sábado, 5 de junio de 2010

Interior prevé el desplazamiento de cerca de 2,5 millones de pasajeros en la Operación 'Paso del Estrecho'

MADRID.- El Ministerio de Interior prevé el desplazamiento de cerca de 2,5 millones pasajeros y 650.000 vehículos en la Operación Estival Paso del Estrecho 2010 (OPE), que adelantará su inicio con motivo de la celebración del Ramadán y que se mantendrá hasta el 15 de agosto, en el marco de un Plan Especial de Protección Civil que dirige y coordina la Dirección General de Protección Civil y Emergencias.

El Plan, que afectará a los puertos de Alicante, Almería, Málaga, Algeciras, Tarifa, Ceuta y Melilla, tendrá en los dos primeros fines de semana de julio sus "días críticos", así como el 31 de ese mes y el 1 y 2 de agosto, cuando también se espera una "gran afluencia". Por ello, se aconseja la llegada escalonada a los puertos para conseguir el embarque automático.

En este sentido, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias ha establecido como objetivos primordiales: dotar a los viajeros de los servicios sociales y sanitarios necesarios, disponer de espacios suficientes de aparcamiento en los puertos, especialmente en el de Algeciras y Almería, y acondicionar las áreas de descanso e información en las rutas más importantes.

Asimismo, pretende garantizar la fluidez del tráfico en las principales rutas de la OPE y ofrecer un sistema de información dirigido a los viajeros mediante puntos informatizados en ruta, paneles móviles de la Dirección General de Tráfico, además de folletos informativos en diferentes idiomas a los que se puede acceder en las páginas web: www.proteccioncivil.es, www.inforiesgos.es y www.dgt.es.

Por otro lado, ha destacado la necesidad de establecer un marco organizativo adecuado para la dirección y coordinación en las situaciones de emergencia contempladas en el Plan Especial, así como de mantener la colaboración con las Autoridades marroquíes que permita un intercambio fluido de información y de efectivos policiales en Tánger y Algeciras.

El dispositivo de seguridad se compondrá por cerca de 13.000 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las policías portuarias, que contarán con la colaboración de las policías locales. Por su parte, la Unidad Militar de Emergencias, en caso de ser requerida, dispone de 4.000 efectivos e importantes medios.

Además, se ha establecido un Plan de Flota de 36 buques y un dispositivo de asistencia sanitaria de 43 médicos, ATS y 6 centros asistenciales. En este aspecto, los servicios de Cruz Roja Española colaborarán con un total de 419 voluntarios y ambulancias, mientras que la asistencia social estará formada por 147 personas con zonas de emergencia y atención en todos los puertos.

El gobierno de los bancos / Serge Halimi

El 10 de mayo de 2010, tranquilizados por una nueva inyección de 750.000 millones de euros en la caldera de la especulación, los tenedores de títulos de Société Générale ganaron un 23,89%. Ese mismo día, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, anunció que, por razones de rigor presupuestario, no se prorrogaría una ayuda excepcional de 150 euros a las familias en dificultades.

Así, de crisis financiera en crisis financiera, crece la convicción de que el poder político ajusta su conducta a la voluntad de los accionistas. Periódicamente, democracia obliga, los representantes electos convocan a la población a privilegiar a aquellos partidos que los "mercados" preseleccionaron por su inocuidad.

La sospecha de prevaricación socava poco a poco la confianza en cada invocación al bien público. Cuando Barack Obama reprende al banco Goldman Sachs para justificar mejor sus medidas de regulación financiera, los republicanos difunden inmediatamente un spot (1) que recuerda la lista de donaciones que el Presidente y sus amigos políticos recibieron de "La Firma" en las elecciones de 2008: "Demócratas: 4,5 millones de dólares. Republicanos: 1,5 millones de dólares. Los políticos arremeten contra la industria financiera, pero aceptan los millones que les aporta Wall Street".

Cuando, fingiendo su preocupación por proteger el presupuesto de las familias pobres, los conservadores británicos se oponen a que se fije un precio mínimo a las bebidas alcohólicas, los laboristas responden que se trata más bien de complacer a los dueños de los supermercados, hostiles a una medida semejante desde que convirtieron el precio de las bebidas alcohólicas en un producto gancho destinado a adolescentes fascinados por el hecho de que la cerveza pueda costar menos que el agua.

Finalmente, cuando Sarkozy elimina la publicidad de los canales públicos, todos imaginan las ganancias que la televisión privada dirigida por sus amigos Vincent Bolloré, Martin Bouygues, etc. obtendrá de una situación que los exime de cualquier competencia en el reparto del botín de los anunciantes.

Este tipo de sospechas se remonta lejos en la historia. Ahora bien, muchos hechos que deberían escandalizar pero a los cuales uno se resigna se ven minimizados por un "Eso siempre ha existido". Ciertamente, en 1887 el yerno del presidente francés Jules Grévy sacaba partido de sus parientes en el Elíseo para negociar condecoraciones oficiales; a comienzos del siglo pasado, la Standard Oil daba órdenes a muchos gobernadores de Estados Unidos.

Y en lo que respecta a la dictadura de las finanzas, ya en 1924 se hacía referencia al "plebiscito cotidiano de los tenedores de bonos" -los acreedores de la deuda pública de la época-, también llamados el "muro de dinero". No obstante, con el tiempo, algunas leyes regularon el papel del capital en la vida política. Incluso en Estados Unidos: a lo largo de la "era progresista" (1880-1920) y después del escándalo Watergate (1974), siempre como consecuencia de movilizaciones políticas. En cuanto al "muro de dinero", las finanzas se colocaron bajo tutela en Francia tras la Liberación. En suma, eso "siempre ha existido", pero eso también puede cambiar.

Y volver a cambiar... pero en el sentido contrario. El 30 de enero de 1976, la Corte Suprema de Estados Unidos anulaba varias disposiciones clave votadas por el Congreso que limitaban el papel del dinero en la política (fallo Buckley contra Valeo). ¿Razones invocadas por los jueces? "La libertad de expresión no puede depender de la capacidad financiera de los individuos para involucrarse en el debate público". Dicho de otro modo, regular el gasto es coartar la expresión... En enero último, este fallo se amplió hasta el extremo de autorizar a las empresas a gastar lo que quisieran para impulsar (o combatir) a un candidato.

En otros lugares, desde hace unos veinte años, entre los antiguos aparatchiks soviéticos metamorfoseados en oligarcas industriales, los empresarios chinos que ocupan un lugar destacado en el seno del Partido Comunista, los jefes del Ejecutivo, ministros y diputados europeos que preparan, a la manera estadounidense, su reconversión en el "sector privado", un clero iraní y militares paquistaníes embriagados por los negocios (2), el derrape venal se ha sistematizado. Esto influye en la vida política del planeta.

En la primavera de 1996, al término de un primer mandato muy mediocre, el presidente William Clinton preparaba su campaña de reelección. Necesitaba dinero. Para conseguirlo, tuvo la idea de ofrecer a los donantes más generosos de su partido pasar una noche en la Casa Blanca, por ejemplo en la "habitación de Lincoln". Puesto que acercarse al sueño del "Gran Emancipador" no estaba ni al alcance de los bolsillos más pequeños ni era la fantasía obligada de los más grandes, se subastaron otros placeres. Como el de "tomar un café" en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos.

Por lo tanto, los potenciales donantes de fondos del Partido Demócrata se encontraron con numerosos miembros del Ejecutivo encargados de regular su actividad. El portavoz del presidente Clinton, Lanny Davis, explicó ingenuamente que se trataba de "permitir a los miembros de los organismos de regulación conocer mejor los asuntos de la industria en cuestión" (3). Uno de esos "cafés de trabajo" puede haber costado miles de millones de dólares a la economía mundial, favorecido el crecimiento de la deuda de los Estados, y provocado la pérdida de decenas de millones de empleos.


"Los pobres no hacen donaciones públicas"

Así, el 13 de mayo de 1996, algunos de los principales banqueros de Estados Unidos fueron recibidos durante noventa minutos en la Casa Blanca por los principales miembros de la Administración. Junto al presidente Clinton, el secretario del Tesoro, Robert Rubin, su adjunto encargado de Asuntos Monetarios, John Hawke, y el responsable de la regulación de los bancos, Eugene Ludwig.

Por una casualidad seguramente providencial, el tesorero del Partido Demócrata, Marvin Rosen, también participaba en la reunión. Según el portavoz de Ludwig, "los banqueros discutieron la legislación futura, incluidas las ideas que permitirían quebrar la barrera que separa a los bancos de las demás instituciones financieras".

Aleccionado por el crac bursátil de 1929, el New Deal había prohibido a los bancos de depósitos arriesgar imprudentemente el dinero de sus clientes, lo que obligaba luego al Estado a rescatar a esas instituciones por temor a que su eventual quiebra provocara la ruina de sus numerosos depositantes.

Firmada por el presidente Franklin Roosevelt en 1933, la reglamentación, aún vigente en 1996 (ley Glass-Steagall), disgustaba fuertemente a los banqueros, preocupados por ser parte de los beneficiarios de los milagros de la "nueva economía". El "café de trabajo" tenía como objetivo recordarle ese desagrado al jefe del Ejecutivo estadounidense en momentos en que éste se preocupaba por lograr que los bancos financiaran su reelección.

