lunes, 7 de junio de 2010

El comisario europeo de Transportes insta a finalizar las infraestructuras pendientes

ZARAGOZA.- El comisario europeo de Transportes, Siin Kallas, afirmó hoy en Zaragoza que se puede aprovechar la construcción de infraestructuras para superar los actuales "momentos difíciles" que atraviesa la economía española.

De visita en Zaragoza para participar mañana, martes 8 de junio, y pasado mañana en la Reunión de ministros de Transportes de la UE, con motivo de la Presidencia española de turno de la UE, Siin Kallas expresó que es preciso "presionar, mover e intentar que se cumplan" y se ejecuten los proyectos pendientes, entre otros el denominado Proyecto 16, que incluye la construcción de la Travesía Central del Pirineo (TCP) para conectar España con Francia a través del Pirineo aragonés.

Siin Kallas recordó que, históricamente, "se han utilizado las inversiones para generar empleo". También indicó que están aprobados por la UE el Proyecto 16 y el denominado Eje Mediterráneo, que enlazaría España con Francia a través del Levante y Cataluña, con el que compite Aragón como eje de comunicaciones terrestres a largo plazo.

En este sentido, aseveró que "hay que cumplir con estos proyectos", tras lo que consideró que "no hay competitividad" entre ambos, sino "complementariedad", ya que ambos formarán parte de las Redes Transeuropeas.

Siin Kallas se entrevistó con el presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, en el Edificio Pignatelli, sede del Ejecutivo autónomo, y después ambos se trasladaron a la Plataforma Logística de Zaragoza (PLAZA), donde conoció el proyecto y visitó el área ferroviaria.

Los alcaldes piden ayuda al Gobierno para que no les corten la luz

MADRID.- A las Administraciones Públicas se les ha atragantado la liberalización del mercado eléctrico. Ayuntamientos y comunidades autónomas (una fuente tradicional de morosidad para las eléctricas) están en pie de guerra ante la perspectiva de que las compañías les corten el suministro de luz, sin contemplaciones y con todas las de la ley, según 'Expansión'.

El problema viene de lejos, pero estalla ahora. Las Administraciones han pedido auxilio al Gobierno y a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para que les proteja de posibles apagones. El regulador ha abierto un expediente para ver qué se puede hacer. Intenta buscar una solución, aunque debe ser el Ministerio de Industria el que decida.

¿Qué está ocurriendo para que la situación se pueda calificar de grave? Hasta hace un año, los organismos públicos podían marear a las eléctricas a la hora de pagar sus recibos de luz (tarde, mal o nunca, en muchos casos). La ley forzaba a las compañías a dar el suministro obligatoriamente. Pero todo cambió en julio de 2009, con la llegada de la liberalización eléctrica, destinada a eliminar los precios y los contratos regulados de luz.

Con los cambios legislativos, ahora son las compañías las que tienen la sartén por el mango. Legalmente, no tienen obligación de firmar contratos ni hacer ofertas a clientes de alta tensión, o a aquellos de baja tensión con 10 kilovatios o más de potencia contratada.

Entre esos clientes están miles de ayuntamientos y las comunidades autónomas. Estos cubren sus propias necesidades de luz, y también los servicios públicos esenciales, como bomberos o policía. El suministro de luz en estos servicios públicos esenciales sigue estando protegido por ley. Pero para el resto, los organismos públicos tienen la obligación legal de firmar un contrato de luz en el libre mercado.

Sin ofertas
Las eléctricas, que tradicionalmente han estado en posición de desventaja con los organismos públicos debido a leyes que limitaban su capacidad de negociación como proveedores, han dado ahora la vuelta a la tortilla. Las compañías se niegan a hacer ofertas a los organismos públicos. Ya no están obligadas por ley y nadie les puede exigir que lo hagan. La CNE ha recibido quejas de los organismos públicos en las que alegan «la falta de ofertas presentadas por las comercializadoras». La CNE lleva desde hace meses analizando la situación. Ha comprobado que el problema está extendido entre ayuntamientos y comunidades, al margen de otros posibles clientes privados.

En el caso de los organismos públicos, subyace el espinoso asunto de la morosidad, explican fuentes cercanas a la propia CNE. Las eléctricas no están siendo especialmente generosas en sus ofertas a los organismos públicos. En eso, ayuntamientos y comunidades tienen razón. Pero es una verdad a medias. En muchos casos, las eléctricas sí hacen ofertas, pero exigiendo garantías. Piden avales que, al menos, garanticen el cobro del servicio de suministro de luz durante varios meses; incluso un año.

"Están en su derecho de hacerlo", dicen desde la CNE, que consideran que el asunto es muy complejo jurídicamente. Y muy acuciante. La esencia de la liberalización eléctrica es el libre mercado. Es decir, los contratos deben ser acuerdos libres entre las partes. No se puede obligar a nadie, por ley, a firmar un contrato ni tampoco a ofrecerlo en unas condiciones determinadas. Además, los organismos han ido agotando prórrogas sucesivas para adaptarse: la última, diciembre de este año. Está también el problema de la contratación pública, con concursos, que limitan a los organismos.

Las nuevas tecnologías de la sociedad de la información incrementan la jornada y la presión laboral / Pedro Costa Morata *


Entre los mitos –numerosos, descarados– que la sociedad de la información (SI) nos hace asumir destaca uno especialmente frustrante: el que mantiene aquellas miríficas promesas que se nos hacía en los años de 1960 y 70 para el Año 2000: que debido precisamente al benéfico efecto de la tecnologización creciente de la sociedad el futuro nos llevaría a una neta reducción de la jornada de trabajo y al aumento del tiempo libre y el ocio. El tiempo, sin embargo, nos ha traído una realidad caracterizada por todo lo contrario por lo que éste es uno de los aspectos más hirientes que presenta la SI.

El mito persiste porque renunciamos al análisis y a reconocer que el impulso económico que genera esas técnicas busca en primer lugar (y no pocas veces, en exclusiva) la explotación intensiva del empleo humano inevitable. Así, con la expansión de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) desde la década de 1980 hemos ido asistiendo al continuo aumento de la carga de trabajo y actualmente “descubrimos” que en las sociedades informatizadas el incremento de la jornada de trabajo es un hecho (legal o no).

Con una novedad adicional, directamente relacionada con la intermediación de las TIC: que la disponibilidad del trabajador ante su empresa o empleador tiende a ser de 24 horas por día, lo que viene facilitado por el despliegue incesante de eficaces aparatos cuyo empleo generalizado (y tantas veces obligado) facilita la conexión/sumisión: el teléfono móvil, el ordenador portátil, el correo electrónico…

Todavía hay que describir otro paso más en el recargo de trabajo, cuya novedad principal es que cuenta con una cierta voluntad de autoexplotación por parte del ciudadano (sea o no trabajador). Esto sucede cuando asumimos la realización de tareas –informáticas– que hasta ahora se inscribían en el proceso productivo, digamos, especializado, y que ahora las TIC –y ciertos señuelos que nos despistan con eso del ahorro de tiempo o de dinero– facilitan bajo el estímulo, siempre al acecho, de la dinámica empresarial.

Es lo que sucede cuando adquirimos por Internet un billete de avión u operamos en línea con nuestro banco, y lo que irá sucediendo según se generalice la e-administración, el e-comercio, el llamado proceso interactivo en el enseñar-aprender…

Se trata de una autoexplotación que nos absorbe crecientemente e incluso nos cautiva, añadiéndonos trabajo “voluntario”, pero que incrementa instantáneamente las ganancias empresariales; éstas se relacionan ante todo con el ahorro de trabajo empleado así que actuando de esta forma no sólo realizamos un trabajo no remunerado sino que al mismo tiempo inducimos desempleo en la cadena productiva: y todo ello envuelto en la euforia que producen las maravillas de las TIC.

(*) Pedro Costa Morata es profesor de la Universidad Politécnica de Madrid. Autor de Electromagnetismo: silencioso, ubicuo, inquietante (1996). Premio Nacional de Medio Ambiente.

domingo, 6 de junio de 2010

La sumiller alicantina Andrea Alonso, "Nariz de Oro 2010"

MADRID.- La sumiller alicantina Andrea Alonso, de 34 años, fue proclamada hoy "Nariz de Oro 2010" en la final del concurso celebrado en Madrid y en la que participaron los cincuenta mejores profesionales de España.

Alonso trabaja en la vinoteca del centro comercial "Makro" de Alicante, informaron fuentes de la organización.

La final de la XIX edición de la "Nariz de Oro" tuvo lugar este fin de semana en el hotel Silken Puerta de América de Madrid.

En la última prueba, celebrada esta tarde, los seis finalistas que superaron las primeras cribas tuvieron que identificar, sin información previa y utilizando sólo el olfato, cinco bebidas alcohólicas: Tinto Syrah de Nueva Zelanda, Vino de licor tempranillo de Castilla La Mancha, Vozka de Polonia, Blanco Viognier de VT Castilla, y Ron Blanco de Santa Lucía.

El jurado destacó "la excelente agudeza olfativa de Andrea, una joven alicantina, madre de una niña de 10 años y con experiencia internacional en el campo de la sumillería".

