Alicante vuelve a perder peso dentro de la economía española

ALICANTE.- Alicante concentra cada vez un mayor porcentaje de la población española pero su peso en la economía nacional no deja de caer. Al menos así se desprende de los datos contenidos en el último Anuario de La Caixa, que señalan que la provincia sólo aportó el 3,276% de la actividad nacional en 2008 frente al 3,409% que representaba un año antes o el 3,898% que alcanzaba en 2004.

Era el primer año de la crisis económica y sólo el sector turístico, que cerró una buena campaña estival, logró mejorar sus resultados mientras que el comercio, la industria y la construcción mostraban ya los síntomas de lo que sería la mayor recesión en décadas, según 'Información'.
La publicación destaca el importante crecimiento que experimentó el censo de la provincia en el quinquenio 2004-2009, cuando el número de residentes se incrementó en un 15,7%, prácticamente el doble que la media nacional (8,2%). Sólo otras cinco demarcaciones registraron un aumento mayor y tres municipios alicantinos de más de 50.000 habitantes -Torrevieja, Orihuela y Sant Vicent- se colaron entre los más dinámicos del país en este aspecto. En total, la provincia ya concentra el 4,1% de todos los residente en España.
Sin embargo, la economía no ha acompañado este desarrollo demográfico y Alicante ha ido cediendo peso paulatinamente desde cifras cercanas al 4% hasta el citado 3,276% de 2008, el último dato disponible ya que la Caixa elabora sus estimaciones en base a la recaudación del Impuesto de Actividades Económicas, que no se conoce hasta el siguiente ejercicio. Este declive ha provocado que la provincia esté a punto de ceder el cuarto lugar que ocupaba entre las demarcaciones con mayor aportación a la actividad nacional en favor de Vizcaya, que el citado año ya consiguió igualar las cifras de Alicante. Además, Málaga también se aproxima y ya supone el 3,1% de la economía española.
Los datos del Anuario reflejan la notable caída del consumo que ya se experimentó en 2008. Por ejemplo, se frenó el crecimiento del parque móvil, que sólo aumentó en unos 14.000 vehículos frente a los 74.000 del año anterior; y apenas abrieron 13 nuevas oficinas bancarias cuando en el ejercicio anterior, todavía en plena expansión inmobiliaria, lo hicieron 74. De igual forma, el número de líneas de telefonía fija cayó de 781.585 a 722.404.
En el terreno más puramente económico, en 2008 el índice de actividad comercial alicantino pasó del 4,206% del total nacional al 4,157%, tras el cierre de 2.634 establecimientos minoristas y otros 139 del sector mayorista. A pesar de ello, Alicante sigue siendo la quinta área comercial más importante del país, sólo por detrás de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla.
De igual forma el índice industrial también cayó, del 3,453% al 3,343%, ya que las fábricas acusaron la falta de pedidos. El número de centros de trabajo del sector pasó de 15.630 a 14.210. Por su parte, el sector inmobiliario perdió casi otro millar de firmas.
Sólo se salvaron el turismo y las actividades relacionadas con el mismo, como la hostelería, que realizan el grueso de su facturación en verano, por lo que se vieron menos afectadas por al debacle que siguió a la quiebra de Lehman Brothers aquel otoño. Así, el turismo alicantino pudo incrementar su peso sobre el total nacional del 4,995% al 5,175%. Igualmente, el número de establecimientos dedicados a la hostelería aumentó ligeramente hasta alcanzar un total de 14.728, según los datos de La Caixa.
Si la provincia de Alicante pierde cada vez más peso en la economía nacional, al conjunto de la Comunidad Valenciana tampoco le va nada bien. En el año 2008 la aportación de la autonomía a la actividad económica española se redujo al 9,7%, según La Caixa, tres décimas menos que en el ejercicio anterior. Esto la sitúa en el cuarto lugar, por detrás de Cataluña (19,5%), Madrid (17,1%) y Andalucía (13,4%). 

En el índice comercial retrocede una décima, hasta el 11,2%, mientras que en el apartado industrial refleja un estancamiento, con un 11,1%. Cabe destacar que en el año 2007 la Comunidad perdió el segundo lugar entre las autonomías españolas con mayor producción industrial, al ser sobrepasada por Andalucía, que en 2008 incrementó su ventaja. La única alegría, al igual que en el caso alicantino, fue el turismo, que aumentó su peso en el total nacional tres décimas.

Solo el 60% de los empleados públicos son funcionarios de carrera y el resto contratados a dedo

MADRID.- El recorte de salarios a los funcionarios públicos tenía un mensaje implícito que daba a la opinión pública otro chivo expiatorio para la crisis. Atacando las nóminas públicas se señalaba a los funcionarios como uno de los agujeros por los que se iba el dinero del Estado. También quedaban expuestos a los tópicos habituales que los dibujan como vagos e indolentes, privilegiados con un trabajo de por vida

La cara oculta de esta publicidad subliminal contra los funcionarios está en los datos que publica Abc solo el 60 por ciento de los empleados públicos, sin contar los que están en la nómina de empresas públicas, son funcionarios de carrera por oposición. El resto está formado por personal laboral y, hasta un 13 por ciento, por cargos de confianza e interinos. Los porcentajes se invierten en la Administración Local, en la que los contratados superan el 40 por ciento, según el último Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, que excluye a las empresas públicas.

olo un 60 por ciento del total de estos trabajadores (2.698.628) son funcionarios (1.618.474), mientras que un 26 por ciento son personal laboral (709.491) y un 13 por ciento (370.663) están catalogados como otro personal, que incluyen interinos y personal de confianza, según el estudio realizado por la Federación de Asociaciones de los Cuerpos de la Asdministración General del Estado (Fedeca).

Estos datos no hacen más que confirmar que el agujero por donde se escapa el gasto de personal del Estado es el 40 por ciento que representan el personal laboral, interino y de confianza que entra a trabajar sin una oposición. Por mucha oferta de empleo público que se quiera recortar, si se siguen contratando trabajadores por la puerta de atrás, de nada servirá.

Estos trabajadores públicos están exprimiendo las cuentas públicas. Si tenemos en cuenta que la población ocupada en España es de 18.476.900 personas, el 23,3 por ciento (4.317.102 personas) de estos trabajadores lo hacen en alguna de las tres administraciones. Del total de ocupados, casi el 15 por ciento serían trabajadores contratados laborales y tan solo el 8,75 son funcionarios.

 

Pero hay más; no hay solo que frenar la entrada de más trabajadores por la gatera, sino que también hay que sacar una tarjeta roja a las Comunidades Autónomas y a los Ayuntamientos, que son el verdadero problema a la hora de contener el desmesurado aumento de la contratación de trabajadores. Y así lo advirtió el gobernador del Banco de España, Miguel Angel Fernández Ordoñez, en su última comparecencia en el Congreso de los Diputados: «El Gobierno ha tomado medidas durísimas en el gasto, que no he visto en la mayoría de las Comunidades Autónomas».

 

La realidad es dramática en lo que se refiere a la diferencia entre el personal que entra a trabajar en la Administración General del Estado (Ministerios y organismos autónomos, Fuerzas de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas, Administración de Justicia y Entidades Públicas Empresariales), cada vez menos, y el que pasa a engrosar la nómina de las Autonomías y los Entes Locales, creciendo descontroladamente.

 

En el caso de la Administración General del Estado, se ha pasado de 434.538 trabajadores en 2001 a 241.152 en enero de este año. En el caso de las Autonomías, ha sucedido el caso contrario, ya que se ha pasado de 932.716 empleados en 2001 a 1.348.492 en enero de este año. A la Administración Local le sucede lo mismo en el sentido que ha dado un salto de los 466.457 trabajadores en 2001 a 580.869 este año.

 

A este crecimiento del número de empleados se une el hecho de que baja el porcentaje de funcionarios, o sea, los que entran a trabajar con una oposición aprobada. Si en la Administración General del Estado (AGE) los funcionarios representan el 76,2 por ciento del total, en las Comunidades Autónomas baja al 66 por ciento y en los Ayuntamientos a un escandaloso 32,77 por ciento. El personal laboral supone un 21,45 por ciento en la AGE, un 11,32 en las Autonomías y un 60,49 por ciento en los ayuntamientos. Finalmente, los interinos y personal de confianza son un 2,2 por ciento en la AGE, un 23,28 en las Autonomías y un 6,7 en los Entes Locales.