Unas semanas después del encuentro, los teletipos de agencia informaron que el Departamento del Tesoro enviaría al Congreso un paquete de leyes "que cuestionaba las normas bancarias establecidas seis décadas atrás, lo que permitiría a los bancos lanzarse ampliamente en el mercado de seguros y en el sector de los bancos de negocios e inversiones". Lo que siguió es de público conocimiento.

La derogación de la ley Glass-Steagall fue firmada en 1999 por un presidente Clinton reelecto tres años antes, en parte gracias a su botín de guerra electoral (4). Esta derogación atizó la orgía especulativa de los años 2000 (sofisticación cada vez mayor de los productos financieros, del tipo de créditos hipotecarios subprime , etc.) y precipitó el crac económico de septiembre de 2008.

En realidad, el "café de trabajo" de 1996 (hubo 103 del mismo tipo en el mismo periodo y en el mismo lugar) no hizo más que confirmar la fuerza de gravedad que inclinaba la balanza en el sentido de los intereses de las finanzas. Porque fue un Congreso de mayoría republicana el que enterró la ley Glass-Steagall, conforme a su ideología liberal y a los deseos de sus "mecenas"; los congresistas republicanos también recibieron dólares de los bancos.

En cuanto a la Administración de Clinton, con o sin "café de trabajo", no hubiera resistido mucho tiempo a las preferencias de Wall Street: su secretario del Tesoro, Robert Rubin, había dirigido Goldman Sachs. Al igual que Henry Paulson, a cargo del Tesoro estadounidense durante el crac de septiembre de 2008. Tras haber dejado morir a los bancos Bear Stearns y Merryl Lynch -dos competidoras de Goldman Sachs- Paulson rescató a American Insurance Group (AIG), una aseguradora cuya quiebra habría afectado a su mayor acreedor... Goldman Sachs.

¿Por qué una población que no está compuesta en su mayoría por ricos acepta que sus representantes satisfagan prioritariamente las demandas de los industriales, de los abogados de negocios, de los banqueros, al punto que la política termina consolidando las relaciones de fuerza económicas en lugar de oponerles la legitimidad democrática? ¿Por qué cuando esos mismos ricos son elegidos, se creen autorizados a exhibir su fortuna? ¿Y a proclamar que el interés general requiere satisfacer los intereses particulares de las clases privilegiadas, las únicas con el poder de hacer (invertir) o impedir (deslocalizar), y a las que por lo tanto es necesario seducir ("tranquilizar a los mercados") o contener (lógica del "escudo fiscal")?

Estas preguntas llevan a evocar el caso de Italia. En ese país, uno de los hombres más ricos del planeta no se sumó a un partido con la esperanza de influir en él, sino que creó el suyo, Forza Italia, para defender sus intereses empresariales. De hecho, el 23 de noviembre de 2009, La Repubblica publicó la lista de las dieciocho leyes que favorecieron al imperio comercial de Silvio Berlusconi desde 1994, o que le permitieron escapar a las acciones judiciales.

Por su parte, el ministro de Justicia de Costa Rica, Francisco Dall'Anase, ya advierte sobre una etapa posterior. La que verá en ciertos países un Estado, ya no sólo al servicio de los bancos, sino de grupos criminales: "Los carteles de la droga se apoderarán de los partidos políticos, financiarán las campañas electorales, y tomarán luego el control del Ejecutivo" (5).

A propósito, ¿qué impacto tuvo la (nueva) revelación de La Reppublica en el destino electoral de la derecha italiana? A juzgar por su éxito en las elecciones regionales de marzo último, ninguno. Todo sucede pues como si el relajamiento habitual de la moral pública hubiera inmunizado a poblaciones resignadas a la corrupción de la vida política.

¿Por qué indignarse entonces cuando los representantes se preocupan continuamente por satisfacer a los nuevos oligarcas, o por alcanzarlos en la cima de la pirámide de los ingresos? "Los pobres no hacen donaciones públicas", señalaba con bastante razón el ex candidato republicano a la presidencia John McCain, quien se convirtió en lobbista de la industria financiera.

Un mes después de su partida de la Casa Blanca, William Clinton ganó tanto dinero como en sus cincuenta y tres años de vida. Goldman Sachs le pagó 650.000 dólares por cuatro discursos. Por otro, pronunciado en Francia, cobró 250.000 dólares; esta vez, el que pagó fue el Citigroup. En el último año del mandato de Clinton, el matrimonio había declarado ingresos por 357.000 dólares; entre 2001 y 2007, sumó un total de 109 millones de dólares.

Actualmente, la celebridad y los contactos adquiridos a lo largo de una carrera política se canjean sobre todo una vez que ésta carrera ha terminado. Los puestos de administradores en el sector privado o de asesor de bancos reemplazan ventajosamente un mandato popular que acaba de concluir. Y, como gobernar es prever...

Pero el "pantouflage" (6) ya no se explica únicamente por la exigencia de permanecer miembro vitalicio de la oligarquía. La empresa privada, las instituciones financieras internacionales y las organizaciones no gubernamentales conectadas a las multinacionales se convirtieron, a veces más que el Estado, en lugares de poder y de hegemonía intelectual. En Francia, el prestigio de las finanzas así como el deseo de forjarse un futuro dorado desviaron a muchos egresados de la Escuela Nacional de Administración (ENA), de la Escuela Normal Superior (ENS) o de la Escuela Politécnica de su vocación de servidores del bien público.

El ex alumno de la ENA y de la ENS y ex primer ministro Alain Juppé confesó haber experimentado una tentación semejante: "Todos hemos estado fascinados, e incluso, perdón, los medios de comunicación. Los golden boys , ¡era formidable! Esos jóvenes que llegaban a Londres y que estaban allí frente a sus ordenadores y transferían miles de millones de dólares en unos instantes, que ganaban cientos de millones de euros todos los meses, ¡todo el mundo estaba fascinado! (...) No sería del todo sincero si negara que yo mismo cada tanto me decía: ‘caramba, si hubiera hecho eso tal vez hoy estaría en una situación diferente'" (7).

"Ningún arrepentimiento" en cambio para Yves Galland, ex ministro de Comercio francés, convertido en presidente de Boeing France, una empresa competidora de Airbus. Ningún arrepentimiento tampoco para Clara Gaymard, esposa de Hervé Gaymard, ex ministro de Economía, Finanzas e Industria: tras haber sido funcionaria en Bercy (sede del ministerio), y luego embajadora itinerante delegada de la Agencia Francesa de Inversiones Internacionales, se convirtió en presidenta de General Electric France. Conciencia tranquila también para Christine Albanel, que durante tres años ocupó el Ministerio de Cultura y Comunicación. Desde abril de 2010, sigue a cargo de la comunicación... pero de France Télécom.

La mitad de los ex senadores estadounidenses se convierten en lobbistas , a menudo al servicio de las empresas que habían regulado. Lo mismo sucedió con 283 ex miembros de la Administración de Clinton y 310 ex miembros de la Administración de Bush. En Estados Unidos, el volumen de negocios anual del lobbying rondaría los 8.000 millones de dólares. Suma enorme, ¡pero con un rendimiento excepcional!

En 2003, por ejemplo, el impuesto sobre las ganancias obtenidas en el extranjero por Citigroup, JP Morgan Chase, Morgan Stanley y Merril Lynch se redujo del 35% al 5,25%. Precio del lobbying : 8,5 millones de dólares. Beneficio fiscal: 2.000 millones de dólares. Nombre de la norma en cuestión: "Ley para la creación de empleos estadounidenses" (8)...

"En las sociedades modernas -resume Alain Minc, egresado de la ENA, asesor (a d honorem ) de Sarkozy y (asalariado) de varios grandes empresarios franceses-, se puede servir al interés general en otro lugar que no sea el Estado, como en las empresas" (9). El interés general, todo está ahí.

Esta atracción por las "empresas" (y sus remuneraciones) no ha dejado de hacer estragos en la izquierda. "Una alta burguesía se renovó -explicaba en 2006 François Hollande, entonces primer secretario del Partido Socialista francés-, en momentos en que la izquierda asumía responsabilidades, en 1981. (...) Es el aparato del Estado el que proveyó al capitalismo de sus nuevos dirigentes. (...) Provenientes de una cultura del servicio público, accedieron al estatus de nuevos ricos, dando cátedra a los políticos que los habían designado" (10). Y que fueron tentados a seguirlos.

El mal les parece tanto menor cuanto que a través de los fondos de pensiones, los fondos de inversión, etc., un sector creciente de la población encadenó, a veces sin quererlo, su destino al de las finanzas. Actualmente, es posible defender a los bancos y a la Bolsa fingiendo preocuparse por la viuda sin recursos, por el empleado que compró acciones para mejorar su salario o garantizar su jubilación. En 2004, el ex presidente George W. Bush basó su campaña de reelección en esa "clase de inversores".

The Wall Street Journal
explicaba: "Cuanto más accionistas son los electores, más apoyan las políticas económicas liberales asociadas a los republicanos. (...) El 58% de los estadounidenses tiene una inversión directa o indirecta en los mercados financieros, frente al 44% hace seis años. Ahora bien, en todos los niveles de ingresos, los inversores directos son más proclives a declararse republicanos que los no inversores" (11). Se entiende que Bush haya soñado con privatizar las jubilaciones.