Andrea Alonso, de origen uruguayo, ha trabajado, entre otros, en el hotel Sheraton de Buenos Aires.

Los seis sumilleres que lograron su pase a la final fueron, además de Alonso, Daniel Corman, de Esencia Ardodenda en San Sebastián; Tomás Mayo, del restaurante Pedro Romero, de Ronda (Málaga); José Manuel de Castro, del restaurante Zaranda, en Madrid; Pilar Zapatero, del restaurante Lagar de Isilla, en Aranda de Duero (Burgos), y Jordina Tarrida, del restaurante Cal Pere Tarrida, en El Prat de Llobregat (Barcelona).

En esta edición han participado más de 400 sumilleres de toda España. En las semifinales previas celebradas en distintos puntos del país entre noviembre y mayo pasados, 48 sumilleres consiguieron pasar a esta gran final en la capital española.

En la edición del año pasado también ganó una mujer, María José Vázquez, del restaurante del Guggenheim de Bilbao.

El PSPV cree que la "parálisis" de la estrategia logística de la Comunitat le impide afrontar cambios productivos

VALENCIA.- El portavoz de Infraestructuras y Transportes del PSPV en las Corts, Francesc Signes, denunció que la "parálisis" que, a su juicio, sufre la Estrategia Logística de la Comunitat, provoca que la autonomía valenciana "no esté preparada todavía para afrontar los cambios en los modelos productivos que se avecinan, al tiempo que nos alejamos del objetivo de que la actividad logística se convierta en uno de los pilares básicos del modelo de crecimiento y progreso de las próximas décadas".

Signes que se expresó en estos términos en un comunicado indicó que la actuación del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en este tema es "la historia inacabable" y aseveró que la ejecución de ocho grandes nodos logísticos en la Comunitat que se ubicarían en Vinaròs-Benicarló, Castelló-Vila-real, Sagunt, València-Riba-roja, Requena, la Costera, Villena y Alicante "siguen estancados seis años después de que fueran proyectados en el Plan de Infraestructuras de la Comunidad Valenciana 2004-2010".

El portavoz socialista indicó que esos mismos objetivos "se prometieron en Bruselas en un acto celebrado en 2008 y en Valencia en marzo de 2009, marcándose el plazo de finalización para el año 2015 y retrasando así el compromiso inicial de Camps, anunciado en 2006, de que todas las actuaciones estarían finalizadas el próximo año 2011".

"La realidad --afirmó el parlamentario socialista-- es que a mitad de 2010 únicamente se ha avanzado en el desarrollo de los nodos logísticos de Sagunt y Requena, gracias al impulso de la sociedad estatal Sepi" y añadió que el parque logístico de Riba-roja se está convirtiendo "en un simple almacén de contenedores del Puerto de Valencia, con unos pocos centenares de puestos de trabajo creados, cifra muy alejada de los 3.000 que permanentemente anuncia la Generalitat".

Signes indicó que de los otros cinco nodos logísticos, el de Alicante "sólo dispone de reserva de suelo" y en los de "Vinaròs-Benicarló, Castelló-Vila-real, la Costera y Villena "lo único que se sabe es que vuelven a aparecer de nuevo en el Plan de Infraestructuras de la Generalitat 2010-2020".

Respecto a las infraestructuras que deben dinamizar y dar sentido a estas plataformas logísticas, Signes subrayó que "las grandes inversiones del Gobierno de España en los aeropuertos del Altet y Manises, así como en los puertos de interés general del Estado como son los de Alicante, Valencia, Sagunt y Castelló".

El diputado recordó, además, que "una infraestructura esencial para la economía valenciana como es el corredor mediterráneo que permitirá colocar nuestros productos en el resto de Europa está siendo reivindicada por el Ministerio de Fomento ante la Unión Europea para que sea considerada prioritaria dentro de la Red Transeuropea de Transportes" después de que en el año 2003, siendo Comisaria Europea de Transportes la popular Loyola de Palacio "fuese relegado al puesto 19".

El portavoz socialista contrapuso este "esfuerzo" del Gobierno central al "bajo cumplimiento" del Consell en Infraestructuras que "sólo ha cumplido el 50 por ciento de los compromisos del protocolo de Carretaras o el 25 por ciento del PIE 2004-2010".

Por último, el diputado exigió al Consell que salga de su parálisis ya que "la demanda de instalaciones logísticas en la Comunitat sigue siendo importante debido a los procesos de unificación y optimización que han experimentado algunas operadores y a eso no se contrapone una oferta adaptada a las necesidades de la demanda".

El Gobierno propondrá a la Generalitat trabajar conjuntamente para transformar la industria vinícola valenciana

VALENCIA.- El Gobierno central propondrá a la Generalitat "trabajar conjuntamente" para transformar la industria vinícola de la Comunitat Valenciana, que "debe basarse en la calidad", según señala el Ejecutivo estatal en su respuesta a varias preguntas formuladas por la diputada del PP en el Congreso Marta Torrado.

El escrito, fechado 14 de mayo, señala que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, "se comprometió con el vino valenciano y con el Plan de Lanzamiento Nacional e Internacional de los vinos valencianos".

Además, resalta que el Observatorio Español del mercado del Vino ha realizado un estudio del estado de la industria vinícola valenciana, que ofrece "datos y recomendaciones" para el sector valenciano del vino con el objetivo de "avanzar en la transformación de una industria que debe basarse en la calidad".

Recalca, en este sentido, que "el Gobierno de España propondrá a la Generalitat trabajar conjuntamente en la aplicación de estas recomendaciones" orientadas a la transformación del sector.

El Ejecutivo destaca asimismo la aprobación del real decreto 244/2009, de 27 de febrero, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo al sector vinícola español, en el marco del nuevo reglamento de la organización común de mercados con una dotación de 32 millones de euros para el Plan de Promoción Exterior.

Así, defiende que "gracias a esta decisión, se han visto beneficiados todos los programas presentados por las comunidades autónomas, incluída la Comunitat Valenciana, tras solicitarlo los interesados y aprobarse en Conferencia Sectorial".

El Banco de España y magistrados de lo Mercantil debaten en Elche qué hacer con las viviendas de las entidades financieras

ELCHE.- El Centro de Congresos de Elche reunirá el próximo miércoles, 9 de junio, a más de 200 participantes para asistir al debate de magistrados de lo Mercantil en diversas mesas redondas dedicadas a cuestiones relacionadas con el Derecho Concursal como la liquidación, el incumplimiento y la impugnación del convenio o el tratamiento de las ejecuciones.

Además, también se contará con la presencia de la letrada del Banco de España, Nieves Prieto, que abordará la normativa del Banco de España sobre dotaciones y provisiones.

La cuestión fundamental de esta jornada, organizada por el Colegio de Economistas de Alicante y promovida por diversos Colegios Profesionales de las provincias de Castellón, Valencia, Alicante y Murcia, es determinar qué se puede hacer con el "enorme" stock inmobiliario que han adquirido bancos y cajas de ahorro como consecuencia de la extensión de la dación en pago --aceptar la vivienda hipotecada como pago de una deuda que no se puede solventar de otro modo--, según informaron fuentes de la organización del acto en un comunicado.

La posición del Banco de España, que defenderá la letrada, está reflejada en el reciente anuncio de la institución supervisora de "endurecer" las provisiones que exigirá a bancos y cajas de ahorro por créditos morosos y por la adquisición de activos inmobiliarios como consecuencia de la dación en pago, una herramienta que consideran, no obstante, una "opción legítima".

Según el Banco de España, deberá reconocerse un "deterioro mínimo" del 10 por ciento al adquirir la vivienda por este procedimiento, que se incrementará hasta el 20 por ciento si pasan 12 meses desde la adquisición y hasta el 30 por ciento si llega a los 24 meses.

Esta interpretación contrasta con la de algunos magistrados de lo Mercantil como el del número 2 de Valencia, Fernando Presencia, quien defiende "suavizar" la normativa sobre provisiones para fomentar que las entidades financieras devuelvan al mercado los bienes inmobiliarios utilizando herramientas como, por ejemplo, periodificar las pérdidas que se deriven de poner inmuebles a la venta un precio menor que el de tasación.

A diferencia del Banco de España, que pretende evitar nuevas daciones, estos magistrados de lo Mercantil entienden que la dación en pago ya se ha extendido y ahora lo importante es conseguir que bancos y cajas de ahorro den salida a su stock, lo que resultará "más difícil endureciendo las provisiones".

sábado, 5 de junio de 2010

El PSPV afirma que "el problema del Consell no son sus sueldos, sino sus relaciones con una trama corrupta como Gürtel"

VALENCIA.- La secretaria de Organización del PSPV, Elena Martín, aseguró hoy que "el problema del Consell no son sus sueldos, sino sus relaciones con Alvarito Pérez 'El Bigotes', Correa, y, en general, con una trama corrupta como Gürtel".