 

Esta radiografía del empleo ha merecido la crítica de Fedeca, cuyo vicepresidente, Rafael Coloma, aseguró a Abc que «las contrataciones laborales se hacen con un método de ingreso que no garantiza los principios de mérito, capacidad e igualdad» y recuerda que «todo lo que no sale en la Oferta Pública de Empleo y sí sale en el BOE autonómico no tiene la misma publicidad que el BOE».

 

Coloma defiende el trabajo de los funcionarios: «No es lo mismo un funcionario que un contratado laboral y las administraciones tendrían que tener funcionarios de carrera, porque son los que garantizan la independencia. El contratado siempre dependerá de su jefe». Finalmente, el representante de Fedeca señala que las interinidades «son el resultado de una mala política de personal. Si necesitas gente que no puede ser fija, algo funciona mal».

 

Cuando se denuncia el exceso de gasto salarial en las administraciones públicas, no se repara en discriminar cuánto de ese gasto corresponde a funcionarios que han ingresado por oposición y cuánto a personal designado a dedo por los responsables políticos. Esto explica que, a pesar del recorte de nóminas, la masa salarial siga aumentando en este año, porque las administraciones siguen contratando personal. 

 

Para rebajar el gasto bastaría con cerrar la contratación de asesores y gabinetes, redistribuir el trabajo entre el funcionariado de carrera ya existente y reducir la interinidad. Se trata de un compromiso que deben asumir no los funcionarios, que llevan años perdiendo poder adquisitivo, sino los responsables políticos que utilizan las administraciones bajo su control como agencias de colocación. 

 

Es cierto que es necesaria una reforma de la Función Pública. Debe aumentar la eficiencia con los actuales recursos; es preciso un control de la productividad que evite abusos en la disposición de permisos y en la flexibilidad horaria; y debe haber una mayor consideración de los cargos políticos hacia el trabajo de los funcionarios, obligados muchas veces a secundar instrucciones más de partido que de servicio público.

 

Estos aspectos deben recibir una respuesta alejada del mito del funcionario indolente. Quienes lo utilizan olvidan que son funcionarios, entre otros, los maestros, los policías, los médicos o los bomberos, es decir, los que sostienen una sociedad desarrollada y segura. Esa respuesta necesaria debe poner el foco en las carencias reales de la función pública y renunciar a la demagogia.

Anticorrupción ya investiga al conseller Blasco

VALENCIA.- Nombres habituales en las adjudicaciones de Rafael Blasco en las diversas consejerías que ha dirigido se perfilan tras el escándalo que afecta a las subvenciones de cooperación. La empresa Mecanizados Inelme, SL, cuyo administrador único es Fernando Cañete Marco, propietario también de Sistemas Inelme, SL, hizo facturas para proyectos de organizaciones no gubernamentales de ayuda al desarrollo (ONGD) implicadas en la trama de captación de fondos de la Generalitat que investiga el fiscal anticorrupción, revela 'El País'.

Este diario ha tenido acceso a varios de esos documentos, entre los que figuran dos facturas proforma a la asociación Asa de África, fechadas en diciembre de 2009, por sendos grupos electrógenos con destino a proyectos en Mauritania y Camerún. El grupo electrógeno con destino a un proyecto de "impulso a la soberanía alimentaria en Camerún" costaría, según la factura, 11.920 euros. El otro, con destino a otro proyecto similar en Mauritania, tendría un coste de 10.920 euros. El propietario de Mecanizados Inelme, Fernando Cañete Marco, cuya empresa está ubicada en El Puig, es socio de César Augusto Tauroni en una sociedad constituida a finales de 2008, bajo el nombre de Air Services Management, SL, cuyo objeto social es el alquiler de aviones y el transporte aeronáutico.

César Augusto Tauroni frecuenta las oficinas de la Fundación Solidaria Entre Pueblos, aunque no figure en su organigrama. Así lo desveló la diputada de Compromís Mireia Mollà la semana pasada, cuando anunció que había entregado abundante documentación al fiscal anticorrupción sobre una trama en que la mencionada fundación ocupa un lugar central. Tauroni es un viejo conocido del consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco. Antiguo socio de su hermano Bernardo Blasco, Tauroni consiguió para su empresa General de Comunicación y Servicios (GCS) en 2001 el concurso de atención telefónica a personas mayores y otra serie de contratos cuando Blasco era consejero de Bienestar Social. De manera indirecta, a través de Lonerson, empresa que compartió sede y recursos con GCS, tuvo acceso también a un contrato de atención 24 horas de 6,7 millones de euros en unión con Tissat. El administrador de Lonerson es Adolfo Soler Sempere, patrono de la Fundación Solidaria Entre Pueblos y administrador a su vez de la empresa Dinamiz-E, a la que han pagado facturas varias de las ONG implicadas en la trama.

Tauroni fue también el empresario con el que Blasco mantuvo una entrevista en su despacho en septiembre de 2006, cuando era consejero de Sanidad, poco antes de que una crisis por la adjudicación de un contrato millonario acabara con la dimisión del jefe del área de informática, Alfonso Jiménez, a quien sustituyó por Marc Llinares, su actual jefe del área de cooperación en la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía.

La crisis se ceba con Elda, que pierde nivel de vida

VALENCIA.- Elda, la capital de la comarca del Vinalopó Mitjà, no pasa por su mejor momento. El municipio alicantino destaca, para mal, en muchos de los indicadores del Anuario Económico de España 2010, elaborado por el Área de Estudios y Análisis Económico de La Caixa. Es por ejemplo, el décimo municipio de más de 50.000 habitantes que más población perdió entre 2004-2009: el 0,7%. En ese mismo periodo, por ejemplo, Torrevieja ganó un 34,8% (el sexto mayor aumento de España). Y Gandia, un 28,4%.

La pérdida de habitantes está relacionada con la falta de trabajo. La comarca del Vinalopó Mitjà padece el largo declive (reforzado por la crisis) de las industrias tradicionales valencianas, el calzado y el textil, a las que se ha unido hace poco la mala evolución del mármol. Elda sobresale entre las ciudades con mayor tasa de paro registrado entre la población total (normalmente se calcula sobre la población activa). El 14,1% de todos sus residentes está desempleado, según el estudio de La Caixa.  

Justo detrás de Elda aparece Elche (capital del Baix Vinalopó) donde la tasa de paro sobre la población total alcanza el 13,5%. Y no es casualidad, a juicio de 'El País'.

Porque tanto Elda como Elche se encuentran en Alicante que es la séptima provincia española con más paro sobre la población total (9,1%). Y en la Comunidad Valenciana, que es a su vez la cuarta autonomía más castigada por el desempleo (8,6%). Solo Canarias, Andalucía y Extremadura tienen más parados.

El anuario de La Caixa recoge estadísticas e indicadores que sirven para hacerse una idea de la salud económica y social de los municipios, provincias y comunidades autónomas. Algunos pueden parecer un tanto desfasados, como el del número de teléfonos fijos por cada mil habitantes, pero no deja de ser revelador: Elda ocupa el puesto número 12 con 358.

Lo mismo ocurre con la penetración de la banda ancha de Internet: Elda es el cuarto municipio (siempre entre los de más de 50.000 habitantes) que menos líneas tiene en toda España: 127 por cada mil habitantes. En  lista de las 34 peores ciudades también figuran Torrevieja (9º puesto), Benidorm (14º), Elche (15º), Alcoi (28º) y Castellón (29º).

En el mejor acceso a Internet solo aparece un municipio valenciano, Paterna, en el puesto 26, con 235 líneas de banda ancha.

Dejando a un lado Elda, el conjunto de la Comunidad Valenciana tampoco sale bien parado del anuario de 2010. Solo ocupa puestos positivos en el indicador de aumento de la población (es la cuarta, con un 12,1%). Y de crecimiento de inmigrantes (aportan un 9,3% de ese 12,1% total). Alicante fue, en esa misma dirección, la sexta provincia española con más crecimiento demográfico entre 2004 y 2009, con un 15,7%.

A partir de ahí, la Comunidad Valenciana se halla entre las últimas en telefonía fija: 421 por cada mil habitantes (la sexta que menos tiene). Está a mitad de tabla en conexiones a Internet de banda ancha. Y vuelve al grupo en el aumento del parque de automóviles desde 2004 a 2009: la subida fue del 17% (el séptimo más bajo).

En los índices generales de población, actividad económica, industria, turismo, comercio, restauración y consumo la comunidad autónoma sigue donde suele estar: representa entre el 9,3% y el 11,3% del total de España.

