ALICANTE.- El presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, afirmó hoy que "el futuro" para perseguir la delincuencia económica organizada "está en perseguir el beneficio económico y por lo tanto en activar legislaciones de confiscación de bienes e investigación patrimonial de esos bienes, de modo que antes de tener una sentencia firme, se pueda, con determinadas condiciones, trabar el bien".Javier Gómez Bermúdez, hizo estas declaraciones hoy en Alicante, durante una rueda de prensa antes de ofrecer la conferencia 'Delincuencia económica organizada', incluida en el curso de la Universidad de Verano Rafael Altamira 'Crimen organizado: un reto para la seguridad pública y el sistema penal'.
Así, Gómez Bermúdez señaló que "el talón de Aquiles de este tipo de delitos es la responsabilidad civil, porque cuando la justicia resuelve y determina que hay delito y que hay una responsabilidad, el patrimonio ha volado, bien porque se ha malversado, se ha gastado o se ha ocultado", por lo que habría que plantear una reforma legislativa en esta línea.
De este modo Gómez Bermúdez indicó que "hay que modificar algunas reglas de defensa de la propiedad y de la posesión, dentro del proceso penal, no con efecto universal", para luchar contra la delincuencia económica organizada. "En España el código civil dice que el poseedor se presume que lo es de buena fe", sin embargo, Bermúdez aboga por "no presumir la buena fe cuando hay indicios serios de la comisión de un delito".
Otras de las reformas propuestas por el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para luchar contra este tipo de delincuencia es la de "reformar la responsabilidad penal de las personas jurídicas" y también "establecer la responsabilidad personal de los administradores y gestores de sociedades cuando no adopten las previsiones legalmente exigibles para evitar la comisión de delitos asociados con el crimen organizado", delitos como "el blanqueo de capitales y también supuestos imprudentes de autorización de operaciones o de transferencias, sin cumplir las previsiones legales de control".
También se refirió Gómez Bermúdez al "tratamiento penitenciario del delincuente económico y del delincuente organizado", que "por diversos motivos", este tipo de delincuente, "suele ser tratado de una forma muy laxa en el sistema penitenciario, no por sus miembros, sino incluso por los jueces que están obligados a controlar la ejecución de las penas privativas de libertad".
Asimismo, Gómez Bermúdez, tras ser preguntado por las penas a las que se enfrentan los políticos cuando cometen delitos económicos, aseguró que las penas por este tipo de delitos "son las mismas" para los políticos, "e incluso más severas, puesto que tienen agravantes específicas por ejercicio de una función pública", y el tratamiento que se les da, respecto al de "otros delincuentes económicos, en general", es el mismo.
Bermúdez apuntó, además, que en su opinión, el tratamiento en España de los delincuentes económicos "deja que desear", tras lo que señaló los medios de comunicación en este tipo de delitos "cumplen una función extraordinaria", puesto que "cuando ha habido un delito económico de cierta entidad cometido por un cargo público, la presión de los medios de comunicación hace que de alguna forma, se mire y se remire cada decisión que se va a tomar, para que no sea automáticamente trasladada a la opinión pública la idea de que hay una connivencia con el delincuente, entonces, el propio servidor público, ya se cuida de adoptar una decisión sin tenerla muy meditada, conforme a los datos que posee·.
"En materia de gran delincuencia económica, España es sin duda el país más eficaz", señaló Gómez Bermúdez, quien indicó que no realizó esta afirmación "por capricho", sino por los precedentes resueltos como el caso Kio, Banesto, PSV, Banco Europeo de Finanzas, Banca Andorrana y Gescartera.
"Si empezamos a enumerar asuntos ya concluidos con sentencia firme, juzgados por la Audiencia Nacional en los últimos 5 o 7 años, son innumerables, lo que quiere decir que sí somos relativamente eficaces, algo que no ocurre en otras partes del mundo", señaló el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
En este sentido, Gómez Bermúdez se refirió a "la crisis de un famoso banco francés que acabó en archivo", y a "la crisis de una gran empresa alemana que también acabó en archivo". Para Bermúdez "es muy difícil perseguir la delincuencia económica organizada", pero "España en eso sí es modelo, entre otras cosas por los profesionales con los que cuenta en las fuerzas de seguridad y en el Banco de España, junto con la Audiencia Nacional".
Por otra parte, Gómez Bermúdez, preguntado por los medios sobre la posibilidad de establecer juzgados especializados en crimen organizado en cada provincia, señaló que no es partidario de esta idea "por el carácter internacional de este tipo de delincuencia".
En esta línea, destacó que la Audiencia Nacional, "abarca la totalidad del territorio", por lo que "impide una de las puertas de impunidad de estos delincuentes, que lo que hacen es dividir territorialmente el delito, de modo que, si se investigara territorial o sectorialmente, solo se tendría una pequeña pieza de toda la fotografía", y esto "se evita con un órgano como la Audiencia Nacional y los órganos centrales de Policía y Guardia Civil".
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