Martín se pronunció así en un comunicado sobre el recorte salarial para los altos cargos anunciado ayer por el Gobierno valenciano y señaló que "los vínculos incuestionables del PP con corruptos de la trama Gürtel son el verdadero lastre de este Gobierno de la Generalitat, aunque Rajoy se empeñe en escudarse en cortinas de humo para no reconocer la culpabilidad de Camps".

Al respecto, recalcó que el líder nacional del PP, Mariano Rajoy, "con su empeño por no posicionarse en contra de Camps, se ha hecho responsable y cómplice de él y de cuanto pueda pasar".

"Rajoy se ha apoyado en la cortina de humo que ha montado Trillo, de mentiras y propaganda", una actitud que "lo implica directamente con este caso de corrupción", subrayó.

Martín se mostró a favor de la iniciativa del secretario general del PSPV, Jorge Alarte, de "investigar la organización de los actos, congresos y mítines del PP nacional a los que asistía el PPCV" y apuntó que "habrá que ver si Rajoy sabía quiénes eran Correa y El Bigotes".

EUPV exige al Consell que estudie la "causa subyacente" de los brotes de legionella en Alcoy

ALICANTE.- EUPV anunció hoy que solicitará la comparecencia del conseller de Sanidad, Manuel Cervera, en las Corts Valencianes para que "dé detalles" sobre el último brote de legionella que ha afectado a cuatro personas y exigió que se estudie la "causa subyacente" de los brotes de esta bacteria en Alcoy.

Así lo indicó en un comunicado el diputado autonómico y miembro de EUPV, Lluís Torró, quien consideró que la recurrencia de la aparición de la bacteria en Alcoy "es muy preocupante, se alarga más de una década" y destacó "por infinita vez, la necesidad que se estudie más ampliamente los motivos de su presencia".

Torró explicó que en los primeros brotes en Alcoy se confirmó que la bacteria estaba presente en torres de refrigeración de la industria alcoyana y, especialmente, de la textil. "Las torres se desmontaron y dio resultado, aun así, la bacteria ha vuelto a reaparecer una y otra vez durante los últimos 11 años, y recientemente en las máquinas de asfalto", manifestó.

En su opinión, "hay una excesiva recurrencia de la bacteria y pese a que se ha actuado en los vehículos transmisores de ésta y que la intensidad de su presencia ha ido disminuyendo, sigue presente y sigue sin estudiarse las causas que hacen que aparezca cada año en Alcoy".

El diputado autonómico afirmó que existe "claramente una causa subyacente que no se estudia".

"No hay suficiente con asegurar que la bacteria está en el ambiente, queremos saber por qué está en el ambiente alcoyano y no en el de otro lugar", recalcó.

Lluís Torró lamentó que la Consellleria de Sanidad "no haga caso desde hace tiempo a esta petición". Por ello, exigió a Manuel Cervera que "tome medidas" y que "pida un estudio completo de la causa subyacente que explique la recurrencia de los brotes de legionella en la población de Alcoy".

El corto "Adiós papá, adiós mamá", premiado en el Festival de Cine de Alicante

ALICANTE.- El cortometraje "Adiós papá, adiós mamá", del realizador alicantino Luis Soravilla, y el intérprete Enrique Villén, que participa en este trabajo cinematográfico, han obtenido los premios al mejor director y al mejor actor, respectivamente, en el VII Festival de Cine de Alicante.

Este corto, que ha sido rodado en Ciudad de la Luz, se ha alzado también con el premio de RTVV, que se concede en el marco del certamen, que en esta edición se ha dedicado al género de la comedia y cuyos galardones se entregarán esta noche en la gala de clausura.

"Adiós papá, adiós mamá" narra la emancipación de un hijo -interpretado por el actor Miguel Ángel Muñoz- que lleva más de treinta años en casa de sus padres, papeles encarnados por el galardonado Enrique Villén y la actriz Gracia Olayo.

El fallo del jurado oficial del festival se ha dado a conocer hoy en una rueda de prensa a la que estaba prevista la asistencia del cómico Eduardo Gómez, quien recibirá esta noche un premio honorífico del certamen, aunque finalmente no ha acudido porque, según fuentes de la organización, "estaba estudiando" unos guiones.

El galardón a la mejor actriz ha recaído en Carmen Ruiz, protagonista de "La rubia de pinos puente", un corto dirigido por Vicente Villanueva que ha logrado, además, el segundo premio al mejor cortometraje.

Dentro de esta última categoría, las obras "El opositor", de María Giráldez y Miguel Provencio, y "La historia de siempre", de José Luis Montesinos, han obtenido el primer y el tercer premio a los mejores cortometrajes, respectivamente.

El premio al mejor guión de cortometraje ha sido para la ya citada "La historia de siempre", mientras que el galardón a la mejor fotografía ha sido concedido a "Ana desea no ser", de Ignacio Roldos.

En la comparecencia ante los periodistas se ha informado también del fallo de los premios otorgados por el jurado de la crítica y que han recaído en "The End", un corto en clave de western dirigido por Eduardo Chapero-Jackson, y en el 'tv movie' "Cuatro estaciones", de Marcel Barrena.

Por otra parte, el premio al mejor cortometraje de animación ha sido para "Tachaaan", de Rafael Cano, Carlos Olmo y Miguel Ángel Bellot.

El director del festival, Vicente Seva, ha explicado que la organización había recibido en esta edición un total de 380 cortometrajes y 18 'tv movies' procedentes de distintas provincias españolas, así como de Italia, Alemania, Reino Unido, Francia, México y Rusia.

De todos estos cortos, más de una veintena fueron seleccionados en la categoría de Ficción y otros cinco, en la de Animación, que, junto a seis 'tv movies', han optado a los galardones en la última fase del concurso.

Preguntado por los periodistas sobre la acogida de la presente edición del festival, Seva ha expresado su satisfacción con el resultado y ha reiterado que el objetivo de la cita alicantina pasa por obtener una "buena repercusión a nivel nacional" y "llenar" las salas de público.

A su juicio, la temática humorística y cómica de esta edición ha sido "un acierto".

El director ha recordado que en la gala inaugural, celebrada el pasado 31 de mayo, se entregaron galardones honoríficos a los actores Gabino Diego, Fernando Guillén Cuervo y Fernando Tejero, así como el premio a "Toda una Vida", a título póstumo, al fallecido Antonio Ozores.

Seva ha subrayado que la culminación del festival tendrá lugar esta noche con la entrega del premio "Ciudad de la Luz" a Eusebio Poncela y el de "Alicante Ciudad de Cine" a Eduardo Gómez, uno de los intérpretes de la serie de televisión "La que se avecina" (Tele 5).

Precisamente, la velada de clausura, prevista para las 22.00 horas en la plaza del Ayuntamiento, contará con la presencia de diferentes compañeros de reparto de Eduardo Gómez en esa serie, como Antonio San Juan, Vanesa Romero y Gema Cuervo, entre otros.

Seva ha remarcado la valía de los homenajeados, aun cuando "la comedia es un género muy valorado por el público, pero subestimado por los profesionales".

Esta afirmación ha coincidido con las declaraciones de algunos miembros del jurado, quienes han recalcado que los trabajos que más se han premiado han sido, "paradójicamente, las comedias", pese a que el 70 por ciento de los recibidos ahondaba en un argumento de tono "grave o triste".

Interior prevé el desplazamiento de cerca de 2,5 millones de pasajeros en la Operación 'Paso del Estrecho'

MADRID.- El Ministerio de Interior prevé el desplazamiento de cerca de 2,5 millones pasajeros y 650.000 vehículos en la Operación Estival Paso del Estrecho 2010 (OPE), que adelantará su inicio con motivo de la celebración del Ramadán y que se mantendrá hasta el 15 de agosto, en el marco de un Plan Especial de Protección Civil que dirige y coordina la Dirección General de Protección Civil y Emergencias.

El Plan, que afectará a los puertos de Alicante, Almería, Málaga, Algeciras, Tarifa, Ceuta y Melilla, tendrá en los dos primeros fines de semana de julio sus "días críticos", así como el 31 de ese mes y el 1 y 2 de agosto, cuando también se espera una "gran afluencia". Por ello, se aconseja la llegada escalonada a los puertos para conseguir el embarque automático.

En este sentido, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias ha establecido como objetivos primordiales: dotar a los viajeros de los servicios sociales y sanitarios necesarios, disponer de espacios suficientes de aparcamiento en los puertos, especialmente en el de Algeciras y Almería, y acondicionar las áreas de descanso e información en las rutas más importantes.

Asimismo, pretende garantizar la fluidez del tráfico en las principales rutas de la OPE y ofrecer un sistema de información dirigido a los viajeros mediante puntos informatizados en ruta, paneles móviles de la Dirección General de Tráfico, además de folletos informativos en diferentes idiomas a los que se puede acceder en las páginas web: www.proteccioncivil.es, www.inforiesgos.es y www.dgt.es.

Por otro lado, ha destacado la necesidad de establecer un marco organizativo adecuado para la dirección y coordinación en las situaciones de emergencia contempladas en el Plan Especial, así como de mantener la colaboración con las Autoridades marroquíes que permita un intercambio fluido de información y de efectivos policiales en Tánger y Algeciras.

