó por adoptar "las decisiones que sean más razonables", lo que corresponde a los consejos de administración de las entidades financieras.
"No sabría decirles si es mejor esta fusión u otra", reconoció el presidente del Ejecutivo autonómico, quien apuntó que el proceso a seguir tendrá que ser "como digan las cajas".
"Es un camino que se está recorriendo y es bueno que se siga recorriendo", concluyó.
Finalmente, el presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, aseguró hoy que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) permitirá reducir el tamaño del sistema financiero en aras de una mayor eficiencia, pero reclamó que las fusiones se realicen teniendo en cuenta sus repercusiones en el empleo. "Ojo con los matrimonios y las dotes" porque la redundancia de oficinas puede derivar en " pérdidas de empleo", aseveró.
El presidente de Caja Madrid, que clausuró las jornadas financieras organizadas por la caja y el diario 'El País', también se expresó en contra de la creación de "bancos regionales", de entidades circunscritas exclusivamente a una región o comunidad autónoma, solución que calificó de "disparate".
"En España se nos avecinan tiempos de cambio", vaticinó Blesa, quien además advirtió de que la normalidad del sistema financiero español puede verse comprometida por el deterioro de la solvencia de las entidades a causa de la creciente morosidad, por lo que defendió los mecanismos del fondo de reestructuración para fortalecer el capital de entidades viables.
Sobre el fondo Blesa destacó que no es un regalo de dinero a las entidades, porque ese dinero hay que devolverlo" y es posible que la reestructuración financiera "no cueste ni un euro a los contribuyentes", como está sucediendo con los avales del Estado a las emisiones bancarias y con el Fondo de Adquisición de Activos Financieros (FAAF).
El FROB "está para sanear el sistema financiero y no indiscriminadamente, para salvar al salvable y darle fortaleza al débil", dijo Blesa, partidario de "un sistema de sanatorios y no de tanatorios". Así, aunque el sistema financiero español está sufriendo la mayor crisis de los últimos cien años, no padece "ni sombra" de lo que sufre el resto del mundo, estimó.
El presidente de Caja Madrid desechó la posibilidad de que las cuotas participativas con derecho de voto contempladas por el FROB para articular la entrada de capital público en estas entidades suponga abrir la puerta a la privatización de las cajas de ahorros.
"Que se emitan cuotas no quiere decir que vaya a haber privatización, la habría si hay una iniciativa legislativa", dijo Blesa. "Cada vez que se habla de cuotas viene el fantasma de la privatización y no debería venir", aseveró.
En Caja Madrid, subrayó "vivimos de prestar dinero y de que nos los devuelvan; si no, menudo problema", exclamó. Según los cálculos de Blesa, Caja Madrid deniega en la actualidad un 2% más de créditos que hace un año.
Aunque no es fácil cambiar el modelo productivo y acometer mejoras, dijo, "si no lo hacemos lo vamos a pasar muy mal" y "no podemos permitirnos el lujo de instalarnos en la crisis".