La juez indaga seis planes urbanísticos en el 'caso Polop'

BENIDORM.- El juzgado de instrucción número 3 de La Vila Joiosa ha requerido al Ayuntamiento de Polop para que le facilite información de seis actuaciones urbanísticas del municipio para las que habría redactado informes el ex ingeniero del Consistorio José Vicente Martí, contratado por el ex alcalde Juan Cano en 1999 hasta 2005 y con posterioridad al asesinato de Alejandro Ponsoda, acaecido el 19 de octubre de 2007. 

Cano está considerado como el autor intelectual del crimen y, a su vez, es el primer imputado en la pieza que indaga una trama urbanística descubierta en paralelo a la investigación del asesinato, según 'El País'.

La juez Teresa Ruano Camps ha pedido los informes municipales que firmó Martí del Plan de Reforma Interior (PRI) Rotonda Foieta Planet, de los sectores Cantal, Buena Norte, Bovalar Sur, Pla de Terol Oeste y del PRI calle Marina Baixa, para los que Martí elaboró los proyectos de urbanización a otras tantas empresas a través de una mercantil llamada UEI Marina, que él mismo creó en 2002 mientras trabajaba para el Consistorio. Esta empresa consiguió redactar los proyectos de JPC Urbanismo, Balcón de Ponoch, Enrique Ortiz e Hijos, Residencial Sant Roc, la UTE que formaban JPC y Blauverd, Partida Las Fuentes y Brick & Tile, a los que el mismo Martí daba el visto bueno desde su despacho municipal para desarrollar más de la mitad de los 11 sectores recogidos en la homologación del Plan General. A Brick & Tile le facturó 82.576 euros durante la tramitación del proyecto.

Martí será el primero que tendrá que declarar en calidad de imputado. Luego lo harán Juan Cano y Jaime Narbó. Los dos últimos dejaron de ser concejales en 2003, pero consiguieron que unos terrenos comprados por Narbó en 1999 como suelo rústico acabaran siendo adquiridos por Blauverd en 2005, tras serle adjudicada la urbanización del sector. Entre Narbó, su padre y Cano obtuvieron unas plusvalías de casi un millón de euros.

Hoy hace tres años que Ponsoda fue tiroteado a las puertas de su casa. De los siete encarcelados hace un año por los hechos, seis ya han obtenido el auto de libertad bajo fianza y el séptimo cumple seis años de condena por otro delito.

La Unión Europea de Transportistas ve "discriminatorio" el peaje para camiones

BRUSELAS.- La Unión Europea de Transportistas por Carretera (UETR) considera una "auténtica discriminación" el hecho de que otros modos de transporte queden al margen del peaje que la UE ha acordado imponer a la circulación de camiones por carreteras europeas para compensar los costes de contaminación, la denominada 'Euroviñeta'.

   La organización estima además "una evidente distorsión de la competencia" que la internalización de los costes externos del transporte por carretera sólo la asuma el de mercancías.

   En un comunicado, la UETR denuncia el hecho de que la Comisión Europea "no proporcione soluciones para el conjunto del sistema del transporte ni en el ámbito de su ejecución, ni en el de su desarrollo sostenible".

   Por ello, esta organización profesiones considera que la 'Euroviñeta' debería aplicarse a todos los vehículos de particulares.

   Esta patronal, de la que forma parte la española Fenadismer, insistió en que el peaje "incrementará el precio final de los productos, "dañando de ese modo la economía en su conjunto".

   Además, reivindicó que la UE determine de forma clara la finalidad y el destino que tendrán los fondos que se recauden con esta tarifa, para evitar que se destinen a nuevas infraestructuras viarias, en vez de al transporte por carretera, tal como demanda este sector.

Camps afirma que "cuando una democracia no da alternancia, no es una democracia"

VALENCIA.- El presidente de la Generalitat y del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Francisco Camps, ha afirmado que "cuando una democracia no da alternancia, no es una democracia", al igual que "cuando una democracia no da estabilidad, no es tampoco una democracia de alta calidad", sino "de rara calidad".

   Así lo ha señalado durante el coloquio del Foro Económico que organiza Las Provincias, al que también han asistido numerosos miembros del Consell y los alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y de Castellón, Alberto Fabra, al ser preguntado por si considera conveniente reformar la Constitución Española y la Ley Electoral para recortar el peso de los partidos y aumentar el de las personas.

   Camps ha señalado que "es el momento de cambiar el sistema electoral español" para que "cada español sea de verdad un hombre o una mujer, un voto", y "cada parlamentario tenga que ser elegido directamente por los ciudadanos y tenga un circunscripción electoral" que no sea "el que hace las listas", sino "una zona determinada del territorio, delimitada por número de habitantes para que voten a un diputado, a un senador, a un diputado autonómico e incluso a nivel local".

   Además, ha remarcado que "España necesita de gobiernos democráticos estables, pero estables para cuatro años", puesto que "las democracias son alternancia y estabilidad, no inestabilidad y no no-alternancia". "Cuando una democracia no da alternancia, no es una democracia y cuando una democracia no da estabilidad,  no es tampoco una democracia de alta calidad, sino una democracia de rara calidad", ha sentenciado.

   Camps ha valorado que "el sistema electoral español fue un acierto porque España necesitaba un sistema electoral en el que cupiese todo el mundo en el Parlamento nacional para que la Constitución y las primeras grandes decisiones que saliesen de él, respondiese a la mayor parte de los españoles", por lo que "valió la pena y fue lo acertado" para ese momento.

   Sin embargo, en su opinión, "hoy, para dar un buen salto adelante, sería bueno que se planteasen los grandes partidos políticos nacionales la reforma de la Constitución".

   Ha recalcado que "el siguiente paso que necesita España para dar estabilidad, dar proyectos a medio y largo plazo, darle coherencia a la democracia, para modernizarnos y para ser un país como Francia, Reino Unido o Estados Unidos, es en definitiva y sin lugar a dudas, cambiar el sistema electoral e ir a parlamentarios que sean directamente elegidos por los ciudadanos, cada persona, un voto y cada diputado, representando una fracción determinada de la nación".

   Al respecto, Camps ha apuntado que ese sistema "se entiende perfectamente bien en el Congreso y en el Senado, que son los que representan la soberanía nacional, y no territorios y no partidos políticos", puesto que "la soberania nacional se representa con personas que están directamente ligadas a quien les votó".

   Es más, ha defendido que "el sistema que hace que 50.000 personas en la Comunitat elijan a su diputado autonómico es un sistema que permite que este señor a partir del jueves por la tarde o el viernes, se vaya a hablar con esos 50.000 señores que le han votado, a explicarles qué está haciendo en el Parlamento autonómico y a proponerles nuevas iniciativas para los próximos años".

   "La cercanía y la relación directa con el ciudadano se ganaría de esta manera, y lo dice alguien que es presidente de un partido", ha sentenciado Camps.

   En otro orden de cosas y respecto a si ya ha diseñado el futuro Consell que le acompañaría en caso de ganar las próximas elecciones, ha constatado que adaptará el "modelo de gobierno" a las nuevas circunstancias dado que "en el año 2011 la estructura no puede ser la misma que en 2007".

   Ha matizado que prevé cambios pero "no en cuanto a las personas", por considerar que está "rodeado de las mejores personas" y de "un gobierno excepcional, gente maravillosa, abnegada y sacrificada todos los días en cada una de sus tareas como consellers".

   "No significa nada de los nombres, que son nombres excepcionales y que estoy convencido de que me seguirán acompañando en el futuro", ha insistido Camps, quien también ha descartado que piense en "cambiar los nombres o el número de departamentos de manera drástica".

Alarte dice que Camps y Blasco hacen "un flaco favor" a las ONG y pide a Rajoy que los "eche"

VALENCIA.- El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, ha asegurado que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, "hacen un flaco favor a la gente que hace cooperación --internacional-- desde la honradez y la ética" y ha pedido al presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, que los "eche" del Partido Popular "si le queda algo de dignidad y ética".

   Alarte ha hecho estas declaraciones este lunes en una rueda de prensa en la que ha solicitado que sean cesados "todos los altos cargos que hayan tenido algo que ver con las adjudicaciones de concesión de ayudas en materia de cooperación internacional", especialmente, el conseller Blasco, ha precisado.

   Rafael Blasco, según Alarte, "es ahora un ilustre miembro de la constelación Carlos Fabra, Francisco Camps, Ricardo Costa y José Joaquín Ripoll" y ha señalado que, aunque "de ellos no se espera nada" y "no se va a ir ninguno", confía en que el presidente del PP  "los eche de su partido si le queda algo de dignidad y ética".  

   Además, el líder socialista ha anunciado que tiene previsto organizar un encuentro con ONGs valencianas con el objetivo de "restablecer la credibilidad y el reconocimiento social" de estas entidades.