El dispositivo de seguridad se compondrá por cerca de 13.000 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las policías portuarias, que contarán con la colaboración de las policías locales. Por su parte, la Unidad Militar de Emergencias, en caso de ser requerida, dispone de 4.000 efectivos e importantes medios.

Además, se ha establecido un Plan de Flota de 36 buques y un dispositivo de asistencia sanitaria de 43 médicos, ATS y 6 centros asistenciales. En este aspecto, los servicios de Cruz Roja Española colaborarán con un total de 419 voluntarios y ambulancias, mientras que la asistencia social estará formada por 147 personas con zonas de emergencia y atención en todos los puertos.

El gobierno de los bancos / Serge Halimi

El 10 de mayo de 2010, tranquilizados por una nueva inyección de 750.000 millones de euros en la caldera de la especulación, los tenedores de títulos de Société Générale ganaron un 23,89%. Ese mismo día, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, anunció que, por razones de rigor presupuestario, no se prorrogaría una ayuda excepcional de 150 euros a las familias en dificultades.

Así, de crisis financiera en crisis financiera, crece la convicción de que el poder político ajusta su conducta a la voluntad de los accionistas. Periódicamente, democracia obliga, los representantes electos convocan a la población a privilegiar a aquellos partidos que los "mercados" preseleccionaron por su inocuidad.

La sospecha de prevaricación socava poco a poco la confianza en cada invocación al bien público. Cuando Barack Obama reprende al banco Goldman Sachs para justificar mejor sus medidas de regulación financiera, los republicanos difunden inmediatamente un spot (1) que recuerda la lista de donaciones que el Presidente y sus amigos políticos recibieron de "La Firma" en las elecciones de 2008: "Demócratas: 4,5 millones de dólares. Republicanos: 1,5 millones de dólares. Los políticos arremeten contra la industria financiera, pero aceptan los millones que les aporta Wall Street".

Cuando, fingiendo su preocupación por proteger el presupuesto de las familias pobres, los conservadores británicos se oponen a que se fije un precio mínimo a las bebidas alcohólicas, los laboristas responden que se trata más bien de complacer a los dueños de los supermercados, hostiles a una medida semejante desde que convirtieron el precio de las bebidas alcohólicas en un producto gancho destinado a adolescentes fascinados por el hecho de que la cerveza pueda costar menos que el agua.

Finalmente, cuando Sarkozy elimina la publicidad de los canales públicos, todos imaginan las ganancias que la televisión privada dirigida por sus amigos Vincent Bolloré, Martin Bouygues, etc. obtendrá de una situación que los exime de cualquier competencia en el reparto del botín de los anunciantes.

Este tipo de sospechas se remonta lejos en la historia. Ahora bien, muchos hechos que deberían escandalizar pero a los cuales uno se resigna se ven minimizados por un "Eso siempre ha existido". Ciertamente, en 1887 el yerno del presidente francés Jules Grévy sacaba partido de sus parientes en el Elíseo para negociar condecoraciones oficiales; a comienzos del siglo pasado, la Standard Oil daba órdenes a muchos gobernadores de Estados Unidos.

Y en lo que respecta a la dictadura de las finanzas, ya en 1924 se hacía referencia al "plebiscito cotidiano de los tenedores de bonos" -los acreedores de la deuda pública de la época-, también llamados el "muro de dinero". No obstante, con el tiempo, algunas leyes regularon el papel del capital en la vida política. Incluso en Estados Unidos: a lo largo de la "era progresista" (1880-1920) y después del escándalo Watergate (1974), siempre como consecuencia de movilizaciones políticas. En cuanto al "muro de dinero", las finanzas se colocaron bajo tutela en Francia tras la Liberación. En suma, eso "siempre ha existido", pero eso también puede cambiar.

Y volver a cambiar... pero en el sentido contrario. El 30 de enero de 1976, la Corte Suprema de Estados Unidos anulaba varias disposiciones clave votadas por el Congreso que limitaban el papel del dinero en la política (fallo Buckley contra Valeo). ¿Razones invocadas por los jueces? "La libertad de expresión no puede depender de la capacidad financiera de los individuos para involucrarse en el debate público". Dicho de otro modo, regular el gasto es coartar la expresión... En enero último, este fallo se amplió hasta el extremo de autorizar a las empresas a gastar lo que quisieran para impulsar (o combatir) a un candidato.

En otros lugares, desde hace unos veinte años, entre los antiguos aparatchiks soviéticos metamorfoseados en oligarcas industriales, los empresarios chinos que ocupan un lugar destacado en el seno del Partido Comunista, los jefes del Ejecutivo, ministros y diputados europeos que preparan, a la manera estadounidense, su reconversión en el "sector privado", un clero iraní y militares paquistaníes embriagados por los negocios (2), el derrape venal se ha sistematizado. Esto influye en la vida política del planeta.

En la primavera de 1996, al término de un primer mandato muy mediocre, el presidente William Clinton preparaba su campaña de reelección. Necesitaba dinero. Para conseguirlo, tuvo la idea de ofrecer a los donantes más generosos de su partido pasar una noche en la Casa Blanca, por ejemplo en la "habitación de Lincoln". Puesto que acercarse al sueño del "Gran Emancipador" no estaba ni al alcance de los bolsillos más pequeños ni era la fantasía obligada de los más grandes, se subastaron otros placeres. Como el de "tomar un café" en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos.

Por lo tanto, los potenciales donantes de fondos del Partido Demócrata se encontraron con numerosos miembros del Ejecutivo encargados de regular su actividad. El portavoz del presidente Clinton, Lanny Davis, explicó ingenuamente que se trataba de "permitir a los miembros de los organismos de regulación conocer mejor los asuntos de la industria en cuestión" (3). Uno de esos "cafés de trabajo" puede haber costado miles de millones de dólares a la economía mundial, favorecido el crecimiento de la deuda de los Estados, y provocado la pérdida de decenas de millones de empleos.


"Los pobres no hacen donaciones públicas"

Así, el 13 de mayo de 1996, algunos de los principales banqueros de Estados Unidos fueron recibidos durante noventa minutos en la Casa Blanca por los principales miembros de la Administración. Junto al presidente Clinton, el secretario del Tesoro, Robert Rubin, su adjunto encargado de Asuntos Monetarios, John Hawke, y el responsable de la regulación de los bancos, Eugene Ludwig.

Por una casualidad seguramente providencial, el tesorero del Partido Demócrata, Marvin Rosen, también participaba en la reunión. Según el portavoz de Ludwig, "los banqueros discutieron la legislación futura, incluidas las ideas que permitirían quebrar la barrera que separa a los bancos de las demás instituciones financieras".

Aleccionado por el crac bursátil de 1929, el New Deal había prohibido a los bancos de depósitos arriesgar imprudentemente el dinero de sus clientes, lo que obligaba luego al Estado a rescatar a esas instituciones por temor a que su eventual quiebra provocara la ruina de sus numerosos depositantes.

Firmada por el presidente Franklin Roosevelt en 1933, la reglamentación, aún vigente en 1996 (ley Glass-Steagall), disgustaba fuertemente a los banqueros, preocupados por ser parte de los beneficiarios de los milagros de la "nueva economía". El "café de trabajo" tenía como objetivo recordarle ese desagrado al jefe del Ejecutivo estadounidense en momentos en que éste se preocupaba por lograr que los bancos financiaran su reelección.

Unas semanas después del encuentro, los teletipos de agencia informaron que el Departamento del Tesoro enviaría al Congreso un paquete de leyes "que cuestionaba las normas bancarias establecidas seis décadas atrás, lo que permitiría a los bancos lanzarse ampliamente en el mercado de seguros y en el sector de los bancos de negocios e inversiones". Lo que siguió es de público conocimiento.

La derogación de la ley Glass-Steagall fue firmada en 1999 por un presidente Clinton reelecto tres años antes, en parte gracias a su botín de guerra electoral (4). Esta derogación atizó la orgía especulativa de los años 2000 (sofisticación cada vez mayor de los productos financieros, del tipo de créditos hipotecarios subprime , etc.) y precipitó el crac económico de septiembre de 2008.

En realidad, el "café de trabajo" de 1996 (hubo 103 del mismo tipo en el mismo periodo y en el mismo lugar) no hizo más que confirmar la fuerza de gravedad que inclinaba la balanza en el sentido de los intereses de las finanzas. Porque fue un Congreso de mayoría republicana el que enterró la ley Glass-Steagall, conforme a su ideología liberal y a los deseos de sus "mecenas"; los congresistas republicanos también recibieron dólares de los bancos.

En cuanto a la Administración de Clinton, con o sin "café de trabajo", no hubiera resistido mucho tiempo a las preferencias de Wall Street: su secretario del Tesoro, Robert Rubin, había dirigido Goldman Sachs. Al igual que Henry Paulson, a cargo del Tesoro estadounidense durante el crac de septiembre de 2008. Tras haber dejado morir a los bancos Bear Stearns y Merryl Lynch -dos competidoras de Goldman Sachs- Paulson rescató a American Insurance Group (AIG), una aseguradora cuya quiebra habría afectado a su mayor acreedor... Goldman Sachs.