"Esclavos de las finanzas desde hace dos décadas, los Gobiernos sólo se volverán contra éstas si los agreden directamente hasta el punto de que les parezca intolerable", anunciaba el mes pasado el economista Frédéric Lordon (12). El alcance de las medidas que Alemania, Francia, Estados Unidos y el G-20 tomarán contra la especulación en las próximas semanas dirá si la humillación cotidiana que "los mercados" infligen a los Estados, y la cólera popular que aviva el cinismo de los bancos, despiertan en los gobernantes, cansados de ser tratados como lacayos, la poca dignidad que les queda.


Notas:
(1) Vídeo disponible en: www.monde-diplomatique.fr/19172
(2) Serge Halimi, "El dinero"; Behrouz Arefi y Behrouz Farahany, "El imperio económico de los ‘pasdaran' "; y Ayesha Siddiqa, "Elecciones y negocios militares en Pakistán", Le Monde diplomatique en español , enero de 2009, marzo de 2010 y enero de 2008 respectivamente.
(3) Esta cita, al igual que las dos siguientes, han sido extraídas de "Guess Who's Coming for Coffee?", The Washington Post , National Weekly Edition, 3 de febrero de 1997.
(4) Thomas Ferguson, "Le trésor de guerre du président Clinton", Le Monde diplomatique , París, agosto de 1996.
(5) Citado por London Review of Books , Londres, 25 de febrero de 2010.
(6) Término que designa en Francia la migración de altos funcionarios de la Administración pública a confortables puestos del sector privado (N. del T.).
(7) "Parlons Net", radio France Info, París, 27 de marzo de 2009.
(8) Dan Eggen, "Lobbying pays", The Washington Post , 12 de abril de 2009.
(9) Radio France Inter, París, 14 de abril de 2010.
(10) François Hollande, Devoirs de vérité , Stock, París, 2006, págs. 159-161.
(11) Claudia Deane y Dan Balz, "‘Investor Class' Gains Political Clout", The Wall Street Journal Europe , 28 de octubre de 2003.
(12) "La pompe à phynance", en http://blog.mondediplo.net , 7 de mayo de 2010.
Director de Le Monde diplomatique .

IBM gestiona la plataforma tecnológica de la CAM

MADRID.- Caja Mediterráneo ha suscrito un contrato de servicios tecnológicos con IBM, que se enmarca dentro del proyecto de la Caja denominado Mare Nostrum, para la renovación de su plataforma tecnológica y sistemas centrales.


Caja del Mediterráneo acaba de finalizar su proyecto de renovación que se inició en 2005 cuyo objetivo es incrementar la contribución de la tecnología a la estrategia del negocio, mejorando su eficiencia. La nueva plataforma tecnológica y sistemas de información de CAM permitirán que los costes tecnológicos por transacción de la Caja sean un 35% inferiores a la media de las entidades financieras en España.

Caja del Mediterráneo acaba de finalizar su proyecto de renovación que se inició en 2005 cuyo objetivo es incrementar la contribución de la tecnología a la estrategia del negocio, mejorando su eficiencia. La nueva plataforma tecnológica y sistemas de información de CAM permitirán que los costes tecnológicos por transacción de la Caja sean un 35% inferiores a la media de las entidades financieras en España.

Con el fin de contribuir con esta estrategia, IBM durante los próximos cinco años va gestionar la plataforma tecnológica central de la Caja, formada por dos mainframe de IBM (IBM System z10) con procesamiento paralelo. El servicio comprende la gestión del sistema informático central y todas las actividades de diseño, implantación, prueba, operación y soporte, bajo estándares ITIL e ISO 20000.

Según su fabricante, los servidores IBM System z10 son un 50% más rápidos que sus predecesores (System z990) y tienen un 100% más de mejora del rendimiento y un 70% más de capacidad.

Este contrato amplía otro anterior por el que IBM colaboraba con la Caja en la gestión de parte de sus sistemas de información.

Con este proyecto la CAM quiere conseguir controlar los costes de la gestión de la plataforma tecnológica, además de disponer de una estructura que le permita responder a la demanda de los clientes, incrementar los niveles de servicio referentes a la seguridad seguridad y la continuidad del negocio con el fin de asegurar que las actividades de esta institución financiera estén siempre en funcionamiento y que no sufran interrupciones en caso de alguna incidencia no prevista.

El Ayuntamiento de Elche renegocia deuda con CAM y BBVA

ELCHE.- El Ayuntamiento de Elche ha llegado a un acuerdo con Caja Mediterráneo (CAM) y con el BBVA para renegociar las condiciones del pago de los préstamos que tiene contraídos con ambas entidades, según ha anunciado el concejal de Hacienda, Emilio Martínez.

En concreto, el préstamo con CAM es de 35.048.963 euros y, con el acuerdo, se retrasa un año la carencia para la amortización del capital, por lo que el plazo pasa de 10 a 9 años.

Respecto al BBVA, la cantidad asciende a 75.918.312 euros y, en ese caso, el compromiso logrado consiste en que la amortización pasa de ser trimestral a anual, por lo que el consistorio la satisfará en un solo plazo en marzo de 2011 y años sucesivos.

Esa renegociación, "similar a la que hacen todas las familias", en palabras del edil de Hacienda, permitirá el próximo año al consistorio reducir de 14 a 8 millones de euros el pago a esas entidades financieras.

"Esos seis millones de euros menos que deberemos pagar el año que viene nos permitirán afrontar mejor los ajustes del presupuesto de 2011", ha recalcado Martínez.

viernes, 4 de junio de 2010

Camps y consellers se rebajan su sueldo un 15%

VALENCIA.- El vicepresidente segundo y conseller de Economía, Hacienda y Empleo, Gerardo Camps, avanzó hoy que la reducción de sueldos también afectará a los miembros del Gobierno y a los altos cargos de la Generalitat, que se producirá "en los mismos términos" que la efectuada en la Administración del Estado, de forma que el presidente, Francisco Camps, los vicepresidentes y los consellers rebajarán sus retribuciones un 15 por ciento, en tanto que el resto de altos cargos de la Generalitat lo harán entre un 10 y un 8 por ciento.

Gerardo Camps compareció en rueda de prensa al término de la reunión del pleno del Consell, en el que se aprobó el decreto ley del Gobierno valenciano por el que se determina la aplicación de las medidas extraordinarias decretadas por el Gobierno para reducir el déficit público. El titular de Economía precisó que los secretarios autonómicos verán su sueldo reducido un 10 por ciento, un 9 por ciento los subsecretarios y un 8 por ciento los directores generales.

Así, el presidente de la Generalitat cobrará 67.615 euros, en tanto que el sueldo del jefe del Ejecutivo estatal se queda en 78.185 euros, el de Cataluña en 141.225 euros y el de Andalucía 68.981. El salario de los consellers valencianos será de 57.599 euros, mientras que los ministros cobran 77.483, en tanto que en Cataluña los sueldos de los consejeros alcanzan los 107.000 euros y en Andalucía los 68.000 euros.

Subrayó que, con estas rebajas de salario, los altos cargos de la Generalitat "serán los que tengan las retribuciones más bajas de todo el Estado", de forma que, en algunos casos, percibirán sueldos inferiores a altos funcionarios como jefes de área, o, en el caso de la Conselleria de Sanidad, directores de hospitales o jefes de enfermería. Explicó que la diferencia del sueldo de un secretario autonómico y de un conseller "va a ser de 16 euros al mes".

Camps afirmó que la "propuesta alternativa" del Consell para contener el gasto era "mejor" ya que suponía que los altos cargos del resto de autonomías situaran sus salarios al nivel de la valenciana, que es de los más bajos, pero "el problema es que nadie nos ha seguido". "Hemos decidido dar el mayor de los ejemplos", y, por ello, "hacemos exactamente igual que hace el Gobierno de España, sólo que ellos cobran más que nosotros, igual que sucede en otros gobiernos autonómicos", insistió.

Gerardo Camps remarcó que con este decreto "damos legalmente cumplimiento a lo que el Gobierno socialista impone a las administraciones autonómicas" y "en los mismos términos" que el Ejecutivo, y "lo hacemos por la irresponsabilidad y la incompetencia" de José Luis Rodríguez Zapatero, "principal causante de la situación que vive este país", subrayó. Reiteró que el Gobierno valenciano "no tenía entre sus previsiones reducir el salario de los empleados públicos".

El decreto ley aprobado hoy modifica determinados artículos de la Ley de Presupuestos relativos a los gastos de personal. Gerardo Camps subrayó que el Consell ha optado por aplicar la reducción del 5 por ciento en el conjunto de la base salarial de los empleados públicos "exactamente igual que lo hace el Gobierno de España".

No obstante, apuntó que en el caso de los funcionarios de la Comunitat Valenciana "van a tener algo de mejora al no ser necesario que el complemento específico disminuya un 5 por ciento de forma lineal, como si ocurre en el caso de la Administración General de España".

Las retribuciones básicas --compuestas por sueldo base y trienios-- trasladan directamente los nuevos importes para los meses de junio a diciembre, así como la paga extraordinaria de diciembre. Las complementarias, que son competencia de la Generalitat, deben alcanzar la reducción global establecida del 5 por ciento.

