En el auto emitido el 6 de julio, el magistrado José Flors, que instruye el caso en su vertiente valenciana, consideró que hay indicios racionales de que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps y su número dos, Ricardo Costa, pudieron cometer un presunto delito de cohecho.
Flors afirmó que no había lugar al sobreseimiento libre y el archivo de la causa, y convocó a Camps, Costa y otros dos imputados, José Víctor Campos y Rafael Betoret, a comparecer el próximo día 15 de julio a las 10.30 horas.
"La Fiscalía comparte plenamente el contenido del Auto, si bien considera que la conducta de quienes entregan y reciben dádiva debe ser objeto de enjuiciamiento en el mismo procedimiento", dijo la Fiscalía en un comunicado.
Una vez realizado el trámite de la comparecencia, el instructor podría abrir juicio oral con un jurado popular contra el presidente valenciano, el secretario general del PP en Valencia y los otros dos implicados: Campos, que fue vicepresidente del Consell, y Betoret, ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo y actual jefe de protocolo de la Diputación Valenciana.
El Partido Popular de Valencia emitió posteriormente un comunicado en el que anunció que recurrirá el auto y pedirá el archivo de la causa, al considerar que "las acusaciones vertidas no han sido probadas".
El "caso Gürtel" ha salpicado a altos cargos del PP que supuestamente habrían obtenido dinero y regalos a cambio de adjudicar contratos a la empresa dirigida por Correa, encarcelado como presunto cabecilla de la trama.
El magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que inició la investigación del caso, indicó en unos autos que el PP de la Comunidad Valenciana recibió 420.000 euros por favorecer a una empresa de Correa. Además, Camps y Costa habrían recibido pagos en especie, en trajes de tiendas de lujo, según el juez.
El caso Gürtel tiene otras dos vertientes. Una en el Tribunal Supremo, donde se investiga la parte del caso relativa a dos aforados del Partido Popular a nivel nacional, el senador Luis Bárcenas, que a su vez es el tesorero del partido, y el diputado Jesús Merino.
El resto sigue en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
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