¿Por qué una población que no está compuesta en su mayoría por ricos acepta que sus representantes satisfagan prioritariamente las demandas de los industriales, de los abogados de negocios, de los banqueros, al punto que la política termina consolidando las relaciones de fuerza económicas en lugar de oponerles la legitimidad democrática? ¿Por qué cuando esos mismos ricos son elegidos, se creen autorizados a exhibir su fortuna? ¿Y a proclamar que el interés general requiere satisfacer los intereses particulares de las clases privilegiadas, las únicas con el poder de hacer (invertir) o impedir (deslocalizar), y a las que por lo tanto es necesario seducir ("tranquilizar a los mercados") o contener (lógica del "escudo fiscal")?

Estas preguntas llevan a evocar el caso de Italia. En ese país, uno de los hombres más ricos del planeta no se sumó a un partido con la esperanza de influir en él, sino que creó el suyo, Forza Italia, para defender sus intereses empresariales. De hecho, el 23 de noviembre de 2009, La Repubblica publicó la lista de las dieciocho leyes que favorecieron al imperio comercial de Silvio Berlusconi desde 1994, o que le permitieron escapar a las acciones judiciales.

Por su parte, el ministro de Justicia de Costa Rica, Francisco Dall'Anase, ya advierte sobre una etapa posterior. La que verá en ciertos países un Estado, ya no sólo al servicio de los bancos, sino de grupos criminales: "Los carteles de la droga se apoderarán de los partidos políticos, financiarán las campañas electorales, y tomarán luego el control del Ejecutivo" (5).

A propósito, ¿qué impacto tuvo la (nueva) revelación de La Reppublica en el destino electoral de la derecha italiana? A juzgar por su éxito en las elecciones regionales de marzo último, ninguno. Todo sucede pues como si el relajamiento habitual de la moral pública hubiera inmunizado a poblaciones resignadas a la corrupción de la vida política.

¿Por qué indignarse entonces cuando los representantes se preocupan continuamente por satisfacer a los nuevos oligarcas, o por alcanzarlos en la cima de la pirámide de los ingresos? "Los pobres no hacen donaciones públicas", señalaba con bastante razón el ex candidato republicano a la presidencia John McCain, quien se convirtió en lobbista de la industria financiera.

Un mes después de su partida de la Casa Blanca, William Clinton ganó tanto dinero como en sus cincuenta y tres años de vida. Goldman Sachs le pagó 650.000 dólares por cuatro discursos. Por otro, pronunciado en Francia, cobró 250.000 dólares; esta vez, el que pagó fue el Citigroup. En el último año del mandato de Clinton, el matrimonio había declarado ingresos por 357.000 dólares; entre 2001 y 2007, sumó un total de 109 millones de dólares.

Actualmente, la celebridad y los contactos adquiridos a lo largo de una carrera política se canjean sobre todo una vez que ésta carrera ha terminado. Los puestos de administradores en el sector privado o de asesor de bancos reemplazan ventajosamente un mandato popular que acaba de concluir. Y, como gobernar es prever...

Pero el "pantouflage" (6) ya no se explica únicamente por la exigencia de permanecer miembro vitalicio de la oligarquía. La empresa privada, las instituciones financieras internacionales y las organizaciones no gubernamentales conectadas a las multinacionales se convirtieron, a veces más que el Estado, en lugares de poder y de hegemonía intelectual. En Francia, el prestigio de las finanzas así como el deseo de forjarse un futuro dorado desviaron a muchos egresados de la Escuela Nacional de Administración (ENA), de la Escuela Normal Superior (ENS) o de la Escuela Politécnica de su vocación de servidores del bien público.

El ex alumno de la ENA y de la ENS y ex primer ministro Alain Juppé confesó haber experimentado una tentación semejante: "Todos hemos estado fascinados, e incluso, perdón, los medios de comunicación. Los golden boys , ¡era formidable! Esos jóvenes que llegaban a Londres y que estaban allí frente a sus ordenadores y transferían miles de millones de dólares en unos instantes, que ganaban cientos de millones de euros todos los meses, ¡todo el mundo estaba fascinado! (...) No sería del todo sincero si negara que yo mismo cada tanto me decía: ‘caramba, si hubiera hecho eso tal vez hoy estaría en una situación diferente'" (7).

"Ningún arrepentimiento" en cambio para Yves Galland, ex ministro de Comercio francés, convertido en presidente de Boeing France, una empresa competidora de Airbus. Ningún arrepentimiento tampoco para Clara Gaymard, esposa de Hervé Gaymard, ex ministro de Economía, Finanzas e Industria: tras haber sido funcionaria en Bercy (sede del ministerio), y luego embajadora itinerante delegada de la Agencia Francesa de Inversiones Internacionales, se convirtió en presidenta de General Electric France. Conciencia tranquila también para Christine Albanel, que durante tres años ocupó el Ministerio de Cultura y Comunicación. Desde abril de 2010, sigue a cargo de la comunicación... pero de France Télécom.

La mitad de los ex senadores estadounidenses se convierten en lobbistas , a menudo al servicio de las empresas que habían regulado. Lo mismo sucedió con 283 ex miembros de la Administración de Clinton y 310 ex miembros de la Administración de Bush. En Estados Unidos, el volumen de negocios anual del lobbying rondaría los 8.000 millones de dólares. Suma enorme, ¡pero con un rendimiento excepcional!

En 2003, por ejemplo, el impuesto sobre las ganancias obtenidas en el extranjero por Citigroup, JP Morgan Chase, Morgan Stanley y Merril Lynch se redujo del 35% al 5,25%. Precio del lobbying : 8,5 millones de dólares. Beneficio fiscal: 2.000 millones de dólares. Nombre de la norma en cuestión: "Ley para la creación de empleos estadounidenses" (8)...

"En las sociedades modernas -resume Alain Minc, egresado de la ENA, asesor (a d honorem ) de Sarkozy y (asalariado) de varios grandes empresarios franceses-, se puede servir al interés general en otro lugar que no sea el Estado, como en las empresas" (9). El interés general, todo está ahí.

Esta atracción por las "empresas" (y sus remuneraciones) no ha dejado de hacer estragos en la izquierda. "Una alta burguesía se renovó -explicaba en 2006 François Hollande, entonces primer secretario del Partido Socialista francés-, en momentos en que la izquierda asumía responsabilidades, en 1981. (...) Es el aparato del Estado el que proveyó al capitalismo de sus nuevos dirigentes. (...) Provenientes de una cultura del servicio público, accedieron al estatus de nuevos ricos, dando cátedra a los políticos que los habían designado" (10). Y que fueron tentados a seguirlos.

El mal les parece tanto menor cuanto que a través de los fondos de pensiones, los fondos de inversión, etc., un sector creciente de la población encadenó, a veces sin quererlo, su destino al de las finanzas. Actualmente, es posible defender a los bancos y a la Bolsa fingiendo preocuparse por la viuda sin recursos, por el empleado que compró acciones para mejorar su salario o garantizar su jubilación. En 2004, el ex presidente George W. Bush basó su campaña de reelección en esa "clase de inversores".

The Wall Street Journal
explicaba: "Cuanto más accionistas son los electores, más apoyan las políticas económicas liberales asociadas a los republicanos. (...) El 58% de los estadounidenses tiene una inversión directa o indirecta en los mercados financieros, frente al 44% hace seis años. Ahora bien, en todos los niveles de ingresos, los inversores directos son más proclives a declararse republicanos que los no inversores" (11). Se entiende que Bush haya soñado con privatizar las jubilaciones.

"Esclavos de las finanzas desde hace dos décadas, los Gobiernos sólo se volverán contra éstas si los agreden directamente hasta el punto de que les parezca intolerable", anunciaba el mes pasado el economista Frédéric Lordon (12). El alcance de las medidas que Alemania, Francia, Estados Unidos y el G-20 tomarán contra la especulación en las próximas semanas dirá si la humillación cotidiana que "los mercados" infligen a los Estados, y la cólera popular que aviva el cinismo de los bancos, despiertan en los gobernantes, cansados de ser tratados como lacayos, la poca dignidad que les queda.


Notas:
(1) Vídeo disponible en: www.monde-diplomatique.fr/19172
(2) Serge Halimi, "El dinero"; Behrouz Arefi y Behrouz Farahany, "El imperio económico de los ‘pasdaran' "; y Ayesha Siddiqa, "Elecciones y negocios militares en Pakistán", Le Monde diplomatique en español , enero de 2009, marzo de 2010 y enero de 2008 respectivamente.
(3) Esta cita, al igual que las dos siguientes, han sido extraídas de "Guess Who's Coming for Coffee?", The Washington Post , National Weekly Edition, 3 de febrero de 1997.
(4) Thomas Ferguson, "Le trésor de guerre du président Clinton", Le Monde diplomatique , París, agosto de 1996.
(5) Citado por London Review of Books , Londres, 25 de febrero de 2010.
(6) Término que designa en Francia la migración de altos funcionarios de la Administración pública a confortables puestos del sector privado (N. del T.).
(7) "Parlons Net", radio France Info, París, 27 de marzo de 2009.
(8) Dan Eggen, "Lobbying pays", The Washington Post , 12 de abril de 2009.
(9) Radio France Inter, París, 14 de abril de 2010.
(10) François Hollande, Devoirs de vérité , Stock, París, 2006, págs. 159-161.
(11) Claudia Deane y Dan Balz, "‘Investor Class' Gains Political Clout", The Wall Street Journal Europe , 28 de octubre de 2003.
(12) "La pompe à phynance", en http://blog.mondediplo.net , 7 de mayo de 2010.
Director de Le Monde diplomatique .