Para ello, se aplicará una rebaja del 5 por ciento del complemento de destino, "con lo que se mantienen en los mismos niveles e importes que establece la Administración del Estado para su personal", y el resto de retribuciones de carácter complementario se minoran entre un un 3 y un 4 por ciento para llegar a la reducción global del 5 por ciento anual. Esta reducción afecta a todos los sectores de personal al servicio de la Generalitat.

Gerardo Camps también explicó que no se modifica la contribución al Plan de Pensiones para los empleados de la Generalitat. Asimismo, se prevé una excepción para el personal del grupo E, cuyas retribuciones complementarias se reducirán un 1 por ciento.

También se mantienen las bases de cotización de los empleados públicos encuadrados en el Régimen General de Seguridad Social, que serán las mismas que las correspondientes al mes de mayo de 2010, salvo que por sus retribuciones pudiera corresponder una mayor cuantía.

Por lo que se refiere al personal laboral, su masa salarial disminuirá un 5 por ciento con efectos 1 de junio de 2010, a excepción de la paga extraordinaria de junio. Del mismo modo, no se aplicará ninguna minoración al personal laboral cuyas retribuciones por jornada completa no alcancen 1,5 veces el salario mínimo interprofesional fijado por el Real Decreto Ley del Gobierno.

El Decreto Ley contempla también su aplicación a los organismos autónomos y a las entidades de derecho público en los mismos términos que para el resto de personal al servicio de la Generalitat, sólo se exceptúa el personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles, porque así se establece en la norma estatal, aseveró Gerardo Camps. El personal eventual "también reduce sus salarios como el resto de empleados públicos".

Además, el decreto suspende "parcialmente", con efectos de 1 de junio de 2010, todos los acuerdos y pactos sindicales firmados en el ámbito del personal funcionario y estatutario en los términos necesarios para la correcta aplicación de las reducciones salariales porque es una "cuestión de lógica, ya que no puedo estar subiendo retribuciones y bajándolas a la vez", y "legal", puesto que el Gobierno estatal "nos dice que su real decreto entra en vigor sobre la masa salarial del momento", indicó Gerardo Camps, quien especificó que la Administración del Estado podría llevar a los tribunales a la autonomía que decidiera subir esa masa salarial.

El conseller especificó que los acuerdos que no hayan entrado en vigor, entre los que se encuentra la extensión de la carrera profesional para los funcionarios públicos que contempla la futura ley de la Función Pública, quedan "congelados" hasta 2012, cuando "estos dos años de reducción y congelación salariales hayan pasado. Lo hace la Administración del Estado y los gobiernos de las comunidades autónomas y no cabe otra manera de hacerlo ni legalmente ni lógicamente", insistió.

Se reducen el resto de retribuciones complementarias para el personal de la administración del Consell, el docente no universitario, el de la administración de justicia y el que está al servicio de las instituciones sanitarias alrededor de un 3,5 por ciento, para alcanzar la cifra global del 5 por ciento anual.

Además, se reduce el complemento de productividad en aquellos colectivos en los que se aplica, como son la justicia y la sanidad, en un 5 por ciento. El decreto también se aplicará a la enseñanza concertada y al personal de las universidades públicas.

El CESE busca reequilibrar la cadena alimentaria

VALENCIA.- El Comité Económico y Social Europeo (CESE) se reunió hoy en Valencia con representantes europeos de todos los eslabones de la cadena alimentaria para "corregir los desequilibrios" existentes y "estabilizar" las fuerzas de todos los agentes, con medidas como la creación un seguro de ingresos que limite las pérdidas de los agricultores o la "reinterpretación" de las leyes de competencia para evitar "abusos" en la composición de los precios.

La jornada 'Claves para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria', organizada por la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) y el CESE, contó con la participación de los presidentes Asaja y AVA-Asaja, Pedro Barato y Cristóbal Aguado, así como de numerosas personalidades del ámbito económico valenciano y de representantes de los Gobiernos central y autonómico.

Camps recalcó que "a pesar de las dificultades actuales, el campo es presente y futuro no solo de la Comunitat Valenciana y de España, sino también de Europa" porque "Europa sin el campo, sin la agricultura, prácticamente no tendría razón de existir". Así, abogó por fomentar la competitividad y capacidad de generar empleo del sector y por garantizar la "estabilidad económica" del agricultor.

"Necesitamos que la agricultura sea un lugar atractivo" y "una salida potente, de nivel, fuerte y de mucho prestigio social" para los jóvenes, subrayó Camps, quien señaló que todos los valencianos tienen "alma de agricultor, lo que significa trabajo de sol a sol, esfuerzo, compromiso con la tierra e intentar ver siempre una oportunidad a un obstáculo y una posibilidad a una circunstancia de complejidad", pero "siempre lealmente con el resto de los españoles".

Por su parte, Pedro Barato exigió "medidas urgentes, que algunas no cuestan ni dinero", para afrontar la "falta de rentabilidad de las explotaciones" agropecuarias españolas, así como la modificación de la legislación comunitaria y nacional para "sancionar los abusos que se están cometiendo en la composición de los precios".

"Necesitamos unos precios con los que todo el mundo pueda vivir", recalcó el presidente de Asaja, quien señaló que "hace falta mucha claridad".

"No digo que haya que intervenir como en el siglo XIX, pero sí actuar para que haya esa transparencia", con medidas como el "establecimiento de precios mínimos en base al coste de la producción", como sucede para calcular el coste del seguro agrario.

Cristóbal Aguado reivindicó que "la política agraria común (PAC) y las leyes de competencia tienen que adaptarse o reinterpretarse" para que no haya "ciudadanos de primera y de segunda", y destacó que "hay una mayoría de países de la UE que piensan que ha llegado el momento de intervenir", con iniciativas como "crear un seguro de rentas".

Al respecto, celebró "cómo ha evolucionado en el último año y medio" la opinión de los responsables de la Comisión Europea sobre esta cuestión, hasta considerar ese seguro como "algo que es interesante estudiar y aplicar dentro de la PAC".

"La Comisión Europea ya está debatiéndolo" y "en sus documentos ya hace referencia a que hay que estudiar un seguro de ingresos porque puede ser una de las garantías que se pongan en marcha para garantizar más estabilidad en la cadena alimentaria", dijo.

"Esa apertura antes no existía", aseveró Aguado, quien explicó que "ese seguro de ingresos no es un seguro de garantía de renta, sino un seguro que podría limitar las pérdidas" de los agricultores, para que únicamente se arriesguen a sufrir "pérdidas asumibles, pero no a perderlo todo" y tener que abandonar su profesión y la explotación.

Aguado urgió a dar "viabilidad económica rápidamente" a todos los actores de la cadena y destacó la importancia de que el CESE incorpore las conclusiones de la jornada de hoy al dictamen que presentará en septiembre, a petición del Parlamento y la Comisión Europea, con "medidas correctoras" que "serán tenidas muy en cuenta por los legisladores comunitarios".

Por su parte, el secretario general de Eurocommerce en Bruselas, Xavier Durieu, garantizó que la gran distribución considera la jornada de Valencia como "una oportunidad para ayudar al sector agrario, y es bienvenida, pero no de un modo proteccionista, sino para intentar ayudarles a estabilizar su renta y, sobre todo, para que sean también competitivos".

Valoró también que la CE haya decidido estudiar los precios de la cadena alimentaria, aunque hizo hincapié en la responsabilidad de los intermediarios en las subidas de precio que experimenta el producto desde el origen hasta que llega a la gran distribución, dado que "el margen de beneficio del comercio oscila entre el 2 y el 4 por ciento, debido a la fuerte competencia del sector, y el margen comercial de los grandes productores entre el 10 y el 25 por ciento".

Criticó, en este sentido, que "a menudo, el populismo de las instituciones europeas conduce a criticar el comercio sin tener en cuenta y olvidándose de aquellos actores que están entre los agricultores y el comercio".

"La cuestión a plantearse es si queremos proteger a un sector o aumentar su competitividad", sentenció Durieu, quien se mostró de acuerdo con modificar la normativa europea de la competencia para garantizar la estabilidad de los agricultores.

Por último, el subdirector general de Estructura de la Cadena Agroalimentaria del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, José Miguel Herrero, destacó las actuaciones del Gobierno para garantizar la "transparencia" y "vertebración" de la cadena alimentaria, así como su intención de restablecer el "equilibrio de fuerzas" en la misma. Exigió también que se establezca un "equilibrio normativo" en todos los países de la UE en materia de competencia.

Cáritas aumenta la ayuda social en 2009 en más de un 50% con respecto al año anterior

ALICANTE.- Cáritas en la Diócesis Orihuela-Alicante invirtió en ayuda social durante 2009 un total de 3.365.082,28 euros, un 54,18 por ciento más que en 2008, año en el que se destinaron 2.182.539,28 de euros a la misma causa, según informó hoy la organización humanitaria, que ofreció los datos de su memoria anual de 2009.

La entidad indicó que este aumento en la inversión destinada a ayuda social se corresponde "a la situación de precariedad por la que están pasando muchas familias de la Diócesis de Orihuela-Alicante".

En el acto de presentación de los datos de la memoria estuvieron presentes el Obispo Diocesano, Rafael Palmero, el director de Cáritas Diocesana, Jaime Valcaneras, el delegado episcopal de Cáritas Diocesana, Antonio Esteve, y el administrador, Francisco Vicente.