   Por otro lado, Alarte ha explicado que los socialistas que integran el Consejo de Administración de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) solicitarán mañana el cambio de algunos puntos de la Ley de Creación de RTVV, entre ellos, que la capacidad de contratación del ente pase al propio Consejo de Administración para garantizar "mayor control, claridad y transparencia", ha resaltado.

   Además, pedirán que se levanten las claúsulas de privacidad de los contratos "opacos" de RTVV "para que se conozcan y sean analizados por los miembros del Consejo de Administración y para que se pongan a disposición de la Comisión de Control".

   Alarte también ha comentado que su formación reclamará una "modificación" de los estatutos del ente público para dotarlos de "mayores mecanismos de contratación" y para evitar que "14 millones de euros en contratación irregular se pongan en manos de la trama Gürtel para la visita del Papa".

   En este sentido, ha anunciado que su formación estudiará "si pudiera haber delitos societarios" por parte de los órganos de dirección y gestión de RTVV "en la contratación irregular de los 14 millones" relacionados con la visita del Papa y ha exigido conocer "todos los contratos", aunque no se refieran a la organización de este evento, "pero que pudieran ser de las mismas personas físicas o empresas", ha apostillado el líder del PSPV, quien ha demandado a la Sindicatura de Cuentas que "supervise" todos estos contratos.

   De igual modo, Jorge Alarte solicitará al Consejo de Administración que se lleve a cabo una auditoría de gestión "pormenorizada" para saber la "situación financiera y económica real" de RTVV, ya que, a su entender, es "insostenible".  

   En definitiva, el secretario general del PSPV ha comentado que la situación del ente público es "de anormalidad democrática y de alegalidad en muchos casos". 

 "RTVV es una entidad que no paga a ninguno, un instrumento de propaganda y un elemento de peligro para la normalidad democrática", ha finalizado.

Las Corts rebajan más de un 13% su presupuesto para 2011, hasta 31,8 millones de euros

VALENCIA.- Las Corts Valencianes han rebajado su presupuesto para 2011 más de un 13 por ciento. El proyecto que recoge las cuentas de la Cámara para el próximo año contempla una partida de 31,8 millones de euros, un 13,2 por ciento menos que en 2010, cuando alcanzó los 36,7 millones de euros. 

   Se trata de la primera vez en la historia de la Cámara en la que se produce un recorte de más del 13 por ciento y en la que todos los capítulos del presupuesto descienden "sin merma de la calidad de los servicios y necesidades de la misma", según han informado fuentes del Parlamento valenciano a través de un comunicado.

   En concreto, el capítulo de gastos de personal cuenta con 17,7 millones de euros, lo que supone un descenso del 13,5 por ciento. La partida para gasto corriente será de 6,7 millones de euros, un 3,24 por ciento menos que en el ejercicio anterior. Dentro de este capítulo, destaca la reducción en más de un 5 por ciento de gastos de Presidencia como las atenciones protocolarias.

   El capítulo IV recoge las subvenciones a los grupos parlamentarios, los premios, becas y la partida de convenios. Para todas estas acciones se destinará un total de 4,9 millones de euros, un 6,79 por ciento menos, según fuentes de la Cámara. La partida para cooperación y asistencia al Tercer Mundo se mantiene en el 1 por ciento del presupuesto total de las Corts.

   Para inversiones figuran 2,4 millones de euros, lo que supone una disminución del 35,94 por ciento respecto a 2010. Éste es uno de los capítulos que más recorte experimenta. Asimismo, el capítulo de activos financieros recibirá una partida de 80.000 euros, un 65,22 por ciento menos que en el actual ejercicio.

   La presidenta de las Corts, Milagrosa Martínez, ha manifestado que al igual que en años anteriores "desde la presidencia de esta institución hemos realizado el mayor esfuerzo posible con el compromiso de ahorro de recursos económicos, ya que, de nuevo, nuestro presupuesto desciende en la cuantía global respecto al del año anterior".

   Durante el ejercicio 2011 "se mantiene el criterio general de austeridad en el gasto público, sobre todo en una situación de crisis como la que vivimos en la actualidad", ha señalado la presidenta.

   Martínez ha incidido en que las Corts "ya iniciaron un esfuerzo de austeridad al reducir sus gastos de personal, retribuciones de diputados y subvenciones a los grupos en el pasado mes de septiembre", lo que supuso una disminución de su presupuesto en más de un millón de euros y "un importante ahorro" para las arcas públicas valencianas.

   El proyecto se remitirá al presidente de la Generalitat para su inclusión en los Presupuestos para 2011. Las cuentas se publicarán en el Boletín Oficial de las Corts Valencianes, junto con las bases de ejecución y gestión.

El PP insta a Luna a explicar "cómo pagó la reforma de su casa" y dice que su "imagen de limpieza" está "en entredicho"

VALENCIA.- La vicesecretaria de Comunicación del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Marta Torrado, ha instado al portavoz del grupo socialista en las Corts, Ángel Luna, a explicar "cómo pagó la reforma su casa porque no se entiende que una obra, de una suma importante, se pagara de forma directa o indirecta, tal y como aseguró él mismo". Ha advertido de que el "silencio" del PSPV sobre este asunto evidencia su "doble vara de medir" y ha señalado que la "imagen de limpieza" de Luna "está en entredicho". 

   Torrado se ha pronunciado de esta manera, a través de un comunicado, en relación al "intento del PSPV de quitarle hierro al caso de la reforma de la casa de Luna cuando éste tiene demasiadas cosas que aclarar ante sus continuas contradicciones", al tiempo que ha lamentado que el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, "todavía no haya explicado a los ciudadanos de la Comunitat si va a tomar cartas en el asunto, pues las dudas que se ciernen sobre él son cada vez más evidentes".

   En esta línea, ha exigido a Alarte que diga "alto y claro si va a mantener a Luna como portavoz del PSPV en las Corts cuando su imagen de limpieza de la que tanto sacaba pecho está en entredicho", a la vez que ha lamentado que el diputado socialista "se aferre al sillón de portavoz en el parlamento valenciano, a pesar de moverse entre la duda".    

   La dirigente 'popular' ha incidido en que el "cúmulo de confusiones" respecto al "pago o no" de la obra realizada para la reforma de la casa de Luna en su etapa como alcalde en el Ayuntamiento de Alicante "pone en evidencia que el dirigente socialista no es trigo limpio" ha indicado Torrado, quien ha remarcado que el responsable socialista "se mueve entre las sombras, pues ya lo vimos cuando no tuvo pudor en enseñar documentos bajo secreto de sumario vulnerando así la ley en el propio hemiciclo de las Corts".  

   De la misma manera, ha señalado que mientras Alarte "exige responsabilidades a dirigentes del PP por cuestiones que no están probadas, no aplique su mismo discurso a sus compañeros de partido por casos que claman al cielo". Según ha señalado, "poco podemos esperar de un dirigente como Alarte que cambia de parecer según sopla el viento", lo que, a su juicio, "le resta cualquier tipo de credibilidad posible".

   Asimismo, Torrado ha exigido a Luna que diga "qué va hacer al respecto", pues después de "autoproclamarse el adalid de la transparencia resulta que tiene que explicar demasiadas sombras en su pasado con responsabilidades en la gestión institucional" y ha criticado que, ante estas "contradicciones", Alarte "mantenga su silencio cómplice ante los valencianos, alicantinos y castellonenses".

El PSPV lamenta que el Ayuntamiento de Alicante sea "incapaz" de continuar con las obras de urbanización de Benalúa Sur

ALICANTE.- La concejala del PSPV en el Ayuntamiento de Alicante Loles Fernández ha lamentado en un comunicado que el consistorio sea "incapaz" de adoptar ninguna decisión sobre las obras del Plan Parcial de Benalúa Sur, por lo que ha anunciado que en el Pleno municipal del mes de octubre preguntará qué actuaciones lleva a cabo el equipo de Gobierno para finalizar esta actuación.

   Asimismo, el grupo municipal socialista preguntará "cuándo se reanudarán los trabajos y bajo que condiciones", puesto que este plan lleva "casi un año" parado, según ha señalado la edil. Además, Fernández ha indicado que las infraestructuras y dotaciones previstas en esta zona permanecen "en el aire al no haber finalizado las obras en tiempo y forma, tal como recogía el contrato".

   Según la concejala socialista, es "muy grave" que la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y los responsables de la Concejalía de Urbanismo "no adopten medidas ante la paralización de una de las zonas en desarrollo más importantes" de la ciudad.