IBM gestiona la plataforma tecnológica de la CAM

MADRID.- Caja Mediterráneo ha suscrito un contrato de servicios tecnológicos con IBM, que se enmarca dentro del proyecto de la Caja denominado Mare Nostrum, para la renovación de su plataforma tecnológica y sistemas centrales.


Caja del Mediterráneo acaba de finalizar su proyecto de renovación que se inició en 2005 cuyo objetivo es incrementar la contribución de la tecnología a la estrategia del negocio, mejorando su eficiencia. La nueva plataforma tecnológica y sistemas de información de CAM permitirán que los costes tecnológicos por transacción de la Caja sean un 35% inferiores a la media de las entidades financieras en España.

Caja del Mediterráneo acaba de finalizar su proyecto de renovación que se inició en 2005 cuyo objetivo es incrementar la contribución de la tecnología a la estrategia del negocio, mejorando su eficiencia. La nueva plataforma tecnológica y sistemas de información de CAM permitirán que los costes tecnológicos por transacción de la Caja sean un 35% inferiores a la media de las entidades financieras en España.

Con el fin de contribuir con esta estrategia, IBM durante los próximos cinco años va gestionar la plataforma tecnológica central de la Caja, formada por dos mainframe de IBM (IBM System z10) con procesamiento paralelo. El servicio comprende la gestión del sistema informático central y todas las actividades de diseño, implantación, prueba, operación y soporte, bajo estándares ITIL e ISO 20000.

Según su fabricante, los servidores IBM System z10 son un 50% más rápidos que sus predecesores (System z990) y tienen un 100% más de mejora del rendimiento y un 70% más de capacidad.

Este contrato amplía otro anterior por el que IBM colaboraba con la Caja en la gestión de parte de sus sistemas de información.

Con este proyecto la CAM quiere conseguir controlar los costes de la gestión de la plataforma tecnológica, además de disponer de una estructura que le permita responder a la demanda de los clientes, incrementar los niveles de servicio referentes a la seguridad seguridad y la continuidad del negocio con el fin de asegurar que las actividades de esta institución financiera estén siempre en funcionamiento y que no sufran interrupciones en caso de alguna incidencia no prevista.

El Ayuntamiento de Elche renegocia deuda con CAM y BBVA

ELCHE.- El Ayuntamiento de Elche ha llegado a un acuerdo con Caja Mediterráneo (CAM) y con el BBVA para renegociar las condiciones del pago de los préstamos que tiene contraídos con ambas entidades, según ha anunciado el concejal de Hacienda, Emilio Martínez.

En concreto, el préstamo con CAM es de 35.048.963 euros y, con el acuerdo, se retrasa un año la carencia para la amortización del capital, por lo que el plazo pasa de 10 a 9 años.

Respecto al BBVA, la cantidad asciende a 75.918.312 euros y, en ese caso, el compromiso logrado consiste en que la amortización pasa de ser trimestral a anual, por lo que el consistorio la satisfará en un solo plazo en marzo de 2011 y años sucesivos.

Esa renegociación, "similar a la que hacen todas las familias", en palabras del edil de Hacienda, permitirá el próximo año al consistorio reducir de 14 a 8 millones de euros el pago a esas entidades financieras.

"Esos seis millones de euros menos que deberemos pagar el año que viene nos permitirán afrontar mejor los ajustes del presupuesto de 2011", ha recalcado Martínez.

viernes, 4 de junio de 2010

Camps y consellers se rebajan su sueldo un 15%

VALENCIA.- El vicepresidente segundo y conseller de Economía, Hacienda y Empleo, Gerardo Camps, avanzó hoy que la reducción de sueldos también afectará a los miembros del Gobierno y a los altos cargos de la Generalitat, que se producirá "en los mismos términos" que la efectuada en la Administración del Estado, de forma que el presidente, Francisco Camps, los vicepresidentes y los consellers rebajarán sus retribuciones un 15 por ciento, en tanto que el resto de altos cargos de la Generalitat lo harán entre un 10 y un 8 por ciento.

Gerardo Camps compareció en rueda de prensa al término de la reunión del pleno del Consell, en el que se aprobó el decreto ley del Gobierno valenciano por el que se determina la aplicación de las medidas extraordinarias decretadas por el Gobierno para reducir el déficit público. El titular de Economía precisó que los secretarios autonómicos verán su sueldo reducido un 10 por ciento, un 9 por ciento los subsecretarios y un 8 por ciento los directores generales.

Así, el presidente de la Generalitat cobrará 67.615 euros, en tanto que el sueldo del jefe del Ejecutivo estatal se queda en 78.185 euros, el de Cataluña en 141.225 euros y el de Andalucía 68.981. El salario de los consellers valencianos será de 57.599 euros, mientras que los ministros cobran 77.483, en tanto que en Cataluña los sueldos de los consejeros alcanzan los 107.000 euros y en Andalucía los 68.000 euros.

Subrayó que, con estas rebajas de salario, los altos cargos de la Generalitat "serán los que tengan las retribuciones más bajas de todo el Estado", de forma que, en algunos casos, percibirán sueldos inferiores a altos funcionarios como jefes de área, o, en el caso de la Conselleria de Sanidad, directores de hospitales o jefes de enfermería. Explicó que la diferencia del sueldo de un secretario autonómico y de un conseller "va a ser de 16 euros al mes".

Camps afirmó que la "propuesta alternativa" del Consell para contener el gasto era "mejor" ya que suponía que los altos cargos del resto de autonomías situaran sus salarios al nivel de la valenciana, que es de los más bajos, pero "el problema es que nadie nos ha seguido". "Hemos decidido dar el mayor de los ejemplos", y, por ello, "hacemos exactamente igual que hace el Gobierno de España, sólo que ellos cobran más que nosotros, igual que sucede en otros gobiernos autonómicos", insistió.

Gerardo Camps remarcó que con este decreto "damos legalmente cumplimiento a lo que el Gobierno socialista impone a las administraciones autonómicas" y "en los mismos términos" que el Ejecutivo, y "lo hacemos por la irresponsabilidad y la incompetencia" de José Luis Rodríguez Zapatero, "principal causante de la situación que vive este país", subrayó. Reiteró que el Gobierno valenciano "no tenía entre sus previsiones reducir el salario de los empleados públicos".

El decreto ley aprobado hoy modifica determinados artículos de la Ley de Presupuestos relativos a los gastos de personal. Gerardo Camps subrayó que el Consell ha optado por aplicar la reducción del 5 por ciento en el conjunto de la base salarial de los empleados públicos "exactamente igual que lo hace el Gobierno de España".

No obstante, apuntó que en el caso de los funcionarios de la Comunitat Valenciana "van a tener algo de mejora al no ser necesario que el complemento específico disminuya un 5 por ciento de forma lineal, como si ocurre en el caso de la Administración General de España".

Las retribuciones básicas --compuestas por sueldo base y trienios-- trasladan directamente los nuevos importes para los meses de junio a diciembre, así como la paga extraordinaria de diciembre. Las complementarias, que son competencia de la Generalitat, deben alcanzar la reducción global establecida del 5 por ciento.

Para ello, se aplicará una rebaja del 5 por ciento del complemento de destino, "con lo que se mantienen en los mismos niveles e importes que establece la Administración del Estado para su personal", y el resto de retribuciones de carácter complementario se minoran entre un un 3 y un 4 por ciento para llegar a la reducción global del 5 por ciento anual. Esta reducción afecta a todos los sectores de personal al servicio de la Generalitat.

Gerardo Camps también explicó que no se modifica la contribución al Plan de Pensiones para los empleados de la Generalitat. Asimismo, se prevé una excepción para el personal del grupo E, cuyas retribuciones complementarias se reducirán un 1 por ciento.

También se mantienen las bases de cotización de los empleados públicos encuadrados en el Régimen General de Seguridad Social, que serán las mismas que las correspondientes al mes de mayo de 2010, salvo que por sus retribuciones pudiera corresponder una mayor cuantía.

Por lo que se refiere al personal laboral, su masa salarial disminuirá un 5 por ciento con efectos 1 de junio de 2010, a excepción de la paga extraordinaria de junio. Del mismo modo, no se aplicará ninguna minoración al personal laboral cuyas retribuciones por jornada completa no alcancen 1,5 veces el salario mínimo interprofesional fijado por el Real Decreto Ley del Gobierno.