Palmero apeló "a la solidaridad alicantina" en el marco del Día de la Caridad, festividad del Corpus Christi, que tendrá lugar este domingo, 6 de junio, y cuya recolecta va íntegramente destinada a Cáritas.

Así mismo, Palmero valoró la labor de Cáritas dentro de la Iglesia de Orihuela-Alicante e indicó que "canaliza toda la ayuda, todo este fuego que brota del corazón", al tiempo que señalo que si se atiende "a todos los hermanos que lo están pasando mal o están tristes, se está también consolando a Jesucristo personalmente".

Por su parte el director de Cáritas Diocesana, Jaime Valcaneras, resaltó de las cifras de la memoria "el aumento de los recursos destinados a la ayuda social", lo que denota un "aumento de la caridad pese a la crisis". También destacó la labor que están desempeñando las Cáritas Parroquiales "que pueden llegar a atender en algunos casos hasta a 50 y 60 familias en una semana".

En este sentido, Valcaneras señaló que "los datos de personas atendidas se han disparado, aumentando en un 96 por ciento". Mientras que en 2008 se brindó ayuda a 11.276 personas en 2009 fueron 22.145, cerca del doble. "La pobreza sigue siendo invisible y la tenemos muy cerca" afirmó el director de Cáritas Diocesana quien solicitó "más recursos, más voluntarios y más oraciones".

El Delegado Episcopal de Cáritas, Antonio Esteve, destacó la labor de los 1.200 voluntarios que tiene actualmente Cáritas en toda la Diócesis de Orihuela-Alicante y que están dedicando su tiempo y esfuerzo a colaborar en esta red de ayuda basada "en tres criterios básicos: el servicio universal, la gratuidad y la preferencia por los pobres".

Sanidad activa un protocolo de actuación tras detectar una agrupación de casos de legionella en Alcoy

ALICANTE.- El director general de Salud Pública de la Conselleria de Sanitat, Manuel Escolano, afirmó hoy que la administración saniatria valenciana ha activado un protocolo de actuación para identificar la fuente de contagio de un posible brote de legionella en Alcoy, después de detectar una agrupación de cuatro casos en la ciudad.

Sanidad ha detectado cuatro casos de legionella que presentan una relación espacio-temporal, de los que tres son hombres y una mujer, con edades comprendidas entre los 45 y 81 años, según informó hoy la Generalitat en un comunicado.

Todos ellos han recibido el alta, aunque una persona permanece aún ingresada en el hospital Virgen de los Lirios debido a una patología previa que presentaba. Asimismo, la Conselleria se prevé la aparición de nuevos casos "en los próximos días", de acuerdo al período de incubación de la enfermedad.

Manuel Escolano ofreció estos datos hoy en Alcoi, en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por el alcalde alcoyano, Jorge Sedano. Los equipos de Salud Pública contactaron con las autoridades municipales para activar todo el operativo necesario que permita identificar la fuente de contagio y, de esta forma, "cortar cuanto antes la transmisión de esta enfermedad".

Las actuaciones a realizar pasan por llevar a cabo las encuestas epidemiológicas a los pacientes, buscar asociaciones espacio-temporales que permitan identificar zonas de mayor riesgo y a partir de ese punto, valorar las fuentes de emisión censadas, inspeccionar que se encuentran de acuerdo a la información existente en los censos de instalaciones de riesgo, y realizar la búsqueda de nuevas instalaciones que estuviesen funcionando de forma anómala.

En concreto, los equipos de riesgo de la ciudad de Alcoi sobre los que se actúa son 522, de los que 129 están activos, 237 están desmantelados y 156 precintados. Dentro de los equipos activos se encuentran 47 de agua caliente sanitaria, agua fría y agua climatizada; cuatro centrales humidificadoras, un enfriador evaporativo, dos humectadores industriales y 75 enmarcados en el grupo de otros.

Manuel Escolano señaló que desde la Conselleria de Sanidad "se han adoptado todas las medidas de control previstas en el protocolo de actuación del Plan de Prevención y Control de la legionella".

En este sentido, Escolano, indicó que "se ha actuado sobre cualquier posible foco de transmisión, se ha precintado una máquina de asfaltado y las instalaciones en las que las analíticas de la bacteria han dado positivo".

"No obstante todavía estamos en una situación muy preliminar y hemos actuado sobre cualquier posible foco de transmisión", apuntó Escolano.

Uno de cada tres euros licitados por el Gobierno Central son actuaciones en la Comunitat, según Peralta

VALENCIA.- La Comunitat Valenciana es, dentro del conjunto del Estado, el destino prioritario de las licitaciones de obra pública del Gobierno de España, según un informe de SEOPAN del que informó hoy el delegado del Ejecutivo central, Ricardo Peralta. Así, dijo que uno de cada tres euros licitados por el Gobierno de España lo han sido en relación con actuaciones referidas a la Comunitat.

Asimismo, aseguró que, dentro de las licitaciones llevadas a cabo en la Comunitat, al Gobierno de España le corresponde el 50,2 por ciento de las mismas, "porcentaje que triplica el del 14,6 por ciento de la Generalitat".

Según este informe, el Gobierno de España ha licitado en obras en la Comunitat un porcentaje del 32,7 por ciento del total de sus licitaciones en el conjunto del Estado, es decir, que uno de cada tres euros licitados por el Gobierno de España lo han sido en relación con actuaciones referidas a la Comunitat.

Peralta manifestó que estos datos "ponen de manifiesto la absoluta carencia de fundamento objetivo en la cantinela acerca de la inventada discriminación del Gobierno de España hacia la Comunitat Valenciana" por parte de "portavoces del PP y de la Generalitat".

Asimismo, indicó que si atendemos a la administración responsable total de licitaciones correspondiente a actuaciones destinadas a la Comunitat, el 50,2 por ciento de la licitación de obra pública en el primer cuatrimestre de este año corresponde al Gobierno Central, frente al 14,6 por ciento de la Generalitat y el 35,2 por ciento de la administración local.

Así, afirmó, 5 de cada 10 euros que se han invertido en las infraestructuras que necesita la Comunitat lo ha sido por el Gobierno de España.

También indicó que el porcentaje de licitación de obra pública supera en 27,6 puntos la media de inversión del Gobierno en el conjunto del Estado (22,6 por ciento).

En cuanto a la administración local, señaló que los datos acreditan "de forma indirecta, el protagonismo inversor del Gobierno de España, ya que el incremento de inversión de los ayuntamientos responde fundamentalmente a los 1.400 millones de euros invertido en total por los fondos estatales de 2009 y 2010".

El informe, recalcó, "acredita las reiteradas afirmaciones de esta Delegación del Gobierno en el sentido de que es el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero el principal factor de modernización de la Comunitat Valenciana, con un protagonismo muy superior al del Gobierno autonómico".

La Operación Paso del Estrecho se adelanta este año a mañana, con motivo de la celebración del Ramadán

ALICANTE.- El inicio de la 'Operación Paso del Estrecho' se adelantará este año a mañana, 5 de junio, con motivo de la celebración del Ramadán y finalizará el próximo 15 de septiembre, período durante el cual se espera un paso de vehículos y personas similar al de 2009, informó en un comunicado la Subdelegación del Gobierno.

La subdelegada del Gobierno en Alicante, Encarna Llinares, presidió hoy en la sede de la Subdelegación la reunión de coordinación de la 'Operación Paso del Estrecho' 2010 en Alicante, en la que participaron también representantes de la Autoridad Portuaria de Alicante, Protección Civil, Capitanía Marítima y Unidad Militar de Emergencias.

La lista de asistentes se completa con miembros de Cruz Roja, Ayuntamiento de Alicante, Generalitat Valenciana, Jefatura Provincial de Tráfico, Guardia Civil, Policía Nacional, Aumar y representantes de la consignataria de la compañía naviera.

Así, Encarna Llinares comentó que "las previsiones para este año son similares a las del año 2009", período que se cerró con el paso de 23.497 vehículos y 98.801 viajeros.

En concreto, durante la 'Operación Salida', el número de pasajeros que embarcó en el Puerto de Alicante ascendió a 51.779 y el número de vehículos fue de 12.562. Durante la fase de 'Operación Retorno' pasaron 47.022 pasajeros por Alicante y 10.935 vehículos

La Subdelegación del Gobierno destacó, además, que la 'Operación Salida' comenzará mañana hasta el 15 de agosto y la 'Operación Retorno' del 15 de julio al 15 de septiembre. El período de más afluencia de viajeros se espera de finales de junio al 15 de agosto.

En este sentido, Llinares explicó que "mañana se activa parte del dispositivo que estará al 100 por ciento en las próximas semanas cuando se espera el mayor número de pasajeros"

Según las previsiones, la llegada de usuarios será escalonada y se estima que los dos primeros fines de semana de julio serán los de mayor afluencia, apuntó la misma fuente, que añadió que se espera gran afluencia el 31 de julio y el 1 y 2 de agosto.

Respecto al dispositivo previtsto, el 'Plan de Flota' incluye tres buques con un incremento en el número de rotaciones de más del 15 por ciento.

Así, la Subdelegación del Gobierno señaló que el dispositivo contará "con un importante despliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con la colaboración de la policía portuaria y policía local".

Asimismo, "en caso de ser requerida, también se cuenta con la posibilidad de participación de la Unidad Militar de Emergencias", añadió.