   A juicio de Loles Fernández, "todo lo que ha tenido y tiene que ver con el desarrollo de este plan parcial ha venido salpicado de sospechas ante actuaciones que apuntan directamente a Castedo como máxima responsable durante años del Urbanismo de Alicante y ahora como alcaldesa".

   "Benalúa Sur es otro ejemplo más de cómo funciona este equipo de gobierno, un PP que se ha encargado de adjudicar proyectos a empresas a las que le ha dado un trato especial, sin parecer importarle el resultado, un PP que pasa por alto los incumplimientos de estas empresas en detrimento de nuestra ciudad", ha opinado la concejala del PSPV.

   En este sentido, la edil socialista ha manifestad que "lo que ha demostrado el PP es que incumple con los proyectos para Alicante y esto se traduce en una ciudad a trozos, incompleta y que cada vez le cuesta más a los contribuyentes".

Sonia Castedo echa balones fuera ante su supuesta implicación en el 'caso Brugal'

ALICANTE.- "No voy a entrar en ese juego". Esa fue la frase más repetida ayer por la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, cuando se le preguntó por los indicios que ha visto la Fiscalía Anticorrupción que podrían imputarla a ella y al ex primer edil Luis Díaz Alperi por supuestas irregularidades en la confección del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Hasta siete veces repitió esas palabras y hasta ocho fue preguntada por este asunto por los periodistas, según 'Información'.

La alcaldesa se limitó a decir que no le sorprende que las sospechas de la Fiscalía se hayan filtrado a los medios de comunicación pese a que el caso se encuentra bajo secreto de sumario. Además destacó la legalidad del PGOU, aunque matizó que "la defenderé donde la tengo que defender. Punto". Nada más. De ahí en adelante todo fue "no voy a entrar en ese juego". Castedo respondió con educación a todas y cada una de las preguntas que se le formularon, aunque sus respuestas siguieron el mismo patrón: cortas, sin dar ningún tipo de explicación y, eso sí, pronunciadas de forma amable. Sólo en una de las preguntas Castedo no hizo referencia al "no voy a entrar en ese juego". Fue en la primera. "¿Qué le parece que Anticorrupción haya visto indicios para imputarla?". Su contestación ya dejó entrever los derroteros de la entrevista: "No voy a hablar, ni a decir nada. Es que, de qué hablo...".
La alcaldesa, por tanto, prefirió guardar silencio sobre los indicios. Éstos forman parte de una pieza separada del "caso Brugal" que investiga el juzgado de Instrucción Numero 5 de Alicante. La causa judicial, que se envió desde Orihuela por el juez Carlos San Martín se originó tras las conversaciones interceptadas, ente otros, al empresario Enrique Ortiz, quien tiene en cartera futuros proyectos urbanísticos en la ciudad relacionados con el PGOU.

El fiscal Felipe Briones se basa en un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (Udef) del Cuerpo Nacional de Policía que resume las investigaciones de sus agentes durante varios meses, según 'La Verdad'.

Esas pesquisas comprenden escuchas telefónicas a Ortiz, ya imputado por tráfico de influencias y cohecho por su actuación empresarial en el proceso de adjudicación del Plan Zonal de Basuras de la Vega Baja, pero también seguimientos grabados en vídeo, incluso al ex alcalde Díaz Alperi.

Castedo, presente ayer en la plaza de Gabriel Miró con motivo de una iniciativa cultural, dijo no sorprenderse de que se haya producido una filtración de las diligencias judiciales pese a que siguen secretas. Y a continuación se cerró en banda a comentar esas informaciones: «Sobre futuribles no voy a hablar, como hacen algunos, en ese juego no voy a entrar».

En la misma plaza, a escasos metros de distancia, se encontraba la candidata socialista a la Alcaldía, Elena Martín, quien ya un día antes había pedido explicaciones «de inmediato» a su más que segura rival en las próximas elecciones.

Martín insistió en que los ciudadanos «tienen derecho a que se les den explicaciones sobre la gestión del dinero público». A su juicio, la política debe basarse en «el eje fundamental de la honestidad y la transparencia».

La candidata del PSPV entiende que tanto Castedo como Díaz Alperi «deberían dar la cara», pues la Fiscalía Anticorrupción, «ni más ni menos», los está investigando. «Basta de oscurantismo en la gestión pública», clamó.

El portavoz del grupo municipal socialista, Roque Moreno, aseguró después en un comunicado que el 'caso Brugal' y la imputación de otros tres concejales en distintos casos de supuesta corrupción, «sitúan bajo sospecha» toda la gestión del PP en sus 15 años al frente del Ayuntamiento.

«Castedo tiene la obligación de explicar de forma urgente a los alicantinos cuál fue su gestión en la Concejalía de Urbanismo», dijo.

La Administración Pública le cuesta a cada español 9.617 euros al año

MADRID.- La Administración Pública cuesta 9.617 euros al año por habitante, un 6,5% menos que en 2009 cuando el coste se situó en 10.282 euros, según el estudio 'El Coste de la Administración Pública' de EAE Business School.

   Según este estudio, la distribución del coste de la Administración Pública por habitante ha cambiado en el último año, ya que en 2009 sólo seis comunidades no superaban los 10.000 euros por habitante, y en 2010 son 12 las que no llegan a dicha cifra.

   Los habitantes que más les cuesta mantener sus administraciones son los vascos (12.235 euros), seguidos de los navarros (11.748 euros), catalanes (10.642 euros), aragoneses (10. 636 euros) y riojanos (10.137 euros).

   Por su parte, los que menos pagan para mantener estas instituciones son los valencianos (8.455 euros), murcianos (8.553 euros), andaluces (9.290 euros), gallegos (9.435 euros) y asturianos (9.611 euros).

   La diferencia entre la comunidad que resulta más costosa para los habitantes y la que menos, es decir, Pais Vasco y Valencia, es del 30,5%, lo cual reafirma el cambio de comportamiento durante el último año, según EAE.

   Además, la investigación también resalta que el coste de la Administración en función de la población ocupada en 2010 es de 24.374 euros, 1,5 veces superior al gasto por habitante.

   En cuanto a la estructura de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que el informe también analiza, el 11,9% representa la retribución del personal, un 0,7% menos que en 2009. En este sentido, la Administración Central destina un 47,7% del gasto en personal al pago de salarios de funcionarios; mientras que la Administración Autonómica destina un 30% del presupuesto al pago de la plantilla, más del doble de lo que representan a nivel central.

   No obstante, estas cifras varían según las comunidades autónomas, siendo Canarias, la Comunidad Valenciana y Aragón las que más gasto tienen en personal, con un 38%, 37,8% y 36,7%, respectivamente, y Cataluña, Murcia y Pais Vasco, las que menos, con un 24,7%, 22,2% y 18,6%, cada una.

Fernando Jiménez, profesor de la UMU: «La ola de corrupción nace de la sensación de impunidad»

MURCIA.- Fernando Jiménez Sánchez (Almería, 1963) es Profesor Titular de Universidad en el área de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Murcia desde septiembre de 2003. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y Doctor-Miembro del Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones. Es también evaluador en el Programa GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción) del Consejo de Europa, a propuesta del Ministerio de Justicia de España. En estos momentos dirige un proyecto de investigación del Plan Nacional de I+D+I titulado «El control de la integridad de los representantes públicos en España-I: La corrupción política asociada a la actividad urbanística (2009-2011)». Lo entrevista hoy el diario 'La Verdad'.

Marbella. Menorca. Lanzarote. Tres modelos de desarrollo urbanístico diferentes y tres modelos de corrupción diferentes. El primero de ellos, Marbella, máximo exponente de los abusos de poder por parte de los representantes públicos, con un partido, el GIL, que llegó a poner la ciudad entera a su servicio. El segundo, Menorca, ejemplo de crecimiento sostenible y de respeto medioambiental. Y, por último, Lanzarote, que lo tenía todo para convertirse en un paraíso (la declaración de Reserva de la Biosfera, la labor de la Fundación César Manrique...) y donde proliferan los atentados urbanísticos. ¿Qué distingue unos lugares de otros? ¿Por qué la corrupción campa a sus anchas en un sitio y no en otro? Fernando Jiménez Sánchez, profesor titular de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Murcia y evaluador del programa GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción) del Consejo de Europa, lleva años estudiando el fenómeno y tratando de hallar respuestas. Aquí ofrece algunas de ellas.

-¿Hay alguna fórmula para atajar los comportamientos desviados?