El Decreto Ley contempla también su aplicación a los organismos autónomos y a las entidades de derecho público en los mismos términos que para el resto de personal al servicio de la Generalitat, sólo se exceptúa el personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles, porque así se establece en la norma estatal, aseveró Gerardo Camps. El personal eventual "también reduce sus salarios como el resto de empleados públicos".

Además, el decreto suspende "parcialmente", con efectos de 1 de junio de 2010, todos los acuerdos y pactos sindicales firmados en el ámbito del personal funcionario y estatutario en los términos necesarios para la correcta aplicación de las reducciones salariales porque es una "cuestión de lógica, ya que no puedo estar subiendo retribuciones y bajándolas a la vez", y "legal", puesto que el Gobierno estatal "nos dice que su real decreto entra en vigor sobre la masa salarial del momento", indicó Gerardo Camps, quien especificó que la Administración del Estado podría llevar a los tribunales a la autonomía que decidiera subir esa masa salarial.

El conseller especificó que los acuerdos que no hayan entrado en vigor, entre los que se encuentra la extensión de la carrera profesional para los funcionarios públicos que contempla la futura ley de la Función Pública, quedan "congelados" hasta 2012, cuando "estos dos años de reducción y congelación salariales hayan pasado. Lo hace la Administración del Estado y los gobiernos de las comunidades autónomas y no cabe otra manera de hacerlo ni legalmente ni lógicamente", insistió.

Se reducen el resto de retribuciones complementarias para el personal de la administración del Consell, el docente no universitario, el de la administración de justicia y el que está al servicio de las instituciones sanitarias alrededor de un 3,5 por ciento, para alcanzar la cifra global del 5 por ciento anual.

Además, se reduce el complemento de productividad en aquellos colectivos en los que se aplica, como son la justicia y la sanidad, en un 5 por ciento. El decreto también se aplicará a la enseñanza concertada y al personal de las universidades públicas.

El CESE busca reequilibrar la cadena alimentaria

VALENCIA.- El Comité Económico y Social Europeo (CESE) se reunió hoy en Valencia con representantes europeos de todos los eslabones de la cadena alimentaria para "corregir los desequilibrios" existentes y "estabilizar" las fuerzas de todos los agentes, con medidas como la creación un seguro de ingresos que limite las pérdidas de los agricultores o la "reinterpretación" de las leyes de competencia para evitar "abusos" en la composición de los precios.

La jornada 'Claves para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria', organizada por la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) y el CESE, contó con la participación de los presidentes Asaja y AVA-Asaja, Pedro Barato y Cristóbal Aguado, así como de numerosas personalidades del ámbito económico valenciano y de representantes de los Gobiernos central y autonómico.

Camps recalcó que "a pesar de las dificultades actuales, el campo es presente y futuro no solo de la Comunitat Valenciana y de España, sino también de Europa" porque "Europa sin el campo, sin la agricultura, prácticamente no tendría razón de existir". Así, abogó por fomentar la competitividad y capacidad de generar empleo del sector y por garantizar la "estabilidad económica" del agricultor.

"Necesitamos que la agricultura sea un lugar atractivo" y "una salida potente, de nivel, fuerte y de mucho prestigio social" para los jóvenes, subrayó Camps, quien señaló que todos los valencianos tienen "alma de agricultor, lo que significa trabajo de sol a sol, esfuerzo, compromiso con la tierra e intentar ver siempre una oportunidad a un obstáculo y una posibilidad a una circunstancia de complejidad", pero "siempre lealmente con el resto de los españoles".

Por su parte, Pedro Barato exigió "medidas urgentes, que algunas no cuestan ni dinero", para afrontar la "falta de rentabilidad de las explotaciones" agropecuarias españolas, así como la modificación de la legislación comunitaria y nacional para "sancionar los abusos que se están cometiendo en la composición de los precios".

"Necesitamos unos precios con los que todo el mundo pueda vivir", recalcó el presidente de Asaja, quien señaló que "hace falta mucha claridad".

"No digo que haya que intervenir como en el siglo XIX, pero sí actuar para que haya esa transparencia", con medidas como el "establecimiento de precios mínimos en base al coste de la producción", como sucede para calcular el coste del seguro agrario.

Cristóbal Aguado reivindicó que "la política agraria común (PAC) y las leyes de competencia tienen que adaptarse o reinterpretarse" para que no haya "ciudadanos de primera y de segunda", y destacó que "hay una mayoría de países de la UE que piensan que ha llegado el momento de intervenir", con iniciativas como "crear un seguro de rentas".

Al respecto, celebró "cómo ha evolucionado en el último año y medio" la opinión de los responsables de la Comisión Europea sobre esta cuestión, hasta considerar ese seguro como "algo que es interesante estudiar y aplicar dentro de la PAC".

"La Comisión Europea ya está debatiéndolo" y "en sus documentos ya hace referencia a que hay que estudiar un seguro de ingresos porque puede ser una de las garantías que se pongan en marcha para garantizar más estabilidad en la cadena alimentaria", dijo.

"Esa apertura antes no existía", aseveró Aguado, quien explicó que "ese seguro de ingresos no es un seguro de garantía de renta, sino un seguro que podría limitar las pérdidas" de los agricultores, para que únicamente se arriesguen a sufrir "pérdidas asumibles, pero no a perderlo todo" y tener que abandonar su profesión y la explotación.

Aguado urgió a dar "viabilidad económica rápidamente" a todos los actores de la cadena y destacó la importancia de que el CESE incorpore las conclusiones de la jornada de hoy al dictamen que presentará en septiembre, a petición del Parlamento y la Comisión Europea, con "medidas correctoras" que "serán tenidas muy en cuenta por los legisladores comunitarios".

Por su parte, el secretario general de Eurocommerce en Bruselas, Xavier Durieu, garantizó que la gran distribución considera la jornada de Valencia como "una oportunidad para ayudar al sector agrario, y es bienvenida, pero no de un modo proteccionista, sino para intentar ayudarles a estabilizar su renta y, sobre todo, para que sean también competitivos".

Valoró también que la CE haya decidido estudiar los precios de la cadena alimentaria, aunque hizo hincapié en la responsabilidad de los intermediarios en las subidas de precio que experimenta el producto desde el origen hasta que llega a la gran distribución, dado que "el margen de beneficio del comercio oscila entre el 2 y el 4 por ciento, debido a la fuerte competencia del sector, y el margen comercial de los grandes productores entre el 10 y el 25 por ciento".

Criticó, en este sentido, que "a menudo, el populismo de las instituciones europeas conduce a criticar el comercio sin tener en cuenta y olvidándose de aquellos actores que están entre los agricultores y el comercio".

"La cuestión a plantearse es si queremos proteger a un sector o aumentar su competitividad", sentenció Durieu, quien se mostró de acuerdo con modificar la normativa europea de la competencia para garantizar la estabilidad de los agricultores.

Por último, el subdirector general de Estructura de la Cadena Agroalimentaria del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, José Miguel Herrero, destacó las actuaciones del Gobierno para garantizar la "transparencia" y "vertebración" de la cadena alimentaria, así como su intención de restablecer el "equilibrio de fuerzas" en la misma. Exigió también que se establezca un "equilibrio normativo" en todos los países de la UE en materia de competencia.

Cáritas aumenta la ayuda social en 2009 en más de un 50% con respecto al año anterior

ALICANTE.- Cáritas en la Diócesis Orihuela-Alicante invirtió en ayuda social durante 2009 un total de 3.365.082,28 euros, un 54,18 por ciento más que en 2008, año en el que se destinaron 2.182.539,28 de euros a la misma causa, según informó hoy la organización humanitaria, que ofreció los datos de su memoria anual de 2009.

La entidad indicó que este aumento en la inversión destinada a ayuda social se corresponde "a la situación de precariedad por la que están pasando muchas familias de la Diócesis de Orihuela-Alicante".

En el acto de presentación de los datos de la memoria estuvieron presentes el Obispo Diocesano, Rafael Palmero, el director de Cáritas Diocesana, Jaime Valcaneras, el delegado episcopal de Cáritas Diocesana, Antonio Esteve, y el administrador, Francisco Vicente.

Palmero apeló "a la solidaridad alicantina" en el marco del Día de la Caridad, festividad del Corpus Christi, que tendrá lugar este domingo, 6 de junio, y cuya recolecta va íntegramente destinada a Cáritas.

Así mismo, Palmero valoró la labor de Cáritas dentro de la Iglesia de Orihuela-Alicante e indicó que "canaliza toda la ayuda, todo este fuego que brota del corazón", al tiempo que señalo que si se atiende "a todos los hermanos que lo están pasando mal o están tristes, se está también consolando a Jesucristo personalmente".

Por su parte el director de Cáritas Diocesana, Jaime Valcaneras, resaltó de las cifras de la memoria "el aumento de los recursos destinados a la ayuda social", lo que denota un "aumento de la caridad pese a la crisis". También destacó la labor que están desempeñando las Cáritas Parroquiales "que pueden llegar a atender en algunos casos hasta a 50 y 60 familias en una semana".