La 'Operación Paso del Estrecho' dispondrá también de nueve intérpretes y nueve asistentes sociales para que presten servicio, por turnos, las 24 horas del día. Por otro lado, Cruz Roja prestará servicio en la Estación Marítima, con al menos 50 personas, con un puesto de socorro y una ambulancia las 24 horas para realizar traslados en caso necesario.

"De esta forma, se dotará a los viajeros de los servicios sociales y sanitarios necesarios para dar respuesta a aquellas incidencias que puedan presentarse", opinó Llinares.

En el Área de descanso de la Marina, la Jefatura Provincial de Tráfico montará durante el mes de julio un dispositivo especial con traductores. En esta área habrá un Punto de Información Informatizada con información en español y francés

El PP usa información falsa para atacar a las fiscales del 'caso Gürtel'

MADRID.- El PP arrojó ayer tinta de calamar sobre el caso Gürtel, extendiendo la falsedad de que el Tribunal Supremo había demostrado la actuación irregular y al margen de la ley de las dos fiscales que investigan el caso desde el principio, según 'El País'.


El presidente valenciano, Francisco Camps, implicado en la trama corrupta, y los diputados Federico Trillo, estratega jurídico del PP, y Esteban González Pons, portavoz de esa formación política, salieron ayer en tromba contra las dos fiscales y llegaron a sugerir que el proceso judicial abierto hace 15 meses, y que ha costado el cargo a una decena de dirigentes populares, entre ellos el tesorero nacional, Luis Bárcenas, podría ser anulado por la actuación supuestamente ilegal de las dos fiscales.

La interpretación de Trillo , Camps y González Pons, según indicaron ayer desde el PP, se basa en la noticia publicada ayer mismo en diversos medios sobre una providencia del juez del Supremo Alberto Jorge Barreiro, que supuestamente demostraría la actuación irregular de las dos fiscales.

Esas informaciones llevaron a Trillo, que no tenía ni había leído la providencia del juez, a asegurar que el caso Gürtel iba a dar un "giro copernicano". En una nota oficial remitida por el PP, Trillo declaraba: "Ha tenido que ser el Tribunal Supremo quien demuestre a las dos fiscales que habían violentado la presunción de inocencia y que habían actuado de manera sectaria, al margen de la ley, al ocultar la prueba que exculparía al presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps".

El Supremo aclaró a El País que no tiene abierta ninguna diligencia contra las fiscales del caso Gürtel y, por tanto, no habría podido demostrar nada.

La información en la que Trillo basa sus acusaciones sostiene que el juez Barreiro, que instruye la querella contra Garzón por supuestos pinchazos ilegales en la cárcel a implicados en la trama, ha pedido documentación para investigar si las fiscales ocultaron pruebas a favor de Camps, y si pusieron el caso en manos de Garzón pese a que correspondía someterlo a reparto.

Esta decisión de Barreiro supondría, según esta información falsa, que se habría admitido a trámite la querella presentada contra las dos fiscales por Ignacio Peláez, el abogado de uno de los miembros de la red corrupta. Sin embargo, esa querella no se ha admitido a trámite por el momento, y tampoco corresponde al magistrado Barreiro resolver sobre esa cuestión, según el Supremo.

Las dos providencias, firmadas efectivamente por Barreiro los días 27 y 28 de mayo, no pretenden investigar la actuación de las fiscales, ni la ocultación de pruebas ni el reparto del caso. Pretenden indagar, en general, sobre la orden de Garzón de intervenir comunicaciones en la cárcel. Saber si fue legal.

En las dos providencias, Barreiro solicita al Tribunal Superior de Justicia de Madrid diversa documentación para dirimir el caso de las escuchas en la cárcel. De hecho, en una de las providencias, en la que el juez admite recabar documentación que solicitan las partes, deniega precisamente que se tome declaración a las dos fiscales de Anticorrupción que investigan el caso, algo que había pedido el abogado Ignacio Peláez.

Este letrado, que solicitó la declaración de las fiscales como testigos en la causa, cambió de idea el pasado 24 de mayo y decidió querellarse contra ellas porque supuestamente ocultaron una prueba que favorece a Camps. Se refiere a una conversación de Pablo Crespo, número dos de la trama, en la que este señala que el presidente valenciano sí se pagó sus famosos y polémicos trajes.

Sin embargo, documentos oficiales de las tiendas de ropa, testimonios de los empleados del establecimiento y otras conversaciones y pruebas incluidas en el sumario, como el pen drive del contable de la trama, demuestran todo lo contrario: que la trama corrupta fue la que pagó los trajes a Francisco Camps.

Luna: 'Las mentiras de Trillo dejan a Camps en ridículo ante la opinión pública'

VALENCIA.- El portavoz del Grupo Socialista en las Cortes, Ángel Luna, manifestó este viernes en un comunicado que las "mentiras urdidas" por el coordinador de Justicia del PP, Federico Trillo, han colocado "nuevamente" al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en una situación de "ridículo" ante la opinión pública.

El portavoz socialista se refirió así a las acusaciones del PP por la presunta ocultación de pruebas en el proceso abierto contra Camps por su supuesta implicación en el caso 'Gürtel'.

Según Luna, las "falsedades" de Trillo, "especialista en enredar procedimientos judiciales", le permiten a Camps un alivio que no llega "ni a las 24 horas".

"Por mucho que se empeñe Camps, la prueba a la que hace referencia, que no pasa de ser una conversación de uno de los imputados que no aclara nada, se enfrenta al conjunto de evidencias documentales y testificales que ya recogió Flors en su auto y que se reiteran por los empleados de la tienda de ropa estos días", señaló.

A juicio de Luna, el presidente de la Generalitat no debería olvidar que su principal problema no es el asunto de los trajes, sino la "colección de ilegalidades" cometidas por el Consell bajo su amparo.

Por último, el diputado socialista calificó la estrategia de Camps de "permanente huida hacia delante", lo que coloca al PP "más cerca de los corruptos que de los ciudadanos en una situación en la que la sociedad está exigiendo a su clase política mayores dosis de responsabilidad para salir cuanto antes de la crisis".

jueves, 3 de junio de 2010

Alarte dice que Rajoy "no actúa como un hombre honrado" al permitir la defensa de los miembros de la trama Gürtel

VALENCIA.- El secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, manifestó hoy que el presidente del PP, Mariano Rajoy, "no actúa como un hombre honesto y honrado cuando por acción o por omisión permite u ordena, y debería aclararlo, que los abogados del PP respalden con sus actuaciones maniobras para defender a los miembros de la trama corrupta Gürtel".

El responsable socialista aseguró, a través de un comunicado, que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el PP "colaboran con [Francisco] Correa, 'El Bigotes' y los miembros de la trama Gürtel" y añadió que la actuación judicial del PP es de "defensa encubierta" de todos ellos.

Jorge Alarte aseveró que el PP y Camps "mienten", ya que no luchan contra la corrupción sino que miran "hacia otro lado; cuando no son directamente protagonistas de esa misma trama corrupta".

"Un ciudadano honrado, ante las decisiones de la sentencia del Tribunal Supremo, los autos del magistrado Tribunal Superior de Justicia de Madrid y los muchos informes judiciales actuaría poniéndose absolutamente a disposición de la justicia y colaborando con ella, no entorpeciéndola; no practicando el oscurtantismo y asuminedo las responsabilidades políticas", argumentó el responsable socialistas.

A su juicio, "decir que todo lo actuado por la sala segunda del Tribunal Supremo, el magistrado Flors del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la Unidad de Blanqueo de Capitales de la Policía y la Fiscalía es un montaje es una nueva desvergüenza y un nuevo ridículo de Camps, al que ya nos tiene acostumbrados a diario", concluyó Alarte.

El TSJCV recibe los autos del Tribunal Supremo relativos a la causa de los trajes

VALENCIA.- La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) recibió hoy los autos del Tribunal Supremo relativos a la causa abierta al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros altos cargos del PP por presuntamente haber recibido trajes como regalo de la empresa Orange Market, vinculada la 'trama Gürtel, que realizaba contratos con la administración autonómica.

Según fuentes del TSJCV, la sala decidirá la próxima semana sus actuaciones.

El TS acordó el pasado 12 de mayo reabrir la causa, con lo que estimaba los recursos presentados por la Fiscalía y el PSPV contra la decisión que adoptó el pasado mes de agosto el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de sobreseer la causa abierta al presidente de la Generalitat, al ex secretario general del PPCV Ricardo Costa; al ex vicepresidente del Consell Víctor Campos y al jefe de Protocolo de la Diputación de Valencia, Rafel Betoret, en contra del criterio que había mantenido el magistrado instructor.

Según el TS, para la comisión de un supuesto cohecho pasivo por el que estaban siendo investigados Camps y los otros altos cargos del PPCV "basta con la aceptación de un regalo entregado en consideración a la función o cargo desempeñado" y indicaba que hasta este momento el tribunal valenciano no ha cuestionado "la potencialidad de que la entrega de prendas de vestir pueda considerarse dádiva a efectos del delito de cohecho impropio", una cuestión, la de la cuantía de los regalos, de la que el auto valenciano no se ocupaba especialmente y que deberá ser ahora aclarada.