-La literatura sobre corrupción se dirige en último término a tratar de ofrecer respuestas prácticas. No hay una solución única, porque las causas de la corrupción son siempre complejas y la lucha debe abarcar un abanico amplio de medidas. Lo esencial es empezar por cortar el clima de impunidad. Cuando uno estudia los sumarios judiciales y escucha las conversaciones grabadas a los dirigentes de estas redes, te das cuenta de la absoluta sensación de impunidad que tienen.

-Habla, pues, de medidas policiales y judiciales...

-Sí, judiciales, procesales... Hay que mejorar mucho la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con medidas como dejar la instrucción de los casos a los fiscales, que creo que sería algo clave. El juez debe quedarse para garantizar el respeto de los derechos fundamentales. Pero las investigaciones deben ir orientadas a un fin, y eso debe hacerlo el fiscal, contando con más medios técnicos y humanos. Lo primero , insisto, es romper la sensación de impunidad, que es lo que ha hecho crecer la ola de la corrupción.

-Es que estos delitos, en un enorme porcentaje, salen gratis.

-Exacto. Eso hay que cortarlo de manera radical. Pero otro problema es que en España tenemos un clima social bastante particular, y en algunos territorios bastante preocupante, que es de tolerancia hacia la corrupción y hasta de emulación picaresca: 'Ya me gustaría estar a mí en ese cargo para hacer lo mismo'.

-Además se está dando la paradoja de que aquellos cargos públicos sospechosos de corrupción no sólo no acaban pagándolo en las urnas, sino que encima obtienen un mayor respaldo popular.

-El propio Jesús Gil tuvo cuatro mayorías absolutas consecutivas. Las causas de esto son muy diversas. Muchos de estos corruptos establecen relaciones clientelares muy sólidas y el sindicato de beneficiarios de la corrupción suele ser muy amplio. Por ejemplo, Gil convirtió Marbella en el tercer ayuntamiento con más plantilla de personal de toda Andalucía: 3.500 familias vivían de eso. Lo cual, unido a políticas muy populistas, como sacar la prostitución del casco urbano, da buen resultado. Los corruptos que juegan bien a esto son muy populistas y eso les da una gran base social.

-Y si encima se le suma la justificación, por parte de muchos ciudadanos, de esos abusos de poder...

-Esa tolerancia tiene una razón muy a largo plazo, que se explica por nuestra reciente historia política, por nuestro enorme recelo hacia las instituciones públicas... Parece que lo público no sea nuestro.

-Es realmente curioso, porque nadie consentiría que en su casa o en su empresa alguien metiera la mano en la caja. Y, sin embargo, no preocupa en absoluto que se esquilmen las arcas públicas.

-Es que no las consideramos nuestras. Nunca nos hemos identificado con las instituciones públicas.

-Lo cual supone una diferencia brutal con otros países, como los del norte de Europa.

-Exacto. Los países nórdicos tienen una cultura política totalmente distinta. Está el protestantismo, la cultura de la responsabilidad individual, de la transparencia... Como miembro del GRECO, cuando hemos ido a hacer evaluaciones a estos países vemos que apenas tienen mecanismos contra la corrupción. ¡Pero es que no los han necesitado! Allí los funcionarios tienen un sentido de la ética pública y del interés general muy fuerte. Y los países anglosajones son los que más han desarrollado políticas anticorrupción; han tenido problemas, pero han puesto instrumentos para atajarlos. El que la hace la paga, vamos. Han reaccionado bien.

-Y, en cambio, los mediterráneos...

-...pues hemos tenido muchos problemas de corrupción y no hemos sacado lecciones de ello. Hemos hecho algunas cosas, como la reestructuración de la Fiscalía, que ha dado un giro importante y ha hecho aumentar exponencialmente las diligencias de investigación abiertas, incluso las condenas por corrupción.

-¿Pero no cree que responde más a la voluntad de algunos fiscales que a una política general de la Fiscalía? Porque la persecución de esos delitos varía mucho por zonas...

-Sí. Efectivamente. No hay dos provincias iguales. Aquí tenemos suerte de contar con un grupo de fiscales que se mueve mucho y que está muy bien valorado a nivel nacional.

-Y, sin embargo, está siendo la institución más castigada y con ataques más serios dirigidos a desacreditarla.

-Claro, porque es la que está moviendo el árbol. Por otro lado, esa estrategia para desacreditarla no es nada tonta; es eficaz. Y es así porque la valoración que los españoles tienen de la Justicia ya era muy mala de entrada. De ahí que si dejas caer que los fiscales o los jueces de instrucción no son imparciales, sino que están condicionados por alguien, eso cae en terreno abonado.

-¿No ocurre que la relación de muchos ciudadanos con los partidos políticos es de llevar puesta la camiseta, como si se tratara de un equipo de fútbol, y así se justifica todo lo que hagan: hemos perdido por el árbitro, han detenido a este alcalde porque el fiscal actúa condicionado...?

-La reacción del grupo mayoritario de votantes es propia..., no de 'hooligans', que sería un término excesivo, pero sí de hinchas. Es ahí donde calan esos mensajes, del tipo Cospedal o Trillo. Pero hay un porcentaje de personas con más capacidad de crítica y de distanciamiento.

-Este tipo de reacciones por parte de los partidos políticos, tratando de desacreditar la acción de las fuerzas de seguridad, de los fiscales, de los jueces..., ¿no supone estar minando los cimientos del Estado de Derecho? ¿No se está cuestionando la actuación de unas instituciones que son básicas para nuestro sistema democrático?

-Por supuesto. Absolutamente. Es una estrategia suicida, peligrosísima, para el sostenimiento del Estado de Derecho y de la democracia. Socava sus cimientos. Es peligrosísimo, insisto. Cuando un partido mayoritario dice sentirse maltratado por la Administración de Justicia, en este caso es el PP, pero que antes era el PSOE, con el 'caso Filesa', el que se decía perseguido..., eso es muy peligroso. Son ellos, como legisladores, los que tienen la mayor responsabilidad en que una institución como la Justicia funcione bien. Si están convencidos de que no funciona bien, que no hagan una campaña de ello, ya que supone un descrédito absoluto para nuestras instituciones; y, en segundo lugar, habrá que preguntarles por qué cuando gobernaron no pusieron las medidas para garantizar que fuera imparcial. ¡Es que todos han estado antes en el gobierno! Llevan una estrategia suicida y equivocada.

Responsabilidad política 

 

-Estos partidos mayoritarios, el PP y el PSOE, ¿están sabiendo asumir sus responsabilidades política ante estos casos de corrupción?

-No todos están reaccionando igual; unos actúan un poco más, y otros un poco menos. Hay un problema general, que tiene un formato de dilema, y es que, si vas contra tus militantes, te puedes quedar sin partido en esa localidad: el alcalde expulsado forma su propio partido y acaba sacando mejores resultados. Por eso no se toman decisiones drásticas: no tanto por proteger a sus afiliados, sino por estrategia electoral. Y es que tenemos unos partidos que para existir necesitan tener el poder en las instituciones. Pero hay una última razón, que consiste en que en muchos de estos asuntos de corrupción ha acabado saliendo la financiación...

-...la financiación ilegal del propio partido, ¿verdad? Quería llegar ahí. Nos encontramos con militantes que están pidiendo dinero para su partido, que incluso son premiados con cargos públicos por esa labor recaudatoria, y a los que, claro está, difícilmente se les podrá convencer de que es lícito pedir dinero para el partido, y que no lo es pedirlo para ellos mismos.

-Este ha sido uno de los grandes problemas y de las grandes coartadas de la corrupción. La necesidad de contar con esas líneas irregulares de financiación ha llevado a desactivar mecanismos de control que existían. En gran medida, los escándalos de principios de los 90..., aunque el primero fue el de la adjudicación de los contratos de las basuras en Madrid, aquel caso de Alonso Puerta en 1982 o 1983, y luego el 'caso Flick'..., pues de ahí se pasó a escándalos como el de Juan Guerra, que causaron gran rechazo entre los propios militantes del PSOE porque se dieron cuenta de que se estaba quedando para sí mismo con el dinero. No se pueden hacer distinciones sobre si es más moral recaudar para el partido o para uno mismo. Es totalmente rechazable siempre.

-Pues seguimos sin aprender mucho al respecto, porque en los actuales casos de corrupción siguen estando presentes la financiación ilegal de los partidos y la 'financiación' personal.

-Efectivamente. Los circuitos que se crearon para financiar irregularmente a los partidos han ido haciéndose cada vez más autónomos y se ha ido compatibilizando la 'alimentación' del partido y la propia. Y se han llegado a dar redes totalmente autónomas, que aparentaban recaudar para el partido cuando en realidad lo hacían para esas propias personas.