En este sentido, Valcaneras señaló que "los datos de personas atendidas se han disparado, aumentando en un 96 por ciento". Mientras que en 2008 se brindó ayuda a 11.276 personas en 2009 fueron 22.145, cerca del doble. "La pobreza sigue siendo invisible y la tenemos muy cerca" afirmó el director de Cáritas Diocesana quien solicitó "más recursos, más voluntarios y más oraciones".

El Delegado Episcopal de Cáritas, Antonio Esteve, destacó la labor de los 1.200 voluntarios que tiene actualmente Cáritas en toda la Diócesis de Orihuela-Alicante y que están dedicando su tiempo y esfuerzo a colaborar en esta red de ayuda basada "en tres criterios básicos: el servicio universal, la gratuidad y la preferencia por los pobres".

Sanidad activa un protocolo de actuación tras detectar una agrupación de casos de legionella en Alcoy

ALICANTE.- El director general de Salud Pública de la Conselleria de Sanitat, Manuel Escolano, afirmó hoy que la administración saniatria valenciana ha activado un protocolo de actuación para identificar la fuente de contagio de un posible brote de legionella en Alcoy, después de detectar una agrupación de cuatro casos en la ciudad.

Sanidad ha detectado cuatro casos de legionella que presentan una relación espacio-temporal, de los que tres son hombres y una mujer, con edades comprendidas entre los 45 y 81 años, según informó hoy la Generalitat en un comunicado.

Todos ellos han recibido el alta, aunque una persona permanece aún ingresada en el hospital Virgen de los Lirios debido a una patología previa que presentaba. Asimismo, la Conselleria se prevé la aparición de nuevos casos "en los próximos días", de acuerdo al período de incubación de la enfermedad.

Manuel Escolano ofreció estos datos hoy en Alcoi, en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por el alcalde alcoyano, Jorge Sedano. Los equipos de Salud Pública contactaron con las autoridades municipales para activar todo el operativo necesario que permita identificar la fuente de contagio y, de esta forma, "cortar cuanto antes la transmisión de esta enfermedad".

Las actuaciones a realizar pasan por llevar a cabo las encuestas epidemiológicas a los pacientes, buscar asociaciones espacio-temporales que permitan identificar zonas de mayor riesgo y a partir de ese punto, valorar las fuentes de emisión censadas, inspeccionar que se encuentran de acuerdo a la información existente en los censos de instalaciones de riesgo, y realizar la búsqueda de nuevas instalaciones que estuviesen funcionando de forma anómala.

En concreto, los equipos de riesgo de la ciudad de Alcoi sobre los que se actúa son 522, de los que 129 están activos, 237 están desmantelados y 156 precintados. Dentro de los equipos activos se encuentran 47 de agua caliente sanitaria, agua fría y agua climatizada; cuatro centrales humidificadoras, un enfriador evaporativo, dos humectadores industriales y 75 enmarcados en el grupo de otros.

Manuel Escolano señaló que desde la Conselleria de Sanidad "se han adoptado todas las medidas de control previstas en el protocolo de actuación del Plan de Prevención y Control de la legionella".

En este sentido, Escolano, indicó que "se ha actuado sobre cualquier posible foco de transmisión, se ha precintado una máquina de asfaltado y las instalaciones en las que las analíticas de la bacteria han dado positivo".

"No obstante todavía estamos en una situación muy preliminar y hemos actuado sobre cualquier posible foco de transmisión", apuntó Escolano.

Uno de cada tres euros licitados por el Gobierno Central son actuaciones en la Comunitat, según Peralta

VALENCIA.- La Comunitat Valenciana es, dentro del conjunto del Estado, el destino prioritario de las licitaciones de obra pública del Gobierno de España, según un informe de SEOPAN del que informó hoy el delegado del Ejecutivo central, Ricardo Peralta. Así, dijo que uno de cada tres euros licitados por el Gobierno de España lo han sido en relación con actuaciones referidas a la Comunitat.

Asimismo, aseguró que, dentro de las licitaciones llevadas a cabo en la Comunitat, al Gobierno de España le corresponde el 50,2 por ciento de las mismas, "porcentaje que triplica el del 14,6 por ciento de la Generalitat".

Según este informe, el Gobierno de España ha licitado en obras en la Comunitat un porcentaje del 32,7 por ciento del total de sus licitaciones en el conjunto del Estado, es decir, que uno de cada tres euros licitados por el Gobierno de España lo han sido en relación con actuaciones referidas a la Comunitat.

Peralta manifestó que estos datos "ponen de manifiesto la absoluta carencia de fundamento objetivo en la cantinela acerca de la inventada discriminación del Gobierno de España hacia la Comunitat Valenciana" por parte de "portavoces del PP y de la Generalitat".

Asimismo, indicó que si atendemos a la administración responsable total de licitaciones correspondiente a actuaciones destinadas a la Comunitat, el 50,2 por ciento de la licitación de obra pública en el primer cuatrimestre de este año corresponde al Gobierno Central, frente al 14,6 por ciento de la Generalitat y el 35,2 por ciento de la administración local.

Así, afirmó, 5 de cada 10 euros que se han invertido en las infraestructuras que necesita la Comunitat lo ha sido por el Gobierno de España.

También indicó que el porcentaje de licitación de obra pública supera en 27,6 puntos la media de inversión del Gobierno en el conjunto del Estado (22,6 por ciento).

En cuanto a la administración local, señaló que los datos acreditan "de forma indirecta, el protagonismo inversor del Gobierno de España, ya que el incremento de inversión de los ayuntamientos responde fundamentalmente a los 1.400 millones de euros invertido en total por los fondos estatales de 2009 y 2010".

El informe, recalcó, "acredita las reiteradas afirmaciones de esta Delegación del Gobierno en el sentido de que es el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero el principal factor de modernización de la Comunitat Valenciana, con un protagonismo muy superior al del Gobierno autonómico".

La Operación Paso del Estrecho se adelanta este año a mañana, con motivo de la celebración del Ramadán

ALICANTE.- El inicio de la 'Operación Paso del Estrecho' se adelantará este año a mañana, 5 de junio, con motivo de la celebración del Ramadán y finalizará el próximo 15 de septiembre, período durante el cual se espera un paso de vehículos y personas similar al de 2009, informó en un comunicado la Subdelegación del Gobierno.

La subdelegada del Gobierno en Alicante, Encarna Llinares, presidió hoy en la sede de la Subdelegación la reunión de coordinación de la 'Operación Paso del Estrecho' 2010 en Alicante, en la que participaron también representantes de la Autoridad Portuaria de Alicante, Protección Civil, Capitanía Marítima y Unidad Militar de Emergencias.

La lista de asistentes se completa con miembros de Cruz Roja, Ayuntamiento de Alicante, Generalitat Valenciana, Jefatura Provincial de Tráfico, Guardia Civil, Policía Nacional, Aumar y representantes de la consignataria de la compañía naviera.

Así, Encarna Llinares comentó que "las previsiones para este año son similares a las del año 2009", período que se cerró con el paso de 23.497 vehículos y 98.801 viajeros.

En concreto, durante la 'Operación Salida', el número de pasajeros que embarcó en el Puerto de Alicante ascendió a 51.779 y el número de vehículos fue de 12.562. Durante la fase de 'Operación Retorno' pasaron 47.022 pasajeros por Alicante y 10.935 vehículos

La Subdelegación del Gobierno destacó, además, que la 'Operación Salida' comenzará mañana hasta el 15 de agosto y la 'Operación Retorno' del 15 de julio al 15 de septiembre. El período de más afluencia de viajeros se espera de finales de junio al 15 de agosto.

En este sentido, Llinares explicó que "mañana se activa parte del dispositivo que estará al 100 por ciento en las próximas semanas cuando se espera el mayor número de pasajeros"

Según las previsiones, la llegada de usuarios será escalonada y se estima que los dos primeros fines de semana de julio serán los de mayor afluencia, apuntó la misma fuente, que añadió que se espera gran afluencia el 31 de julio y el 1 y 2 de agosto.

Respecto al dispositivo previtsto, el 'Plan de Flota' incluye tres buques con un incremento en el número de rotaciones de más del 15 por ciento.

Así, la Subdelegación del Gobierno señaló que el dispositivo contará "con un importante despliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con la colaboración de la policía portuaria y policía local".

Asimismo, "en caso de ser requerida, también se cuenta con la posibilidad de participación de la Unidad Militar de Emergencias", añadió.

La 'Operación Paso del Estrecho' dispondrá también de nueve intérpretes y nueve asistentes sociales para que presten servicio, por turnos, las 24 horas del día. Por otro lado, Cruz Roja prestará servicio en la Estación Marítima, con al menos 50 personas, con un puesto de socorro y una ambulancia las 24 horas para realizar traslados en caso necesario.

"De esta forma, se dotará a los viajeros de los servicios sociales y sanitarios necesarios para dar respuesta a aquellas incidencias que puedan presentarse", opinó Llinares.

En el Área de descanso de la Marina, la Jefatura Provincial de Tráfico montará durante el mes de julio un dispositivo especial con traductores. En esta área habrá un Punto de Información Informatizada con información en español y francés