Asimismo, afirmaba que la jurisprudencia citada en el auto de sobreseimiento "no abona la relación causal defendida por la Sala de lo Civil y Penal" del tribunal valenciano - que es necesaria una acción de la autoridad pública consecuencia de la dádiva para que haya delito- "sino más bien al contrario, que para el cohecho pasivo impropio basta con la aceptación de un regalo entregado en consideración a la función o cargo desempeñado".

"No podemos olvidar cuál es el bien jurídico protegido por el delito de cohecho en general, que no es otro que preservar la apariencia de imparcialidad, neutralidad y sujeción a la ley en el ejercicio de la función, es decir, que objetivamente no sea susceptible de reproche el modo o forma de ejercer las funciones públicas con arreglo a la norma cultural vigente en una sociedad regida por las reglas del estado de derecho", indica la resolución.

El TS ordenaba el reenvío de las actuaciones al instructor de la causa en Valencia, José Flors, "para que continúe su tramitación en la forma legalmente procedente" y señalaba que en este momento del proceso existe aún la posibilidad de que las partes soliciten nuevas diligencias de prueba, tras lo cual debería pronunciarse el instructor de la causa.

miércoles, 2 de junio de 2010

Las cajas de ahorro pagan con fusiones sus excesos inmobiliarios

MADRID.- Desde la última planta de la nueva sede de Caja Guadalajara se ven con toda claridad los excesos cometidos durante el boom económico-inmobiliario, que ha dejado un reguero de solares desiertos en los alrededores de esta capital de provincia, en un momento en el que España está atravesando el mayor ajuste de su democracia.

"Nadie esperaba una crisis tan dura y tan larga. En nuestro edificio de 12 plantas todavía siguen sin estar ocupadas tres plantas", reconoce Ana María Lirón, directora de la nueva sede central de Caja Guadalajara, desde la flamante sala de reuniones del consejo de administración situada a 50 metros de altura.

Como tantas otras cajas, Caja Guadalajara se encuentra en proceso de fusión por absorción por parte de CajaSol para sanear un balance que refleja una morosidad del 5,28 a cierre del primer trimestre, en línea con la del sector.

La principal sucursal de Caja Guadalajara, que gestiona un volumen de negocio de 365 millones de euros entre ahorros y préstamos, fue inaugurada por el presidente de la entidad alcarreña, José Luis Ros, y el presidente socialista de la Junta de Castilla La Mancha, José María Barreda, el 19 de noviembre de 2009 tras invertir la entidad 24 millones de euros en la nueva sede.

Previamente, la caja había llegado a un acuerdo con la Junta manchega para venderle su antigua ubicación, situada en el centro de Guadalajara, por 17 millones de euros.

Negocios similares y de otro tipo también se hicieron durante buena parte del boom inmobiliario que España vivió en los quince años anteriores a la crisis. Este tipo de operaciones se vieron alentadas en muchos casos por las propias cajas de ahorros, de gestión semipública, que invertían en proyectos en los que asuntos relativos al crecimiento de la región o a cuestiones políticas podían llegar a estar por delante de criterios estrictamente financieros.

Un claro ejemplo de estas prácticas fue la inversión de 38 millones de euros realizada por parte de la intervenida Caja Castilla La Mancha (CCM) en el aeropuerto de Ciudad Real, que el martes entró en concurso de acreedores.

El proyecto del primer aeropuerto privado en España, participado en un 30 por ciento por la Corporación Caja Castilla La Mancha, se gestó al calor de ayudas europeas y mostró una gran ambición política pese a la incredulidad de muchos que han constatado que desde el inicio de su actividad en 2008, el aeródromo no vislumbró en ningún momento el umbral de rentabilidad.

El ciudadano de a pie de Guadalajara no duda en señalar a los políticos como los grandes culpables de la mala gestión económica de las cajas, aunque no se muestra especialmente preocupado con el actual proceso de concentración de las cajas que la crisis simplemente ha contribuido a acelerar.

"Las cajas deberían ser empresas privadas y los cargos políticos deberían desaparecer. Lo que hay que hacer es alejar los políticos de las cajas", dice un cliente de Caja Guadalajara, que no quiere ser identificado, al ser preguntado.

Caja Guadalajara, que tiene una exposición al negocio promotor del 30 por ciento, registró en 2009 una caída del beneficio del 60 por ciento tras haber multiplicado por más de 22 veces su pérdidas por deterioro de activos inmobiliarios a 9,472 millones de euros, según datos individuales de la entidad.

"Para mí el gran pecado de las cajas ha sido haberse metido tan de lleno en el ladrillo incluso cuando ya había estallado la burbuja inmobiliaria", considera José Carlos Díez, economista jefe de Intermoney Valores.

En 2009, el conjunto de las cajas, excluyendo a CCM y CajaSur, sufrió una reducción de resultados del 34 por ciento a 4.426 millones de euros debido al fuerte aumento de las dotaciones para afrontar el deterioro de la calidad crediticia.

En la actualidad se están debatiendo distintas fórmulas para cambiar una obsoleta ley de cajas que les permita recapitalizarse y profesionalizar sus órganos de dirección.

"La solución en las cajas es difícil, pero una de las soluciones es que entre capital privado en estas entidades", considera Jorge Algarate Gonzalo, delegado en Guadalajara de Quabit, de Afirma Grupo Inmobiliario.

El deterioro económico, el recrudecimiento de la crisis y una mayor presión ejercida desde el Banco de España, con la reciente intervención de CajaSur, han introducido una mayor presión para que las cajas se fusionen y afronten la creciente morosidad y la sobrecapacidad instalada.

Con motivo de su fusión, Caja Guadalajara tiene previsto prejubilar a cerca de un 14 por ciento de su plantilla formada por 325 empleados.

Otro claro ejemplo de los excesos cometidos en la época del boom inmobiliario es la urbanización de Valdeluz, situada a menos de 10 kilómetros al sureste de Guadalajara.

Este complejo urbanístico, que pertenece al ayuntamiento de Yebes, fue construido para 8.500 viviendas según su Plan de Ordenación Municipal (POM) y ahora solamente unas 1.500 cuentan la licencia de primera ocupación.

En Yebes sólo figuran 1.400 personas empadronadas y las nuevas edificaciones están sin terminar de construir.

Los edificios de esta macrourbanización están repletos de anuncios de venta de pisos: 'Áticos y pisos de 3 y 4 dormitorios desde 128.000 euros', reza una pancarta. Otra inmediatamente posterior dice: 'Deutsche Bank, financiación hasta el 100%'.

María Ángeles Martín, una joven ama de casa, de 28 años, con un hijo recién nacido, paga por un piso de 120 metros cuadrados -- con una terraza de 18 metros cuadrados, garaje, trastero y piscina -- 450 euros de alquiler al mes, cuando a mediados de 2008 pagaba 650 euros.

"El principal problema es que faltan servicios básicos en Valdeluz. De lo que iba a ser, según venía en la maqueta, a lo que ha sido hay una gran diferencia", dice Martín, para añadir que sólo viene una doctora dos veces por semana a la urbanización y que necesita el coche para poder ir al pediatra.

Para otros expertos una de las lecciones de la actual crisis es la falta de profesionalidad que se ha visto en todo el entramado empresarial y la falta de un modelo económico productivo alternativo al negocio constructor.

"Hemos vivido en un mundo falso. Todo el mundo ha vivido por encima de sus posibilidades porque el cliente acudía en busca de un préstamo y desde la entidad le decían que no sólo pidiera el 100 por cien para el préstamo, que pidiera el 120 por ciento, para además financiar un coche, una reforma, unas vacaciones. Te daban el dinero y eso se ha acabado", zanja Algarate el debate.

Fitch baja la nota a la CAM y Bancaja

MADRID.- Son cinco entidades diferentes las afectadas (incluido el Banco de Valencia, controlado por Bancaja), pero con un riesgo similar: los promotores, constructores e hipotecas. Fitch Ratings bajó la calificación de solvencia a la tercera mayor caja, Bancaja; la cuarta, Caja del Mediterráneo (CAM), y al cuarto banco, el Sabadell, según 'El País'.

La agencia de calificación recortó un escalón la nota de Bancaja, hasta BBB con perspectiva estable, por la fortaleza de su franquicia regional, baza que le ayudará a mantener los ingresos, así como su flexibilidad financiera debido a la gran base de depósitos.

También destaca el nivel de capital. Esa es la parte positiva. La negativa son las hipotecas de la entidad, que crecieron un 31% en uno de los periodos de mayor burbuja inmobiliaria, entre 2004 y 2007. La caja también está expuesta al riesgo de mercado por su gran cartera de participaciones industriales.

La firma recortó el rating del Banco de Valencia, propiedad en un 38,4% de Bancaja, hasta BBB. La entidad subrayó el elevado endeudamiento y las tensiones de liquidez. Fitch fue más dura con la CAM, a la que rebajó la nota a largo plazo desde A hasta BBB+ con perspectiva negativa, lo que podría suponer otro eventual descenso. Si eso ocurriera, le colocaría a solo un paso de los bonos basura.

La CAM negocia una fusión fría con Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria. Cuando la integración reciba las autorizaciones pertinentes, Fitch volverá a emitir su calificación.

La agencia destacó la fuerte concentración en construcción y promoción, el 27,8% al final de 2009, las hipotecas de pequeños clientes concedidas entre 2004 y 2006, así como el fuerte crecimiento, del 30%, en los créditos generales entre 2004-2007.