-¿Está el urbanismo en la base de todos estos grandes escándalos?

-Casi todos giran en torno a la contratación administrativa y, más recientemente, en los años del 'boom' inmobiliario, entre 1995 y 2006, en torno al urbanismo, que es la gran fuente de corrupción.

Plusvalías millonarias 

 

-Debe ser muy difícil sustraerse al hecho de que, por una simple decisión política, se generan unas plusvalías millonarias. Muchos de esos políticos pedirán 'su' parte.

-Las conversaciones de los sumarios de corrupción desvelan cómo el alcalde o los concejales, o redes de funcionarios, o redes mixtas..., plantean a los promotores que se están llevando muchos millones gracias a su decisión, y que algo deben repartir..., para el partido o para ellos.

-¿Por qué aparece tanto Murcia? ¿Por el empeño de los fiscales, porque hay más corrupción que en ningún otro sitio...?

-No sólo Murcia. También Comunidad Valenciana, Baleares, Costa del Sol, Canarias... Tenemos una de las mejores fiscalías y además compartimos muchas cosas con Alicante, la Costa del Sol... Y teníamos mucho territorio virgen y con un gran atractivo turístico. Creció mucho el parque de viviendas turísticas y por eso había más ocasiones para la corrupción.

-¿La corrupción responde a una crisis de valores?

-No exclusivamente. Por supuesto, los valores influyen en el comportamiento. La integridad debe venir puesta de casa, como me decía un alto cargo andaluz. Pero, por si acaso fallan los valores, deben existir instrumentos de control eficaces.

-Los mecanismos de control de los propios partidos...

-Eso es un desastre (se ríe).

-...¿se están aplicando?

-Se presentan medidas, y documentos, y decálogos hechos 'ad hoc', como estrategia electoral o política, pero nunca como aplicación real de un código moral o de conducta. Los códigos son de risa en el caso de los dos grandes partidos, y la aplicación a sus militantes es también de risa. No hay ningún órgano independiente que haga la investigación y decida si corresponde imponer una sanción; finalmente es la propia ejecutiva la que toma las decisiones. Hay un desprecio absoluto... Los partidos podían haber hecho mucho para atajar la corrupción, porque ese fenómeno va más allá del Código Penal. Por ejemplo, con los conflictos de interés y las incompatibilidades.

-El otro día decía el presidente del PP murciano, Ramón Luis valcárcel, que a la hora de exigir responsabilidades a los afiliados sospechosos de corrupción sólo se fiaba de su pálpito personal, de su olfato...

-Es ridículo. Eso es ridículo. Pero en estos casos no existen diferencias entre el PP y el PSOE. Hace un tiempo hice un estudio sobre los mecanismos internos de control de la integridad en el PSOE y en el PP y me costó horrores encontrar sus códigos de conducta. ¡Es que ni los tenían en su web, cuando tendría que ser su catecismo! Eso te da una idea de la voluntad real que tienen de erradicar esos comportamientos.

La crisis y el fin de Bretton Woods II / Alejandro Nadal *

La asamblea anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó con la persistencia de desacuerdos básicos, que son un mal presagio. Ninguna de las dificultades fundamentales de la economía mundial pudo resolverse en estos días. La guerra de las divisas está a la vuelta de la esquina y los peores días de la crisis podrían estar de regreso en unos meses. Hasta se dice que 2008 podría ser un día de campo, comparado con lo que viene en 2011.

En Washington nadie esperaba milagros. Después de todo, el FMI perdió la brújula desde el 15 de agosto de 1971. Ese día Nixon ordenó cerrar la ventanilla de compra-venta de oro y terminó el mundo de los tipos de cambio fijos para el que fue creado el FMI en la conferencia de Bretton Woods en 1944. Al cabo de unos años, el Fondo redefinió su misión como promotor de la liberalización financiera a escala global. Y en este nuevo papel pudo presidir sobre una larga lista de crisis financieras, cada vez más frecuentes y profundas. Como se sabe, en numerosos casos la medicina recetada por el FMI resultó peor que la enfermedad.

Poco a poco se fue consolidando un sistema que recibió en los años noventa el nombre de Bretton Woods II. Al igual que antes, el dólar seguía siendo el referente monetario en la economía mundial, pero en el nuevo esquema, Estados Unidos mantenía una posición de consumidor en última instancia y era subsidiado por China y los países exportadores de petróleo interesados en mantener su propio tren de exportaciones. 

Mientras hubo crecimiento, las cosas marcharon más o menos de manera estable. Claro, los gigantescos desequilibrios se fueron acumulando y adoptaron la forma de un astronómico déficit en las cuentas externas de Estados Unidos y su dual, las gigantescas reservas del banco central en China.

Este esquema podía durar mientras las tasas de crecimiento hicieran pensar a todos que el porvenir era brillante y siempre lo sería. Pero ese tipo de expectativas terminan por ser desmentidas por la dura realidad. Siempre se supo que Bretton Woods II era un sistema insostenible y que terminaría por reventar. Pero mientras dura el carnaval, nadie se preocupa por la cruda del día siguiente.

Al estallar la crisis, el conocido dilema de Triffin se manifestó con una claridad deslumbrante. El desplome en la demanda efectiva en Estados Unidos dejó un vacío que había que llenar. El caos en el sector financiero imposibilitó a los bancos estadunidenses fungir como intermediarios entre el ahorro y el consumo, y el gobierno tuvo que entrar al quite con sus estímulos fiscales y rescates de las hipotecarias semioficiales.

Pero el estímulo fiscal y la inyección de la Reserva Federal de más de un billón (castellano) de dólares para adquirir bonos del Tesoro terminaron por sacudir al mundo entero. Para colmo, aunque el estímulo fiscal permitió una especie de recuperación, resultó insuficiente. 

En lugar de mantenerlo y aumentar su volumen, la clase política estadunidense dejará que expire este otoño. La política monetaria, en su esquema de flexibilización cuantitativa, seguirá inyectando liquidez a un sistema que permanece estancado y con altas tasas de desempleo. Encima de todo, la pérdida de valor del dólar no fue suficiente para corregir el déficit comercial.

Hoy las principales economías del mundo están a punto de sufrir una recaída de proporciones alarmantes. En Estados Unidos el sistema bancario no acaba de digerir el desastre del sector hipotecario. El incremento en los costos de operación de los bancos debido a la ejecución de hipotecas vencidas es la peor amenaza del sector bancario. Esta es la cicatriz que dejarán las hipotecas subprime en los estados financieros de los bancos. Lo importante es que para un banco con problemas en la línea de flotación, el incremento en los gastos de operación puede ser el tiro de gracia.

Europa está amenazada por el regreso a la austeridad fiscal de su absurdo Tratado de Maastricht y Japón porque, en el fondo, nunca superó la crisis de los años noventa. La recesión en forma de W para la economía global es casi inevitable. Para las llamadas economías emergentes el problema se agrava porque sus exportaciones se verán afectadas.

Los desequilibrios acumulados en los últimos 20 años tocan a la puerta hoy para reclamar atención. A China se le exige disciplina cambiaria y mayor énfasis en la demanda interna. Pero la percepción en Pekín es que el gigante asiático no puede darse el lujo de perder competitividad en los mercados internacionales. Eso sucedería si aumentan sus costos laborales y se permite la apreciación del renminbi. Por eso China reclama a su vez disciplina monetaria al país que emite los papelitos verdes, que otrora fueron la piedra de toque del sistema monetario internacional.

Es la terminación del sistema de Bretton Woods II. No será un final tranquilo. Y sí, 2011 puede muy bien ser el peor año de la crisis.

(*) Alejandro Nadal – Consejo Científico de ATTAC España

Las CC AA, incluida la Comunidad Valenciana, descartan emitir bonos para particulares

BARCELONA.- Las 16 comunidades autónomas, al margen de Cataluña, no tienen previsto lanzar una emisión de bonos para particulares como ha hecho el Gobierno de José Montilla, con el objetivo de financiarse.

   La Generalitat colocará deuda a un tipo de interés del 4,75%, con un mínimo de 1.000 euros de inversión por particular, por un importe global de hasta 2.500 millones de euros.

   Entre las comunidades que no adoptarán una iniciativa similar figuran Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, Canarias, Castilla-La Mancha, La Rioja, Baleares, Cantabria y Extremadura.

   Fuentes de la Xunta de Galicia han explicado que, por el momento, el Gobierno gallego no se lo plantea y ha recordado que cada comunidad elabora su estrategia "como entiende que le es más favorable a sus intereses".

   La Xunta ha marcado distancias con Cataluña y ha señalado que no todos los gobiernos tiene los mismos problemas de tesorería, y ha recordado que los inversores "están diferenciando claramente a unas y otras autonomías y aplicando primas de riesgo muy diferentes".

   Mientras Canarias ha asegurado que tiene "cubiertas" sus necesidades y no tienen pensado emitir bonos, la Generalitat valenciana ha afirmado que no contempla la necesidad de tener que hace una emisión porque sigue colocando la deuda al ritmo que tiene previsto y al que los mercados lo permiten.

   "Aunque no se pueda descartar en un futuro, en estos momentos no se contempla", aseguró esta semana el conseller de Economía de la Generalitat Valenciana, Gerardo Camps, que recordó que "lo más probable es que se acabe el ejercicio sin necesidad de realizar una emisión de este tipo".

   Por su parte, el Gobierno cántabro ha señalado que no tienen previsto nada parecido porque no lo necesita y ha explicado que está negociando operaciones de colocación de deuda a plazo más largo y "en condiciones más ventajosas para la comunidad autónoma".

   La Comunidad de Madrid tampoco valora llevar a cabo una emisión para particulares, lo mismo que Extremadura.

   El resto de comunidades --Aragón, Murcia, Andalucía, Castilla y León-- ha optado por no valorar la emisión que desde Cataluña se ha presentado como una operación que es "perfectamente normal y necesaria" y que "no es fruto de una situación de emergencia e improvisada", según dijo el conseller de Economía catalán, Antoni Castells, esta misma semana.

   El gobierno catalán ha insistido en que la propuesta no nace de un problema de las finanzas de la Generalitat, ya que los mercados se cerraron en mayo y se están abriendo "muy lentamente".

Alarte vaticina que en dos años "no habrá ni uno de los líderes del PP" actuales

VALENCIA.- El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, ha afirmado este domingo que "los del PP no podrán impedir que la Constitución y las leyes también se apliquen en la Comunitat Valenciana" y ha vaticinado que "de aquí a dos años no habrá ya ni uno solo de los líderes del PP que conocemos ahora: pasarán todos por un tribunal". 

   De esta forma se ha expresado Jorge Alarte en un acto celebrado en Cullera, en el que ha explicado que al presidente de la Generalitat y del PPCv, Francisco Camps, y a "los suyos les gusta decir que todos los políticos son iguales porque quieren la impunidad".

   "Pero no podemos consentir que a quienes defendemos nuestras ideas y la Constitución se nos compare con quienes vienen a coger el dinero público de la gente y con quienes entienden que la democracia es un negocio", ha manifestado.

   El líder socialista también ha dicho sentir "vergüenza como valenciano" porque "el presidente de todos vaya a decirle a Fabra que es un ejemplo de gran político y de gran persona". A juicio de Alarte, "es indignante que un ejército de desvergonzados le haya hecho un homenaje a Carlos Fabra". "Si Fabra es un ejemplo, nosotros nos jugamos todo el día 22 de mayo", ha recalcado.

   En referencia al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, Alarte ha reclamado que "dé explicaciones" y ha confiado en que "nunca más un presidente de la Generalitat vaya a darle las gracias a una persona a la que el Fiscal Anticorrupción le pide más de 15 años de cárcel".

   "Sólo por eso hasta el último de los esfuerzos para ganar el día 22 de mayo en la Comunitat. Porque no nos merecemos ni un gobierno ni un presidente como ése", ha manifestado el secretario general de los socialistas valencianos.

   Asimismo, ha afirmado que "ni Canal 9, ni Jaraba, ni toda la televisión pública impedirá que se lo contemos a todo el mundo porque nosotros tenemos algo más poderoso: no tenemos miedo y podemos ir por la calle tranquilamente mientras que Camps se esconde, sólo va a actos prefabricados y cada vez más gente se pregunta por sus trajes y por el dinero de la trama Gürtel".

   "Hay que decirle a la gente que no tienen por qué estar condenados al PP, a Camps y a sus políticas", ha señalado y ha recalcado que los socialistas valencianos, "queremos abrir una página nueva, porque es posible una prosperidad diferente".  

   En opinión de Alarte, "es hora de decirle a los jóvenes, sobre todo a los que no tienen un empleo, que volveremos a la senda de la prosperidad, que es posible construir un nuevo tiempo y una Comunitat mejor, más prospera y con más futuro para todos los ciudadanos y ciudadanas".

Arremetida contra Blasco

El PSPV considera "indignante e impropio de la democracia" que Blasco continúe siendo conseller.
La diputada socialista y portavoz de Movimientos Sociales y ONG en las Corts, Clara Tirado, ha calificado de "indignante e impropio de la democracia" que el conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, continúe formando parte del Consell presidido por Francisco Camps.
   En un comunicado, emitido con motivo del Día Internacional para la erradicación de la Pobreza, la diputada ha denunciado que Blasco "está detrás de una serie de tramas que han recibido más de 32 millones de euros de fondos públicos de la Generalitat", por lo que ha exigido al conseller que "se vaya inmediatamente de la vida política si aun le queda algo de dignidad y decencia".
   Tirado ha querido de esta manera mostrar su "firme" compromiso y el del conjunto del PSOE para alcanzar el primer Objetivo de Desarrollo del Milenio: "acabar con la pobreza y reducir el riesgo de exclusión social que cada día sufren millones de personas".
   Un objetivo para el que, a su juicio, "es imprescindible que Blasco sea apartado de la vida pública para evitar que continúe tejiendo una red clientelar a base de una presunta malversación de dinero público y prevaricación".
   La diputada socialista ha tildado de "burla a la inteligencia humana" que el conseller de Solidaridad y Ciudadanía "se atreva a decir que más de 300.000 personas han salido de la pobreza extrema gracias a la cooperación valenciana".
   Tirado ha defendido la "encomiable" labor que a diario desempeñan decenas de ONG valencianas para "mejorar la situación de los millones de personas que no tienen recursos ni medios para poder alimentarse, vestirse o procurarse un hogar".
   Por último, ha recordado a Blasco que "hasta que no aclare si prentendía adjudicar sin concurso a la Fundación Solidaridad Entre Pueblos un proyecto para construir un hospital en Haití y no explique si para invertir 70.000 euros en Nicaragua hace falta gastarse 200.000 euros en asesoramiento, entre otras muchas dudas y sospechas, está desautorizado como portavoz".

El PPCV denuncia que Luna "desvía la atención" en lugar de dar explicaciones sobre su "oscuro" pasado

VALENCIA.- La coordinadora del PPCV, Isabel Bonig, ha denunciado que el portavoz socialista en las Corts, Ángel Luna, "sigue intentando desviar la atención", cuando, a su juicio, "debería dar explicaciones claras sobre las informaciones que cada día sorprenden sobre su oscuro pasado".

   En un comunicado, Bonig ha recordado que la reforma que Luna realizó en su vivienda "nunca fue menor, sino que podría alcanzar los 60.000 euros", por lo que considera "indigno" que un responsable político "siga defendiendo que no pidió licencia de obras" y que, además, "mienta sobre las facturas y los metros de su casa".

  "En las pocas declaraciones que ha realizado sobre el asunto, lo único que ha hecho ha sido evidenciar sus mentiras, ya que ha llegado a contradecir al catastro, al decir que su vivienda no alcanzaba los 300 metros", ha aseverado Bonig, quien ha señalado que "lo más grave" es que "siga sin aclarar qué significa para él pagar directa o indirectamente unas facturas al que fue el máximo adjudicatario del ayuntamiento cuando Luna fue alcalde de Alicante".

   Para la coordinadora del PPCV, el síndic socialista intenta "tirar balones fuera y echar tierra sobre este asunto para que el PSPV le permita seguir en las listas", puesto que, según ha indicado, Luna "tiene muy presente lo que le ocurrió al ex secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla, y sabe que su actuación excede con mucho a la del anterior líder socialista".

   "Si una persona como Luna, que reclama transparencia a todo el mundo pero regala opacidad intenta confundir respecto a sus actuaciones ilegales, lo que queda claro es que tiene miedo a que sus compañeros de filas, caracterizados por sus divisiones y tramas internas, marquen su ocaso político", ha manifestado Bonig.

   Por último, ha subrayado que Luna tiene "mucho que explicar", ya que "después de haberse negado a aclarar a los ciudadanos cómo accedió a un informe que estaba bajo secreto de sumario y que después aireó en las Corts, ahora tendrá que hacerlo ante las instancias judiciales y, si le queda un poco de decencia política, ante los valencianos que dice representar".