Fitch estima que el crecimiento económico en España será anémico en los próximos años y que el negocio de la CAM y de Bancaja descansa sobre financiación mayorista. Ambas cajas deben afrontar vencimientos de deuda en 2012, aunque reducidos en el caso de Bancaja.

Por otro lado, el consejero del Banco Central Europeo Christian Noyer se sumó a las críticas a las agencias de calificación, a las que acusó de advertir de los riesgos en algunos países demasiado tarde.

Las playas y puertos de la Comunitat obtienen 108 banderas azules, el mayor número en su historia

ALICANTE.- La Comunitat Valenciana ha obtenido un total de 108 banderas azules, 96 para sus playas y 12 para sus puertos, lo que supone el mayor número de galardones conseguido desde el inicio de la campaña de estos premios, que comenzó en 1987.

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino, presentó hoy en Alicante el número de banderas azules otorgadas por la ONG internacional Foundation for Environmental Education (FEE) a la Comunitat Valenciana.

Cotino señaló que la Comunitat es la segunda autonomía en número de banderas azules por detrás de Galicia y destacó "la importancia que desde la Generalitat se le da al cuidado de las playas para ofrecer los mejores servicios a los turistas".

Así Cotino indicó que el modelo de turismo de sol y playa es "válido" y también "el de interior" para generar "riqueza y crear empleo". En este sentido, el conseller aseguró que "desde el Consell se trabaja para poner todos los medios para lograr que la Comunitat sea la primera que despunte para salir de la crisis".

"En la Comunitat Valenciana, en los últimos años se han invertido alrededor de 1.000 millones de euros en depuración de aguas, lo que ha permitido que el 98 por ciento de las zonas de baño cuenten con las mejores condiciones para que los visitantes puedan bañarse", señaló el vicepresidente.

A pesar de ser la segunda autonomía en número de banderas azules, por porcentaje, la Comunitat Valenciana cuenta con el 50 por ciento de sus playas con este distintivo, frente al 28 por ciento de Galicia, lo que representa el mayor porcentaje de toda España, y arroja que 117 kilómetros de la Comunitat han sido galardonados con la bandera azul.

Para este año 2010, la Comunitat Valenciana ha recibido 108 banderas, de las que 96 corresponden a playas, siete más que el año pasado. Es decir, el 18,5 por ciento de las banderas azules que ondearán en playas españolas serán de la Comunitat.

Además, destaca que cinco de estas playas obtienen el galardón por primera vez. Se trata de la playa de La Garrofera, en la ciudad de Valencia, Cap Blanc, en Oliva (Valencia), Carabassí en Elx (Alicante), Cala Piteras en Torrevieja (Alicante) y la playa de Mil Palmeras en Pilar de la Horadada (Alicante).

Por provincias, la de Alicante ha recibido 59 banderas, 48 para sus playas, cinco más que el año pasado, y 11 para sus puertos deportivos, a pesar de haber perdido cuatro banderas respecto a 2009. Alicante continúa siendo una de las provincias con más banderas azules de España, junto a Pontevedra y A Coruña.

En la provincia de Castellón se han conseguido 24 galardones, 23 para sus playas y 1 para el puerto deportivo de Oropesa. En el caso de Valencia, las playas de la provincia han logrado 25 banderas azules, seis más que el año pasado, lo que también supone un récord, a pesar de haber perdido dos banderas azules con respecto a 2009, ya que desde que comenzó la campaña como máximo las playas valencianas habían obtenido 23 banderas azules.

Desde hace unos años, FEE concede también los premios Centros Bandera Azul, "una distinción con la que premia a aquellos centros educativos instalados en municipios con playas con bandera azul que incluyan entre sus objetivos y actividades la educación ambiental sobre los ecosistemas litorales y el desarrollo sostenible", subrayó Juan Cotino

La Comunidad Europea ha concedido este distintivo a 40 centros en España, de los que diez corresponden a la Comunitat Valenciana, por lo que se convierte en la comunidad, junto con Andalucía, que más centros tiene galardonados.

Los centros premiados son la Escuela Marina de Miramar, el Centro Casal d'Esplai del Saler, el centro de interpretación Racó de l'Olla, centro casal d'Esplai de Rocafort, el Centro de Interpretación Alqueria de Félix, la Escola de Natura de la Malladeta y el Centro de Educación Ambiental de la Generalitat Valenciana, todos ellos en Valencia. Además, también han obtenido el galardón, la Casa de la Natura de Gandia (Valencia), el Aula de la Naturaleza del Clot de Galvany de Elx (Alicante) y el Aula del Mar de Benissa (Alicante).

Asimismo, la Federación introdujo hace unos años las categorías de distinciones temáticas para los municipios con playas bandera azul entre los que se encuentran el de salvamentos, socorrismo y primeros auxilios; información y educación ambiental o ruptura de barreras arquitectónicas y atención a personas.

Este año, la Comunitat ha visto reconocida su labor en la categoría de ruptura de barreras arquitectónicas y atención a personas con discapacidades para la playa de Gandia y en la categoría de salvamento, socorrismo y primeros auxilios para la de Sagunto (Valencia).

Compromís critica que Camps no reduzca la cifra de consellerias ni la de cargos de confianza

VALENCIA.- El síndic de Compromís en las Corts valencianes y dirigente del Bloc, Enric Morera, criticó hoy que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, "no reduzca el número de conselleries, a diferencia de otras comunidades" ni tampoco la cifra de cargos de confianza del Consell.

Según indicó Morera en un comunicado, "Camps habla mucho de la crisis y le echa las culpas" al presidente del Ejecutivo central, José Luis Rodríguez Zapatero, "que la tiene", aunque consideró que el jefe del Consell es "responsable a partes iguales y no hace nada para remediarlo" porque "no reduce conselleries, no reduce los cargos de confianza que tiene su Gobierno, no recorta las ayudas a las fundaciones públicas y privadas y sólo castiga a los funcionarios de la Generalitat".

"El PP ha puesto el grito en el cielo con los recortes sociales de Zapatero, pero no les interesa hacer" como el Gobierno vasco que, según dijo, "sólo reducirá el sueldo un 2% a los funcionarios", con lo que "no mermará el poder adquisitivo de sus empleados", algo que "sí que hará Camps y que lamentamos profundamente".

El parlamentario valencianista hizo estas declaraciones en el transcurso de la concentración que se celebró este mediodía ante el Palau de la Generalitat Valenciana, convocada por los sindicatos y en la que participaron numerosos trabajadores públicos.

El PP recurre el traslado de parte del 'caso Gürtel' a Valencia

MADRID.- El coordinador de Justicia y Libertades Públicas del PP y diputado por Alicante, Federico Trillo, anunció un nuevo recurso (ya es el segundo) contra el auto del juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira, que se inhibió a favor del Tribunal Superior de Valencia tras hallar indicios de siete delitos contra cargos del Ejecutivo valenciano, del PP de la comunidad y de empresarios de la región.

Trillo avanzó, en una entrevista en Onda Cero, que este nuevo recurso se dirigirá contra el escrito del fiscal que sirvió de base a Pedreira para su auto y que, a su vez, es fruto de las investigaciones de la Brigada Policial contra el Blanqueo y de las unidades de auxilio judicial de la Intervención del Estado y de la Agencia Tributaria.

Trillo, ex ministro y diputado por Alicante, ha recuperado la tesis, ya esgrimida por el PP en múltiples ocasiones, de que los informes fruto de dichas investigaciones están realizados "por el Gobierno" con el objetivo, supuestamente, de atacar a su partido.

El recurso se presentará después de que Pedreira aclarara al PP que la expresión "el magistrado instructor hace suya la argumentación jurídica del Ministerio Fiscal", empleada en su auto, significa que comparte el criterio de la fiscalía de que parte de la causa debe investigarse en Valencia y no en Madrid.

El Premio Bernácer reconoce al profesor Emmanuel Farhi por su trabajo sobre la crisis financiera

MADRID.- El profesor de la Universidad de Harvard Emmanuel Farhi recibió hoy el Premio Bernácer de Economía 2009 por su contribución a la comprensión de la transmisión a la actividad real de todo lo relacionado con el crecimiento especulativo, la crisis financiera y los desequilibrios globales.

El acto de entrega tuvo lugar en la sede del Banco de España y contó con la presencia del gobernador de esta entidad, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Lucas Papademos, y el presidente del Observatorio del BCE, Guillermo de la Dehesa.

Fahri señaló que le enorgullece que su trabajo se haya relacionado con Bernácer, del que se mostró impresionado por la profundidad de sus estudios y que fue, dijo, un adelantado a su tiempo.

Fernández Ordóñez elogió el trabajo de Fahri, esencial para comprender el origen de la actual crisis, mientras que Papademos destacó la investigación de alta calidad llevada a cabo por el galardonado en poco tiempo.

El premio Bernácer de Economía, instituido por el Observatorio del BCE y la Caja de Ahorros del Mediterráneo en 2001 recuerda al economista alicantino Germán Bernácer (1883-1965), pionero de los estudios de macroeconomía en España.

El objetivo del premio es reconocer el trabajo de jóvenes economistas de la zona del euro y estimular la investigación en temas macroeconómicos y financieros europeos.

Entre los galardonados se encuentra el actual secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, quien fue premiado en 2002.